La columna de Carlos Federico Smith: cómo arrastrar los pies: el presupuesto de las Universidades Públicas del 2020

Pasito a pasito, gradualmente, algunos entes de control del gobierno han venido tomando decisiones, si bien aún insuficientes, que van por el buen camino de ordenar las finanzas del estado costarricense. Tal es el caso de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del ministerio de Hacienda, así como la Contraloría General de la República (CGR), en torno a la improbación de los presupuestos para este año de las Universidades de Costa Rica, Nacional, Estatal a Distancia, Técnica Nacional, Instituto Tecnológico, así como el Consejo Nacional de Rectores (CONARE).

Es parte de ese esfuerzo de las universidades estatales por impedir que se les aplique la regla fiscal; esto es, que, en esencia, el aumento del gasto corriente (salarios, cargas sociales, becas y servicios) sea de un 4.87% con respecto al año anterior, según se aprobó en el llamado paquete fiscal de diciembre del 2018. Esas universidades se han negado a acatar la disposición, negándose a remitir información de sus planes de gasto ante la STAP, ente que verifica y confirma el cumplimiento de la regla fiscal, para que la Contraloría apruebe, por ley, estos presupuestos ordinarios para el 2020. La información la presenta La Nación del 20 de diciembre en su artículo “Rebeldía de universidades causa rechazo de sus planes de gastos en la Contraloría.”

Ante la no presentación de dicha información, la CGR señaló que, “de conformidad con el artículo 184 inciso 2 de la Constitución Política y el artículo 18 de su Ley Orgánica, tiene el deber de analizar que los presupuestos sean formulados y presentados de conformidad con las disposiciones legales y técnicas, dentro de las cuales está la certificación que emita el STAP sobre el cumplimiento de la regla fiscal.”

El arrastre de los pies de las universidades se sustenta -¿acaso es una sorpresa?- en la idea de su independencia y autonomía y en que su caso legal está por resolverse en los tribunales de ley. Una vez más, las autoridades universitarias hacen gala de su creencia de que son sus únicos dueños y señores, como tales, de los recursos que todos los costarricenses aportamos obligadamente cada año. Conviene brindar algunos datos del monto presupuestado para el FEES del 2019, que fue de ₡511.154.72 millones (para la UCR, la UNA y el Tec), a lo que debe sumarse la transferencia del gobierno a la Universidad Técnica Nacional por ₡34.868 millones, con un aporte total del gobierno a las universidades estatales de ₡546.022.72 millones.

Para el 2020, el monto inicialmente presupuestado para el FEES y la UTN ascendía a ₡512.781.51 millones, más lo correspondiente a la UTN por ₡35.677.88 millones, lo que lleva a un total de ₡548.459.39. Posteriormente, el ministerio de Hacienda definió una reducción de ₡70.000 millones del FEES que deberían usarse en infraestructura, pero la Asamblea Legislativa restituyó ₡35.000 millones al FEES.

Ante la decisión citada de la CGR por la no presentación de los documentos requeridos, ahora aquellas universidades y el CONARE deben trabajar con el mismo presupuesto ordinario del 2019 y no con el presentado para el 2020, aunque tienen la posibilidad de aumentarlo con presupuestos extraordinarios, que me imagino no van a ser fácilmente aprobados por la Asamblea Legislativa, ante esa actitud exhibida de impedir la aplicación de la medida de restricción fiscal aprobada, puesta no sólo para restringir el gasto de ciertas entidades estatales, sino a todas ellas, sin olvidar que también los ciudadanos hemos sido objeto de violentos aumentos en los impuestos.
 

Como bien recuerda la CGR a las autoridades reticentes a obedecer la ley, “el artículo 19 de la Ley 9635 [la del Paquete Fiscal] se encuentra impugnado ante la Sala Constitucional, lo que no [subrayo: NO] significa que la norma no esté vigente y por tanto debe ser acatada.” ¿El desacato a una ley en el sector público es objeto de sanción? O seguiremos con ese jueguito de arrastrar los pies, como babosas, tratando de impedir el freno al gasto gubernamental, que, si no se lleva a cabo, conducirá a la inevitable quiebra de la ciudadanía, con más y más impuestos o endeudamiento gubernamental, a la vez que el gasto del gobierno, causal del problema, sigue invariable e intocable, como lo pretende la república independiente de las universidades estatales.
 

Ha hecho bien la Contraloría en no aprobar los presupuestos para el 2020 de las entidades gubernamentales citadas, pues simplemente, en su arrogancia, no cumplieron con el requisito esencial de suministrar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la información requerida para todas las entidades que presentan sus presupuestos, para lograr la aprobación final por la Contraloría General de la República: Como suele decirse, nadie está por encima de la ley.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: unidos ante la amenaza a "nuestros" privilegios

Era esperable que, incluso ante una relativamente pequeña reducción o freno a privilegios incorporada en el paquete tributario recientemente aprobado, en su defensa y conservación, los rectores de las universidades estatales (UCR, Tecnológico, UNA, UTN y la UNED) se unieran para pedirle al presidente de la República, que a esas entidades no les fueran aplicadas, según lo definieron en un acuerdo del Consejo de Rectores (la tribu) del pasado 21 de febrero.

Las reformas cuya puesta en práctica se objeta para las universidades públicas, se refieren a la dedicación exclusiva, para que sólo se pague un 25% adicional del salario a licenciados y un 10% a bachilleres, mitad de las actualmente vigentes. Asimismo, en cuanto a la cesantía, la reforma requiere que haya un tope de 8 años, tal como está en el Código de Trabajo, y que a los que trabajadores cubiertos por convenciones colectivas, no excedan de los 12 años. También, en cuanto a las anualidades, en vez de ser un porcentaje del salario, lo sea en un monto fijo. En lo que trata de la evaluación de desempeño, así como que, en general, las reformas que está diseñando el gobierno para poner orden, regular los incentivos y las escalas salariales dentro del sector público, no les sean aplicadas, dejando que lo sea según una decisión propia de esos entes.

Todo forma parte de una andanada de rechazos en defensa de una serie de privilegios, como lo fue la gestión legal de los rectores para que se les mantuvieran los ¢10.000 millones que los diputados “le quitaron” al llamado Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que inicialmente para este año era de ¢511.000 millones (sí, leyó bien). O sea, apelan legalmente para que una pequeñísima reducción del 1.96% por ciento de la trasferencia no se lleve a cabo. No olviden que son dineros que, de alguna forma, los ciudadanos han pagado con impuestos al fisco y el gobierno transfiere nuestros recursos para la operación de esas universidades. (En realidad, ese monto de ¢511.000 millones es sólo para la UCR, la UNA, el Tec y la UNED, pues, además, sólo para la Universidad Técnica Nacional se destinan por la vía del presupuesto gubernamental casi ¢35 mil millones).

El argumento que da base a la petición de los rectores, es que las universidades públicas gozan de autonomía y, por tanto, que esas decisiones legisladas en el paquete tributario citado no les son aplicables: que la autonomía universitaria es constitucionalmente distinta a la que gozan los llamados entes descentralizados, de forma que el Poder Ejecutivo no tiene jerarquía alguna sobre ellas en ese aspecto financiero, como también lo es en lo administrativo. En sencillo, se sienten independientes: una especie de repúblicas autogobernadas dentro de una República nacional, la cual, eso sí, les transfiere obligatoriamente recursos que todos los costarricenses aportamos por la vía de los impuestos.

Como dijo uno de los rectores de esas universidades, “no podemos ser reformados vía decreto, ni porque lo diga un diputado ni la contralora,” pero es de esperar que esa independencia y autonomía, entendible para su estructura administrativa interna, se extienda a que esas universidades generen los ingresos necesarios para sus gastos. Que sean autosuficientes, emancipados del gobierno nacional.

Hoy la quieren toda de todas: que les paguemos el gasto que deseen “autónomamente” llevar a cabo, pero liberados de que, quienes pagamos por medio del estado, la ciudadanía, no tenga forma alguna de detener un gasto que juzgamos sobredimensionado. Yo creía que en Costa Rica el poder soberano descansaba en la ciudadanía y no en una entidad gubernamental, que se arroga total independencia constitucional de la voluntad general.

La situación es que, sencillamente, las universidades públicas forman parte de un estado cuyas finanzas hacen aguas y que, en este terruño, sólo hay una República, no varias independientes. El día de mañana, bajo el prurito de autonomía, nos confiscarán más y más fondos por la vía de impuestos, cobrados por el gobierno para transferirlos luego a los administradores de esas universidades, para hagan lo que a ellos les parezca.

Jorge Corrales Quesada

Felicitaciones a los estudiantes del TEC

En ASOJOD queremos extenderle una gran felicitación a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, pues a pesar que el jueves pasado, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al campus para confiscar documentos y realizar investigaciones por denuncias contra algunos funcionarios TEC, ningún estudiante de esa institución realizó bochinche o pataleta alguna, reclamando por violaciones a la autonomía universitaria.

Por el contrario, los estudiantes se quedaron haciendo lo suyo: estudiando, asistiendo a clases, visitando la biblioteca y otras cosas propias del estudiantado. Parece que, al contrario de los de la UCR, los del TEC si entienden que están estudiando en una universidad pública gracias al dinero que le cobran a los tax payers y que tienen que ser responsables y considerados con el gran sacrificio en que incurren los demás ciudadanos.

Ojalá esto sirva como ejemplo para algunos revoltosos que creen que los estudiantes tienen como función hacer revueltas y despelotes.

Tema polémico: la autonomía universitaria

La semana anterior se presentó un acto bochornoso en la Universidad de Costa Rica: (UCR) mientras un grupo de estudiantes se graduaba y pensaba más en su futuro laboral, otro grupo llegaba a gritar consignas y exigir la salida de la Rectora de dicho acto para que atendiera un "problema". Con malacrianza, intentaban interrumpir el acto y pateaban puertas para llamar la atención.

¿Qué estaba pasando? Resulta que, en un operativo para arrestar a un oficial de tránsito -que aparentemente estaba cobrando mordidas a cambio de no hacer infracciones-, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al campus universitario, desatando la furia de algunos estudiantes, quienes apelaban a una presunta violación a la autonomía universitaria. Los ánimos se calentaron y, sin tener muy claro quién inició, se armó un zafarrancho indescriptible, con personas heridas, arrestadas y daños materiales, pero principalmente, con una imagen reprochable en un espacio que, se supone, es cuna del diálogo y el conocimiento.

Muy pronto comenzaron a movilizarse ciertos individuos en la UCR, en las redes sociales y hasta en marchas, exigiendo respeto a la autonomía universitaria, condenando violaciones a esa garantía constitucional y, curiosamente, algunos hasta argumentaron que la "dictadura de los Arias" había ordenado la invasión para advertir que no toleraría la actitud contestataria del estudiantado. Por su parte, el OIJ (particularmente su director) aclaró en rueda de prensa que la acción se llevó a cabo conforme a Derecho y que, por la propia naturaleza de la situación, no podía coordinarse con las autoridades universitarias para un acto menos problemático. La Corte Suprema de Justicia también se pronunció, supuestamente a favor del OIJ para luego indicar que ordenaría una investigación.

Dejando de lado el disparate paranoico y conspiratorio, el suceso generó una importante discusión respecto al alcance de la autonomía universitaria, por lo que en ASOJOD nos dimos a la tarea de investigar en el ordenamiento jurídico, a fin de verificar cuál de las posiciones era la acertada. En primera instancia, recurrimos a la Constitución Política, que en su artículo 84 contiene la garantía de autonomía e indica, literalmente que la Universidad de Costa Rica "goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios". Nótese que la autonomía está referida propiamente al desempeño de las funciones típicamente universitarias: a su organización, administración, financiamiento y, fundamentalmente, a la libertad de cátedra.

Precisamente, la intención del constituyente remite, más que nada, a proteger a la universidad de los vaivenes políticos y de los caprichos del gobierno de turno, evitándole a este interferir en el funcionamiento académico de esa casa de enseñanza y asegurándole a esta la posibilidad de ser un espacio donde convergen ideas y propuestas que pueden coincidir o diferir radicalmente del discurso "oficialista". Para muestra un botón, pues como señaló el Diputado Baudrit Solera, miembro de la Asamblea Constituyende de 1949:

"(...) la autonomía universitaria, la cual se entiende desde tres puntos de vista: administrativo, económico y docente (...) En el primer caso, se entiende por autonomía administrativa el derecho que asiste a la Universidad para organizarse libremente, darse el gobierno propio que estime adecuado (...) En cuanto a la autonomía económica, la Carta del 71 habla de dotar a nuestra Universidad de las rentas necesarias para su sostenimiento. Sin embargo, ha sido necesario acudir al sistema de subsidios por parte del Estado (...) De ahí el empeño que han sostenido para fijar en la Constitución la derogación del Estado de otorgar a la Universidad un subsidio anual no menor del 10% del total de gastos del Ministerio de Educación. (...) En cuanto a la autonomía docente, en este sentido -digo- no hay necesidad de insistir mucho. La libertad de cátedra no es otra que la libertad de expresión, de pensamiento, que tantos sacrificios ha costado adquirir. Nadie puede negar la libertad de cátedra (...)”.

Asimismo, la Sala Constitucional en su voto N° 1313-93, indica que

"son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas. La autonomía universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores".

En este mismo tema, el Dr. Román Solís Zelaya señala que

"En todo lo demás, que no sea quehacer típico universitario, el legislador si puede legislar, por el principio de unidad estatal. ¿Cuál sería la materia no típica universitaria?, el quehacer administrativo diario de función pública que tiene todo aparato administrativo. Frente a ello surge algo controversial que es el control de legalidad. ¿Puede el Estado ejercer control de legalidad frente al ente autónomo?; si, por principios. El Estado si puede actuar como contralor de legalidad frente al acto universitario. ¿Qué tipo de contralor de legalidad? Existe primero un contralor frente a la ley y un segundo momento un contralor dentro de la Constitución Política. Frente a la ley ordinaria está la jurisdicción contencioso-administrativa, la actividad jurídica de la Universidad de Costa Rica está supeditada al ordenamiento constitucional y al ordenamiento legal.”

También el Dr. Eduardo Ortíz Ortíz apunta que

“La Universidad, como cualquier otro sujeto del orden jurídico nacional, queda sometida a todas las regulaciones legales, que, aun afectando su situación jurídica e interfiriendo indirectamente con la prestación de un servicio y la organización de sus medios, afectan por igual a todos los otros sujetos del mismo orden, porque están motivadas en razones a todas comunes, extrañas a su especialización funcional. De este modo quedan sujetos a las normas de la Asamblea, el régimen de sus propiedades, la regulación del tránsito por sus calles, los delitos cometidos dentro de sus aulas y,, en general, toda conducta del estudiante o del profesor dentro de la Universidad que coincida con una hipótesis legal, distinta de la enseñanza académica”.

Finalmente, el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez también argumenta que

"La forma de conocer el límite de la autonomía constitucional de las universidades públicas, es conocer que dentro de esa autonomía están las áreas de Docencia, Investigación Acción social y cultura (extensión socio-cultural). Lo que no esté dentro de esa sombrilla institucional, carece de la calidad de autonomía constitucional. En este campo externo de dicha autonomía, las universidades públicas están sujetas al ordenamiento jurídico del país".

En vista de todo lo anterior, en ASOJOD consideramos que no se vale, como muchos estudiantes, administrativos y docentes lo han querido, pretender que la UCR tiene el mismo status jurídico que una embajada, pues ni la Constitución lo establece ni existe, o al menos luego de una búsqueda no se ha encontrado, normativa alguna que obligue a las autoridades policiales costarricenses a solicitar autorización para ingresar ni coordinar con los servicios de seguridad universitarios. Como bien lo han afirmado algunos especialistas, la autonomía no es sinónimo de extraterritorialidad.

Siendo así, en ASOJOD creemos que el ingreso de los agentes del OIJ se realizó sin violentar la autonomía universitaria y que esta debe aplicarse únicamente para el quehacer institucional; nunca debe verse como una autorización independentista, pues la misma Constitución Política asegura la unidad estatal y fuera de la materia administrativa, presupuestaria, organizativa y académica, la UCR está sometida a todo el bloque de legalidad existente y, en este caso particular, al poder de Policía que detenta el Estado.

Con base en lo anterior, así como en el voto N° 4395-1995 de la Sala Constitucional, en ASOJOD coincidimos con lo apuntado por Vladimir Villalobos en su tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho:

"la autoridades de la universidad no pueden impedir el acceso a la autoridades nacionales, en caso de que se tenga que impedir un delito, detener a un sospechoso, o ante cualquier otra situación que así lo requiera, porque el Campus Universitario se encuentra sometido al mismo régimen legal que cualquier otro recinto privado de acceso público".

Siendo así ¿qué autonomía se violó? Claramente no fue la autonomía que define la norma, sino el espejismo autonómico que algunos, irresponsablemente, han querido hacerle creer a los demás, sobre la base de mentiras y prejuicios. Algunos universitarios que se han dado a la tarea de mentir y presentarse como víctimas, cual patología digna de un refinado análisis psiquiátrico. Son los mismos que hace unos años nos advertían que con la aprobación del TLC, perderíamos el país, nuestras riquezas naturales y nuestra soberanía. No obstante, con el paso del tiempo no han podido demostrar cómo la Isla del Coco sigue donde siempre ha estado o cómo el agua no se la han llevado los estadounidenses ni como nuestros tres Poderes de la República siguen tomando sus decisiones que, aunque erradas, no son por culpa de la ingerencia extranjera.

Son los mismos que buscan cualquier excusa para no ir a las clases que todos los costarricenses les pagamos, pero sí para ir a bloquear calles e impedirle a los demás transitar libremente y llegar a sus casas, clases o trabajo. Son esos mismos que con sus reprobables acciones han generado una gran animadversión hacia los estudiantes y que, por su revoltosa actitud, comprometen a los estudiantes, docentes y administrativos serios y responsables. Son los mismos de siempre que dañan la propiedad privada con piedras y palos, que queman cuanto pueden recoger, que se esconden en el anonimato y claman por derramamientos de sangre y luchas armadas contra fantasmas que sólo ellos pueden ver.

Son ellos los que, al igual que el Ministro de Propaganda del Régimen Nazi, Jossep Goebbels, creen en la máxima de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y tergiversan los hechos, manipulando la información con el fin de ganar legitimidad para sus causas, al tiempo que convierten a una universidad de espacio de lucidez, conocimiento y debate, en una barraca de intolerancia, violencia e irracionalidad. Son los mismos que dicen defender a la Universidad pero no comprenden el significado del lema institucional: lucem aspicio (en busca de la luz). Un lema que, sin duda alguna, representa la misión fundamental de una universidad: la búsqueda del conocimiento, a partir de la investigación ética, seria y responsable, del debate respetuoso y pluralista, de la criticidad y del análisis académico.

Por eso, es importante que los buenos estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad, retomen lo que han permitido que se pierda y le permitan a esa casa de enseñanza volver a la senda por la que debe transitar. Se requiere honestidad intelectual, seriedad, compromiso con la razón y la lucidez, investigación minuciosa antes de pronunciarse, análisis crítico y sensato, pero sobre todo, rechazo al oscurantismo y a la violencia como solución a los problemas.

La UCR no se cansa

Hoy, un miembro de ASOJOD asisitió a un acto de graduación de la Universidad de Costa Rica y se topó con algo que ya no soprende: una cantaleta contra el TLC, con la cual dieron la "bendición" a los nuevos graduados. Los discursos fueron la prueba del aprovechamiento oportunista de cada espacio protocolario, radial, periodístico o administrativo para lanzar sus diatribas contra el TLC y contra el TSE. Estas personas no se aburren de mascullar los mismos ataques contra el Tribunal tan sólo porque les recordó que existe una prohibición de hacer lo que la UCR: usar fondos públicos para financiar al NO. A eso nuestras queridas autoridades universitarias le llaman violación de autonomía y cuando un estudiante se acercó a expresar la molestia a una de las representantes universitarias por el discurso, esta le contestó que podían decir todo lo que quisieran porque para eso era la libertad de cátedra.

En ASOJOD nos pregunta mos cuándo entenderán las autoridades universitarias, los profesores, estudiantes y el personal administrativo que está con el NO que autonomía y libertad de cátedra no son un cheque en blanco para hacer lo que se les venga en gana. No son una licencia para eximirse de ser juzgados por la moral o la legalidad. Son mecanismos que tiene la universidad para tomar decisiones en concordancia al ordenamiento jurídico costarricense, donde la Constitución lo encabeza. Sí, amigos lectores de ASOJOD, la misma Constitución Política que la UCR jura defender contra el TLC es puesta por debajo de los estatutos universitarios cuando les conviene.

Por eso, en ASOJOD no descansaremos con nuestra tarea de denunciar la pérdida de rumbo que afecta hoy día a la Universidad de Costa Rica. Tampoco dejaremos de denunciar el oportunismo político de otros rectores, profesores y personal administrativo, que desde ya está haciendo campaña para ver si en el 2010 le toca sentarse en una curul y, de paso, mejorar su pensión con esta ley que permite solicitar una revisión para que se le aplique con el último salario recibido. ¡Bendita sea la academia!

Eso no es autonomía

Siguiendo la línea política del rector Eugenio Trejos del ITCR, el Consejo Universitario y la Rectora de la UCR siguen socavando impunemente el prestigio de la Universidad y la confianza que los costarricenses otrora habíamos depositado en los centros estatales de educación superior. Y lo hacen al amparo, algunas veces, de un sofisma de independencia política del Consejo y, otras, alegando una representación de la comunidad universitaria que los apoya; desconociendo abiertamente la divergencia de criterios jurídicos, políticos, económicos e ideológicos que abundan en el campus. Es derecho propio de estas personas que opinen y abanderen criterios ideológicos a título personal, pero no en su investidura pública.

Con suma preocupación, leo en la prensa un nuevo pronunciamiento de la UCR, alegando violación a la autonomía aniversaria y la libertad de cátedra, pues ahora interpretan maliciosamente los criterios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al que acusan de menoscabar esos principios.

Parnaso de soberbia. Pero ¿de qué autonomía habla la Rectora? Es la autonomía que le ha permitido al grupúsculo que secuestró a la Universidad en un parnaso de soberbia, y que los ha llevado a conformar a dedo grupos de opositores al TLC para que de forma inconsulta se pronuncien en nombre de toda la comunidad universitaria en contra del tratado, del TSE, de la Sala Constitucional, del Gobierno y de los profesores y universitarios que no compartimos su criterio.

Son las mismas autoridades universitarias las que han menoscabado a tal grado la calidad y objetividad académica, que tanto distinguían a la UCR, que hasta arremeten en la prensa contra estu- diantes que se oponen a la decisión de desvirtuar el objetivo académico y profesional del trabajo comunal universitario (TCU), ahora usado en campaña contra el TLC.

Otros principios. La resolución N° 1617-E-2007 del TSE no viola la autonomía universitaria ni limita en nada las potestades de la Constitución en el artículo 84, pues la autonomía universitaria no es una adarga para que, en nombre del cuerpo estudiantil y docente, algunos administrativos abanderen la autonomía para hacer proselitismo. La autonomía y la libertad de cátedra amparan otros principios y en nada justifican que la Universidad –siendo institución del Estado– destine recursos públicos a favor de las campañas por el “sí” o el “no”.

Pero la UCR ya no forma opiniones. Hoy las pretende imponer incluso a costa de los escasos recursos públicos que tienen. Lo que es peor aún: impone ideologías y no promueve el debate inclusivo. Sus foros no ofrecen pluralidad y formación, sino adoctrinamiento. Solo, espero, que no sea muy tarde ya para rescatar a la Universidad de esta ignominia.

Alejandra Castro B., tomado del periódico La Nación

En Vela

Un nuevo líder político se está autoengendrando en el tálamo del “no” al TLC. Se llama Eugenio Trejos, rector del ITCR, quien, poco a poco, está desplazando, de ganar el “no”, el 7 de octubre próximo, a otros aspirantes para las elecciones del 2010 en esa confusa agrupación: el diputado Merino, Albino Vargas y Rolando Araya, ideólogos del “no”, y otros “patriotas” al acecho. El PAC tiene casa aparte, pero se encuentra, por el “no”, en el mismo condominio. Esta colindancia lo está afectando.

Sin embargo, por su boca muere el pez. El rector Trejos debe pensar lo que dice y contener sus ímpetus de violencia. En una nota de prensa reciente escribió: “Utilizar la Rectoría exclusivamente en beneficio de la institución que represento significa, en este momento crucial de nuestra historia, ponerla al servicio del creciente movimiento nacional que, desde el corazón de la patria, dice NO al TLC” ( La Prensa Libre , 20 de julio del 2007). Luego, defiende la libertad de cátedra y la autonomía universitaria de las que, como lo prueba la frase transcrita, no tiene el mínimo criterio.

¿Qué significa utilizar la Rectoría, “exclusivamente”, de una universidad pública, financiada por los impuestos de trabajadores y empresarios (tan despreciados por un sector universitario), sino el uso de recursos en beneficio propio? También la UCR ha usado los recursos públicos para favorecer exclusivamente al “no” (las pruebas abundan), pero la declaración del rector Trejos, por su personalismo, es más grave aún. Trejos, además, es el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare). La confusión es, pues, total. ¿Cómo mantener, en el futuro, las universidades públicas si el “no” promueve la marginación comercial del país, esto es, la reducción de las inversiones y del empleo, aun de sus propios graduados, fuente de mayores impuestos para el financiamiento universitario? La solución del “no” universitario es simple: si no hay suficientes recursos, pues la huelga y las manifestaciones callejeras.

Y Trejos dijo el viernes pasado, en un acto vergonzoso sobre el TLC, en San Isidro de Heredia, donde debió intervenir la Policía: “Si el TLC pasa, será sobre mi cadáver”. ¿Qué quiere decir esto? No, señor Trejos, no lo queremos cadáver, sino vivito y coleando para felicidad de los suyos, pero, eso sí, pensando lo que dice: la Rectoría de una universidad no es un bien personal, y la violencia verbal es la vía directa a la violencia física, la misma que predican ciertos líderes “bazuqueros” del “no”, al cuestionar las instituciones democráticas y afirmar, con soberana frescura, que el TLC viola la soberanía nacional. La antesala de la violencia siempre ha sido la mentira y el falso patriotismo. ¡Cuidado!

Por Julio Rodríguez
Tomado de la Nación

El traspié de la UCR

El fallo de la Sala IV sobre la constitucionalidad del TLC desacredita a la Universidad de Costa Rica. Los magistrados rechazaron todos los argumentos incluidos por la casa de estudios en su lujoso folleto sobre supuestos roces del TLC con la Constitución Política, pero el descrédito no está en el error de las tesis, sino en el dogmatismo con que la Universidad intentó imponerlas.

El folleto, editado con dinero público, solo recoge tesis de opositores al TLC, que a la postre resultaron erradas. En los círculos académicos abundan los defensores del Tratado, pero a ninguno de ellos se le invitó a participar. Ahora sabemos que sus tesis son las correctas, al menos desde el punto de vista de la Sala IV, pero nadie supo de ellas por boca de la Universidad.

Al silenciar las tesis favorables a la constitucionalidad del Tratado, y a la postre correctas, lo que pudo ser un sano contraste de argumentos jurídicos divergentes se convirtió en un panfleto político editado con dinero del público.

Insistan las autoridades universitarias en que los magistrados se equivocan, pero admitan, al menos, que las tesis opuestas tenían mérito suficiente para figurar en un folleto. Eso debería estar fuera de toda duda ahora que la Sala dio la razón a los defensores de la constitucionalidad del Tratado.

Para encuadrar su conducta en el espíritu académico, que todo lo cuestiona y todo lo indaga, la Universidad no debió faltar a su deber de incluir los dos puntos de vista. Sin embargo, hace rato que allí los valores de la academia cedieron terreno a la calentura de la militancia.

La crítica no calza a toda la comunidad universitaria, entre cuyos miembros abundan los fieles a los valores de la academia, pero sí a las autoridades capaces de tomar decisiones tan desafortunadas.

La Universidad no es un partido político y, si la ley le concede autonomía, es para que en ella se discuta, con absoluta libertad, la más variada gama de ideas. Ese pluralismo está en la base del quehacer académico y su promoción debería figurar entre las más altas prioridades del gobierno interno.

La UCR está a tiempo de enmendar el error. Podría publicar, por ejemplo, un folleto equivalente con el texto de la sentencia, incluyendo los votos disi- disidentes. Es solo un deseo y vale la pena expresarlo, aunque no haya esperanza de verlo cumplido.

Por Armando González
Tomado de la Nación

Autonomía universitaria

La rectora de la UCR, Yamileth González acusa al TSE de tratar de silenciar a la casa de enseñanza por medio de una resolución que recuerda la prohibición que los funcionarios tienen de utilizar recursos públicos para las campañas en torno al TLC. Ella indica que la comunidad universitaria está preocupada porque les prohiban hacer lo que saben que está prohibido. No obstante, cuando se recuerda dicha prohibición ¿no será porque pareciera que tanto la rectora, como el Consejo Universitario y algunos funcionarios lo olvidan constantemente y destinan esos recursos para favorecer al NO? Veamos: los famosos quioscos informativos tendrán, casi seguro, más información del NO que del Sí al TLC y ¿cómo pretenden financiar los panfletos las autoridades universitarias? Los espacios en canal 15 y en Radio U están casi en su totalidad volcados a favor del NO, basta sintonizar cualquier programa, hasta los de música, y en prácticamente todos habrá alguien despotrincando contra el TLC, esa herramienta de los imperialistas para colonizar nuevamente a la linda Costa Rica. ¿Cómo se financian? Los estudios y contribuciones al debate respecto al TLC estan atiborrados de predicciones catastróficas que se convertirían en hechos si se aprueba el TLC y ¿cómo se financian? Profesores, investigadores y funcionarios dedican buena parte de su tiempo laboral, si no todo, para elaborar información y propaganda contra el TLC y ¿cómo se financia eso? Sí, estimados lectores, con fondos públicos.

La señora rectora aduce que la UCR dedica recursos para generar información, pero omite decir que es información sesgada. En ASOJOD nos preguntamos si el Consejo Universitario, por ejemplo, acogería un espacio publicitario del Sí al TLC o si, por el contrario, lo rechazaría argumentando que el Sí ya tiene suficiente cobertura en los medios privados. Si lo rechazaran, oh sorpresa, ¿será las autoridades universitarias olvidaron que canal 15 y radio U no son privados sino que, de una u otra manera, se financian con fondos públicos?

Señores miembros del Consejo Universitario, señora Rectora: ustedes sostienen que la UCR tiene la labor de fomentar la expresión libre del pensamiento, de ideas, de opiniones y de posiciones favorables o desfavorables al TLC y a cualquier tema. Pues respetuosamente desde ASOJOD les solicitamos que así lo hagan. Verifiquen qué actividades planean las Asociaciones de Estudiantes (como la de Ciencias Políticas, que prácticamente coartó el derecho de expresión de quienes apoyan el TLC con el uso de las pizarras), la Federación de Estudiantes (y la cantidad de recursos que giran para favorecer al NO); las Escuelas (algunas de las cuales organizan debates con dos o tres panelistas de alto renombre que están contra el TLC frente a una persona casi desconocida que está a favor) y los demás órganos de la Universidad (Semanario, Radio U, Canal 15, etc) donde ni siquiera está garantizado el acceso a la gente del Sí.

Garanticen también seguridad para que reconocidas figuras públicas que están a favor del TLC puedan presentarse a la Universidad sin ser insultados o atacados. Pero sobre todo, ASOJOD les pide recordar que la autonomía universitaria es funcional, administrativa y de criterio, pero eso no significa que el Estatuto Orgánico de la UCR esté por encima de la Constitución (podríamos avocarnos quizá a elaborar un documento de posibles roces constitucionales del accionar de la UCR) y que la UCR no es una República independiente dentro del territorio costarricense y que no se encuentra regida por el ordenamiento jurídico nacional. Por favor, no interpreten la autonomía universitaria como un cheque en blanco para hacer en territorio de la alma máter, todo aquello que se le antoje a las personas.