La columna de Carlos Federico Smith: ICE mete las de andar

El ICE puso un campo pagado en el periódico La Nación el 6 de agosto, como respuesta a diversas opiniones recientes expresadas en dicho medio acerca del ICE.  

En dicha opinión, el ICE divulgó que “su costo de generación es de 4,21 centavos de dólar por kilovatio, frente a 8,2 centavos de dólar por kilovatio en el caso de generadores privados,” aduciendo en dicho campo pagado que “es falso que la participación privada abarate las tarifas eléctricas.”

Esa información destinada a mostrar un costo comparativo inferior de la producción de electricidad del ICE vis a vis la privada, tuvo un rebote inesperado contra el propio ICE, pues reveló que su costo de producción era de 8,2 centavos de dólar, mientras que el costo promedio de la electricidad cobrado a los usuarios es de 16 centavos de dólar. Esto se informa en un artículo de aquel medio, titulado “Empresarios usan dato del ICE para pedir rebaja en luz: Cámara de Industrias presentó solicitud a la ARESEP.”

Ante ello, la Cámara de Industrias, con la nueva información brindada en ese campo pagado, estimó el costo promedio del kilovatio, pues el ICE aporta un 80% de la producción nacional y el sector privado un 20% y dados los costos comparativos señalados de $0.0421 el kilovatio del ICE y de $0.082 el costo del kilovatio producido privadamente, daría un costo promedio ponderado del kilovatio del ICE de $0.0499. Pero, el precio promedio que cobra el ICE, según la Cámara de Industrias, es de $0.16 (poco más de tres veces su costo promedio: 3.2 veces).

Si al costo anterior se le suman “los importes de generación, transmisión y distribución, el costo promedio que se debería de cobrar” -por aquello de que, según la ley 7593, en lo pertinente a servicios regulados, las tarifas se fijarían al costo- “se acerca a ocho centavos de dólar”, lo cual es la mitad del cobro promedio que practica el ICE.

De forma que, ni lerda ni perezosa, la Cámara de Industrias le solicitó a la ARESEP reducir a la mitad de la tarifa eléctrica que cobra el ICE. No se sabe nada de la resolución de la ARESEP, que se supone ya debería de haberse definido para ver si procede su aceptación. Posiblemente el escéptico dirá que “estamos soñando” que se vaya a lograr tal reducción, pero, al menos, sabemos mejor qué tan caro nos sale el cuasi-monopolio eléctrico (el ICE es el mayor productor de energía eléctrica del país), que muchos nos vemos, de hecho, obligados a consumir y a pagar ese alto precio.

Esperamos conocer el desenlace de la solicitud de la Cámara de Industrias, ante la cual nosotros, y los medios de comunicación, debemos de de estar atentos, pues el tema reviste enorme importancia no sólo para el ICE, sino para sus consumidores, cuyos presupuestos para la electricidad se han visto crecientemente aumentados en momentos recientes.
 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: que la paguen quienes la disfrutarán

Se hace una carretera costosa a un lugar, la cual podría ser objeto de peaje pues claramente se puede determinar quiénes son los beneficiarios de ella, pero el costo de la carretera lo obligan a que sea pagado por todos los ciudadanos por medio de los impuestos, aportados por quien se fuma un cigarrillo hasta el que tiene que pagar el impuesto de ventas o el de la renta. Es decir, lo que si bien es directamente beneficioso para un grupo concreto de personas, termina en que su costo es cargado a todos, incluso los que ni siquiera lleguen a usar esa carretera. 

Por contraste, se hace un nuevo muelle de carga en el Atlántico, por medio de una concesión a una empresa privada.  El pago de su costo será sufragado por aquellos que efectivamente utilicen los servicios de ese muelle, no como un gravamen que recae sobre todos los ciudadanos del país, usen o no dicho muelle. 

Ahora se nos presenta una situación relativamente similar a la primera: resulta que Acueductos y Alcantarillados (AyA) ha planteado una solicitud ante la ARESEP, para elevar los cobros que lleva a cabo por el servicio de agua a los más de 500.000 abonados que sirve (por supuesto, excluyendo a los que usan su agua “desperdiciada” y que de hecho no pagan nada por ella), para aumentar la producción de agua potable en Guanacaste. Según una información suministrada por La Nación del 4 de enero, titulada “AyA pide 14% más en tarifa para llevar agua a todo Guanacaste: Abonados de todo el país financiarían obras de emergencia en Pacífico norte,” habría un aumento para cada usuario de entre ₡43 y ₡218 al mes, en función de su volumen de consumo. 

La razón de tal petición es atender “la emergencia por el faltante de agua en Guanacaste”, lo cual es obviamente una tarea en la que presuntamente debería de estar interesada el AyA. Pero, en lugar de pensar en cobrar por esos servicios nuevos que va a brindar en Guanacaste, la ocurrencia es que todos los consumidores de AyA, desperdigados en todo el país, tengamos que asumir el costo del proyecto. Es claro que el beneficio es a una región concreta del país y que beneficiará sólo a los habitantes de esa región, población que incorpora desde el más pobre peón de finca, hasta el más rico dueño de propiedades de recreo en esa zona, posiblemente -por ser el calorcito lo usual- poseedor de una piscina, sin dejar de lado al poderoso dueño de hoteles, con lo cual terminaríamos subsidiando el costo a turistas que llegan a pasear por allá. 

El monto estimado de los tres principales proyectos -el Acueducto Costero de Santa Cruz, el acueducto de Bagaces y el de Las Trancas para la región de Papagayo y vecindades- no es poca cosa: ₡13.659 millones, de lo cual, poco menos que la mitad (₡7.735 millones) sería la inversión en el Acueducto Costero, ₡4.449 en el de Bagaces y ₡1.475 en el acueducto de Las Trancas. No dudo que sean obras necesarias, aunque en cierto momento se ofreció, creo que de parte de China, financiar proyectos de desalinización que parecían tener costos menores que los propuestos con las perforaciones alternativas. No se supo qué impidió seguir con aquellos proyectos. Es claro que el de Bagaces resulta de un mal manejo previo de un agua contaminada peligrosa, que ahora debe ser reparado por quien la suplió inadecuadamente.

Pero, en especial los proyectos costeros, no veo por qué no pueden ser pagados claramente por quienes los usarán de forma directa, como es lo justo y lógico: que el que lo utiliza, pague por ello. Sé que se argumentará que hay gente pobre que no podría hacerlo, pero eso lo que nos dice no es que todos los ciudadanos, incluyendo los no usuarios de esos pozos, tengan que pagarlo, sino que el estado, si desea subsidiar tal consumo, lo haga explícitamente, pero los que tienen recursos en esa zona sí deben pagar por el agua que usarán. Me parece justo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: los consumidores siempre terminan pagando los gastos

Los datos que brinda La Nación en su edición del 29 de agosto, bajo un comentario titulado “Abonados de luz pagan $15 millones de más por equipos para la planta Toro III: ICE y JASEC cobran $41 millones por turbinas y generadores que le costaron $25.6 millones”, son preocupantes, pues muestran la imposibilidad de los consumidores de evitar ser cargados con gastos que, por el momento, llamaré dudosos, por quien, de hecho, son suplidores únicos del servicio eléctrico.
 

La historia narrada por el medio es complicada, por lo que haré un esfuerzo para señalar con claridad, en lo posible, cuál es la razón del cobro de más a los abonados del ICE y de JASEC, dado que el órgano regulador de las tarifas eléctricas, la ARESEP, aprobó los presuntos gastos de más, como parte de los costos que les son trasladados a los consumidores por medio de las tarifas eléctricas.
 

1.- “La obra fue desarrollada, en conjunto, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y por la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC), mediante un fideicomiso administrado por el Banco de Costa Rica.” Este fideicomiso es un arreglo administrativo o contrato por el cual el Banco de Costa Rica, “administraba la consecución y operación del proyecto, así como conseguir el financiamiento, el cual sería cubierto con el dinero de las tarifas eléctricas.” Este fideicomiso se formalizó en el 2010.
 

2.- Pues bien, así se acordó, pero, antes de que entrara en el panorama el Banco de Costa Rica (BCR), tanto “el ICE como JASEC empezaron a desarrollar ciertas obras.” Así, entre el 2008 y el 2009 se adquirieron en $23.9 millones las turbinas, generadores y transformadores del proyecto.  Además, en el 2011, se adquirió un equipo de control por $1.7 millones, cual llevó el costo total del equipo turbogenerador a $25.6 millones.
 

3.- Debido a que, cuando se adquirió aquel primer equipo, aún no existía aquel fideicomiso con el BCR, JASEC tuvo que conseguir un préstamo con el Scotia Bank para hacer aquella compra.
 

4.- La sorpresa fue que, menos de tres años después de acordado aquel fideicomiso -a principios del 2012- en el contrato de construcción de la obra del ICE y de JASEC con el BCR, se consigna un monto de $41 millones, en vez de los $25.6 arriba citados, como parte del contrato de construcción que el ICE firmó con el BCR por $188 millones, firmado en enero del 2012. Obviamente, había un monto de más por $15.4 millones (los $41 millones señalados, menos los gastos totales antes indicados por el equipo turbogenerador por $25.6 millones).
 

Este monto adicional de $15.4 millones fue luego cargado en la fijación de la tarifa eléctrica que hace ARESEP y que es cobrada a los consumidores: estos terminan pagando los platos rotos.
 

El ICE, ante el cuestionamiento, por medio de su funcionario Javier Orozco, director de planificación y desarrollo eléctrico de esa entidad, brindó el detalle de los $41 millones, que incluye, “$28,7 millones (que) corresponden al valor de los equipos, y los restantes $12.4 millones a ‘costos distribuibles del proyecto’, que no forman parte del equipo turbogenerador,” según informa La Nación. Estos ‘costos distribuibles del proyecto’ incluyen los siguientes gastos: “escombreras para el material excavado, gestión socio-ambiental, incluyendo la gestión comuna, caminos de acceso, levantamiento y atención de campamentos, contratación de personal de apoyo en el proyecto, trasporte de quipo y personal de trabajo, servicios de ingeniería y electricidad.”
 

O sea, estos $12.4 millones, más un diferencial de $3 millones en equipos adicionales a los de turbo-generación, son básicamente costos adicionales que no se habían indicado previamente, al firmarse el fideicomiso con el BCR  y por el cual ahora se les pasa la cuenta a los consumidores cautivos.
 

Es afortunada la gestión de la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa, la cual le ha pedido a la ARESEP que “deje sin efecto una ‘contradicción insalvable’”, pues aumentó la tarifa de generación de JASEC en un 23.4%, sin haber tomado en cuenta los costos cuestionados descritos arriba. Asimismo, la ARESEP aprobó adicionalmente un alza de 2.96% en la tarifa que, supuestamente, pagarían 94.000 abonados de ese ente. Dichos aumentos regirían a partir del 1 de enero del 2017, razón por la que la Comisión le pide a ARESEP que justifique pronto dicho incremento. Todo ello aparece en el artículo de La Nación del 7 de octubre, bajo el título “Legisladores piden parar alza aprobada a JASEC: Tarifas eléctricas.”
 

Jorge Corrales Quesada