Desde la tribuna: ¡desastre en la Asamblea Legislativa!

No me refiero a las renuncias engañosas y a otros zafarranchos acaecidos sino a falta de consistencia, violación evidente de los principios básicos y atentado contra el sistema republicano y el sistema democrático.

Dicen que por la boca muere el pez. Todavía recuerdo el abuso de presupuestos públicos (actividad originada en universidades públicas, financiadas con recursos de todos, dirigida contra el TLC) y dentro de ello la publicación de un folletín, por parte de la editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, presentado por el “rector de la patria y el pueblo” y realizado por el actual presidente de la Asamblea Legislativa. Su académico título es “25 Preguntas y Respuestas sobre el TLC (Para que no lo agarren de chancho)”. Es una obra de antología, que sirve para ver cómo piensan y actúan algunos.

Dentro de lo curioso del asunto, haciendo de lado la parcializada interpretación de hechos y textos (solo justificada en la innegable ignorancia acerca de principios de interpretación y lectura adecuada de textos), está el constante recurso a frases y posturas relativas al “ético desempeño de la Asamblea Legislativa”, al peligro de la “inseguridad jurídica”, al “valor de la Constitución” (a la cual hay que evitar violentar) y al “asalto al Estado de Derecho”.

Digo yo que, para verdades… el tiempo. Quienes osamos estar a favor de la libertad, promover el libre comercio, buscar la apertura comercial, denunciar el abuso de los monopolios y denunciar gollerías y estatismo, fuimos acusados de mil mentiras y víctimas de prejuicios y de la maquinaria abusiva desde algunas instituciones públicas.

Pero ahora la cuestión es contestable e indubitable. En la tramitación del presupuesto gubernamental para el 2015 hubo un desempeño torticero, usurpación de funciones, irrespeto a la Constitución y violación de sus principios. En tal medida se ha dado esta grotesca y antijurídica actuación, que el presidente de la Asamblea (el autor del folletín reseñado) ha sido “trapeado” directamente por la Sala Constitucional. En lugar de garantizar el debate y quehacer legislativo ha incurrido en una falta democráticamente inaceptable. ¡Dime de qué presumes…!

Para colmo de males, ahora el Directorio que él encabeza es objeto de pesquisas jurídicas por nombramientos cuestionados y faltas tan complicadas que la gente de planta de la Asamblea teme por su seguridad jurídica. Al parecer, hasta se infló una plaza de chofer, para colocar a una autoridad del partido, que se ha pasado un mes haciendo nada.

Cuando leo acerca de estos sucesos, recuerdo el mentado folletín (“para que no lo agarren de chancho”) y me pregunto: ¿Y… el desempeño ético de la Asamblea? ¿Y… el valor de la Constitución? ¿Y… el asalto al Estado de Derecho? ¿Y… la seguridad jurídica?

¡Claro! Si no fuera porque los hechos constituyen una actuación torticera, antijurídica, inconstitucional con ribetes delincuenciales, estaría tentado a explorar literariamente las trampas de la mente, el origen de las expresiones acusatorias en algunas mentes y cómo es que construyen sus prejuicios algunas personas. ¡Ah! Eso sin hablar de las “agarradas de chancho”.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: el peligro de la impunidad

Un principio básico del sistema republicano es el imperio de la ley, como un elemento cosustancial a la igualdad ante la ley. Esto significa que la norma está por encima de todos, que no hace distinción de clase social, credo, orientación política o algún otro factor y que se aplica, para bien o para mal, sin excepción. A la par de este principio se encuentra el de seguridad jurídica, otra cara de la misma moneda, que implica la necesidad del ciudadano de saber a qué atenerse, es decir, tener la certeza o seguridad de que las acciones tienen consecuencias, positivas o negativas.

En el caso de los delitos, estos principios jurídicos nos indican que las personas deben tener claro que ciertas acciones o conductas tienen sanciones y que, de cometerlas, se enfrentarán implacablemente a la justicia. El funcionamiento adecuado del sistema para procesar dichas conductas contribuye enormemente a la creación de una cultura social de respeto por los derechos individuales y permite la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus vidas sin temor.

No obstante, cuando los delitos no son sancionados debidamente y se genera un ambiente de impunidad, la sensación de las personas aumenta al mismo tiempo que lo hace su molestia hacia el sistema, al que poco a poco van despreciando y dan paso a privilegiar regímenes de mano dura que, tarde o temprano, terminan por imponerse autoritariamente y destruyen las libertades. No en vano decía Benjamin Franklin que "aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad". No en vano la historia nos ha demostrado con infinitos ejemplos la validez de esta premisa. 

Recientemente, hemos presenciado en nuestro país una serie de actos violentos -robos y homicidios- o de escándalos por corrupción o arbitrariedad, especialmente en las altas esferas del poder,  que de una u otra forma no terminan en condena, a veces por la incapacidad del Ministerio Público para presentar la acusación, las pruebas y los testimonios para demostrar, cuando es posible y amerita, la responabilidad de los acusados y permitir a los Tribunales, luego del debido proceso, determinar las sanciones correspondientes.

Tal situación enciende las luces de alarma. Al respecto, el Informe del Latinobarómetro 2013 indica que

"Entre los países que han disminuido el apoyo a la democracia llama la atención Costa Rica que comienza a mediados de los años ‘80 como una de los países más democráticos de la región. Disminuye de 74% en 2009 a 53% en 2013. Costa Rica presenta en 2013 una diferencia de 16 puntos con respecto al promedio 1995- 2013, siendo el país de la región que ha perdido más apoyo a la democracia. Al mismo tiempo ha aumentado el apoyo a la frase “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” de 7% en 1996 a 17% en 2013. En total, las actitudes autoritarias aumentan 8 puntos por sobre el promedio 1995-2013".  

Los datos son claros.  Cada vez más gente molesta con un sistema político incapaz de satisfacer sus demandas, entre ellas, las de seguridad y tranquilidad, pierde su aprecio por la forma en la que se hacen las cosas y acepta la posibilidad de un líder autoritario que "resuelva" la problemática. En buena parte, esa sensación  de desgaste e impotencia contribuyó, entre otros factores, a un incremento sustancial de apoyo hacia el partido Frente Amplio, cuyas propuestas son claramente comunistas, dirigidas a crear un Estado omnipresente y omnipudiente que se encargue de todo, sustituyendo a los individuos en el manejo de sus propias vidas y pisoteando su libertad, para convertirlos en simples autómatas que viven por y para el "ogro filantrópico", como lo llamara Octavio Paz, quien a propósito escribió en su momento que "el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que las de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina".  

Evidentemente no se trata de culpar por culpar a cualquier acusado y de comenzar una cacería de brujas que someta a la ordalía judicial a quienquiera que sea acusado. Estamos hablando de satisfacer la demanda de justicia por los medios republicanos propios de un Estado de Derecho, con tribunales de justicia que respeten los derechos de todas las partes involucradas en los procesos y garanticen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. 

Logrando eso, junto con otras tareas impostergables que hemos mencionado con regularidad en ASOJOD, podremos conseguir que las personas recuperen su tranquilidad, que se sientan representadas y protegidas por un sistema que no permitirá que se vulneren sus derechos individuales y que, ante todo, se encuentra dispuesto a hacer valer esos principios que mencionamos al inicio, cerrando las puertas a ese caldo de cultivo del totalitarismo, del autoritarismo estatal que solo desgracia trae a los pueblos. 

Desde la tribuna: garantías o repartidera de lo ajeno

El Estado de Derecho o República es la forma de Estado contemporánea.  Se caracteriza sobre las anteriores por la prelación o preeminencia del elemento Pueblo o Nación en relación con los demás elementos del Estado (Gobierno, Territorio y elemento teleológico o Fin).

Algunos han empezado a agregar calificativos o adjetivos al Estado de Derecho hasta convertirlo en algo ajeno a su esencia o concepción fundamental. El tema es que admite calificaciones, acentos o especialidades en tanto no signifiquen una negación de su fundamento, pues dejaría de ser Estado de Derecho.

Porque es cuestión elemental que se maneje jurídicamente, que haya un sistema democrático y republicano de emisión del Derecho, que haya un tipo de Constitución Política y un sistema jurídica devenido en función de la importancia y concepto de Constitución. La Declaración de Derechos de la Constitución, por ejemplo, no admite toda clase de derechos sino los fundamentales y basados en un poder de autodeterminación (libertad).  Sería absurdo convertir en libertades públicas derechos más bien programáticos o que signifiquen un despojo ajeno.

Asimismo, el modo de emisión y contenidos de la ley como instrumento jurídico han de estar bien definidos. La democracia no puede pasar por encima de la Constitución y sus derechos básicos, pues entonces se convertiría en un Estado sin instancias, sin reglas básicas y en el que simplemente la mayoría lo puede todo. Se supone que tal ha de ser parte de la función de un tribunal constitucional.  

Sin embargo, la elección de magistrados de la Sala ha de tener en cuenta todo ello, pues de no ser así se puede caer en el reino de lo absurdo. La Sala ha sido dadivosa y generosa con lo ajeno. Por ejemplo repartiendo prestaciones (servicios) de la CCSS, estrictamente en sistema hospitalario. El sistema hospitalario fue concebido para asegurados, pero la Sala ha extendido los beneficios, imponiendo solidaridad más allá de las finanzas de la institución.   El resultado es que muchas veces el asegurado sufre un evidente menoscabo de su situación, en ventaja de otros necesitados.  

Es el mismo caso de las filas de la CCSS.  La Sala ha sido generosa y arbitraria pasando a los primeros lugares a quienes reciben citas demasiado espaciadas en el tiempo. Pero el hecho real es que tales resoluciones de la Sala constituyen una abierta violación de los derechos de quienes hacían fila desde antes.
Hace poco la Sala ha establecido que el Instituto de Aguas (AyA o ICAA) debe dotar a determinadas poblaciones indígenas de agua potable, aunque no tengan cómo pagar.  ¡Qué fácil y qué bonito! ¿De dónde saldrán los pagos?  Pues de los demás, de los que sí pagan.  Entonces la tarifa de agua se convierte en un impuesto (de los muchos que ya trae, en cuenta el de bomberos e hidrantes, aunque no se cumpla bien en su ejecución) de repartidera.  Muy meritorio, pero poco preciso en cuestión de derechos constitucionales. 

Algunos menesterosos se organizan y hacen “Asadas”, asociaciones para proveer a los acueductos rurales.  Sacrifican su tiempo y comodidad para proveerse de agua potable.  Algunos logran insertarse en el sistema de AyA y ahí van lidiando con requisitos y necesidades.  Pero ahora la Sala inventa un nuevo derecho a cargo de … ¡sólo Dios sabe quien!

Muy parecido al cuento de que el ICE era muy generoso porque llevaba la electricidad y el teléfono a los grupos que no podían pagar los costos. Solo que nunca lo hizo gratis, porque cobraba la factura a los demás, a su gusto y antojo  (por eso es que el rebalanceo de tarifas le ha costado sangre).  

En estos casos, los operadores estatales (Sala e Ice) inventan derechos más allá del texto de la Constitución y varían algunas concepciones.  Por ejemplo, el inciso 13 del artículo 121 de la Constitución preceptúa cuál es la vía inequívoca para los impuestos.  Los artículos 50 y siguientes establecen el íter y proporción de las Garantías Sociales, en cuenta los seguros sociales, pero ellos los proponen y disponen en otras vías “creativas”, repartiendo alegremente lo ajeno, siendo generosos y dadivosos con los bienes y derechos ajenos y quedando bien.

Entonces los derechos fundamentales se desvalorizan, se ven regateados por las mismas autoridades que juraron cumplirlos y respetarlos y, además, convertimos la gestión y elección pública en una repartidera, un negocio de arrebatar a los demás y una descarada lucha por ofrecer más de lo ajeno e inventar vías y mecanismos para hacerlo.

La lucha electoral se convierte en otra cosa, la gestión pública también y las decisiones políticas por la misma vía.  No es de extrañar que la inversión se espante, que el talento humano se vaya a mejores ambientes y que hasta Intel se marche del país.  

¿Y las Garantías Constitucionales? ¡Hace rato que pesan más las inexistentes demandas demagógicas que las preexistentes libertades públicas!  Es más fácil, taquillero y de moda repartir lo ajeno que seguir al precepto de Justiniano de “dar a cada uno lo suyo”!

Las señales sociales resultan complicadas y ambiguas, la seguridad jurídica se erosiona y la demagogia encuentra caldo de cultivo.  Asimismo, se evade el manejo técnico y apropiado de las instituciones gubernamentales y políticas. Recordemos que de buenas intenciones...

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: la justicia pierde una batalla

La sentencia de sobreseimiento, en favor de un señor exministro Rodrigo Arias, implicado en el manejo de fondos donados al Estado costarricense por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), corresponde a una batalla que ha perdido la justicia. Si no lo hubiese detenido una apelación, el tribunal, integrado por una sola persona,   hubiera cerrado el caso, con setenta candados, para que nunca pueda reabrirse, aunque estén pendientes acciones para conseguir  documentos que el BCIE se niega a entregar y mantiene en las tinieblas, fuera del alcance de la justicia.  

Algunos piensan que conviene esperar a que se logren extraer los documentos faltantes, entre ellos el señor Procurador de la Etica. Cerrar el caso, en estas circunstancias,  conviene al señor exministro y hoy precandidato, pero nunca a la justicia: pues ganó, donde ésta perdió. Es imposible obtener más claridad acerca de la gravedad y profundidad, del problema político que vive Costa Rica.

La fiscalía arrancó mal el caso, en medio de una maraña  de llamadas telefónicas y desconvocatorias a citaciones y, finalmente, pidió al tribunal desestimar la causa, mientras  las pruebas  esperadas, desde los archivos del BCIE, lograban conseguirse. El tribunal decidió que valía más la tranquilidad del exministro imputado, que esperar algo del BCIE.  A lo mejor, el tribunal es capaz de recordar el futuro. Así, oliéndose la tostada y apartando  la vara de la justicia, la sentencia anuncia y reitera un buen futuro para el abuso. Consecuente con su desganado impulso al caso, el señor fiscal general ha manifestado que no hay ningún interés en apelar la resolución judicial, olfateando, seguramente, lo mismo que el tribunal.  Como dice el refrán,  oliva y olivo y aceituno, todo es uno.

Esta sentencia es aún más intrigante, porque sanciona a quienes se les impidió obtener pruebas, en vez de, a quienes lo  impidieron   Aún en su desgano, la fiscalía solicitó tiempo para buscar pruebas que podrían estar en documentación retenida por el BCIE pero, el tribunal, no se inmutó. La Procuraduría de la Etica, estimó que, la fiscalía ni siquiera debió suspender el proceso, sino insistir y  profundizar su actividad para obtener esa documentación y proveer el proceso de prueba necesaria pero, el tribunal, no se inmutó. Aún la Sala Constitucional no resuelve una acción de inconstitucionalidad para declarar inconstitucional la loza sepulcral bajo la que esconde, el BCIE, la documentación completa relacionada con estos fondos, pero el tribunal, tampoco se inmutó.  Al final, el juzgado, en una batalla perdida por la justicia, propone cerrar por siempre el caso;  hacer inútil cualquier insistencia ante el BCIE;  desarticular la acción de inconstitucionalidad presentada para evitar el uso del BCIE como un escondite y, finalmente, sanciona a quienes insistieron en denunciar e investigar. 

Y bien, la sentencia es un hecho. Pero, no se puede concluir, de lo que es…lo que debe ser.  Por más publicidad  y arrogancia que se despliegue en torno al hecho, nunca podrá deducirse que así debió ser o que así debe ser. La justicia no puede perder la guerra, en una batalla. 

Mario Quirós Lara

Tema polémico: la desigualdad social

En varias ocasiones nos han criticado a los liberales por no mostrar interés en el problema de la brecha entre los ricos y los pobres. En gran parte, estos críticos tienen razón: no encontramos sentido en dedicarle tanta atención al problema de la desigualdad social y optamos por concentrarnos en atacar el verdadero problema, que es la pobreza. La desigualdad social, contrario a lo que muchas personas exponen, no es la causa de tantos males que aquejan nuestra sociedad, pero admitimos que una desigualdad social con contrastes tan elevados como es el caso de América Latina, es extraño y no es normal en los países más desarrollados del mundo y amerita un análisis que explique sus razones.

Según el famoso coeficiente Gini que mide la desigualdad, América Latina es la región del mundo con mayor contraste entre ricos y pobres. El 5% más rico de América Latina concentra el 25% de la riqueza, mientras que el 30% más pobre alcanza apenas el 5.5%. Ni siquiera África tiene brechas entre los más ricos y los más pobres tan amplias. Según datos de CEPAL, 36.5% de la población de América Latina vive en condiciones de pobreza y 13,4% en condiciones de extrema pobreza, los que significa que más de 200 millones de personas en la región viven con menos de $2 diarios y cerca de 100 millones vive con menos de $1.

¿A qué se deben estos contrastes tan elevados? Contrario a otras regiones del mundo, América Latina tiene un par de características que, creemos, están directamente relacionada con estos contrastes: el constante irrespeto por la igualdad jurídica que deberían tener todas las personas y el completo irrespeto al imperio de la ley. Las personas más pobres constantemente ven frustrados sus deseos de surgir y aumentar su capital cada vez que quieren iniciar su propio negocio u optar por opciones laborales de mejor remuneración, por causa de un sinnúmero de trabas y requisitos impuestos por el Estado, como lo son regulaciones, permisos, licencias, impuestos, monopolios, salarios mínimos, entre otros, mismos que en ASOJOD hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Por otro lado, parece que, cuando una persona alcanza cierto grado de poder económico o político en la sociedad latinoamericana, las reglas del juego cambian para ellos. Rápidamente, las puertas de favores, privilegios, excenciones, subsidios y preferencias se abren de par en par a su favor. Vivimos en una sociedad en que las personas pueden incrementar su capital fácilmente por medio de corrupción, favores políticos y creación de monopolios u oligopolios que benefician a unos cuantos.

América Latina se diferencia considerablemente de otras regiones del mundo, en que el poder se puede concentrar con mucha facilidad en tan solo unas cuantos manos, lo que hace que sus detentores puedan usar la maquinaria del Estado para decretar quiénes serán los ganadores y los perdedores, impidiendo que quienes estén ajenos a su círculo puedan surgir como resultado de su esfuerzo personal y deseo de superación. Medidas mercantilistas que traen consecuencias nefastas y que lamentablemente le achacan al capitalismo y al liberalismo cuando en realidad no tienen absolutamente nada que ver con las ideas que exponemos nosotros.

Ahora bien, las medidas que recurrentemente siguen tomando los gobernantes para disminuir esta brecha es la trillada fórmula de quitarles a los ricos para darles a los pobres. Siguen con la majadería de creer que una solución a este problema podría ser el desincentivo de la generación de riqueza y la alcahuetería a la pobreza. Pero por supuesto, esto sin afectar al círculo de amigos que concentran el poder. Por eso seguiremos viendo golpe de Estado tras golpe de Estado, revolución tras revolución, populismo tras populismo.

Sin lugar a dudas, los políticos tradicionales no se han dado cuenta que el círculo está en las cobijas y que para solucionar buena parte de los problemas de la región se requieren reglas claras, simples, transparentes y que no sean modificadas para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Sin embargo, hacer esa reflexión no sólo requiere de decencia, honestidad e inteligencia, sino también de una renuncia expresa a las facultades todopoderosas de nuestros gobernantes. Hasta tanto eso no suceda, América Latina seguirá transitando por la senda del subdesarrollo y quienes quieran surgir, tendrán que buscar tierras menos hostiles a sus pretensiones.

Viernes de Recomendación

Para este día les presentamos el atículo: "El nacionalismo y la naturaleza humana" de Carlos Alberto Montaner. En dicho artícul, el escritor cubano explica el surgimiento del nacionalismo desde una perspectiva biológica, con el fin de establecer marcos institucionales efectivos que permitan encausar debidamente este rasgo biológico humano, con el fin de establecer una convivencia pacífica entre los distintos grupos.

Falacias del liberalismo: EL LIBERALISMO DESCANSA EN LA LEY DE LA SELVA.

La expresión “ley de la selva” aplicada a la posición liberal se usa básicamente para dar a entender que en dicho orden político cada persona está por sí misma, sin tomar en cuenta a las demás, en donde todo se vale, primando la supervivencia del más fuerte. La falla atribuida al liberalismo es que asume que la persona tiene como único interés el propio y que no toma en cuenta a intereses distintos de éste, actuando así en consonancia.

El liberalismo como sistema político está reglado por el principio de legalidad, que esencialmente garantiza la libertad de cada individuo frente a la coerción. Esto es, asigna al Estado la función de protegerlo del abuso que otros puedan pretender imponer sobre su persona. Se supone que en una “ley de la selva” el más fuerte sería quien se impusiera –como “animalitos”- mientras que en una sociedad liberal el principio de la igualdad ante la ley de las personas garantiza la igualdad de los derechos de cada individuo. Esto implica someter con la fuerza de la ley ejecutada por el Estado a quien pretenda despojar a otros de de su libertad innata. “El más fuerte” sería así restringido cuando intente ir más allá de los límites fijados a su propia libertad, esencialmente que se le impida traspasar los dominios de libertad de otras personas en sociedad.

En el sistema liberal el monopolio de la fuerza en manos del Estado garantiza que los individuos sean iguales ante la ley. Garantiza la libertad de los individuos ante quien amenace despojarles de ella. En la concepción liberal el Estado es también limitado, a diferencia de lo que caracteriza a órdenes políticos totalitarios. Aquí resulta crucial la existencia de una Constitución que de alguna manera reconozca los derechos primarios innatos a las personas; esto es, su libertad, ante el poder del Estado. Es necesario que el Estado tenga un lugar propio limitado por el principio de legalidad, de manera que se proteja a las personas del abuso que ese Estado puede cometer contra ellas.

Entre las instituciones básicas que se ha ido diseñando a través del tiempo para limitar dicho poder del Estado se encuentran no sólo aquellas propias del orden político, tales como división de poderes, frenos y contrapesos entre distintos poderes públicos, la existencia de un parlamento, sino crucialmente el derecho a la propiedad que poseen las personas. Como dice Hayek, “La ley, la libertad y la propiedad son una trinidad inseparable. No puede haber ley en el sentido de reglas universales de conducta que no determine límites a los dominios de la libertad al fijar reglas que permiten a cada cual estar seguro de adónde es libre de actuar.” (Friedrich A. Hayek, Law, Legislation and Liberty, Vol. 1: Rules and order, Chicago: The University of Chicago Press, 1973, p. 107). De aquí se deriva aquella idea fundamental de que los individuos son libres de actuar en todo aquello que la ley no prohíba, en tanto que el Estado sólo puede actuar en aquello que la ley le permite hacerlo.

En la anarquía –ausencia de Estado- regiría la ley del más fuerte en el sentido de que no habría ley que limitara tal posibilidad (excepto algunos teóricos que señalan que la ley, mediante la costumbre, surgiría espontáneamente, limitando el accionar de los individuos). No voy a referirme al tema de las utopías como tampoco al hecho de que es imposible, en un orden que cambia permanentemente como el liberal, definir para siempre los derechos de propiedad, lo cual requiere de un Estado que evite conflictos sobre derechos de propiedad que los defina. Me parece que este es un papel que el Estado debe desempeñar en un orden político liberal.

Por lo expuesto, se puede rechazar la aseveración inicial de que el orden liberal se apoya en la llamada “ley de la selva”, sino todo lo contrario dado que, si bien limita el papel del Estado a un mínimo necesario para garantizar la libertad de los individuos, el interés propio se ve limitado por el derecho que por ley poseen las demás personas.

Una consideración final acerca de la idea de que la falla del liberalismo radica en que en dicho orden político la persona tiene como único fin el interés propio sin tomar en cuenta otros intereses diferentes a éste. A esto es lo que en ciertos sectores se le ha llamado el carácter egoísta del liberalismo. Otras versiones destacan que el liberalismo se fundamenta en la avaricia o en el consumo sin freno. Pero hay un error en adscribirle exclusividad en cuanto a defectos humanos, que son propios de cualquier orden político. Por ello me parece muy afortunada la advertencia que formula Schwartz, al indicar que “todos esos vicios connaturales a los seres humanos (avaricia, egoísmo, prepotencia ante el consumo) aparecen en la sociedad libre más a las claras que en las pacatas (tímidas, tranquilas o pacíficas) sociedades cerradas de la Edad de Oro ‘dichosa’, como decía Don Quijote, ‘porque entonces los que en ella vivían ignoraban dos palabras de tuyo y mío.’” (Pedro Schwartz, “Los límites de la razón y la ética del liberalismo,” en Nuevos Ensayos Liberales, Madrid: Espasa Hoy, 1999, p. 223. Los paréntesis son míos.).

No sólo las sociedades abiertas son precisamente más abiertas en cuanto a que permiten reflejar las debilidades individuales, pero no significa ello que tales debilidades están ausentes en otros órdenes políticos, los cuales, al posiblemente no ser tan abiertos como el orden liberal, lo que hacen es ocultar tales condiciones. En todo caso, el error radica en confundir el término egoísmo con lo que podría denominarse amor propio, que cuando se degenera es que se convierte en egoísmo. Por ello es que Adam Smith en la Teoría de los Sentimientos Morales nos dice que “También interesarse en nuestra propia felicidad e interés en muchas ocasiones aparecen ser principios de acción muy plausibles. Los hábitos de la economía, la industria, la discreción, la atención y la aplicación del pensamiento, se suponen que generalmente son cultivados a partir de motivaciones en el interés propio y al mismo tiempo son entendidos como calidades muy valiosas que merecen la estima y aprobación de todos.” (Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments, Indianapolis: Liberty Classics, 1969, p. 481.).

La libertad, que es la base del orden liberal, para proseguir los intereses propios es tan importante para el individuo egoísta como al mayor de los altruistas, quienes así pueden actuar en el logro de sus propias escalas de valores. Lo normal en la conducta de las personas es incorporar los intereses propios en su toma de decisiones, pero también los de sus familias, amigos, vecinos y asociados; esto es, como dice Hayek, “Uno de los derechos y deberes fundamentales del hombre libre es decidir qué necesidades y qué necesitados se les antojan más importantes” y señala que “parte esencial de la libertad y de las concepciones morales de una sociedad libre es la elección de nuestros asociados y, generalmente, de aquellos cuyas necesidades hacemos nuestras.” (Friedrich A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Madrid: Unión Editorial, 1975, p. 94).

Carlos Federico Smith

En Guardia

Voy a rebatir la parodia de Alf Giebler, publicada en La Nación el pasado jueves bajo el título “¡Qué rico el caos vial!” Mi respuesta es: Se abrió para darle rico.

Dice que el próximo paso de quienes adversamos la restricción vehicular sería “plantear otro recurso para eliminar señales de alto, semáforos y restricciones de velocidad.” No sé si peca de ingenuo o ignorante. Yo soy liberal, no estúpido. Sé muy bien que todo derecho nace con limitaciones (soy abogado), pero sé también que en la jerarquía de las normas la Constitución prima sobre los decretos ejecutivos y no es válido restringir libertades ni imponer sanciones por decreto. ¡Elemental, mi querido Giebler!

El Mopt restringió la circulación sin fundamento e impuso multas sin tener facultades para ello. Y, claro, la Sala IV lo frenó. Empero, dice Alf que los magistrados “se pasaron”. Alf. ¡Oh Alf! Yo le pregunto: ¿Se pasaron de listos, ignorantes, o insinúa que prevaricaron para defender intereses privados? Yo, en cambio, pienso que actuaron bien al juzgar la constitucionalidad del decreto. Permitir al Ejecutivo gobernar por decreto ignorando las garantías es muy peligroso. Solo cabe en regímenes totalitarios.

Luego dice que “no pensamos en el prójimo, la colaboración y disciplina vial”. De nuevo, se resbala. Sí pensamos en el prójimo, pero lo hacemos inteligentemente. Prójimos son los 4,5 millones que vivimos en Costa Rica y merecemos una solución más eficaz. Insistir en nuestra maldad “por pretender que el Gobierno debe resolver, sin ayuda nuestra, el problema” revela una pobre visión de Estado. Los problemas no se resuelvan por colaboración espontánea. Al Estado le corresponde construir puentes y carreteras. Para eso pagamos tasas e impuestos. Esa es nuestra colaboración. Y si no hay recursos suficientes para un plan vial, puede ajustar impuestos o contratar empréstitos y cumplir su deber. Eximirlo de responsabilidad y permitirle escapar ileso es inaceptable.

Finalmente, arguye que no me da la mente para contar placas y calcular los vehículos fuera de circulación. Bueno… Pero yo no me refería a un cálculo tan simplón. Estudios realizados en el exterior demuestran que las restricciones se evaden a largo plazo pues la gente se acomoda, circula por vías aledañas, o adquiere otro vehículo. La Defensoría demostró que en este corto tiempo las presas se habían desplazado a caminos y calles aledañas para evadir la restricción. Ahora volvieron al centro de la capital. Si se restaura la prohibición se haría nugatoria a largo plazo, el Gobierno continuaría evadiendo sus deberes, y habríamos sacrificado una libertad fundamental.

Jorge Guardia

El poder y el delirio: todos a las balsas

Enrique Krauze es un especialista en caudillos. Krauze es un gran historiador mexicano que ha puesto bajo la lupa a estas peculiares criaturas. ''Hay gente pa'tó'', decía el torero. Pudo darle por las arañas o los escorpiones, pero le dio por los caudillos. Y es bueno que así sea. El caudillismo es una patología endémica en América Latina y entenderla es una manera de tratar de evitarla o, al menos, de aprender a sobrevivirla, aunque hasta ahora no se conoce otra cura que salir corriendo hacia las balsas al primer síntoma de que ha llegado un tipo a salvarnos.

Prácticamente todos los países de este pobre mundillo nuestro latinoamericano han padecido a los caudillos. Son esos tipos palabreros y carismáticos, tuteadores de Dios, que cuando estamos en crisis se encaraman en una tribuna, seducen a las masas, se apoderan de la casa de gobierno, hacen trizas las instituciones, agotan el tesoro, nos endeudan hasta las orejas, se declaran indispensables, se eternizan en el poder y, como no se están quietos, y están llenos de iniciativas extravagantes, agravan hasta la locura todos los problemas que existían antes de la aparición de ellos en un carro de fuego.

En el siglo XX los dos caudillos más emblemáticos y pintorescos de América Latina han sido el argentino Perón y el cubano Fidel Castro. Perón murió en 1973, pero como el peronismo tiene algo de tablero de Ouija, Perón sigue dando guerra por medio de una variopinta descendencia ideológica que incluye gente de rompe y rasga a la derecha de Gengis Khan y a la izquierda de Lenin. Fidel Castro no ha conseguido morirse todavía, pero lo ensaya tesoneramente desde el verano de 2006, cuando se le amotinaron en los intestinos unos divertículos al servicio de la CIA que lo han dejado flaquito y turulato, como esos viejitos locos que uno ve riéndose y hablando solos en todos los pueblos españoles.

Hugo Chávez, en fin, es hijo de Fidel Castro y nieto de Juan Domingo Perón. Enrique Krauze acaba de filiarlo con total precisión en un brillante libro que, desde ya, se convierte en lectura indispensable para todo aquel que se empeñe en la ingrata tarea de tratar de comprender a la América Latina de nuestro tiempo. La obra se llama El poder y el delirio, la publicó Tusquets en España, y es un estudio a fondo de Venezuela y de Hugo Chávez, lo que inevitablemente precipitó a su autor a mezclar la historiografía con el ensayo, el periodismo, la entrevista y el psicoanálisis, porque sólo así, con una mirada poliédrica, como de mosca, se puede abordar de manera inteligible un drama tan complejo e irracional como el venezolano.

El asunto es muy importante. Aunque Hugo Chávez es un personajillo de cuarta categoría, una especie de Idi Amin Dada de Sabaneta, conecta muy bien con una amplia zona de América Latina que pertenece a esa misma liga --la del populismo mágico que compra y vende conciencias con dinero público, hasta que las conciencias y el dinero se acaban--, y a base de petrodólares está creando su imperio ideológico a una sorprendente velocidad. A diferencia de su padre Fidel, que en enero cumplirá cincuenta años al frente del negocio de mandar, en su larga vida de tirano intervencionista sólo pudo colonizar a Nicaragua, y apenas durante una década, Chávez ya cuenta con Bolivia, Ecuador y Nicaragua bis, mientras se afila los dientes ante el probable triunfo del chavismo en El Salvador dentro de pocos meses.

¿A dónde irá a parar este fenómeno? Descartarlo porque es una cosa disparatada no parece sensato. Mussolini y Hitler, bien mirados, eran también un par de payasos intoxicados con las más absurdas teorías y eso no les impidió seducir a las muchedumbres y organizar el peor matadero de la historia. Hay países, hasta ahora, que parecen inmunes al chavismo (Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Colombia, tal vez México, en general los que el embajador norteamericano Manuel Rocha llama ``América Uno''), pero el resto del continente puede sucumbir a esta enfermedad y arruinar con ello a un par de generaciones tontilocas. Francamente, no es mucho lo que puede hacerse. Por lo pronto, sentarse a leer cuidadosamente El poder y el delirio, cruzar los dedos de que no nos toque, e ir fabricando una balsa, que fue lo que se le ocurrió al avispado Noé cuando se olió que iba a comenzar a llover.

Carlos Alberto Montaner

Argentina: El gobiernos está protegiendo tus ahorros

En varias oportunidades sufrí situaciones de inseguridad complicadas. La mas grave fue cuando un malhechor a punta de pistola me exigió dinero. Alguien me iluminó y le dije "tranqui, hoy laburé para vos, la que tengo es tuya". El ladrón se tranquilizó tomó su botín y se marchó. Gracias a Dios sigo vivo y cuento esta película.

Mientras la Presidenta Cristina Kirchner anunciaba la pulverización del sistema de capitalización privado, la incautación de las cuentas individuales y la nacionalización compulsiva del sistema previsional, me acordé de aquel malhechor que me robó el dinero.

Una diferencia no menor hay entre aquel hecho de inseguridad física y éste de inseguridad jurídica. El ladrón privado sabía que yo le estaba mintiendo. Sabía perfectamente que no lo esperaba ni me había esforzado para él. Yo también sabía que él sabía. El contrato era bien claro. Se trataba de un robo.

El gobierno no fue tan sincero como aquel ladrón. No se animaron a decir lo que estaban haciendo.

Al mejor estilo orwelliano modificaron la acepción de una palabra para ocultar la verdadera intención. Hablaron de "rescate de los fondos privados personales que se devaluaban en manos de las AFJP (Administradoras de Fondos de Jubilación Privados)".

Todo el Gran Buenos Aires (Reino de la inseguridad) , no conoce un ladrón que le diga a su víctima: "quedate tranquilo te robo el auto y así te evito el gasto en mantenimiento, patentes, combustibles, seguros, etc en realidad te estoy rescatando".

La estrategia del gobierno es imponer en el debate que se trata de un tema "previsional". Que en realidad las AFJP administraban mal los fondos de los cotizantes y ante esa falla, el estado aparece como salvador.

En rigor la discusión es plenamente fiscal. El estado necesitaba dinero para cubrir el déficit fiscal que está a la vuelta de la esquina. El 2008, era hasta el 21 de octubre, el año donde los intentos de voracidad fiscal fracasaban uno tras otro. En julio el revés del aumento de las retenciones móviles, en agosto el intento fallido de "insertarse" en el mercado de crédito internacional a través del pago al Club de París y la oferta a los Hold Outs.

Argentina tiene vencimientos de deuda pública del orden de los $ 18.000 millones promedio para los próximos tres años en un contexto de caída vertiginosa del superávit fiscal producto del enfriamiento de la economía, la baja de precios de los commodities y la caída del impuesto inflacionario.

De hecho los 35.000 millones de pesos de superávit en 2007 que eran explicados por retenciones y el impuesto al cheque este año será menor y el próximo menor aún.

Los fondos privados incautados con esta medida ascienden a un stock de 95.000 millones de pesos y a un flujo de 14.000 millones de pesos anuales más el ahorro en intereses y capital por los 55.000 millones de pesos en títulos públicos que serán "transferidos" al Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social).

Los argentinos conocemos bien la película. Los fondos serán licuados y el Anses más temprano que tarde volverá a su histórica condición deficitaria. Las futuras administraciones tendrán un sinfín de excusas para librarse de la la culpa de los magros a haberes futuros.

Todos los controles prometidos son letra muerta. "Comisiones bicamerales", "La oposición en el Anses", "publicidad de los actos", "Comisión de sindicalistas, industriales y políticos notables" son parte del humor trágico argentino.

El dato relevante para los argentinos es saber quién es la próxima víctima y cuál es el próximo botín. ¿Los seguros de retiro?, ¿los prepagos médicos?, ¿los depósitos bancarios?, ¿los plazos fijos?, ¿las cajas de seguridad?, ¿las tenencias accionarias?, ¿las recaudaciones de los recitales de Mercedes Sosa y Madonna?, ¿la venta de entradas del próximo superclásico?, ¿la recaudación de monedas de las líneas de colectivo?, ¿las recaudaciones de la obra Evita financiada por el Estado de la Presidencia de Buenos Aires?,

Cuando el estado es voraz y no hay límites, incluso lo que parece ridículo es altamente probable.

No extraño a aquel ladrón, pero ciertamente fue mucho más sincero. Estaba afanando, lo dijo, afanó y se fue (Obviamente no lo agarraron).

Gustavo Lazzari

A 40 años de Praga

Este 21 de agosto se cumplen 4 décadas del intento soviético de suprimir a los checoslovacos. A diferencia de la matanza en Hungría 12 años antes, esa vez los totalitarios se cuidaron de no hacer de Praga un altar de la libertad, porque los soviéticos habían aprendido en Budapest que, aunque se mata al hombre, se inmortaliza al Hombre, que siempre sale avante en estos forcejeos entre la libertad y la tiranía.

Solo han pasado 40 años, y el mundo es otro. El otrora invasor ya ni siquiera existe, excelente advertencia para los aprendices de tirano –sobre lo efímero del poder– como lo es también la existencia del nuevo Tribunal Penal Internacional en La Haya. Los “Breznev” de la época no tuvieron esa amenaza. Ahora sí tenemos con qué perseguirlos implacablemente hasta el fin del mundo, por delitos espeluznantes, pero dichosamente imprescriptibles.

Aprendizaje. ¿Qué aprendimos de Praga? Lo que ya sabíamos: que los molinos del Señor muelen lento, pero fino. Todo intento de doblegar el espíritu humano es tan estéril como estúpido. Los nazis no pudieron con los judíos, ni los soviéticos con húngaros o checos. Debieron aprender del fracaso de los ingleses contra Gandhi, y echar para su saco.

Sin embargo, en su matrimonio frustrado con el poder legítimo, los soviéticos trataron el asunto como solo un militar sabe: a lo bestia. Paradójicamente, en su propia casa no pudieron doblegar a Sakarov; y Solzhenitzin acaba de morir en paz, mucho tiempo después de la autodisolución de esa fingida “Unión de Repúblicas”, farsa federal en la cual el Kremlin lo único que hizo fue cambiar de tirano: un Zar por un Secretario General, y una aristocracia por la “nomenklatura ” del Partido. ¿Y la dictadura del proletariado? Muy mal, gracias.

Recordemos a Praga porque pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. En actos de verdadera desmemoria histórica, la humanidad vuelve a caer sucumbida y deslumbrada ante los Mugabes y Chávez, nuevos Mesías surgidos precisamente al calor del olvido histórico.

La tentación totalitaria se mantiene vigente, porque el poder tiene un “no se qué ” que lo hace tan sensual, embrujador e irresistible para aquellos que padecen delirios de grandeza. Algunos Narcisos se autoveneran (ellos solo se hacen daño a sí mismos); otros dan golpes de Estado, emprenden limpiezas étnicas y arrastran a la colectividad a la hecatombe, con lo cual su problema personal se convierte en crisis nacional y humana. Esos son los peligrosos, que tenemos que controlar. Llámese el Partido, el Presidente o sus amigos, en cualquier momento y lugar resurgen brotes de actos ilegítimos para hacerse con el poder a la brava, ya sea con invasiones y tanques, golpes de Estado o fraudes electorales.

No olvidar. Hay que recordar el Holocausto, Hungría, Praga, Tlatelolco y Tian Amen, no por morbo o masoquismo, y menos aún para llenarnos de rencores, sino para asegurarnos de que nunca se repitan.

No olvidemos, para que el término “genocidio” se convierta en un recuerdo jurásico, un arcaísmo que se refiera a trágicos tiempos idos, que solo pueda ser explicado como una aberrante curiosidad de la destructividad humana, en una clase de “psicología arqueológica” o de historia del terror.

Las masacres de Sbrenica y Ruanda le dan al genocidio una vergonzosa actualidad. Que estos aniversarios –como el de la invasión a Checoslovaquia– sean precisamente eso: solo malos recuerdos, que nos mantengan vigilantes para detectar y detener a tiempo, cualquier amenaza totalitaria.

Agustín Ureña Álvarez

Chávez ve a Cuba como un modelo

Para nadie es un secreto que Hugo Chávez quiere algún día ser como Fidel Castro. La semana pasada, Chávez dio un paso más hacia esa meta al emitir 26 nuevos decretos diseñados para derrumbar los derechos de propiedad y consolidar aún más su poder económico en el palacio presidencial. También nacionalizó al tercer banco del país.

Sin embargo, Hugo no sólo está imitando a su ídolo cubano en lo económico. Lo que ha sido menos difundido es la creciente colección de prisioneros políticos del presidente venezolano, y sus otros métodos siniestros para neutralizar a sus opositores.

Las medidas económicas de la Revolución Bolivariana ya son preocupantes de por sí. El gobierno ha proclamado a la producción y distribución de alimentos como un bien público, lo que significa que el Estado puede intervenir de la manera que quiera. De hecho, ya lo ha hecho, y muchos creen que Chávez tiene en la mira a Polar, una empresa local de alimentos y bebidas, para nacionalizarla.

Chávez ha pasado casi una década intentando transformar a Venezuela en una economía de planificación centralizada. Los resultados son funestos. Hay escasez de alimentos, la inversión del sector privado y el empleo se están reduciendo y la inflación en los últimos 12 meses es de cerca de 34%. El aumento de la tasa de homicidios sugiere que se está desmoronando el orden civil.

Sin embargo, Chávez parece satisfecho con las circunstancias, mostrando otra forma en la que se parece a Castro: ambos son narcisistas antes que cualquier otra cosa y ambos están motivados por un intenso deseo de gobernar como un caudillo. El bienestar del país no importa.

En términos políticos, esto significa que todos aquellos que desafíen el poder del presidente deben ser silenciados, por la fuerza, de ser necesario. A diferencia de lo que han dicho Jimmy Carter y el senador estadounidense Chris Dodd sobre que la Venezuela de Chávez es una democracia, este gobierno está tratando de aniquilar a su competencia política.

Chávez no ha tenido que ser duro con demasiados venezolanos. Pocos son lo suficientemente seguros como para desafiarlo y muchos han sido fáciles de cooptar, al atar su supervivencia financiera a la agenda del gobierno. Además, Venezuela es un lugar conocido por su corrupción: no es sólo el círculo interno de Chávez el que está disfrutando de la fiesta.

Aun así, hay unos pocos que no han podido ser comprados o intimidados; para ellos, Chávez ha tenido que usar su propia versión de "la ley".

La semana pasada, su Corte Suprema, elegida a su voluntad, estableció que 260 candidatos a las elecciones municipales y provinciales de noviembre, la mayoría de los cuales se oponen a Chávez, serán impedidos de participar en la votación, por haber sido acusados de corrupción.

Por supuesto, esto no funciona realmente así en la ley venezolana, ya que a una persona sólo se le puede prohibir participar en las elecciones si es encontrada culpable. No obstante, el gobierno de Chávez encontró una forma de solucionar ese problema. Ninguno ha sido llevado a juicio, pero el Contralor Nacional, un chavista, los declaró culpables arbitrariamente.

Un peor augurio es la creciente lista de prisioneros políticos. Uno de ellos es Iván Simonovis, el antiguo jefe de la policía metropolitana de Caracas, quien durante su gestión se ganó la reputación de ser un profesional disciplinado y dedicado en su lucha contra el crimen. Simonovis era el principal policía en la ciudad el 11 de abril de 2002, el día de una protesta masiva que provocó la breve renuncia del presidente.

Ese día, 17 personas fueron asesinadas y una fuerza policial independiente habría tratado de encontrar a los responsables. Pero Chávez asumió el control de la policía metropolitana. Simonovis fue arrestado el 22 de noviembre de 2004, acusado de ser responsable de tres de esas muertes.

Su esposa Bonny es una de sus abogadas. Hablé con ella por teléfono el jueves y me dijo que retener a un sospechoso por más de dos años va en contra de la ley venezolana, pero sus apelaciones para obtener su libertad han sido rechazadas. También dijo que durante los tres años y ocho meses de su encarcelación su esposo ha sido mantenido en confinamiento solitario en una celda de cuatro metros cuadrados sin ventanas o ventilación. Su salud se ha deteriorado.

El juicio, que comenzó el 20 de marzo de 2006, ahora es el más largo en la historia de Venezuela. Las deposiciones finales deberían haberse hecho la semana pasada, pero el juez le dio a la fiscalía más tiempo para revisar los argumentos. La esposa de Simonovis dice que esto significa que el caso puede extenderse por meses, aunque no se ha presentado evidencia que pueda condenar a su marido.

Otro prisionero político es el teniente coronel de la Guardia Nacional Humberto Quintero, responsable de la captura del líder terrorista colombiano Rodrigo Granda en territorio venezolano en diciembre de 2004 y que luego lo entregó a Colombia. Quintero debería ser tratado como un héroe en Venezuela. En cambio ha sido enviado a una prisión de máxima seguridad y supuestamente ha sido torturado.

Estos hombres están siendo castigados por no estar de acuerdo con el chavismo. Sus arrestos también sirven como advertencia para el resto del país: si decide cruzarse en el camino de las aspiraciones caudillistas de Chávez, lo hace bajo su propia cuenta y riesgo.

Mary Anastasia O'Grady

¡Lamentable!

Ayer, el estado de Texas ejecutó al reo mexicano José Medellín por la violación y asesinato de dos adolescentes en Houston. Esto a pesar de que el Tribunal Internacional de Justicia, había establecido que dicha ejecución debía ser suspendida, para investigar si al imputado se le habían respetado sus derecho a la asesoría consular.

En ASOJOD condenamos dicho hecho, creemos que en todos los casos se debe dar un cumplimiento estricto de las garantías que informan al debido proceso, pues sin ellas todo juicio se convierte en una gran pantomima en donde el imputado no tiene los mecanismos adecuados para preparar su defensa.

Esperamos que por el bienestar del Estado de Derecho, este tipo de prácticas sean eliminadas de la actividad judicial. Estados Unidos tiene mucho por hacer en este tema,:un buen ejemplo de ello vendría a ser Guantánamo.

También reprochamos el irrespeto a los organismos de derecho internacional. En ASOJOD pensamos que todos aquellos países que se suscriban voluntariamente a los mismos, se encuentran moralmente obligados a respetar sus resoluciones, independientemente de la coacción que tengan o no dichos organismos para obligar a los estados que incumplan a acatar sus decisiones, pues en ejercicio de su soberanía decidieron vincularse a ellas.

En ASOJOD seguiremos denunciando las violaciones a los derechos individuales sin importar de donde vengan.

El problema es el Peronismo

Alexis de Tocqueville en su obra sobre el antiguo régimen y la Revolución conjeturaba que aquellos países de gran progreso moral y crematístico tienden a dar esto por sentado. Momento fatal puesto que otras tradiciones de pensamiento ocuparán los espacios vacantes. Esto es lo que ocurrió en la Argentina. De ser un país que estaba a la vanguardia de las naciones civilizadas, bajamos a niveles inauditos que sorprendieron al mundo.

En gran medida, el comienzo de la decadencia estuvo marcado por el abandono de espacios universitarios y educativos, a los cuales irrumpieron corrientes como las cepalinas, keynesianas, colectivistas, revisionistas y nazi-fascistas que poco a poco fueron demoliendo los principios de la sociedad abierta.

Los primeros síntomas de inapropiada intromisión estatal se pusieron claramente de manifiesto durante el gobierno de Yrigoyen (quien abandonó la buena línea trazada originalmente por Leandro Alem), lo cual fue luego intensificado con la Revolución fascistoide de 1930 en la que no solo Uriburu tenia preparado un proyecto de Constitución corporativa y anti republicana, sino que, después de la felonía de vetarse el binomio Alvear-Güemes, el gobierno siguiente (de la Concordancia) implantó medidas como el impuesto progresivo, las juntas reguladoras, la banca central y las manipulaciones en la tasa de interés y el tipo de cambio. A continuación, como escribe Emilio Hardoy, “una elección irregular consagra el triunfo de la fórmula oficialista Ortiz-Castillo”. El clima de estatismo imperante se enancó a la xenofobia nacionalista que se había extendido debido a libros y artículos, entre muchos otros, tales como los de Manuel Carlés, Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas y Manuel Gálvez que abonaron el terreno para el clima nazi-fascista del peronismo que sobrevino.

Como es de público conocimiento el peronismo desconoció por completo la división de poderes, avasalló la justicia y los órganos de contralor, comenzó con una escalada de corrupción alevosa, el gasto público, el endeudamiento estatal y la presión fiscal se elevaron notablemente, el control sobre el comercio exterior fue asfixiante a través del IAPI (Instituto Argentino para Intercambio), se introdujo la ley de asociaciones profesionales y convenios colectivos —copia de la Carta di Lavoro de Mussolini— se hicieron férreas las obligaciones de aportar el fruto del trabajo ajeno a cajas gubernamentales, se estatizaron empresas privadas y se reformó la Constitución instaurando una de raíz totalitaria con una cláusula de reelección indefinida.

Hay tres frases de Perón que ilustran bien sus inclinaciones. En 1970: “Si la Unión Soviética hubiera estado en condiciones de apoyarnos en 1955, podía haberme convertido en el primer Fidel Castro del continente”, en 1952, “Al enemigo, ni justicia” y, en 1947, “Levantaremos horcas en todo el país para colgar a los opositores”.

Ezequiel Martínez Estrada ha escrito que “Perón organizó, reclutó y reglamentó los elementos retrógrados permanentes en nuestra historia [...] Perón infiltraba legiones de fascistas, nacionalsocialistas y falangistas [...] El peronismo es una forma soez del alma de arrabal, [...] el GOU acaudillado por Perón, esta secta que era diametralmente opuesta a la Logia Lautaro, impuso una dictadura de tipo totalitaria [...] Eran las mismas huestes de Rosas, ahora enroladas en la bandera de Perón, que a su vez era el sucesor de aquel tirano [...] Una característica sobresaliente de la política de Perón, tanto en su campaña proselitista como en su programa doctrinario, es que recogió con prolija minuciosidad de hurgador en los tachos de basura, los residuos de todas las actividades nacionales, en los órdenes espiritual y material [...] Atacó la libertad de imprenta y los principios democráticos que hacían posible la crítica a su dictadura [...] No hubo campos de concentración pero si salas de tortura”.

Américo Ghioldi apunta que “el Estado totalitario reunió en manos de la esposa del Presidente todas las obras, los presupuestos, los recursos dispersos y los proyectos de realización periódica regular, de manera que aquella podía aparecer como la creadora de una realidad sacada de la nada, cuando en verdad era la suma de las obras que se cumplían normalmente [...] Por otra parte, el gobierno totalitario puso los poderes de coacción, de violencia y de amenaza en las atrabiliarias y caprichosas manos de la esposa del primer magistrado, la que impuso unas ´contribuciones espontáneas´ de personas, empresas, instituciones, capitalistas, trabajadores etc.[...] El Estado totalitario había fabricado de la nada el mito de la madrina, [...] en nombre de esta obra social, la Fundación despojó a los obreros de parte de sus salarios”.

Robert Potach señala que “A pesar de que ya en el pasado Perón no había vacilado en clausurar periódicos, su gobierno, a fines de 1949, inició una campaña de intensa hostilidad contra las publicaciones independientes [...] No pudiendo sino darse por enterado de que las acusaciones por robos y estafas surgían de todos los ámbitos, Perón apeló a una lógica extravagante y culpó a las víctimas”.

Como Procurador General de la Nación, Sebastián Soler dictaminó que “Antes de la revolución de septiembre de 1955 el país se hallaba sometido a un gobierno despótico y en un estado de caos y corrupción administrativa [...] Como es de pública notoriedad, se enriquecieron inmoralmente aprovechando los resortes del poder omnímodo de que disfrutaba Juan Domingo Perón y del que hacía partícipe a sus allegados”. Incluso sus pares del ejército de aquel entonces constituyeron un Tribunal de Honor, integrado por los tenientes generales Carlos von der Becke, Juan Carlos Bassi, Victor Jaime Majó, Juan Carlos Sanguinetti y Basilio D. Pertiné , fallo en el que se lee, con fecha de octubre 27 de 1955, que “En mérito de los resultados de las votaciones que anteceden, el Tribunal Superior de Honor aprecia, por unanimidad, que el señor General Juan Domingo Perón se ha hecho pasible, por las faltas cometidas, de lo dispuesto en el No. 58 del apartado cuarto del reglamento de los tribunales de honor, ´descalificación por falta gravísima´, resultando incompatible con el honor de la institución armada que el causante ostente el título del grado y el uso del uniforme, medida ésta la mas grave que puede aconsejar el tribunal”.

No podemos mirar para otro lado haciéndonos los distraídos. Hay demasiados vergonzantes, timoratos y acomplejados que esquivan los problemas y no parecen percatarse que no es posible reorganizar el país en base al ejemplo de la desorganización mas palmaria. No resulta serio ni es sincero aquello de autoproclamarse demócrata y peronista al mismo tiempo. Las pruebas están a la vista. Este es el sentido por el que Borges consignó que “los peronistas son incorregibles”. Por mas maniobras gatopardistas, con métodos antirrepublicanos no se construye una República: alguien tiene que decir en voz alta y sin rodeos que “el emperador está desnudo”. No resulta posible revertir semejante lastre para quienes reivindican el origen peronista de la delación y la implacable monopolización de procedimientos, lecturas y ritos tales como la marchita en la que el caudillo se hacía decir “que grande sos” y otros despropósitos.

En este contexto, no es mucho pedir que la ciudadanía que se considera responsable no le brinde apoyo electoral a las manifestaciones de la corriente de marras puesto que todas veneran el mismo tronco del que provienen, lo cual incluye los desaguisados mayúsculos de la última presidencia del caudillo que, entre otras cosas, quedan ilustrados por los pavorosos incendios provocados en los ministerios del frustrado autócrata de la economía José Ber Gelbard y del cabo devenido en criminal José López Rega.

Pero no se trata de circunscribirse a un intenso espasmo cívico el día de las elecciones, el asunto clave consiste en preguntarnos en que contribuimos cada uno de nosotros todos los días para que nos respeten. Tenemos en la Argentina múltiples problemas que lamentablemente se vienen acentuando debido discursos y anuncios retardatarios. Pero no parece que pueda pensarse con rigor en soluciones para dichos problemas mientras no se perciba, como primer paso, que el peronismo encarnó la degradación mas brutal de los valores que hicieron de ese país uno de los mas prósperos del planeta y, como ha escrito Einstein, “los problemas no pueden resolverse con quienes los han creado”.

Alberto Benegas Lynch

Argentina: Los sistemas autocráticos no dialogan, imponen

El conflicto con el campo sacó a la luz la necesidad de discutir no sólo una determinada política económica sino, además, las bases republicanas del país.

Antes de la protesta del campo, ya se sabía que la economía estaba deslizándose rápidamente hacia una crisis. La inflación se había disparado mucho antes del paro agropecuario, mientras que los problemas energéticos, fiscales y ausencia de inversiones eran más que evidentes. Hoy, por lo tanto, no estamos asistiendo a una crisis política, social y económica inesperada ni gratuita, sino que vivimos el resultado inevitable de una acumulación de disparates que tenía que terminar de esta manera.

Es que el supuesto paradigma del nuevo modelo económico no era tal por más que algunos empresarios pretendían verlo como un descubrimiento de la ciencia económica, por el cual se podía emitir sin generar inflación, crecer sin tener inversiones y lograr que la economía funcionara con crecientes controles e intervencionismo.

Todo lo que estamos viviendo hoy es el resultado de un modelo intrínsecamente perverso que se basa en el autoritarismo económico y político.

Néstor Kirchner creyó que podía, sin costo alguno, emitir moneda en cantidades crecientes para sostener el eufemismo del tipo de cambio competitivo, hasta que un día se dio cuenta que había inflación. En vez de corregir el rumbo económico, lo mandó a Guillermo Moreno a controlar los precios y a apretar a los empresarios para disimular la inflación mientras el Banco Central de la República de Argentina (BCRA) seguía imprimiendo billetes. Como eso no le alcanzó, destruyó el INDEC (índice de inflación) para que dijera que los precios no subían en Argentina. Prohibió exportaciones, aumentó sistemáticamente los impuestos a las exportaciones, denunció y acusó a sectores productivos de avaros. Hoy el gobierno dice que aumentó las retenciones para que se produzca, entre otras cosas, más carne. Todavía me acuerdo de su discurso, vociferando desde la tribuna que el campo quería lucrar con el hambre del pueblo argentino. Hizo todo lo posible para destruir la ganadería, lo consiguió y ahora se queja que no se produce carne.

No conforme con todo esto, metió la economía en una maraña de subsidios para disimular la inflación, duplicando en un año los subsidios a la energía para que no se tocaran las tarifas. El resultado es que a las empresas le bajan la palanca cada vez más seguido porque si no tienen que dejar sin luz a la gente mientras el gasto público crece por la necesidad de mayores recursos para financiar estos subsidios.

Néstor Kirchner creyó que podía manejar indefinidamente a las trompadas la economía y hoy se encuentra con que la realidad le devuelve las trompadas a él. Desabastecimiento, inflación galopante, un país económicamente paralizado y una imagen del gobierno que cae en picada como nunca antes se había visto.

Pero frente a la cruda realidad que cualquier persona puede ver, el gobierno sigue empeñado en negarla. La presidente sigue diciendo que el país crece, que hay menos pobreza, que nunca antes en toda la historia de la Argentina habíamos crecido como lo hicimos en los últimos 5 años. Ella y sus funcionarios han llegado a formular declaraciones que ofenden la inteligencia de la gente. Alberto Fernández afirmó que las retenciones no son un impuesto sino que son una herramienta de política económica y, por lo tanto, no tienen que pedirle permiso al Congreso para aumentarlas.

Después de 90 días de conflicto Cristina Fernández de Kirchner quiere hacernos creer que cuando se anunciaron las retenciones móviles se olvidó de explicar que lo hacía para destinar más fondos a planes sociales. La verdad es que tratar de “vender” el impuestazo al campo como una necesidad de “solidaridad social” es casi una falta de respeto al coeficiente intelectual de los argentinos. ¿Cómo puede pararse frente a las cámaras de televisión y decir, sin que se le mueva un pelo, que los recursos van a ser destinados a construir más hospitales si los que hay se caen a pedazos? ¿En serio creen que con ese discurso van a convencer a la gente que ellos son buenos y el resto son avaros?

El gobierno y Moyano se cansaron de decir que por culpa del paro agropecuario la inflación se había disparado. Había inflación por culpa del campo. Pero resulta que el INDEC acaba de “informar” que la inflación en mayo fue de solamente el 0,6% y los alimentos subieron el 0,1%.

Es curioso, los Kirchner despotrican contra el libre mercado, pero se mueven políticamente recurriendo a las reglas del intercambio comercial.

Permanentemente buscan el precio de conseguir el apoyo de gobernadores, intendentes, legisladores, sindicalistas y sectores productivos. La caja por un lado y el apoyo por el otro. Obviamente, un esquema de este tipo nada tiene que ver con una democracia republicana. Por el contrario, el matrimonio parece ver el poder como un negocio personal. Si consigo el poder tengo el monopolio de la fuerza y con el monopolio de la fuerza puedo apropiarme del trabajo de la gente y con ese dinero construir más poder comprando voluntades. Para conseguir ese objetivo todo el sistema económico tiene que estar subordinado al mantenimiento del poder, por más inconsistentes que sean las políticas económicas que se apliquen. El costo de semejante esquema está a la vista.

El discurso de que las retenciones se ponen para que la gente tenga comida en sus mesas ya no convence a nadie, porque no solo los precios de los alimentos se han disparado fruto de la inflación que generó el gobierno sino que, además, han logrado uno de los desabastecimientos más grandes de la historia argentina.

De aquí en más sabemos que los Kirchner no van a dialogar porque no conciben el diálogo como un mecanismo de entendimiento. Los sistemas autocráticos no dialogan. Imponen. Ellos creen en la prepotencia, la descalificación, las amenazas y en infundir miedo utilizando el monopolio de la fuerza que los argentinos le delegamos para que defendiera nuestro derecho a la vida, la libertad y la propiedad.

Lo que hoy se está discutiendo en Argentina ya no es un tema de retenciones o de política económica. Estamos discutiendo la defensa de una democracia republicana contra un sistema autoritario basado en el abuso del poder delegado por los ciudadanos.

Roberto Cachanosky

Ecuador sin brújula

El presidente ecuatoriano Rafael Correa va cuesta abajo. Según la última investigación (Cedatos-Gallup), sólo el 41% apoyaría el extravagante texto constitucional que sus partidarios van forjando lentamente en el pueblo de Montecristi. Necesita el 50% para que se apruebe. Ha dicho que, si fracasa, abandonará la política. No ha aclarado si volverá a enseñar en la universidad, donde no dejó una huella memorable, o si se dedicará a cantar y tocar la guitarra, actividades que practica con más talento que Abdalá Bucaram, otro músico que pasó por el Palacio de Carondelet, al que derrocaron acusándolo de loco, poco después de que perpetrara un CD de rock and roll con la complicidad de un conjunto uruguayo llamado Los Iracundos. El CD era una prueba irrefutable de los cargos que le imputaron.

Parece que la constitución que están redactando los patricios ecuatorianos es un adefesio socialista cargado con la noble intención de hacer justicia social y lograr la felicidad espiritual y corporal de las personas, incluida la delicada región inguinal. Hace pocas fechas, una señora se empeñaba en consagrar los derechos de las mujeres, sin olvidar el de disfrutar de los placeres sexuales. Nunca supe si se aprobó su propuesta, pero a mí, francamente, me pareció razonable. Una de mis heroínas predilectas es Mary Wollstonecraft, quien planteó eso mismo en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Alguna vez, hasta pensé en novelar su interesante vida. Toda dama frígida merece una pensión del Estado por su injustificado sufrimiento.

Pero hay más locuras, como explica, azorado, el analista Walter Spurrier. Uno de los aportes de las etnias indígenas al texto constitucional que se prepara consiste en que la economía se guíe por el principio del sumak kawsay, una ancestral filosofía del desarrollo que entiende que el ''buen vivir'' radica en la convivencia armoniosa con la naturaleza, lo que necesariamente excluye el progreso y el consumismo, dos depredadoras actitudes que destruyen el hábitat en el planeta. ¿Como sustentan esa dulce visión precolombina de la sociedad los ilustres legisladores ecuatorianos en nuestros días? Muy fácil: en el pensamiento de los filósofos radicales europeos Iván Illich y Serge Latouche. Lo revolucionario no es crecer, sino decrecer. Involucionar. Huir de la demencia occidental. Una tontería, por cierto, que hace ya muchas décadas también formuló Gandhi cuando defendió el regreso a la rueca y el abandono de la búsqueda del progreso como objetivos para la nación que se proponía fundar.

Pobres ecuatorianos. Ecuador es una nación preciosa, potencialmente riquísima, ocupada por una clase dirigente tenazmente empeñada en agravar los problemas que padece la sociedad. Si la nueva constitución ''social y solidaria'' es aprobada, seguramente la promulgarán en el Congreso Nacional ante el enorme mural de Oswaldo Guayasamín, un exitoso pintor expresionista de filiación comunista que trató de exterminar al imperialismo yanqui acaparando todos los dólares que se ponían a su alcance. El mural se titula, precisamente, Historia de la constitución del Ecuador, y en él se denuncia, entre otros horrores, a la malvada CIA, culpable, por supuesto, de todos los males que aquejan al país.

Cuando el profesor Rafael Correa fue elegido presidente, dos de los argumentos que se esgrimieron a su favor fueron su buena formación universitaria y su condición de católico practicante. El señor Correa había hecho estudios postgraduados en la Universidad de Lovaina (Bélgica), una antigua y prestigiosa universidad católica, y luego había obtenido un doctorado en una institución norteamericana de Illinois. El señor Correa sabía de economía. Lo que nadie se preocupó en averiguar es cuáles eran sus ideas sobre la naturaleza humana, la libertad, la tolerancia, el pluralismo, la democracia, la historia, la justicia, o la dignidad del otro, sin percatarse de que los conocimientos, distorsionadamente integrados en una estructura de valores disparatada, administrados con una dosis enorme de arrogancia y falta de sensatez, pueden dar lugar a las conductas más perjudiciales.

¿En qué va a parar este nuevo sainete latinoamericano?

Obviamente, en otra frustración de la que no parece haber escape: si el presidente Correa tiene éxito y aprueban la constitución, ese texto será la partida de bautismo de un despropósito que empobrecerá sustancialmente a los ecuatorianos durante el tiempo que se dediquen a tratar de ponerla en práctica. Si no lo tiene y la rechazan, dentro de un par de años (o antes) saldrá de la presidencia sin pena ni gloria escoltado por la perplejidad y el desconcierto de sus compatriotas. Es lo que les ocurre a los pueblos cuando han perdido la brújula. Así está Ecuador desde hace años.

Carlos Alberto Montaner

Japdeva, institución secuestrada

Si el trastorno y el perjuicio pueden ser objetivo de un grupo sindical, no hay duda de que los dirigentes enquistados en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) han logrado plenamente su designio. Sus colaboradores o, mejor, sus cómplices han sido las juntas directivas de esa institución que, en su hora, negociaron ciertas cláusulas de la convención colectiva y los ministros de Trabajo que, a la sazón, las homologaron. La historia es larga.

Estas convenciones han causado daños irreparables a la economía del país, a la provincia de Limón y a la propia institución, en lo económico, y han quebrantado las normas legales no como un acto esporádico o interesado, sino como una estrategia. Si el propósito ha sido obtener pingües beneficios sin trabajar o trabajando a medias, como ha estado ocurriendo en estos años, la estrategia ha sido eficaz, gracias al dominio ejercicio sobre los muelles y la institución. La palabra ‘dominio’ no es antojadiza. Refleja fielmente la posición de quienes gozan de un fuero especial, en el que la impunidad y el perjuicio al país hacen causa común, por cuanto han suplantado al Estado.

Informamos, el miércoles pasado, sobre las resoluciones pertinentes de la Contraloría General de la República y de la Sala Constitucional acerca de la pretensión escandalosa de seguir recibiendo pagos constantes y elevados por horas “extras” trabajadas en tiempo ordinario. Este abuso intolerable se ha extendido por varios años, gracias a la pasividad y el miedo de sucesivas juntas directivas y presidencias ejecutivas, y al temor de los Gobiernos de turno. Nuestra información de ayer abunda en hechos punibles: boicot de varios departamentos, inoperancia de los mecánicos, inutilización de la grúa y los montacargas, inactividad calculada de los muelleros, paralización de la carga y descarga, entorpecimiento contra los buques portadores de combustibles y otras más. Así, las empresas bananeras están sufriendo grandes pérdidas, lo que, a su vez, paraliza la corta de bananos. En estas condiciones los barcos se enrumban hacia puertos de Panamá, y las pérdidas para Japdeva alcanzan sumas cuantiosas.

Debe tenerse en cuenta que este chantaje no se ejerce por el logro de algún beneficio legal, sino por la exigencia de un acto ilegal e injusto, de donde cabe concluir que los designios de los dirigentes sindicales son otros. En primer lugar, el mantenimiento de un clima social convulso y, en segundo lugar, el entorpecimiento del proceso de concesión portuaria, única vía que resta para salvar la actividad portuaria de Limón de su progresivo deterioro económico, legal y moral. El fin de estos dirigentes sindicales es convertir este proceso de concesión portuaria en concentración de violencia social.

Sorprende profundamente, más allá de estas conductas periódicas y de las ingentes pérdidas producidas, la indiferencia con que los sectores políticos del país y los analistas de la cosa pública han observado, a lo largo del tiempo, estos hechos, como algo natural, folclórico o rutinario y, peor aún, como instrumentos propios o legítimos del sindicalismo. Esto quiere decir que hay un grupo de personas que, por estar al abrigo de un sindicato, pueden hacer lo que les viene en gana. Este silencio y mutismo temerosos, y esta confusión de conceptos y de conductas aderezan el camino de la violencia y dejan honda huella de incultura cívica en la población.

La concesión portuaria de los puertos de Limón y Moín se torna, por todo ello, imperiosa. Se trata, en fin, de recobrar la soberanía y el imperio del derecho sobre los muelles y sobre la institución, un campo eminentemente estratégico porque por él transita el 80% del comercio nacional.

Editorial, La Nación

Bolivia ante un momento crucial

Según el presidente boliviano Evo Morales, el país más pobre de Sudamérica está amenazado por un movimiento oligárquico respaldado por Estados Unidos en el departamento de Santa Cruz, que desea separarse del resto de la nación a través de un referéndum autonómico que se realizará este domingo.

Contrariamente a lo que me aseguró el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, en una entrevista el miércoles, Morales y sus aliados en la región dicen que si Costas logra que el estatuto autonómico de Santa Cruz gane la votación por una mayoría abrumadora --algunas encuestas sugieren que puede ganar por un 70 por ciento--, lo mismo ocurrirá en los referéndums autonómicos previstos para junio en los departamentos de Beni, Pando y Tarija, y que las regiones más ricas del país acabarán por independizarse.

El presidente venezolano Hugo Chávez presidió la semana pasada una cumbre de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba realizada en Caracas, destinada a alertar al mundo sobre un supuesto plan "del imperio'' para dividir a Bolivia. La dictadura cubana, a su vez, dijo en una declaración oficial que Bolivia está amenazada con la "desestabilización'' impulsada por "los planes separatistas de la oligarquía''.

El miércoles le pregunté al prefecto de Santa Cruz en una entrevista telefónica si realmente está buscando la independencia de su provincia, o de la región conocida como la "media luna'' de Bolivia.

"Es absolutamente falso'', me dijo Costas. "Es la misma vieja historia que el gobierno central nos ha estado repitiendo desde hace más de 100 años. Todo lo que queremos es mayor independencia política, económica y administrativa, como ocurre en España''.

Contrariamente a lo que afirma Morales, una mayor autonomía regional contribuirá a mantener unida a Bolivia, dijo Costas. Si España no hubiera admitido las autonomías regionales, el país podría haber terminado como la antigua Yugoslavia, agregó.

Juan Carlos Urenda, un abogado graduado de Harvard que asesora a Costas y es considerado por muchos como el ideólogo del movimiento autonomista santacruceño, me dijo en otra entrevista que el gobierno de Morales está usando su acusación de separatismo para desacreditar a quienes apoyan una mayor descentralización del país.

"Bolivia es uno de los pocos países del mundo que en la actualidad sólo tiene dos niveles de gobierno: el gobierno nacional, y el gobierno municipal. Y de lo que se trata aquí es de crear un gobierno intermedio, como en el 98 por ciento de los países del mundo'', señaló.

Santa Cruz afirma que contribuye con $600 millones anuales a las arcas nacionales, pero que solamente recibe anualmente $150 millones del gobierno central. El departamento busca un mayor control de sus recursos, sin dejar de hacer aportes al gobierno central, dicen los autonomistas.

¿Planean crear sus propias fuerzas armadas, tal como dice el gobierno de Morales?, le pregunté a Urenda.

"Eso es falso'', respondió. "Lo que establece el estatuto autonómico es una institución policial en concordancia con la policía nacional, para algunas tareas específicas, como el control de carreteras, para garantizar el libre tránsito cuando hay bloqueos''.

¿No es anticonstitucional el referéndum autonómico, como dice el gobierno?, le pregunté.

Urenda señaló que es el gobierno de Morales quien transgredió la Constitución, porque en un referéndum vinculante realizado el 2 de julio del 2006, Santa Cruz votó a favor de incluir su autonomía en la nueva Constitución, pero Morales ignoró ese voto y aprobó una reforma constitucional que sólo otorga autonomía a las comunidades indígenas y municipalidades que apoyan al gobierno central.

Además de esa movida para quitarle todo poder a los departamentos liderados por la oposición, Morales aprobó las reformas constitucionales por la fuerza, rodeando con fuerzas progubernamentales el edificio donde se realizó la votación en Sucre e impidiendo que los opositores ingresaran a la sala de votación, afirman los partidarios de la autonomía.

Mi opinión: ambos bandos --el gobierno de Morales y las regiones que buscan una mayor autonomía-- tienen razón en que la otra parte ha violado las leyes. Morales ha hecho aprobar, mediante la fuerza, una reforma constitucional destinada a crear un estado socialista autoritario controlado por una mayoría étnica, y a quitar todo poder a los prefectos de oposición. Y los prefectos están burlando las leyes electorales del gobierno para garantizar sus derechos, y su supervivencia política.

Es difícil predecir lo que pueda ocurrir después del referéndum del domingo, pero resulta claro que Morales está intentando cooptar las instituciones democráticas con su reforma constitucional, siguiendo el modelo de Chávez. Sólo que no tiene el petróleo de Chávez, y la cosa se le ha hecho más difícil.

Dudo que el 70 por ciento de la población de Santa Cruz pueda ser calificada de oligarquía. Morales tendrá que decidir si reprime al pueblo de Santa Cruz, algo que seguramente provocará derramamiento de sangre, o si incluye autonomías regionales como las de España en su Constitución. Ojalá que opte por esta última alternativa.

Andrés Oppenheimer