La columna de Carlos Federico Smith: echándole los muertos a todo el mundo todo el tiempo

No se necesita ser un historiador avispado ni un economista genial para saber que han sido gobernantes de distinto giro, quienes han actuado, tanto desde el poder ejecutivo como desde el legislativo, de manera idéntica para conducirnos a la situación fiscal deplorable en que hoy nos encontramos: la proclividad al gasto es su marca.

No puedo sino calificar de absurda y sin sentido y tal vez de fariseísmo o mojigatería esa posición de echarle los muertos, viendo hacia atrás, a distintos políticos por la responsabilidad de la crisis fiscal actual, como argumento para que no se señale la irrenunciable responsabilidad que tienen las autoridades actuales, tanto del poder legislativo como del ejecutivo, de reducir un gasto gubernamental desenfrenado que nos ha conducido a la situación ya conocida. Nadie va a negar que fulano o zutano fueron unos irresponsables en tiempos de relativa bonanza, gastando hasta lo que no era de ellos. Pero usar dicho alegato como razón para dejar que ahora no se haga nada, es una verdadera insensatez, pues de así hacerlo sólo nos causará un mayor y enorme daño a la población.

Por eso, cuando uno hace alguna crítica a cierta agrupación política por su actuación ACTUAL (vean bien que enfatizo el momento), no significa que uno está siendo omiso de la mala actuación de diversos grupos políticos en el pasado reciente. Hay una enorme razón para hacer dicho juicio aplicado a ahora: simplemente porque aún no estamos viviendo los efectos plenos del desborde en el gasto gubernamental, pues sin duda se tratará de arreglar, por el momento, por la vía de poner mayores impuestos sobre los ciudadanos. De hecho eso no es algo a futuro; en la actualidad se han aumentado los costos de diversos servicios públicos, tales como marchamos, peajes, cánones, entre muchos otros, que no son sino formas impositivas. 

Si no creen que se pretenderá hacerlo así, pues les ruego que pongan atención a algunos de los impuestos que ya tiene pensado este gobierno tratar de que se los apruebe la Asamblea Legislativa: cambiar el impuesto de ventas por un impuesto al valor agregado, que pasaría del 13% al 15%, a la vez que se amplía la cobertura a muchos bienes y servicios que hoy están exentos de ese impuesto; aumentar el impuesto al traspaso de vehículos, aumentándolo de un 2.5% del valor que determine Hacienda hasta un 5% (vean lo que hoy estamos viviendo en relación con el marchamo, como ejemplo de la valoración cuasi-arbitraria que puede hacer el estado); elevar el impuesto sobre los ingresos de las personas físicas, de un máximo actual del 15% a dos nuevos tramos que pagarían un 20% y un 25%, respectivamente; casi duplicar el impuesto sobre los intereses que se perciben por los certificados de depósito a plazo (y otros ahorros), de un 8% a un 15% (siendo ésta la forma frecuente de ahorro de los grupos de ingresos medios); aumentar al doble los impuestos sobre el traspaso de bienes inmuebles, desde un 1.5% a un 3%; gravar las ganancias de capital, fuente de mucha de la inversión doméstica, entre otros. La cosa no es jugando…y ya estamos avisados.

Por supuesto que esos impuestos deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa (hasta el momento, aunque jueguen con ciertas cosas, como en el caso del marchamo), por lo cual es necesario que, con franqueza, pongamos los puntos sobre las íes al respecto. Para que se le aprueben esos impuestos, el partido oficial PAC tendrá que buscar el apoyo de otros grupos políticos en el Congreso.  No duden que los apoyará el Frente Amplio, así como que no faltará algún diputado suelto por ahí, quien, posiblemente a cambio de algo, estaría dispuesto a otorgarles su voto personal. Pero uno esperaría que otros partidos políticos relativamente grandes y llamados de oposición, incluso el disminuido Movimiento Libertario, como lo son Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, y otros menores, atiendan la justa petición popular de sus partidarios, para que no se les aumenten los impuestos antes de que se reduzca sustancialmente el enorme gasto público, cuyos abuso es ya bien conocido por los ciudadanos. (Claro: ya saben de las pensiones de privilegio, de las gollerías sindicales en convenciones colectivas, de anualidades por buen desempeño que se otorgan a buenos y a malos; ¡para qué sigo!).

Cada cual de nosotros puede tener distintas preferencias políticas y no es inusual que ciudadanos cambien “de color”, como se suele decir, pero debemos ser conscientes de los actos que, EN ESTOS MOMENTOS, se están llevando a cabo, que impiden poner orden a un estado de cosas de las finanzas públicas que nos encaminan por el rumbo griego, español y portugués ya conocido: la quiebra de sus economías con un grave daño a los ciudadanos, principalmente los más desvalidos.

El presupuesto ordinario de gastos del gobierno central que se acaba de aprobar en la Asamblea Legislativa es desmesurado. No sólo se los digo yo; se los ha dicho, también con toda claridad y de manera precisa un diputado del partido oficial, don Ottón Solís, quien señaló que no debe ser aprobado y que, más bien, se atienda a la reducción propuesta por una mayoría de los diputados de la Unidad. Igualmente, un economista destacado de Liberación Nacional, el doctor Rodrigo Bolaños, en un excelente comentario que publicó en La Nación del 1 de setiembre, titulado “Ajustes en el presupuesto del 2016, desnudó los serios problemas que tenía dicho presupuesto en una economía que ya sufría un déficit superior al 5% del PIB. Y estoy seguro que muchas personas que hoy forman parte de Liberación Nacional han de estar meditando cuidadosamente acerca de lo sucedido en este caso. (También hay diputados de otras fracciones diferentes a las citadas, quienes también propugnan por reducir ese gasto, destacando el señor don Mario Arredondo del partido Alianza Democrática Cristiana). 

Por tal razón, me tiene sumamente preocupado la posición asumida dicen que por toda la fracción de Liberación Nacional, de aprobar sin recorte alguno el presupuesto ordinario que el Poder Ejecutivo le presentó ante la Asamblea Legislativa para el 2016. Fueron los votos, al menos en el primer debate,  de diputados del PAC (con excepción de don Ottón), del Frente Amplio, de un díscolo diputado del PUSC, de una diputada que se fue del Movimiento Libertario, quienes, junto con los diputados de Liberación Nacional, otorgaron su voto para que se aprobara incólume, intacto, dicho presupuesto en la Comisión de Ingreso y Gasto de la Asamblea Legislativa. Se espera que en segundo debate suceda algo muy parecido. Han votado por un presupuesto hartamente desfinanciado, de forma tal que incluso el gobierno anda buscando en China financiamiento por $5.000 millones, a fin de que le entre plata para seguir gastando; eso sí, endeudándonos a todos nosotros y a las generaciones que nos han de seguir.

Cada uno de nosotros es libre de tener sus preferencias políticas, y personalmente no descarto la posibilidad de darle mi voto a algún partido democrático -incluso Liberación Nacional- si no hubiera otra opción viable frente a una izquierda que sólo espera, no tan agazapada, las próximas elecciones. Pero, honestamente, creo que tal posibilidad se va descartando cuando uno observa tal irresponsabilidad de dicho partido, al aprobar, santificado con su contubernio, el presupuesto que le presentó este gobierno. 

Tal vez lo hizo pensando -con el cinismo político tan usual y hasta esperable- en que “ganarán” las próximas elecciones y que, aprobando los impuestos ahora, los recursos que le entren al gobierno lo serán a plenitud a partir del 2017-2018, cuando esperan gobernar. Lo hacen de manera que este gobierno recibiría una ayudadita para su gasto desenfrenado y robustecido, pero el montón de plata entraría plenamente en su anhelada próxima administración. Pero también heredarán una economía lesionada aún más por los nuevos y mayores impuestos, que luego habrán de impulsar a fin de poder llenar el hueco fiscal que ahora están contribuyendo a ampliar. Recibirán una economía que hoy casi no crece y que tiene en la actualidad tasas de desocupación cercanas al 11% y de un subempleo igualmente elevado -esto es, de aquellos que tienen empleo, pero sólo parcial- de alrededor del 12%.  Difícilmente nuestra economía crecerá más si se le ponen impuestos: todos creados para que el gobierno pueda seguir con la gastadera lo cual nos asegura -inevitablemente- que habrá un nuevo déficit a futuro. Nunca he visto yo una economía crecer cuando se le ponen mayores impuestos; todo lo contrario. Y si no hay crecimiento, no habrá mayor inversión ni demanda de trabajo ni incrementos en los ingresos familiares.

Estoy casi seguro de que muchos lectores han oído la expresión “victoria pírrica”, que toma su nombre del rey Pirro, rey del estado helénico llamado Epiro, quien derrotó a los romanos en el siglo III antes de Cristo, pero para lograrlo tuvo que sufrir una enorme cantidad de bajas. El diccionario de la Real Academia describe de la siguiente manera a la palabra “pírrica”: “dicho de un triunfo o de una victoria: Obtenidos con más daño del vencedor que del vencido.” Pues así le va a pasar a ese eventual gobierno que Liberación considera que obtendrá en el 2008: la economía, para ese entonces, estará tan golpeada, que si es que llegan a gobernar, lo será sobre cenizas. No tengo dudas de que la ciudadanía tendrá en cuenta la conducta observada de ese partido en estos días, al decidir su voto en las próximas elecciones: de olvidarlo, no faltará quien se los recuerde, por si acaso la memoria es flaca.

No desisto en mi esfuerzo.  Los diputados de Liberación Nacional se habrán dado cuenta de que los “rodaron”, cuando el gobierno les ofreció, a cambio de su voto, que si les aprobaban -como lo fue- el presupuesto ordinario del 2016, proponer nuevas reformas presupuestarias en este año, para lograr después reducirlo y no ahora.  Tienen, sin duda, confianza en la palabra de los actuales gobernantes. Igual que nosotros, quienes confiamos en la palabra del hoy presidente, quien nos dijo, antes de las elecciones en que fue electo y existiendo una situación ya conocida de un elevado déficit fiscal, que, antes de poner cualquier impuesto, reduciría primero el gasto de forma significativa. Obviamente, aún estamos esperando que cumpla con lo que nos ofreció a los ciudadanos en aquel entonces.

En el momento en que salga a la luz mi comentario posiblemente ya no habrá tiempo para que las cosas cambien correctamente y que se haya aprobado el proyecto de presupuesto ordinario mencionado, básicamente con la aprobación sorpresiva e inesperada de la fracción legislativa del partido Liberación Nacional. Pero de no variar las cosas actuales,  la ciudadanía no olvidará que, más bien como consecuencia de la cómplice aprobación de dicho presupuesto, también se nos aprobarán nuevos y mayores impuestos. Incluso recientemente (el pasado lunes 23 de noviembre) ese partido le ofreció públicamente al presidente Solís la aprobación del infame impuesto a las sociedades, que había sido declarado ilegal por la Sala Constitucional, entre otras cosas. Han sido capaces de resucitar un injusto impuesto, en donde las empresas pequeñas y muchos ciudadanos estaban condenados a pagar lo mismo que empresas poderosas: y después nos salen diciendo estar preocupados porque prolifera la economía subterránea en el país. Cada día hay más empresas pequeñas operando informalmente debido a los enormes costos que para ellas tiene cumplir con todas las reglas formales de la economía regulada; uno de esas reglas importantes es el costo y el impuesto que tendrían que pagar por constituir una sociedad y así poder trabajar formalmente. Mejor los evitan yéndose a trabajar en la economía subterránea. 

Cuando este comentario vea la luz, ya el presupuesto ordinario del gobierno habrá sido aprobado por la coalición ya mencionada en la Asamblea Legislativa. Mi comentario, a pesar de todo, no es tardío, pues espero que los ciudadanos tengan presenta lo que ha sucedido y eso es lo que ahora importa. Pero es más importante aún terminar con eso de que nos crean unos tontos de capirote, que no nos damos cuenta de la desfachatez y la falsedad que a veces vemos tan claramente expuesta en ciertos actos de políticos. No debemos de olvidar tales actos, que nos saldrán muy caros. 

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Luis Guillermo... otra vez

Hace un tiempo atrás cuestionamos en ASOJOD el rumbo de nuestra política exterior en la Administración Solís Rivera, cuyas decisiones no han correspondido con la tradicional defensa de la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. 

El tiempo ha pasado y don Luis Guillermo sigue pisoteando esos principios que han caracterizado a Costa Rica en el concierto de las naciones. Nos referimos a dos casos muy recientes: la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López a 13 años y 9 meses de prisión por delitos de asociación para delinquir, incitación pública y daños por incendio y las declaraciones del mandatario frente a la crisis humanitaria que viven los sirios.

Respecto al primer tema, desde tiempo atrás, Solís ha evitado manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando se dieron las últimas protestas del pueblo venezolano contra la dictadura en que vive, el Presidente indicó que no podía pronunciarse por falta de información. Desde la aprehensión de López el pasado 18 de febrero de 2014 y frente a la incomunicación a la que estuvo sometido, también guardó silencio. Ahora, de cara a un proceso judicial viciado, en el que se han irrespetado las garantías procesales que debieron asistir a este para ejercer su derecho a la defensa y ante evidentes violaciones a los derechos humanos, Solís voltea una vez más la vista para evitar cuestionar al régimen de Maduro. Cada día que pasa, nos convencemos que la afinidad entre el Partido Acción Ciudadana con el movimiento político del Socialismo del Siglo XXI es imposible de ocultar.

En cuanto al segundo, el pasado 11 de septiembre, el mandatario Solís manifestó que las puertas para los refugiados sirios que huyen de su país por la guerra y el terrorismo del Estado Islámico, están cerradas. Según él, pertenecen a una cultura muy distinta a la nuestra y no se adaptarían al país ni a nuestras costumbres, por lo que podrian ser discriminados.

De acuerdo con este razonamiento, ¿entonces hay que discriminar a los refugiados antes de que vengan para evitar ser discriminados? ¿Y nuestros principios humanitarios para tenderle la mano a personas que salieron de su país de origen para salvar sus vidas? Los tiramos por la borda, como todos los demás principios en esta Administración.

Hace varias décadas, un pastor luterano alemán llamado  Martin Niemöller escribió un poema que refleja muy bien nuestra preocupación frente a lo que venimos señalando: 

"Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada".

Guardar silencio ante la violación de los derechos humanos porque quien lo hace es un aliado o porque quien lo sufre es no es del grupo o tesis que se apoya, es un grave peligro por cuanto la libertad, como dice nuestro amigo Jorge Corrales, se escapa por rendijas.

En ASOJOD estamos muy preocupados por la forma en que maneja este país el Presidente Solís y su camarilla, cuyas decisiones y acciones en estos y otros tantos temas, ponen en peligro las libertades y los derechos individuales. 

El panorama no resulta nada alentador, máxime tomando en cuenta que faltan más de 2 años de gestión y las proyecciones para el proceso electoral del 2018 apunta más bien hacia el fortalecimiento de un grupo todavía más peligroso: el Frente Amplio.  Si eso sucede, es muy posible que Costa Rica se dirija al mismo precipicio que recorrió Venezuela en los últimos años.

Tema polémico: con Costa Rica no se juega ¿o sí?

Luis Guillermo Solís acuñó un lema durante la pasada campaña electoral: "con Costa Rica no se juega". Pretendía convencer a los votantes que su propuesta se separaba de los escándalos de presunta corrupción que enlodaron las administraciones anteriores. Buscaba garantizarle a los ciudadanos que los grandes problemas del país, ahora sí serían resueltos, gracias al trabajo del "mejor equipo", un equipo de técnicos altamente preparados, académicos de carrera y planificadores con experiencia. 

Sin embargo, la realidad tiene una mala costumbre: dar un golpe de narices a los ilusos que pretenden torcerla para autoengañarse. Y eso fue lo que le pasó a más de 1.300.000 de costarricenses que se embarcaron votando por el "Presi" y a poco más de 700 mil que si bien no se tragaron el cuento, les tocó ser víctimas del desastre por el principio de mayoría democrática. 

El "mejor equipo" resultó ser un completo fiasco. Un Presidente que prometió muchas cosas en campaña, como no impulsar impuestos en los primeros dos años de su mandato o no retirar el veto sobre la Reforma al Código Procesal Laboral, para luego hacer ambas cosas antes de tiempo, y para colmo de males, hacerlas mal. La Sala Constitucional declaró improcedente el retiro de ese veto y los proyectos para aumentar impuestos ingresaron recientemente a la corriente legislativa sin apoyo de Diputados -incluyendo los de la propia fracción oficialista-, sectores productivos, movimientos sindicales, estudiantes y demás organizaciones sociales.

Un Ministro de la Presidencia que durante el primer año se encargó de complicar de más el trabajo del nuevo gobierno, con sus yerros, ofrecimientos y cabezonadas. Una fracción legislativa inoperante, incapaz de acuerpar a Solís en su gestión. Un Presidente Legislativo, elegido por una alianza entre el PAC y el Frente Amplio, que dejó de lado la negociación y el diálogo para privilegiar un manejo vertical de la agenda parlamentaria. Y la lista de funcionarios sigue creciendo.

Las nuevas "joyas de la Corona" han sido el grupo de la Juventud Progresista y la Viceministra Carmen Muñoz. Los primeros, en una reunión de trabajo, recomendaron valorar la posibilidad de que el PAC utilizara fondos públicos para su propio beneficio electoral, idea que generó un gran malestar entre difeentes sectores de la sociedad. La segunda se ha visto envuelta en los últimos días en una polémica provocada por el pago de un 65% del salario base por concepto de prohibición durante un año sin tener los requisitos académicos exigidos para ello. 

Se trata de más de 11 millones de colones pagados de más a una funcionaria que no tiene título académico que la respalde. Incluso, se ha dicho que solamente tiene título de 9° año, pues en 1978, cuando cursaba ese nivel, abandonó sus estudios para unirse a la Revolución Sandinista y posteriormente regresó. Lo curioso es que con ese currículum hoy sea Viceministra de Gobernación, con más de 1.200 funcionarios a su cargo y miles de millones de Presupuesto bajo su control, al tiempo que preside importantes juntas directivas como las de la Imprenta Nacional y DINADECO.

Mencionamos estos dos casos porque, frente a sendos escándalos, el Presidente ha reaccionado de manera muy diferente. Cuando trascendió lo de la Juventud Progresista, Luis Guillermo Solís tomó la decisión de despedir a los que trabajaban en Casa Presidencia -contrario a lo realizado por la fracción legislativa del PAC que los mantuvo en su cargo e incluso, hace pocos días, un Diputado contrató a uno de los destituidos- pero con Carmen Muñoz ha sido más tolerante. 

No sólo le perdonó una indiscreción publicada en Facebook a raíz precisamente de la remosión de los miembros de Juventud Progresista sino que también ha estado enterado del cobro de esos 11 millones desde mayo de 2015 y no la ha removido de su cargo. ¿Por qué tanta tolerancia? ¿Qué más pruebas necesita si las órdenes de personal del Ministerio de Gobernación prueban que recibió el dinero y ella misma, en diferentes instancias, lo ha reconocido?

La sensación que nos queda a los costarricenses es que no sólo no era el mejor equipo ni que iba a generarse un cambio, sino que con Costa Rica sigue el vacilón que tanto ha deslegitimado a la política y a lo político en las últimas décadas. El daño que está haciendo, no solo este Gobierno sino muchos anteriores, podría ser irreparable en cuanto aumenta la desidia de la gente y alimenta el caldo de cultivo para la aparición de "hombres fuertes" que atropellen libertades y derechos para construir sus fantasías de poder.

Tema polémico: El ICE y nuestras carreteras

Cuando se inicia un camino sin saber a dónde se quiere llegar, la improvisación es la dirección que marca la brújula. 

La ocurrencia del presidente Solís al señalar su interés de contar con la experiencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en la construcción de obra pública vial, ejemplifica vívidamente lo anterior.

Es ampliamente reconocida la experiencia del ICE, y sus equipos de funcionarios especializados, ingenieros y tuneleros, en la construcción infraestructura para la producción de energía eléctrica, pero esa experiencia no debe ser desvirtuada, según el antojo y las ocurrencias de los políticos de turno.

No solo se trata de las limitaciones jurídicas e institucionales que actualmente marcan las tareas, obligaciones y áreas de acción de una entidad pública regida por el principio de legalidad, establecidas claramente en la Ley de creación del ICE, Ley No. 449, donde se le encomienda “el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos”.

Se trata principalmente de preservar los recursos de los costarricenses, manteniéndolos lejos de aventuras empresariales descabelladas y riesgos indebidos que al final serían pagados por todos los costarricenses.

La construcción y conservación de las carreteras, calles y puentes del país corresponden a otras instituciones. El hecho de que el MOPT y sus órganos adscritos nos cumplan con sus obligaciones no implica que deban ser asumidas por otra institución pública. Un mal no cura otro mal.

Peor aún sería el hecho de poner al ICE a competir como una empresa constructora de obra pública vial, contra empresas privadas del ramo. Sobre este punto ya ha sido señalado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que la pesada burocracia del ICE encarecería el precio de las eventuales obras. Cabe además preguntarse ¿De qué manera financiaría el ICE estas obras? ¿Cómo pagaríamos los costarricenses por ellas? ¿Cómo afectarían estos costos, otros elementos como las tarifas eléctricas y el negocio de las telecomunicaciones?

Dentro de la discusión se debe tomar en consideración lo señalado por el diputado Otto Guevara, del Movimiento Libertario,quien ha expresado que este es un intento del Gobierno para mantener laboralmente a miles de empleados del ICE que quedarían desempleados con la finalización de los proyectos en Cachí y Reventazón.

No es difícil imaginar que esta sea la razón de fondo para un gobierno que ve como sus metas de generación de empleo y reactivación de la economía se vuelven cada vez más difíciles de cumplir. Después de todo, el país ya ha visto como casi quiebra a la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando esta institución fue utilizada como paliativo del desempleo como parte del Plan Escudo de la administración Arias.

Por el bien del país esperemos que este disparate no cuente con buen ambiente en la Asamblea Legislativa, donde se deberían llevar a cabo las reformas legales necesarias para que el ICE pueda emprender estos proyectos. 

Lejos de ser esta la solución, el país debería apoyar con contundencia las Alianzas Público Privadas (APP) para el desarrollo de la infraestructura vial. Asimismo, se debería centrar en la ejecución de los recursos provenientes de organismos multilaterales ya aprobados e impulsar con mayor contundencia una reestructuración institucional del MOPT orientada a su simplificación.

La columna de Carlos Federico Smith: algo positivo en cuanto a pobreza, pero no la elimina

Que en algún momento un estado muestre ser un dechado de ineficiencia, no significa que eternamente deba serlo. Es posible hacer a un estado menos ineficiente o más eficiente, como se quiera clasificar al proceso.  Optimista que soy, procedo a referirme a un caso expuesto en La Nación del 21 de enero, en un artículo que lleva por título “País estrena sistema para controlar ayudas a pobres: Base de datos almacena información de 665.000 beneficiarios del estado.”

Partamos de que, según  “el último informe del Estado de la Nación, un 24% de las transferencias a pobres termina en manos de personas que no las necesitan.” Francamente no sé cómo llegaron a tal porcentaje, pues bien puede ser mayor o menor; en todo caso, parece existir una especie de maldición para los buenos propósitos de algunos corazones sensibles, cuando desarrollan programas de ayuda a personas o familias, que en muchas ocasiones simplemente son fáciles de obtener, sin que se requiere de un estudio serio que determine si las necesidades, que son la base para la ayuda, existen o no. Pero, también porque suele ser usual que muchas de esas ayudas se den sin que se exija un esfuerzo complementario de parte del receptor para que, con su esfuerzo personal, pueda llegar el momento en que tal ayuda no sea necesaria. Traigo a colación, como ejemplo de esa “eternidad” de vivir de la manutención estatal, lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, cuando en cierto momento histórico (en época de su muy conocido alcalde, Fiorello de la Guardia), se fijaron topes los alquileres, a fin de “ayudar a los pobres”. Unos 50 años después de existir tal política, se documentó que eran los nietos de los beneficiarios iniciales (de los relativamente pocos que encontraron vivienda para alquilar en aquel entonces), quienes aún vivían en esas viviendas subsidiadas. Simplemente no buscaban otra vivienda tal vez no tan antigua o deteriorada en sus barrios, porque no podían dejar ir tan jugosa transferencia, que aún se recibía mediante alquileres objeto de aquella fijación gubernamental. De hecho, tal inamovilidad terminó convirtiéndose en un castigo; esto es, recibir un subsidio por el alquiler bajo aún vigente, “a cambio de” tener que vivir inamovibles en aquellas viviendas algo envejecidas y relativamente poco cuidadas. El incentivo claro, en este caso, era el de no abandonar la casa subsidiada, pues si lo hacían no encontrarían subsidios similares en otros lados. Por ello, terminaron siendo cautivos de un sistema paternalista que, a cambio del subsidio, les ancló para siempre: no había incentivos para que dejaran de percibirlo; por ello prefirieron quedarse en sus viviendas desvencijadas para no tener que pagar más en otros lugares no subsidiados. 

Hablemos del impacto posible de ese 24% de ayuda que no le llega a los grupos de ingresos en estado de pobreza. De acuerdo con el IMAS, esos infiltrados se llevan la significativa suma de ₡147.000 millones (tan sólo en Avancemos, la plata mal recibida asciende a ₡48.000 millones). Para todos estos programas de transferencias de ayuda gubernamental, es crucial saber bien cuáles son los beneficiados, en qué condiciones económicas están en la realidad, que no haya un ocultamiento de ingresos, que no reciban una multiplicidad innecesaria de fuentes de ayuda; esto es, debe verse el monto de ayuda agregada que reciben y, ante todo, si el sistema comprende incentivos para que, en algún momento, dejen de depender de esas fuentes de asistencia gubernamental.

Una de las reformas más importantes que se dio en los Estados Unidos, en cuanto a sus programes estatales de “lucha contra la pobreza”, sucedió durante la administración del presidente Clinton, quien definió que, para poder recibir ayuda de los programas gubernamentales contra la pobreza, era necesario que los beneficiarios comprobaran que no contaban con los medios definidos como requeridos para recibirla y, en segundo lugar, que los beneficiarios estuvieran dispuestos a obtener ingresos provenientes de otras fuentes productivas; esto es, que formaran parte de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar cuando el gobierno (junto con el sector privado), indicaran posibilidades para ello (nada de estar “echadotes”, esperando mes a mes a que les llegara la plata del estado).

De acuerdo con el informe Estado de la Nación previamente citado, los programas de asistencia “con mayores filtraciones (esto es, goles de vivazos) son el bono de vivienda con un 37%, comedores escolares con un 31.7% y Avancemos, con un 22.2%”. No son porcentajes nada insignificantes y bien podrían ser la base existencial de una especie de dependencia falsificada, en donde se finge pobreza, a fin de recibir regularmente plata proveniente de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.

No quiero comentar historias folclóricas acerca de cómo es posible que una familia pueda tener hasta tres casas obtenidas con bonos de vivienda, o cómo es que gente platuda recibe fondos públicos en la forma de becas, para que sus “pobrecitos” hijos vayan a la escuela o bien de muchachitos que vienen de familias de ingresos medios, pero que reciben en las escuelas comidas pagadas por toda la sociedad. No es ese el propósito de este comentario, sino, más bien, en gran parte el de resaltar algunos esfuerzos positivos que se están poniendo en marcha para tratar de que, al menos, los programas de ayuda se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. A pesar de esos empeños, debo señalar que falta mucho en cuanto a definir incentivos que induzcan a que los receptores de esas ayudas para que decidan dejar de depender de esas subvenciones y que más bien los estimulen a mejorar sus condiciones de vida, mediante esfuerzos laborales propios.

Bajo la responsabilidad del IMAS (ojalá vuelva los ojos de la eficiencia también hacia adentro), se ha desarrollado un sistema de información sobre las 665.000 personas en estado de pobreza, al cual se le conoce como Sistema Nacional de Información Social (SINAIS), que en esencia es un registro único (ya no desperdigado y ausente de coordinación entre diversos entes que dan ayuda) de personas que reciben ayuda estatal. Entre ellas, “bonos de vivienda, las becas, el subsidio para alimentos o la pensión del régimen no contributivo” de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mucha de esa información ya está en registros propios de ciertas instituciones, pero no están integrados, de manera que se pueda saber, por una parte, el conjunto de ayuda que una persona o familia pueda estar recibiendo, así como los resultados esperados de esas diversas ayudas. “Las entidades que aportaron los registros son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y el IMAS.” Pero, obviamente, faltan muchos otros entes estatales en donde cada uno, a su manera, realiza transferencias o cosas similares, bajo el pretexto o criterio de luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las becas de las universidades públicas, las condonaciones de deudas que con frecuencia hace la Asamblea Legislativa, las ayudas de la oficina de la primera dama de la República, las que en ocasiones hace el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, antiguo ITCO), el programa de intereses subsidiados a pequeñas y medianas empresas de la banca comercial del estado, el subsidio en el costo de la electricidad para ciertos grupos de ingresos relativamente bajos, el subsidio a los combustibles para pescadores artesanales y similares, entre otros. Si uno analiza la argumentación política utilizada para la creación de cada uno esos diferentes programas de ayuda estatal, se encontrará siempre con que lo fueron teniendo como objetivo, primordial o secundario, luchar contra la pobreza.

Comparto la aspiración del ministro de bienestar social, don Carlos Alvarado, quien dice que “no es sólo el sistema informático, la clave es que las instituciones se apropien de estos, que sepan que tienen que revisar los beneficiarios para que no se den duplicidades. Lo que hace coherente esto es que esté dentro de una política social única, para evitar problemas de dispersión, que siempre hemos señalado.” Pero tan buen objetivo no es suficiente; es crucial dar el paso siguiente, cual es evitar que las “ayudas” no se conviertan en algo permanente; esto es, que haya esquemas de graduación, lo cual quiere decir que las dejan de recibir después de cierto momento. Para eso se requiere que los marcos institucionales de ayuda se conviertan en un apoyo para que sea el individuo, con el esfuerzo propio, el que le permita salir de la pobreza.

Si algo se logra en el sentido en que lo hemos expuesto, creo que el estado será mucho menos ineficiente de lo que es en la actualidad. Podemos estar en presencia de un esfuerzo positivo de hacer mejor las cosas.

Pero también es necesario recalcar un hecho innegable en la historia económica de la humanidad: cuando hay crecimiento económico en una nación o una región, disminuye la pobreza. Esto lo destaca el notable historiador y economista Deepak Lal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la introducción a su último libro Poverty and Progress: Realities and Myths about Global Poverty [Pobreza y Progreso: Realidades y Mitos acerca de la Pobreza Global], Washington D. C.: Cato Institute, 2013, en donde señala que

“El mensaje central de este libro es que un crecimiento económico eficiente es el único medio para aliviar la antigua pobreza estructural del Tercer Mundo, y que si los países crecen rápidamente, con un ingreso per cápita aumentando por arriba de un 3 por ciento anual, el muy ridiculizado proceso de filtración o goteo [trickle-down] disminuiría rápidamente la pobreza estructural.  Esta aseveración ha sido confirmada de manera rotunda en las últimas dos décadas, por la reducción más grande de la pobreza vista en la historia humana, cuando dos gigantes emergentes -India y China- crecientemente han adoptado las políticas económicas liberales clásicas, que han conducido a fuertes aumentos en las tasas de crecimiento de sus ingresos per cápita.” (P. 1).

De aquí que, si de algo sirve el consejo que nos hace Lal, basado en la experiencia humana de disminución de la pobreza a través de la historia, es crucial que la lucha contra la pobreza vaya más allá del paliativo gubernamental de asistencia económica y que el país efectivamente abrace políticas económicas conducentes a que la nación crezca mucho más rápidamente, en comparación a cómo lo hace en la actualidad. Obviamente esto sobrepasa el esfuerzo del ministro Alvarado, pero plantea el desafío exactamente en donde debe de estar: ¿Será capaz el gobierno actual de desarrollar las políticas deseables para aumentar nuestro crecimiento, u optará por la regresión económica y el empobrecimiento y la disminución del bienestar de los ciudadanos? Ojalá aprendan la lección de la historia del crecimiento económico de la humanidad a través de los siglos. Por ello cierro mi comentario con una pregunta muy actual ante la propuesta gubernamental de aumentar los impuestos, a sabiendas que estos van a provocar un crecimiento económico menor que el actual. ¿Creen ustedes que, con esos mayores impuestos, que provocarán un descenso en el crecimiento de nuestra economía, una disminución de la inversión privada, una reducción de la demanda de mano de obra y, por tanto, un aumento del desempleo y un descenso de los ingresos per cápita, se logrará reducir la pobreza en el país?

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿y la ruta de la alegría?

El pasado viernes 1° de mayo, el Presidente Luis Guillermo Solís ofreció su rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, en cumplimiento del mandato constitucional. En su alocución, el mandatario advirtió que Costa Rica se enrumba hacia el precipicio de no aprobarse la reforma fiscal que su Administración impulsa, pues disminuirá el crecimiento de la economía y aumentará el desempleo, afectando a miles de costarricenses.

Manifestó que, a pesar del "dantesco" panorama, la economía ha crecido a buen ritmo y se ha logrado cumplir con una serie de metas importantes como mantener una baja tasa de inflación, reducir el gasto, aumentar la recaudación fiscal, conseguir la invitación para que el país se incorpore a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incrementar el portafolio de inversión en infraestructura, innovar en el combate de la pobreza y promover el desarrollo local, entre otras. Además, reconoció que si bien el Gobiernoha cometido algunos errores, "no son tantos ni tan graves" como los pretenden hacer ver algunos, por lo que exigió un debate de mayor calidad que supere el escándalo mediático para construir una Costa Rica mejor.

La pregunta que en ASOJOD nos hacemos es ¿en qué país se ha fijado el Presidente? La Costa Rica en la que vivimos, todos los días nos muestra una situación problemática, con miles de costarricenses sin trabajo o en uno de mala calidad porque no pueden aspirar a buscar mejores oportunidades, con una educación cada vez más deficiente, que se detiene a discutir sobre si Cocorí es o no racista en lugar de abordar sus verdaderos retos, con un sistema de salud colapsado que obliga a miles de asegurados a hacer largas filas para obtener una cita a largo plazo, cuando quizá ya ni siquiera estén vivos. Una Costa Rica que sigue perpleja ante la incapacidad de reparar un simple puente, cuyo cierre  genera el total colapso vial en el Área Metropolitana, una donde el sistema bancario no puede ofrecer créditos accesibles a las personas por la gran cantidad de trabas y regulaciones que lo encarecen, una donde unos pocos se llevan millones de colones del erario público a través de consultorías, convenciones colectivas, sobresueldos y privilegios que tienen que pagar aquellos a los que duramente pueden subsistir con lo que ganan. Una Costa Rica donde cada día es más difícil producir, gracias a un sistema tributario complejo, elevado y nefasto, una tramitopatía absurda en la Administración Pública que ahoga cualquier emprendimiento, un ordenamiento jurídico confuso e inestable que obstaculiza cualquier intento de cálculo económico y un sistema altamente corrupto que, lejos de ser enfrentado, parece fortalecerse conforme los escándalos transcurren con impunidad.

Hace un año, 1.3 millones de ilusos confiaron en una propuesta política que les prometió un cambio respecto a la política tradicional pero que muy rápidamente demostró no solo estar incapacitada para lograrlo sino también muy decidida a empeorar las cosas. No hemos presenciado el "Rescate" con el que Solís bautizó su Plan de Gobierno -cual si fuera Mesías- ni el progreso, el trabajo y la alegría con la que acompañan el título. Más allá de los compromisos sin cumplir -como no impulsar impuestos en los dos primeros años de la Administración, limpiar y ordenar la casa y nombrar solo a las personas más capacitadas en los puestos públicos- hemos sido testigos de la charlatanería, de la improvisación y de la chabacanería con la que un grupo de presuntos sacrosantos despedazan nuestro sueño de un país mejor. 

Este primer año, al igual que el Festival Internacional de las Artes, ha resultado un completo fiasco. El deseo de que acabe el periodo cuatrienal embarga a cada vez más costarricenses que se sienten burlados y engañados, que se arrepienten de su decisión pero que miran con temor el 2018, al no encontrar ninguna opción real de cambio. La confianza y la credibilidad a un Presidente más empeñado en los selfies que en gobernar, se va difuminando a velocidades sorprendentes; el diálogo y la negociación han alcanzado el nivel de quimera y el discurso privilegia los sofismas a las realidades. 

El problema es que si las cosas continúan empeorando, no sería extraño que los incautos, en lugar de corregir su error, decidan profundizar en él, al apoyar a fuerzas políticas enemigas de la libertad, el imperio de la ley y el republicanismo. Ese es el real panorama dantesco hacia el que nos dirigimos, ese es el resultado de la "ruta de la alegría". 

Tema Polémico: Primer año de Luis Guillermo Solís desilusionante

Luego de un año de gobierno del PAC en manos de Luis Guillermo Solis podemos decir con gran propiedad que nuestra decisión en campaña de no darle nuestro apoyo fue acertada, sin embargo, esto no lo decimos con gran alegría ni mucho menos pues mejor hubiera sido que nos equivocáramos y que nuestro país pudiera salir para adelante en desarrollo.

Nuestros temores se volvieron realidad, don Luis Guillermo lo único que ha demostrado es su incapacidad para liderar, su incapacidad para gobernar de forma más transparente y eficiente, su incapacidad para escoger personas capaces que lo acompañen en su gestión y su incapacidad para facilitar la creación de más empleos.

Un año después de que doña Laura dejara su oficina en Zapote lo que tenemos es un Estado aún más endeudado y más gastón sin señales de austeridad, un sector privado abandonado por la gracia de las autoridades del Estado lleno de malestares e incertidumbres, un país con aun más familias desempleadas, costos energéticos igual de elevados (con la excepción de los combustibles que han bajado de precio gracias a situaciones coyunturales externas) y aún más hogares en pobreza.

¿Qué ha hecho don Luis Guillermo Solís en este año? Pues casi nada lamentablemente o por lo menos casi nada bueno. Eso es muy desilusionante. Y cuando se le pregunta las razones de sus escasos resultados, como el político tradicional costarricense, sus respuestas están llenas de excusas sin sentido y de culpas hacia los gobiernos pasados.

Pero lo peor es que no vamos un cambio pronto para bien. Su principal proyecto de ley para este nuevo año será un paquetazo fiscal similar al de los gobiernos anteriores. Esta es su respuesta para solucionar el alto déficit fiscal sin ninguna consideración por el incremento de pobreza y desempleo que va a conllevar ¿Por qué, si es tan evidente que el elevado déficit fiscal es debido a un creciente e ineficiente gasto público, los gobernantes siguen empeñados en aumentar los impuestos con todas las consecuencias que ello implica?  Pues para que siga la fiesta y le puedan dar nuevas excusas a los gobiernos futuros. 

Este país no va por buen camino. El tiempo nos sigue dando la razón. 

La columna de Carlos Federico Smith: una riqueza que despreciamos

No recuerdo en que libro de texto de Economía leí hace mucho tiempo, acerca de las ideas de riqueza y de valor aplicadas a las llanuras de los indios en el estado de Oklahoma. A mediados del siglo XIX, éstas tenían un valor relativamente muy bajo, pues si acaso servían como pastos para el ganado. Los indios, quienes eran de hecho los dueños de esas tierras, vivían en la pobreza, en mucho sobreviviendo gracias a la cacería, algunos cultivos y crianza de animales. La tierra era sumamente barata e incluso, en cierto momento, el gobierno federal de los Estados Unidos se las compró a muy poco precio, para después regalarlas, con tal de que fueran pobladas principalmente por blancos, negros y otras tribus indígenas distintas de las que tradicionalmente moraban en ellas. A principios del siglo XX se descubrieron enormes depósitos de petróleo debajo de esas tierras de Oklahoma (así como en muchas otras partes de los Estados Unidos), las cuales que evidentemente ganaron un enorme valor en poco tiempo debido al desarrollo de los pozos petroleros.

Así me viene a la mente recordar que no había riqueza en las tierras de Oklahoma, sino hasta que se desarrolló la actividad petrolera. Esto es, aunque un recurso natural exista en el subsuelo, en tanto no se le desarrolle económicamente -es decir, que tenga algún valor en los mercados- no constituye riqueza: simplemente es “tierra” de poca valía. 

Esto lo expongo en relación con un artículo que leí recientemente en La Nación del 15 de diciembre, que lo encabeza el siguiente texto: “Presidente sepulta geotermia en los parques nacionales: Solís no aceptará proyectos de generación en su mandato”. ¿De qué nos sirve tener tanta “riqueza” energética potencial en los parques nacionales? Entiendo muy bien la posición de conservacionistas, aquellos honestamente preocupados porque un desarrollo de esa fuente de energía no ocasione un daño grave al medio ambiente, pero es un daño hipotético que económicamente podría ser compensado, si la ciudadanía logra un beneficio muy elevado al contar con una fuente de energía más barata que las actuales de que dispone. Es un asunto de ver los números del análisis de costo-beneficio social. En mi opinión, posiblemente el daño medioambiental de esos proyectos de explotación geotérmica es relativamente pequeño y podrá ser más que compensado con los beneficios de un proyecto de esa naturaleza que sea bien y cuidadosamente ejecutado.

El tema es muy interesante desde diversos ángulos, pero quisiera enfatizar uno de ellos.  Si bien es apropiado preocuparse por el posible impacto negativo sobre el medio ambiente de un proyecto de esa índole, en realidad en el país ya tenemos amplia experiencia en la generación de energía a partir de la geotermia, la cual han tenido un impacto mínimo –nimio- sobre la naturaleza en sus alrededores. Esta fuente se ha desarrollado en el país desde 1977 y ya tenemos cinco plantas generadoras de energía proveniente de geotermia (4 en Miravalles y una en Pailas, todas en la Cordillera de Guanacaste). Están operando limpiamente y con una afectación muy marginal en su alrededor. En una entrevista formulada a finales del 2012 al ingeniero Alfredo Mainieri, director en ese entonces del Centro de Recursos Geotérmicos del ICE, señaló que “la geotermia es una energía autóctona, limpia, poco contaminante y que, si además se maneja convenientemente, puede llegar a ser renovable, por lo que se espera que el tema de la explotación se analice más profundamente.” (Entrevista en Crhoy.com, el 9 de octubre del 2012).

En dicha entrevista se señala que “La geotermia también se ubica como la segunda más barata en cuanto a costos de producción por kilovatio, ya que, producir un 1 kilovatio de geotermia cuesta 6.22 centavos de dólar a pesar de solo tener el 8% de la capacidad instalada; producir 1 kilovatio de energía hidráulica cuesta 3.81 centavos de dólar,” al menos en aquél año. 

No hay razones para que, tomando en cuenta la necesidad de compensar cualquier efecto sobre el medio ambiente, el país no pueda acudir a esta fuente de energía, cuyo costo parece ser relativamente bajo, es limpia y casi que inagotable. Cerrar las posibilidades de su desarrollo, tanto por parte del ICE como de empresas privadas, es, en mi opinión, una nueva decisión absurda del gobierno en tiempos recientes en el campo de la energía (además de ésta, también lo fue el impedimento de que hubiera una mayor participación privada en la producción de electricidad de fuentes hídricas).

A veces hay posiciones extremas que cierran las posibilidades de progreso en las sociedades.  En este caso, la justa preocupación por el medio ambiente resultante de desarrollos energéticos, creo que ha sido llevada muy lejos. Existe enorme experiencia en muchos países -además de la nuestra antes citada- que incluso poseen literalmente desarrollos en los patios de sus casas. Volviendo a la Oklahoma que antes cité, una visita a la ciudad de Tulsa podría confirmar lo que aquí estoy diciendo: allá, en aquella tierra antiguamente de los indios, hoy existe una enorme producción petrolera en su inmediata vecindad. Pero también, por ejemplo, se podría acudir a Los Ángeles, California y ver allí, en un lugar que se conoce como La Brea, que sucede algo similar a lo de Tulsa, Oklahoma.  Simplemente para esos desarrollos energéticos se han tenido reglas claras, definidas, estrictas, en cuanto al manejo ambiental. Pero no de manera tal que se prohíba la producción, que se impida el desarrollo, que se afecten las posibilidades de progresar de sus ciudadanos, sino todo lo contrario: para que el ser humano se beneficie de energía más barata. Y eso es progresar.

En Costa Rica se ha demostrado que se pueden hacer plantas para extraer energía proveniente de la geotermia, sin afectar los parques nacionales. Incluso si un desarrollo afectara a un parque nacional, eso podría ser compensado con tierras nuevas que se adicionen al parque. Pero ni eso ha sido necesario hacerlo en el caso de Costa Rica. 

El gobierno no admite que privados puedan producir más electricidad proveniente de desarrollos hídricos; no permite ahora que nadie, ni el mismo estado, pueda generar electricidad con base en la energía proveniente de la profundidades de la tierra; no dejan que se explore el país para ver si hay depósitos de petróleo o de gas; no acceden a que se utilicen paneles solares para que las familias desarrollen fuentes energéticas provenientes del sol; no dejan hacer nada de nada. El estado nuestro no sólo es ineficiente, sino retrógrado: conculca cualquier posibilidad de generación de energía, sino es a través de su casi monopolio, el ICE, e incluso hasta a esa institución se le vedó la posibilidad de un mayor desarrollo energético con base en la geotermia. Hace muchos años no veía una mentalidad tan retrógrada, antiprogresista y que frene el impulso innovador de la empresa privada a tal grado. Más tarde o más temprano eso nos pasará la factura a todos los ciudadanos -como usualmente sucede en estos casos- a causa de nuestro estancamiento energético. Entonces los de siempre buscarán echarle las responsabilidades por el retroceso a cualquier otro, menos a la obcecación de sí mismos.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿y la profesionalización del Servicio Exterior?

El Partido Acción Ciudadana (PAC) ha venido, desde hace tiempo, insistiendo en la necesaria profesionalización del Servicio Exterior, para evitar que nuestros representantes frente a otros Estados sean nombrados sin tener experiencia, formación y capacidad. Para ello incluso presentó un proyecto de ley con el objetivo de "garantizar un cuerpo diplomático permanente, idóneo, profesional y altamente capacitado, asegurando procesos óptimos de nombramientos, controles estrictos a las cuestionadas designaciones por inopia y el fortalecimiento del Instituto de Política Exterior Manuel María de Peralta". 

Tal pareciera la magnitud del compromiso que el propio Luis Guillermo Solís, durante la campaña electoral, plasmó en su Plan de Gobierno "promover un cambio en la designación de puestos públicos de manera que estos sean ocupados bajo criterios de idoneidad y probidad, y fomentar el óptimo desempeño de los funcionarios públicos". Hace exactamente un año, 1.3 millones de costarricenses creyeron esta y otras promesas y dieron su respaldo a un candidato que les ofrecía un giro de timón que nos llevara a ser un país maravilloso.

No obstante, como buena campaña electoral, las promesas surgen como flor de un día y, al siguiente, se las lleva el viento. En lo que llevamos de gestión de esta Administración la mencionada iniciativa de ley no ha avanzado; duerme el sueño de los justos por la indiferencia del Poder Ejecutivo. Pero eso no es todo, por desgracia, pues hasta la fecha son muy pocos los diplomáticos de carrera que han sido nombrados, mientras muchos otros amigos o familiares de los líderes, colaboradores de campaña o simpatizantes del partido ocupan puestos tan importantes en la representación política de nuestro país frentea otros Estados. Algo bastante extraño si tomamos en cuenta que el Presidente pasó por Cancillería y está perfectamente enterado de la necesidad de tener representantes bien formados para desempeñar dicha tarea. 

Precisamente, los recientes desaguisados de varios embajadores costarricenses nos muestran que Solís se equivocó fuertemente en su designación. Primero fueron los casos de Patricia Gómez y Luis Roberto Zamora, embajadores en Bolivia y Corea del Sur respectivamente, por sus desatinadas declaraciones en torno a la situación acaecida entre la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes y el entonces Viceministro de la Presidencia, Daniel Soley. Acto seguido, se conoció que el embajador costarricense ante China, Ricardo León, fue nombrado sin tener siquiera títulos universitarios. ¡El máximo representante de nuestro país ante una potencia mundial tan poderosa no solo carece de experiencia y formación diplomática sino que hasta adolece de cualquier tipo de formación! 

Luego, se presentó el caso de Federico Piedra, embajador ante Venezuela, que fue cesado de su cargo por entrometerse en la situación interna de ese país y hacer declaraciones en defensa de la concentración de poderes en manos de Nicolás Maduro y la desaparición de la democracia en ese país, que no sólo no representan la posición oficial de Costa Rica sino que van en contra de los propios pilares de nuestra política exterior.

¿Todos estos son casos aislados? No, ese es el verdadero compromiso de la Administración Solís Rivera con la profesionalización del servicio exterior: nombrar charlatanes a los que pronto hay que salir a defender -o a destituir- porque su impericia, imprudencia y falta de tacto afectan las relaciones internacionales de Costa Rica.  

Hace un año, 1.3 millones de crédulos se dejaron seducir por la ruta del cambio, las caravanas de la alegría y las promesas de campaña. Hoy, cada vez más son los costarricenses que se sienten engañados, usados y burlados por un gobierno que olvidó todas sus posiciones cuando era oposición y ahora, se dedica a hacer lo mismo que sus predecesores: jugar con Costa Rica.

 

La columna de Carlos Federico Smith: razones ciudadanas para no aceptar más impuestos

Una información de La Nación del 10 de diciembre, bajo el encabezado “Estado recibe mala nota en gestión de tributos: ITCR dio resultados de encuesta de opinión”, entre otras cosas importantes, señala que “Un 86% de los costarricenses (la entrevista fue formulada a 513 jefes de hogares) opina que el Estado  desperdicia el dinero mediante impuestos.” No sólo esto podría reiterar la antigua creencia de que, al ser los impuestos una materia odiosa, sería de esperar un alto porcentaje de rechazo a los gravámenes de parte de la población, pero más bien indica que la gente considera que esos fondos, que paga como impuestos, no son bien utilizados por el gobierno y que, por el contrario, son desperdiciados. 

Aunque lo que señala La Nación de esa encuesta realizada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica no brinda específicamente el porcentaje de aceptación de los impuestos, sí expresa que “aunque muchos apoyan una reforma fiscal, se oponen a que esto conlleve un aumento tributario.” Habría sido interesante tener una idea de cuántos son esos “muchos”.  Pero, por datos indirectos, me da la impresión de que los tales “muchos” en realidad no son tantos. Veamos, por ejemplo: La Nación indica que “sólo el 21% de los entrevistados cree que el Estado recauda el dinero de manera eficiente.” Si el 79% restante -pienso- considera que el estado es ineficiente en su recaudación (o no sabe o que no es eficiente ni ineficiente), me imagino que no estaría tan dispuesto a darle la plata a un recaudador ineficiente, pues tal conducta podría estar reflejando un alejamiento de lo que se podría considerar como un sistema tributario “justo o equitativo”. Pero también porque “un 72% de los entrevistados opina” que los impuestos recaudados “les benefician poco”. Casi que uno puede considerar como extraña una conducta por la cual la persona desee pagar por algo que siente le beneficia poco. Lo lógico, más bien, es que, si se considera que algo casi no lo beneficia, tendería a abstenerse de pagar por ello. De paso, además de ese 72%, “un 13% es más radical aún y sostiene que no ayudan en nada,” según informa el reportaje citado.

Para mí es evidente el divorcio que hay entre la decisión ciudadana de pagar impuestos y el beneficio que obtiene de ellos, ya sea directa o indirectamente. Como me dijo una persona cercana en una ocasión: “si uno viera que con las platas que uno paga como impuestos, el gobierno hace cosas que uno necesita o le sirven, tendría una mayor voluntad de pagarlos.”

Ya sabemos del estado deficitario de las finanzas del gobierno; esto es, que hay un exceso de gasto más allá de los tributos que percibe. En gran parte, el gobierno ha planteado la necesidad de aumentar los impuestos (y, en menor proporción, reducir el gasto) pero, con toda franqueza, creo que la aprobación de aquella propuesta está en alitas de cucaracha, cuando el ciudadano observa el comportamiento de un gobierno que aprueba un presupuesto de gastos para el 2015 con un incremento de un 19% con respecto al del 2014. Por ello, es interesante señalar que sólo el 21% de las personas encuestadas “estarían dispuestas a pagar más para mejorar las finanzas del Estado”, según lo señala La Nación. Esta posición se me hace cuesta arriba, cuando lo comparo con aquél 86% que dice que el gobierno desperdicia la plata que recauda como impuestos y con aquel 79% (con la calificación que antes hice) que habría indicado que la recaudación de impuestos por el gobierno es ineficiente.

Por otra parte, 2 de cada 5 entrevistados dicen que el gobierno “ya debería de estar” impulsando la reforma fiscal -seamos claros, la expresión “reforma fiscal” no es más que un eufemismo de “aumentar los impuestos- pero habrá que ver si, una vez que el gobierno anuncie sus propuestas específicas de alzas en los tributos, los ciudadanos van a estar tan de acuerdo con que se pongan ya los nuevos y mayores gravámenes.  No me extraña que entre los proponentes de que el gobierno desde ahora le debe entrar a la reforma fiscal con los mayores impuestos, estén quienes de manera significativa reciben ingresos provenientes de ese gasto estatal, ya sea como empleados públicos o como empresas proveedoras contratistas de bienes y servicios al estado.

A su vez, según la encuesta antes citada, 2 de cada 5 entrevistados creen que el gobierno “debería esperar” a ganarse “la confianza de la gente”, reduciendo el sobredimensionado gasto público, antes de proceder a un aumento de los impuestos. 

Si la persona siente que el estado es ineficiente, en cuanto a proveerle los servicios que considera que debe brindarle a partir de los impuestos que paga, no van a querer que haya mayores impuestos. Al mismo tiempo, si ve que el país encara un serio problema fiscal que puede afectar a la ciudadanía, preferirá que se reduzca el gasto exagerado y desproporcionado, antes que haya un aumento de los impuestos. Y, me imagino, también pensará que, si le entrega más recursos propios al gobierno mediante más extensos y elevados tributos, éste pronto los gastará y así se nos sumirá, poco tiempo después, en un nuevo déficit. Esa ha sido la historia fiscal del país, en donde con frecuencia se han aprobado mayores impuestos con la excusa de reducir el déficit, pero la verdad es que simplemente se ha terminado en un gasto más elevado y un resurgimiento del déficit.

Asimismo, la persona es consciente de que, con una economía alicaída, de poco crecimiento a causa de esos nuevos o mayores impuestos, no se generará la inversión requerida y hasta provocará que desciendan los niveles de empleo en la economía. Y sabe que todo eso se traducirá en una reducción de los ingresos de las familias.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: ¿hacia dónde va nuestra política exterior?

Los pilares de la política exterior costarricense siempre han estado claros: promoción de la paz, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia. A pesar de la declaración de neutralidad perpetua, activa y no armada, realizada durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), siempre nuestro país ha asumido la bandera con respecto a estos temas y condenado cualquier situación internacional en la que se violenten dichos principios.

Sin embargo, en estos tiempos se presentan dos grandes excepciones, bastante sorprendentes, en especial tomando en cuenta que el Presidente Luis Guillermo Solís, es un profesional en Relaciones Internacionales, con carrera en el Servicio Exterior y, antes de asumir la silla de Zapote, era un asiduo comentarista sobre los sucesos internacionales en medios de comunicación. La primera de esas excepciones se da ante los eventos que ocurren en Venezuela, tanto con la aprehensión del líder opositor Leopoldo López y la reciente detención del Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, como con las manifestaciones populares, especialmente estudiantiles, contra el gobierno totalitario de Nicolás Maduro, quien ha respondido con violencia y salvajismo, provocando la muerte de varias personas. Ante esas abiertas violaciones a los principios que ha promocionado Costa Rica, el Presidente Solís ha decidido guardar silencio, alegando que no tiene suficiente información para pronunciarse.

¿Qué más evidencia necesita el mandatario frente a los horribles actos de represión que ordena Maduro -incluyendo la autorización al Ejército de utilizar la fuerza mortal contra los manifestantes-? ¿Qué información adicional requiere más allá de ver los encarcelamientos y la incomunicación a la que han sido sometidos muchos de los presos políticos? ¿Qué espera para condenar el asesinato de, al menos, 43 manifestantes, muchos de ellos jóvenes estudiantes universitarios? ¡Sí, jóvenes universitarios como los que él, en su condición de profesor de la UCR, vio protestar por diversas razones y para los cuales pidió protección y condenó cualquier acción policial represiva cuando existió! ¿Qué diferencia a estos ciudadanos venezolanos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, tema sobre el cual sí se manifestó?

La segunda excepción ha sido respecto a la situación que se vive en varios países de Oriente Medio y África, con el establecimiento de grupos como Estado Islámico y Boko Haram, que han torturado y matado salvajemente a cientos o miles de personas en una supuesta guerra religiosa. ¿Por qué nuestro país no ha condenado internacionalmente esta masacre? ¿Por qué Casa Presidencial y Cancillería han guardado silencio? ¿Qué pasa con nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué está haciendo o diciendo para mostrar repudio por ese holocausto?

Sin duda alguna, este silencio no puede más que preocuparnos. ¿Debemos pensar entonces que nuestra política exterior ya no responde a principios claramente definidos sino que su defensa dependerá del color político de quien los viole? ¿Tendremos entonces una Cancillería activa y crítica cuando se ataque a manifestantes o gobiernos cercanos a las ideas del nuestro y una despistada y callada cuando la violencia se dé en la acera del frente? ¿Estamos entonces frente a la relativización de los valores que, como sociedad, se supone que profesamos y defendemos? La reciente cumbre de la CELAC, donde varios mandatarios se reunieron únicamente para compartir sus teorías de la conspiración y ataques antiimperialistas, en lugar de trabajar por una agenda seria y sensata, pareciera demostrarnos lo que tenemos: una política exterior que se va, poco a poco, alineando hacia la charlatanería, los prejuicios y la diatriba, acomodada a los lugares comunes del típico discurso latinoamericano.

Todo indica que la caravana de la alegría se extiende más allá de nuestras fronteras. ¡Con Costa Rica y el mundo, sí se juega!

Tema polémico: bofetada a los más pobres

Por lo general, todos los partidos políticos, especialmente durante las campañas electorales, se presentan como defensores de los pobres, con propuestas que muestran su preocupación por quienes menos tienen y con promesas para mejorar su calidad de vida. Su diferencia radica en la forma en la que quieren lograr esa meta: grosso modo, unos plantean al Estado como el actor preponderante que lo haga todo, incluyendo producir la riqueza (¡como si pudiera hacerlo!) y repartirla; otros procuran que la riqueza la genere el mercado, es decir, miles de individuos decidiendo libremente intercambiar sus productos y su dinero, y que ellos sean quienes definan a los ganadores y perdedores. Otros pretenden mezclar ambas premisas y transitan más cerca o más lejos de alguna de ellas. 

El Partido Acción Ciudadana (PAC), que ganó las elecciones presidenciales el año anterior, históricamente ha expresado, a través de sus líderes políticos y candidatos, que el Estado debe asegurar los mecanismos para que los más pobres puedan progresar. Sin embargo, su accionar ha estado marcado por grandes contradicciones. No en vano fue el principal promotor, junto con el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista del periodo anterior, de un plan para aumentar los impuestos que, finalmente, iba a recaer con todo su peso sobre las personas de clase media y clase baja, aquellos a los que decía defender.

Increíblemente, a pesar de este exabrupto, los electores fueron mayoritariamente a firmar su sentencia de muerte en abril del 2014, dándole a esa agrupación más de 1.3 millones de votos para que guiara el transitar político costarricense por los próximos cuatro años. Durante los primeros meses de gestión, la nueva Administración dio tumbos a raíz de sus desaciertos, haciéndole creer a todos que su periodo transcurriría sin pena ni gloria, marcado por la incapacidad de sobrellevar la carga asignada; sin embargo, poco a poco, Solís Rivera y su equipo comenzaron a mostrar su verdadera cara: primero, levantando el veto a la reforma procesal laboral y, con ello, creando enormes incertidumbres al empresariado, reduciendo las posibilidades de encontrar trabajo para quienes tanto lo necesitan y aumentando la preocupación de todos aquellos que vemos con malas perspectivas la situación económica del país. Posteriormente, la noticia de los últimos días que ha sacudido al país y, en especial, los bolsillos de los más pobres, de aquellos a los que este gobierno dice defender, es el aval que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó a una solicitud de los empresarios arroceros para aumentar el impuesto sobre la importación de este grano, pasando de 35% a más de 62%. Su alegato, sorprendente y sin sentido, es que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave que estas causan a la  producción nacional del arroz y que es necesario proteger los empleos que esta actividad genera.

La gran pregunta es ¿por qué no se dice nada de la relación causal entre el impuesto a las importaciones y el daño grave que este causa al consumidor de arroz? Muy sencillo. Porque para los miembros del PAC, el consumidor no importa; hay que proteger a los productores, hay que evitarles enfrentar la competencia, hay que asegurarles ganancias aunque no sean capaces de generarlas por sí solos, aunque no sean eficientes ni productivos; hay que meterle la mano en el bolsillo a millones de consumidores para quitarles los pocos recursos que tienen y dárselos a unos cuantos empresarios que se venden como pequeños productores, aunque en realidad, son de los más ricos y poderosos del país.

Está ampliamente demostrado que el sistema actual de protección al arroz genera una distribución de riqueza de los pobres y clase media a favor de unos pocos empresarios muy adinerados. Y no es algo que digamos solamente nosotros en ASOJOD. En el 2002, la Defensoría de los Habitantes denunció que

“resulta evidente que toda la cadena de comercialización gana de más con esta propuesta, toda vez que la distribución del monto en exceso cobrado al consumidor se reparte en la cadena de comercialización; es pues una simple repartición de utilidades, sin que a la fecha el gobierno tenga una justificación valedera para ello. Esta falta de transparencia resulta preocupante para la Defensoría, toda vez que es un derecho fundamental de los habitantes contar con información completa, con respecto a todo aquello que afecte sus intereses económicos (…) En cualquiera de los casos, las ganancias que obtienen los distintos agentes de la cadena salen íntegramente del bolsillo de los consumidores, especialmente de los de más bajos recursos que son los que tiene una dieta basada en este grano básico”. 

En ese mismo Informe, la Defensoría reveló que desde el año 2000 el propio MAG reconocía, mediante Oficio DM-101-2000, que “por las medidas arancelarias, al precio del arroz importado debe sumársele el pago de derechos por un 42% aproximadamente para obtener el valor de costo nacional del arroz importado.

Por su parte, la Contraloría General de la República, en su Informe N° DFOE-AM-16/2004, reveló que

“un Fondo de Asignaciones no Reembolsables”, creado por medio del Decreto N°30867-MAG-MEIC-COMEX-H para beneficiar a los productores de arroz con el diferencial que produzcan las importaciones de arroz en granza que se realicen al amparo de la declaratoria de Desabasto que efectuara el MAG con base en el artículo 37 y concordantes de la Ley de la Corporación Arrocera, se distribuyó de forma tal que en manos de 33 grandes productores que representan apenas un 3% del total, quedó más del 50% de la asignación total del Fondo, sea más de  ¢965 millones; mientras que 774 pequeños productores de arroz que son la mayoría, (corresponden al 71% del total) recibieron apenas el 13% de la asignación, es decir aproximadamente ¢259 millones”.

Para el año 2006, un estudio realizado por Diego Petrecolla para el Banco Mundial y la Comisión para la Promoción de la Competencia del MEIC, reveló que

“el precio final al consumidor no se ha visto permeado por los precios internacionales, históricamente más bajos que el precio del arroz producido localmente”, esto por cuanto desde 1999, el precio del arroz en Costa Rica ha sido entre 30% y 50% mayor que el precio internacional de ese bien. Según dicho autor, esta situación se ha traducido en una transferencia de recursos del consumidor hacia la agrocadena del arroz en su conjunto, de nada más y nada menos que $396.4 millones, siendo la industria la más beneficiada ―y no el productor― pues a esta le correspondieron $324.7 millones. Ese mismo estudio midió el impacto del precio del arroz en el consumo de las familias de menores ingresos y demostró que sólo en la adquisición de ese grano, las familias más pobres gastaron entre un 6% y 8.4% de sus ingresos totales entre 2002 y 2005". 

En ese mismo año, el sobreprecio fue de aproximadamente $80 por tonelada métrica, estando el precio internacional del arroz más bajo que el del mercado local,  situación que no cambió toda vez que en 2008, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país era el quinto en América Latina que registraba mayores precios en los alimentos, por cuanto el Índice de Precios al Consumidor indicó que el costo de la canasta básica alimentaria creció entre mayo de 2007 y mayo de 2008 un 23%; el doble de la inflación general del país en ese mismo ciclo que fue 11.90%. 

Tanto los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda reconocieron la situación de abierto perjuicio para los hogares, en particular aquellas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, que producen con su política de protección a unos pocos productores e industriales. En efecto, MIDEPLAN enfatizó que en “los hogares de más bajos recursos…el consumo de alimentos básicos representa el 45,4% del ingreso, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2004 y…en la actualidad puede representar la totalidad o la mayor parte del ingreso de los hogares dado el encarecimiento de los alimentos (arroz, maíz, trigo, frijoles)”.  Pero lejos de la sensibilidad presente en los discursos y declaraciones públicas, ambas administraciones no hicieron nada para solucionar la situación.

El pasado 12 de Mayo de 2014 se publicó una noticia en la que se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el séptimo más caro de todo el mundo, lo que refleja que, efectivamente, todas estas informaciones apuntan al mismo problema: el perjuicio que la protección arrocera genera a los consumidores, especialmente a los de más escasos recursos. Inclusive, por si todo lo anterior no bastara, el propio Óscar Campos, alto dirigente arrocero, confesó que cinco grandes empresas acaparan los beneficios del arroz.

Más recientemente, se conoció que cuatro estudios diferentes -BID, Bernal Jiménez Chavarría, IICE y UNCTAD- critican las políticas arroceras costarricenses por considerarlas regresivas, es decir, que afectan a los que menos tienen, toda vez que estos deben gastar mayor proporción de sus ingresos para adquirir el grano vital en la dieta costarricense. De acuerdo con el estudio del BID, "la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes); por su parte, Jiménez manifiesta que "los consumidores pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379 productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones (68,7%)".

Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas señala que "no se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precio del arroz, ya que muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales". Finalmente, la UNCTAD indica que "las políticas existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial, ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país".

Como puede verse, a lo largo de todos los datos y argumentos que hemos recopilado en ASOJOD durante años, es clarísimo que el sistema actual de protección arrocera resulta en un grosero atropello para los consumidores, especialmente para los de más escasos recursos. Proteger a unos pocos para transferirle el dinero de muchos es un acto horrible, muy criticado antaño por el PAC pero que ahora es legitimado por esa fuerza política con la resolución del MEIC para aumentar el impuesto. ¿Y así se atreven a llamarse un partido progresista que busca mejorar la calidad de la vida de las grandes mayorías?

Gracias a esta insensatez, miles de personas verán dificultarse aún más la consecución de su sustento y tendrán que que apretarse más la faja, reduciendo el monto que destinan a otras necesidades o, lamentablemente, disminuyendo el consumo de este grano tan importante en la dieta del costarricense. El resultado final será, sin duda alguna, un incremento de la pobreza, de las necesidades insatisfechas, de la desnutrición y de la incertidumbre que viven las familias en nuestro país. Si ya el dinero no alcanza, como dicen casi todas las personas, ahora mucho menos. Mientras tanto, unos pocos arroceros seguirán disfrutando de ganancias malhabidas, obtenidas a través de la expoliación. 

Esa es la Costa Rica que quiere el PAC, la de unos pocos privilegiados a costa de muchos que pagamos impuestos; la de reducidas oportunidades de progreso para las mayorías con tal de salvaguardar las gollerías de una minoría. La caravana de la alegría muestra la realidad circense en que nos embarcamos los costarricenses, quienes somos enviados a los leones para mantener entretenidos a unos cuantos "patricios". Con Costa Rica no se juega, decía Luis Guillermo Solís en campaña, pero la realidad muestra que con los costarricenses sí.

Ahora, pareciera que nos tocará gritar Ave Luisgui, pauper te salutant.