Ayer por la tarde, Karla González presentó su renuncia como Ministra de Transportes y Obras Públicas, luego del accidente ocurrido la semana anterior y que produjo la muerte de 5 personas. Según González, los pasajeros del autobús cruzaron el puente "amparados a su derecho de creer que la principal responsabilidad y valor ético del Estado y la sociedad civil, es la de salvaguardar sus vidas. Tenían toda la razón de hacerlo y es una expectativa a la que como Estado nunca deberíamos fallar. Pero fallamos”.
Siguiendo las palabras de la ex-Ministra, habría que suponer que, bajo esa "responsabilidad y valor ético del Estado" le correspondía al Gobierno, y particularmente al MOPT y sus dependencias, todo lo relativo a la condición en que se encuentran los puentes. No obstante, según informaciones de Repretel, en 2006 se creó la Dirección de Puentes, órgano que ha recibido hasta la fecha, la friolera de ¢13.535 millones pero los 1.330 puentes del país -incluyendo el que se vino abajo- están en condiciones críticas. Sin embargo, según su Directora, esa oficina se creó “no para resolver la actividad del mantenimiento de los puentes, competencia del CONAVI y de las municipalidades, sino como un ente técnico del MOPT como rector para dar asesoría técnica en el tema específico de los puentes.” ¿Entonces qué hace con el presupuesto que recibe? No lo sabemos, pero lo cierto es que no lo utiliza para diseñar, construir, reparar o revisar la infraestructura correspondiente.
¿Será que, ante este desaguisado, González decidió renunciar? ¿Le habrá dado un "ataque" de ética y responsabilidad después de traspiés como los intentos por prohibir el porteo, la platina o el terrible estado de la infraestructura vial? ¿O será que la "renunciaron" para no afectar la campaña del continuismo de Laura Chinchilla? Sólo el tiempo nos dará la respuesta.
No importa cuál sea la respuesta, el problema no es responsabilidad únicamente de González ni de este Gobierno. Es un problema estructural que descansa en la enorme dispersión de fondos públicos, programas e instituciones, que termina por hacer que no se cuente con los recursos para hacer bien pocas tareas (seguridad e infraestructura) pero sí para pagar los caprichos de los sindicalistas de JAPDEVA, las consultorías del BCIE, la repitencia de los alumnos de Avancemos, la programación del SINART, los bailes de la Compañía Nacional de Danza, los instrumentos musicales de las escuelas, el subsidio a Nery Brenes para que corra, las condonaciones de deudas a agricultores ineficientes, el salario de miles de empleados públicos que van a sus oficinas sólo a calentar el asiento, el negocio con los Certificados de Ahorro Tributario (CAT), las comisiones de CCSS-Fischel e ICE-Alcatel, entre otros tantos ejemplos de la forma en que el dinero de los tax payers es desperdiciado.
Mientras ese entramado de burocracia, despilfarro, corrupción y perversidad exista, seguirán escaseando los fondos para reparar calles, caminos y puentes, así como para dotar de equipo y personal a la Fuerza Pública para que nos proteja de los delincuentes. Y, por supuesto, seguirán presentándose casos donde muera más gente, porque en su afán de hacerlo todo, el Estado costarricense termina haciendo nada.
Siguiendo las palabras de la ex-Ministra, habría que suponer que, bajo esa "responsabilidad y valor ético del Estado" le correspondía al Gobierno, y particularmente al MOPT y sus dependencias, todo lo relativo a la condición en que se encuentran los puentes. No obstante, según informaciones de Repretel, en 2006 se creó la Dirección de Puentes, órgano que ha recibido hasta la fecha, la friolera de ¢13.535 millones pero los 1.330 puentes del país -incluyendo el que se vino abajo- están en condiciones críticas. Sin embargo, según su Directora, esa oficina se creó “no para resolver la actividad del mantenimiento de los puentes, competencia del CONAVI y de las municipalidades, sino como un ente técnico del MOPT como rector para dar asesoría técnica en el tema específico de los puentes.” ¿Entonces qué hace con el presupuesto que recibe? No lo sabemos, pero lo cierto es que no lo utiliza para diseñar, construir, reparar o revisar la infraestructura correspondiente.
¿Será que, ante este desaguisado, González decidió renunciar? ¿Le habrá dado un "ataque" de ética y responsabilidad después de traspiés como los intentos por prohibir el porteo, la platina o el terrible estado de la infraestructura vial? ¿O será que la "renunciaron" para no afectar la campaña del continuismo de Laura Chinchilla? Sólo el tiempo nos dará la respuesta.
No importa cuál sea la respuesta, el problema no es responsabilidad únicamente de González ni de este Gobierno. Es un problema estructural que descansa en la enorme dispersión de fondos públicos, programas e instituciones, que termina por hacer que no se cuente con los recursos para hacer bien pocas tareas (seguridad e infraestructura) pero sí para pagar los caprichos de los sindicalistas de JAPDEVA, las consultorías del BCIE, la repitencia de los alumnos de Avancemos, la programación del SINART, los bailes de la Compañía Nacional de Danza, los instrumentos musicales de las escuelas, el subsidio a Nery Brenes para que corra, las condonaciones de deudas a agricultores ineficientes, el salario de miles de empleados públicos que van a sus oficinas sólo a calentar el asiento, el negocio con los Certificados de Ahorro Tributario (CAT), las comisiones de CCSS-Fischel e ICE-Alcatel, entre otros tantos ejemplos de la forma en que el dinero de los tax payers es desperdiciado.
Mientras ese entramado de burocracia, despilfarro, corrupción y perversidad exista, seguirán escaseando los fondos para reparar calles, caminos y puentes, así como para dotar de equipo y personal a la Fuerza Pública para que nos proteja de los delincuentes. Y, por supuesto, seguirán presentándose casos donde muera más gente, porque en su afán de hacerlo todo, el Estado costarricense termina haciendo nada.
