La columna de Carlos Federico Smith: de sepulcros blanqueados

Los hay, personas y grupos, que fingen ser una cosa, cuando en realidad son otra. Una frase proveniente del Evangelio de San Mateo, 23:27, nos ayuda a entender tantas cosas. Dice la frase: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia!
 

No me refiero a un ataque personal reciente que recibí en una columna de Facebook, de parte de un ser puro y perfecto de esta tierra, quien me atacó y condenó al sufrimiento eterno, por, según dicha persona, ser indiferente al dolor ajeno, al de los pobres y míseros, cuando lo que básicamente he hecho, según mi apreciación profesional, es brindar sugerencias, así como hacer señalamientos, para que la gente que sufre la pobreza pueda levantarse de ella.  Me complace, por ejemplo, saber que “En 1820, más del 90 por ciento de la población mundial vivía con menos de $2 al día y más del 80 por ciento vivía con menos de $1 al día (ajustados por la inflación y por las diferencias en el poder adquisitivo). Pero, para el 2015, menos del 10 por ciento de las personas vivían con menos de $1.90 al día, definición actual oficial del Banco Mundial de lo que se considera como una condición de pobreza extrema,” como lo demuestra Chelsea Follett en un artículo cuya traducción recientemente publiqué en Facebook, titulada, “Cinco Gráficos que Cambiarán su Impresión acerca de la Pobreza.”
 

Nadie está aseverando que se haya eliminado la pobreza, sino que se resalta que “Entre 1820 y el 2015, el número de gente bajo pobreza extrema se redujo de alrededor de mil millones a 700 millones, mientras que el número de personas que está mejor que aquella, se elevó de sólo 60 millones a 6.6 miles de millones.” Y que “la pobreza es de alrededor de una cuarta parte de lo que era en 1990.” Además, esperanzados ante este éxito del sistema productivo esencialmente basado en el mercado, especialistas predijeron que “en el escenario ideal... para el 2030, la pobreza llevará a un nivel verdaderamente insignificante, afectando sólo a un 1.4 por ciento de la población del planeta.”
 

No obstante, esos sepulcros blanqueados prefieren ignorar los datos, los hechos, y simplemente proceden con su verbo usual en contra del capitalismo. Yo no pido que sean castigados en los infiernos por el daño que causan, al promover políticas que impiden el progreso de los más pobres, hecho que considero es producto de una actitud de fe ideológica, más que de ignorancia, pues los datos se les han presentado.
 

La metáfora de los sepulcros blanqueados va más allá de ser reflejo de una conducta particular, sino que también se encuentra en grupos.  Por ejemplo, se está haciendo creer a las personas en el país, que todos los partidos políticos, o que todos los políticos, son corruptos y que están embarrados en el caso del cementazo, con una notable excepción, los de la izquierda del frente amplio. Eso es interesante, pues incluso, apropiadamente creo, incluyen a sus socios políticos cercanos del Partido Acción Ciudadana, pero, de alguna manera, tratan de mostrar que todo eso es propio de gobernantes de la derecha, no de la izquierda que, sin decirlo claramente, parece ser inmune a las tentaciones del dinero (no del poder).
 

Cuando hay acontecimientos que pueden representar actos de corrupción, es bueno tener presente que, al menos en el campo político, en donde es frecuente que, en vez de un sistema capitalista de mercado competitivo, sea uno de capitalismo de los amigotes, en donde el estado otorga privilegios -esto es, para unos, mas no para todos-los empresarios, ansiosos de tener ganancias, no producto de un esfuerzo competitivo satisfaciendo a los consumidores, sino buscando que el estado lance los dados a su favor, estarán dispuestos a dedicar recursos para lograr ese beneficio, en tanto este último sea mayor al costo del primero.
 

Para hacerlo, el vivazo buscará qué políticos y qué partidos en donde se insertan esos políticos, tienen el poder suficiente para lograr medidas que les favorezca.  Entrarán en contacto con quienes detentan el poder y, aunque sean de “oposición”, en el tanto en que puedan influir sobre quienes toman finalmente las decisiones.  Sabemos que esas decisiones serán remunerados, por cosillas como recursos para sus campañas, transporte de sus votantes el día de las elecciones, dinero en efectivo, y un largo etcétera.
 

Por eso -y bien lo han de entender políticos de la izquierda de nuestro país- buscarán para obtener eses preferencias a políticos con posibilidad de ejercer influencia en el poder decisorio. Por esa razón, al menos en los últimos años en el país los políticos de izquierda fuerte no han sido muy buscados para que, por cercanía con los gobernantes del momento, puedan favorecer los intereses privados de algunos.
 

No es que esos “algunos” no estén dispuestos a cubrirse en cuanto a resultados electorales, razón por lo cual se han visto casos de reuniones de empresarios poderosos, presuntamente de una ideología alejada de esa izquierda extrema, hacerlo con dirigentes de la izquierda, y no precisamente para hablar de misa.  Es por aquello de “por si acaso”.
 

Lo hacen porque los que buscan el servicio de los políticos saben que ser de izquierda extrema no los hace inmune a la corrupción; que no es cierto que ella sea propia exclusivamente de la derecha o, tal vez, del centro.  Lo que saben es que les conviene la cercanía con el poder, no importando si es de derecha o de izquierda o de centro o de lo que sea, con tal de que les proteja de la competencia en sus actividades y en su búsqueda de privilegios. Por eso buscan “cubrirse” recompensando sus favores.
 

La izquierda en Costa Rica no es tan atractiva simplemente porque no tienen poder, pero no hay nada que nos garantice que, de llegar al gobierno, como naturalmente puede aspirar a ello, no será objeto de corrupción, dada su presunta ideología.
 

Cuando la izquierda toma el poder, también se suelen presentar casos claros de corrupción. Piense el lector en la corrupción en Nicaragua o Venezuela o Cuba, etcétera, pero, para la ocasión tengo en mente referirme a un ejemplo notorio, como es el reciente de Brasil, en donde el poder gubernamental lo asumió la izquierda dura del Partido de los Trabajadores (el mismo de Lula) en coalición con el Partido Movimiento Democrático Brasileño, de izquierda más moderada. Los notorios aferes conocidos como la Operación Lavado de Carros, de Petrobras, Braskem, entre otros, que enviaron a prisión o encontraron culpables o están en juicio, a destacados miembros de la izquierda, como Joao Vaccari Nero, tesorero del Partido de los Trabajadores, o Renato Duque, también de ese partido, o José Dirceu, ex ministro de Relaciones Exteriores de Lula, o Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula y de Dilma. Y, notablemente, al presidente Lula.
 

Pero no sólo del Partido de los Trabajadores.  Es claro el involucramiento de Aécio Neves, del diputado Rocha Loures y del propio presidente actual Temer, en cuanto al escándalo conocido como de J&F parte del grupo JBS, que es la empresa más grande del mundo en proteína de carne.
La corrupción entre políticos no suele ser privativa de la derecha y de la que se excluye, por su ideología, a la izquierda. Se da alrededor del grupo que tiene el poder o en donde se tiene la capacidad para influenciar a aquel grupo que ostenta el poder. La parábola de los sepulcros blanqueados se aplica no sólo para los corruptos de cierta ideología política, sino que es propia de la naturaleza del hombre.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: oscuridad en contrataciones, peligro de chorizos

Es importante aclarar, desde un principio, algo esencial del sistema de contratación del estado en el país: se fundamenta en la llamada licitación pública, mediante la cual se publica un aviso de la licitación en La Gaceta y otros medios, el cual ha sido aprobado previamente por la Contraloría y, luego, el ente estatal adjudica al ganador de la licitación pública, bajo reglas de competencia que están establecidas por la Contraloría General de la República. El resultado de esa adjudicación puede ser apelado ante el ente contralor, por alguien que considere que la adjudicación efectuada fue incorrecta. Usualmente la licitación pública es exigida para contrataciones de altos montos.

Hay posibles y legales excepciones a esta regla de la contratación administrativa, como lo es la llamada contratación directa, la cual no pasa por el control previo que realiza la Contraloría, pero que sí debe autorizar esa forma de contratación (a menudo por razones tales como emergencias o, tal vez, por tratarse de montos relativamente bajos). Este último tipo de contratación deja la decisión de la elaboración del cartel y su adjudicación, en manos del ente que hace el contrato. A menudo lo hacen por medio de CompraRed, organismo por el cual cual el ente estatal anuncia y recibe las ofertas. La adjudicación se hace a lo interno del organismo, tanto en la selección del ganador, como en su aprobación. La Contraloría queda fuera de este procedimiento.

Evidentemente, el sistema de licitación pública es más transparente y, por tanto, presenta mayores virtudes para detener posibles actos indebido (corrupción es la palabra), que es más fácil que se presente cuando se adquieren bienes y servicios mediante contratación directa. Por ello, este último sistema se supone no sólo que es por excepción, sino que debería ser una parte relativamente pequeña de la contratación total dentro del estado costarricense.  La licitación pública, tal como está diseñada, tiene un peligro menor de lograr que medien chorizos en la adquisición de bienes y servicios de parte de los organismos estatales, lo cual contrasta con la posible contratación directa.

Dicho esto, debe señalarse que se está dando un fenómeno preocupante y que aparentemente va en crecimiento, como es que las autoridades administrativas de los entes del estado no utilizan a plenitud el sistema de contratación por licitación y sí mediante otros, por la vía de excepciones, como lo es la contratación directa. Pero… ya casi es la regla en vez de la excepción.  De acuerdo con un informe de La Nación del 3 de enero, titulado “Contraloría: Estado abusa de compras directas: Contrataciones con menos requisitos,” según datos de la propia Contraloría, en el 2015 el proceso de contrataciones directas ascendió a un 46.5% del total de contratos que se adjudicaron. O sea, tan sólo un poco más de la mitad (53.3%) sí fue adjudicado mediante el sistema clásico competitivo de la licitación pública.
Tal como indicó don Allan Ugalde, gerente de la División Administrativa de la Contraloría, “los organismos internacionales advierten que eso (contrataciones directas y similares) va en contra de la transparencia,” los cuales “alertan sobre esa tendencia a evitar las licitaciones públicas.”

De acuerdo con la Memoria Anual de la Contraloría del 2015, “si bien el 80% de las compras se hace por vía de licitación (pública o abreviada) lo adjudicado correspondió a un 53.5% del dinero (₡470.501 millones), mientras que el 20% de las compras fue por vía directa, para un 46.5% de los dineros adjudicados (₡409.125 millones), lo cual es, sin duda, un montonal de plata que se adquiere por medio de procedimientos que no son lo transparentes como es lo deseable. En dos palabras, facilitan el chorizo (no digo que lo haya, sino que el control de los fondos públicos es mucho menor y, en río revuelto, ganancia de pescadores).

También, la llamada “evitación de la Contraloría” se da en un ámbito diferente, cual es acudir a que el control de este ente, pase a manos de organismos internacionales, como lo fue en el pasado el uso del BCIE -que al final de cuentas tuvo el visto bueno de los tribunales, lo que no quita el propósito por el cual se empleó- e incluso en gobiernos previos se pretendió utilizar a organismos de Naciones Unidos en vez de la Contraloría y, ahora uno ve en problemas -no por su culpa, sino por la ineficiente burocracia nacional- al ente de Naciones Unidas llamado UNOPS. Vale preguntarse si también no está siendo usado para evitar la forma tradicional de control mediante la Contraloría.  Ojalá no sea así.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: historial de abusos con los recursos públicos

Realmente ha de causar angustia a los ciudadanos ver la evolución durante los últimos diez años de los privilegios salariales en el Poder Judicial. Siempre he mantenido un enorme respeto por las entidades del estado dedicadas a la administración de la justicia, en donde lo mínimo que he esperado es la prudencia y moderación en el uso de recursos que tanto le cuesta producir a la ciudadanía.  Todo ese gasto gubernamental proviene de impuestos que se les cargan a las personas y es JUSTO que su manejo sea sobrio y frugal, en atención a que mucho le cuesta a un pueblo generar riqueza, parte sustancial de la cual es tomada por el estado para realizar sus funciones esenciales, eso sí, siempre bajo la premisa de que el uso de recursos sea apropiado, sensato y comedido.

Felicito a La Nación por el estudio que presenta en un comentario del 2 de noviembre, titulado “Poder Judicial infló en ₡72.500 millones costo de pluses en última década: Presupuesto de incentivos creció 148%, el mayor registrado en todo el Gobierno Central.” La felicitación va por presentar ante nuestros ojos lo que uno no desearía ver, en especial, en entes respetados, como el judicial: un increíble “olio” de dineros, producto de lo que llaman “pluses”, que no son sino un trato diferenciado del uso de recursos públicos para beneficio de un grupo específico y que, como tales, no son otorgados a toda  la ciudadanía, pero, es sí, son sufragado con dineros de toda la ciudadanía.
Impresiona el historial de la última década. Lo reseño de acuerdo con el año en que se otorgaron, pero sólo de los últimos diez (no tengo conocimiento de otros de épocas previas). Debo indicar que, de acuerdo con dicha información, el número de empleados de dicho Poder asciende a 11.877.

Asimismo, que algunos de estos privilegios van a dar a grupos específicos dentro del propio Poder Judicial; incluso allí no están generalizados y, al no tener información acerca de la cantidad de personas que específicamente es favorecida, no puedo determinar el monto per cápita de cada uno de los siguientes “incentivos” o “aumentos” o “privilegios”, o como se les llamen.

1992: Se da un sobresueldo para los jueces (parece ser un sueldo por encima del sueldo ya establecido, según la reglamentación interna del Poder Judicial). En el presupuesto del año 2016, el monto por esta partida fue de ₡6.424 millones.

1998: Se otorga un pago adicional por “Responsabilidad por Ejercer la Función Judicial” –obviamente todo funcionario de un ente público o privado tiene una responsabilidad por ejercer, en cuya función se le paga un sueldo.  El monto para esta partida, contenido en el presupuesto del 2016, es de ₡15.741 millones. Se otorga a todos los empleados del Poder Judicial en un monto que va entre un 10 y un 30% según sea el sueldo.

2002: Se otorga un sobresueldo a los magistrados del 30% (francamente no sé si fue porque no les tocó con el adicional de 1998 o por otra razón). Lo cierto es que, en el presupuesto del 2016, se come la suma de ₡302 millones.

2002: Se da una bonificación por exclusividad policial (sólo para policías del Poder Judicial, no para los que uno conoce que forman parte del Ministerio de Seguridad). Su impacto presupuestario en el 2016 es de ₡1.384 millones.

2003: Se brinda otro sobresueldo a jueces (obviamente por encima de aquel del 2002).  En este caso, el efecto sobre el presupuesto de gastos es de ₡289 millones.
 

2007: Disponibilidad a chofer del magistrado, partida que asciende tan sólo -en el presupuesto de gastos del 2016- a la suma de ₡13 millones.
 

2008: Un pago adicional llamado Índice de Competitividad Salarial (ICS), que en el 2016 llegó a significar la gran suma de ₡17.298 millones (un nuevo beneficio, incluso aplicado a pensionados de ese Poder), presuntamente para que sus salarios fueran competitivos con los del resto de empleados del gobierno y, como dijo en su momento don Gilberth Armijo, en aquel entonces magistrado, “para que nuestros funcionarios tengan el salario que deberían estar disfrutando y no esperarnos a mendigar [sí; esa palabra aparece en el acta de la Corte Plena del 7 de abril del 2008] casi de aquí a tres años”. 

  

O, como lo expuso el entonces presidente de la Corte, don Luis Paulino Mora: “debemos aprovechar la bonanza transitoria de las finanzas públicas, porque quien sabe lo que ocurrirá en el próximo año.” Muy interesante: es cierto que en aquel entonces había una buena situación en las finanzas del gobierno durante los dos primeros años de la segunda administración de don Oscar Arias, pero, como lo “intuyó” –para envidia de muchos economistas predictores- don Luis Paulino, sabemos lo que “ocurrió”: una profunda recesión a fines del 2008, año en que se aprobó ese aumento en época de bonanza.
 

2008: Como que el llamado ICS aprobado este mismo año no satisfizo las apetencias de muchos. Así se aprobó un plus a puestos gerenciales, que se tradujo en un aumento en el presupuesto de gastos del 2016, por este ítem, de ₡73 millones.
 

2009: Como que el aumento grandote del 2008 -el llamado ICS- prendió la mecha a lo interno del Poder Judicial, pues ciertos grupos empezaron reclamar debido a que, el llamado plus a puestos gerenciales, tenía un “efecto negativo sobre el resto de la planilla”. Ante los reclamos por “equidad intraplanilla”, en el 2009 se aumentaron los salarios a jueces, defensores y profesionales en derecho 3.
 

2010: También ese huracán tuvo su coletazo, pues en tal año se tuvo que aumentar a los profesionales y, finalmente, aquel plus gerencial se trasladó a la base salarial.
 

2014: Se creó un nuevo incentivo llamado “regionalización en el Poder Judicial”, que en el presupuesto de egresos del 2016 llega a la suma de ₡319 millones.
 

Hay notas curiosas que destaca el reporte periodístico y de las que quiero hacerme eco.  Por ejemplo, que en el 2008 “los magistrados de la Sala Cuarte también fueron responsables de eliminar el tope de 30 años a las anualidades de todo el sector público, el plus más costoso en la actualidad.” Y que en 1991 “un voto de la Sala Constitucional ratificó la independencia de los poderes para fijar su política salarial.”
 

Veamos algunos datos que resumen el desborde. Los pluses aprobados desde aquella decisión citada de la Sala Constitucional en el párrafo previo, que, a la fecha, suman siete, ascienden a alrededor de ₡42 mil millones en el presupuesto del 2016, lo cual significa un 35% del gasto del rubro de pluses.
 

Dice el comentario periodístico que “En la actualidad [el Poder Judicial] es la institución con cargo al Presupuesto Nacional con los salarios bases más altos, con más incentivos específicos para todos sus funcionarios y la que paga porcentajes y rubros más altos por dedicación exclusiva y carrera profesional.”
 

Y adiciona, “en la última década ha sido el ente del Gobierno Central con el mayor aumento en su presupuesto de incentivos. Ese rubro creció 148% -₡72.500 millones… entre 2006 y 2016.” Sencillamente, esa partida pasó de ₡48.900 millones en el 2006 a ₡121.400 millones en el 2016.  Ninguna otra entidad tuvo “una mejora como la del Poder Judicial para sus casi 12.000 funcionarios.”
 

Vale la pena señalar que esos ₡121.400 millones en incentivos, pluses, subsidios o privilegios -llámelos como quiera- significa un tercio del presupuesto de gastos, que tanto que “en los ministerios a ese rubro se destina el 15% del gasto.”
 

¿Les parece que esto está bien?  ¿Les parece justo?  No digo nada más.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: con Costa Rica no se juega ¿o sí?

Luis Guillermo Solís acuñó un lema durante la pasada campaña electoral: "con Costa Rica no se juega". Pretendía convencer a los votantes que su propuesta se separaba de los escándalos de presunta corrupción que enlodaron las administraciones anteriores. Buscaba garantizarle a los ciudadanos que los grandes problemas del país, ahora sí serían resueltos, gracias al trabajo del "mejor equipo", un equipo de técnicos altamente preparados, académicos de carrera y planificadores con experiencia. 

Sin embargo, la realidad tiene una mala costumbre: dar un golpe de narices a los ilusos que pretenden torcerla para autoengañarse. Y eso fue lo que le pasó a más de 1.300.000 de costarricenses que se embarcaron votando por el "Presi" y a poco más de 700 mil que si bien no se tragaron el cuento, les tocó ser víctimas del desastre por el principio de mayoría democrática. 

El "mejor equipo" resultó ser un completo fiasco. Un Presidente que prometió muchas cosas en campaña, como no impulsar impuestos en los primeros dos años de su mandato o no retirar el veto sobre la Reforma al Código Procesal Laboral, para luego hacer ambas cosas antes de tiempo, y para colmo de males, hacerlas mal. La Sala Constitucional declaró improcedente el retiro de ese veto y los proyectos para aumentar impuestos ingresaron recientemente a la corriente legislativa sin apoyo de Diputados -incluyendo los de la propia fracción oficialista-, sectores productivos, movimientos sindicales, estudiantes y demás organizaciones sociales.

Un Ministro de la Presidencia que durante el primer año se encargó de complicar de más el trabajo del nuevo gobierno, con sus yerros, ofrecimientos y cabezonadas. Una fracción legislativa inoperante, incapaz de acuerpar a Solís en su gestión. Un Presidente Legislativo, elegido por una alianza entre el PAC y el Frente Amplio, que dejó de lado la negociación y el diálogo para privilegiar un manejo vertical de la agenda parlamentaria. Y la lista de funcionarios sigue creciendo.

Las nuevas "joyas de la Corona" han sido el grupo de la Juventud Progresista y la Viceministra Carmen Muñoz. Los primeros, en una reunión de trabajo, recomendaron valorar la posibilidad de que el PAC utilizara fondos públicos para su propio beneficio electoral, idea que generó un gran malestar entre difeentes sectores de la sociedad. La segunda se ha visto envuelta en los últimos días en una polémica provocada por el pago de un 65% del salario base por concepto de prohibición durante un año sin tener los requisitos académicos exigidos para ello. 

Se trata de más de 11 millones de colones pagados de más a una funcionaria que no tiene título académico que la respalde. Incluso, se ha dicho que solamente tiene título de 9° año, pues en 1978, cuando cursaba ese nivel, abandonó sus estudios para unirse a la Revolución Sandinista y posteriormente regresó. Lo curioso es que con ese currículum hoy sea Viceministra de Gobernación, con más de 1.200 funcionarios a su cargo y miles de millones de Presupuesto bajo su control, al tiempo que preside importantes juntas directivas como las de la Imprenta Nacional y DINADECO.

Mencionamos estos dos casos porque, frente a sendos escándalos, el Presidente ha reaccionado de manera muy diferente. Cuando trascendió lo de la Juventud Progresista, Luis Guillermo Solís tomó la decisión de despedir a los que trabajaban en Casa Presidencia -contrario a lo realizado por la fracción legislativa del PAC que los mantuvo en su cargo e incluso, hace pocos días, un Diputado contrató a uno de los destituidos- pero con Carmen Muñoz ha sido más tolerante. 

No sólo le perdonó una indiscreción publicada en Facebook a raíz precisamente de la remosión de los miembros de Juventud Progresista sino que también ha estado enterado del cobro de esos 11 millones desde mayo de 2015 y no la ha removido de su cargo. ¿Por qué tanta tolerancia? ¿Qué más pruebas necesita si las órdenes de personal del Ministerio de Gobernación prueban que recibió el dinero y ella misma, en diferentes instancias, lo ha reconocido?

La sensación que nos queda a los costarricenses es que no sólo no era el mejor equipo ni que iba a generarse un cambio, sino que con Costa Rica sigue el vacilón que tanto ha deslegitimado a la política y a lo político en las últimas décadas. El daño que está haciendo, no solo este Gobierno sino muchos anteriores, podría ser irreparable en cuanto aumenta la desidia de la gente y alimenta el caldo de cultivo para la aparición de "hombres fuertes" que atropellen libertades y derechos para construir sus fantasías de poder.

La columna de Carlos Federico Smith: transparencia, no ocultamiento

Una de las prácticas que en el estado se suelen llevar a cabo, es la intención de tapar cosas que puedan dar lugar a situaciones incómodas frente a la opinión pública. En realidad, es poco lo que en nuestros medios de comunicación se expone acerca de tal tipo de prácticas, no porque no se lleven a cabo, sino porque mantenerlas en la oscuridad es lo que activamente buscan los responsables de la administración pública, y a veces tienen éxito en ello. Por tal razón me agradó leer una información diferente de la que usualmente se suele brindar acerca de la ineficiencia del estado; en este caso, se trata de un destape. El comentario aparece en La Nación del 23 de diciembre, bajo el siguiente encabezamiento: “Nacional hurga en los correos electrónicos de sus directivos: Junta Directiva de Banco ordenó investigar quién filtró documentos a semanario ‘El Financiero’”.

De acuerdo con una publicación de El Financiero (EF) del 12 de octubre, titulada “Banco Nacional aplica fuertes medidas de ajuste para mejorar sus resultados financieros”, “Desde que empezó el 2014, el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) está ejecutando una serie de duras medidas para mejorar sus principales indicadores y resultados, los cuales se deterioraron en el 2013.

La junta directiva de esa entidad solicitó a la administración acciones para fortalecer el índice de suficiencia patrimonial y para levantar la eficiencia y la rentabilidad, según documentos y actas a los que EF tuvo acceso.

Dichos planes incluyeron medidas como la emisión de deuda subordinada, el aporte de dividendos por parte de subsidiarias, la venta parcial de la cartera de crédito, un recorte en gastos, la aplicación de comisiones por servicios y el cierre de oficinas.” 

Independientemente de la certeza acerca de quiénes pueden haber llevado a cabo tales “filtraciones” de documentos, el tema de discusión evidente es si los ciudadanos costarricenses tenemos el derecho a saber acerca de las decisiones tomadas por la Junta Directiva del Banco Nacional. Tal divulgación podría ser impropia o incorrecta si existieran razones legales para prohibirla -cosa que incluso podría ser cuestionable por tratarse de asuntos de interés público-, como, por ejemplo, si estuviéramos en presencia de un secreto de estado. Asimismo, quiero pensar que la información que recientemente ha visto la luz, tanto en las ediciones de El Financiero como de La Nación antes citadas, ha sido suministrada y puesta en conocimiento de las autoridades reguladoras bancarias pertinentes. Espero, además, que ésta no haya sido objeto de lo que en la jerga de los financistas se conoce como “maquillaje” contable, de manera que esos entes obtengan información confiable y real de la operación y el estado del banco regulado. Pero quiero, más bien, pensar que la entidad bancaria está tomando medidas para mejorar una situación financiera que no se considera la mejor. E incluso, que son medidas que tal vez el banco ha debido tomar para poner en orden situaciones que han sido ya advertidas por las entidades reguladoras, y que se requiere sean solucionadas.

El dar a conocer en los medios las medidas que el Banco Nacional ha debido tomar, no “daña la imagen” de la entidad, como han aseverado algunos. De haber un daño a la imagen, surge, no porque el ciudadano conozca por la prensa hechos o decisiones tomadas por la Junta Directiva de dicho banco estatal, sino por su actuación durante el período significativo; esto es, que los resultados no fueron los esperados por las razones que sean. Creo, por el contrario, que saber por los medios acerca de las medidas presuntamente correctivas de los problemas administrativos previos, más bien mejora la imagen del banco. Un ocultamiento pretendido de la situación sí dañaría la imagen del banco, pues va en sentido totalmente opuesto a la idea de transparencia en las acciones que debe caracterizar a las entidades públicas.

Otro argumento, que también se ha indicado como razón para “investigar a directivos”, es porque esa información publicada podría “ser utilizada de forma indebida.” En mi opinión, si hay formas incorrectas, delictivas, de conducta como, por ejemplo, una actuación inapropiada de competidores en busca de debilitar al banco, o si existiera un delito de por medio, como una ruptura de una cláusula de confidencialidad de información por parte de funcionarios o una clara actuación conflictiva de intereses, de parte de quien la puede haber divulgado, creo que esos presuntos actos ilegales deberían de hacerse del conocimiento de las autoridades correspondientes. Pero, también, en todo momento debe estar presente el principio cardinal del derecho de los ciudadanos, de saber qué, cómo, cuándo, dónde y para quién su gobierno hace las cosas. 

Por ello, no le veo tanta sustancia al alegato de los administradores oficiales del banco, como cuando aseveran que “La Junta Directiva acordó realizar una investigación lo más exhaustiva posible, con el fin de analizar la totalidad del contenido del reportaje y tratar de establecer la forma, tiempo y lugar en que se divulgó la información, así como determinar los posibles responsables de dicho hechos delictivos”. Podrán investigar lo que quieran, pero lo publicado es algo presuntamente sucedido y que está debidamente registrado en actas del banco. Esas actas son del dominio público y de ninguna manera su divulgación ante la ciudadanía parecería indicar algo como “hechos delictivos”. Personalmente, creo que más bien debemos agradecer que cosas como éstas no queden tapadas, sino que lleguen plenamente al conocimiento de los ciudadanos, que al fin de cuentas no sólo son los propietarios de ese banco, sino también los que se beneficiarían o afectarían con decisiones como las comentadas. 

Al final de cuentas, tal como lo reiteró recientemente la Sala Constitucional, “las actas de las juntas directivas de los bancos del Estado son de libre acceso, pues contienen información de interés público.” (Por supuesto, obviamente que la privacidad existe únicamente en lo referente información confidencial privada que dispone el banco; por ejemplo, no puede, si no es por orden judicial, revelar los movimiento de mi cuenta bancaria o la información privada que he presentado en una solicitud de crédito). O sea, usted y yo y todos los ciudadanos del país tenemos derecho a saber qué pasa en nuestro estado y, concretamente, con las actuaciones de las juntas directivas de los bancos y en lo particular, en el caso mencionado del Banco Nacional. En donde reina la oscuridad, se facilita la corrupción. Ese puede ser un buen principio para aplicar en este tipo de casos de acciones del gobierno, que se puede querer que yazcan en la opacidad. Luz, más luz: recuerden las palabras finales de Goethe.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: las facturas falsas de la CCSS

Tal vez el título de arriba no sea el más adecuado, porque el posible fraude a la Caja Costarricense de Seguro Social bien podría ir más allá de un simple intento de cobro indebido, mediante el uso de facturas falsificadas. Lo que por fin sucedió –algo tardíamente como, en mi opinión, suele suceder- fue el allanamiento de parte de la Fiscalía General de la República de las instalaciones de la firma privada presuntamente involucrada, así como de algunos importantes hospitales nacionales, como el Calderón Guardia y de la misma Caja en el centro de San José, en busca de la documentación necesaria que permita determinar la existencia y naturaleza del posible delito cometido o que se ha intentado cometer. Francamente, no sé si la Fiscalía encontrará toda la documentación requerida, porque ha pasado ya tiempo suficiente desde que se hizo pública la noticia, como para que alguna mano maligna pueda haberse deshecho de la papelería, que podría demostrar la evidencia de un delito. Pero, como que es así la forma en que funcionan estas cosas de investigación y con lo cual yo no estoy familiarizado.

Los montos que se han señalado del posible intento de fraude a la Caja son sumamente elevados. Se ha indicado, de manera pública, que las 1022 facturas presentadas al cobro a la Caja, por servicios que presuntamente prestó a esa entidad la compañía Synthes, son falsas. Se trata de supuestas adquisiciones de tornillos, clavos y placas ortopédicas adquiridas por el Hospital Calderón Guardia, tan sólo en el 2010 y en el 2011. Sobre esto ha salido, en los medios escritos y televisados, que se insertaron en pacientes que nada tenían que ver con asuntos de ortopedia, sino que tan sólo habían sido objeto de tratamientos médicos que no requerían del empleo de esos repuestos metálicos, como es el caso de pacientes de maternidad, de ojos, urología y otras cosas similares, que no están relacionadas de manera alguna con aspectos de la ortopedia. También se han mostrado facturas de pacientes de la Caja inexistentes, quienes incluso han dicho, en vivo y a todo color en la televisión, que no han sido operados en aquel hospital e incluso que allí nunca han sido intervenidos quirúrgicamente. Además, entre los supuestamente operados, en donde se indica que hubo colocación de prótesis, se han brindado nombres de personas que, en el presunto entonces en que recibieron el tratamiento de implantes ortopédicos, ya estaban fallecidas. (Es tan parecido a los pagos que se hizo de sueldos a maestros ya muertos, como sucedió, según las denuncias públicas, en torno a las famosas planillas del Ministerio de Educación ¿Qué está esperando el Ministerio Público para intervenir?).

Observen que el monto que públicamente se ha dicho que se pasó a cobro y que, afortunadamente, no fue pagado, se refiere tan sólo al Hospital Calderón Guardia y para los años 2010 y 2011. La pregunta elemental, de cualquier Watson aficionado, es si también ha sucedido algo similar en otros hospitales, pues la firma que notoriamente se ha mencionado, es también proveedora de todo el sistema hospitalario de la Caja; que creo que comprende a unos 30 hospitales. Pero, asimismo, debe uno preguntarse si el acto cuestionado se dio en épocas diferentes a aquellos dos únicos años por los cuales se le pasó el cobro a la Caja. No hay duda que el trabajo de averiguación va a ser muy grande, pero parece posible que los presuntos montos involucrados resulten ser mucho mayores, que los citados 2.000 millones de colones en cobros aparentemente falsos a la Caja.

Personalmente no conozco al doctor Raúl Valverde Robert, quien ha dicho haber sido la persona que se enteró en diciembre del 2011, del cobro presentado en setiembre del 2011 al Hospital Calderón Guardia, por aquellas 1000 y pico de facturas de los años 2010 y 2011. En una entrevista en el periódico La Nación, del 12 de junio, señala el doctor Valverde Robert, Jefe de Cirugía del Calderón Guardia, que “desde el 2011 le estoy gritando a mi superior” acerca del presunto intento de fraude y que no es sino “hasta el 24 de setiembre (del 2013 cuando se inicia) la investigación” en el Calderón Guardia (casi dos años después). Además, que fue “hasta el 17 de enero” de este año cuando “se pone la denuncia ante el Ministerio Público”. 

Lo sorprendente es que el funcionario, quien aparentemente puso inicialmente la denuncia, fue suspendido en sus funciones el 14 de marzo de este año, por las autoridades del Hospital de ese entonces. Ante la pregunta del periodista de La Nación de “¿Por qué lo suspenden?”, responde el Dr. Valverde: “Habían llegado varias personas y me dijeron: ‘Mirá, estás molestando mucho y te van a suspender (...)’. Eso me dio chance de fotocopiar documentación para evitar que se desaparecieran ciertos documentos.”

Las investigaciones necesarias y por distintos cuerpos públicos especializados están proceso, pero no parece que la mejor medida haya sido la de suspender al funcionario que precisamente ha formulado estas denuncias. Dicha actitud, que sin problema alguien podría calificar como una aparente revancha por las denuncias expuestas por doctor Valverde, nos debe de preocupar mucho a todos los costarricenses, pues no parece ser tan necesaria esa reprimenda de quien podría, por la evidencia surgida, no ser más que un informante que destapa la olla (lo que en inglés llaman “whistleblower”; esto es, “el que toca el pito para avisar que algo incorrecto o ilegal se lleva a cabo”). Todo esto deberá quedar muy claro.

Si lo expuesto por el doctor Valverde es cierto –y al momento no tengo razones de por qué dudar de ello- entonces, el país debe estarle agradecido por haber sacado a la luz un negociado aparentemente indecente, inmoral y objeto de un delito que ocasiona un fuerte daño al erario público por tan elevada cuantía. Como siempre, ello terminará siendo pagado por los bolsillos de todos los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Venezuela avanza hacia al totalitarismo

Recientemente la Asamblea Nacional de ese país aprobó la llamada Ley Habilitante, la cual le permite al presidente Maduro actuar con poderes extraordinarios, sin las limitaciones propias de una democracia de frenos y contrapesos.  Para lograr tan descomunales facultades, el gobierno usó como pretexto “la lucha contra la corrupción y la guerra económica”. Maduro podrá gobernar mediante decreto durante un año y las leyes que emita serán de carácter obligatorio. El presidente de Venezuela, al recibir de sus diputados la recién aprobada Ley Habilitante, les dijo: “Ustedes han visto apenas las primeras acciones contra la burguesía”.  El control de precios y de utilidades, además de persecuciones contra los “especuladores” (posiblemente de “opositores del gobierno”) caracterizarán los próximos meses del gobierno de Maduro.

Este Poder Habilitante abre un nuevo umbral para la entronización gradual de un estado totalitario en Venezuela. De un gobierno que buscará ejercer un control centralizado, absoluto y total, de todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, en donde los individuos estarán totalmente subordinados al poder del estado.  Sin empacho alguno, ello se hace en nombre del bien para el pueblo. Lo dice Maduro: “con la ley habilitante no me puede parar nadie para proteger al pueblo”.

Rescato un aspecto de todo ese proceso, cual es el argumento de que se requiere de una casi total irrupción del estado en la vida de sus ciudadanos, principalmente con su intercambio de bienes y servicios, con el objetivo de “acabar con la corrupción”. La paradoja radica en que, entre más interviene el estado en la actividad económica, mayor presencia tendrá la corrupción.  Lo que se conoce como corrupción usualmente surge porque hay individuos dispuestos a pagar a funcionarios públicos, para que se les excluya de la aplicación de ciertas regulaciones o limitaciones.  A su vez, estos últimos están dispuestos a hacerlo a cambio de una paga o de alguna forma de remuneración.

También surge la corrupción cuando personas sobornan o brindan oportunos “financiamientos políticos” a encargados de formular leyes para que aprueben alguna forma de protección o subsidio, que les permita aventajar a otros competidores tanto del momento como potenciales.  Por ejemplo, mediante el otorgamiento de subsidios con fondos públicos o con la imposición de aranceles que les protejan de la competencia externa.

También hay corrupción cuando se presenta el robo directo o disimulado de parte de funcionarios encargados de cuidar los haberes del estado, cuya vigilancia les fue encomendada.  Recientemente lo hizo una ex alta funcionaria del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), quien llevó a cabo negocios indebidos con empresas de la bolsa estadounidense (compartió el chorizo).  Asimismo, cierto alto funcionario venezolano -aún en pleno ejercicio del poder- públicamente fue mencionado en una grabación inesperada de Mario Silva -un caído en desgracia director de un periódico amarillista del gobierno venezolano, La Hojilla- quien señaló “que el Presidente de la Asamblea Nacional había obtenido una gigantesca fortuna a través de corruptelas que operaba con CADIVI” (el ente gubernamental Comisión de Administración de Divisas).  Divisas logradas a tasas preferenciales, a un precio favorable mucho menor que el vigente en los mercados.

En nuestra campaña política actual llama la atención que haya políticos que, paradójicamente y con un alto grado de liviandad, proponen aumentar significativamente el activismo estatal, a la vez que expresan su enojo por una evidente corrupción en el sector público.  No es posible que no se hayan dado cuenta de que, entre mayor sea la participación del estado en nuestra vida política, mayor es el campo en que florece la corruptela. Ojalá que los ciudadanos, cuyos votos les piden ahora, no se coman ese cuento. Fueron y son sabias las palabras de Lord Acton: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji empresarial: déficit de sobriedad y sensatez

Parece haberse puesto de moda la ampulosidad, el despilfarro, el derroche, la ausencia de prudencia, pero al mismo tiempo la escasez de criterio y de sentido común.

Salvo honrosas excepciones, que solo confirman la regla, la inmensa mayoría de los Estados del mundo han aumentado, en los últimos años, significativamente su tamaño, funciones, responsabilidades y presupuesto.

La política, siempre interesada en utilizar una creciente cantidad de fondos, se ha ocupado de generar la necesidad convenciendo a muchos de la importancia de un Estado fuerte, pero fundamentalmente que concentre poder y dinero para luego repartir bienestar entre los ciudadanos.

A esta altura de los acontecimientos se sabe que todo es un gran timo. Que en realidad sólo se trata del interés corporativo de la política en administrar cuantiosos recursos para construir poder y someter desde allí, a quienes no se avienen a ajustarse a su cuestionable moral y sus retorcidas normas.

Juan Bautista Alberdi decía que “las sociedades que esperan su felicidad de la mano de sus gobiernos, esperan una cosa contraria a su naturaleza”, sin embargo aún hoy, demasiados creen con convicción que su tarea individual consiste en pedir a otros lo que no consiguen por sí mismos.

Es en ese extraño contexto en el que proliferan los Estados inmensos, que estimulan la creación de múltiples y novedosos impuestos para sostenerse. Todo ello deriva, irremediablemente en una insoportable presión impositiva que es la esperable contracara de lo que muchos reclaman. A riesgo de ser reiterativos habrá que recordar que los gobiernos se financian con impuestos, endeudamiento o emisión monetaria. Aún no se han inventado más que una larga lista de variantes de lo mismo.

El Estado siempre precisa recursos, mucho más aún si gasta tanto y solo los consigue cuando se los quita previamente a los que lo producen, o disemina inflación, o bien hipoteca el futuro de las próximas generaciones. No existe otro modo de hacerse de ese dinero, porque no puede crear riqueza, sino solo quitársela a algunos primero, para repartirla después.

Resulta al menos contradictorio seguir recorriendo este círculo vicioso de discursos que reclaman más Estado, pidiendo más recursos para financiarlo para que pueda tener más funciones y aumentar las remuneraciones a sus agentes, pero al mismo tiempo esa sociedad que se queja de la insoportable inflación, de la voracidad impositiva y del sistemático endeudamiento.

El absurdo se abre paso a diario. Gobiernos corruptos, políticos insaciables y sociedades que reclaman cuestiones inconsistentes que entran en conflicto minuto a minuto.

A Thomas Jefferson se le atribuye aquella frase que decía “estoy a favor de un gobierno que sea vigorosamente frugal y sencillo”. Hace cierto tiempo se entendía mejor todo. Sin un gobierno austero y capaz de comprender que cuando gasta lo hace a expensas de haberle quitado antes a los que trabajan para conseguirlo, es muy difícil avanzar con criterio.

El que gasta lo que no le ha costado esfuerzo obtener, nunca valorará la dimensión de lo que administra. Por lo tanto, no se puede esperar, con seriedad, que los circunstanciales orientadores de esos fondos tengan la decencia de ser cautos y recatados.

Es la sociedad, la que primero debe comprender la naturaleza de las cosas, para luego establecer las reglas que está dispuesta a jugar. Son los ciudadanos lo que deben fijar límites, definir qué toleran y que no.

Lo que se ve a diario constituye un absoluto abuso de poder, una verdadera inmoralidad que no debe encontrar amparo en la sociedad. No es admisible que quien dilapida los recursos de la gente, gastando en sí mismo como no usaría su propio dinero lo haga con tanto desparpajo, con la impunidad de quien no recibirá reproche alguno. La nómina de privilegios, de derroche evidente y de descaro sin pudor ya se ha tornado indisimulable. Los gobiernos dilapidan cada vez más y muestran su poder de ese modo.

Es cierto que a los gobiernos les falta sobriedad. No está en su esencia. Los que lo administran son solo “aves de paso”, aunque es bueno decir que conforman una corporación política que solo rota de tanto en tanto con alguna irregular frecuencia en la labor de regentear la cosa pública.

Del otro lado, la sociedad toda, la suma de individuos parece resignada o probablemente solo distraída o algo dormida. Lo concreto es que no reacciona y sigue alimentando las decisiones que llevan a transitar una historia de nunca acabar, que se reinventa para continuar hasta el infinito.

Este disparate solo cambiará cuando los ciudadanos sean capaces de salir de este letargo y abandonar las ideas que sustentan y dan soporte a este dislate que crece sin encontrar frenos. Mientras tanto se sigue asistiendo sin resistencia alguna a este patético déficit de sobriedad y sensatez.

Alberto Medina Méndez

Tema polémico: doble moral

Llevamos ya varios años de escuchar que las finanzas públicas están en serios problemas, que el déficit fiscal nos lleva a niveles preocupantes y que se necesita una reforma fiscal. Sin embargo, los últimos gobiernos se han preocupado hasta la saciedad por aumentarnos los impuestos -tasando prácticamente todo lo que se mueva- pero no han hecho ni un pequeño esfuerzo por cerrar la llave del gasto. Una muestra más de la doble moral tan extendida en nuestros gobernantes.

Pagamos una altísima proporción de nuestros recursos en impuestos, contrario al cuento de nunca acabar de nuestros políticos, que dicen que nuestra carga tributaria apenas es del 13% del PIB. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la verdadera carga tributaria de Costa Rica es 22% cuando a los ingresos tributarios del Gobierno Central -la suma con la que llegan a ese 13%- se le suman cargas sociales, impuestos municipales y otros cobros, lo que nos deja en el 5° lugar de América Latina, superados solo por Cuba, Brasil, Argentina y Uruguay. Como bien señaló Juan Carlos Hidalgo en su blog, el informe "Doing Business in Costa Rica", deja claro que los costarricenses pagamos, en promedio, 55% de nuestras ganancias en impuestos,  proporción mucho mayor que en el resto de países latinoamericanos y de la OCDE. 

Y a pesar de lo mucho que pagamos, el dinero no alcanza según Casa Presidencial. No alcanza para pagar los casi $12 millones que ha costado arreglar el puente de La Platina (cuando por menos dinero en cualquier país decente construyen hasta una carretera); no alcanza para pagar los más de $50 millones de la fiesta que tiene el Gobierno de la República con La Trocha (fiesta que ha dado hasta para pagar por trabajos fantasma); no alcanza para pagar la compra por más de $2 millones del Cine Variedades o los ¢3 millones por charla que pretende gastar Hacienda para su "diálogo fiscal" que no terminará en más que un espacio para que los distintos grupos y sectores hagan su berreo sin que la propuesta planteada por esa cartera se modifique en un ápice. Tampoco alcanza para pagar la ineficiencia de nuestra burocracia, que se ahoga a sí misma y ahoga a toda la ciudadanía en una avalancha de trámites, en un mar de incapacidades y vacaciones pagadas, de pluses salariales amarrados a cada aumento que disparan el gasto público, remuneraciones muy por encima de lo que se gana en el sector privado y en muchas ocasiones por marcar tarjeta de asistencia, sin generar ningún beneficio para los ciudadanos. Mucho menos alcanza para sostener un modelo de política social basado en transferencias para ayudar a unos pobres que nunca salen de su pobreza -si es que realmente lo son- y en el que nadie, ni siquiera la propia Contraloría General de la República y mucho menos los Ministerios de Hacienda y Planificación tienen la menor idea de cómo se usa el dinero, quiénes son los beneficiarios y cuál es el impacto de regalar esos recursos. Y todo esto en el Gobierno Central. Ni qué decir del sector descentralizado, las instituciones autónomas y las municipalidades, donde el gasto se dispara sin ton ni son, con megaproyectos sumamente costosos e innecesarios cuyos costos son asumidos por la ciudadanía vía tarifas o vía transferencias. Mientras el gobierno nos pide socarnos la faja y "sacrificarnos" pagando más impuestos hasta por respirar, ellos gastan a manos llenas, sin preocupación, totalmente opuestos a cualquier mecanismo de control y responsabilidad. 

Definitivamente, en este nuevo proceso electoral, esto es algo que hay que tomar muy en cuenta a la hora de ir a votar. No podemos seguir tolerando esta doble moral de pedir más impuestos y más recursos para paliar el déficit fiscal por un lado, cuando por el otro están despilfarrando todo lo que entra. Costa Rica no aguanta más impuestos: la actividad económica tiene algunas muestras muy leves e irregulares de mejora, el costo de la vida ya es suficientemente alto y el desempleo y la falta de oportunidades nos preocupan sobremanera a todos, pero especialmente a los jóvenes que ya no ven un panorama alentador en el horizonte.

 

Jumanji empresarial: el cínico paradigma del gasto estatal

Muchas de las creencias fuertemente arraigadas en la sociedad provienen del socialismo más ortodoxo. Una de ellas es que el GASTO ESTATAL es bueno, saludable y hasta un dinamizador de la economía. La lista de bondades descriptas es interminable y resulta realmente sorprendente que la inmensa mayoría del arco político, sostenga ese paradigma con ciertos matices que no cambian el fondo de la cuestión.

Cuando se acepta la idea de que el gasto estatal es positivo, se validan automáticamente, aun sin pretenderlo, todas sus fuentes naturales de financiamiento, que paradójicamente son rechazadas sistemáticamente por los individuos. La ";caja"; de cualquier Estado se alimenta invariablemente de impuestos, endeudamiento o emisión monetaria.

Los impuestos son los recursos que los gobiernos detraen en forma coercitiva y obligatoria, es decir por la fuerza y sin mediar la voluntad de ningún ciudadano, quitándoles una parte, muchas veces importante, del fruto de su esfuerzo genuino y de su sacrificio personal.

El endeudamiento estatal implica que las generaciones actuales usarán dineros que le prestaron, para que otros en el futuro deban abonar ese consumo presente. Una perversión estatal de las más crueles, porque en ese esquema un grupo de individuos hoy decide que utilizará un dinero que otros, que no fueron consultados, terminarán pagando con su trabajo.

La emisión monetaria es esa herramienta que los gobiernos aplican abusando del monopolio estatal del que disponen para la fabricación de moneda local, que deriva en la creación artificial de dinero sin respaldo. Cuando esa emisión no es genuina y no tiene soporte real, produce inflación, el más perverso de los impuestos, ese que hace que quienes tienen ingresos fijos vean como se deteriora su poder de compra.

Todos estos instrumentos son detestados por la sociedad, porque de forma directa o indirecta, percibe que inciden sobre sus ingresos presentes y futuros, por lo tanto sobre su calidad de vida actual y su porvenir.

Sin embargo, con casi la misma vehemencia que se rechaza a esas herramientas, se aplaude al gasto estatal. Es que la política ha instalado esta idea y la alimenta a diario. No lo hace de casualidad o sin intención. Cuanto más dinero administra el Estado, más poderoso es el político de turno que dispone de su destino en forma inconsulta, o a lo sumo con otros de su clase, con la corporación de dirigentes, que deciden discrecionalmente hacia adonde lo orientarán. Algunos intentan hacerlo con más criterio, pero es inevitable caer en la arbitrariedad.

Los políticos saben que precisan promover un gasto estatal elevado. Eso los hace importantes y poderosos. Así consiguen que los que pretenden acceder a esos fondos los contacten, con todo lo que eso significa a la hora de manejar recursos, cuando no de generar oportunidades de corrupción.

Por eso es que cuando algún sector de la ciudadanía, le dice a la política que los impuestos son altos, que deberían bajarlos, ellos argumentan que para poder disminuir unos, se deben previamente subir otros. Ellos creen, y además les resulta muy conveniente, que el gasto estatal no debe bajar, jamás reducirse. Por eso han trabajado en la importante batalla cultural convirtiendo al término ";ajuste"; en una mala palabra y en sinónimo de caos.

En realidad cuando en la vida particular los números no cierran, existen solo dos caminos posibles, o el incremento de los ingresos o la reducción del gasto. Pero se sabe que incrementar ingresos en el Estado, implica aumentar impuestos, endeudarse o emitir dinero artificial provocando inflación. Ellos insisten en esta dialéctica pérfida, esa que dice que el gasto es inflexible a la baja y que solo se puede ser sostenido o aumentado. Cuando alguien audazmente sugiere lo contrario, lo demonizan, siendo que son ellos quienes condenan a la comunidad a este círculo vicioso.

Lo que no dicen los políticos es que el gasto puede y debe reducirse, y no necesariamente dejando de prestar servicios. No es novedad que el Estado es fuente de corrupción, esa que consume recursos que no van a parar a las prestaciones esenciales sino a los bolsillos de los funcionarios hipócritas, los mismos que dicen que el gasto no se puede disminuir.

Tampoco dicen esos dirigentes que el Estado es intrínsecamente ineficiente porque aplica más recursos de los necesarios para obtener lo que otros logran con menos. En este contexto, es inadmisible seguir aceptando ciertos patéticos y paupérrimos argumentos lineales que solo invitan a creer, sin razón alguna, en la falacia de las virtudes del gasto estatal.

A estas alturas es imprescindible discutir, sin temor, seriamente y sobre todo sin que medien intereses personales directos, cuales son las funciones vitales de un Estado y cuales definitivamente no le corresponden. Mientras tanto tendremos que seguir asistiendo al triste espectáculo que nos proponen cuando hablan del cínico paradigma del gasto estatal.

Alberto Medina Méndez

Desde la tribuna: Estado estorbón

En el periódico La Nación del domingo pasado se denuncia el caso del Casino Royal Dutch. En la básico, se trata de dos problemas principales que pasan por las oficinas públicas:  Hace como cuatro años que no paga alquiler al dueño de la propiedad y usa una patente de licores “polémica”.
 

En el programa “Por la Libertad”  (Lunes, 7pm Canal 54 UHF) el psicólogo William Ramírez (invitado) y yo nos referimos al tema, a propósito de la tramitopatía que sufrimos en Costa Rica. El caso se presta, como anillo al dedo, para ilustrar cómo, de manera evidente, unos logran fácilmente establecerse y operar (incluso sin pagar alquiler y con una patente discutible) y otros no logran sortear la maraña de requisitos y permisos con que la Administración y autoridades costarricenses nos atosigan. Incluso, jocosamente, comentamos que era el imperio de una de las dos leyes:  la ley de Caifás (al que está jodido, joderlo más) o la ley del embudo (a unos la parte ancha y a los demás, la estrecha).
 

Inmediatamente se congestionó el teléfono abierto del programa:  las personas no se cansaron de denunciar cómo buena parte de los municipios y oficinas de salud presionan a unos, incluso llegando a cerrar los negocios y, en cambio, dejan que otros actúen impunemente.

Por diversas razones sé de la capacidad jurídica del dueño de la propiedad, don Noé Kawer, y me sorprendió que en cuatro años no haya podido desahuciar (por no pago) a los sorprendentes inquilinos.  Espero que la información del periódico haya alertado a la inspección judicial y esté repasando qué pasa en ese proceso.  

Cuando se suma el tema de la patente queda evidente aquello de que “si parece pato, hace como pato, suena como pato y camina como pato, entonces debe ser pato”.  Para mí queda muy claro que hay “ayudas” públicas.  

El simpático locutor Pilo Obando ha acuñado una expresión muy específica, la cual usa cuando en un partido de fútbol que está narrando suceden patadas, faltas de todo tipo y el árbitro no pita y se queda como si nada.  Pilo dice que “el árbitro está contemploso”.

Pues bien, a veces sucede que la Administración, las autoridades y el Estado en general , ante ciertas gestiones, operaciones, infracciones y personas se quedan exactamente “contemplosas”.  Nada vieron, nada que decir, nada que hacer, nada que sancionar y “sin novedad en el frente”. Puro “Estado gendarme”.

Lo grave, irritante y complicada es que ante la actividad de la mayoría, ante quienes quieren pellejearla para sacar adelante a su familia, ante quienes la pulsean para fomentar empleo y actividad, entonces sí sacan pecho, aparece todo la lista de requisitos y documentos, permisos y reglamentos.

Algunas veces va acompañado del “¿cómo te ayudara?” y otras veces sencillamente hay un “uso de suelo”, un “plan regulador”, un reglamento o un requisito insalvable.  En alguna administración de cuyo nombre no quiero acordarme, los supuestos “analistas” inventan consultar a Raymundo y todo el mundo y luego de coleccionar criterios discordantes aperciben al petente de poner su solicitud a tono con todos, otras veces discrepan por el uso del lenguaje y finalmente retrasan cualquier solicitud años y años.  ¡Son distintas formas de corrupción! 
 

Cuando uno debe leer actas y actas de diversos cuerpos colegiados va percatándose de que no es cierto aquello de que  “si se da la misma condición, debe darse la misma resolución” .

Claramente se aprecia que, para la Administración pública y las autoridades es igual que en “La Granja de los Animales” de George Orwell:  “Unos son iguales que otros”.

Lo más serio del asunto, aparte del caldo de cultivo de la corrupción, es la maraña de leyes y reglamentos que le permite a la Administración y autoridades en general construir un Estado estorbón, estorboso y atravesado.  

Los funcionarios públicos terminan por no apreciar la libertad de los ciudadanos, las necesidades de gestión y trabajo, la necesidad de aprovechar la oportunidad y los derechos fundamentales que están en juego.

Es fácil, desde la comodidad del empleo público y el ejercicio de potestades, joderle la vida a los demás, complicarle al ciudadano sus derechos, escudarse cobardemente tras normas y requisitos y frustrar cualquier intento de surgir, de trabajar, de ganar dinero. 

Algunos, incluso, tienen hasta una falsa justificación moral, pues creen que en el Estado están por el bien general y que los usuarios no andan sino tras el vulgar peso, tras la ganancia.

Tema importante para el desarrollo nacional, para recuperar la dignidad de todos y para equilibrar un Estado hundido y que nos arrastra a todos al fondo, con la obsecuencia de funcionarios abusadores y aprovechados.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: insisto en la pregunta

¿Qué pasa con alguna gente?  Por un lado despotrican contra los políticos, incluso generalizan sus acusaciones acerca de la corrupción, pero … solo confían en el Estado e insisten en atribuirle funciones y giros sociales. Es un terrible contrasentido. Pareciera que una parte del cerebro tiene una información y que la otra funciona con desconocimiento total de la información que se tiene.

Si, además, se percataran de que tienen información suficiente para entender que una de las causas de la corrupción consisten precisamente en llenar al Estado de potestades y funciones, entonces se aprecia que mi pregunta es absolutamente justificada. Hay una contradicción, un problema de razonamiento, un alejamiento de las vías para llegar a conclusiones, una carencia de lógica y consecuencias fatales.

Uno de los focos de corrupción se forma con el exceso de decisiones que se ponen en manos de políticos: contrataciones, servicios, modo de los servicios, permisos, requisitos, regulaciones. No es materia neutral, el político se erige en árbitro de la sociedad y su funcionamiento. Hay que recordar los estudios acerca de “the public choice” (Buchanan) y el viejo decir que “en arca abierta hasta el justo peca”.  ¡Todo eso lo sabe la gente!  Pero… sigue poniendo la vida en manos de los políticos.

Una posibilidad es que  los partidos políticos y las ideologías hayan contaminado su modo de pensar.  ¡A veces pasa! Otra posibilidad, es que el bombardeo de la burocracia tenga a mucha gente confundida (por ejemplo:  “Banco Central, nervio y motor de la economía nacional”, ICE:  “a tu lado”,  BNCR:  “más cerca de usted”, BCR:  “somos el banco de Costa Rica”, CCSS:  “al servicio de la salud”, BPDC:  “el trabajo nos une”; JPS:  “para hacer el bien” y quién sabe cuántas entidades públicas nos atosigan con el “trabajamos para usted”.)  Otra fuente de error es el adoctrinamiento diario de algunos sistemas (banca nacionalizada, Recope, Aresep, MEP, Imas) convenciendo a la gente de que la gestión pública es meritoria, barata, justa y necesaria. También puede ser que algún sector de la gente sea masoquista y requiera de opresión y corrupción para sentirse bien.  No hay que olvidar que alguna gente es dogmática y fascista, estatólatra y estatista.

Aún así, si por otra parte está evidenciado que buena parte de los políticos son corruptos y si la gente no está contenta con el manejo que hacen de las cosas, sigo preguntándome porque les entregan su vida. Otra respuesta es que quizás no hayan conectado una parte con la otra, que en su mente exista una abstracción conceptual que no conecta al Estado con los políticos, con la misma gente a quien en lo particular le tiene desconfianza o con las mismas personas a quienes no quiere reconocer la libertad

En fin … me sigo preguntando.  ¿Usted tiene la respuesta?

Federico Malavassi Calvo 

Desde la tribuna: ¿cómo echar a perder una buena idea?

La “concesión de obra pública” es una magnífica idea, tomada de los usos de otros Estados.  En nuestro país, desdichadamente, ha resultado una buena teoría, pero una mala práctica (como el chiste:  “en teoría tenemos como enfrentar el déficit de infraestructura pública, pero en la práctica tenemos los mismos vicios y otra veta para las sinvergüenzadas”).

La “concesión de la Carretera Bernardo Soto” en la modalidad de concesión de obra pública ha exasperado a la gente, a las comunidades y  arriesga con poner fin a una buena idea. 

Las torpes actuaciones gubernamentales que, incluso, convirtieron la Fiesta Patria de Juan Santamaría, en Alajuela, en una trifulca memorable, están convirtiendo a la interesante posibilidad de concesión en el pato de la fiesta.

La idea de la concesión de obra pública es muy interesante y una buena vía en la solución de las carencias estatales.  La posibilidad de concesionar a un sujeto de derecho privado una obra pública para que se usen los recursos privados en el desarrollo de la infraestructura pública es magnífica, pues así se puede obviar la mala administración pública y el reiterado déficit público.  Es un modo de enfocar la inversión privada en proyectos públicos obras rentables (la inversión se recuperará a través de una tarifa pagada por los usuarios).

En varios Estados, tal modalidad de concesión o figura jurídica ha sido la vía para ir más allá de las imposibilidades presupuestarias y fiscales que ahogan las necesidades de infraestructura, de obras, de soluciones.  Prácticamente no hay Estado en el cual abunden los recursos públicos y, por ello, hay carencias crónicas y dificultades para financiar algunos proyectos.

Costa Rica no es ajena a tales carencias y limitaciones.  Todo lo contrario.  Estamos asfixiados por un crónico déficit presupuestario, mala administración pública y necesidades irresueltas.  Por ello nuestra sociedad es de las que debería aprovechar con ventaja las posibilidades de la “concesión de obra pública”.  Por tal vía podríamos superar el ya antiguo déficit en carreteras, puertos, ferrocarriles, todo clase de aguas e infraestructura pública y comunitaria.  Pero …

En lugar de acometer la novedad jurídica con entereza jurídica y moral, hemos terminado en unos terribles embrollos que, además, arriesgan la proscripción de la figura de concesión de obra pública en nuestro medio.

Las actuaciones del Consejo Nacional de Concesiones son objetables en toda la línea (sobre todo desvío en los aspectos jurídicos y éticos):  sin adecuada selección de los proyectos, con pagos injustificables, decisiones injustas y objetables que han terminado con la condena judicial y una inaceptable toma del órgano contralor.

En el caso de la carretera Bernardo Soto (como si la carretera a Caldera hubiese sido una experiencia exitosa), aparecen además cesiones objetables (que aumentan los precios) y una “suficiencia” de funcionarios que, sumada a las torpezas gubernamentales, arriesgan convertir el proyecto en una “halada del rabo de la ternera”.

Entonces el sentir general es que la figura sirve para todo menos para lo que fue concebida:  en lugar de constituir una vía de solución para los serios problemas nacionales en infraestructura y falta de recursos, pareciera que se ha actuado para que se objete la participación de la empresa privada, para que se hagan negociados inaceptables, para que se actúe de forma reprobable y para que la sociedad despotrique contra la figura jurídica, la cual, congelada en forma de ley, no tiene la oportunidad de defenderse de tan malos directores de orquesta, tan malos músicos y tan mala ejecución.  El público terminará achacando los males a la partitura y no a los ejecutantes.  ¡Achará, qué vaina!  

Todo ello aleja la posibilidad de hacernos de buena infraestructura, aumenta la presión fiscal y el riesgo de más impuestos.  También facilita la eventual utilización de la legislación de emergencia, con los consabidos resultados. 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ¡dos veces y medio peor que la "trocha mocha"!

La noticia es que se han festinado ₡49,000,000,000.oo (cuarenta y nueve mil millones de colones) en estudiantes fantasmas (Administración del Ministerio de Educación).

Si sacamos cuentas, recordaremos que el gasto en la “trocha mocha” era de ₡20,000,000,000.oo (veinte mil millones de colones).  No todo se festinó, lo que se festinó fue la obra.  

He dicho varias veces que algunas desgracias gubernamentales son más fáciles de criticar y descubrir por tratan de asuntos tangibles (huecos en la calle, la trocha, los daños en la carretera a Caldera), pero que hay otros que son casi ocultos y tratan de asuntos relativamente intangibles.

No todos los asaltos y delitos son denunciados y no todos en todos los denunciados se logra determinar al malhechor.  Por supuesto que el nivel de insatisfacción ciudadana en este tema es altísimo. Es obvio que hay inseguridad y que el Estado ha sido ineficiente en sus obligaciones. El gobierno ha mantenido una discusión con la ciudadanía, pues los funcionarios sostienen que se trata de una mala percepción.  Es el problema que tenemos cuando no contamos con todas las cifras y datos.

Hace unos meses se hablaba del desatino del gasto en la Educación pública en relación con los dineros que están en el “limbo” entre la Administración central y las juntas de educación.   El asunto es que se ha logrado determinar que hay miles de millones de colones en ese “limbo”. ¡Administración catastrófica! 
Por supuesto que el asunto se origina en la “creencia” o “fe” que algunos le tienen al Estado y a sus funcionarios. En Costa Rica decimos  “tener más fe que san Roque”  (aquel santo de Montpellier que quedó huérfano, vendió todo para darlo a los pobres, se entregó totalmente al servicio de los demás y murió solo, abandonado y olvidado, lleno de llagas y en prisión).   Pues sí, desdichamente abundan los crédulos que le tienen fe al Estado, al gobierno y a los funcionarios públicos y, de verdad, estos estatólatras  “tienen más fe que san Roque”.  

La educación pública se dedica a las guías sexuales (posiblemente por andar en esas se le han reproducido 41,000 alumnos fantasmas) y se desconcentra de lo elemental.  Ahora acepta que necesitará dos años para enseñar a leer.    ¡Vamos de mal en peor!

¿Cuántos negocios más, de este tipo, anidan en la administración del MEP? ¡Qué difícil va a ser determinarlo, pues es lo que no se ve!  

Los auditores del MEP han externado críticas importantes al funcionamiento de esta Administración, lo que pasa es que no han tenido seguimiento judicial.  No es de extrañar, además, que éstas condiciones administrativas cohabiten con actos de excesivo autoritarismo y abuso (¿recuerdan los temas de “Procesos” y las cartitas de recomendación para Recope?).

¡Eso sí! Cuando se trata de educación privada, entonces aparecen todos los tecnócratas para exigir irracionalmente sujeción a reglamentos inconstitucionales, a instrucciones exageradas y mil detalles que, por supuesto, la administración del MEP no se autoaplica.  ¿Curioso? ¡No! Es parte de la misma manera de ser.  

Si la Presidenta de la República aplica al MEP la misma reacción que tuvo con el MOPT cuando se medio enteró de la trocha mocha, debería pedirle al Ministro dos veces y medio más rápida y fuertemente que se marchara y dejara la educación en mejores manos.  ¿Será así o va a pasar igual que con la cartita de recomendación a “Procesos” que resultó en la contratación torticera en Recope.  ¿Usted que cree?

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: ¡fueTeté!

En las declaraciones, de casi todos los que han acudido ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para estudiar el caso de la llamada Trocha, niegan haber tenido algo que ver con tan malogrado proyecto, del que ver se derivaron claros actos de corrupción. Tan sólo cuatro funcionarios públicos, quienes laboraban en el CONAVI, algunos en niveles intermedios, han aceptado sus responsabilidades y sólo dos de ellos guardan actualmente prisión preventiva, por orden de jueces. Por sus deposiciones, casi que el resto de los comparecientes más bien esperaba ser felicitado por sus actuaciones.

Esa es hasta hoy la triste realidad de los hechos en la comisión legislativa mencionada, ante la flagrante corrupción sucedida en ese proyecto.  Nadie de los altos funcionarios gubernamentales comparecientes, quienes tuvieron responsabilidades por la decisión de llevarla a cabo, formular su planificación técnica, ejecutar y supervisar su construcción, ordenar destruir el medio ambiente, decidir acerca de qué actividades se deberían llevar a cabo en dicho proyecto, indicar cuáles obras concretas se deberían realizar y en qué forma y, ante todo, vigilar que las cosas se hicieran correctamente, de acuerdo con nuestras leyes, ha dado la cara asumiendo las responsabilidades del caso. Casi que uno esperaría saber quién fue el que tomó la decisión fundamental de llevarla a cabo y que asuma a plenitud la responsabilidad derivada de esa decisión.   

Como ni siquiera hay asomos de que alguien nos diga que asume la plena responsabilidad política derivada del descalabro, a los ciudadanos, con cuyos impuestos se proveyeron los recursos que fueron objeto del asalto, no nos queda más que elucubrar acerca de quién o quiénes son los responsables de esa torta.  Unos, como yo, pueden pensar que, entonces, fue Teté. Otro que el hombre invisible de H. G. Wells. Alguien más creería que fue la Sombra (esto para los muy viejitos). Para quienes están muy perdidos, podrían juzgar, por aquello del desperdicio y atolondramiento navideño, que fue el Amigo Invisible. Tal vez alguien pensaría que fue aquel hombre invisible, irresponsable, que abandonó a la mujer que embarazó. Cualquiera puede haber sido, menos los que no aceptaron responsabilidad alguna ante la Asamblea, si bien, tal vez, tendrán que hacerlo ante la justicia.  Es mucho en lo que dependemos de la acción de la Fiscalía General de la República. Que Dios la ilumine, pues ya sabemos al monstruo que se enfrenta. 

Mientras tanto, nos anuncian que pronto se reanudarán los trabajos a medio palo en la Trocha. Se me revuelve el estómago, pero lo que es lo más notorio del momento, cual es la recontratación de la empresa que estaba encargada de la vigilancia en la primera etapa fallida, no lo voy a juzgar en este momento. Repugna, como si no existieran otras empresas que se pudieran encargar de tan delicada función, sin que se haya puesto en duda la eficacia de una tarea de vigilancia previa. 

Pero ha pasado desapercibida la declaratoria presidencial de que, quienes se oponen a la Trocha, son unos traidores a la Patria. Casi que me dan ganas de oponerme a ella, tal vez por lo sucedido con nuestros recursos escasos y con el juego politiquero en que se nos ha querido involucrar. Pero no lo voy a hacer, a fin de no distraerme en mi esfuerzo, porque salgan a la luz los responsables del robo de fondos públicos más grande y reciente de nuestro país.  El símbolo de la justicia podrá estar vendado. Pero no es un significado de que las cosas se deban tapar, sino para que la justicia sea imparcial. Nada más. Pero que se lleve a cabo.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: mentalidad burocrática

Ciertamente, hay necesidad de administrar las cosas, ello es innegable.  La acción gubernamental requiere administración y esto también es innegable. El problema surge cuando la función se vuelve un fin en sí misma y no un medio para cumplir los fines de la organización social.

La sociedad existe porque hay organización (normas y gestores), eso no es el problema.  El punto radica en cuánta norma es necesaria y cuánta organización es justificable. Varios pensamientos insisten en el principio de acción subsidiaria del Estado como un evaluador o medidor permanente de la acción pública. La doctrina social de la Iglesia ha llegado a expresar, además, “tanto Estado como sea necesario, tanta sociedad como sea posible”.

El mecanismo de suspensión de garantías, existente prácticamente en todas las Constituciones políticas, existió incluso en las más liberales (pero, por supuesto, no en tan gran extensión como aparece en algunas de las actuales). Ello es una muestra de que, ante ciertas situaciones concretas, se admite que el Gobierno o la Administración Pública tenga incluso potestades excepcionales (situaciones de urgencia y emergencia). El problema es que dentro de la sociedad el Estado pesa cada día más y, además, dentro del Gobierno la burocracia también pesa cada día más. Por consiguiente, la sociedad tiene que soportar una burocracia cada día más pesada. Pero no se trata solo de su peso en kilogramos (que es mucho) sino en su ideología. Cuando John Stuart Mill abogaba por una limitación del poder público, explicaba que aparte de que la mayoría de las veces las personas hacen mejor lo que les es atinente (frente al poder) y de que incluso cuando no es así resulta apropiado que lo hagan para que aprendan, también sucede que el poder tiene una tendencia a justificarse, perpetuarse y fortalecerse.  

Aunque ahora se denomina “burocracia” a la organización y al conjunto de servidores públicos, las restantes dos acepciones del DRAE son absolutamente precisas y evidentemente peyorativas: “3. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos” y “4. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”.

En una institución autónoma promedio, la mayor parte de los integrantes de la Junta Directiva (con excepción, obviamente, de la Presidencia Ejecutiva) devenga una dieta de unos ₡40,000.oo por sesión.  Ello resulta en unos ₡160,000.oo al mes, de los cuales se deducen los importes tributarios. Con esos recursos (pago por su tiempo) se enfrentan a la Presidencia Ejecutiva, a las Gerencias y demás dependencias que tienen altos salarios y todo el tiempo del mundo. Aparte de ello, algunos se ponen la “camiseta” de la institución a la van a dirigir.  Resultado: uniformidad burocrática.

Por ello no es de extrañar que terminen “volviendo el rótulo para adentro”, en alusión a una supuesta práctica inconveniente para el cantinero, pero imperdonable para el funcionario público. Ello explica la fruición burocrática con que se le espetan al pobre administrado frases como “falta un timbre”, “hoy no se puede”, “no hay sistema”, “tiene que venir mañana o la próxima semana”, “eso no se puede hacer”, “ya se le venció el tiempo”, “tome su ficha”, “haga fila en la otra ventanilla”, “no es tan fácil como usted cree” o “el encargado está de vacaciones”.

No es de extrañar que, en la mentalidad burocrática, sea más importante el régimen de retiro, la pensión privilegiada, que el espíritu de servicio. No es de extrañar que los burócratas hagan mentalidad de cuerpo en todas las dependencias públicas y tiendan a comportarse de manera similar. Y, por supuesto, es perfectamente explicable que esta mentalidad no admita el silencio positivo, los derechos de los ciudadanos, el valor de la libertad ni la importancia de la responsabilidad.

La mentalidad burocrática siempre tenderá a pedir más requisitos, a no valorar el tiempo de las personas, a obstaculizar la libertad ajena, a minimizar los derechos ciudadanos, a encontrar excepciones a las reglas de simplificación, a molestarse con los plazos cortos, a maximizar los defectos de una solicitud y minimizar los vicios de la actuación pública.  Con gusto convalidará las nulidades públicas pero, con más placer aún, denunciará las imperfecciones privadas.  

Desdichadamente, la inflación jurídica y el activismo legislativo se alían con la mentalidad burocrática, cargando a la sociedad de leyes y requisitos, de tramitomanía y exigencias, de sanciones y prohibiciones, junto con una relativización de las libertades públicas.  

¡Esa es la realidad!  Hay que hacer un esfuerzo por detener tal inercia y poner las cosas en su lugar.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: la justicia pierde una batalla

La sentencia de sobreseimiento, en favor de un señor exministro Rodrigo Arias, implicado en el manejo de fondos donados al Estado costarricense por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), corresponde a una batalla que ha perdido la justicia. Si no lo hubiese detenido una apelación, el tribunal, integrado por una sola persona,   hubiera cerrado el caso, con setenta candados, para que nunca pueda reabrirse, aunque estén pendientes acciones para conseguir  documentos que el BCIE se niega a entregar y mantiene en las tinieblas, fuera del alcance de la justicia.  

Algunos piensan que conviene esperar a que se logren extraer los documentos faltantes, entre ellos el señor Procurador de la Etica. Cerrar el caso, en estas circunstancias,  conviene al señor exministro y hoy precandidato, pero nunca a la justicia: pues ganó, donde ésta perdió. Es imposible obtener más claridad acerca de la gravedad y profundidad, del problema político que vive Costa Rica.

La fiscalía arrancó mal el caso, en medio de una maraña  de llamadas telefónicas y desconvocatorias a citaciones y, finalmente, pidió al tribunal desestimar la causa, mientras  las pruebas  esperadas, desde los archivos del BCIE, lograban conseguirse. El tribunal decidió que valía más la tranquilidad del exministro imputado, que esperar algo del BCIE.  A lo mejor, el tribunal es capaz de recordar el futuro. Así, oliéndose la tostada y apartando  la vara de la justicia, la sentencia anuncia y reitera un buen futuro para el abuso. Consecuente con su desganado impulso al caso, el señor fiscal general ha manifestado que no hay ningún interés en apelar la resolución judicial, olfateando, seguramente, lo mismo que el tribunal.  Como dice el refrán,  oliva y olivo y aceituno, todo es uno.

Esta sentencia es aún más intrigante, porque sanciona a quienes se les impidió obtener pruebas, en vez de, a quienes lo  impidieron   Aún en su desgano, la fiscalía solicitó tiempo para buscar pruebas que podrían estar en documentación retenida por el BCIE pero, el tribunal, no se inmutó. La Procuraduría de la Etica, estimó que, la fiscalía ni siquiera debió suspender el proceso, sino insistir y  profundizar su actividad para obtener esa documentación y proveer el proceso de prueba necesaria pero, el tribunal, no se inmutó. Aún la Sala Constitucional no resuelve una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional la loza sepulcral bajo la que esconde, el BCIE, la documentación completa relacionada con estos fondos, pero el tribunal, tampoco se inmutó.  Al final, el juzgado, en una batalla perdida por la justicia, propone cerrar por siempre el caso;  hacer inútil cualquier insistencia ante el BCIE;  desarticular la acción de inconstitucionalidad presentada para evitar el uso del BCIE como un escondite y, finalmente, sanciona a quienes insistieron en denunciar e investigar. 

Y bien, la sentencia es un hecho. Pero, no se puede concluir, de lo que es…lo que debe ser.  Por más publicidad  y arrogancia que se despliegue en torno al hecho, nunca podrá deducirse que así debió ser o que así debe ser. La justicia no puede perder la guerra, en una batalla. 

Mario Quirós Lara