martes, 26 de abril de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el relajo con las políticas salariales en el sector público

Los amigos lectores no dudo que ya están cerca del cansancio por leer acerca del relajo existente en las políticas salariales del estado. Creo que es abrumadora la información que se ha obtenido al respecto y que se ha divulgado prolijamente a los ciudadanos por distintos medios.  Creo que esos ciudadanos ya han de estar más interesados en saber cuáles son las políticas concretas que el gobierno piensa poner en práctica para resolver el caos y las inequidades en el empleo público.  En especial cuando ese mismo gobierno sólo parece considerar que lo único que puede hacer para resolver el problema fiscal, es aumentarles las cargas tributarias a los ciudadanos, a pesar de la consabida promesa del entonces candidato a presidente de la República, quien dijo públicamente que, antes de poner impuestos, le entraría en serio al problema de reducción del gasto gubernamental. Son esas dos razones muy poderosas -terminar con un sistema salarial incoherente y turbio en el estado y reducir el excesivo gasto gubernamental- las que sin duda mueven a los lectores a pensar que un gobierno serio tendría ya programas concretos para resolver el desmadre salarial del sector público.

La respuesta a ese anhelo ciudadano la brinda La Nación en su edición del 23 de febrero, bajo el título “Gobierno carece de planes para atacar caos en salarios: Tres ministerios diagnostican problemas del empleo público, pero no puntualizan salidas.” Se trata de un informe gubernamental de fines del año pasado, titulado Gestión del empleo y remuneraciones en el sector público, en el cual tres ministerios (Planificación, Hacienda y Trabajo) proponen “una hoja de ruta que se queda corta en aspectos como la equidad en el pago de remuneraciones.” Se “diagnosticaron de nuevo el caos de disparidades, pluses y brechas (todo lo cual ya sabemos) en las remuneraciones, pero sin concretar soluciones, más allá de proponer el diálogo y aumentos salariales austeros como medicina.” En dos palabras: la misma paja usual; nada nuevo, innovador, que resuelva los problemas específicos…más de lo mismo de siempre.

El artículo citado da varios ejemplos del desorden y, sí, que aparecen en el informe tri-ministerial de marras: “un gerente de una empresa pública gana un 75% más que uno del Gobierno Central, mientras que la remuneración en una descentralizada es un 33% mayor.” Otro más: “mientras una Secretaria 2 del Poder Judicial gana ₡500.000, en el Poder Ejecutivo gana ₡300.000.” Uno adicional: “el salario de un ministro es de ₡1.3 millones, mientras que el de un magistrado es de ₡2.6 millones.” Sigo: “Un chofer del Poder Ejecutivo gana ₡270.000, mientras que en la Corte ganaría cerca de ₡400.000”. Asimismo: “un profesional 1A. del Ejecutivo gana ₡498.000, en el Congreso ₡561.000 y en el Poder Judicial ₡673.000.” Todos los datos citados están en contenidos en el informe de los tres ministerios arriba citados. Y ya son harto conocidos los privilegios de convenciones colectivas que definen las políticas salariales en diversas dependencias públicas, pues los ejemplos previos tan sólo señalan disparidades del gobierno central con otros entes públicos.

La “explícitamente tácita” respuesta de la ministra de Planificación acerca de qué se ha hecho en torno a estos temas, en realidad fue un nada, un ninguno rotundo.  Cuando se le planteó que el salario único era una posible solución a las diferencias salariales en el gobierno central, afirmó que “el tema no se ha tocado, pues el Ejecutivo mantiene sus dudas,” a pesar de que tal propuesta (de cero pluses) daría lugar a un ahorro y reducción de la inequidad conocida.

Los ciudadanos necesitamos ver para creer: que se dejen de cavilar respuestas destinadas a resolver el caos, antes de que se pretenda la aprobación de nuevos y mayores impuestos. La ministra de Planificación señaló que “su ministerio presentará al presidente… un plan para mejorar el pago de incentivos salariales sobre la base de gestión por resultados”, pero esto, si bien es importante, es apenas una arista del multifacético problema salarial dentro del gobierno. Y no parece estarse haciendo mucho al respecto.  Eso sí, los veremos, con base en cualquier medio remiendo que nos presentarán, pedir nuevos y mayores impuestos en la Asamblea Legislativa.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de abril de 2016

Tema Polémico: Libertad vs OCDE

Desde hace algunos años se ha venido hablando muchísimo especialmente en Costa Rica sobre la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), o como es tal vez mejor conocida, el club de países más poderoso del mundo. Y ¿qué es realmente la OCDE, por qué Costa Rica está tan interesada en participar y por qué a OCDE está tan interesada en recibirnos? 

OCDE originalmente fue creada para dirigir el Plan Marshall financiado por los Estados Unidos para la reconstrucción de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, al día de hoy el propósito de la OCDE es muy diferente. Si ingresamos a la página web se puede leer claramente la misión de la OCDE y es la siguiente: promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Palabras muy bonitas, pero “el papel aguanta lo que le pongan”. ¿Será cierto? ¿De qué forma este grupo de 34 países que son, las 34 economías más poderosas del mundo, se aseguran de esto? 

Muchas personas, algunas que se consideran liberales, han creído que deberíamos apoyar el ingreso de Costa Rica a la OCDE pues la gran ventaja es que perteneceríamos a un club de países bastante prestigioso y eso nos podría ayudar en temas como inversión y desarrollo. En alguna medida esa postura podría ser cierta, pero es muy importante entender que no todo es bueno. La OCDE no es igual que un bloque comercial como la Alianza del Pacífico o la Unión Centroamericana. Para ese tipo de bloques normalmente ese argumento es muy válido, pero este no es el caso. La OCDE es realmente un bloque muy poderoso cuyo objetivo fundamental se ha convertido en propiciar la implementación de políticas fiscales estandarizadas en todo el mundo y un absoluto intercambio de información tributaria. La OECD tiene como misión “promover políticas” pero todas dirigidas a aumentar la recaudación y disminuir la elusión y evasión fiscal en sus países miembros. Es la Dirección Mundial de Tributación Directa. Eso no es necesariamente malo, sin embargo, algunas de las medidas que propician implican una absoluta intervención de esta organización en las cuentas bancarias, modo de trabajo y conformación de todas las sociedades de los países miembros.

Es por esto que este gobierno se ha mantenido muy interesado en pertenecer a este club y es la OECD el verdadero autor de proyectos fiscales como el famoso Proyecto de Fraude Fiscal que se encuentra a punto de ser aprobado en nuestra Asamblea Legislativa. O ¿que creyeron? ¿Qué la presentación del secretario general de la OCDE en Costa Rica, en pura etapa de discusión del proyecto de Fraude Fiscal, fue pura casualidad? Este y otros proyectos ley todos dirigidos a aumentar el control y darme mucho más poder a las Autoridad Tributaria Costarricense es un requisito fundamental que le piden a Costa Rica para pertenecer al grupo de países.

Tomando esto en consideración, nos preguntaos si los liberales que están leyendo este artículo que defendían a la OCDE siguen igual de motivados. ¿Nos conviene pertenecer a este grupo? ¿Será correcto sacrificar nuestra libertad para propiciar un mayor control fiscal? Muchas de las medias que esta organización quiere eliminar ni siquiera son ilegales como, por ejemplo, el derecho que tiene cualquier ciudadano de trasladar sus capitales al país que mejores condiciones fiscales tenga. ¿Eso es malo? ….. No, eso es inteligente.  

martes, 19 de abril de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: las tribulaciones de RECOPE, JAPDEVA y CNFL

En la lucha contra el abuso, el dispendio sin freno y la depredación irresponsable de los recursos públicos, los ciudadanos hemos de estar muy satisfechos con la posición firme de fines del año pasado de la Contraloría General de la República, al improbar en los presupuestos de JAPDEVA, RECOPE y Fuerza y Luz (CNFL), aquellos gastos destinados al pago de sus convenciones colectivas.  Es decir, con anterioridad los presupuestos de esos cuerpos públicos incluían las partidas para pagar las gollerías de las convenciones colectivas, lo cual se reflejaba en última instancia en los precios de los servicios de muellaje, combustibles y energía, respectivamente, que debían ser pagados por los ciudadanos.

Esto lo informa La Nación del 12 de enero, bajo el título “RECOPE, JAPDEVA y CNFL en apuros para pagar convenciones: Contraloría frena presupuestos por falta de financiamiento en esas instituciones.” La medida tomada por la Contraloría descansa en el hecho de resoluciones recientes correctas y convenientes de la Autoridad Reguladora de Servicio Públicos (ARESEP) y principalmente de “la Ley No, 7592 de ARESEP, según la cual el control tarifario que ejerce la Autoridad se fundamenta en el principio de servicio al costo. Esto significa que la tarifa de un servicio público debe comprender solo costos necesarios para brindarlo y una retribución que garantice el desarrollo de dicha actividad.” Es decir, los consumidores ya no tendremos que sufrir la ignominia de que se nos obligara a pagar los abusos de los convenciones en los precios de los servicios. Era un echar sal sobre la herida. Ahora cada entidad tendrá que ver de dónde obtiene recursos -ya no de nosotros- a fin de que pueda seguir pagando el manjar que reciben sus empleados al amparo de convenciones colectivas.

Por supuesto, el gobierno se lava las manos -sanitariamente, creo yo- y deja que el asunto de cómo financiar tales privilegios sea resuelto por cada entidad y no ya por nosotros, los ciudadanos sujetos a esos monopolios. Eso sí -porque ya uno olfatea por dónde es que se van a ir esas entidades- que se tenga muy presente que tampoco es válido que nosotros los consumidores nos veamos obligados a futuro a resarcir cualquier pago derivado de esas convenciones.  Esto se daría si los entes involucrados acuden a endeudarse para pagar privilegios odiosos a ciertos trabajadores del sector público. De hacerlo así, luego, más tarde o más temprano, tendrá que repagarse el principal endeudado, así como una suma mayor por los intereses del caso.  De manera que, ¡a ponerse vivos en ARESEP y la Contraloría, por esa posible movida de sus regulados en daño de los consumidores! La regla debe ser que los servicios que brindan esas entidades sean al costo y no por los gastos totales de esas entidades, como luego pretenderá que sea así.

De hecho el gobierno ante la Sala Constitucional, al tratarse una apelación de RECOPE, dio su posición favorable a que, dentro de los presupuestos de las entidades públicas, se incorpore la parte correspondiente a las prebendas laborales a que me he referido y que no tienen nada que ver con la producción del bien o del servicio.  Por eso hay que estar ojo avizor si el gol ahora nos lo trataránn de meter por medio de la nueva autoridad recién nombrada para el puesto de regulador en la ARESEP.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 12 de abril de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: el regocijo de vivir de la plata de otros

Cuando uno ve limitados sus ingresos, lo que hace es buscar cómo ahorrar gastos.  En el caso de una empresa, si se caen las entradas, para no cerrarla tomará medidas de ahorro en lo que se gasta.  Pero, cuando no hay casi límite a lo que entra de plata, parece que la importancia de la economía en los gastos no importa.  Esto parece reflejarlo una información de La Nación del 19 de diciembre, titulada “Aumento salarial en UCR para 2016 triplica al del sector privado: Rector aprobó alza del 2% para primer semestre del 2016.”

Aquí hay varias cosas que es importante tenerlas presentes.  La primera de ellas es que la inflación durante el 2015, de acuerdo con las cifras del Instituto de Estadística y Censos (INEC), fue negativa; de un -0.81%. O sea, esto se refleja en un aumento mayor de los salarios reales que de los nominales.  Esto quiere decir que la petición usual de aumentar los salarios nominales para compensar la inflación, no tiene validez en este caso y más bien se da lo contrario.

La segunda es que, dado el gasto dispendioso del presupuesto de la República en la transferencia al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), parece que lo que abunda es la plata. Nada más veamos una secuencia de datos que muestra la enorme transferencia de recursos del estado -fondos de los ciudadanos- para las universidades públicas.  Tomo las cifras del 2014, 2015  y 2016.

Para el 2015, el estado transfirió a las universidades públicas mediante el presupuesto de la República la suma de ₡410.0 miles de millones de colones, resultado del incremento de un 14.2% el monto previo de ₡359.0 miles de millones de colones (esto es, aumentó en ₡51.0 miles de millones de colones). Si a la cifra del nuevo presupuesto se le quita la inflación acumulada del 2015, que fue de un 5.51%, nos da un crecimiento real del presupuesto destinado al FEES de un 9.1%. Se ha señalado que el monto que de esas cifras corresponde a la UCR, debido al número de estudiantes, tamaño, etcétera, es de un 57.79% del total, por lo cual a la UCR le habría correspondido en el 2015 un monto aproximado de ₡237 mil millones de colones.

Para el 2016, la transferencia del estado a las universidades públicas aumentó en ₡30.8 miles de millones de colones; esto es, elevó el presupuesto total por este rubro a ₡440.8 miles de millones; un aumento nominal del 7.51% con respecto al monto del año previo. Pero, como la inflación en el año decreció en un -0.81, el aumento real del presupuesto fue de un porcentaje mayor; aproximadamente de un 8.32%.  Ahora bien, de estas cifras, tal como indicáramos previamente, un 57.79% va a dar a la UCR, lo cual nos da que, para la UCR, el ingreso del FEES para el 2016 se elevó a ₡231.6 miles de millones de colones. En término reales el presupuesto real percibido fue mayor: de ₡233.5 miles de millones de colones.

Con esta abundancia de dinero y con una tasa de inflación negativa, el aumento nominal del 2% para el primer semestre del 2016 de los salarios a los empleados de la UCR, resulta ser muy jugoso en comparación al otorgado al sector privado. Éste, para un período similar, lo definió el Consejo Nacional de Salarios (básicamente el ajuste que determina la inflación), fue de un 0.67%. Es decir, el incremento a los empleado de la UCR es aproximadamente tres veces el de los empleados del sector privado.  

Por supuesto que algunos dirán que qué culpa tienen los empleados de la UCR de que se aumente tan poco a los privados. Pero la realidad de la economía es que la inflación decreció en el año 2015 y que en la empresa privada no existe la abundancia de recursos que suele tener la UCR, en donde las pérdidas que tendría una empresa privada en competencia no existen o son irrelevantes.

El queque estaba servido para el abuso: se tradujo en que el incremento real fuera mayor que el nominal del 2%, pues, en términos del poder adquisitivo, medido por el comportamiento del índice de precios al consumidor, el incremento real en este primer semestre del 2016 fue de un 2.8%.

Aún con esta comilona, el inmoderado sindicato de la UCR (SINDEU) había solicitado un alza del salario nominal de un 3.31% retroactivo a enero del 2010, calculado con base a enero del 2010, que se aproxima a un equivalente de un 4%. Además pidieron un 0.5% adicional para que se construyera un edificio al servicio del sindicato y otro 0.5% más para “la construcción de una clínica de Economía Solidaria, como impulso del apoyo de huelga”, indica La Nación. Con “gran sacrificio”, en mucho porque los empleados de la UCR son distintos a los de la empresa privada según alegaron autoridades universitarias, se terminó negociando un aumento adicional de un 1% en el segundo semestre de este año.  Por supuesto, no hay mejor almuerzo cuando abunda la plata y ésta no parece tener dueño.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 11 de abril de 2016

Tema Polémico: Un mismo problema dos soluciones distintas


La semana anterior La Nación informaba que la edad promedio de la flota vehicular del país es la avejentada cifra de 16 años. No es un secreto para nadie, que vehículos tan viejos generan mayores problemas a nivel social en cuanto a contaminación y seguridad, pero también por lo general también presentan dificultades para sus dueños respecto a su mantenimiento.

Esta noticia nos interesa particularmente no por su contenido en si, sino por su labor pedagógica. En este sentido, en ASOJDO creemos que a todo problema existen al menos dos posibles “metodologías” para la búsqueda de su solución. Por un lado, se puede pretender establecer mayores controles, restricciones y regulaciones, o en cambio encontrar respuestas que tengan por objetivo incrementar el ámbito de libertad y decisión de los ciudadanos.

Precisamente, en este tema se evidencia claramente las diferencias de ambos enfoques. En el primer supuesto el político y burócrata tradicional pensará que la solución es prohibir la importación de carros usados a partir de un determinado año de fabricación. Mientras que en el segundo abordaje la finalidad sería reducir la dificultad que tienen los costarricenses para adquirir un vehículo nuevo, ello a través de la eliminación de los impuestos a la importación, así como de la reducción de los costos de transacción (gastos, honorarios, timbres, etc para su registro).

Así, como en este caso, existen muchas otras más disyuntivas de políticas públicas, en donde este “método” puede ser empleado, debemos siempre en la medida de lo posible hacer nuestro mejor esfuerzo para encontrar soluciones que propicien la libertad y autonomía de los individuos, y nunca su mutilación.

martes, 5 de abril de 2016

La columna de Carlos Federico Smith: informalidad y cargas sociales

El estudio que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recién realizó de Costa Rica, sacó a la luz un tema que considero es de los más relevantes de nuestra economía: la denominada informalidad o subterraneidad. De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de noviembre del 2105, titulado Encuesta Continua de Empleo: El Empleo Informal en Costa Rica, este “alcanzó al 45% de la población ocupada en el cuarto trimestre del 2014, sin embargo, este valor ha oscilado entre el 36% y 45% del tercer trimestre del 2010 al cuarto trimestre del 2014, con una tendencia de aumento paulatino a partir del primer trimestre del 2012.” (P. 14). Es decir, a partir de tales datos acerca del empleo, existe en nuestra economía un importante sector laboral que labora en condiciones de informalidad (a veces llamado economía subterránea, aunque esto último puede interpretarse como que algo se oculta, lo cual no es enteramente exacto), además de que en los últimos años la informalidad ha mostrado un crecimiento constante.

En nuestra economía se presenta en las más diversas actividades.  Por ejemplo, en el sector vivienda, hay importantes aglomeraciones de tugurios en tierras invadidas.  Asimismo, en el sector comercio es frecuente observar las denominadas ventas ambulantes en las principales calles de la ciudad, además de ventas en vehículos estacionados en calles de zonas suburbanas de viviendas. También hay una industria informal, no sólo usualmente en productos de artesanía, sino también de confección y ropa, entre otros.  En el sector transporte es harto conocido el caso de los piratas ilegales. Y en el sector de los servicios abunda la informalidad en talleres mecánicos, reparación de techos, arreglos de cañerías, limpieza de zacate y similares, así como de servicios de alimentación, no solo en las calles, sino incluso en sitios concretos. Toda la economía está llena de actividades en el marco de la informalidad.

En esencia la informalidad surge por la ineficiencia de las llamadas leyes -mejor dicho la legislación- que se traducen en costos de la legalidad: acatarlas tiene un costo.  Entre estos hay un costo debido a la cantidad de tiempo que se debe dedicar para que una actividad logre ser formalizada, así como también en obtener la información necesaria que permita cumplir con la legislación y claramente a causa de los diversos pagos que se tienen que hacer dentro de ese marco de formalidad. La lógica es que, si el costo de cumplir con la formalidad es mayor que el beneficio que la persona obtiene de estar en ella, optará por escoger la opción de la informalidad.

Veamos algunos de esos costos típicos de la formalidad que se tiene para ciertas actividades. Por ejemplo, en la construcción suelen existir costos de visados de planos, permisos para construir, la exigencia de que se construya bajo supervisión profesional (usualmente de colegios de ingenieros). Son muchos los trámites requeridos para poder abrir un negocio que sea “legal”, desde cumplir con requisitos legales de llevar libros de contabilidad, a tener un representante legal, hasta cumplir con una serie de requisitos físicos, desde la ubicación hasta el tipo de instalaciones, sin olvidar la obtención de patentes, que son autorizaciones estatales a veces muy onerosas. En el caso del transporte, está la imposibilidad de adquirir una placa de taxi (excepto si se la compra a un tenedor de ella que está dispuesto a venderla a un costo elevadísimo), todo lo cual estimula que el servicio de taxi sea pirata; esto es, fuera de la legalidad. Sin agotar la lista, también es importante el pago de impuestos que sobre las utilidades tienen que hacer las empresas formales, así como el pago de cargas sociales, que no son más que un impuesto al factor trabajo, una parte pagada por el patrono y otra por el trabajador, y termino citando los costos de servicios públicos que en diversas ocasiones son ilegalmente evadidos o bien no cubiertos del todo (por ejemplo, recolección de basura o de alumbrado público).  

La Nación expone la posición de la OECD respecto a la informalidad en su edición del 22 de febrero, en el artículo titulado “OCDE asocia alta informalidad con elevadas cargas sociales: Fuertes contribuciones son principal obstáculo para la formalización, dice estudio sobre Costa Rica.” En él se señala, proveniente la información del último Informe del Estado de la Nación, que “por cada empresa formal, hay 1.4 semi-formales (que pagan patente, pero no cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social” y agrega “estos trabajadores (informales) generalmente no tienen seguro pagado por el empleador o su empresa no está registrada.” Sin duda que son trabajadores que no dispondrán de pensión a la hora de su retiro (excepto que logren lo que se llama pensión contributiva -usualmente baja- que da la Caja, lo cual expresa el obvio riesgo moral existente), además de no tener garantías laborales establecidas en la legislación pertinente.

De acuerdo con la OECD, los aportes en Costa Rica al sistema de seguridad social (CCSS) se dividen en un 26% de los salarios, que es aportado por los empleadores, y un  16%, por los trabajadores. El primer aporte está por encima del promedio de aquel de empleadores de los países miembros de la OECD, que es de alrededor de un 17%, mientras que el segundo -el aporte de los trabajadores- es casi igual que el promedio de los países miembros de la OECD, aproximadamente de un 10%. O sea, en total el aporte de contribuciones del país al seguro social es de un 36%, en tanto que el promedio de los países de la OECD es de aproximadamente un 27%.  El impuesto sobre el trabajo destinado a la seguridad social es mayor en nuestro país, que el promedio de las naciones de la OECD.

Aparte de que lo expuesto da lugar a una distorsión cual es que en un país, en donde es relativamente escaso el capital, se tiende a gravar el trabajo, que es el factor relativamente abundante, estimulando con ello un uso más intensivo del capital, en vez de la mano de obra, sino que también ocasiona que muchos negocios se vean impulsados a sumirse en la informalidad a fin de evitar tales cargas sociales. Sé que este puede no ser el factor único que impulse tal sistema de producción, pero creo, al igual que lo hace la OECD, que es un elemento importante para incentivar la informalidad.

Refiriéndose a un estudio realizado por el Instituto Libertad y Democracia del Perú, el jurista Enrique Ghersi, en su ensayo El Costo de la Legalidad, publicado por el Centro de Estudios Públicos de Chile, N. 30, 1988, expresa que los costos de permanecer en la formalidad, para una muestra de 50 pequeñas empresas industriales, “representan el 347.7% de sus utilidades después de impuestos y el 11.3% de sus costos de producción.” El 21.7% de los costos de permanencia “son tributarios; el 72.7% son laborales y burocráticos y el 5.6% restante, costos por uso de servicios públicos.”  Los costos tributario son menos importantes para definir su informalidad y “más bien los costos de origen laboral y burocrático (son) los que tienen incidencia definitiva en la legalidad de las actividades económicas.”(P. 96). No hay duda de que la informalidad en cada nación difiere en lo específico de la de otros países, pero aquí hay una pista clara de que en nuestro país, tal como lo da a entender la OECD, las altas cargas sociales podrían constituir un estímulo importante para incentivar que las empresas se suman en la informalidad.

La OECD sugiere, “además de reducir los costos laborales no salariales,”… “simplificar las políticas del mercado laboral, mejorar la capacitación y la educación, fortalecer el cumplimiento y adaptar los trámites de registro a las necesidades de pequeños y medianos productores", pero creo que, si no se llega directamente a reducir los altos costos impuestos por cargas sociales que hoy se cobran sobre el factor trabajo, continuará el incentivo hacia la informalidad. Es verdad que éste puede no ser el único factor que inclina hacia la informalidad, pero no parece haber duda de su significancia.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 4 de abril de 2016

Tema polémico: la hipocresía de las redes sociales

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un espacio donde miles de personas intercambian fotografías, experiencias, datos, actividades e ideas sobre infinidad de temas, sucesos o eventos. Pero sobre todo, emiten opiniones, unas con sentido, otras sin ninguno, a veces dando la cara y otras tantas ocultándose en el anonimato.

Es usual que ahora, ciertas cosas se vuelvan virales, es decir, reproducidas y comentadas por gran cantidad de personas. En algunas ocasiones, sin tomar en consideración la veracidad o no de las acusaciones, miles despotrican desde sus cuentas, lo cual puede representar un problema. Para ilustrar nuestro punto, queremos exponer un par de situaciones acontecidas en los últimos días.

Hace poco surgieron publicaciones en Facebook de una persona que, presuntamente, acosaba sexualmente menores de edad en esa red. Inmediatamente todos comenzaron a comentar y a difundir el rostro del acusado. Nadie se preguntó si era cierto y, de no serlo, cómo afectaría a la persona. Hoy día no sabemos quién es y si se realizó alguna investigación policial en su contra ni las consecuencias de esta; también ignoramos si el movimiento en redes sirvió para denunciar a un abusador o destruir el honor de un inocente. Lo único de lo que estamos seguros es que esta actitud que han tomado algunas personas tiene muchos riesgos: lo ideal sería que, en lugar de publicar a la persona en redes sociales, se denunciara ante las instancias correspondientes para que ellas realicen las pesquisas correspondientes y así salvaguardar el equilibrio que debe haber entre la denuncia de un delito y el principio de inocencia del denunciado.

Después, surgió el "escándalo" de una supuesta burla por parte del Viceministro de Justicia, Marco Feoli, contra la presentadora de televisión Inés Sánchez de Revuelta sobre su edad. Inmediatamente los medios periodísticos -ayunos de noticias y de verdaderos investigadores en sus oficinas- comenzaron el linchamiento público del funcionario, criticándolo por el bullying y la falta de respeto hacia la comunicadora. Luego se le unieron miles de usuarios con comentarios de desaprobación, exigiendo la cruxifición del Viceministro, a propósito de la Semana Santa, cuando se dio la publicación. No defendemos el ataque a doña Inés ni al Viceministro; tampoco negamos que mofarse de otros sea malo, pero seamos honestos: ¿quién no se ha divertido y compartido memes relacionados con la edad de doña Inés o con otros tantos memes de burla? Nos atravemos a decir que casi todos lo han hecho, pero lapidamos al responsable solo porque es un "político", un funcionario de Gobierno. ¿O es que acaso hemos tenido la misma furibunda reacción cuando quien comparte un meme es nuestra pareja, nuestro hermano (a), nuestro amigo (a)?

El problema es que somos una sociedad muy hipócrita. Prendemos la hoguera para sacrificar a alguien cuando nosotros mismos cometemos la falta; lanzamos acusaciones y despedazamos honras cuando no es la nuestra. Es muy fácil lanzar ataques contra otros cuando estamos detrás de una pantalla, cuando nos escudamos en el anonimato para evitar enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Pero peor aún, nos dejamos llevar por las pasiones a la hora de opinar sin pensar que, en algún momento, estaremos del otro lado de la acera y que, quizá, las vueltas de la vida nos lleven a ser los indiciados en la hoguera pública.

A veces, quienes lanzan diatribas no son ética, moral, profesional o intelectualmente mejores que aquellos a quienes cuestionan. Cometen, sin darse cuenta, las mismas faltas o hasta más que los que atacan, pero prefieren omitirlo por una sensación de comodidad temporal.  Como dicen por ahí, vemos la paja en el ojo ajeno, obviando la viga en el nuestro.

Reconocemos que las redes sociales juegan un papel fundamental en la transmisión de información y en la transparentización de la vida pública. Eso está muy bien. Lo que criticamos es que cada vez son más las personas que utilizan este poder de forma irresponsable, pudiendo causar daños irreparables y afectando las libertades y derechos de las personas. 

Un gran poder implica una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad es exigible a los usuarios de redes sociales, para que la apliquen cada vez que quieren publicar un comentario. Que denuncien situaciones cuando algo está mal es algo maravilloso, pero deben hacerlo de forma consencuente, no solo asegurándose que aquello que reproducen es cierto -o tienen forma de probarlo- sino también actuando con rectitud y honestidad para tener la autoridad moral a la hora de cuestionar.  

Así que la próxima vez que vaya a comentar o compartir una publicación que ataca o cuestiona a alguien, piénselo dos veces: si está seguro y libre del pecado que denuncia, hágalo. De lo contrario, no sea hipócrita.