La columna de Carlos Federico Smith: es indispensable una reforma presupuestaria

En días recientes, el periódico La Nación publicó dos comentarios acerca de entidades públicas que mantienen dineros en inversiones financieras, en vez de dedicarlos a las obras para los que se presupuestaron. Uno es “’U’ públicas guardan ¢150.000 millones en títulos e inversiones,” de fecha 6 de noviembre, y el otro, del 8 de noviembre, se titula “BAHNVI tiene sin uso ¢88.000 millones de proyectos varados.” 

Asimismo, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), al igual que lo hizo el BAHNVI en ese segundo comentario, publicó un campo pagado en dicho medio los días 7 y 8 de noviembre, bajo el título “Las universidades públicas NO ‘guardan’ recursos, los utilizan en el cumplimiento de sus objetivos.”

Debo señalar que los tres comentarios referidos exponen argumentaciones que creo son válidas, lo cual hace difícil asumir una posición tajante en una u otra dirección.

En esencia, el primero de los artículos de La Nación señala que muchos fondos presupuestados (en esos casos, pero no dudo que igual pasa en muchos otras en entidades gubernamentales) se conservan invertidos en entes bancarios -ganando intereses. Esos fondos podían haber sido suficientes, sin necesidad de presionar al gobierno (incluso mediante marchas de estudiantes) exigiendo la restitución de la porción de fondos del FEES que fue previamente se les había recortado (transferencia de fondos públicos a las universidades estatales). Así pudiendo hacer lo que señalan se les había impedido realizar en proyectos de “sedes regionales, admisión y programas de becas.” En palabras del diputado, señor Wagner Jiménez, eran “dineros ociosos,” que se podían usar para cubrir esas necesidades, en donde, si bien luego se demostró que nunca estuvieron en peligro, el gobierno cedió a dicha presión. 

Ante una situación fiscal difícil como la que vivimos todos los ciudadanos, me parece que hay una preocupación válida porque fondos públicos destinados a ciertos proyectos previamente aprobados, en un monto de ¢151.648 millones de presupuestos previos, se mantuvieran ganando intereses al colocarse en “instrumentos de inversión del Sistema Bancario Nacional o puestos de bolsa,” en “bonos del Gobierno, fondos de inversión, certificados a corto o a largo plazo; inversiones o títulos.”

CONARE señaló al respecto varias cosas que se deben considerar: que muchos de esos fondos están colocados a menos de un año, “lo que evidencia que son utilizados en la operación normal de las instituciones” (me imagino que, lo que nos quieren decir es que un 97% de esos fondos “ociosos”, se gastará normalmente dentro de un año), y que el 3% restante, “está asociado a proyectos que por su naturaleza o procesos de contratación trascienden este período…” O sea, que en realidad aquel 97% será gastado antes de un año y que el restante 3% es entendible que, por su naturaleza, será en proyectos o inversiones que toman más de un año.

Similarmente, en el caso del BANHVI, esos fondos de ¢88.000 millones acumulados (algunos pueden tener “hasta 12 años engavetados”), no se han invertido en soluciones de vivienda, que, en criterio del diputado, señor Pedro Muñoz, “significa 8.500 para la población necesitada, que no se han construido.” En este caso, me parece que es mucho el tiempo que el BAHNVI ha tenido esos fondos y no los ha usado, a pesar de que, a diferencia de las universidades públicas, esa “plata está depositada en la Caja Única del Estado, una cuenta en el Banco Central de Costa Rica” y “no genera” rendimientos o intereses para el BAHNVI. Parece haber desorden y mala planificación, pero no con el fin de obtener otros fondos adicionales por intereses en las colocaciones en el sector financiero comercial.

Si bien el primer artículo acerca de las universidades públicas no indica la evolución en el tiempo de esos fondos mencionados, sí se hace en el caso del BAHNVI, cuando se indica que, en el lapso del 2007 al 2018, pasó de ¢2.760 millones a ¢21.745 millones. 

Al igual que en el caso de las universidades públicas, cuyos recursos no ejecutados son resultado de negociaciones del FEES (para el 2020 serán ¢512.781 millones), en el caso del BAHNVI el estado tienen una obligación de darle fondos de FODESAF -el llamado FUSOVI- que son de, aproximadamente, ¢110.000 millones al año.

En este caso, el gerente del BAHNVI, señor Carlos Castro, indicó que esos fondos no están ociosos (como se señaló antes, sin generar intereses), sino que “En realidad están reservados o comprometidos de alguna manera.” En particular, que los proyectos de vivienda suelen requerir más de un año.

Este asunto presupuestario debería arreglarse, dejando que esos excedentes o bien no permanezcan sin usar o que se convierten en una fuente adicional de recursos por intereses, en exceso de lo ya cubierto con los presupuestos anuales propiamente.

En tal sentido, los recursos acumulados, que en el caso del BANHVI no generan intereses, pueden servir razonablemente para cubrir las necesidades de ciertos proyectos o compras que no se realizan en el curso del año (igual que aquel 3% que indicaron las universidades públicas), pues están a su disposición en el momento en que se requieran (eso sí, debe haber una vigilancia estrecha de que esas posposiciones no sean por ineficiencia en su uso). Pero, en cuanto a gastos anuales comprometidos y que se usarán en el curso del año (aquel 97% que señalan las universidades públicas), esos fondos no se desembolsarían, sino según un calendario previamente negociado entre Hacienda y las universidades públicas, que aseguren, por ejemplo, su desembolso un trimestre antes de lo efectivamente a ser usado. Creo que así se frenaría en algún grado esa posibilidad actual de pedir prestado más de lo necesario, pues ya hay recursos que ya se mantienen provenientes de partidas presupuestarias de períodos previos que no se utilizaron. Así, esos fondos permanecerían, como es actualmente en el BAHNVI, en el estado sin tener que desembolsarlos sino cuando son efectivamente necesarios.  

La Asamblea Legislativa tiene ante sí una tarea imprescindible de reformar la práctica de desembolsos de los fondos que el estado entrega mediante contribuciones o leyes especiales a ciertos organismos estatales, así como de los momentos en que debe practicar el desembolso de los fondos aprobados para ser ejecutados en el presupuesto anual.

Tal vez las ideas expresadas sean útiles, particularmente en estos momentos fiscales tan difíciles.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el costo de los permisos municipales para construir

Me llamó la atención la noticia de la enorme cantidad de construcciones en el país que se llevan a cabo sin tener los obligados permisos municipales. Primero la vi en un noticiero en la televisión y, después, La Nación del 8 de noviembre hizo un extenso comentario al respecto, titulado “Tres de cada 10 obras en el país se levantan sin permisos municipales,” sustentado en un estudio reciente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), basado en la “inspección a 2.174 proyectos en 58 cantones durante el primer semestre de este año.”

Lo cierto es que era público y notorio que muchas construcciones que se iniciaban, luego aparecían con un rotulito que decía que la obra se suspendía por decisión municipal, situación que indicaba con claridad que algo malo estaba sucediendo. En efecto, alrededor de una tercera parte de las construcciones en el país se hace sin los permisos municipales correspondientes, según informa el medio. 

Es interesante el desglose porcentual por regiones del número de obras hechas sin permiso, así como información acerca de ciertos cantones específicos. Como un todo, los metros cuadrados que se construyen sin permiso en el país se estiman en 106.000.

1. Región Norte: 44% de las obras se hace sin permiso.
2. Región Guanacaste: 40% de las obras no tiene el permiso.
3. Región Atlántica: 37% de las obras se lleva a cabo sin tener el permiso.
4. Región Central: 29% de las obras se hacen sin permiso. (En el cantón de La Unión, el 100% de las construcciones se hace con permiso).

5. Región Sur: 16% de las obras se hacen sin permiso. (En los cantones de Golfito y Parrita, el 100% de las construcciones se hace con el permiso necesario).
6. Región Occidente: 44% de las obras se construyen sin permiso. (En el cantón de Montes de Oro, el 100% de las construcciones se hace con el permiso requerido, pero el cantón con el mayor número de metros cuadrados en donde se construye sin permiso, es el Central de Alajuela, con 41.047 metros cuadrados).

Según informa el CFIA, ha desmejorado el porcentaje de obras sin aprobación, “pues anteriormente el porcentaje de obras sin permiso rondaba entre 15% y 25%.”

Parece que una preocupación alta del informe citado es por lo que dejan de percibir los municipios al no cobrar eficientemente todas las obras. Se estima que, para todo el país, “representan para los ayuntamientos pérdidas por más de ¢334 millones.” 

Todo esto manda una señal clara de dos hechos que pueden estar impulsando el empeoramiento en la autorización para construir. Primero, el alto costo de los permisos municipales, no sólo en tiempo, sino en monto, lo que hace que, en especial en momentos de dificultades económicas como el actual, las personas busquen evitar dicho pago y proceder, figurativamente con las uñas, a hacer lo que ya tanto les está costando.

En segundo lugar, como los permisos tienen que aprobarse o hacerse por profesionales de ingeniería y arquitectura, ahí surge un elevado costo, pues es obligatorio usar miembros agremiados del cartel (que, en términos económicos, es el colegio profesional obligatorio que cobija a esos profesionales), quienes cobran una tarifa mínima prestablecida, Si lo que cobraran en la realidad fuera menor, hoy esos profesionales estarían cometiendo un acto sancionable por el colegio (que creo podría llegar a la suspensión o expulsión del profesional que incurra en él). Si el costo en mención fuera menor, el cliente cautivo se vería estimulado a no hacer la obra como la hace hoy, sin permiso municipal y aprobación del profesional que dicte la idoneidad de la obra, evitando obras de mala calidad en un país eminentemente sísmico. Esto es, estaría más dispuesto a contratar a esos profesionales.
 

Los municipios podrían recaudar más fondos si cobraran menos por los permisos, de forma que más gente buscaría no evitar del todo dicho pago, además de que el menor costo probablemente estimularía un aumento en la construcción, importante en una economía como la actual con un elevado nivel de desempleo. Las municipalidades, asimismo, deben acelerar el plazo para otorgar (o rechazar) la solicitud de permiso, que, si bien oscila actualmente entre 5 y 30 días, no deja de ser deseable disminuir ese costo de duración a un menor plazo, en especial con tantas posibilidades informáticas hoy asequibles. Todos esos costos son relativamente más altos para obras pequeñas, que suelen ser las más llevadas a cabo por personas de menor capacidad de pago.

Es importante que sea el mercado, mediante la libre contratación de las partes, el que determine el pago de los profesionales, en vez de que el CFIA las fije arbitrariamente. Habría mayor demanda de profesionales calificados para obtener dichos permisos, no eludiéndolos del todo como sucede hoy. Así, se evitarían construcciones riesgosas que ponen en peligro la salud de la ciudadanía al hacerse sin permisos. No dudo todos saldríamos beneficiados sí esos pagos se ajustaran al tamaño y complejidad de la obra, no con una fijación arbitraria como es la tarifa mínima actual impuesta por el CFIA.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: mantenidos por otros

El presidente de la ANDE, don Gilberto Cascante, dijo recientemente en una comparecencia ante una comisión legislativa encargada de analizar el proyecto de empleo público, que “los pluses salariales… muchas veces son la forma de subsistir económicamente.” Por supuesto que todo ser humano debe subsistir económicamente, pero debe hacerlo no viviendo gracias a una imposición obligatoria sobre toda la ciudadanía, quien paga por privilegios, como lo son los pluses, a los que no todos los ciudadanos pueden acceder, sino sólo un grupo concreto, específico. 

La fuente de este comentario es el artículo de La Nación del 2 de octubre titulado “Presidente de ANDE: Pluses salariales son una ‘forma de subsistir.’”

Es cierto que, en sociedad, todos vivimos de todos, pero gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros. El mejor ejemplo es que, quien se dedica a una actividad productiva, depende de qué tan bien sirva a sus amos, los consumidores. De no hacerlo así, su empresa fracasará y tendrá pérdidas, conceptualmente no deseables y que, sin duda duelen. Al estar sujeto a la voluntad soberana del consumidor, debe competir por ganarse su buena voluntad para que adquiera lo que él le ofrece y que, presuntamente, satisface las necesidades y deseos de los consumidores. En particular, si cobrara más caro, si es áspero y hasta hostil con sus clientes, y si lo que le ofrece al consumidor es un producto de mala calidad, los consumidores le dejarán con sus chunches (inversiones, tecnología, ideas -fallidas en este caso hipotético- deudas, instalaciones y un largo etcétera de recursos que destinó a una inversión que no le sirvió a sus consumidores). 

Lo esencial del asunto es que esa relación es voluntaria y, para que se dé, ambas partes han de estar ganando, pues, de no hacerlo una de ellas, simplemente no participaría de la relación de compra y venta. Esto es muy distinto al pago que la sociedad hace por medio de pluses al gremio del señor Cascante, pues, para que el trabajador de la educación reciba ese pago, el ciudadano-consumidor es obligado, forzado, por el gobierno, por medio de impuestos, endeudamiento o inflación, a darle parte de sus recursos para pagar esos pluses, que tal vez no lo haría si libremente pudiera hacerlo. (Si estuviera libremente dispuesto a pagarlo, no serían necesarios impuestos obligatorios, sino que lo haría, pues considera que el servicio recibido vale la pena).

La persona debe buscar “subsistir” ´por sí misma y sólo en casos excepcionales otros deben correr obligatoriamente por la cuenta de dicha manutención, como es el caso de menores de edad o de discapacitados o de quienes sufren una tragedia temporal que les impide sobrevivir. Pero un adulto debe, como premisa, buscar cómo lograr que sus servicios sean valorados por el resto de las personas, para que libremente paguen por ellos. El estímulo de vivir mejor (subsistencia o manutención) debe hacer que la persona busque cómo mejorar sus aptitudes y capacidades para servir a terceros, sin obligar a nadie a mantener a nadie (excepto en condiciones extremas), así como a nadie se le debe exigir que practique la caridad por la fuerza (la caridad es voluntaria y no obligada; si fuera esto último, no sería caridad). Entonces, uno se mantendría por su esfuerzo propio no por los de otros.

Tal vez lo que tiene en mente el presidente de ANDE es que los salarios de los maestros son bajos (aunque los pluses no son sólo para ellos, sino también para la burocracia de la educación estatal), pero, en tal caso, lo deseable es que la política salarial se base en lo que la gente está dispuesta a valorar por la educación que reciben sus hijos. Una de las virtudes de la propuesta de un bono educativo (o “voucher” como se le llama en ocasiones) es que así la gente puede reflejar sus preferencias y valoraciones de los servicios que recibirían de maestros (mediante empresas o asociaciones que los contratarían). 

La idea del bono es que el gobierno le daría cierta suma de dinero a los padres por cada hijo, para que sólo sea gastado en su educación en el centro educativo de su elección, en vez de obligarles a ir a escuelas públicas, en donde ellos no son quienes los contratan para poder valorar sus servicios (bajo ese concepto, podrían existir escuelas públicas compitiendo en el mercado con otras por esos bonos educativos).

Esa propuesta, por supuesto, no es aceptable para muchos en el liderazgo sindical, pues simplemente perderían muchos ingresos, pues es posible que ya esos maestros asociados al sindicato no lo sean más, pues ya no se requiere de una presión para obligar al gobierno a pagar ciertos salarios (más pluses), pues, en el nuevo mercado competitivo, quienes definan eso serían los múltiples oferentes y demandantes de servicios educativos, quienes acordarían libremente los pagos.

Además, en dicha comparecencia legislativa, el presidente de ANDE dijo que esos pluses necesarios para complementar los salarios y la subsistencia económica de sus asociados, se han dado “a costa de un aumento desmedido de la carga laboral docente, al tener que atender más estudiantes o tareas complementarias de la función docente.” Pero, según datos estadísticos, la población estudiantil por maestro ha disminuido significativamente en el país en los últimos años, debido al menor crecimiento de la población, además de que el salario se paga no sólo por los servicios de educadores en el aula, sino por “las tareas complementarias.” que forman parte del servicio completo.

También, el presidente de ANDE, dijo que era una “falsa premisa… que los salarios de los empleados son causa del déficit fiscal del país,” pero el déficit es el exceso de gasto público sobre impuestos que recauda el gobierno y, por ello, al ser los salarios de esos empleados (y cualquier otro gasto, ya sea de salarios, de inversiones físicas, etcétera; todo tipo de gasto) parte integral de ese gasto total, dan lugar a que surja el déficit. Un dato importante debe ser parte de esta reflexión: “Entre el 2007 y el 2018, el gasto en remuneraciones (salarios y otros pagos como pluses) del Gobierno Central subió de ¢1.2 miles de millones [el medio cita erradamente ¢1.2 millones] a ¢2.4 miles de millones, lo que equivale a un alza del 100%.”

Para terminar, se ha dicho que, ante el proyecto de ley de empleo público, en una primera instancia parecería que “un 30% de los funcionarios podría ver un aumento de sueldo,” pero el presidente de ANDE agrega que ese “aumento es muy difícil mantenerlo en el tiempo, y el poder adquisitivo futuro se verá afectado.” No obstante, nada dice que los ajustes por inflación al nuevo salario siempre se darían. Eso sí, se deja de lado el efecto expansivo adicional de los pluses sobre los salarios pagados. Los pluses se verían disminuidos, pues, sin duda, son un disparador automático del gasto gubernamental (y de una u otra forma de impuestos, presentes o futuros) al montarse sobre los aumentos en los salarios bases. 

Jorge Corrales Quesada