Uno de los aspectos que ha despertado mayores inquietudes en los costarricenses tiene que ver con el tratamiento que el Tratado de Libre Comercio (TLC) hace del agua. Se ha indicado que el TLC permitiría la privatización del recurso hídrico e imposibilitaría que el Estado tome acciones que garanticen el suministro de agua, debido a que, según los
detractores del acuerdo, el líquido se convertiría en una mercancía sujeta a las reglas del mercado. Aunque la preocupación por un bien de tanta importancia para la vida resulta entendible, las afirmaciones anteriores carecen de fundamento.
En primer lugar, el tratado no modifica el régimen legal del agua ni la institucionalidad existente para la gestión del recurso hídrico. Tampoco el TLC impide que el país (por medio de los ministerios de Ambiente, Salud, Acueductos y Alcantarillados y otras instituciones,) implemente mecanismos para proteger el agua. Costa Rica podrá hacer leyes más estrictas para el manejo del agua y para evitar la contaminación. Por ejemplo, se puede aprobar la Ley de Recurso Hídrico que se discute en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
El agua seguirá siendo de dominio público, ya que el TLC no contiene norma alguna que indique lo contrario. Por ello es falso lo que se ha dicho que de que se llevarán el agua o el servicio se privatizará, ya que lo que predominará serán leyes ticas vigentes como la Ley de Aguas y la Ley Orgánica del Ambiente.
EL TLC dice en su capítulo 17 que los países deben esforzarse por mejorar su legislación ambiental, lo cual podría conllevar impulsar regulaciones más estrictas sobre la contaminación y el aprovechamiento del recurso hídrico. La aplicación decidida de la legislación nacional que rige la materia ambiental, tal y como lo exige el TLC garantizaría que cualquier concesión de aguas deba ajustarse a los parámetros ambientales existentes, entre ellos contar con el permiso ambiental (viabilidad) de la SETENA.
El agua siempre ha sido objeto de aprovechamiento sea para uso doméstico o para actividades productivas, para lo cual se ha establecido un sistema de permisos (concesiones).
La legislación actual en materia de conservación y uso del agua, aunque debe ser mejorada, permite asegurar un uso racional del preciado líquido.
En resumen, el TLC no impide que el país haga nuevas leyes ambientales para hacer más rigurosas las concesiones de aguas. El velar por el agua es una obligación de todos los costarricenses. En estos momentos está en estudio la ley del recurso hídrico, donde se
estipulan mayores controles para prevenir la contaminación y el mal uso del agua.
Nada en el TLC disminuye las protecciones ambientales que Costa Rica tiene, así como tampoco se limita la potestad y control del Estado sobre el agua o sobre las condiciones para su uso.
Jorge Cabrera Medaglia, tomado del periódico La Extra
