La columna de Carlos Federico Smith: ¿Qué será de JAPDEVA?

Casi que me imagino a JAPDEVA con un futuro similar a lo sucedido con el Consejo Nacional de Producción (CNP): dejó de tener funciones y, lo que es lógico, que se hubiera cerrado no se hizo, sino que se le buscó “algo” por hacer. Se inventó que, obligatoriamente, los entes estatales que compraran alimentos lo hicieran mediante un intermediario, el CNP, con lo cual la burocracia innecesaria siguió diz que laborando.

JAPDEVA va por el mismo camino. Resulta que, como parte de la concesión que se le otorgó a la empresa portuaria APM Terminals, esa firma le debe girar a JAPDEVA un 7.5% de los ingresos brutos de su operación y se estima que, tan sólo en primer año, asciendería a $20 millones y que, durante la concesión que dura 30 años, JAPDEVA recibiría casi $1.000 millones. Se supone que esos montos se reinvertirían (palabra mágica, pues bajo ella se suele meter todo tipo de gastos gubernamentales, no sólo de inversión sino los corrientes) en “el desarrollo de la provincia de Limón.”

La información proviene del artículo titulado “Gobierno manejará fondo para Limón por inacción de JAPDEVA,” que aparece en La Nación del 6 de diciembre. Al firmarse la concesión hace seis años, se decidió que JAPDEVA establecería un fideicomiso para su manejo y la formulación del plan de inversión en proyectos con esos recursos. Hasta la fecha, ni uno ni el otro.

Pero, hay más. Al entrar a operar el nuevo puerto de Moín, el gobierno desde hace unos tres meses buscó trasladar a 600 trabajadores de JAPDEVA, pues su labor ya no sería necesaria, hacia otras instituciones públicas (por qué no a actividades privadas, mediando el debido pago por cesación de trabajo), con lo que, conceptualmente, se mantendría invariable la planilla gubernamental total. Los empleados actuales de JAPDEVA son 1.230 y, al momento, sólo 90; o sea, un 15% de los que se pretendía movilizar (un 7% de la planilla total de JAPDEVA), acepté el traslado. Lo crucial es que no haya un exceso de empleo en JAPDEVA, más allá del necesario para seguir haciendo lo que hará ante la entrada del nuevo puerto. Los gastos de una burocracia en exceso recaen sobre las espaldas de los ciudadanos contribuyentes. La empleomanía no es gratuita, tiene un costo para la sociedad.

Todavía hay más. Supuestamente, para modernizar al antiguo muelle de JAPDEVA se invirtieron $16 millones en dos grúas pórticas traídas de China (ojalá no nos vaya a ir igual con el tren eléctrico del Valle Central), que se instalaron en agosto del 2017, pero sufrieron daños eléctricos que las paralizaron hasta febrero del 2018 y, poco después, en junio de ese año, una de las nuevas grúas se varó por seis meses, por lo que hasta hace poco volvió a operar. Lo interesante es que “para adquirir el equipo portuario, JAPDEVA consumió los fondos que dejó presupuestado el gobierno de Laura Chinchilla, para liquidar a 900 trabajadores del muelle estatal, a raíz de la pérdida de carga.” O sea, JAPDEVA se gastó los fondos reservados para pagar las prestaciones a los trabajadores, cuyo trabajo ya no más se necesitaría.

De paso, estas dos nuevas grúas operan a menos del 50% del rendimiento esperado al ser compradas. Obviamente, de una u otra forma, seremos los ciudadanos quienes pagaremos todo eso. Y, como dato, ahora que están de modas las pérdidas, en el 2017 JAPDEVA tuvo pérdidas por ¢4.134 millones, lo que no es nada de extrañar, pues ya por cinco años consecutivos no había obtenido ganancias (supongo que, al tener pérdidas, tampoco ha pagado impuestos sobre la renta). Pero, en apariencias, JAPDEVA seguirá operando con todo el personal de antes. No duden de que habrá mayores pérdidas para la sociedad.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias del cuasi monopolio eléctrico

Según la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela No. 7.200 de 1990 y sus reformas de 1995, se le garantiza al ICE las decisiones acerca de quién puede producir y venderle la luz, de forma que permite que esa entidad conserve prácticas monopólicas y monopsónicas. 

Al ser el ICE el que autoriza quién puede producir electricidad, al exigir que sólo el ICE la adquiera para revenderla y que su tamaño se limite a un máximo 50 megavatios (MW), además de que el conjunto de empresas así limitado en su producción no supere el 15% de la potencia de producción del Sistema Eléctrico Nacional, el ICE se asegura el control de la producción y la distribución de la electricidad en el país. Tiene espacio para ser casi el único productor y casi el único comprador de electricidad en el país. 

Obviamente, las posibilidades de ejercer prácticas monopólicas perjudican a los consumidores, quienes tienen menos alternativas donde escoger cual es el productor del bien según sus preferencias, al estar esencialmente sujeto a un producto único, más el de otras pocas empresas relativamente pequeñas (usualmente cooperativas). Al mismo tiempo, como cualquiera que entre a producir -obviamente de un tamaño pequeño, dada la ley citada- está obligado que vender su producción al ICE como único comprador, ello posibilita situaciones potencialmente corruptas, en donde una empresa de esas puede ejercer influencias para que lo que compre por el ICE lo haga a un precio relativamente elevado, en comparación al costo al cual podría producirla otro potencial productor. Pero, por otra parte, también el comprador único define el precio al cual compra la energía, inferior al habría en un mercado competido. 

Al igual que el monopolio buscar equilibrar su posición óptima, reduciéndola hasta un punto en donde el precio es mayor y la cantidad vendida menor a las de una situación de competencia, en el caso del monoposonio, el único comprador también define su posición óptima adquiriendo una cantidad inferior y a un precio menor que lo que tendría que haber pagado en competencia. En el primer caso, el monopolista explota al consumidor y, en el segundo caso, el monopsonista explota al vendedor del cual adquiere el bien. El ICE es casi el único vendedor de electricidad a los consumidores del país y casi el único comprador de electricidad a los productores independientes.

La exclusividad legal otorgada al ICE tiene otro efecto importante que recientemente que fue objeto de un comentario en La Nación del 20 de enero, bajo el título “Costa Rica dejó ir inversiones por $1.000 millones en energía limpia: Ley ahuyenta a privados al prohibir instalaciones mayores a 50 MW.” 

En palabras de Jorge Sequeira, director de CINDE, “el modelo actual no permite que un inversionista venga y gaste $100 millones en una planta solar y venda energía a clientes. La ley se lo impide.” Y claro, hay mucho inversionista extranjero en dicho sector quien, ante esta situación, mejor lleva su empresa potencial hacia otro país, incluso cercano, de donde, por la interconexión centroamericana, puede terminar vendiéndola más caro al ICE desde el extranjero, en ciertos momentos de escasez (y el consumidor pagaría así un precio mayor). 

Lo interesante es que CINDE ha indicado que, en los últimos 5 años, el país ha perdido más de mil millones de dólares en inversión en producir energía eléctrica renovable (eólica y solar), por dichas restricciones legales. Dice el medio que “eran emprendimientos de países como China, Canadá, Estados Unidos y naciones europeas y árabes, que habrían generado cientos de empleos...” Pero, también, con una mayor competencia en la producción, nos podríamos haber haber beneficiado con una disminución de los altos costos de la electricidad, factor que sin duda, no sólo deprime la llegada de empresas con tecnología moderna que utilizan intensivamente a la electricidad, sino también a todos los consumidores cautivos.

Datos de Bloomberg New Energy Finance indican que en el 2017 la inversión mundial en energías renovables y tecnologías inteligentes para la electricidad llegó a $333.500 millones; $324.600 millones en el 2016 y $360.300 millones en el 2015. Y noten, “México registró en el 2017 inversiones por $6.200 millones (516% más respecto al 2016); Argentina $1.800 millones (777% más), y Chile, $1.500 millones (55% adicional respectivamente respecto al 2016.)” 

¿No creen que podían haber invertido aquí si hubiéramos tenido las restricciones menores de esos países? ¿Será que, por el afán de preservar al monopolio/monopsonio del ICE, estamos dejando de percibir una importante inversión extranjera en momentos en que caería como anillo al dedo en una economía trastabillante como la nuestra? ¿Será por temor a la competencia de un ente estatal que los ciudadanos tendremos que seguir teniendo una producción menor y precios más elevados de la electricidad que los potencialmente posibles?

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la "competencia desleal"

Siempre que hay algún grado de competencia, el “afectado” por ella la llama desleal. Por eso, siempre que aparece una referencia a la “deslealtad”, lo primero que hay que cuestionar es “leales con quién.” Yo me imagino que un empresario que vende un producto tiene que ser “leal” con sus clientes consumidores (leal, según la real academia de la lengua española, es ser “Fidedigno, verídico y fiel, en el trato o en el desempeño de un oficio o cargo.”) O sea, si al consumidor o cliente se le miente, se le es desleal, se le engaña, se le vende cinco con hueco, pues ese empresario, tarde o temprano, verá como sus fieles y leales consumidores desparecerán y optarán algún otro proveedor que les satisfaga, además del poder optar por mejores precio y la calidad, además de un trato leal y correcto.

Creo que una de las mayores fuentes de lealtad hacia el consumidor es, todo lo demás constante, ofrecerle el producto más barato. Por ello, si alguien vende ese bien más barato al consumidor, es muy posible que arraigue más la lealtad mutua entre vendedor y consumidor.

A veces el sentido como se interpreta es cuando hay deslealtad entre competidores, al vender alguno de ellos más barato que el otro y, muy concretamente, si se trata de un acto que riña con leyes internacionalmente acordadas acerca del dumping. Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), “Si una empresa exporta un producto a un precio inferior al que aplica normalmente en el mercado de su propio país, se dice que hace “dumping”.  Pero, esa venta a un precio inferior al normal en el país de origen tiene muchos bemoles, que obviamente hacen que no haya razón para considerarles como impropios legalmente.  Por ejemplo, suponga que una empresa doméstica es muy eficiente y competitiva en producir un bien en su país, pero no lo es en, digamos, el mercado de una nación del extranjero, en donde la competencia existente en ese país le deja fuera de mercado por ser relativamente ineficiente.  Ahora bien, suponga que esa empresa descubre una nueva forma (tecnología, mejor administración, etcétera) que le permite de pronto producir ese bien más barato que anteriormente. No hay razón para reducir el precio en el país en donde lo produce, pues sigue él siendo más barato que cualquier otro competidor, pero, ahora, con la nueva forma de producir sí puede exportar competitivamente al exterior. Esto dará lugar a un “daño” a la o las empresas existentes en aquel país, pues ahora éstas son relativamente más caras y con ello pierden su mercado. 

Según aquella definición de la OMC, en el país del extranjero se alegaría que ahora se está en presencia de una “competencia desleal” y, por tanto, como es lo usual, hay un caso para que en esa nación se pida la aplicación de medidas compensatorias, por el daño que el nuevo competidor más barato les ha ocasionado a los productores ya establecidos. 

Obviamente, el problema no lo constituye el productor extranjero que ahora vende más barato.  De hecho, lo sucedido beneficia a los consumidores del país al cual se exporta el producto más barato. Lo que deben hacer los productores domésticos ante esa nueva competencia desde el exterior, es ver cómo reducen sus costos, mejoran sus tecnologías, etcétera, para tratar de restaurar su competitividad relativa.
 

Un caso reciente, divulgado por La Nación del 5 de diciembre bajo el título “Lecheros salvadoreños acusan a Dos Pinos de competencia desleal,” debe obligarnos a meditar a los costarricenses, por qué, en el mercado doméstico en donde se está vendiendo más cara la leche que al otro país al cual se exporta (que incluso debe tomar en cuenta el costo del transporte), puede ser que la empresa nacional venda más barato en el mercado extranjero, mientras que aquí lo vende más caro.
 

La importancia del libre comercio resalta en estos casos. Puede ser que en El Salvador, por ejemplo, se pagan menos impuestos por la leche que aquí (si tal fuere el caso), con lo cual, comparativamente, el precio final del mismo producto las dos naciones debe diferir o bien podría ser que los consumidores de una nación tienen mayores ingresos y, por tanto, pueden adquirir la leche a un precio más elevado, mientras que en el extranjero, al disponer de menores ingresos, sólo pueden pagar por la leche un precio menor y el exportador en el nuevo país se adapta a ello.
 

Pero hay uno muy importante que puede tener relevancia en este caso: que los aranceles en el país de origen sean mucho mayores, permitiendo así que, en dicha nación, exista una menor competencia y, así, el productor doméstico puede cargar un precio más elevado a sus consumidores. Por el contrario, por hipótesis, en el otro país los aranceles de importación son más bajos y por tal razón hay una mayor competencia en dicho mercado, la cual obliga que, para poder ingresar a ese mercado, se tenga que reducir los precios a los que vende sus productos en esa nación.
 

Este caso hipotético y muchos otros, nos indican que el llamado “dumping” debe ser algo diferente al hecho de que, mientras en el país de origen el producto que se vende es más caro, en aquel adonde se exporta es más barato. Por tanto, es difícil a priori juzgar si el caso calificaría -obviamente en detalles que no consigna debidamente la definición de la OMC antes expuesta- como para permitir que el país “perjudicado” pueda imponer restricciones a  la importación mediante medidas, como, por ejemplo, aranceles compensatorios y otras, que restrinjan la entrada a ese país del producto más barato.
 

Hay varias consideraciones adicionales que quiero hacer. Una trata de si se perjudica al país con esa competencia “desleal.” Lo crucial es que, con ella, los consumidores salvadoreños se estarían beneficiando, pues pueden adquirir un producto que les permita satisfacer sus necesidades a un precio menor. Eso no sólo les permitiría consumir más de ese mismo bien, sino que, al reducirse se precio, también queda disponible más dinero para comprar otras cosas que supuestamente son deseadas o necesitadas por los consumidores salvadoreños. Se trata, obviamente, de seres de carne y hueso, claramente identificables, no de una afectación a algo denominado “país,” que no es un ser concreto usuario final del bien. Por ello, se puede hablar de “afectación” a las industrias que ahora no pueden vender más caro, pero al mismo tiempo hay otros que son favorecidos con ella, los consumidores, que ahora disponen del producto más barato.
 

¿Y de qué nos puede servir a nosotros los costarricenses este caso en particular? Bueno, alguien podría proponer que se obligue a vender la leche aquí al precio más bajo (incluso ahorrándose, entre otros, el costo de transporte), al igual que como se vende en El Salvador. Pero en esa propuesta hay un error de fondo. El precio que se podría lograr con tal rebaja regulada no va a poder ser más barato que el que surgiría si se abriera el mercado a la competencia internacional; esto es, sin aranceles a la importación, lo que nos permitiría conseguir el bien al precio más bajo posible (quien quita que se hasta de leche proveniente de El Salvador).
 

Ante esto, alguien diría que, aún en este caso, hay muchos productores internacionales que harían dumping con su producción en nuestro país y que aquellos posiblemente son subsidiados por los gobiernos de sus naciones.  La gran pregunta es si, aún en tal caso, imaginando incluso esa leche nos la vendieran sin costo alguno, de a gratis, debería de impedirse que se nos haga tal rebaja o regalo: siento que los consumidores -la totalidad de los costarricenses somos consumidores- estaríamos cometiendo un error, al rechazar de tal forma a una donación de la riqueza de los extranjeros que ellos nos hacen, al vendernos su en tales condiciones de subsidio, si es que lo hay.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el Estado odia la competencia

En especial cuando es competencia para gremios protegidos.  Resulta que el estado fija el precio mínimo y el máximo al cual se puede vender el arroz de esos privilegiados, además de impedir, con un arancel casi prohibicionista, que alguien pueda traerlo más barato desde el exterior y que pueda vendérselo a los consumidores a un precio menor que el que, por arbitrio, el gobierno decidió fijar.

Incluso cuando alguien paga los aranceles de ley y que, aun con ellos incorporados al precio, puede todavía venderlo a los consumidores a precios más bajos que los oficiales, el estado suele intervenir ante denuncias de que el producto importado no satisface otros requisitos, como que contenga ciertas vitaminas o que sea procesado en fábricas de su complacencia y cosas similares y, en especial, ante argumentos de que los bienes se compraron a precios internacionales de dumping. A la vez, cuando alguien pretende vender un producto cuyo precio es regulado; o sea, que lo vendería al mismo precio a como lo vende el productor protegido, pero haciéndolo atractivo al consumidor al darle “gratis” un producto adicional, el estado le prohíbe que lo pueda hacer. Esto es, un importador trae el producto regulado, paga los aranceles usualmente elevados para que no se pueda importar libremente y, aun cuando lo vende al precio oficial, ahora no puede darle al consumidor una regalía al comprar ese producto. El argumento del gobierno para impedir esa práctica es que viola la fijación de precios del grano y, ante ello, modificó el reglamento de fijación de precios para que, a partir del 4 de abril, se prohibiera tal comportamiento en el mercado de consumo de arroz.
 

Se me ocurre pensar que, si un importador le brinda una sonrisa al venderle el producto, si lo empaca en mejores bolsas, si lo vende en locales mejor acondicionados, si le facilita a usted su compra llevándoselo, por ejemplo, a su casa o bien entregándole un cupón para que participe en una rifa de un viaje a la Cochinchina, el protegido podrá argüir que esas prácticas van en contra de la competencia -competencia desleal, suelen llamarle, aunque la única lealtad que exhiben es para obligarle a usted a tener que comprarle sólo a ellos- y el estado actuará, en consecuencia, para prohibirlas.
 

Sabemos lo dañino que es el proteccionismo en el caso del arroz. Para fortuna nuestra, tal política está siendo seriamente cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese privilegio ha permitido que haya una gigantesca transferencia de ingresos, de un pueblo que es medianamente pobre, hacia unos pocos poderosos y ricos productores nacionales de arroz. El bandeo, como se le llama a la práctica antes mencionada de dar un obsequio al consumidor, ciertamente facilita que el producto se venda más barato a los consumidores, aun cuando sea una práctica ineficiente, comparada con que una en donde hubiera libertad para vender el arroz importado más barato. Con el bandeo se “tiene” que llevar la regalía, pudiendo el consumidor estar mejor si no tuviera que llevarla -tal vez sin voluntariamente desearla- y simplemente si pudiera comprar más barato el producto. Pero, el estado no puede permitir que sus protegidos no prosigan explotando a los consumidores.
 

Así, no es de extrañar que el gremio protegido “presione” para que dicha práctica se frene y que el gobierno acceda a su petición.  Eso es esperable: por una parte, el beneficio para los relativamente pocos empresarios protegidos es sumamente elevado, en tanto que el costo para el consumidor es, para cada uno de ellos en particular, relativamente bajo (aunque no dude que, entre más pobres, el peso relativo es mayor, pues el arroz forma una parte más significativa de los presupuestos de los hogares pobres). Por otra parte, esa concentración del beneficio tan grande para unos pocos se da cambio de algo para los políticos que lo otorgan: tal vez un apoyo sustancial en procesos electorales; esto es, aportar a campañas en donde se reelijan a quienes otorgaron la protección.  Es un resultado esperable entre el costo del “apoyo” y el enorme beneficio que reciben los protegidos. Eso suele suceder en el proceso político de otorgar protección ante la competencia: un intercambio de “favores” o de “servicios”.
 

Lo único que acabaría con este problema es si se eliminan los aranceles proteccionistas, que haya libertad plena para competir, no sólo en el precio, sino en las diferentes características que suelen incorporarse en las transacciones libres de bienes entre personas. La distorsión en el mercado no es el “bandeo”, sino la práctica proteccionista del estado a grupos de privilegio en contra de los consumidores.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: mi propuesta para resolver problemas con los actuales Colegios Profesionales

Hace un par de semanas escribí un comentario en torno al costo que ciertas políticas de los colegios profesionales ocasionan a la sociedad costarricense.  No sé por qué, pero esperé que surgieran críticas razonadas a mi opinión; sin embargo no las ha habido.  Siempre he pensado que la crítica inteligente es el motor del avance del conocimiento, pero su ausencia puede haberse debido a uno o varias de las siguientes razones o tal vez de otras que no he podido vislumbrar. 

La primera razón es que los argumentos que expuse en torno al costo de los colegios profesionales eran pertinentes y que, por lo tanto, fueron aceptados por los lectores.  Esta es una visión tal vez arrogante de mi parte, pero tal vez es porque uno hace un esfuerzo para exponer su conocimiento acerca del tema, en la expectativa de que haya cierta racionalidad en lo argumentado.
 
La segunda, es que, al menos los dirigentes o propugnadores de la existencia de los colegios profesionales en Costa Rica, tales como los conocemos, prefirieron guardar un silencio oportunista, pues no tienen suficientes bases para refutar lo comentado. Eso es posible: ignorar al crítico y a la crítica como si fueran irrelevantes es una vieja estrategia usual de quienes quieren mantener el estatus quo.

Y la tercera, es que nadie o casi nadie lo leyó.  Esta es la que verdaderamente me inquieta, pues, al tratarse de un tema vital en los hogares de nuestro país, al ser una muestra clara de una colusión en contra de los intereses de los consumidores, que somos la mayoría de los costarricenses, podría indicarnos un desinterés de parte de la ciudadanía, hecho que tan sólo da campo a que la explotación verdadera pueda permanecer impune, que quede imperecedera y que continúe el grave daño que se ocasiona a la mayoría de los ciudadanos, en beneficio de unos relativamente pocos.

Dicho esto, lo que más me ha llamado la atención es la ausencia de una pregunta esencial ante mi comentario, cual es que definiera mi posible solución al problema que significa la actual estructura de los colegios profesionales en el país. Tal pregunta devendría de una aceptación o cuasi-aceptación de que el problema expuesto es real y que no es resultado de la imaginación de la mente de alguien.

Es cierto que cuando uno encara un problema, no es necesario que brinde sus soluciones: el hecho de demostrar la existencia de tal contrariedad permite a las mentes buscar posibles formas de resolverlo y, tal vez, hasta de evolucionar y encontrar un problema ulterior por resolver. A veces hay cosas sumamente complejas; en otras ocasiones se le pide a uno que cuál es la solución que brinda, cuando, en verdad, buscarla tal vez le corresponda más apropiadamente a ser brindada por un tercero, como cuando este posee mayor o mejor información.  Pero esta última estrategia ante el postulante se suele hacer para demeritar el análisis por “incompleto”, e ignorando el posible aporte del que ha señalado cierto conocimiento de un problema mas no de la solución.

Por eso quiero fijar mi posición, brindando algunas sugerencia que podrían evitar el daño que señalé en mi comentario anterior provocado por el cartel que lo son los colegios profesionales del país. Esto lo logra mediante una restricción de la oferta de servicios en el mercado, de manera tal que permite lograr precios más elevados que los que se determinarían en el mercado, así como también por la ausencia de una competencia real que permita a los consumidores beneficiarse de ella, al igual que logran entronizar, por medio de regulaciones arbitrarias, políticas de precios que claramente perjudican al consumidor, como lo es el precio mínimo a que se pretende obligar a pagar a los consumidores en el caso reciente expuesto del Colegio de Médicos de Costa Rica, que prohíbe a sus asociados cobrar menos para que no se rompa el cartel.

Mi posición general es a favor de la existencia de los colegios profesionales -¡calma, ya diré de qué forma!- y se basa en un principio esencial que acepto como parte del derecho humano a la libre asociación.  Al respecto es bien clara la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, acerca de la legitimidad de que el ser humano, por su propia naturaleza, es libre de asociarse, obviamente sin que dicha asociación tenga como objetivo el daño a terceros. Dicha declaración, promulgada en el seno de las Naciones Unidas en 1948, dice así en lo pertinente: “Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”

Claramente uno tiene el derecho, por ejemplo, de formar parte de partidos políticos, asociaciones comunales, clubes, agrupaciones sindicales, cámaras, sindicatos y similares, pero no de organizarse en pandillas, lo cual más bien consistiría un delito, dado que su fin último es dañar a otras personas. Mientras que en los primeros casos las personas se agrupan para lograr fines comunes, deseables, pacíficos, la libertad de asociación no es para que conformen pandillas o mafias que buscan dañar deliberadamente a terceros. Piense, por ejemplo, la clase de mundo en que viviríamos si un tirano declarara una prohibición para que las personas puedan asociarse en partidos políticos o que denegara el derecho a los individuos de formar asociaciones.

Y es obvio, como dice la segunda parte de dicho artículo 20 de la Declaración de los Derechos del Hombre, que su pertenencia en dichas asociaciones es voluntaria y no obligatoria. Nadie nos puede obligar a formar parte de un partido político o de una iglesia de una denominación específica o de una asociación para el ejercicio de la caridad, como la masonería. Deben ser actos libres de las persona y la imposición, la obligatoriedad, de pertenecer a una agrupación determinada es contraria a ese principio de libertad esencial.

Por tales razones no veo nada anormal en que un grupo de profesionales pueda crear una asociación que agrupe a individuos que poseen cierta característica en común y que no buscan, como un objetivo, dañar a otras personas. Por el contrario, es una virtud que puedan unir esfuerzos en asuntos que una sociedad considera como positivos y convenientes. Y que, por supuesto, dicha asociación no sea producto de compulsión –las juventudes nazis, por ejemplo, en la época trágica de Alemania o ciertos sindicatos en algunos países, afortunadamente no aquí, en donde un obrero para trabajar en una fábrica se ve obligado a afiliarse a un sindicato. Es por ello que, en lo particular, creo en la existencia de colegios profesionales que puedan promover los intereses de los agremiados, en donde la asociación sea voluntaria y en donde no se persigan objetivos que dañan a la comunidad en general (terceros).

Me opongo, eso sí, a los actuales colegios profesionales en el país porque, tal como están organizados, realizan prácticas que dañan a la colectividad de no-miembros, en donde, además, se exige la pertenencia en dicho colegio a profesionales a fin de que puedan trabajar para vivir como personas libres. Tal como lo señala el inciso 1 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos antes mencionada, “toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.”

¿Cómo logramos resolver los problemas ocasionados en nuestro país por el actual sistema de colegios profesionales?  Estos, tal como están hoy, gozan de una autorización exclusiva, monopólica, del estado, que impiden una competencia deseable.  En mi opinión, propondría legislación para acabar con dicho monopolio, de manera tal que se permita (que no se impida) que puedan existir tantos colegios profesionales como las personas asociadas puedan requerirlo. Dicha propuesta no sería que tan sólo exista en la sociedad una misma cantidad de colegios como hay de profesiones distintas, sino que haya posibilidad para la existencia de diversos colegios profesionales de una misma rama profesional.

Por ejemplo, debería existir la libertad para que un grupo de profesionales -sugiero un mínimo de 20, porque me parece tal número, pero no es algo mágico- se pueda juntar libremente y formar un colegio de una rama profesional, de forma que compita con otros colegios de su misma profesión igualmente constituido.  Por ejemplo, que en lugar de un único Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, puedan existir otros colegios, como ejemplos serían Colegio de Abogados y Abogadas (para estar a la moda en la lexicología hoy de moda) de San José, de Heredia, de Alajuela, etcétera, o bien el Colegio Libre de Abogados y Abogadas, o un Colegio de Abogados y Abogadas “José María Castro Madriz” o “Ricardo Jiménez Oreamuno” o qué sé yo… Como un jardín con muchas flores…

¿Qué tal un Colegio de Economistas y Economistos Socialistas, o Liberales, o de Cartago, o de la República o del Reino, etcétera? Que haya diversidad de agrupaciones profesionales que compitan entre sí y que busquen el logro de intereses legítimamente aceptados en el país, sin restricción alguna que limite su existencia, excepto estar constituidos por aquel grupo mínimos de 20 profesionales. Y ellos que se organicen como puedan a lo interno.

Sé que de inmediato me dirán: “Hasta delincuentes podrían organizar un Colegio de Abogados y Abogadas de cualquier cosa o, tal vez peor, que un grupo de brujos, hechiceros y curanderos monten su propio Colegio de Médicos y Médicas”. 

Aquí surge un tema muy importante: en particular ¿cómo hace el consumidor para saber que el profesional que lo dice ser, en realidad lo es y que no se trata de un embustero? Creo que tal certificación o prueba la debe exigir quien contrata o adquiere sus servicios.  Por ejemplo, al ser la Caja Costarricense del Seguro Social el demandante de los servicios de profesionales de la Medicina, que esta pueda verificar que no está contratando a un nigromante o a un adivino y sí a un médico. Esa exigencia la puede instaurar el demandante (la Caja) y sin duda que el prestigio, la reputación, de cada una de las asociaciones médicas que conceptualmente propongo, serviría para colar a los verdaderos profesionales de los falsos.  Lo mismo puede hacerlo el consumidor directo, al poder verificar la asociación que le muestra el profesional que le ofrece el servicio e incluso aquí el poder del prestigio, la reputación y el buen nombre del colegio respectivo jugarían un papel esencial.  Esto exigiría también al consumidor ser responsable de sus propias acciones y decisiones: que sepa que puede estar escogiendo a un brujo para resolver un problema de salud, en vez de un profesional médico preparado para ello y exigir la prueba de la probidad profesional y de la membresía de él, que incluso sería básico para cualquier eventual litigio por mala praxis ante un engaño o un daño ocasionado.

Lo importante de tener gremios profesionales que compiten entre sí, es que no podrían restringir artificialmente la competencia deseable de gente preparada para el ejercicio de una profesión, incluso impidiendo que se tomen medidas en las universidades en donde el objetivo real es producir una menor cantidad de profesionales que oferten en el mercado.  Porque hoy si, por ejemplo, resucitaran Sócrates o Adam Smith o Carlos Marx, no podrían ni ejercer en sus profesiones ni trabajar en las universidades por carecer de un título o bien por no ser miembros del colegio correspondiente.

La propuesta es sólo una idea, que sin duda puede ser mejorada o desechada si es que no sirve, pero no debemos continuar con un sistema monopolístico que tanto daño causa a los consumidores por la falta de competencia.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: competencia y consumidores

Una de las primeras cosas que me impacto al iniciar mis estudios de economía hace más de cincuenta años, fue la proposición de que el fin último de una economía era lograr satisfacer los deseos y necesidades de las personas.  Es decir, el objetivo no era la producción en sí, ni tampoco la empresa privada (o pública) como tal, o bien que una economía produjera aquello que alguna autoridad determinara como satisfactor de los deseos o necesidades humanas.  En el centro estaba el consumidor, aquella persona que tenía necesidades o deseos que buscaba satisfacerlos de alguna manera. 

Con el paso del tiempo me fui dando cuenta de que el sistema de organización que con más eficiencia logra ese objetivo -esto es, con menores costos; menores recursos empleados en hacer algo- era el capitalismo competitivo o sistema de mercado competitivo. No brindo en esta ocasión mis ideas en torno a porqué comparativamente es una opción mejor para dicho logro, sino que aprovecho para referirme hoy cómo, en algo tan reciente en nuestro medio como es el uso de la aplicación de Über en el país, hay propuestas en contra de su operación que a quienes daña es a los consumidores -cuya satisfacción es el objetivo básico de la economía- y cómo es que los grupos que más adversan dicha aplicación se caracterizan por no ser competitivos en el sentido económico. Al contrario, suelen ser detentadores de algún privilegio estatal que impide que haya un número suficiente de oferentes, de manera que se pueda considerar que estamos en presencia de un mercado competitivo.

En la mañana del jueves 5 de mayo arrancó una marcha de protesta que salió desde el Parque de la Paz hacia la Casa Presidencial, en la cual los manifestantes que la integraban eran esencialmente taxistas rojos -el actual establishment de taxis- y autobuseros, con el objetivo de solicitarle al gobierno que prohibiera la operación del sistema denominado Über, a través del cual una parte privada se pone libremente de acuerdo con otra parte privada, para ser servida con un traslado de un lugar hacia otro.

Detrás de todo esto hay un interés supremo, que debe primar en toda economía, en todo momento: la mayor satisfacción de los consumidores, la cual lógicamente se da cuando aquellos pueden libremente escoger entre alternativas, aquella que le parece es la mejor. Esto es, cuál le sale más barata; cuál servicio es de mejor calidad; cuál se le provee en el momento oportuno en que se le requiera; cuál llega más expeditamente a donde uno le pide que vaya, en el marco del enmarañado tránsito urbano al menos de nuestra área metropolitana; así más, de cuál se recibe un mejor trato personal al brindársele el servicio. Que como consumidor seamos libre de escoger lo que mejor nos parezca, que lo podamos hacer sin imposición de nada ni de nadie, es lo que obviamente nos conviene como los consumidores.

Posiblemente si uno es propietario de su propio medio de transporte prefiera escoger usar lo que es suyo, pero incluso eso tiene el costo de la incomodidad y el estrés de manejar en caminos convulsos, así como puede ser necesario incurrir en costos de cuido del vehículo o de estacionamiento (además de los lógicos de gasolina y aceite), pero muchas veces tiene ante sí la opción de escoger entre un bus, un taxi tradicional, uno pirata o bien el servicio Über, tomando en cuenta diferenciales de precios, de rutas, de accesibilidad adónde se dirige, de trato, etcétera.

El costo total para el consumidor se refleja en el precio a que se ofrece el servicio y ese precio resulta ser mayor cuando el oferente de dicho servicio no tiene competencia que le obligue a reducirlo al consumidor. Por tal razón hay tanto esfuerzo de hombres y de empresas para, de alguna forma, lograr convertirse en monopolistas; en el caso concreto, de que no haya competencia en el servicio que ofrecen. Afortunadamente, no hay más monopolios en una economía porque hay libre entrada de competidores. La clave está la mayoría de las veces en manos del estado: en si está dispuesto a permitir la libre entrada (y salida) de oferentes en una actividad económica o si le otorga el privilegio del monopolio a alguien (o a algún grupo de ellos). Es una simple forma de protección del interés de alguien en particular, específico, al impedir que otros puedan competir con éste.

Entre los manifestantes de hoy, hay representantes de dos sectores de la economía que efectivamente están caracterizados por la falta de competencia. Ya acerca de los taxistas se ha dicho mucho: su número es restringido por decisión del estado (lo cual ha provocado la existencia subterránea y ciertamente riesgosa de los llamados piratas). Tal limitación la expresa el enorme precio (multimillonario) que hay que pagar por obtener “la placa” o permiso para poder trabajar legalmente como taxista, si es que se busca la vía de comprar el permiso en vez de esperar la gracia divina del estado (de sus políticos). Una persona, aunque reúna todas las condiciones técnicas que suele requerir el estado para quienes disponen de placas de taxis, si no tiene dichas licencias, simplemente no puede trabajar.  Esa limitación en la oferta de servicios de taxis se traslada a los consumidores, los cuales tienen que pagar precios mayores que los que tendría si cualquiera pudiera ser taxista (cumpliendo requisitos técnicos mínimos), lo cual aumentaría la oferta en el mercado.

El otro sector que se manifestó hoy en contra de la competencia que les traería Über, es el de transporte remunerado en autobuses. Aquí el caso es interesante, porque no sé hasta qué grado los autobuses son sustitutos -principalmente por los niveles de ingresos de los usuarios- del servicio que brinda Über. Pero, en todo caso, aunque me salgan con el cuento de “solidaridad” con los taxistas, no creo que tal “solidaridad” exista en la actualidad, pues ambos sistemas suelen competir fuertemente entre sí.  Por ello, la manifestación debe ser porque también los privilegiados autobuseros temen que la presencia de Über vaya a incidir negativamente sobre sus negocios.

Resulta que el servicio de buses no es competitivo: no existen dos o tres empresas que dan el servicio directamente a Desamparados o a Sabanilla de Montes de Oca o a tantos lugares del país.  Rige un régimen mediante el cual una ruta se le asigna a una empresa mediante lo que se llama una concesión.  Esto es, se supone que hay una licitación abierta para que diversos oferentes pujen por obtener la concesión para operar una ruta pre-establecida, satisfaciendo parámetros esperables, tales como calidades del servicio, frecuencia, etcétera, pero esencialmente que está sujeta a una tarifa que cubre los costos determinados por el estado. Para ello, este toma en cuenta, supuestamente, las cifras que la empresa brinda en torno al número y frecuencia de usuarios, la distancia de las rutas, entre otros.  El hecho es que hay un solo oferente para cada ruta de buses específica, a pesar de que es de esperar que haya muchos otros que desearían poder entrar a dar el servicio en condiciones similares. Asimismo, es un hecho que dichas concesiones duran períodos relativamente largos; no es algo que ni siquiera se otorga competitivamente, de forma anual, sino que dura por un tiempo significativo.

Y no, no le voy a entrar al hecho de lo apetecidas que son las contribuciones políticas a ciertas agrupaciones electorales, no sólo recibidas como aporte monetario sino en la prestación de servicios en momentos cruciales, políticamente hablando.  No tengo pruebas específicas, de casos concretos, de ello, de manera que cada uno de los lectores lo tome como le parezca, aunque la lógica de la elección pública nos dice que la maximización del poder de parte de los políticos suele a conducir al otorgamiento de tales servicios a quienes se sirvan aportar apoyo para la permanencia de esos políticos.

Así, el consumidor de servicio de buses en una ruta concreta no tiene en dónde escoger: debe usar el servicio concesionado, le guste o no (si no lo gusta, puede usar los taxis actuales o los piratas o bien Über, pero bien saben que les salen más caros que los buses). Pero no puede usar -contratar- un servicio de buses competitivo, porque tal servicio de hecho, por la decisión restrictiva del estado, no existe: el ciudadano consumidor no tiene forma de optar por otro bus que sea de igual o mejor calidad, pero de menor precio, que el que monopolísticamente enfrenta por el sistema de concesión estatal.

Por eso, estoy a favor de Über -además de creer en el progreso: no quiero que nadie me obligue a volver a las épocas de las carretas o de los caballos- porque me permite como consumidor escoger libremente un servicio que hoy no puedo obtener en las condiciones de restricción de la oferta que he comentado y las cuales le permiten al productor monopolista obtener un precio mayor que el que recibiría si estuviera en un régimen de competencia.

La competencia como consumidor me favorece.  En cualquier economía, producir por producir no tiene sentido.  Nada de beneficio se lograría si alguien decide producir behemots para nuestro consumo o también burps que nadie desea  (no existe ninguno de esos en nuestros mercados) o, digamos, carne de tiburón “madurada”, o algo similar.  La producción tiene sentido la producción si está destinada a satisfacer los deseos y necesidades de las personas. Esa producción será mucho mejor y más barata si resulta de la competencia entre las partes que participan de la oferta del bien o servicio. Es allí cuando más se nos beneficia a los consumidores.

Por tal razón, rechazo la manifestación de grupos que quieren evitar la competencia, que lo que quieren es mantener grados de monopolio, pues con ello se daña a la totalidad de consumidores de la economía, que somos todas las personas.

A su vez, debe tenerse presente que la posibilidad de una competencia suele ser acicate para quienes hoy están conformes con el estatus quo que le brinda el estado. Una competencia puede incentivarlos a que sean más eficientes en lo que hacen: es su forma de mantener los clientes.  Surge así enorme estímulo para que los taxistas actuales se pongan las pilas y mejoren su producto y así complazcan a los consumidores. Traten de hacerlo mejor y más barato que Über.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la privatización de las vías públicas

Tal vez privatización no sea la palabra más adecuada, sino más bien “usurpación”,  pero le dejo a cada uno de ustedes que emplee el término que desee; el hecho es que se ha venido observando un fenómeno creciente de apropiación de las vías públicas para el estacionamiento de taxis. 
 

No disputo que el estado -preferiblemente el gobierno local- tiene una tarea esencial en cuanto al ordenamiento del tránsito en las vías públicas; tarea que podría incluir que haya sitios adecuados para que los taxis esperen allí a sus clientes, pero no que llegue al grado de abuso que ahora uno observa.
De aquí que considero oportuno el comentario de La Nación del 28 de setiembre, titulado “Taxistas convierten calles y aceras en paradas ilegales: Infractores justifican invasión de espacios para buscar clientes.”

Gran cosa que el director ejecutivo del Consejo de Transporte Público, Mario Zárate, reconozca el problema y que, de inmediato, nos indique que “la escasez de oficiales de tránsito para combatir a los infractores” ha de ser la causa del contratiempo o, al menos, que su inopia impida una solución adecuada.  Incluso señala que “al día de hoy, los taxistas se parquean donde no deben si no hay presencia de policías.” Es probable que el señor sólo observa el impedimento en el “casco central”, pero el problema ya se presenta en toda la ciudad. Pero, según nos informa La Nación, tan sólo “en el centro de San José hay 47 paradas avaladas para los taxis.” ¿Y las no avaladas?  ¿Y las que no están en el centro de San José?  Sabemos que en conjunto todas llegan a una cantidad significativa, pues hemos podido observar como pululan en todo lado.

El asunto es que, sean cuantas sean las paradas autorizadas, lo que uno ve va mucho más allá de unas “paradas”.  Es cómo evolucionan; cómo crecen; cómo se desarrollan. Simplemente lo que empieza como una parada, de tal vez media cuadra o una cuadra, pronto hace metástasis hacia calles contiguas, por lo que, de hecho, los taxistas se van apoderando de una extensión significativa de calles públicas.  

Prefiero no indicar el sitio exacto de uno de ellos, pero lo narraré.  En cierta parte de Montes de Oca, se le dio primero permiso a unos cuantos taxis para que se estacionaran frente a una iglesia. Pronto coparon para sí toda la cuadra, incluso bloqueando la entrada al templo por donde trasladan a los fallecidos para sus exequias.  Por dicha, ese paso ya no lo bloquean más, no sé si por obra y gracia del espíritu santo. Pero, con el paso del tiempo, han continuado su expansión -especialmente para estacionarse durante ciertas horas cuando no andan movilizando clientes- llegando a asentarse en una cuadra y media más, a ambos lados de las calles. 

Vean algo asombroso que me consta: como en dichas calles hay casas de habitación desde hace muchos años, en donde muchas familias poseen un carro que en ocasiones lo dejan frente a sus casas (en todo su derecho), he visto como muchos taxistas practican lo que llamo la estratagema del encierro: esto es, al dueño del vehículo privado, le pegan, bien pegado, búmper contra búmper, un taxi por delante de su carro y otro taxi igualmente por detrás y, en el lado de la calle; esto es, casi llegando a media calle, le colocan otro taxi, de manera que el vehículo de la familia queda enjaulado, sin poder moverse. El carro familiar no puede salir sino hasta que no les dé la gana a los carceleros del vecindario o que, arrepentido, el dueño de la casa no vuelva a dejar al taxi al frente una vez que aprendió la lección. E incluso, si en su casas lo vecinos tienen un garaje, muchas veces simplemente le parquean el taxi frente a la salida. 

Uno entiende a los taxistas, como cuando le dicen a La Nación que “honestamente, me paro frente al centro comercial (de Desamparados) porque salen muchos servicios,” pero eso no les da el derecho para que se estacionen adonde no tienen el campo asignado. También, por ejemplo, uno observa en la Plaza del Sol, como, para estacionarse en una larga fila, toman la bahía para los buses claramente señalada (y a veces se estacionan incomodando la entrada al parqueo de ese centro comercial). Y no se diga a los alrededores de las paradas terminales de buses: cualquiera de ustedes lo puede comprobar con sus propios ojos.  Por ello, un taxista entrevistado es capaz de decirle al medio periodístico de forma conminatoria, que ¿por qué [los usuarios] no van a buscar a un montón de piratas que andan ahí en las calles haciendo loco? O sea, si no les gusta, pues ¡jalen! 

No es que no haya multas para los taxis que se estacionan en zonas no aprobadas, dado que es de alrededor de ₡51.000, sino en que ciertamente no hay autoridades que las pongan (¿por qué será?), pero un avance podría ser el que las autoridades municipales, que son las que presuntamente otorgan los permisos para estacionarse en ciertas vías de la localidad, adviertan que sus policías también están autorizados para poner tales multas. Actuando así tal vez protegerían a los vecinos de los abusos descritos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sin temor ante un cambio indispensable

A riesgo y casi que poco me importa, de que me tilden de socialista, conservador, enemigo de la Caja, estatista, etcétera, etcétera, pero deseo plantear en esta ocasión una posibilidad que considero es conveniente para mejorar la situación actual de servicios que presta la Caja a la ciudadanía, lo cual tiene, con toda razón, a muchos muy incómodos (para ponerlo en “suavecito”). Obviamente no es una idea original, pero hay un par de acontecimientos que me llevan a plantearla y los mencionaré.

En primer lugar, que es una experiencia ya en marcha en una nación que siempre se ha considerado como ejemplo del socialismo-democrático, si bien en los últimos años sus ciudadanos han electo a partidos liberales como sus gobernantes.  Me refiero a Suecia.  Allá, en el marco de una crisis fiscal -como la nuestra actual- logró reducir su gasto gubernamental de un 67% en 1993 a un 49% en el 2014. Redujo su tasa marginal de impuestos a las empresas en un 27% a partir de 1983, para tener ahora una del 57%, además de eliminar impuestos a la propiedad, a los regalos, a la riqueza y a la herencia.  Su deuda pública se redujo de un 70 por ciento del PIB en 1993, a un 37% en el 2010 y el déficit de su presupuesto se redujo de un 11% a un superávit de 0.3 por ciento en ese mismo lapso.  Pero no me interesa este aspecto general de la economía sueca, aunque debería servir de acicate para quienes estamos proponiendo que no se aumenten los impuestos y que sí se reduzca el gasto para salir de nuestro atolladero fiscal. 

Lo que sí me interesa destacar en esta ocasión es una reforma muy interesante dentro de su aún vigente estado de bienestar.  Específicamente, en lo que podría llamarse el sistema hospitalario de su Seguridad Social. Lo que los gobernantes, con un apoyo generalizado y de múltiples partidos políticos, ante la grave situación que experimentaba la atención médica a los ciudadanos en los hospitales, decidieron hacer debe ser expuesto con toda claridad: acudieron a que el sector privado participara en su seguridad social -en la parte hospitalaria- de manera que así aplicara el instrumental propio de las empresas privadas, a fin de lograr que el sistema hospitalario de su seguridad social fuera más eficiente. Casi nada; una reforma de esta naturaleza al corazón de su estado de bienestar: la salud de la sociedad. Llama la atención, ¿verdad?

Hay un hospital privado en Estocolmo -la capital sueca- llamado St. Göran, que presta los servicios propios de los hospitales estatales del sistema de seguridad social, sólo que es administrado privadamente; es más, es una propiedad privada. Eso sí, en su acuerdo con el estado sueco, el hospital St. Göran acata los lineamientos del contrato que han definido esencialmente las autoridades gubernamentales. Así, por ejemplo, a él pueden acudir los pacientes de cierta área de la ciudad, tal como lo hacen a cualquier otro hospital del estado. Asimismo, no cobra a los pacientes por los tratamientos, aunque, a fin de evitar el abuso con los servicios médicos (algunos creen que son gratis; esto es, que no implican costos), se cobra un monto nominal (no me pregunten de cuánto, pero sí que es un monto fijo y bajo). Obviamente la seguridad social sueca le paga según el acuerdo establecido. 

Este hospital es de propiedad privada desde 1999 y su dueña es una firma llamada Capio, y que, en la actualidad, es poseída por diversos fondos privados de inversión, incluyendo a Nordic Capital y a Apax Partners.  En aquél, los médicos, las enfermeras y el personal en general tienen su jefe y a una junta directiva a los cuales les rinden cuentas, tal como se hace en una empresa privada. En St. Göran han introducido prácticas que denominan “el modelo Toyota de producción”, así como una mejora permanente del “flujo” y la “calidad” en el servicio. En él grupos de médicos se reúnen para tomar decisiones en equipo, medidas que incidan en mejorías del servicio. Como dicen John Micklethwait & Adrian Woolridge, autores del libro del 2014, The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State [La Cuarta Revolución: La Carrera Global por Reinventar al Estado… lo pueden conseguir en Amazon y no sé si ya se tradujo al español]: “La focalización está en reducir los tiempos de espera y en incrementar el rendimiento (en inglés: throughput), que también tiene la ventaja adicional de reducir el número de enfermedades que son objeto de contagio en hospitales.” (P. 172).

En Suecia la información estadística de los hospitales es muy abundante y pública: cosas como las tasas de operaciones exitosas, lo cual incentiva la competencia entre ellos. Al hospital St. Göran le ha ido tan bien -así como a la nación sueca- que en el 2001, el Consejo del Condado de Estocolmo decidió ampliar el contrato con Capio hasta el 2021. Se considera que el sistema de salud sueco, en donde el St. Göran es un ejemplo de las nuevas políticas estatales, "se puede decir que es el más eficiente del mundo de naciones ricas.  La duración de estadía en un hospital en Suecia es de 4.5 días, en comparación con 5.2 días en Francia y 7.5 días en Alemania.” 

En segundo lugar, en Costa Rica hemos ido logrando algo similar, cual es la existencia de una serie de EBAIS que son administrados privadamente, sujetos a los lineamientos contractuales con la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que con el contrato define las políticas que deben cumplir. El mejor servicio ha sido evidente para muchos de los usuarios que los comparan con el que previamente tenían, cuando los EBAIS eran de plena propiedad y ejecución de parte de la Caja. Pero, ¡qué mejor que lo que indica un informe reciente del periódico La Nación del 11 de enero del 2016, bajo el encabezado “Costo de Ebáis de CCSS duplica el de cooperativas: Entidad admite que salarios más altos disparan gastos de operación.”! El estudio hecho por la Gerencia Médica de la Caja en agosto del año pasado, titulado, “Evaluación de costos, desempeño y cobertura general de las áreas de salud administradas por terceros (13 empresas privadas, entre ellas, cooperativas) versus referentes institucionales (6 de la Caja),” llega conclusiones muy importantes, algunas de las cual transcribo: “Los Ebáis (sic) de la Caja tienen una cobertura promedio del 36% de la población meta, mientras que en las cooperativas (empresas privadas) es del 50%... (aquellos; los de la Caja) tienen un indicador de desempeño inferior a los Ebáis en manos de terceros… El análisis de la Caja determinó que 11 áreas de salud administradas por terceros estuvieron calificadas entre los 15 sectores de atención a pacientes más eficientes del país en el 2014….”

Creo que eso es una indicación clara y definitiva de la eficiencia con la cual la empresa privada puede relativamente manejar mejor, los recursos públicos destinados a la salud de la ciudadanía.  

Por ello, expreso mi planteamiento para que la Caja haga el siguiente experimento, con base en los ejemplos del hospital St. Göran de Suecia y de los Ebáis administrados privadamente en Costa Rica.  Que llegue a un acuerdo con algún hospital privado del país, para que a éste lleguen pacientes de la Caja; no se les cobre por los servicios, más que un monto fijo y bajo para evitar los abusos, y que los privados sean quienes lo administren, sujetos a los lineamientos y principios contractuales a que lleguen de acuerdo con hospital. Yo esperaría como resultados una mayor satisfacción de los ciudadanos que somos partícipes del servicio médico de la Caja, reducción significativas de los costos, mejores procedimientos o desempeño en factores de interés y, por supuesto, sujeto a una evaluación constante de lo que tal vez signifique una reforma sustancial positiva de los servicios de salud de la seguridad social del país. Obviamente, nuestra Caja haría bien en obtener una invitación del gobierno sueco para que vayan allá los funcionarios pertinentes y observen in situ cómo es que está funcionado el hospital St. Göran y cuáles son los arreglos institucionalmente hechos que han garantizado su éxito. Me atrevo a afirmar que ésta visita sí sería muy productiva por lo que podemos aprender al respecto.  

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Todavía hay tiempo de cambiar

En ASOJOD hemos sido muy críticos de muchas de las decisiones tomadas dentro de la Administración Solís Rivera, pero sin duda cuando ocurre algo positivo se deben reconocer abiertamente los méritos correspondientes. Nos referimos concretamente a la autorización de importación de cemento chino que ha concedido el MEIC. También, es justo reconocer que esta iniciativa tuvo un gran apoyo e impulso por parte del Movimiento Libertario, especialmente en la persona de Otto Guevara.

La prensa informa que se espera que dicho cemento se venda incluso a la mitad del precio del que hoy en día ofrecen Holcim o Cemex. Este evento es una muestra más de lo que siempre hemos afirmado en ASOJOD: que cuando hay competencia el principal beneficiado es el consumidor a través de más y mejores bienes y servicios, todo ello con mejores precios, lo cual le permite destinar su dinero en virtud de dicho ahorro a otras activados económicas. Igualmente, demuestra que muchos “empresarios” siempre serán reacios a la competencia, y de que prefieren mantener mercados cautivos a través de impedimentos legales para asegurar sus ganancias. De ahí la responsabilidad que tiene todo elector por apoyar proyectos políticos que estén dispuestos a hacerle frente a ese tipo de prácticas “corporativistas”.

Como decíamos el actual Gobierno ha cometido muchos errores, pero esperamos que esta decisión se convierta en el punto de lanza que permita cambiar el rumbo actual, por el que verdaderamente necesita el país. Un rumbo de mayor competitividad, mayor dinamismo económico, responsabilidad tributaria y de reformas estructurales.

La columna de Carlos Federico Smith: impacto del alto costo de nuestra energía

Se espera que en menos de diez años, los Estados Unidos se conviertan en el mayor productor global de gas natural y de petróleo.  Eso se logrará con precios menores que los actualmente existentes.  Como nación, Estados Unidos superará a Arabia Saudita, que actualmente encabeza la lista en cuanto a producción de esos energéticos. Súmele al de Estados Unidos el aumento elevado que de esos productos también se espera en Canadá y en México, si este último decide en serio fortalecer su anquilosado sector energético, con  otro más competitivo y mayor participación privada.  Norte América, como bloque, por muchos años será el gran proveedor mundial de combustibles baratos.

Esta transformación del mercado se reflejará en un declive del poder monopólico de la OPEP, cuyas restricciones usuales de la oferta internacional, orientadas a elevar artificialmente el precio de los combustibles, se verán limitadas por el poder competitivo de la energía proveniente de América del Norte.

Una energía más barata y abundante facilitará la repatriación de inversiones de los Estados Unidos hacia su país de origen. Esa inversión se había alejado, atraída fundamentalmente por una mano de obra más barata en otras naciones y, además, porque en cierto momento el precio de la energía en otras naciones no era tan diferente del costo que tenía en los Estados Unidos. Con esta revolución energética en proceso en los Estados Unidos, a pesar del poco apoyo y casi aversión de Obama hacia esa industria, se abren enormes posibilidades para que la producción industrial de esa nación tenga un renacer, de poder verse fortalecida de nuevo y de estar en capacidad de competir eficientemente en los mercados internacionales.

Mientras tanto, en Costa Rica se observa un crecimiento paulatino del costo de la energía, resultado de un inmovilismo en la inversión potencial que se podría dar en el país, pero también porque el sector energético estatal muestra claras deficiencias económicas, resultado del proteccionismo en que se le ha tenido.  Es lamentable que el cuerpo político legislativo de los últimos tiempos haya hecho todo lo posible, con notorias excepciones, para impedir que el mercado energético nacional pueda mejorar con el impulso productivo que le podría brindar el sector privado.  En esta demora ha sido partícipe el gobierno actual, con su característica ineficiencia, al rechazar legislación que facilitaría el desarrollo del sector y pretender suplirla por otra que conserva el statu quo.  Pero también han sido responsables algunas fracciones legislativas, empeñadas en mantener un populismo que termina por obstaculizar cualquier posibilidad de progreso en el país.  Esa conducta la han observado las fracciones del PAC, del Frente Amplio, parte de la del PUSC, así como una fracturada mitad de la fracción liberacionista.  

De esa forma, en la Asamblea no se ha podido aprobar una nueva legislación que permita aumentar nuestra capacidad de oferta, principalmente logrando los aportes de los sectores privados.  En la Asamblea tan sólo se desea más de lo mismo: que el Estado, en sus diferentes variedades y matices, continúe con el monopolio de hecho de la producción de energía. Esto es, que se prosiga con un modelo energético que a todas luces está haciendo aguas… y no por culpa de un neoliberalismo mítico, al cual el populismo barato, en vez de asumir los resultados de sus propias acciones, escoge achacarle todos los males de este mundo. 

Sabemos cómo es que actúan usualmente los políticos, especialmente en épocas previas a elecciones y ante la acosadora angurria financiera del momento.  Creen en aprobar legislación que medio abra la posibilidad para algunos, casi que escogidos a dedo, de participar en el mercado de generación eléctrica. Consideran que así resuelven el problema de producción de energía, pero sin que se alborote el cotarro ni el coto de caza. Pero en verdad, el nudo gordiano que hay que cortar radica en la actual falta de competencia de privados con el estado, así como entre aquellos, de forma que se facilite el logro de la mayor cantidad posible y más barata de energía, a fin de suplir económicamente las necesidades del país. 

En vez de aprobar una ley moderna sobre el sector energético del país, basada en la competencia y la producción privada, lo que posiblemente se tendrá es un mamotreto más. Con él algunos pocos podrán medrar, pero se impedirá al país disponer del vigor necesario que impone la lucha competitiva, pues quedarán por fuera muchos otros entrantes potenciales. Con esa ley no se tendrá el aumento requerido en nuestra producción doméstica de energía, sino que será tan sólo un parche más a un sistema defectuoso e incapaz de generar lo que el país necesita: más energía y más barata para todos los usuarios y consumidores.

Ante lo expuesto, posiblemente nuestra energía proseguirá siendo costosa y por ello no sólo veremos cómo empresas nacionales migrarán hacia otros países, para beneficiarse de su producción más barata de energía, sino que también observaremos cómo gradualmente disminuirá la inversión extranjera en el país. Ya varias empresas nacionales han trasladado sus operaciones o parte de ella a naciones del área que disponen de energía más barata (no vale la pena mencionarlas, pues bien las conocemos). Pero es indispensable tener presente que la gran fórmula nacional de atracción de capitales internacionales, con base en una mano de obra que fuera tanto relativamente barata como lo suficientemente calificada, no será capaz de compensar el creciente aumento del precio de nuestra energía, así como la fuerte reducción de esos costos en los Estados Unidos y en Norte América, en general. Ya sea que, por las razones expuestas, empresas nacionales se instalen en otros países, como que deje de entrar inversión extranjera al país, un resultado lamentable de ello será la caída en el empleo, así como la reducción de los ingresos familiares de los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: un viernes confusamente negro

Hace pocos días, el Ministro de Hacienda, con base en la opinión de la Dirección General de Aduanas, informó que reiteraba su decisión de aplicar los impuestos de venta y de consumo, cercanos a un 36%, a las importaciones que los ciudadanos hacemos de mercancías adquiridas en el exterior, por medio de la Internet.

De esta manera, se echó para atrás la práctica de exonerar, por hasta $500, de impuestos arancelarios que los costarricenses podíamos disfrutar, con la presentación de nuestro pasaporte a la hora de des almacenar las mercancías que importáramos. Esto resulta ser especialmente significativo en momentos en que en Estados Unidos se celebra el llamado Viernes Negro, que no es sino una enorme rebaja en los precios que los comercios de ese país otorgan, creo que en el último fin de semana de noviembre. Los ciudadanos ya nos íbamos acostumbrando a esa enorme oportunidad de estirar nuestros ingresos, gracias a la competencia y al comercio internacional.

Pero ahora Hacienda le ha dado una interpretación a nuestros derechos, de manera que exige, para que sean aplicables, que esas importaciones puedan sernos sólo enviadas por parientes, por supuesto que en cantidades no comerciales, con lo cual se impide que, por ejemplo, uno pueda importar bienes que nos llegan adquiridos en empresas tales como Amazon, Best Buy, Macy’s, Penney’s o cualquier otro chinamo comercial que a Usted le da la gana comprar, a no ser que acepte pagar los impuestos arancelarios que ahora Hacienda desea cobrarle.

Se ha escuchado la opinión de profesionales especializados en esta lides, indicando que la anterior es una simple interpretación antojadiza de parte de Hacienda (y muestra de angurria, agrego yo), pues en el país no se ha efectuado el cambio requerido a la norma jurídica pertinente, de forma que pretende impedir que la importación se pueda lleva a cabo proveniente de una empresa comercial del exterior y sólo la acepta si le es enviada por parientes que se encuentren o viajen por el exterior.

Resulta ser muy poco clara la decisión de Hacienda, en especial después de que durante muchos años no existió tal impedimento y que no ha existido recientemente nueva legislación que defina esa interpretación que ahora hace el gobierno. Esta práctica de poner impuestos por la vía de la interpretación, da lugar a mayor incertidumbre en el país y desconfianza en cuanto a la vigencia de la ley.

Por supuesto que hay que preguntarse a quién se va a beneficiar y a quién se perjudica con la nueva medida.  El gobierno sin duda que impulsa la prohibición, a fin de lograr mayores impuestos por las mayores importaciones que supuestamente ahora van a realizar los comercios formales del país.  Pero esto no es tan seguro, porque bien puede estimular, una vez más in crescendo, las importaciones ilegales, mejor conocidas como contrabando. Así, el gobierno terminaría por agarrar poco o nada, además de que, tal vez, muchos ciudadanos de forma tajante decidan disminuir su consumo de esos bienes. En síntesis, podría darse que el gobierno termine agarrando migajas de la mesa.

Pero hay otro gran ganador. Tal vez los consumidores ya habrán notado que en Costa Rica, desde hace un par de años para atrás, también los comerciantes locales decidieron reducir sus precios en ocasión  del Viernes Negro. Sin duda que ello lo provocó la práctica estadounidense y la posibilidad de los consumidores de traer los productos por Internet. Al ahora encarecerse esta última posibilidad con la decisión reciente de Hacienda, los comerciantes locales tendrán menor competencia de precios por parte del comercio extranjero y no tendrán que reducirlos tanto para poder competir por la clientela. Por supuesto que el gran perdedor en todo esto es básicamente el consumidor (y si quiere agregue aquí las empresas dedicadas al transporte y trámite de las compras que se hacen por Internet).
Los consumidores sonamos en dos vías. (1) Si hacemos importaciones por el Viernes Negro, nos azotarán con mayores impuestos y (2) quienes compran aprovechando las rebajas en el comercio local a causa  del Viernes Negro, verán como éstas ahora ya no serán tan grandes.

Parece que aún hay tiempo para el “Salacuartazo” por la interpretación arbitraria de la ley que quiere hacer Hacienda. El amparo a tiempo nos podría permitir seguir disfrutando de ese derecho ciudadano que se nos quiere quitar.

Jorge Corrales Quesada