La columna de Carlos Federico Smith: un gobierno consistente

He llegado a la conclusión de que en este gobierno lo que hay son distintos niveles de consistencia.  Para algunas cosas es sumamente consistente, en tanto que, para otras, todo lo contrario.  Es mejor hablar de grados de consistencia en esta administración, que van de totalmente consistente a claramente inconsistente.

Empiezo con un ejemplo de inconsistencia.  Ya nos tiene hasta la coronilla escucharlo decir que está de acuerdo en reducir sustancialmente el gasto gubernamental, antes de ponernos nuevos y mayores impuestos.  Recordarán aquella expresión lapidaria que el entonces candidato, Luis Guillermo Solís, formuló en un debate de aspirantes a la presidencia de la República.  Fue una demoledora afirmación de su parte de que, antes de poner cualquier impuesto, reduciría sustancialmente el gasto público.

La inconsistencia no está sólo que continúa proponiéndonos que se le aprueben impuestos, cuando los proyectos relevantes para reducir el gasto que ha presentado a la Asamblea son pocos e incluso de corto alcance fiscal. También es frecuente escucharlo decirnos que si no se aprueban los nuevos impuestos -permaneciendo silencioso en cuanto a reducir el gasto estatal- se podría presentar una “emergencia fiscal”. ¡Para mejor prueba transcribo parte del discurso pronunciado el 11 de abril en los actos cívicos!: “Es mi deber alertarles de que se acaba el tiempo para impedir una gran crisis financiera del Estado si no controlamos el déficit. La diferencia entre sus ingresos y sus gastos podría llegar al indeseable momento de seguir el camino al que otros países han tenido que recurrir, a violentas medidas de ajuste con alto costo para las familias y actividades productivas más vulnerables.” 

En cuanto a reducir el gasto previo a aumentar impuestos este gobierno ha sido en inconsistente, pues el gasto gubernamental no se ha reducido, aunque nos digan que han disminuido la tasa de crecimiento en los últimos seis meses.  El hecho es que, en los dos primeros años de esta administración, el gasto del gobierno central aumentó en cerca de ₡940.000 millones de colones: casi un billón de aumento en sólo dos años.

No es que no hayan aumentado las recaudaciones de impuestos, que crecieron en ₡643.000 millones en ese mismo lapso, sino que, además, hemos visto aumentos de gravámenes de todo tipo que no son “impuestos” por la forma en que se les clasifica, pero que generan mayores ingresos a diversos entes estatales.  Me refiero a incrementos en el agua, electricidad, combustibles, multas, ciertos timbres de ley, entre muchos otros “pequeños” incrementos que sumados hacen “mucho”.

Al escribir esto (25 de mayo del 2016), por otra parte veo a un gobierno que muestra una enorme consistencia en ciertas cosas. No me refiero a un silencio doloroso ante lo que sucede en Venezuela, que, ni más ni menos, es una vergonzosa violación de la autodeterminación de un pueblo, llevada a cabo por el tiránico gobierno de ese país. Lo mío es, tal vez, algo más pedestre: estimular el gasto público quitando restricciones regladas que previamente había impuesto.

Veamos el caso, presentado por el periódico La Nación en su edición del 25 de mayo, titulada “Gobierno abrió portillo para aumentar el gasto público: Modificó directriz que impedía a instituciones gastar más allá de lo presupuestado en el 2016.” Resulta que, en marzo del 2015, este gobierno promulgó una serie de directrices para ordenar en algún grado el gasto público en cuanto a sus presupuestos.  El artículo 7 de tal decreto indicaba que “se condicionaba la ampliación de gasto presupuestario máximo en el 2016 a que la entidad que solicitara el crecimiento de su presupuesto probara ‘siempre y cuando’ la obtención de ingresos adicionales a los incorporados en el Presupuesto.” En sencillo, si un ente gubernamental quería mayor presupuesto para sus gastos, tenía que mostrar antes de dónde saldría la plata para financiarlos. Esta regla buscaba impedir el crecimiento del gasto, a menos que se tuvieran los recursos para ello.

Pero, ¿qué pasó? Nueve meses después, en diciembre del 2015, simplemente el Consejo de Gobierno tomó la decisión de quitar aquella limitación previa, a fin de “agilizar la gestión de las entidades” y “colaborar en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.” Sencillamente: se quitó el freno y, por ende, el gobierno podría seguir gastando sin tener que determinar de dónde provendría la plata para financiarlo. 

El periódico menciona varios ejemplos -muy claros, por cierto- de lo sucedido después de que la decisión del gobierno se publicó en La Gaceta del 15 de enero de este año, avalada tanto por el presidente Solís como por su ministro de Hacienda, Elio Fallas, eliminando la restricción al gasto público antes mencionada.

Uno es el incremento en el tope del gasto en marzo pasado al “Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) en ₡2.237 millones para financiar el proyecto de Prevención de Accidentes de Tránsito Fatales en las Rutas de la Muerte.” Otro fue el aumento en marzo de “₡3.980 millones en el presupuesto del Cuerpo de Bomberos.” El mes previo, “el Teatro Melico Salazar, adscrito al Ministerio de Cultura, pidió acrecentar su presupuesto en ₡36 millones para financiar el denominado Concurso de Puesta en Escena de la Compañía Nacional de Teatro.” Demostraron que, al fin de cuentas, el verdadero propósito del gobierno no era la directriz inicial de controlar el gasto, sino que ahora, para cualquier cosa, se podría aumentar el presupuesto de gastos.

Tal decisión refleja la verdadera consistencia en este gobierno: serlo con el aumento del gasto no importando regla alguna previa para su control, ni la existencia de un déficit aproximado a un 6% del PIB o que se incumpla “la palabra” ladinamente expuesta en un debate previo a las elecciones, de no aumentar el gasto, sino reducirlo, antes de poner impuestos. Es una política de fe ilimitada en el gasto estatal para suplir lo que los políticos consideran necesario que tengan los ciudadanos y no lo que ellos quisieran por sí mismos.  Yace en los genes de la agrupación política gobernante: gastar y gastar y gastar, aunque no haya plata para ello. Y si aparece ésta -para eso quieren poner nuevos y mayores gravámenes- pues mejor, porque “coyol quebrado, coyol comido”; cinco que entra al gobierno, cinco que hay que gastarlo. Frenar el déficit, como lo han dicho, es más que una prédica falsa. Lo que quiere es más plata, para gastar más. En esto, el gobierno es totalmente consistente. Su inconsistencia está en las falsas promesas de disciplina fiscal, usadas tan sólo para extraer más recursos de la economía privada para satisfacer sus fundamentos ideológicos.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Luis Guillermo... otra vez

Hace un tiempo atrás cuestionamos en ASOJOD el rumbo de nuestra política exterior en la Administración Solís Rivera, cuyas decisiones no han correspondido con la tradicional defensa de la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos. 

El tiempo ha pasado y don Luis Guillermo sigue pisoteando esos principios que han caracterizado a Costa Rica en el concierto de las naciones. Nos referimos a dos casos muy recientes: la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López a 13 años y 9 meses de prisión por delitos de asociación para delinquir, incitación pública y daños por incendio y las declaraciones del mandatario frente a la crisis humanitaria que viven los sirios.

Respecto al primer tema, desde tiempo atrás, Solís ha evitado manifestarse en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Cuando se dieron las últimas protestas del pueblo venezolano contra la dictadura en que vive, el Presidente indicó que no podía pronunciarse por falta de información. Desde la aprehensión de López el pasado 18 de febrero de 2014 y frente a la incomunicación a la que estuvo sometido, también guardó silencio. Ahora, de cara a un proceso judicial viciado, en el que se han irrespetado las garantías procesales que debieron asistir a este para ejercer su derecho a la defensa y ante evidentes violaciones a los derechos humanos, Solís voltea una vez más la vista para evitar cuestionar al régimen de Maduro. Cada día que pasa, nos convencemos que la afinidad entre el Partido Acción Ciudadana con el movimiento político del Socialismo del Siglo XXI es imposible de ocultar.

En cuanto al segundo, el pasado 11 de septiembre, el mandatario Solís manifestó que las puertas para los refugiados sirios que huyen de su país por la guerra y el terrorismo del Estado Islámico, están cerradas. Según él, pertenecen a una cultura muy distinta a la nuestra y no se adaptarían al país ni a nuestras costumbres, por lo que podrian ser discriminados.

De acuerdo con este razonamiento, ¿entonces hay que discriminar a los refugiados antes de que vengan para evitar ser discriminados? ¿Y nuestros principios humanitarios para tenderle la mano a personas que salieron de su país de origen para salvar sus vidas? Los tiramos por la borda, como todos los demás principios en esta Administración.

Hace varias décadas, un pastor luterano alemán llamado  Martin Niemöller escribió un poema que refleja muy bien nuestra preocupación frente a lo que venimos señalando: 

"Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista.
Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante.
Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada".

Guardar silencio ante la violación de los derechos humanos porque quien lo hace es un aliado o porque quien lo sufre es no es del grupo o tesis que se apoya, es un grave peligro por cuanto la libertad, como dice nuestro amigo Jorge Corrales, se escapa por rendijas.

En ASOJOD estamos muy preocupados por la forma en que maneja este país el Presidente Solís y su camarilla, cuyas decisiones y acciones en estos y otros tantos temas, ponen en peligro las libertades y los derechos individuales. 

El panorama no resulta nada alentador, máxime tomando en cuenta que faltan más de 2 años de gestión y las proyecciones para el proceso electoral del 2018 apunta más bien hacia el fortalecimiento de un grupo todavía más peligroso: el Frente Amplio.  Si eso sucede, es muy posible que Costa Rica se dirija al mismo precipicio que recorrió Venezuela en los últimos años.

Tema polémico: ¿hacia dónde va nuestra política exterior?

Los pilares de la política exterior costarricense siempre han estado claros: promoción de la paz, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la democracia. A pesar de la declaración de neutralidad perpetua, activa y no armada, realizada durante la Administración Monge Álvarez (1982-1986), siempre nuestro país ha asumido la bandera con respecto a estos temas y condenado cualquier situación internacional en la que se violenten dichos principios.

Sin embargo, en estos tiempos se presentan dos grandes excepciones, bastante sorprendentes, en especial tomando en cuenta que el Presidente Luis Guillermo Solís, es un profesional en Relaciones Internacionales, con carrera en el Servicio Exterior y, antes de asumir la silla de Zapote, era un asiduo comentarista sobre los sucesos internacionales en medios de comunicación. La primera de esas excepciones se da ante los eventos que ocurren en Venezuela, tanto con la aprehensión del líder opositor Leopoldo López y la reciente detención del Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, como con las manifestaciones populares, especialmente estudiantiles, contra el gobierno totalitario de Nicolás Maduro, quien ha respondido con violencia y salvajismo, provocando la muerte de varias personas. Ante esas abiertas violaciones a los principios que ha promocionado Costa Rica, el Presidente Solís ha decidido guardar silencio, alegando que no tiene suficiente información para pronunciarse.

¿Qué más evidencia necesita el mandatario frente a los horribles actos de represión que ordena Maduro -incluyendo la autorización al Ejército de utilizar la fuerza mortal contra los manifestantes-? ¿Qué información adicional requiere más allá de ver los encarcelamientos y la incomunicación a la que han sido sometidos muchos de los presos políticos? ¿Qué espera para condenar el asesinato de, al menos, 43 manifestantes, muchos de ellos jóvenes estudiantes universitarios? ¡Sí, jóvenes universitarios como los que él, en su condición de profesor de la UCR, vio protestar por diversas razones y para los cuales pidió protección y condenó cualquier acción policial represiva cuando existió! ¿Qué diferencia a estos ciudadanos venezolanos de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, tema sobre el cual sí se manifestó?

La segunda excepción ha sido respecto a la situación que se vive en varios países de Oriente Medio y África, con el establecimiento de grupos como Estado Islámico y Boko Haram, que han torturado y matado salvajemente a cientos o miles de personas en una supuesta guerra religiosa. ¿Por qué nuestro país no ha condenado internacionalmente esta masacre? ¿Por qué Casa Presidencial y Cancillería han guardado silencio? ¿Qué pasa con nuestro embajador ante la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué está haciendo o diciendo para mostrar repudio por ese holocausto?

Sin duda alguna, este silencio no puede más que preocuparnos. ¿Debemos pensar entonces que nuestra política exterior ya no responde a principios claramente definidos sino que su defensa dependerá del color político de quien los viole? ¿Tendremos entonces una Cancillería activa y crítica cuando se ataque a manifestantes o gobiernos cercanos a las ideas del nuestro y una despistada y callada cuando la violencia se dé en la acera del frente? ¿Estamos entonces frente a la relativización de los valores que, como sociedad, se supone que profesamos y defendemos? La reciente cumbre de la CELAC, donde varios mandatarios se reunieron únicamente para compartir sus teorías de la conspiración y ataques antiimperialistas, en lugar de trabajar por una agenda seria y sensata, pareciera demostrarnos lo que tenemos: una política exterior que se va, poco a poco, alineando hacia la charlatanería, los prejuicios y la diatriba, acomodada a los lugares comunes del típico discurso latinoamericano.

Todo indica que la caravana de la alegría se extiende más allá de nuestras fronteras. ¡Con Costa Rica y el mundo, sí se juega!

Tema Polémico: Venezuela y el "Presi"

El fin de semana, el "Presi" nos regaló una más de sus chambonadas. Consultado por la crisis que atraviesa Venezuela, prefirió no referirse al tema hasta tener “claridad y más información”. ¡Lo peor del caso es que supuestamente el área de expertise del Presi son las relaciones internacionales!

Estas afirmaciones del Presi no son más que atolillo con el dedo o un popular plato de babas. Cualquier observador medianamente informado sabe que la crisis en Venezuela no es de hoy, sino que ha sido un constante proceso degenerativo: sospechas electorales, represión a manifestantes, censura a los medios, encarcelamiento de opositores y descrédito contra la oposición. Todo ello, sin incluir los serios atentados a la libertad económica, la cual para los liberales es tan importante como las llamadas libertades públicas, políticas o civiles.

A pesar de todos estos elementos, el Presi se escuda en la prudencia para evitar hacer lo que todo verdadero líder debe hacer: hablar con la verdad y sin pelos en la lengua. ¿Que hubiera sido de Inglaterra si en lugar de haber tenido a Churchill hubiera tenido al Presi? Sin duda alguna resulta repugnante ver como en nuestro país existen políticos y agrupaciones políticas que no solo no critican el Chavismo, sino que parecen respaldarlo. Sería terrible si esta visión se incrustara en Casa Presidencial (esperemos que esto no ocurra, y que en las próximas horas la Cancillería emita un pronunciamiento contundente respecto al tema).

Ante toda esta situación de flaqueo en los principios, bien vale la pena recordar las palabras de Rand:

"El avance de la maldad es el sintoma de vacío. Siempre que la maldad gana, es sólo por ausencia de oposición: Por el fracaso moral de aquellos que evaden el hecho de que no puede haber compromiso en principios básicos.”

La columna de Carlos Federico Smith: Venezuela se enrumba hacia el fascismo

Deseo empezar brindándole al lector una definición operacional de fascismo, como la que formula Jonah Goldberg, en su excelente y documentado libro Liberal Fascism (Doubleday: New York, 2007, p. 23):

“Fascismo es una religión del estado. Asume la unidad orgánica del cuerpo político y anhela por un líder nacional que en armonía con la voluntad popular. Es totalitario en tanto que mira a todo como si fuera algo político y mantiene que cualquier acción del estado se justifica si con ello se logra el bien común. Toma la responsabilidad de todos los aspectos de la vida, incluyendo nuestra salud y nuestro bienestar, y busca imponer la uniformidad del pensamiento y de la acción, ya sea por la fuerza o por la regulación y la presión social.  Todo, incluyendo la economía y la religión, debe estar alineado con sus objetivos.  Cualquier identidad rival es parte del ‘problema’ y, por tanto, se la define como el enemigo.”

No me cabe duda, por ello, que el estado venezolano tiene más, pero mucho más, de fascista, a cómo lo tienen aquellos que los gobernantes de Venezuela han considerado como sus enemigos.  Cuando el gobierno venezolano llama fascistas a quienes se le oponen, no es más que una muestra contundente del ejercicio de la Neolengua (Newspeak) Orwelliana. En palabras del autor de la famosa utopía negativa, 1984, George Orwell nos explica, en un apéndice de su libro, el significado de la Neolengua:

“Neolengua era la lengua oficial de Oceanía y fue creada para solucionar las necesidades ideológicas del Ingsoc o Socialismo Inglés…La intención de la neolengua no era solamente proveer un medio de expresión a la cosmovisión y hábitos mentales propios de los devotos del Ingsoc, sino también imposibilitar otras formas de pensamiento. Lo que se pretendía era que una vez la neolengua fuera adoptada de una vez por todas y la vieja lengua olvidada, cualquier pensamiento herético, es decir, un pensamiento divergente de los principios del Ingsoc, fuera literalmente impensable, o por lo menos en tanto que el pensamiento depende de las palabras. Su vocabulario estaba construido de tal modo que diera la expresión exacta y a menudo de un modo muy sutil a cada significado que un miembro del Partido quisiera expresar, excluyendo todos los demás sentidos, así como la posibilidad de llegar a otros sentidos por métodos indirectos. Esto se conseguía inventando nuevas palabras y desvistiendo a las palabras restantes de cualquier significado heterodoxo, y a ser posible de cualquier significado secundario. Por ejemplo: la palabra libre aún existía en neolengua, pero sólo se podía utilizar en afirmaciones como ‘este perro está libre de piojos’, o ‘este prado está libre de malas hierbas’. No se podía usar en su viejo sentido de ‘políticamente libre’ o 'intelectualmente libre”, ya que la libertad política e intelectual ya no existían como conceptos y por lo tanto necesariamente no tenían nombre. Aparte de la supresión de palabras definitivamente heréticas, la reducción del vocabulario por sí sola se consideraba como un objetivo deseable, y no sobrevivía ninguna palabra de la que se pudiera prescindir. La finalidad de la neolengua no era aumentar, sino disminuir el área del pensamiento, objetivo que podía conseguirse reduciendo el número de palabras al mínimo indispensable.” (George Orwell, 1984, Signet Classics: New York, 29a. edición, 1963, p. p. 246-247. Una versión en español del libro se puede obtener en http://antroposmoderno.com/word/George_Orwell-1984.pdf).

No sólo en cuanto al uso del idioma (fascismo=opositores del gobierno) los autoritarios gobernantes venezolanos se van acercando al fascismo, sino también porque su enfoque totalitario, por el cual el estado incursiona en todas las actividades privadas de sus ciudadanos, se emplea más cada día que pasa. Después de todo, no debemos olvidar que aquella frase que mejor sintetiza la naturaleza totalitaria del ideario fascista fue esgrimida por su padre ideológico, el Duce (que significa, el líder) Benito Mussolini, quien dijo: “todo dentro del estado, nada contra el estado, nada fuera del estado” (Discurso en la Cámara de Diputados, 9 de diciembre de 1928). Nótese la similitud de estas palabras con aquellas pronunciadas por Fidel Castro en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional, el 30 de junio de 1961, ante un grupo de intelectuales, al informarles que “…dentro de la Revolución todo; contra la Revolución, nada…” ¡Qué gran confluencia totalitaria entre Mussolini y Fidel!

El control es esencial en los gobiernos totalitarios. Veamos un nuevo y reciente ejemplo de ello.  Resulta que, en Venezuela, el Banco Central de ese país publica mensualmente un indicador llamado índice de desabastecimiento, el cual compara la disponibilidad en los comercios de bienes, básicamente de comestibles, con respecto a las demandas de los consumidores.  Por eso, con cierto grado de incorrección económica, también allá se le ha llamado el “índice de escasez”. Evidentemente, en un país en donde la inflación ya se va acercando a un 60% anual, en el cual pululan las políticas estatales de regulación y control de la actividad privada, obstaculizando así la provisión de los mercados, y en donde el ciudadano cada día más vive pendiente de si habrá disponibilidad de obtener los productos que permitan satisfacer las necesidades de consumo en sus hogares, dicho índice se convierte en un importante indicador de errores de la economía que puede estar cometiendo el gobierno y, por tanto, se traduce en fuente de una mayor intranquilidad entre la ciudadanía, conforme se va dando cuenta de cómo los productos básicos escasean cada vez más.

Ante esto, ¿cuál fue la solución totalitaria del gobierno venezolano? Ya la anunció Nelson Merentes, presidente del Banco Central de ese país –entidad que se encarga de la confección del índice en mención. Simplemente dijo que ese índice ya no iba a ser más una información que está disponible para el público, sino estrictamente será sólo para uso del gobierno. Con ello, se señaló, se despolitizará su empleo por parte de los opositores al gobierno de Maduro (claro, si a enero del 2014 la ciudadanía llegó a saber que el índice de desabastecimiento mostró un incremento que lo llevó al 56%, casi que era de esperar, como veía las cosas, que la situación seguiría de mal en peor).

Por supuesto que, aunque se suprimiera el acceso a la información de parte de los ciudadanos -derecho básico en las sociedades democráticas- la gente podrá simplemente comprobar, acudiendo a los mercados de abastos, como irá en aumento la escasez de los productos alimenticios.  Es muy difícil que, con esa medida, el gobierno pueda encubrir -tal como lo hace el gato con su cochinada- su incapacidad para orientar apropiadamente a la economía. Y, tras cuernos, palos, pues, en opinión de algunos, en Venezuela está en ciernes la introducción de las infaustas tarjetas de racionamiento, para la adquisición de bienes de consumo, que esperamos no sea otra aplicación más de las virtuosas enseñanzas que sobre política económica le han brindado los pagados asesores cubanos.

Volviendo a George Orwell y su libro 1984, con el uso de la Neolengua (o Newspeak) lo que el gobierno venezolano está poniendo en práctica es el lema totalitario de que “La Ignorancia es Conocimiento.” Lo cual muestra, además, que el gobierno venezolano copia lo malo que le viene de Cuba y que el camino hacia el fascismo se va delineando claramente.
 
Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Venezuela, un caso más...

Una vez más, la realidad habló y, al igual que hace décadas, el experimento socialista venezolano sufre su inexorable destino: la caída. Ha sido una caída lenta, tortuosa, que ha costado sangre, que ha despedazado familias, ideas, negocios y ciudades. Ha sido una caída difícil porque miles de venezolanos se creyeron el cuento de un guerrillero bufón que, por el populismo o por la fuerza, implementó una aventura espoleada por los regalos, el facilismo y el revanchismo que prometía llevarlos al paraíso.

Lamentablemente, el venezolano como buen latinoamericano es terco en eso de hacerle caso a la historia, en eso de aprender del pasado. Le cuesta entender que ciertas cosas ya se han hecho y fracasado, por lo que se deja conquistar por la aventura y la esperanza, bastante loca, de que esta vez las cosas serán diferentes.  Al fin y al cabo, nuestras sociedades están infestadas de especímenes del "perfecto idiota latinoamericano" del que hablaba Carlos Alberto Montaner, pues uno tras otro, los países de la región cada cierto tiempo viran hacia el socialismo revolucionario como moda política para implementar en sus tierras y convertirlas en verdaderos infiernos. Ya lo están viviendo Nicaragua, Argentina, Ecuador y Bolivia, mientras que otros como México, Guatemala, Honduras y hasta Costa Rica le han coqueteado de una u otra forma.

Aunque nos entristece profundamente las muertes de cuidadanos venezolanos -ocho según diversos medios internacionales-, nos llena de esperanza que ese pueblo hermano despertara del marasmo en el que lo había sumido la ebriedad revolucionaria, el odio y la manipulación populista. Se ha tirado valientemente a la calle, enfrentando represión -la que no ven los progres cuando es ejecutada por sus regímenes amigos- y sin una solidaridad institucional organizada -diversos gobiernos, entre ellos el costarricense, e instituciones regionales como la Organización de Estados Americanos han guardado silencio cómplice frente a la violación de derechos en Venezuela- que presione por un cambio de sistema que respete la libertad de las personas.

Finalmente, el régimen bolivariano comienza a tambalearse y la protesta popular le dará su estocada. Pronto, las anécdotas absurdas de los Chávez y los Maduro pasarán a la historia como un capítulo triste de la historia venezolana y latinoamericana. Esperamos que esta vez nuestros pueblos al fin comprendan que el socialismo no trae más que muerte, miseria, destrucción, violencia y tiranía.   

La columna de Carlos Federico Smith: execrable silencio de organismos y políticos farsantes

La tragedia que hoy vive el pueblo venezolano no ha sido capaz de suscitar la reacción de organismos internacionales de la región, ni tampoco la de connotados políticos, tanto nacionales como extranjeros.  Tal vez no debía preocuparme porque, ante el dolor ciudadano del venezolano, más que seres vivientes se comporten como fríos autómatas, si no fuera debido a que, esos mismos organismos y políticos, nos han dicho innumerables veces estar a favor de los derechos fundamentales de sus pueblos y que la libertad y la democracia son los modelos que norman su quehacer y su razón de ser. 

La hipocresía en asuntos internacionales es abundante, pero ello no debería ser óbice para que ahora no la desnudemos, en su cruel evidencia de la actualidad.  La Organización de Estados Americanos se apuró a criticar al anterior gobierno de Honduras, ante el golpe de estado que experimentó el entonces gobernante Zelaya.  A pesar de las evidentes manipulaciones de éste, para asegurar la entrega de su país al imperioso gobierno chavista, rápidamente la OEA se reunió para condenar la presunta ruptura del orden constitucional en Honduras. La razón de esa agilidad institucional no hay duda que se encontró en el interés de los llamados países del Alba, para apoyar a su compañero en desgracia. Ahora, Venezuela no es importante: es más, atañe a quien ahora se perfila como el nuevo dueño de la OEA. 

Algo parecido sucedió en el caso de la destitución constitucional del anterior presidente paraguayo Fernando Lugo y su sustitución por Federico Franco.  De nuevo, con suma prontitud, la OEA se reunió para tratar el tema del golpe de estado.  En una sesión de ella, en donde habló el Presidente Franco, se ausentaron 13 de los 34 países miembros. Pueden imaginarse cuáles fueron esos 13. Varios países de inmediato dijeron que no mantendrían relaciones con un gobierno (el de Franco) que no había sido electo por el pueblo, a pesar de que la constitución del Paraguay facultaba la destitución de Lugo.

Otras entidades multinacionales de la región, el Mercosur y la Unasur (Unión de Países Suramericanos) y de la cual el Paraguay es miembro fundador, velozmente le condenaron, ambos organismos expulsando a esa nación por aquel presunto golpe de estado.

También ha permanecido en silencio una organización en la cual Costa Rica ya está metida. Se trata del CELAC, que quiere decir Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que claramente ha sido impulsada por el gobierno chavista. Ahora le toca a Costa Rica presidirla (después de la “democrática y libre” Cuba) y, se ha dicho, esa fue la razón por la cual la Presidenta Chinchilla acudió recientemente a la Habana. De paso, se reunió con el tiranuelo de Cuba, pero no tuvo tiempo de reunirse con las opositoras Damas de Blanco ni con otros grupos libres, ni tampoco con las autoridades de la Iglesia Católica de aquel país: “París bien vale una misa”. 

El CELAC no se ha reunido para ver el álgido tema de los derechos humanos en Venezuela, hoy reprimidos por el totalitario gobierno de Maduro.  Probablemente no lo vaya a hacer, pues, después de todo, el mantenimiento del CELAC en mucho viene de los ingresos petroleros del pueblo venezolano y que hoy su gobierno utiliza para mantener a muchos gobiernos de la región, que le son afines o amigos de sus proyectos en expansión.

¿Y los políticos de la región? Hacen el mutis en lo que toca a la situación actual del pueblo venezolano.  No todos, pues supuesto.  Entre las excepciones honrosas están nuestro ex Presidente, Oscar Arias, así como el uruguayo Luis Alberto Lacalle y el escritor Mario Vargas Llosa.  Tal vez hay otros que también hayan dicho algo en torno a la situación venezolana, pero probablemente sus pronunciamientos han sido “suavecitos”, como para que hayan pasado sin ser noticia, tal vez buscando que así fuera, para no tener que definirse en estos momentos álgidos

Pero, veamos a nuestro país. No soy liberacionista, pero debo reconocer en el candidato presidencial de ese partido, Johnny Araya, su clara definición en torno a la necesidad de que el gobierno de Maduro respete los derechos humanos y las libertades básicas de los venezolanos. Por supuesto que casi que yo ya sabía que el candidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, no iba  a pronunciarse en favor de la hoy sufrida ciudadanía venezolana –ni siquiera entre dientes, con un murmullo que con suerte podría pasar inadvertido- así como tampoco lo iba a hacer en contra del gobierno de Maduro, el actual diputado del PAC, Claudio Monge.  Lo cierto es que esos dos políticos, junto con el eterno líder sindical, el alborotero Albino Vargas, se reunieron el viernes 29 de marzo del 2013 en la sede de la Conferencia Episcopal, en un homenaje póstumo a Hugo Chávez Frías.

En un país como el nuestro, en donde la mayor parte de los ciudadanos aprecian plenamente el valor de la libertad y la democracia, tiene que sorprendernos que un importante líder político, don Luis Guillermo Solís, actual aspirante a la presidencia y con amplias posibilidades de acceder a ella, haya hecho declaraciones en donde manifiesta que Costa Rica debe ser prudente ante lo de Venezuela, porque, insinuando el trillado dicho de esperar a que se aclaren los nublados del día, dice que “hay razón del gobierno (de Laura Chinchilla) de ser mesurado y pedir que las cosas se aclaren un poco más, porque la situación en Venezuela hoy (17 de febrero) es tan complicada como lo es en cualquier escenario de conflictividad interna de los que conocemos en América Latina”.  ¿Acaso no ha sucedido lo suficiente en Venezuela para clamar por la defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos? ¿De no dejarlos solos ahora, cuando nos necesitan ante el poder despótico de sus gobernantes? ¿No podría pensarse en responder en favor de un pueblo que, en su momento, nos apoyó en Costa Rica, cuando Somoza nos amenazó con invadirnos? Simple gratitud…

Del gobierno de la señora Chinchilla no diré nada más que, desconocer ahora lo que nos ha dicho que han sido sus amores -la democracia, la libertad y los derechos humanos- cuando es necesario apoyar al acogotado pueblo venezolano, no es más que un desprecio a aquellos valores que tanto apreciamos todos o la mayoría de los costarricenses.  Dejar de lado, en el olvido, aquellos valores, a cambio de una circunstancial presidencia, por un año, de algo relativamente tan irrelevante para nuestro pueblo, como es la CELAC, constituye una grosería hacia todos nosotros. Es lo menos duro que puedo decir.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: La izquierda y los medios de comunicación

La semana pasada el Gobierno Bolivariano de Venezuela expulsó a miembros de CNN Español de su país y giró órdenes para que la cadena no pudiera transmitir más dentro de la nación. Esto es uno más de un sinnúmero de acciones que ha venido tomando el gobierno venezolano, desde la llegada de Chávez al poder hasta ahora con su discípulo Nicolás Maduro, en contra de la libertad de prensa. 

Fácilmente se podría concluir que los regímenes de izquierda siempre terminan repudiando la libertad de prensa. Venezuela no es el único país adonde los medios de comunicación que cubren formas de pensar distintas a las del gobierno son atacados y expulsados; también se da frecuentemente en Cuba, Ecuador, China, Rusia y otros. Todos estos gobiernos tienen una característica que los une y es precisamente el hecho de que son regímenes de izquierda de índole socialista – comunista. Claro, esto es verdad pero a medias; se han dado casos de regímenes de derecha que también han tenido sus riñas con los medios de comunicación. Lo que sucede es que no es un tema de “izquierda” o “derecha” es un tema de acumulación del poder y arrebato de libertades fundamentales. Es un tema de carencia o no de libertades. En todo régimen indistintamente si es de “derecha” o de “izquierda” lo que siempre escasea es la libertad.

Los países donde la libertad de prensa es más respetada son aquellos que cuentan con sistemas democráticos bastante maduros donde las distintas líneas de pensamiento se enfrentan constantemente y la ciudadanía va formando un rumbo sin mayores desvíos con los cambios de poder en el gobierno. La libertad de prensa no necesariamente es contraria a ciertas ideologías, lo que sucede es que es enemiga del autoritarismo y la antidemocracia. 

Pero entonces, ¿por qué será que hoy en día los gobiernos que notoriamente están en contra de la libertad de prensa son regímenes de izquierda socialistas – comunistas? Aquellos países que adoptan políticas socialistas con mucha mayor facilidad tienden a caer en prácticas autoritarias. Aquellos países en donde el Gobierno tiene mayor injerencia en las decisiones de mercado y el modo de vida de los ciudadanos es muy fácil que termine arrebatándoles tantas libertades a las personas que luego el paso lógico es caer en medidas autoritarias.  Y en sus medidas autoritarias el primer enemigo es la libertad de prensa pues es uno de los factores más riesgosos para el régimen pues con facilidad deja en evidencia lo erróneo de sus políticas y le puede dar protagonismo a otros grupos con deseos de quitarle poder.

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, a la luz de los sucesos que afectan a nuestros hermanos venezolanos, quienes viven opresión, tiranía, violencia y muerte de parte de un gobierno comunista que pisotea día a día las libertades y ante el silencio cómplice o el apoyo tácito del Gobierno costarricense, del candidato presidencial del PAC, Luis Guillermo Solís y del excandidato presidencial José María Villalta, en ASOJOD queremos compartir el brillante texto de Henry David Thoureau titulado "Del deber de desobediencia civil", en el que explica con claridad meridiana el derecho que protege al individuo para negar obediencia, para negar legitimidad a un gobierno cuando su tiranía e incapacidad son visibles e intolerables. 

Así pues, frente al conflicto que enfrenta a los ciudadanos venezolanos con el gobierno comunista de Nicolás Maduro, apoyamos la desobediencia civil, la revolución de individuos que exigen libertad contra un régimen ilegítimo, la resistencia contra un Estado que pisotea los derechos individuales. Nos solidarizamos con los ciudadanos que hoy combaten a la dictadura que heredó el troglodita Chávez y con todos aquellos que luchan contra gobiernos enemigos de la libertad.

La columna de Carlos Federico Smith: control de precios en la Revolución Francesa

Ahora que un Maduro implacable ha impuesto el control de precios en Venezuela, vale la pena narrar algunas experiencias históricas resultado de políticas de ese tipo.  Un episodio interesante sucedió durante la Revolución Francesa.  He seleccionado este capítulo para analizarlo no sólo porque muestra lo nefasta que puede ser una política de control de precios, sino porque hay muchos “revolucionarios”, probablemente “buenos”, como diría Carlos Rangel, el venezolano autor del excelente libro “Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario”, quienes añoran los “éxitos” de la Revolución Francesa. Para estos, conocer el lado oscuro de dicha Revolución podría ser emancipador.

El 3 mayo de 1793, el revolucionario Comité para la Seguridad Pública promulgó lo que se conoce como Ley del Máximo, por la cual se fijaba, para cada distrito de la nación, un precio tope al trigo y a la harina, resultados de un promedio de los precios locales de los primeros cuatro meses del año, así como de las reservas existentes. Dicha ley, además, imponía un gravamen progresivo a los ricos y les obligaba a realizar préstamos. También facultaba que las autoridades del gobierno pudieran vigilar y requisar existencias de esos productos, a fin de dirigirlas a un mercado deficitario. Muy importante es que dicha Primera Ley del Máximo exigía que los agricultores recibieran su pago en papel moneda conocido como assignats (en español, asignados) a su valor facial. Los assignats eran papeles en vez de monedas, que era como se pagaba anteriormente. Todo esto en el marco de un elevado proceso inflacionario.

El resultado no se hizo esperar: los agricultores dejaron de enviar sus productos a los mercados urbanos y en toda Francia empezaron a surgir manifestaciones de ciudadanos protestando por la situación.  Ya para agosto de aquel año, la ley se había convertido en un mamotreto inoperante.

Por ello fue que se dictó el 11 de setiembre de 1793 lo que se puede considerar como una nueva –la Segunda- Ley del Máximo, sólo que en esta ocasión el control de precios fue mucho más amplio, a nivel nacional, si bien ya se consideraba el costo del transporte de los bienes. Entre los productos sujetos a precios máximos estaban la carne fresca y salada, el tocino, la mantequilla, el aceite, el ganado, el pescado salado, el vino, el aguardiente, el vinagre, la sidra, la cerveza, la madera de calefacción, el carbón, las velas, el aceite de quemar, la sal, la sosa, el jabón, la potasa, el azúcar, la miel, el papel blanco, el cuero, el hierro, el plomo, el acero, el cáñamo, el lino, la lana, los tejidos, las materias primas necesarias para las fábricas, los zapatos, la colza, las coles y el tabaco. También imponía restricciones a los salarios. Anecdóticamente, esa fijación del precio del pan en Francia duró hasta 1979, cuando se liberó. Ya en 1981 el precio del pan se había reducido.

Pronto esta segunda Ley del Máximo fue abandonada al dar lugar al mismo tipo de problemas que su primera versión. Se decidió, de acuerdo con la nueva Ley del 29 de setiembre de 1793, que los precios estarían fijados con base en los niveles de 1790 más un tercio. Así de sencillo, como cuando actualmente Maduro decide que el margen de ganancias tendrá un máximo del 30%, independientemente de los costos para adquirir las divisas, cuyo precio el 14 de febrero del 2014 en los mercados libres es de 87 bolívares por dólar, en tanto que el tipo de cambio oficial es de 6.3 bolívares por dólar. Al empresario no se le están dando todos los dólares que demanda, teniendo que acudir a los mercados paralelos para obtener las divisas requeridas para importar los insumos a ese precio mucho más elevado.

Tampoco el nuevo esquema tuvo éxito y tuvo que ser abandonado, al igual que los otros anteriores. Pero la mente estatista es siempre pródiga cuando se trata de poner controles y el primero de noviembre de 1793 promulgaron una nueva Ley de control de precios. Ahora los valores de los bienes serían fijados de la siguiente manera: partiendo del precio que se tenía en 1790 en la etapa de producción, a ello se le agregaría una tercera parte, además de una tasa por legua según fuera el transporte, más un 5% para el mayorista y un 10% para el minorista. Ya se imaginará el amigo lector el enredo de provocaba todo esto, en especial cuando hay tantas posibilidades de intercambio en una cadena que es naturalmente variable.  En todo caso, también se aceleraron las restricciones, obligando a los agricultores a que llevaran el grano a los mercados, incluso empleando para ello la fuerza militar y policial. Lo que el estado pretendía con estas medidas era permitir que el pueblo francés pudiera sobrevivir durante los últimos meses de 1793 y los primeros de 1794. Pero el nuevo esquema liberticida también fracasó.

En palabras del historiador Henry Bourne, el fracaso de este nuevo experimento se debió 

“a dos rasgos distintivos. El primero fue el fracaso al no garantizarle al agricultor una utilidad razonable y que no se le estimulara a aumentar los acres cultivados y con ello lograr cosechas mayores… El esquema no sólo fracasó en incentivar al agricultor, sino que más bien lo amenazó con la ruina. Sus gastos en herramientas, animales para procesamiento y salarios crecían constantemente, pero sus utilidades fueron reducidas, con el prospecto de que hubiera pérdidas en cada uno de los meses venideros. 

El segundo desatino fue el anverso del anterior; fue el supuesto de que la fuerza podía ser empleada exitosamente contra el grupo más grande de productores que tenía el país. Los agentes que se usaron para emplear la fuerza, cuando se llegaba a los últimos eslabones en la cadena de autoridad eran los propios granjeros, pues los oficiales de las comunidades eran o agricultores o personas dependientes de ellos.” (Henry Bourne, “Food Control and Price-fixing in Revolutionary France,” The Journal of Political Economy, febrero de 1919, p. 88.)

De nuevo, el acaparamiento, la escasez, el incremento de los precios, la disponibilidad de bienes únicamente para los ricos que pudieran pagarlos, el contrabando, el comercio ilegal fuera de horas normales, en general, la vigencia de los mercados negros fue el resultado generalizado de la última versión de la Ley del Máximo.

Pero como no parece que haya mal que dure más de cien años, el 24 de diciembre de 1794 se derogó definitivamente la Ley del Máximo y su sistema de controles de precios.  Para ese entonces los moderados habían derrotado a los extremistas.  Se dice que, 

“cuando Robespierre y sus colegas eran llevados a través de las calles de París rumbo a sus ejecuciones, la chusma gritaba su último insulto: “¡Allí va el sucio Máximo!”. (Robert L. Schuettinger y Eamonn F. Butler, Forty Centuries of Wage and Price Controls, Washington D. C.: The Heritage Foundation, 1979, p. 47).

Este episodio de control de precios concluyó con el fracaso esperado, pero, además, es necesario señalar que la moneda que se había impuesto (los assignats) y en la cual se obligaba a los agricultores a recibir su pago, terminó devaluándose pavorosamente, lo cual provocó mayores daños al pueblo francés, en cuyo nombre los revolucionarios habían implementado el control de los precios.

A los así llamados revolucionarios de la Venezuela de hoy, tal vez valga la pena exponerles los resultados del control de precios que impusieron los revolucionarios franceses. De esta manera podrían pensar un poco más acerca del daño que con sus políticas están ocasionando a los ciudadanos de su país.

Podrán tener en claro que ese daño siempre concluye siendo cobrado por los pueblos, como lo puede atestiguar el destino final de Robespierre y sus compagnes.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Venezuela y el límite de nuestros esquemas conceptuales

En medio de la tragedia de los venezolanos (y esto incluye a los chavistas) ponerse a hacer reflexiones in abstracto parecerá antipático pero sin embargo es necesario para tratar de entender qué está sucediendo.

La república constitucional norteamericana fue originada en horizontes lejanos. Horizontes donde se suponía que los derechos individuales eran el valor supremo de la ética política, donde las diversas “administraciones” no deberían tocarlos en absoluto y si ello ocurría, para eso estaba el control constitucional. Y, muy importante, todos coincidían en ese sistema, y ninguna persona, partido o lo que fuere se atribuía la propiedad de “la Nación”, la patria, la revolución o la historia.

América Latina nunca fue terreno cultural fértil para trasladar esas ideas. Hubo intentos, sí, siempre un mix no del todo coherente entre la influencia anglosajona y la influencia francesa; siempre un general ilustrado y un grupo de liberales constructivistas laicistas enfrentados con las tradiciones religiosas y españolas anteriores. De ese mix, siempre en tensión, nunca resuelto, algo salió. Muchas naciones latinoamericanas trataron de implantar la división de poderes, el control de constitucionalidad, un derecho penal liberal, algo de libre comercio, “pero”…. Dentro de la inestabilidad intrínseca de un marco cultural que se resistía, como un suelo rocoso resistente a instituciones que requerían un humus diferente, Lationoamérica nunca pudo plasmar instituciones liberales firmes. Su génesis es revolucionaria al estilo francés, y ese horizonte revolucionario la marcó, parece, para siempre.

Durante mucho tiempo eran guerras civiles intestinas, facciones diferentes que se disputaban un poder al que siempre se accedía con la lógica de la revolución: los buenos, los malos, los traidores, los cobardes. Palabras como democracia, república, límites, derechos de las minorías, etc., se escribían pero no se comprendían.

Pero con el advenimiento del marxismo como horizonte cultural, y con la revolución cubana como ejemplo, el asunto fue peor. Los Castro tuvieron al menos la coherencia de los violentos: por la violencia subieron y por la violencia están. Pero en otros lares, se introdujo el sutil engaño del acceso nazi al poder: la vía democrática en sentido laxo. Mucho más inteligente y perverso. El Chile de Allende, la Argentina de Perón (1945, 1951, 1973, 2003), y, obviamente, la Venezuela de Chávez, son ejemplos perfectos. La dialéctica revolucionaria, junto con la marxista, encontraron en esas vías democráticas la forma casi perfecta de perversión conceptual. Los términos revolucionarios eran los mismos (leal, traidor, amigo, enemigo). Pero mientras que los constitucionalistas de los EEUU jamás imaginaron que toda esa dialéctica fuera compatible con los métodos electorales, ahora, en cambio, sí. El partido revolucionario, el que va a luchar contra el capitalismo opresor, sube al poder con la mayoría de los votos, o con los votos inventados o con los votos que fueren, pero asumen el criterio de legitimidad de origen de los sistemas democráticos. El enemigo sigue siendo el traidor, el vendepatria, el cipayo vendido al imperialismo, pero ahora es legítimo aniquilarlo –de golpe o de a poco- “democráticamente” y denunciar a todo el mundo “la violación de la democracia” de cualquier intento de resistencia.

Todo esto tomó a los no marxistas totalmente desprevenidos, conceptual y terminológicamente. Al principio, gentes desesperadas apoyaron las contra-revoluciones militares, pero la bestialidad e ignorancia de estos últimos no hizo más que acrecentar el problema. Ahora no hay salida posible. Ahora, los marxistas, los verdaderos golpistas, a quienes los derechos humanos les importan absolutamente nada, allí están, como cuasi estadistas republicanos. Los Correa y los Kirchner son ejemplos perfectos; Chávez, en cambio, era más sincero, y el delirante de su sucesor ha convertido a Venezuela no en una broma woodyallinezca, sino en una verdadera tragedia donde Calígula ha resucitado y el caballo tiene el apoyo del ejército, del ejército cubano y el silencio cómplice y cobarde de casi todos los gobernantes del mundo.

No hay mucha salida. Que Dios se apiade de los venezolanos y de todos nosotros, porque la Venezuela actual es el futuro de todos, excepto que intervengan las aleatoriedades de la historia, imprevisibles, inconmensurables, sólo accesibles a las denuncias de los profetas, ya muertos, sin embargo, en el silencio del desierto.

Gabriel Zanotti

La columna de Carlos Federico Smith: un viaje en la máquina del tiempo

Si fuera posible, tal como lo describió H. G. Wells en su libro “La Máquina del Tiempo”, romper la imposibilidad de viajar hacia atrás en el tiempo, tal vez el presidente Maduro podría hacer maletas hacia el Chile de Allende, de principios de los años setentas. 

Entonces se daría cuenta -aprender- los efectos que ocasiona en un país una política de control de precios, como la que ahora pretende imponer en su país. La mejor descripción de lo sucedido en Chile hacia 1972 la brindó el economista Joseph R. Ramos, en un artículo titulado “Inflación Persistente, Inflación Reprimida e Hiperstanflación. Lecciones de Inflación y Estabilización en Chile”, publicado en la revista Cuadernos de Economía de diciembre de 1977.  De él destaco el párrafo siguiente:

“El resultado fue que floreció el mercado negro y los precios no controlados se dispararon. La esencia de un negocio rentable en esta inflación reprimida era el arbitraje y no la producción; o sea, comprar más bienes (o monedas duras) a precios oficiales que los que se vendían a precios oficiales. El desabastecimiento apareció por todas partes, en la medida que la gente prefería cualquier bien a una moneda crecientemente devaluada (ya que el dinero estaba perdiendo su valor como medio de cambio). Por ésta, entre otras razones, la disciplina de los trabajadores declinó dado que los incentivos monetarios, aunque más importantes, eran cada vez menos útiles. El pago en especies floreció. Se instituyó el racionamiento tanto formal como informal. Bastaba ver que un producto se estaba vendiendo en cantidades restringidas para que cada persona, lo necesitara o no, lo comprara antes de que desapareciera. El racionamiento llevó a escaseces, y las escaseces a más racionamiento”. (Op. Cit., p. p. 78-79).

En el viaje imaginario de Maduro a aquellos años de Allende observaría cómo surgieron mercados negros; esto es, la venta ilegal de bienes violando la prohibición gubernamental de venderlos a precios diferentes de los que fijó. Asimismo, se daría cuenta de cómo en el Chile de esa época los precios de los bienes más bien aumentaron, en vez de detener su crecimiento, como era el propósito del control gubernamental. (Al asumir Allende la presidencia de Chile en 1970 la inflación llegó a ser de un 36%; al terminar su gobierno en 1973 se acercó a un 700% anual).   Maduro también se daría cuenta de cómo los ciudadanos acapararon todos los bienes que pudieron, pues no estaban seguros de tenerlos al día siguiente.  Al poder acaparar esos bienes adquiridos a los precios oficiales más bajos, las personas podían luego venderlos a precios más elevados, generándose así un negocio fácil y ampliamente extendido. El estado trató de contrarrestar esto último, imponiendo mayores controles y aumentando la vigilancia policial, pero lo que más bien provocó fue un aumento del riesgo de la operación y, por tanto, que el consumidor tuviera que pagar un costo mayor. Este vio así, en carne propia, un enorme deterioro de sus condiciones de vida.

Hasta aquí no llegó la situación. Al valer el dinero cada vez menos, la gente corría a deshacerse de él, mediante la compra de cuanto bien se apareciera en el mercado. Como usualmente se presentaron enormes filas para adquirirlos, hizo que surgiera un nuevo negocio: la venta de lugares en las filas o el pago por el servicio de hacer fila para las compras. (Esto hizo que los viejitos antes desocupados se convirtieran en personas “útiles” guardando campos en las filas). Por otra parte, las empresas cuyos productos tenían precios fijados por el estado, decidieron pagarles a sus trabajadores en especie con esos bienes, a fin de que pudieran venderlos en el mercado negro y con ello lograr un aumento en sus ingresos.

La calidad de los productos controlados se deterioró e incluso, una vez que el estado fijaba el precio a alguno de ellos, rápidamente luego salía otro similar al mercado, pero “mejorado” con algún nuevo ingrediente, a fin de que se pudiera vender al precio libre rentable.  Igualmente, si el estado fijaba el precio de alguna versión de un producto, digamos de 500 gramos, pronto aparecía una nueva versión de un kilo, con un precio diferente -mayor- al que proporcionalmente le correspondería.  Así podría venderse esta nueva versión al precio libre, aunque fuera por un rato en tanto el gobierno decretaba el control del precio para esa nueva versión.  Lo que estos controles provocaron fue el surgimiento de productos “nuevos”, ligeramente diferentes o “mejorados” o en cantidades diferentes, pero siempre a precios mayores en un mercado que permitiera que al productor obtuviera la rentabilidad necesaria de su esfuerzo y riesgo.

Lo que Maduro podrá llegar a saber es que los negocios en época de Allende operaban a altas horas de la noche, cuando los custodios de la ley no se fueran a aparecer (obviamente, si se hacían presentes, se tendría que adicionar el costo del soborno).  Por ello fue frecuente observar cómo en las madrugadas los clientes acudían a hacer sus compras. Así, la economía no sólo fue negra, sino que funcionó en la oscuridad de la noche… mientras dormían los cancerberos.

Todas esas -entre muchas otras- fueron consecuencias no previstas por los gobernantes, al ocurrírseles la sonsera de controlar los precios, tal como ha pensado hacerlo en Venezuela nuestro viajero invitado, el presidente Maduro. Ahora bien, una vez que Maduro puede haber visto lo que sucedió en Chile con el control de precios, si aún no se ha convencido de lo nefasto que fue para la economía de esa nación y para la vida y el bienestar de sus ciudadanos, podría usar de nuevo la máquina del tiempo de Orwell y regresar hasta por ahí de, digamos, el año 2800 antes de Cristo, a Egipto durante el gobierno del faraón Henku, quien es, documentadamente, el primero en controlar los precios y en fracasar en su empeño.  De ahí en adelante, Maduro podrá hacer paradas en la Babilonia de Hammurabi, por ahí del año 2025 antes de Cristo y también detenerse en la Roma de Diocleciano, cerca del año 301 después de Cristo, y ver y aprender qué fue lo que pasó cuando decidió controlar los precios. Si Maduro quiere acercarse más al presente, pero en la Edad Media, puede darse una paradita en la Inglaterra de por ahí del año 1381, en donde también conocería de los efectos del control de precios sobre esa nación. En todos estos casos, el fracaso del control de precios para contener la inflación fue la regla observada, así como los graves daños que ocasionó. La Historia está muy documentada acerca de todos estos episodios.  

Pero si aún con estas paradas en tiempos tan antiguos, Maduro no se ha convencido del fracaso de los gobernantes que deciden fijar precios, y quiere observar directamente algo más actual, podría pedirle a la máquina de Wells que le bajara en Amberes, Bélgica, en época de Alejandro Farnesio, Duque de Parma, quien pudo romper el sitio que le tenía a esa ciudad, gracias a que sus habitantes instauraron el control de precios, lo cual provocó la escasez de alimentos que hizo que tuvieran que rendirse ante Farnesio. Posteriormente Maduro podría aprovechar su periplo histórico deteniéndose en Francia, poco después de la Revolución Gloriosa, cuando los soberbios gobernantes instauraron el control de precios y con ello lograron escaseces, hambrunas, violencias en un “gobierno del terror”, manifestaciones y matanzas. Esto es, todo lo opuesto de lo que esos gobernantes habían buscado lograr con el control de precios. Maduro podrá constatarlo personalmente, gracias a la máquina del tiempo de H. G. Wells.

Los nazis también impusieron, en cierto momento, el control de los precios. Sorprendentemente este es un caso en el cual parece que los sátrapas nacional-socialistas tuvieron éxito en sus propósitos, pero obviamente parece que fue un costo muy elevado el que se tuvo que pagar para resolver los problemas inflacionarios: tener que vivir en una dictadura socialista terrorífica. En todo caso, son muchos, pero muchos, los experimentos que ha habido con controles de precios por parte de los gobernantes, los cuales han terminado tan mal como el de Chile, tal como lo describí brevemente con  anterioridad.

Yo aprovecharía para obsequiarle a Maduro, en ocasión del viaje Orwelliano, el libro de los economistas Robert L. Schuettinger y Eamonn F Butler, titulado Forty Centuries of Wage and Price Controls, que traduzco como “Cuarenta Siglos de Controles de Precios y Salarios”, editado por The Heritage Foundation de Washington D. C., en el año 1979. Humildemente también le obsequiaría una copia de mi libro Inflación y Control de Precios, editado por la editorial Stvdivm, en 1984.  Ambos le servirían para nutrirse sobre el tema del control de precios y la inflación. Espero que, con su lectura y el viaje en la máquina del tiempo, decida no ocasionar los graves daños a los habitantes de su pueblo que surgirían debido a la imposición de controles de precios. A cambio de todo esto, le pediría a Maduro un favor, para antes de que concluya su viaje a través de la historia en la máquina de Wells: que se apeé en la Costa Rica de hoy y que le hable a su amigo ideológico, José María Villalta, y le cuente el disparate que ha sido el control de precios a lo largo de la historia. De cómo eso no ha servido más que para provocar la angustia de las personas y el retraso de sus economías.  De hacerlo Maduro y de soplarle al oído de Villalta convincentemente de lo que pudo ver, yo quedaría muy agradecido con Maduro.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: otro desvarío del gobierno venezolano

Hace poco el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la creación de un Viceministerio de la Suprema Felicidad. Tendrá como función –con todo y ese rimbombante nombre- de coordinar a las más de 30 misiones sociales que hay en ese país. Se nombró así para honrar a Chávez y a Bolívar. Se supone que así trascienden los criterios del estado de bienestar, considerado como un avance social en el marco del capitalismo.

Las autoridades venezolanas interpretan como felicidad cuando el estado regala viviendas, electrodomésticos, efectivo y otra serie de cosas. Tan sólo faltaba plasmarlo en un decreto creando ese viceministerio.  Sin embargo, me parece un irrespeto enorme que aquel logro tan inusitado y descollante, se circunscriba a un simple viceministerio y no a un ministerio. No se merece esa bajada de piso.  Es de esperar que ahora, con este reconocimiento del estado de felicidad que se vive en Venezuela bajo el gobierno chavista y el de su sucesor Maduro, abundarán el papel higiénico, la leche, el azúcar, el café, el aceite y la margarina, que hoy los “mentirosos” opositores dicen que escasea en ese país y que es, por tanto, causa de infelicidad.  Les aseguro que esa inflación ignominiosa del 50% anual, que también “inventaron” esos mismos mentirosos, se quedará muy corta. 

Los gobernantes venezolanos creen que el estado es el que da la felicidad a los ciudadanos.  Llamados al “bien común” o al “bien público”, son las razones para actuar “por el bien del gobernado”. Pero existen tantas ideas diferentes acerca de lo que es la felicidad, como seres humanos hay. Lo que importa es ver cómo una sociedad logra que esos individuos puedan buscar su felicidad. Es errada la creencia de esos gobernantes venezolanos, al igual que la de otros tantos similares en la historia humana, que la sociedad de alguna forma es un ente capaz de experimentar la felicidad. Los individuos son los únicos que pueden definir su felicidad, la cual ellos buscan.  Si lo que prima en una sociedad es que esa búsqueda de felicidad la defina un gobierno o un gobernante y no por cada uno de esos individuos, se estará en presencia de un gobierno despótico, absoluto. En una nación de siervos el rey tirano decidía cuál era la felicidad de sus súbditos. Algo parecido sucede hoy en Venezuela.

En una sociedad lo esencial es que se posibilite que los individuos puedan buscar la felicidad, según su propia concepción, de una manera simultánea y sin que haya conflicto. Se logra tan sólo cuando los individuos poseen derechos en un orden social. En los hechos y en la moral, el bien público se da cuando existe protección y preservación de la propiedad –que incluye la vida, la libertad y todas las cosas que una persona posee. El bien común lo promueve un gobierno si protege los derechos de los individuos. Sólo así es posible que en un orden social los individuos puedan buscar su propia felicidad, mediante el intercambio voluntario de toda índole. En él todos ganan, pues, de no ser así, no participarían de él. Por eso se requiere que la gente pueda actuar en libertad. Que lo haga según sus propios juicios, sin que haya compulsión o fuerza por la cual se les imponen sus decisiones.  

El gobierno venezolano no promueve la protección y preservación de los derechos de los individuos, sino que define la felicidad y que, como lo atestigua el nombre de su viceministerio “de la felicidad suprema”, no es más que una sarta de regalías y transferencias estatales. Ese gobierno recuerda a un soberano omnímodo quien goza de derechos absolutos e inalienables y al que no le interesa la vigencia de los derechos de los individuos.  La arrogancia de ese gobierno -de creerse el supremo dador de la felicidad de los ciudadanos- es la novedosa representación de un viejo absolutismo, que ahora corroe la política latinoamericana.

Aunque fingen o lo ocultan, hay seguidores domésticos de las políticas disparatadas de los gobernantes de la Venezuela de hoy. Si pretenden electoralmente llegar al poder, tienen la obligación moral de ser honestos con la ciudadanía acerca del rumbo que quieren imponerle al país. Difícilmente las personas podremos buscar la felicidad o el bienestar propio, si de hecho no se garantizan nuestros derechos. No es aceptable que nos sea impuesto un criterio de felicidad para todos y cada uno de nosotros, cuando en última instancia eso no es más que la creencia coercitiva particular, de algún pretendiente iluminado de turno y quien aspira a gobernarnos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Venezuela avanza hacia al totalitarismo

Recientemente la Asamblea Nacional de ese país aprobó la llamada Ley Habilitante, la cual le permite al presidente Maduro actuar con poderes extraordinarios, sin las limitaciones propias de una democracia de frenos y contrapesos.  Para lograr tan descomunales facultades, el gobierno usó como pretexto “la lucha contra la corrupción y la guerra económica”. Maduro podrá gobernar mediante decreto durante un año y las leyes que emita serán de carácter obligatorio. El presidente de Venezuela, al recibir de sus diputados la recién aprobada Ley Habilitante, les dijo: “Ustedes han visto apenas las primeras acciones contra la burguesía”.  El control de precios y de utilidades, además de persecuciones contra los “especuladores” (posiblemente de “opositores del gobierno”) caracterizarán los próximos meses del gobierno de Maduro.

Este Poder Habilitante abre un nuevo umbral para la entronización gradual de un estado totalitario en Venezuela. De un gobierno que buscará ejercer un control centralizado, absoluto y total, de todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos, en donde los individuos estarán totalmente subordinados al poder del estado.  Sin empacho alguno, ello se hace en nombre del bien para el pueblo. Lo dice Maduro: “con la ley habilitante no me puede parar nadie para proteger al pueblo”.

Rescato un aspecto de todo ese proceso, cual es el argumento de que se requiere de una casi total irrupción del estado en la vida de sus ciudadanos, principalmente con su intercambio de bienes y servicios, con el objetivo de “acabar con la corrupción”. La paradoja radica en que, entre más interviene el estado en la actividad económica, mayor presencia tendrá la corrupción.  Lo que se conoce como corrupción usualmente surge porque hay individuos dispuestos a pagar a funcionarios públicos, para que se les excluya de la aplicación de ciertas regulaciones o limitaciones.  A su vez, estos últimos están dispuestos a hacerlo a cambio de una paga o de alguna forma de remuneración.

También surge la corrupción cuando personas sobornan o brindan oportunos “financiamientos políticos” a encargados de formular leyes para que aprueben alguna forma de protección o subsidio, que les permita aventajar a otros competidores tanto del momento como potenciales.  Por ejemplo, mediante el otorgamiento de subsidios con fondos públicos o con la imposición de aranceles que les protejan de la competencia externa.

También hay corrupción cuando se presenta el robo directo o disimulado de parte de funcionarios encargados de cuidar los haberes del estado, cuya vigilancia les fue encomendada.  Recientemente lo hizo una ex alta funcionaria del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), quien llevó a cabo negocios indebidos con empresas de la bolsa estadounidense (compartió el chorizo).  Asimismo, cierto alto funcionario venezolano -aún en pleno ejercicio del poder- públicamente fue mencionado en una grabación inesperada de Mario Silva -un caído en desgracia director de un periódico amarillista del gobierno venezolano, La Hojilla- quien señaló “que el Presidente de la Asamblea Nacional había obtenido una gigantesca fortuna a través de corruptelas que operaba con CADIVI” (el ente gubernamental Comisión de Administración de Divisas).  Divisas logradas a tasas preferenciales, a un precio favorable mucho menor que el vigente en los mercados.

En nuestra campaña política actual llama la atención que haya políticos que, paradójicamente y con un alto grado de liviandad, proponen aumentar significativamente el activismo estatal, a la vez que expresan su enojo por una evidente corrupción en el sector público.  No es posible que no se hayan dado cuenta de que, entre mayor sea la participación del estado en nuestra vida política, mayor es el campo en que florece la corruptela. Ojalá que los ciudadanos, cuyos votos les piden ahora, no se coman ese cuento. Fueron y son sabias las palabras de Lord Acton: El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

Jorge Corrales Quesada