Tema Polémico: Separación de Poderes

La semana anterior, fue la muerte del Juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América Antonin Scalia, siendo su funeral justo éste sábado pasado. Scalia era el juez conservador más prominente de la Corte, por lo que el proceso de elección del nuevo miembro del alto Tribunal puede implicar un cambio radical en el balance de poder a lo interno de la Cámara. Ello, ha llevado a toda una discusión respecto a la conveniencia política o no de que tanto Obama proponga a su sucesor, como a que el Senado lo acepte o no. Dada esta situación algunos candidatos electorales como Ted Cruz han sugerido que el proceso electoral debe convertirse en un verdadero referéndum respecto al futuro de la Corte.

Un tema que nos parece interesante rescatar en este pequeño comentario, es la filosofía jurídica de Scalia. El juez creía que la Constitución no era un documento vivo, y que por lo tanto debía de ser interpretada a la luz del significado mismo del texto al momento de su creación. Lo contrario, según su visión implicaría un secuestro del proceso democrático al ser nueve jueces no electos quienes vía “interpretación” realmente estarían modificando la Constitución, con la evidente ruptura a la división de poderes que ello implicaría.

Más allá de que se esté de acuerdo o no con esta propuesta, nos parece importante rescatar la idea latente sobre la cual ella se funda: el activismo judicial de los jueces. Desafortunadamente, rara vez en nuestro país salvo ciertas resoluciones de la Sala Constitucional, este tema suele ser abordado. Creemos que es notorio que cada vez más el Poder Judicial adquiere mayor relevancia y poder como actor en la toma de decisiones, de ahí la necesidad de estar siempre atentos para que en sus resoluciones no nos metan gato político por liebre jurídica…

La columna de Carlos Federico Smith: galopa la concentración del poder (II Parte)

Continuación de la primera parte, que fue publicada la semana anterior en este sitio.
 

Una reacción del político que detenta el poder, frente a los díscolos o estrictos miembros de los otros poderes distintos del suyo, es que, quienes en esos otros poderes tienen en sus manos la conducción o el mayor peso de la institución, sean parte de un conglomerado político que los integre. Me imagino que es algo similar a esa entidad que Montesquieu llamó “una misma corporación de próceres”. Interpreto que el partido político (“el partido” como le suelen simplonamente llamar sus acólitos ansiosos de pertenencia) no es más que una forma de “corporación de próceres”. Esto es, un grupo organizado de políticos, quienes se unen bajo una idea o un programa para ejercer el poder.

Cuando se dice que Costa Rica es una “democracia de partidos”, se trata de que se accede al gobierno, a los distintos Poderes en que se divide, mediante el sufragio a través de listas partidarias. En el caso más notorio, los miembros del Poder Legislativo son electos por los ciudadanos de listas partidarias. Algo similar sucede con el Poder Ejecutivo. En el caso del Poder Judicial, si bien no hay una elección directa de los ciudadanos, el nombramiento de los jueces superiores sí lo es por medio de votaciones especiales del Poder Legislativo, que, como hemos dicho, se conforma en su esencia con base en listas partidarias. Es decir, los altos magistrados son electos por un cuerpo esencialmente partidario. En resumen, en Costa Rica existe un sistema político basado en partidos formalmente organizados. Son así los partidos los que, en última instancia, escogen o elijen a quienes han de presidir los Poderes Supremos de la Nación.
Para entender el proceso galopante de concentración de poder que me parece se está dando en el estado costarricense, trataré de ejemplificarlo mediante el análisis de un par de situaciones recientes en nuestro medio. Estas posiblemente han pasado desapercibidas por el ciudadano, porque han sido de mayor interés los viajes presidenciales en jets privados o las visitas a nuestro país de importantes figuras de la política internacionales, como han sido las de los presidentes de los Estados Unidos y el de China.

En la Asamblea Legislativa, para beneplácito de algún columnista de periódicos que constantemente se queja de la “ingobernabilidad del país”, el primero de mayo el Partido Liberación Nacional logró aglutinar una mayoría que le permitió encabezar el directorio del Poder Legislativo. Contó para ello con el apoyo de algunos partidos políticos pequeños, así como de miembros específicos de otros. Alguien podría despreciar la capacidad de ese directorio en cuanto a definir la independencia requerida de ese Poder, pero un ejemplo de que sí lo puede hacer es por la forma en que el directorio integra ciertas comisiones legislativas. Alguna de estas posee una enorme influencia y trascendencia en lo que se refiere al control o refreno de los otros poderes públicos.  Me refiero a la Comisión Legislativa de Ingresos y Gastos del Gobierno, que, entre muchas otras funciones, es la que puede ejercer mayor “control político”. Prueba de ello es que, en años anteriores, ha sido en su seno en donde se han llevada a cabo audiencias muy notorias, acerca de casos de posible corrupción e ineficiencia notoria del Poder Ejecutivo. Esto, en mi opinión, es una muestra importante del ejercicio de freno y contrapeso que el Poder Legislativo puede poner a las acciones del Poder Ejecutivo.

La integración de dicha Comisión está sujeta a la voluntad del Directorio legislativo, el cual es controlado por el Partido Liberación Nacional. En la comisión vigente a partir de los primeros días de mayo de este año, se excluyó sin razón, excepto para quitar a alguien incómodo, a la diputada Patricia Pérez, quien había descollado en una investigación que la Comisión llevó a cabo acerca del tema conocido como “La Trocha”. Es sabido que las comparecencias ante la comisión alcanzaron a una parte de los integrantes del Poder Ejecutivo, aunque  creo que no llegaron hasta quien debe ser señalado como el responsable político final de lo sucedido. En esos días de mayo, doña Patricia fue mandada a otra comisión, en donde tal vez podrá hacer menos “daño político” que antes. En realidad, lo que se espera de parte del Poder es que, tal vez, en su nueva comisión no podrá frenar actos inconvenientes del Ejecutivo o, al menos, de desnudarlos ante la ciudadanía.  

La nueva Comisión de Ingresos y Gastos quedó controlada por el mismo partido que maneja el Poder Ejecutivo –el Partido Liberación Nacional, el cual también controla el Poder Legislativo- de manera que, en ejercicio de sus facultades, lo primero que ya ha hecho es impedir la conformación de audiencias, a fin de que en el Congreso se investigue el uso de un avión privado por parte de quien preside el Poder Ejecutivo y que le transportó, entre otras cosas, a una boda en Perú. Ya conocemos algo así como que quien brindó el avioncito de marras no parece ser de una conducta ejemplar. Pero es necesario que se esclarezca plenamente lo sucedido y que para ello se llegue hasta las últimas instancias. Eso es parte de un muy necesario control político del Poder Ejecutivo llevado a cabo por el Poder Legislativo. Pero en apariencia ya no será posible, pues la nueva comisión, controlada por Liberación Nacional, decidió que no lo investigaría. Parece que, para quienes dirigen el Congreso, no es importante que los ciudadanos podamos darnos cuenta de que es lo que nuestros gobernantes hacen a nuestras espaldas. Que sigamos ayunos de transparencia y de rendición de cuentas: eso es lo que realmente pretenden.

De paso, en la misma nueva comisión de marras, se autoexcluyó el diputado Walter Céspedes, quien, en ciertos momentos, durante la previa, había dado muestras de una independencia deseable.  Él mismo se quitó, porque sabe que en esa  nueva comisión, tal como está integrada, el Poder Legislativo no va a ser un freno para las actuaciones del Poder Ejecutivo.

En esos mismos días de mayo se dio la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, ante el fallecimiento del magistrado Luis Paulino Mora. Quedó electa la magistrada Zarela Villanueva Monge, a quien le guardo mis respetos. Lo cierto es que es hija de un político históricamente notorio y activo del Partido Liberación Nacional y es hermana de un ex Presidente de la Asamblea Legislativa y actual jefe en el Congreso de la fracción del Partido Liberación Nacional. Al ser electa doña Zarela, si bien ha sido bastante moderada en su historia política, se puede observar cómo en estos momentos se va cerrando el círculo de concentración del poder político en Costa Rica, en manos del Partido Liberación Nacional.  Estoy casi seguro que doña Zarela buscará guardar el principio de imparcialidad que debe observar un juez. Pero, no hay duda que, como ciudadano, me da temor una posible falta de independencia de los poderes y la vigencia de frenos y contrapesos entre ellos.

Reitero que mantengo mi esperanza, que le pido a Dios, que la jueza Villanueva sea inspirada por el bien y que mantenga la plena independencia del Poder Judicial, que hoy encabeza. Es difícil deshacerse de sus afectos políticos, pero en lograrlo descansa mucha de la vigencia de separación de poderes en nuestro país. Ningún pueblo –y menos el nuestro- merece que se le menoscabe su libertad. Por tal razón, debemos mantenernos vigilantes de que las tentaciones que el poder ejerce sobre gobernantes, compinches y adláteres, no se conviertan en una realidad. Pues, como dijo Lord Acton, “El poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente”. A esto le agrego un consejo, que una vez le escuché decir a don Alberto Di Mare: “Cuando se llega al gobierno, hay que gobernar como si se estuviera en la oposición”.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: galopa la concentración de poder (I Parte)

Cada vez que quiero referirme al tema de la concentración del poder en los gobiernos, acudo a mi viejo texto del barón de Montesquieu, “Del Espíritu de las Leyes”. Sigue siendo mi base intelectual de conceptos tales como la división de poderes y de la necesidad de disponer de frenos y contrapesos en la esfera gubernamental.
Dice Montesquieu, 

“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede temerse que el Monarca o el Senado, hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente.” 

Y continúa señalando que “No hay libertad si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si no está separado del poder legislativo, se podría disponer arbitrariamente de la libertad y la vida de los ciudadanos; como que el juez sería legislador. Si no está separado del poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un opresor”.
Montesquieu continúa diciéndonos:

“Todo se habría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el de dictar las leyes; el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre particulares.” (Montesquieu, Del Espíritu de las Leyes, Editorial Porrúa, S. A., México, D. F., 1980, p. 104).

Considero que estas palabras son sumamente oportunas pare explicarnos algunos de los serios riesgos que hoy se presentan en nuestro país y que hacen necesario reiterar aquel principio fundamental del derecho constitucional, cual es que la soberanía reside en los ciudadanos, no en los gobernantes.
En vez de que nuestro sistema democrático progrese hacia una mayor capacidad de decisión directa por parte de la ciudadanía, como es la utilización del referendo, más bien se conserva lo que se conoce como democracia indirecta, en donde se supone que las personas han cedido su soberanía para que, en su nombre, las leyes sean dictadas por la Asamblea Legislativa. Son estos asuntos de nuestra política los que me ha impulsado a reflexionar acerca de otro tema de crucial importancia en la vida de los pueblos, como es la forma en que está constituido el poder gubernamental y su naturaleza. 

En lo particular, la esencia del gobierno y su poder de coacción me impulsan a ver cómo se puede refrenar esa parte de la naturaleza humana, cual es querer tener el mayor grado posible de poder. Algunas veces esa búsqueda se hace con el fin deliberado de poder hacer el mayor bien, pero muchas otras, queriendo lograrlo, más bien conduce a la opresión. En otras ocasiones, aunque se pretenda disfrazar de una falsa bondad, el tirano lo que pretende es lograr mayores riquezas o satisfacciones propias. Así, es capaz de despojar de sus haberes a los ciudadanos de su nación o les impone sus valores propios a las demás personas, quienes no los compartan.

Aún en gobiernos moderados no necesariamente se ha encontrado la libertad política; esto es, en donde rija a plenitud la libertad, que no es otra cosa más que “poder hacer lo que se puede querer y no en ser obligado a hacer lo que no debe quererse… La libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten…”. (Op. Cit.  p. 103).

En mi opinión, en nuestra democracia moderada hay síntomas cada vez más claros de una concentración del poder, que, si no se refrena, bien puede conducir a abusos inconvenientes para los ciudadanos. Una división de poderes efectiva exige la separación de las funciones esenciales de un gobierno, cuales son la promulgación de leyes (el poder legislativo), su ejecución o puesta en vigencia (el poder ejecutivo) y el castigo de los delitos y la resolución de los conflictos o diferencias entre personas particulares. Igualmente importante es que existan frenos y contrapesos entre esos tres poderes, de forma que se permita que cada una de estas ramas del gobierno tenga la capacidad de contrarrestar o frenar las acciones de las otras dos ramas, de manera que se impide que una sola de estas ramas pueda controlar la totalidad del gobierno.

Mi temor, al observar la concentración de poder que hoy vislumbro en Costa Rica, radica en que no hay la suficiente garantía de frenos o contrapesos a la acción de uno de esos poderes o bien del conjunto de ellos, que pueda impedir limitaciones indebidas a mi libertad personal. Cada día que pasa veo cómo se dan hechos o acontecimientos que sólo conducen a esa concentración de poder. En muchas ocasiones se persigue bajo el pretexto de la gobernabilidad del país, que se dice es afectada por una separación real de los poderes y, ante todo, por la incapacidad de alguna de las ramas de gobierno para imponer su voluntad.  La expresión de que hay “un problema de gobernabilidad en el país” no es, muchas veces, más que una molestia acerca de la capacidad que tiene una de las ramas del gobierno, ya sea el poder legislativo o el poder judicial, de frenar las acciones de la rama ejecutiva. Es decir, que en realidad el tal “el problema de gobernabilidad” no es sino una derivación del ejercicio normal y deseado de la existencia de frenos y contrapesos entre los poderes de la república.

En otras ocasiones, la llamada ingobernabilidad surge más bien por la incapacidad de alguna de las ramas del gobierno, de actuar de conformidad con la lógica constitucional del poder, cual es la existencia de un poder dividido entre sus partes y las cuales se refrenan entre sí.  

En sencillo, me parece que lo usual en nuestro país es que al Poder Ejecutivo le moleste que el Poder Legislativo tome alguna decisión que no comparte o bien porque el Poder Judicial no le admita la existencia de una plena legalidad a las actuaciones del Poder Ejecutivo. Es menor el caso de alegatos de ingobernabilidad a causa del malestar del Poder Legislativo ante frenos que le impone el Poder Judicial.  Ejemplo de esto último puede ser el malestar, que con mayor videncia se ha hecho recientemente, en lo que se refiere a ciertas decisiones de la Sala Constitucional que han refrenado actuaciones del Poder Legislativo.

Lo fácil es clamar porque el país es ingobernable. Pero en el fondo, en muchas ocasiones, los problemas surgen simplemente por la forma en que actúa el Poder Ejecutivo -que es de donde suelen surgir las quejas de ingobernabilidad- ante los otros Poderes.  Parece existir un desprecio del primero hacia los otros poderes. Da la apariencia de que los considerar como si fueran de menor jerarquía institucional (al menos en cuanto se refiere al Poder Legislativo).  

En el caso de la relación Poder Ejecutivo y Poder Judicial, me da la impresión de que hay una relación de respeto requerida, pero el Poder Ejecutivo a veces parece que considera a su par como un ente que debería simplemente aceptar o santificar su comportamiento, sin llegar al rechazo de sus decisiones.  Tengo presenta la amargura con que el Poder Ejecutivo recibió la decisión del Poder Judicial, en torno al paquete tributario más reciente que aprobó la Asamblea Legislativa, al no haberse cumplido plenamente con los requisitos de ley. Me da la impresión de que el Poder Ejecutivo tiene respeto por el Poder Judicial, pero desearía supeditarlo a que fuera casi tan sólo una entidad que le diera el visto bueno a cuanta cosa hace el Ejecutivo. 

Muchas veces el tal problema de ingobernabilidad surge porque el Poder Ejecutivo no es capaz de desplegar el tacto e interacción necesarias que se requiere en ciertas circunstancias. Sin embargo, lo que se le hace fácil es clamar por una ingobernabilidad, que no es sino la resultante del verdadero ejercicio de los contrapesos y frenos institucionales entre los tres poderes de la República.

Continúa la próxima semana.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: notable jugarreta

Era evidente e innegable que la convocatoria de los Notables era una treta presidencial.  El análisis de su informe (centrado alrededor del Reglamento de la Asamblea Legislativa), sin embargo, muestra una segunda jugada.

Era innegable que la aceptación, por parte de un grupo de Notables, para emitir un informe con propuestas para facilitar la “gobernabilidad” constituía una obvia defensa de la inutilidad administrativa que caracteriza los tiempos.

Sin embargo, la decantación del informe hacia las labores de la Asamblea Legislativa y contra la normativa del Estatuto del Congreso, constituye la jugarreta de la administración.

Encandilados por toda la opereta de la presentación del dichoso informe, muchos se han concitado en contra las normas constitucionales, contra el parlamento y contra la esencia de un congreso.  Otros han tenido miedo de expresar sus dudas y la mayoría ha caído en las expresiones obsecuentes y eufemismos, en lugar de tomar conciencia de la gravedad del asunto.

Ahora la administración Chinchilla, confirmando la gravedad de la situación, empaqueta las propuestas relativas al trabajo legislativo y las propone como reto a un Congreso que se ha dejado tratar de lento, abúlico e intrascendente (con gran aporte de la fracción oficialista).

Tales propuestas son inconducentes, asimétricas y antirrepublicanas. El pueril argumento presidencial de que así como pone plazo de votación a sus proyectos también impulsa los plazos para las fracciones minoritarias evidencia el equilibrio es, en verdad, insostenible y falaz.   Es claro que el plazo de votación solo puede interesar a las mayorías para superar cualquier oposición.  El minoritario no gana absolutamente nada con que se le garantice un plazo de votación. 

La ley es, por regla, una amenaza para la libertad.  La historia muestra que la mayor parte de las leyes se ha hecho para limitar la libertad, limitar los derechos fundamentales, imponer obligaciones, imponer penas y multas y aumentar el poder estatal.   Las leyes que derogan marañas, racionalizan el Estado o devuelven la libertad son no solo muy poco frecuentes sino más bien excepcionalísimas. 

La labor central del parlamento es la deliberación a través del uso de la palabra.    Sus tareas deben concentrarse en el control político y el intercambio de opiniones e intentos de convencimiento.  El debate no es para sentar posiciones sino para convencer, deliberar, analizar y mover voluntades.  Limitar la palabra y la labor legislativa es contrariar no solo la libertad de los diputados sino atentar contra la libertad general.

Denuncio el Informe de los Notables y la jugarreta maliciosa con que se usa.  Llamo la atención de los ciudadanos y solicito a los diputados despertar de la somnolencia en que esta mala administración los tiene sumidos.

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: importancia de la división de poderes

Ando de bronca con tanto cortesano, columnistas (en cuenta Julio Rodríguez de La Nación) y funcionario interesado en confundir la “Presidencia de la República” con el “Gobierno de la República”.

Basta una breve lectura del artículo 9 de la Constitución Política para salir del error (el gobierno lo ejercen el pueblo y los tres poderes…) y un poco de ética para apartarse de la mentira (pues no todo es error sino que hay crispinescos intereses en confundir una cosa con otra).

Comentaba el asunto con un amigo y me replicó que la división de poderes no existía. Le riposté con el texto constitucional y me insistió en que no se trata de un tema de normas jurídicas sino de realidad  (los tercos hechos).

-A los diputados no los pone el pueblo, los pone el Presidente o alguien cercano a él-, me dice. Iba a contraargumentarle y entendí el hecho y comprendí la gran relación que tiene con algo que hace tiempo critico y vengo denunciando.

Hay una campaña permanente de desprestigio en contra de Asamblea Legislativa y diputados. Es lugar común decir  “ésta es  la peor asamblea” , cada vez que hay una nueva. Los propios diputados caen en el juego.  Sí, el juego. ¿En qué consiste el juego?

Se supone que la Asamblea es el primero de los poderes (ahora es el pueblo, pero si pensamos solo en los tres poderes, seguirá siendo la Asamblea). La Asamblea dicta la ley y elige a los magistrados, a los contralores, a los defensores. La Corte Plena elige a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones.

Si las asambleas de los partidos son dominadas por los candidatos a Presidente, entonces resultará que la mayor parte de los diputados deberá su designación a tal candidato (uno de ellos resultará presidente y los otros tendrán cómo negociar). 

Por otra parte, cunde la creencia de que “gobierno” es solo el Presidente y entonces la obra se va completando (el juego de que venimos hablando). Para reforzar tal pretensión, la Presidencia cuenta con la incondicionalidad de sus ministros y con toda la administración pública (salvo tal vez las Universidades, pues gozan de una autonomía un tanto diversa). Hay que recordar las leyes de “presidencias ejecutivas” y de “cuatro-tres” y entonces entenderemos que la mayor parte de las Juntas de las Autónomas debe su nombramiento al Consejo de Gobierno (Presidente más ministros) directamente o pasando por las aplicaciones interpretativas del “cuatro-tres”.  

Entonces el panorama se completa. Una mayoría de diputados se acomoda a las presiones y a la Presidencia.  Algunos incluso se autodenominan “diputados de gobierno”.  Los otros sufrirán los embates de muchos medios de comunicación (prensa cortesana, columnistas que han recibido viaje, cariñito o regalito, medios que reciben pauta de la administración pública) y la mentalidad construida por todo el tinglado en el sentido de que “hay que hacer algo”, “hay que obedecer al gobierno”, “hay que aprobar impuestos”, “hay que desentrabar la Asamblea”, “hay que trabajar (como si el trabajo del diputado fuera aprobar y aprobar, en lugar de pensar, deliberar, discutir, objetar y rechazar).  

Es cuestión de tiempo y se cansarán de oponerse a la inercia. Terminarán viajando (un incentivo), incapacitándose o gozando de un permiso, capitulando, ausentándose de sesión, quedándose callados o sumándose a la mayoría.  Olvidarán los argumentos para objetar.  Olvidarán las promesas que hicieron a sus seguidores.  Pronto empezarán a nombrar a algún magistrado suplente. Tal vez ratificarán algún cargo. Quizás dejarán que pase algún proyecto de ley y se convencerán de que habrá sido suficiente con consulta facultativa o con la mera existencia de la Sala Constitucional para enmendar el desatino. Se han olvidado de que con igual abulia dejaron pasar el escogimiento de magistrados. Luego dejaron que la comisión de nombramientos impusiera ternas (inconstitucionales) y empezaron a creer en los candidatos potables, light o llevaderos (no hay que hacer olas) y poco a poco se acabó la división de poderes y la Presidencia de convirtió en gobierno (tiene los magistrados que quiere, los contralores que quiere, los defensores  que quiere y hasta el TSE que quiere).  

Algunos diputados terminan cediendo a la presión de su propio partido (son cuota del candidato y le deben obediencia, para que él pueda negociar). Recuerdo que se decía de un Secretario General de un partido acomodado (Ley Vesco y Ley “cuatro-tres”, Presidencias Ejecutivas y Codesa fueron aprobadas con su “oposición”) expresaba “¡Tranquilos, tranquilos!, que perdiendo ganamos”. Siempre queda el expediente de decir que se hace “oposición responsable”. Entre diputados hay presión para que los opositores o difíciles tengan presente “el costo político” de su actitud.

Dejo aquí el argumento general.  Pruebas sobran. Espero haber convencido a quienes esto lean de porqué es importante la división de poderes y no confundir al Ejecutivo con el Gobierno. ¡Queda dicho!

Federico Malavassi Calvo