Tema polémico: el voto de los Diputados NO debe ser secreto

La semana anterior, a la luz de la elección del Directorio Legislativo, se presentó una discusión airada sobre la forma en que los Diputados debían emitir su voto. Mientras los oficialistas clamaban porque tal acto fuera secreto, al amparo del artículo 93 constitucional, la oposición sostenía que no era procedente.

Si bien en ASOJOD hemos manifestado que, en las circunstancias actuales, un Directorio de oposición no pareciera la mejor opción, superado el momento de la elección queremos abordar un tema que nos parece importante, no sólo como explicación de esa polémica, sino para todos los efectos venideros.

Centrándonos en lo acaecido el 1 de mayo, hay que evaluar los argumentos. En el momento previo a la votación, la bancada oficialista anunció que tenía pruebas de la comisión de un fraude -a pesar que aún no se había perpetrado el acto cuestionado y que, en el mundo de la lógica, no pareciera factible encontrar pruebas de algo que aún no existe- y que, por eso, se negaba a proceder a la elección si no se garantizaba el secreto del voto, derecho consagrado en el ya mencionado artículo 93 constitucional. Pero ¿qué dice realmente ese numeral? ¿Qué implicaciones tiene dentro de esta discusión? ¿Tiene validez argumentativa?

Dicho artículo reza de la siguiente manera: "el sufragio es una función cívica primordial y obligatoria y se ejerce ante las Juntas Electorales en votación directa y secreta, por los ciudadanos inscritos en el Registro Civil". Así pues, cabe preguntarse: ¿votan los Diputados ante una Junta Electoral? ¿Votan los Diputados directamente? Ambas preguntas se contestan con un NO.

Entonces, el argumento del oficialismo no es de recibo porque ese artículo es aplicable para las elecciones de voto universal, comúnmente las que se utilizan para escoger a Presidente, Diputados, Alcaldes, Regidores y demás puestos de elección popular. Nótese que los puestos del Directorio, si bien están ocupados por representantes ciudadanos, no son puestos de elección popular, pues los costarricenses no acuden a las urnas para escoger al Presidente Legislativo o al Primer Secretario. Además, tal elección no se hace ante una Junta Electoral debidamente conformada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), todo lo cual hace pensar que estamos ante un supuesto muy diferente al que contempla el supracitado artículo. De ser así, estaríamos en presencia de una intromisión entre Poderes, de forma tal que el TSE estaría interviniendo en una decisión interna y soberana del Parlamento.

Ahora bien, al no haber más referencias a este procedimiento en la Constitución Política, hay que remitirse al Reglamento de la Asamblea Legislativa, que para efectos prácticos, es parámetro de constitucionalidad. En ese cuerpo normativo, existen varias menciones a la votación. Una de ellas es la del artículo 101, que en lo atinente señala: "(...) Deberán resolverse en votación secreta, solo los casos de acusaciones y suspensiones de funcionarios, votos de censura, compatibilidad del cargo de diputado con otras funciones y la concesión de honores". La elección del Directorio tampoco se incluye dentro de los supuestos planteados por ese artículo, por lo que este no resulta aplicable al análisis. El artículo 103, desarrolla el mecanismo a utilizar para esa elección secreta pero, como ya vimos que no aplica, preferimos no entrar en su descripción.

La otra norma que tiene relación con este tema es el artículo 201 del Reglamento, el cual indica: "Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los votantes. La Secretaría, antes de proceder al escrutinio contará el número de papeletas para verificar si éste coincide con el número de votantes. Hecho el escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, y el Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes (...)"

No pareciera existir duda de que esta es la regla aplicable a la situación de marras. Sin embargo, nótese que nunca indica que el voto deba ser secreto. En realidad, lo que existe es una presunción de ello, por cuanto indica que no deberá ser firmado por los votantes, aunque la norma es omisa en cuanto a la posibilidad de que terceros vean la forma en que el legislador emite su voto. Sin embargo, la forma en que está conformado el Plenario Legislativo, con las curules tan juntas y sin ningún mecanismo o dispositivo que le permita al Diputado evitar que alguien mire su voto, limita tal presunción, haciendo pensar que la tesis oficialista era incorrecta.

Pero en fin, todo esto ya pasó y este breve análisis tiene una razón de ser. Más que demostrar cuál bando estaba en lo correcto, sirve como introducción de un tema más serio: si debe o no existir el voto secreto para los representantes populares.

El voto secreto es una garantía de democracia, pues permite a los electores realizar su escogencia sin presión ni coerción, decidiendo libre y voluntariamente, según se lo indican sus valores, preferencias, creencias o intereses. No obstante, esto es aplicable en situaciones donde ese ciudadano esté eligiendo directamente, no cuando un representante suyo lo haga.

La democracia no es solo el poder y la libertad de elegir, sino también -y muy importante- un sistema de representación por el cual el ciudadano deposita, mediante su voto, su confianza y delega su capacidad de decisión en un representante como el Diputado. De ahí que, esa representatividad, nos lleva a pensar que más allá del tema de la elección del Directorio, no debería existir, en ningún caso, el voto secreto del Diputado.

Ello por cuanto el legislador no vota únicamente en su nombre, sino en nombre de sus electores, a los que debe rendirles cuentas satisfactoriamente. Y justamente esa rendición se da en el momenton en que el representado ve cómo vota el Diputado en cualquier asunto.

Como liberales, nosotros esperamos que los legisladores que nos pidieron su voto y que hoy nos representan en el Congreso -a veces poco o nada nos representan, dicho sea de paso- tomen decisiones de forma tal que nosotros podamos verlos y, en consecuencia, evaluarlos.

La única forma en que podemos tener claridad acerca de la honestidad de quien nos pidió el voto y de que su actuación se apega a lo que nos prometió, es viendo cómo vota en la Asamblea Legislativa.

Solicitar que el voto del Diputado sea secreto es como pedir un cheque en blanco y firmado para que él haga lo que desee. La transparencia, la representatividad y la democracia exigen esa publicidad de los actos decisionales como un mecanismo de información y de evaluación. Sólo así, al final de su gestión, los ciudadanos podemos tener certeza de que nos cumplieron o nos engañaron y gracias a esos datos, podemos tener un mejor panorama para la siguiente elección.

¡A la calle!

Todo sistema electoral es imperfecto. Prueba de ello es que cada democracia tiene su propio modo de elegir los representantes del pueblo. Si alguno de esos modos fuera ideal, todos lo usarían. Dejo de lado los remedios de las falsas democracias “populares” al estilo de Cuba o China: allí, como La Rochefoucauld decía de la hipocresía, las elecciones no son sino el homenaje del vicio a la virtud. En las democracias de verdad, la representación popular queda siempre deformada, a sabiendas o involuntariamente. Veamos por qué.

Lo primero es que unas elecciones generales tienen lugar en un momento dado. El llamado “mandato popular”, expresado en otro momento, podría ser muy distinto. Los españoles no tenemos más que recordar el efecto producido por el atentado terrorista de la estación de Atocha en Madrid en 2004 para entender que un incidente grave como ese puede cambiar el resultado de la consulta.

Además, hay que tomar en cuenta el efecto deformante de la abstención. En los lugares en los que el voto no es obligatorio, como lo es en Bélgica, es muy frecuente que una mayoría de los votos emitidos esté muy lejos de ser una mayoría de los votantes. Así, en el referéndum del año 2006, de aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue aprobado por sólo un 36,5 del censo electoral (puesto que los síes sumaron el 73,9% de los votos expresados pero la participación fue sólo del 49,4%). ¿Supone esto una menor legitimidad de este Estatuto, comparada con la del antes vigente de 1979, que fue aprobado por un porcentaje de votos afirmativos del 52,6% sobre el censo? Quizá la ausencia de muchos posibles votantes en 2006 se debiera a que muchos de los inscritos en el censo diesen por sentada la victoria del sí y no se molestaran en acudir a las urnas. Mas también podría argumentarse que, al tratarse de disposiciones legales de gran importancia constitucional, habría que exigir una participación de al menos la mitad del censo o una proporción reforzada del voto afirmativo sobre el expresado.

En tercer lugar, cada país tiene que inclinarse por un sistema proporcional o un sistema mayoritario, o una mezcla de los dos. Las democracias parlamentarias, en las que el gobierno o su presidente no son elegidos directamente por el pueblo sino indirectamente por el Parlamento, suelen preferir un reparto de escaños más o menos proporcional a los votos conseguidos por cada partido. En países libres, sin embargo, las opiniones son siempre muy varias y conflictivas. Si la proporcionalidad es perfecta, como ocurre en Israel, los gobiernos resultantes serán siempre gobiernos de coalición. Esto que en apariencia es muy democrático quizá no lo sea tanto llegado el momento de formar Gobierno: durante la campaña electoral, los partidos se presentan con propuestas que saben que no podrán poner en práctica, pues tendrán que hacer concesiones a los partidos con los que quieran unir sus voces para conseguir la mayoría de la Cámara. En consecuencia, las preferencias de los votantes siempre quedan frustradas.

Para conseguir gobiernos capaces de tomar decisiones sin estar tan sometidos al llamado “chantaje” de exiguas minorías, muchas son las democracias que refuerzan la representación de los partidos más grandes. Esto ocurre incluso bajo sistemas proporcionales, como en España gracias a la Regla d’Hont, y la sobre-representación de las provincias menos pobladas da ventaja a los grandes partidos. Lo mismo pasa en Alemania, donde se elimina de la representación aquellos partidos que obtengan menos del 5% de los votos. Pero si los votantes se dividen de forma muy equilibrada entre dos grandes opciones, es posible que partidos muy minoritarios sigan siendo cruciales. Tal ha ocurrido con frecuencia en España, donde los nacionalistas de Cataluña, País Vasco o Galicia pueden aportar los diez o doce votos necesarios para formar gobierno y exigir medidas a su gusto pero poco aceptables para la gran mayoría de los votantes.

Este efecto es aún más claro en países con sistemas llamados mayoritarios. En el Reino Unido, los distritos electorales son pequeños y eligen un solo diputado por circunscripción. Cuando son tres o más los candidatos, el ganador puede salir apoyado sólo por una minoría, a veces exigua. Tomado el país en su conjunto, un partido puede obtener amplia mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes sin pasar del 40 o 42% de los votos expresados. En Francia, ese refuerzo se consigue por el sistema de dos vueltas: si un candidato a la Asamblea Nacional o a la Presidencia del país consigue la mitad de los votos en la primera vuelta, queda elegido; pero si no es así, todos los candidatos menos los dos primeros quedan eliminados de la segunda vuelta, con lo que el elegido conseguirá normalmente, aunque de forma algo artificial, más de la mitad de los votos expresados. Y no digamos nada del refuerzo a los candidatos de los partidos más grandes en sistemas presidencialistas como el de EEUU, donde los minoritarios no pueden hacer más que fragmentar el voto de un candidato para dar la victoria al otro.

Por fin hay que notar lo imperfecto de las opciones que se presentan a los votantes. En unas elecciones generales, el votante tiene que elegir entre programas con múltiples medidas para los próximos cuatro años. Imagínense lo difícil que sería hacer la compra en el hipermercado si uno tuviese que adquirir de una vez todos los bienes y servicios que necesita para un período tan largo. En el mercado político, decían Milton y Rose Friedman, la conformidad se consigue sin unanimidad, por el voto de las mayorías; en el mercado económico, las elecciones son unánimes sin que tengan que ser conformes. Esta diferencia es inevitable, dado que las decisiones políticas versan sobre bienes y servicios públicos, indivisibles por su naturaleza. Por ello y por la poca influencia del voto de cada individuo sobre el resultado final, es comprensible que los ciudadanos tengan poco interés en informarse a fondo sobre lo que eligen al expresar su voto.

¿Debemos deducir de todo esto que los sistemas democráticos son tan defectuosos que deberíamos abandonarlos? Mi contestación es que no porque el votante ejerce un derecho esencial para la salud de las sociedades libres: cambiar el gobierno sin que corra la sangre, como dijo Karl Popper. ¡A la calle todos los inútiles que nos mandan!

Pedro Schwartz

Coherencia

La “voluntad popular”… concepto siempre manoseado, utilizado a conveniencia y, sobre todo, secuestrado. Secuestrado por todos aquellos grupos o individuos que pretenden encarnarlo. “La voluntad popular”: diosa toqueteada por cualquier transeúnte. Arrogarse la potestad de representar “la voz del pueblo”, ¿no es ya usurpar un discurso múltiple y, por lo tanto, informulable como “unanimidad”? Autoproclamarse socorrista del “pueblo” y convertirse en su “voz”, ¿no es acaso una manera implícita de insultarlo y debilitarlo? Solo hay voces, señores, no “Voz”. Singulares, divergentes, soberanas.

¿Quién o qué es “el pueblo”, ese por el que siempre hay que pensar? (debe ser medio lelo, el pobrecito). ¿Seré acaso yo, el pulpero de la esquina, el yerno de la tía del primo de la mamá del cuñado de la vecina? Definiciones académicas sobran. Cuestión de revolver a Platón, Rousseau, Marx, Durkheim… siempre saldrá algo de la batidora.

Yo, en lo que llevo de vida, he oído las siguientes definiciones, ¿Listos? Aquí voy. Pueblo es: el “labriego sencillo”, la “Ultra” de Saprissa, los vendedores de chances, Dios, la chusma abyecta, los “descamisados”, los manifestantes de la Plaza Mayo, la multitud que aplaudió la decapitación de Luis XVI, el proletariado, el “músculo” de la sociedad, el “alma” de la sociedad, las “fuerzas vivas” de la sociedad, la fuente de toda poesía, la gente que asiste a los festejos de Zapote, las modernas “canallocracias”, aquellos que heredarán el Reino de los Cielos, todo lo que se opone a la élite (¿quién es la élite, por cierto?).
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/LA NACIÓN

Aritmética caracista. Si ni siquiera tenemos claro qué es “el pueblo”, ¿cómo representarlo políticamente? ¿Los 1.196 diputados convocados por los Estados Generales en 1789? ¿El sistema bicameral inglés? ¿Los gremios y sindicatos? Y en el plano icónico: ¿La Libertad conduciendo al Pueblo, de Delacroix? ¿Las monumentales alegorías de Diego Rivera? ¿El obrero forzudo y calisténico, emblema del Realismo Socialista?

En nota reciente, el expresidente Carazo alerta a la ciudadanía: la “aritmética” diputadil debe, por principio, ceder ante la evidencia de un “sentimiento mayoritario” opuesto a sus designios. ¿Cuánto es “mayoritario”? ¿Treinta mil manifestantes? (apretaditos, caben todos en el Estadio Saprissa). ¿Cincuenta millones? Tal vez, tal vez. Machado cuenta cómo de niño creía siempre que sus juguetes eran más grandes que los del vecinito… hasta que su propia mamá lo sacó del engaño: ¡la más cruel desilusión de su vida!

Estoy seguro de que don Rodrigo debe llevarsus cuentas con precisión satelital. Pero resulta que estotambién es aritmética. Sumar, restar… con la diferencia de que contar cabezas es mucho más inexacto que contar votos o diputados. Aquí lo que tenemos no es un conflicto entre la mezquina aritmética parlamentaria (“me gano tres diputados por aquí, pierdo dos por allá”) y “el sentimiento mayoritario” de los costarricenses (¡por decreto suyo, supongo!) ¿Para el Congreso un ábaco, para “El Pueblo” una calculadora? ¡Pero si en ambos casos estamos haciendo aritmética!

Lo más divertido es que fue merced a esta “aritmética” que don Rodrigo fue elegido presidente. Gracias a esas papeletas perfectamente cuantificables que constituyen la materialidad del sufragio. Ir sumando votito tras votito. Y por eso mismo lo respeto. No hacerlo sería irrespetar los 419.000 ciudadanos que en 1978 le regalaron el dedo pulgar. A él y a sus diputados, quienes por cierto eran también notables aritméticos.

La elección del 2006. Pero seamos coherentes: si “el sentimiento mayoritario” –ese que según don Rodrigo recusa en este momento las decisiones parlamentarias– debe en efecto merecernos más atención que la “aritmética” constitucional, entonces él debería haber renunciado a los días de asumir la presidencia. Fueron cuatro años de manifestaciones, renuncias, clamores masivos… “Voz popular” escarapelada de tanto gritar. Por poco nos quedamos todos afónicos. ¿Recuerdan ustedes la ceremonia del traspaso de poderes de 1982? Todavía andan por ahí los silbidos rebotando entre las montañas del Valle Central…

Imperfecto como es, el sufragio representa aún la mejor manera que tenemos de expresar la “voluntad popular”. En el 2006 esta voluntad se expresó y fue mayoritaria. ¿Por un voto, por un billón? No importa. ¿Que no lo fue en términos absolutos? Tampoco. El abstencionismo no es una voz, es renuncia a ella. El ciudadano que elige no votar elige también no existir políticamente.

Quienes sí decidieron manifestarse sabían perfectamente que el TLC era el primer paso del programa de desarrollo propuesto por el PLN. Las cartas estaban todas cara arriba. Como nunca antes lo habían estado. ¿Crónica de una muerte anunciada, u horizonte de progreso y bienestar? No lo sé. Pero “el pueblo” sabía lo que hacía. Resulta ridículo que haya quienes se crean en el deber de proteger a los costarricenses de sí mismos, de su propia, inalienable elección.

Jacques Sagot, tomado de la Nación