Ciertamente, hay necesidad de administrar las cosas, ello es innegable. La acción gubernamental requiere administración y esto también es innegable. El problema surge cuando la función se vuelve un fin en sí misma y no un medio para cumplir los fines de la organización social.
La sociedad existe porque hay organización (normas y gestores), eso no es el problema. El punto radica en cuánta norma es necesaria y cuánta organización es justificable. Varios pensamientos insisten en el principio de acción subsidiaria del Estado como un evaluador o medidor permanente de la acción pública. La doctrina social de la Iglesia ha llegado a expresar, además, “tanto Estado como sea necesario, tanta sociedad como sea posible”.
El mecanismo de suspensión de garantías, existente prácticamente en todas las Constituciones políticas, existió incluso en las más liberales (pero, por supuesto, no en tan gran extensión como aparece en algunas de las actuales). Ello es una muestra de que, ante ciertas situaciones concretas, se admite que el Gobierno o la Administración Pública tenga incluso potestades excepcionales (situaciones de urgencia y emergencia). El problema es que dentro de la sociedad el Estado pesa cada día más y, además, dentro del Gobierno la burocracia también pesa cada día más. Por consiguiente, la sociedad tiene que soportar una burocracia cada día más pesada. Pero no se trata solo de su peso en kilogramos (que es mucho) sino en su ideología. Cuando John Stuart Mill abogaba por una limitación del poder público, explicaba que aparte de que la mayoría de las veces las personas hacen mejor lo que les es atinente (frente al poder) y de que incluso cuando no es así resulta apropiado que lo hagan para que aprendan, también sucede que el poder tiene una tendencia a justificarse, perpetuarse y fortalecerse.
Aunque ahora se denomina “burocracia” a la organización y al conjunto de servidores públicos, las restantes dos acepciones del DRAE son absolutamente precisas y evidentemente peyorativas: “3. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos” y “4. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas”.
En una institución autónoma promedio, la mayor parte de los integrantes de la Junta Directiva (con excepción, obviamente, de la Presidencia Ejecutiva) devenga una dieta de unos ₡40,000.oo por sesión. Ello resulta en unos ₡160,000.oo al mes, de los cuales se deducen los importes tributarios. Con esos recursos (pago por su tiempo) se enfrentan a la Presidencia Ejecutiva, a las Gerencias y demás dependencias que tienen altos salarios y todo el tiempo del mundo. Aparte de ello, algunos se ponen la “camiseta” de la institución a la van a dirigir. Resultado: uniformidad burocrática.
Por ello no es de extrañar que terminen “volviendo el rótulo para adentro”, en alusión a una supuesta práctica inconveniente para el cantinero, pero imperdonable para el funcionario público. Ello explica la fruición burocrática con que se le espetan al pobre administrado frases como “falta un timbre”, “hoy no se puede”, “no hay sistema”, “tiene que venir mañana o la próxima semana”, “eso no se puede hacer”, “ya se le venció el tiempo”, “tome su ficha”, “haga fila en la otra ventanilla”, “no es tan fácil como usted cree” o “el encargado está de vacaciones”.
No es de extrañar que, en la mentalidad burocrática, sea más importante el régimen de retiro, la pensión privilegiada, que el espíritu de servicio. No es de extrañar que los burócratas hagan mentalidad de cuerpo en todas las dependencias públicas y tiendan a comportarse de manera similar. Y, por supuesto, es perfectamente explicable que esta mentalidad no admita el silencio positivo, los derechos de los ciudadanos, el valor de la libertad ni la importancia de la responsabilidad.
La mentalidad burocrática siempre tenderá a pedir más requisitos, a no valorar el tiempo de las personas, a obstaculizar la libertad ajena, a minimizar los derechos ciudadanos, a encontrar excepciones a las reglas de simplificación, a molestarse con los plazos cortos, a maximizar los defectos de una solicitud y minimizar los vicios de la actuación pública. Con gusto convalidará las nulidades públicas pero, con más placer aún, denunciará las imperfecciones privadas.
Desdichadamente, la inflación jurídica y el activismo legislativo se alían con la mentalidad burocrática, cargando a la sociedad de leyes y requisitos, de tramitomanía y exigencias, de sanciones y prohibiciones, junto con una relativización de las libertades públicas.
¡Esa es la realidad! Hay que hacer un esfuerzo por detener tal inercia y poner las cosas en su lugar.
Federico Malavassi Calvo
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