La columna de Carlos Federico Smith: camino a la dependencia

En una reunión celebrada hace pocos días, el representante de los 18 diputados electos por el partido Liberación Nacional, don Juan Luis Jiménez Succar, le solicitó al presidente electo, don Luis Guillermo Solís, que impulsara el proyecto que aquel partido propuso en la reciente campaña electoral. La propuesta, sonoramente denominada “Costa Rica Solidaria”, considerado por el candidato de entonces, Johnny Araya, como su “proyecto estrella” para eliminar la pobreza extrema, pretende que se le otorgue a cada miembro de las familias que está en tal situación, la suma de ₡20.000 al mes, con el cual podría pagar las tres comidas diarias.

En aquel momento se indicó que el costo estimado del programa ascendería a, aproximadamente, unos $325 millones durante el período 2014-2017 y los recursos provendrían de Asignaciones Familiares y del IMAS, ambas instituciones establecidas desde mucho años atrás con el fin, explícito o supuesto, de eliminar la pobreza extrema en el país.

Prudentemente -lo cual cuál me agrado mucho pues es una buena muestra de inteligencia y habilidad política- el presidente electo respondió que lo estudiaría “con detenimiento”, lo cual es una respuesta responsable ante una propuesta que, por una parte, no parece tener sentido, en tanto que, por la otra, más bien podría llevar a que aumente más el gasto gubernamental y, sobre todo, que muy posiblemente no resuelve el problema de la pobreza extrema y que más bien la podría aumentar.

He señalado, como primer punto para objetar el proyecto del partido Liberación Nacional, que no parecía tener mucho sentido, específicamente porque los recursos que se han dicho serían necesarios durante los primeros cuatro años de operación, ascenderían a $325 millones, serían tomados de recursos hoy existentes tanto en Asignaciones Familiares como en el IMAS. Asignaciones Familiares fue una entidad creada para brindar ayuda a las familias de menores ingresos. Tristemente sufrió un mal manejo financiero en un pasado muy lejano para los perpetradores, pero relativamente reciente para ciudadanos indignados con el abuso, y que nunca fue debidamente responsabilizado. Lo lamentable es que, con el paso del tiempo, se ha demostrado su fracaso en cumplir con dicha función, como para que ahora se considere necesaria la existencia de un programa nuevo (Costa Rica Solidaria) para lograr ese mismo objetivo.

Algo similar es lo que sucede con el empleo de recursos de que hoy dispone el IMAS, para que sean usados en financiar al nuevo proyecto “social” propuesto por Liberación Nacional,  y que ahora quiere que el nuevo gobierno lo impulse. Debe recordarse que el IMAS fue creado a principios de la década de los setentas por el ex presidente José Figueres Ferrer, con el fin exclusivo de extirpar, en un lapso de cuatro años de gobierno, la miseria extrema en el país. Más o menos ocho años después, en la administración Carazo, al IMAS se le otorgó vida eterna (legalmente hablando) pues en ese tiempo no se había podido eliminar la miseria extrema en el país. 

Ahora se pretende crear una nueva institución gubernamental para que venga a hacer lo que esas otras dos instituciones (el IMAS y Asignaciones Familiares) no pudieron lograr; eso sí, se toman los fondos de esos dos entes. O sea, se trata de crear una nueva entidad, a partir de dos cascarones, los cuales ni siquiera son extinguidos y sus funciones concentradas en un nuevo ente. Por ello, no creo que la idea tenga mucho sentido, pues ya se tiene una larga experiencia de fracasos en el logro de su fin esencial, cual fue terminar con la pobreza extrema en el país, mediante la acción gubernamental.

Eso me conduce a mi segunda objeción a la idea propuesta por el partido Liberación Nacional al nuevo gobierno de don Luis Guillermo Solís. Esta es que “más bien podría llevar a que aumente más el gasto gubernamental”. Es casi de sentido común y sobre todo de experiencia práctica, que, al crearse una nueva entidad dedicada a eliminar la miseria extrema, al tiempo que no se eliminan las dos entidades previamente existentes para lograr ese objetivo, se termine por usar más recursos que los empleados en la actualidad. A los gastos de los dos entes viejos, hay que agregar los gastos para mantener al nuevo. El efecto neto es que se gastaría, hipotéticamente, la misma cantidad que antes ($325 millones en cuatro años), pero los gastos estatales aumentarían por el financiamiento de la nueva burocracia encargada de la administración de la lucha contra la pobreza extrema. Así, quedarían disponibles menos recursos reales para ser gastados por el estado costarricense, tanto en sus proyectos como particularmente para la eliminación de la pobreza. 

El argumento final –y de más peso, creo yo- es que el nuevo proyecto no va a reducir la pobreza extrema y posiblemente más bien la aumente. La razón de ello tiene que ver con la naturaleza de los incentivos. Se supone que el proyecto daría dinero en efectivo (₡20.000 mensuales) para cubrir las tres comidas diarias de cada persona que esté dentro de los considerados como de pobreza extrema en Costa Rica (aproximadamente unas 350.000 personas). El incentivo no es para estimular que las personas se alejen de ese grupo de pobreza extrema, pues si dejan de ser parte de él, perderían el subsidio. Por otra parte, la propuesta hace que quienes apenas estén por encima de la pobreza extrema, reciban el subsidio tan sólo si disminuye en algo su ingreso (o riqueza) o bien si lo oculta para aparentar que está dentro del primer grupo. En resumen, los incentivos del proyecto están dados para que las personas se queden dentro del grupo beneficiado por el programa o bien para que a dicho grupo se incorporen nuevas personas que anteriormente estaban por encima de los ingresos que los calificaban de pobreza extrema. No hay un incentivo para que la persona, una vez que recibe el subsidio, lo deje si no es que tiene la oportunidad de ganar más que el monto que se le da por su condición.

También hay otro incentivo de ese proyecto que se debe tomar en cuenta. A los extranjeros se les hará aún mucho más atractivo venirse a vivir a Costa Rica, pues aumentan sus posibilidades de obtener un ingreso mayor en el país, comparado con aquél de donde vienen. Además de que, si bien esos ₡20.000 parecen ser de poca monta, eso se viene a agregar a la posibilidad de tener en Costa Rica educación y salud gratuitas, además de poder obtener lotes en donde construir o fondos para adquirir o construir una vivienda, además de tener acceso a otros programas de ayuda actualmente existentes en FODESAF o en el IMAS. En síntesis, aumentan las posibilidades de que el migrante pueda obtener un ingreso garantizado.  Eso es lo que hacen los incentivos, cuando estos son errados para resolver un problema, como es este caso de la pobreza extrema en el país.

El proyecto de mayor viabilidad para resolver la pobreza extrema radica en lograr el mayor crecimiento posible de nuestra producción, en especial porque la falta de empleo en nuestro país está altamente ligada con la pobreza extrema en los hogares. Asimismo, el de brindar la posibilidad de que los ciudadanos tengan la oportunidad para educarse y gozar de una buena salud que les permita laborar (y estudiar). De aquí que, en mi opinión, hace bien don Luis Guillermo de decir diplomáticamente que estudiará la propuesta poco eficiente que le ha hecho el partido Liberación Nacional, para contribuir a resolver la pobreza extrema del país. Es importante destacar que esa proposición de la entrante fracción legislativa liberacionista constituye un sinsentido, que más bien estimulará un gasto gubernamental mayor y, sobretodo, que no contribuye a resolver competentemente el lamentable problema de la pobreza extrema en nuestro país. Lo único que asegurará es que esos ciudadanos, además de sufrir esa miseria intensa, se conviertan en dependientes del estado; unos modernos siervos que deberán someterse a la todopoderosa y bienhechora voluntad de políticos incrustados en el gobierno; es un camino que lleva a la sumisión de hombres libres, quienes sólo aspiran a dejar de ser sumamente pobres.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: redistribución de la riqueza, mal de muchos y consuelo de tontos

No podemos dejar de insistir en el tema tratado la semana anterior, pues la famosa frase "serán impuestos que no pagarán ustedes sino que pagarán los que más tienen para dárselos a ustedes" graznada por la Presidente aun nos tiene atónitos. El día de hoy nos dedicaremos a tratar de explicar, desde distintos puntos de vista, cuáles son los errores de fondo de esa frase, que de pensamiento no tiene nada, pero de slogan tiene mucho. Empecemos:

ETICO- CULTURAL:
Lo primero que debemos aclarar es que en ASOJOD partimos de que los seres humanos son dueños de sí mismos. No pertenecen ni a Dios, ni al Estado, ni a la Sociedad, ni al Gobierno, ni al partido político ni a nadie más que a ellos mismos. De lo que se deriva que aquello que produce el hombre con su propiedad (mente-cuerpo) también le pertenece y cualquier intento de arrebatarle por la fuerza los frutos de su esfuerzo no es más que un robo.

Así las cosas, cuando se permite el robo institucionalizado -impuestos- dejamos de ser sociedad y civilización, esto es, división del trabajo especialización e intercambio, para convertirnos en una organización mafiosa. Precisamente, el segundo punto de donde partimos, es que cada individuo es un fin en si mismo, es el máximo valor, es un absoluto que debe ser respetado totalmente, siendo que no puede ser instrumentalizado para satisfacer las necesidades, deseos o caprichos de otros. Este es el verdadero humanismo, no aquel que pregonan algunos mal llamados progres. Humanismo que consiste en que las personas deben tratarse unas a otras a través de la cooperación (intercambio) y no por medio de la violencia (lucha de clases). Rand lo resumió muy bien al decir: “Sangre, látigos, cañones o dólares. Elegir... No existe otra opción y el tiempo apremia” En este sentido, sólo existen dos modos de tratarnos unos a los otro: la ética (voluntad, persuación e intercambio) o la antiética (robo, fuerza, violencia y amenaza).

Por último, el aspecto cultural se refiere a lo que Ortega y Gasset analizara en su Rebelión de las Masas. Precisamente, con este tipo de políticas públicas, los ciudadanos empiezan a olvidar que la civilización no se crea del aire y que este tipo de políticas destruyen los cimientos mismos que permiten la generación de la riqueza y el progreso. Es más, cada día que pasa se forman nuevas generaciones parasitarias, que sólo demandan derechos y prebendas, que lo único que desean es poner la mano y que el Estado (o sea los otros) les resuelva sus vidas y pague por sus facturas. Evidentemente, este proceder acaba con el tejido social, alimenta la pereza, la dependencia y la envidia, mientras que socava el emprendimiento, el honor y la responsabilidad.

ECONÓMICOS:
Este punto es muy simple: el dinero que toman por la fuerza los políticos para, supuestamente dárselos a otros más necesitados, deja de ser ahorrado e invertido. Son estas dos actividades las únicas que verdaderamente pueden mejorar de forma sostenida las condiciones de vida de los más necesitados y no la mera demagogia y las soluciones simplistas de nuestros mandatarios. Se necesita ahorrar para que haya inversión, en el momento en que se invierte se demanda más mano de obra, al demandar más mano de obra los salarios aumentan. De igual forma, con la inversión se obtienen mejores formas de producción, lo que permite que los consumidores puedan acceder a mejores precios, con lo que cada vez su dinero les rinde más (siempre y cuando el Estado no haga que el mismo desaparezca a través de la inflación). Esta es la única receta para el desarrollo, el resto es cuento chino.

Además, debemos recordar lo que ya decía el fallecido Milton Friedman, en el sentido de que existen 4 tipos de gastos, donde el más efectivo es aquel en donde una persona gasta su dinero en sí misma, esto por dos razones sencillas: la primera es que al ser su dinero tiene mayores incentivos para cuidarlo y darle un buen uso, y que al gastarlo en sí mismo sabe precisamente cuales son sus necesidades y preferencias. Mientras que la peor forma de gasto, es que alguien gaste el dinero de otro en una persona distinta a sí mismo, esto por las mismas razones expuestas anteriormente sólo que a la inversa. ¿Adivinen dentro de cual tipo se encuentra la resditribución?

Por supuesto, que el argumento de la Presidente es todavía más fácil de desvirtuar cuando agregamos circunstancias “reales”, como lo son: la corrupción, los grupos de presión, la búsqueda de rentas, la inoperancia burocrática, la mala administración y ejecución de políticas públicas, etc. Así que, guanacastecos, eso de quitarle a unos para dárle a ustedes no es tan cierto: los intermediarios siempre se dejan buena parte de los recursos. Y conociendo al Estado costarricense, si acaso les dejará las migajas.
CONCEPTUAL:

Para no pecar de extensos, y además por ser este un mero blog, no nos adentraremos en este punto sino que sólo los dejaremos señalado para que los lectores interesados puedan profundizar en ellos de así desearlo.

Lo primero que se debe apuntar es que, como bien señala Hayek, en “El Atavismo de la Justicia Social”, los procesos de orden espontáneo, como lo son la asignación de recursos dentro de un mercado, no pueden ser considerados justos o injustos, ya que los mismos no son diseñados o decididos por nadie. Pretender dotarlos de dichos calificativos es un mero antropoformismo ingenuo, que carece de tanto sentido como afirmar que un temblor fue bueno o malo.

Lo segundo que se debe recalcar, es que con la teoría del valor subjetivo las asimetrias de ingreso, respecto a las necesidades se vuelven inconmensurables. Para ponerlo en sencillo, conceptualmente hablando no se podría afirmar nunca con algún grado de certeza que por ejemplo Bill Gates “valora” menos un dólar extra que un indigente.

Todos estos puntos apenas son una pincelada acerca de la crítica que se le podría hacer a la majadería de la Presidente. Todavía quedan muchos cartuchos por quemar, no se desesperen amigos lectores.

Olafo, Robin Hood y el Estado

Hace unos días la tira cómica de Olafo presentó un simpático diálogo como el que sigue (no lo reproduzco textualmente porque al momento de escribir este artículo ya ese periódico se había enviado al reciclaje): ¿Cuál es tu nombre extranjero?, preguntó Olafo. Me llamo Robin Hood. ¿A qué te dedicas? Robo a ricos para dar a los pobres. Pero si todo lo das, ¿de qué vives? De la comisión del 20% que me dejo.

Una (no la única, pero sí la que más recursos presupuestarios consume) de las funciones del Estado es la redistribución de riqueza entre los miembros de la sociedad.

En estricta teoría de las finanzas públicas, esta labor debería satisfacer los siguientes criterios:

(a) Las transferencias han de ser de rico a pobre, no entre iguales y menos de pobre a rico.

(b) El esquema debe ser de sencilla administración, para que sea soportable por los contribuyentes y no una carlanca de ineficiencia económica.

(c) La pobreza que se atiende debe obedecer a mala suerte, no a malas prácticas de los receptores de la ayuda, pues esto aparejaría riesgo moral. Recuérdese el dictado del influyente apóstol Pablo: “Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma” (2 Ts 3:10)

Lo anterior implica que las ayudas redistributivas deben ser por montos relativamente bajos, pues de otra forma nadie tendría incentivo para trabajar: ni el pobre, porque mejor vive pegado a la teta del Estado; ni el emprendedor rico, porque el fruto de su esfuerzo le es “robado” (para usar la expresión de Robin Hood).

Por último, (d) los programas de transferencias deben contribuir a subsanar las causas de la pobreza (e. g.: mala salud, deficiente educación) y a igualar oportunidades; es decir, ser pro-crecimiento económico. Mejor enseñar a pescar que dar un pescado, dice el refrán.

Si el esquema se ajusta a los criterios expuestos, la distribución del ingreso nacional después de la labor del Estado (medida por el coeficiente de desigualdad Gini) será “mejor” que antes de ella. Sin embargo, en América Latina, y en Costa Rica en particular, eso no ocurre así, porque no todas las transferencias son de rico a pobre.

Hay algunas, importantes, con poderosos grupos de interés que luchan por mantenerlas, como las pensiones con cargo al presupuesto nacional y las transferencias a las universidades públicas, que son de pobre a rico.

Esto ha sido documentado por estudios de expertos de la UCR, entre otros. Además, el costo de los esquemas redistributivos (medido por lo que se gasta en administración y por la alteración de los incentivos a producir) es muy alto; más alto que el 20% que Robin Hood dice dejarse. ¿Me explico, Olafo?

Thelmo Vargas

Tema polémico: el Estado incentiva la delincuencia

Definitivamente, a lo largo de los últimos años, la delincuencia ha sido una de las principales preocupaciones que le roba el sueño a los costarricenses. Todos los días nos vemos sometidos a tomar una serie de precauciones para evitar encontrarnos con algún amigo de lo ajeno, con el agravante de vivir en una verdadera incentidumbre, en un azar sobre nuestra llegada a casa sanos y salvos, pues en cualquier momento, podemos sufrir un ataque por parte de una de estas sabandijas.

En ASOJOD hemos sido enfáticos en que la única función legítima del Estado es la protección de los derechos individuales, por lo que deseamos dedicar este Tema polémico analizar qué tan bien realiza el ogro filantrópico esta importante tarea.

Para realizar este análisis, utilizaremos las herramientas de la praxeología, según la cual, el delincuente, cada vez que comete una ilegalidad, realiza una acción humana, esto es, elige volitiva y libremente robar sobre no robar; prefiere quebrantar el orden social que apegarse a las normas de convivencia. Esto implica que el delincuente, para lograr sus fechorías, debe tomar en cuenta una serie de variables, debe elegir medios para alcanzar sus fines, debe tomar riesgos, etc. La pregunta del millón de dólares que queremos lanzar en este Tema polémico, es: ¿qué papel desempeña el Estado en todo este juego de valoraciones que realiza el ladrón? O lo que es lo mismo, ¿incentiva el Estado estas conductas antisociales o mas bien las desincentiva?

En ASOJOD consideramos que, efectivamente, las incentiva, por varias razones. En primer lugar, las corrientes dominantes de la psicología y la sociología parten de la premisa de que el individuo no es responsable de sus acciones, sino que la sociedad misma lo ha empujado a cometer fechorías, ya sea porque le ha negado las oportunidades de progresar, por la mala distribución de riqueza o por los "valores individualistas imperantes". En ese sentido, estas concepciones consideran, prejuiciosamente, que el pobre es potencialmente un delincuente y que comete ilícitos por su condición. O sea, excluye el hecho de que la persona, libre y voluntariamente, decide cometer actos contrarios a la ley y a los principios básicos de convivencia humana.

Pues bien, esta visión sobre la causalidad del hecho antijurídico es el resultado de las políticas públicas de los políticos de siempre. ¿Por qué? Muy fácil. Cuando los políticos redistribucionistas desarollan programas como el bono de vivienda, el seguro social, la educación gratuita, los subsidios y demás medidas inspiradas en la "solidaridad" de los ricos para con los pobres, envían una señal clara a los ciudadanos: no se preocupen por asumir la responsabilidad de su vida, pues yo Estado lo haré por ustedes. Así pues, y a manera de ejemplo, cuando una persona tiene 5 o 6 hijos, a pesar de no poder mantenerlos, no se preocupa porque sabe que tiene asegurada una pensión, becas escolares, atención médica gratuita y demás alcahueterías. Con esto, los individuos se van acostumbrando a que ellos no deben hacer nada por ganarse las cosas, sino que los demás tienen la obligación de dárselas, es decir, se incentiva la idea de una lista infinita de derechos y nada de responsabilidades.

Así las cosas, si el individuo se considera exento de responsabilidades, creerá que tiene derecho obtener las cosas sin trabajar por ello, viendo el robo como una forma fácil de adquirirlas. Y si, grandes masas de la población avalan no sólo los programas, sino también, la conducta de ese individuo, este se sentirá que no cometió un error; por el contrario, se sentirá legitimado para ejecutar sus actos y jamás creerá estar obligado a cumplir con sus responsabilidades y deberes, siendo uno de ellos el respeto a la propiedad privada.

Pero esto no es todo. Resulta que, como el individuo cometió un delito, los demás deben responder subsidiariamente. ¿Cómo? De dos formas: primero, financiando programas para "generar oportunidades", en el sentido antes descrito; segundo, y como si eso no fuera poco, debe pagar cientos de cosas si el delincuente es apresado, cosa que, de por sí, es complicada, dada la alcahuetería con que opera nuestro sistema penal: atención médica si la necesita, defensor público si no puede costeárselo, ropa, jabón, comida, luz y agua y demás elementos que necesite el malhechor en su estancia en prisión. De hecho, hace algún tiempo, en un reportaje en Canal 7, se calculó que el costo diario promedio de un individuo en prisión era mayor a ¢3.000. O sea, esta es la cifra que los tax payers pagamos para que un individuo tenga todos esos beneficios sin haber hecho algo para merecerlos o, planteado de otra forma, eso es lo que terminamos aportando para "premiar" la fechoría.

Sólo pónganse a pensar si a usted, individuo honesto y trabajador, le dan cama, agua, comida y TV por hacer nada dentro de una habitación. ¿Verdad que no? Usted tiene que salir a trabajar para ganar el dinero que le permitirá adquirir esos beneficios, pues de lo contrario, no los tendrá. Entonces, es claro que se está premiando al criminal a costillas del inocente.

En ASOJOD no podemos tolerar que unos vivan costa de otros, que los utilicen como medios para alcanzar sus fines. Somos defensores del credo de las ganancias merecidas, por lo cual, las personas deben recibir aquello que han generado. Por ello, nos oponemos tanto a los programas sociales antes descritos, como a la charlatanería de mantener, darle atención médica, educación y defensa pública y, en general,ofrecerle una temporada de relajación y disfrute al criminal durante su estancia en prisión.

Por tanto, consideramos que, si el individuo cometió un delito, debe asumir todas las consecuencias de sus actos. Y si es encarcelado, debe procurar por sí mismo o mediante la ayuda voluntaria de otros, la forma de mantenerse en prisión. Rechazamos que sea deber de los inocentes hacerse cargo de un individuo que, expresamente, ha violentado los principios básicos de convivencia y se ha erigido como su enemigo.