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lunes, 5 de octubre de 2015

Tema Polémico: Control de Armas

La semana pasada volvió a ocurrir un nuevo incidente en los Estados Unidos específicamente en el estado de Oregon en el cual un joven armado mata a varias personas de manera sorpresiva. Sin duda alguna este hecho es lamentable y más lamentable aun es la ruda realidad de que este tipo de incidentes ya se han vuelto comunes en los Estados Unidos. No hay duda de que algo no anda bien con la sociedad estadounidense y es preocupante.

Ahora bien, como pasa luego de cada uno de estos incidentes, ha salido una gran cantidad de personas en los medios a decir que el problema con Estados Unidos es la falta de regulación y prohibición en el uso de armas por parte del gobierno. Algunos inclusive se dejan decir que el uso de armas de fuego debería ser exclusivo para funcionarios públicos a cargo de la seguridad civil ¿Solucionaría esto el problema? Estamos seguros que no.

En Estados Unidos hay sin duda un problema de violencia cultural y eso es imposible de ocultar. Es un problema que a la sociedad civil debería de preocuparle mucho y sobre el cual se deben plantear soluciones. Sin embargo, echarle la culpa a las armas y a la tenencia de armas es absurdo. La persona violenta no es violenta porque tenga armas, la persona violenta tiene armas porque es una persona violenta. Es ridículo tratar de solucionar el problema por medio de prohibición a tener armas, es claro que ahí no radica la cura.

Basta con tan solo observar otros escenarios adonde se ha aplicado la prohibición y la regulación excesiva para darse cuenta de lo absurdo de esas ideas. La prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en la primera mitad del siglo pasado en EEUU o la prohibición del consumo de drogas actualmente. Esta más que demostrado que este tipo de medidas para lo único que sirven es para incentivar el mercado negro y hacer de mucho dinero a grupos pequeños de personas. Y es que el principio radica en algo muy sencillo: el que quiere consumir drogas lo hace y crea un mercado haya o no prohibición, el que quiere consumir alcohol lo hace y crea un mercado haya o no prohibición, y el que quiera comprar armas y salir a matar a cientos de personas en un centro comercial lo hace sin pedirle permiso a nadie y crea un mercado para armas haya o no prohibición de venta armas. Es prohibido matar a ciudadanos en una escuela y no vemos que eso haya impedido a un loco entrar a una escuela y matar a sangre fría, ¿por qué deberíamos pensar que al prohibir la tenencia de armas ese loco va a decidir no violentar la ley? ¿Suena absurdo verdad? Y aun así la gente sigue creyendo que prohibir el uso de armas de fuego es la solución.

El Estado no tiene ninguna justificación para andar gastando recursos limitando o prohibiendo actividades comerciales. Debería más bien utilizar esos recursos para garantizar la seguridad ciudadana con policía eficiente y efectiva. Estamos seguros que un incentivo importante para adquirir armas de fuego es porque las personas no se sienten seguras con el sistema policial y, por tanto, deciden adquirir un seguro adicional por medio del arma de fuego. El hecho de que mucha gente tenga armas de fuego debería, más bien, ser un indicador para la fuerza pública de que debe mejorar el trabajo que ha visto haciendo.

No le quitemos el derecho a los ciudadanos que si respetamos la ley de defendernos que aquellos delincuentes que no tienen ningún interés por preservar vidas humanas. La prohibición de tenencia de armas podría limitar al ciudadano correcto a comprar el arma, pero el delincuente no le pide permiso a nadie antes de comprar un arma de fuego. 

miércoles, 26 de junio de 2013

Desde la tribuna: el trasfondo de un proyecto

En la corriente legislativa se halla un proyecto de ley (expediente número 18050) denominado “Reforma General de la Ley de Armas y Explosivos Nº 7530 y adición a leyes conexas).  El proyecto oficialista (presentado por el Poder ejecutivo e impulsado por encima de otros que llegaron antes) pretende una excesiva regulación del tema de las armas legales y de la situación jurídica de los  poseedores y dueños legítimos de armas permitidas.

Es uno de esos proyectos utópicos, redactados para quedar bien con públicos que no están en el país ni tienen nada que ver con nuestra realidad.  Pero allí no está el problema principal, con todo y que lo apuntado es muy grave.

El asunto esencial es la arrogancia y soberbia con la que unos cuantos se animan a cercenar derechos, arbitrar la vida social, arrebatar a la sociedad cuestiones elementales y, cual demiurgos, disponer acerca de la vida de los demás.

Tras la utópica pretensión de desarmar y cercenar derechos a la población, se localiza la inaceptable concepción del Estado como un omnisapiente y todopoderoso señor que todo  lo hace bien, que tiene la posibilidad de disponer acerca de la vida de todos y cuyos funcionarios son infalibles iluminados que saben lo que hay que hacer en todos los casos.

A final de cuentas no se trata sino de pasajeros depositarios de competencias públicas que, tras no ser eficientes en lo que hacen (pues la seguridad ciudadana es un desastre), se empeñan en jugar un partido para un público diferente, sin detenerse a pensar en los perniciosos efectos sociales de mal actuar y en la creencia de que los ciudadanos son simples súbditos, incapaces de regir su vida y administrar sus cosas. 

Por eso, de la manera más impropia e irracional, se propone una reforma general de la legislación de armas sin aportar, en su exposición de motivos, ningún motivo válido, ninguna argumentación apropiada, ningún apunte de defectos por superar en la legislación vigente ni razonamiento conveniente.  La exposición de motivos es una colección de frases ilusas, que evidencian una serie de deseos apartados de la realidad cotidiana.  No obstante, sí es clara para evidenciar el estatismo y la soberbia de quienes transitoriamente se encuentran en la gestión pública.

Lo primero que se muestra es la imposición de la voluntad del gobernante para convertir el derecho de usar, portar o tener armas en una especie de concesión o privilegio, de manera que los ciudadanos pierden derecho y el administrador público se coloca encima de todos.

Asimismo, el proyecto, su motivación y sus normas traslucen una serie de discrecionalidades administrativas (por ejemplo, denegar un permiso aunque cumpla con todos los requisitos) y potestades reglamentarias que dejan al ciudadano al amparo de la voluntad administrativa.  Ello es un apartamiento conceptual del principio de legalidad que debería regir las relaciones entre la Administración y los ciudadanos.

El tema de las armas de juguete es de antología.  El proyecto tiene especial aversión por estas armas.  Se justifica en que ha habido asaltos y otros delitos cometidos con armas de juguete y, por ello, impide su fabricación en el país, su importación, interviene a la familia y a los padres de familia y prácticamente quiere proscribir este tipo de juguetes.  

En los mayúsculos deseos de cercenar derechos, el proyecto propone prohibir el ensamblaje de armas en el país (o sea, arma desarmada no se puede volver a armar), la fabricación de armas y “componentes” (de hecho, el redactor no tiene la menor idea de lo que pone en el papel) y, además, de municiones.  

Un hermano mayor, un padre todopoderoso, un Estado que despoja y cercena, porque solo él sabe, solo él puede y solo sus funcionarios están capacitados.

Tras la utopía de desarmar a los buenos (no a los malos, que usan armas prohibidas y que no se inscriben), tras la burrada de afectar seriamente la seguridad de los ciudadanos y los derechos de quienes coleccionan armas o las usan deportivamente, lo que en realidad surge es un estatismo ilimitado, irresponsable, absolutamente arrogante y soberbio, que pretende cercenar derechos y erigirse como el gran sabio de toda la sociedad.

Federico Malavassi Calvo


lunes, 14 de enero de 2013

Tema polémico: control de armas


Desafortunadamente este año que termina, ha estado lleno de matanzas y tiroteos perpetrados por una serie de locos y perversos. Por supuesto, que después de la tragedia los distintos actores sociales se preguntan el por qué de los hechos, así como posibles soluciones. Sin duda, en el apartado de las soluciones una de las primeras opciones es el tema de control de armas, al cual el día de hoy dedicaremos nuestro tema polémico.

Partimos del hecho que en estos temas pueden darse dos tipos de regulaciones. La primera de ellas se refiere al acceso de las armas. En este sentido, partimos del hecho que el derecho a comprar un arma (consecuencia del derecho a la propiedad y legítima defensa), conlleva aparejado como todo derecho una responsabilidad. Así, se puede afirmar que todas aquellas restricciones referentes a al aptitud física, psicológica, destrezas en el manejo de las armas, históricas (antecedentes penales), resultan absolutamente legítimas, razonables y proporcionales. Es decir, quien compra un arma debe demostrar que se encuentra totalmente capacitado para tenerla y portarla, lo que nos lleva al segundo tipo de regulación.

Respecto al segundo tipo nos referimos a aquellas regulaciones que pretenden restringir la portación de armas en determinados centros públicos. Sin duda, entendemos la intención detrás de esta limitación, pero consideramos que la misma no resulta idónea para el fin que persigue: esto en razón de que una regulación de este tipo no detendrá a los delincuentes, ya que estos introducirán las armas de forma clandestina, con la ventaja de que sus “blancos” se encontrarán totalmente desarmados. Así las cosas, resulta mucho más riesgoso para uno de estos dementes tratar de llevar a cabo alguna de sus perversiones en un ambiente rodeado de armas que libre de estas.

Como se puede ver, la regulación del tema de armas es todo un arte. En donde deben balancearse dos objetivos sumamente deseables: a) que personas no idóneas tengan acceso a ellas, y b) que la ciudadanía no quede desarmada e indefensa frente a los múltiples agresores que se encuentran en la calle. Encontrar este balance es una tarea ardua que  requiere de una postura crítica, y no de posturas políticamente correctas.

miércoles, 18 de junio de 2008

¿Control de armas? ¿No será mejor controlar a los criminales?


El gobernador de Pensilvania, Ed Rendell, y el alcalde de Filadelfia, Michael Nutter, han exigido en un escrito que vuelva a prohibirse, a escala federal, la tenencia de armas de asalto. "La aprobación de dicha ley contribuirá en gran medida a proteger a aquellos que ponen todos los días sus vidas en peligro para salvaguardar las nuestras (...) No hay excusa para no hacerlo", dice la misiva que han remitido a los miembros de la delegación estatal en el Congreso.

El control de armas no nos va a proteger de los asesinos. Lo que necesitamos es protegernos del sistema penal que han ideado los políticos.

Según ha relatado el ex policía de Filadelfia Michael P. Tremoglie ("Who freed the cop-killers?") ¿Quién libera a los asesinos de policías?], Philadelphia Daily News, 8-V-2008), los tres sospechosos del asesinato de Liczbinski tenían historiales penales formidables. Si no hubieran sido puestos en libertad mucho antes de lo estipulado en sus condenas, el agente Liczbinski seguiría vivo. Así que, ¿quién es el responsable de su muerte, las armas o el sistema que permitió a estos delincuentes abandonar sus celdas antes de tiempo? En su artículo, Tremoglie habla de otros casos de policías asesinados por presos en libertad condicional.

Según un estudio publicado por el New York Times en abril de 2006, el 90% de los 1.662 asesinatos registrados en la ciudad de los rascacielos durante el período 2003-2005 fueron cometidos por delincuentes con antecedentes penales. De acuerdo con otra investigación, los homicidas que comparecen ante los tribunales de Massachusetts ya se las han visto con la justicia en otras nueve ocasiones. En su libro More Guns, Less Crime (Más armas, menos crímenes), John Lott informaba de que, en los 75 condados más populosos del país, más del 89% de los asesinos mayores de edad tenían antecedentes por delitos cometidos una vez alcanzada la mayoría de edad.

Poco después del asesinato de Liczbinski, el gobernador Rendell declaró, en una conferencia de prensa a la que asistieron funcionarios electos y altos mandos policiales: "Ha llegado el momento de que los políticos decidan. Han de decidir si están del lado de los agentes de policía o del lobby de las armas". La segunda parte de la disyuntiva debería ser otra; ésta: "O de parte de los criminales y de los tribunales, de los fiscales y de los servicios de vigilancia penitenciaria, que llegan a acuerdos con los criminales y los sueltan para que se ceben con los oficiales de policía y los ciudadanos que respetan la ley".

Si hay una función básica del Estado, ésa es la de proteger a los ciudadanos de los criminales. Cuando el fracaso del Gobierno llega hasta el punto de que caen aquellos que están encargados de proteger la vida de los demás, los funcionarios se dedican a buscar cabezas de turco; sus preferidas suelen ser la Asociación Nacional del Rifle y otras organizaciones que luchan por conservar nuestro derecho a tener y portar armas, recogido en la Segunda Enmienda.

Se suceden los llamamientos a un más estricto control de armas, pero lo que se necesita verdadera y perentoriamente es un mayor control sobre los criminales.

Hay muchas leyes relacionadas con la responsabilidad civil subsidiaria. Pues bien, creo que habría que aplicarlas también a los encargados de conceder las libertades condicionales cuando los presos que han puesto en la calle cometen delitos violentos. Hoy en día no pagan precio alguno por ello. Me apuesto lo que sea a que si hubieran de afrontar las consecuencias, prestarían más atención al bien de la comunidad que al de los criminales.

Walter Williams