viernes, 29 de abril de 2011

Viernes de Recomendación

En este video, John Stossel y David Boaz explian en un conversatorio con varios estudiantes las consecuencias de la fallida guerra con las drogas y los beneficios que provocaría para la sociedad que el gobierno entienda que la responsabilidad de ingerir o no cualquier sustancia le corresponde cada individuo y a nadie más.


miércoles, 27 de abril de 2011

Flash Legislativo


Mucho se ha hablado de la posibilidad de un Directorio Legislativo conformado por la oposición. Ideas van y vienen al respecto y, en este pequeño país, pareciera ser el tema político del momento. Pues bien, en ASOJOD tenemos algunas consideraciones que vale la pena plantear para tener un panorama más amplio frente a esa posibilidad.

Si bien la oposición ha anunciado que este suceso sería importante para recuperar la división de poderes y sanear la democracia y, en primera instancia, podríamos coincidir con ese análisis, lo cierto es que la realidad demuestra que hay que ser un poco más reflexivos a la hora de emitir criterios y ponderar las posibles consecuencias.

En primer lugar, hay que tener claro que, a corto plazo, un Directorio de oposición podría no tener los resultados positivos esperados. Con una agenda temática, ideológica y política tan variopinta como la que tienen el PAC, el ML, el PUSC, el PASE y el Frente Amplio, es más fácil encontrar puntos de quiebre que de encuentro, lo que hace pensar que las diferencias podrían poner rápidamente en entredicho la famosa alianza.

¿Qué pasará si, de ganar, el PAC aprovecha la Presidencia para impulsar el proyecto de autonomía indígena o el de la ley antitabaco? ¿Estará dispuesto el ML a continuar en esa alianza cuando ha anunciado ir en contra de ambas iniciativas y donde su principal aliado en esa oposición es el PLN? ¿Qué pasará cuando el ML impulse sus proyectos de reducción del gasto público? ¿Apoyará eventualmente el PAC un cierre de instituciones cuando su principal aliado en ese tópico es el PLN? Podríamos seguir planteando ejemplos, pero todos nos llevan a la gran pregunta: ¿podrá resistir el bloque opositor las discrepancias internas?

Lo mismo podría pensarse de los puestos de poder a lo interno del Congreso. ¿Estaría realmente dispuesto el ML a entregarle la Presidencia de la Comisión de Ambiente al PAC o a Villalta y la de Hacendarios al PUSC? Sin duda alguna, la agenda liberal, que ya de por sí ha sido prácticamente abandonada, perdería definitivamente toda posibilidad de surgir con este tipo de nombramientos. Algo similar deben pensar los progresistas, quienes verían el nombramiento de los libertarios como el entierro de sus propuestas programáticas. Una vez más, ¿están por la labor de soportar este riesgo?

En segundo lugar, el riesgo de que las cosas salgan mal para la oposición es bastante alto. Para nadie es un secreto que este primer año de la Administración Chinchilla Miranda ha sido pésimo, tanto por la ausencia de rumbo y claridad como por la incapacidad, casi patológica, que la Presidente tiene para enfrentar los problemas. Tampoco es desconocido para los costarricenses que este Poder Ejecutivo ha sido torpe en sus relaciones con el Parlamento, pues no ha podido establecer canales de comunicación duraderos y, mucho menos, construir una agenda de prioridades que, al menos en el periodo de sesiones extraordinarias, le permitira al país conocer el camino que pretende seguir este Gobierno.

Sería posible pensar que un Directorio de oposición obligaría al Ejecutivo a dialogar con las demás fuerzas políticas y a construir algunos acuerdos, incentivando la generación de una cultura política más inclusiva y democrática. No obstante, si por la víspera se saca el día, no pareciera que exista esa capacidad y voluntad en Zapote y que, más bien, el Ejecutivo se enfrascaría en una guerra para demostrarle a la ciudadanía que la oposición es incapaz de gobernar y viceversa.

En ese contexto, no sería de extrañar que la oposición, en su control político, la emprendiera fuertemente contra los Ministros y Presidentes Ejecutivos, para demostrarle a los costarricenses que la incapacidad y los actos poco transparentes de algunos de ellos son un peligro que hay que erradicar. Tampoco lo sería que, como medida de presión, la Ministra de Salud acelere el proceso de desalojo que pesa sobre la Asamblea Legislativa o que el jerarca de Hacienda se niegue a incluir las partidas solicitadas por los Diputados de oposición y luego se valga de los sindicatos de trabajadores para presionarlos a aprobar el Presupuesto de la República. La gran pregunta a ese respecto es ¿estarán los partidos políticos y la ciudadanía dispuestos a soportar durante el tiempo que dure esa alianza, una guerra casi fraticida?

En este mismo orden de ideas viene la tercera consideración. Dado el pésimo desempeño del actual Gobierno, es perfectamente esperable que no sólo no cumpla con sus promesas de campaña, sino que empeore la situación en muchas áreas. Si el PLN mantuviera, durante los 4 años, la Presidencia de la Asamblea, los malos resultados de este Gobierno le serían atribuíbles únicamente a esa agrupación política. Siendo así ¿por qué entrar a "ayudarle" a esta Administración a cavar su propia tumba? ¿No es mejor dejarlos hundirse y que, después, tengan que explicarle a la ciudadanía por qué no pudieron cumplir sus promesas?

Si la oposición asume el Directorio y lidera la agenda parlamentaria y, como dijimos antes, el riesgo de que lo haga mal se materialice, los liberacionistas encontrarán la excusa perfecta para justificar su pésima gestión: la oposición se convertirá en el chivo expiatorio y le dejará el camino libre a Rodrigo Arias para el 2014.

Que la oposición logre los votos para sacar al PLN del poder en la Asamblea Legislativa puede tener sus ventajas. Sin duda alguna, la principal es que podría ser el primer paso para recobrar cierto equilibrio de poder, especialmente mediante el control político que se establezca como un mecanismo del sistema de frenos y contrapesos republicano. Esto sería, sin duda alguna, maravilloso, pero las razones antes expuestas lo hacen ver como algo sumamente complicado: lograr que la oposición se articule en un bloque dispuesto a controlar el monstruo político arreado por los liberacionistas no es una tarea sencilla y si se falla -como es muy probable- las posibilidades de contrarrestar ese poder y generar equilibrios que hagan madurar a nuestra democracia quedarán muy debilitadas.

Independientemente de las razones a favor o en contra de un Directorio de oposición, en ASOJOD pensamos que la propuesta para recuperar el sistema de frenos y contrapesos debe ir en otra dirección. Poco importa si es el PAC, el ML, el PUSC, el PASE o el FA quien ocupe la Presidencia Legislativa, pues ni siquiera quitándole ese puesto o la Presidencia de la República, se saca al PLN del poder.

La fuerza de ese partido no está, a nuestro criterio, en tener mayoría parlamentaria ni la Presidencia de la República. Su poder deriva de un intrincado, complejo pero efectivo sistema de feudos, construido durante años mediante el intercambio de prebendas y la colocación de gente fiel a sus intereses en las diferentes instituciones públicas y estatales. El sistema les ha funcionado: crear islas de poder como la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial (con la todopoderosa Sala Constitucional), el Tribunal Supremo de Elecciones, el ICE, la CCSS, el INS, RECOPE, cada Municipalidad, etc. donde la cúpula de ese partido reparte los puestos con una condición: que nadie se entrometa en las acciones del otro.

Gracias a ese sistema, todos los participantes de la piñata quedan satisfechos, con una isla donde pueden hacer y deshacer a su antojo, sin miedo a que otra de ellas pretenda regularlos, fiscalizarlos, auditarlos o controlarlos.

Por eso, no es quitándole la Asamblea o el Ejecutivo que se destrona al PLN. Si se quiere hacer eso, se necesita sacar a la gente que controla ese andamiaje institucional, pues de lo contrario, se ocupará un alto cargo pero no se gobernará el país, toda vez que esa misma red se encargará de hacerle la vida imposible al partido de oposición que ocupe las mencionadas sillas si va en contra de sus intereses.

De ahí que la única opción sostenible en el tiempo, si se quiere lograr algo, es fortaleciendo a los diferentes partidos políticos, avanzando en su proceso de institucionalización, de forma que dejen de ser movimientos pro caudillo o grupos monotemáticos para convertirse en organizaciones que tengan peso no sólo a nivel electoral, sino más bien, en la vida institucional del país.

Se trata no sólo de tener personas en los puestos de decisión clave, sino también de que la ciudadanía comprenda, interiorice y legitime sus propuestas, proyectos e ideas, lo cual implica un proceso de educación política muy serio.

Es trascender a las campañas que giran en torno a un líder mítico, a un abanderado de la moral o a un "peor es nada"; es desarrollar ideas claras y concretas que se conviertan en una oferta que satisfaga la demanda. Es echar a andar un proyecto que sea legítimo para la ciudadanía, esto es, que vaya acorde con sus valores.

Porque la gobernabilidad, contrario a lo que muchos creen, no es solo la capacidad de una organización política para tomar decisiones y, mucho menos, para hacerlo en tiempos sumamente reducidos. La gobernabilidad es la actuación de la autoridad pública en un espacio considerado como legítimo por los ciudadanos; la gobernabilidad implica legitimidad, en su doble acepción, de origen y en ejercicio. La primera, proviene del mandato original que los ciudadanos, mediante su voto, le dan al Gobierno y la segunda se desprende de la eficacia y eficiencia de su gestión. En otras palabras, para que exista gobernabilidad, la autoridad pública debe operar en los espacios que legítima y expresamente desea la ciudadanía. Cualquier operación fuera de esos espacios, como ocurre en Costa Rica -pues el Gobierno interviene en áreas donde los mismos ciudadanos no lo desean y tienen arreglos institucionales privados más eficaces- genera una fractura en la legitimidad en ejercicio y, consecuentemente, en la gobernabilidad.

Es una tarea dura y complicada, pero alguien tiene que hacerla. Si se quiere avanzar, en cualquier tipo de agenda, las personas primero tienen que entender claramente lo que se propone, sus ventajas y desventajas y, sobre esa base, deben interiorizar las ideas, hacerlas suyas para que se adecúen a sus valores.

Para nosotros, los que creemos en las ideas de la libertad, el reto es más grande aún. Históricamente no hemos sido capaces de lograr que la gente entienda nuestras ideas y las acepte. Mitos van y vienen contra nuestras propuestas y el tiempo y recursos que dedicamos a explicarlas, con claridad meridiana y construir apoyos ciudadanos son exigüos.

Justamente, exponer las ideas y buscar que la gente cambie sus premisas, no sólo dándole razón a nuestros argumentos sino interiorizándolos, apropiándoselos y defendiéndolos, es el trabajo que hemos hecho en ASOJOD desde nuestro surgimiento. Y estamos convencidos que, a pesar de ser una inversión con un rendimiento a muy largo plazo, es la única forma efectiva para que la gente acepte y viva las ideas de la libertad.

martes, 26 de abril de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: un planteamiento energético (Primera Parte)


Vuelve el perro arrepentido… nos decía Chespirito en alguno de sus episodios. Vuelve el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) con las mismas propuestas de siempre al reanudarse otro episodio de aumento en los precios internacionales de petróleo por las razones que sea. La razón de ello me parece que se debe a que en los órganos estatales se suele sobreestimar su capacidad para resolver problemas acerca de los cuales es poco lo que puede hacer o nada o tal vez para aparentar que se hace algo al respecto.

Las medidas propuestas por el MINAET apenas se ve en apuros por los aumentos internacionales en el precio del petróleo, se dirigen más que todo a tratar de disminuir la demanda; esto es, afectando la voluntad de los consumidores y poco a lograr un aumento deseable de la oferta energética. Mi idea es brindar algunas ideas dirigidas hacia el incremento de la oferta de energía, las cuales, si bien ya se han expresado anteriormente, han pasado al baúl de los desprecios que en este Gobierno (y algunos anteriores) se suele brindar a ideas alternativas a las producidas por los staffs oficiales. En todo son sugerencias que tal vez pudieran ser útiles para asegurar una mejor provisión de energía a las personas.

1) Es hora de que Costa Rica reactive la exploración petrolera. Las dos razones principales esgrimidas contra tal prospecto es el posible daño ambiental que se puede provocar y la corrupción que suele acompañar a los gobiernos de países productores de petróleo. Otra razón esgrimida contra el desarrollo petrolero es que no resulte ser una operación rentable, pero el primer paso está en averiguar si en el territorio nacional se dispone de reservas de petróleo que podrían definir el inicio de una operación que sea potencialmente rentable.

2) Acerca de este tema debo formular varias consideraciones. Primera, no es cierto que en sí la operación petrolera constituya un riesgo tan alto como para que la operación no se deba llevar a cabo. Hay infinidad de lugares en el mundo en donde se extrae petróleo y no ha dado lugar a problemas ambientales significativos. Cito ejemplos: en medio de la ciudad de Los Ángeles, California, en las cercanías de las ciudades de Tulsa, Oklahoma y de Houston, Texas, así como en las proximidades de Edmonton, en Alberta, Canadá, entre muchos otros sitios.

Asimismo, la exploración petrolera offshore ha provocado muchas críticas ante posibles daños medioambientales graves, pero no es algo que suceda con frecuencia tal como para que se suspenda la prospección petrolera. En la vida no hay actividad humana que no implique algún grado de riesgos y, por tanto, lo apropiado es prepararse adecuadamente ante ellos. La extracción offshore es una actividad sujeta a riesgos y el hecho es que en el mundo hay una miríada de pozos petroleros de este tipo, diseminados por todo el orbe. Los daños al ambiente que se han sufrido han sido relativamente pocos, lo cual parece ser la mejor muestra de que los costos suelen ser superados por los beneficios incluyendo el costo potencial de daños medioambientales. No significa, por tanto, que no se deban tomar las medidas de seguridad apropiadas, lo cual suele ser una práctica común en las operaciones petroleras. Sólo que la solución posible no está en prohibir o no llevar a cabo la actividad correspondiente, sino asegurarse por los riesgos que pueda tener.

3) La mayoría de los daños ambientales debido a la actividad petrolera suelen suceder en el trasiego de los combustibles, más que en el sitio de producción petrolera. El viaje de barcos trayendo petróleo a Costa Rica constituye posiblemente un riesgo mayor de daño ambiental que la producción petrolera en sí. Es más, la existencia de un oleoducto en Panamá, en donde barcos traen petróleo desde Alaska, lo desembarcan en aquel país y lo reembarcan hacia la costa Este de los Estados Unidos (en donde suelen estar sus refinerías petroleras), constituyen un riesgo ambiental significativo para el país, pues los barcos pasan muy cerca de las costas costarricenses, tanto al desembarcar en Panamá como al partir de ese país hacia el este de los Estados Unidos. Se puede aseverar que, sin extracción petrolera en territorio nacional, ya corremos algún grado de riesgo medioambiental por el trasiego petrolero en Panamá. No se puede impedir que esa actividad extraterritorial se lleve a cabo, por lo cual se debe mantener una fuerte vigilancia y cuido de todo este trasiego, a fin de que eventuales responsabilidades sean cubiertas.

4) Razones geopolíticas, enlazadas con aspectos económicos, parecen indicar que la decisión de no extraer petróleo en territorio nacional, principalmente en la zona del Atlántico norte del país, no es conveniente. El conflicto actual entre Costa Rica y Nicaragua sobre la Isla Calero tiene, entre otros elementos, importancia, tal como lo expuso un medio de prensa, en cuanto a definir el mar territorial de Costa Rica, en donde presuntamente se encuentran yacimientos petrolíferos. Nicaragua es sabido que tiene una política abierta para la exploración y explotación de petróleo.

De hallarse petróleo en dichas zonas y de serlo en condiciones económicamente rentables, no hay más que un paso para que empresas empiecen a extraer y trasegar petróleo en Nicaragua, sacándolo desde ese país en un manto lo suficientemente amplio como para cubrir petróleo que se encuentra en territorio nacional, en especial nuestro mar, lo que no haría necesario, dado que el Gobierno de Costa Rica no ha estado dispuesto a permitir la extracción petrolera en su territorio, que las empresas se instalan físicamente en este país. Unos se la comen y a otros les duele la panza, pero sería por nuestra obcecación y decisión propia como país.

5) Debe aumentarse la provisión energética proveniente de nuestros ríos. Esto podría lograrse con la aprobación de un proyecto de ley que presentó la Administración anterior y que aún no es objeto de decisión por parte de la Asamblea Legislativa actual. Lo sorprendente es que esta nueva Administración, siendo del mismo partido político que la anterior, decidió presentar un proyecto alternativo que conserva muchas de las restricciones anteriores que limitaban la provisión privada de energía y que mantiene el dirigismo y control estatal que tanto daño ocasionan a cualquier esfuerzo por aumentar la oferta privada de energía.

La limitación vigente es tan absurda que se han dado casos de que empresas nacionales se han ido a Panamá a construir plantas productoras de energía al no dárseles permiso para hacerlo en el país. Pero, ¡qué sorpresa!, desde allá exportan electricidad a Costa Rica y a un costo mayor que el que se tendría si hubieran podido operar en el país. ¡Todo por nuestra decisión absurda de impedirles trabajar en Costa Rica! En Panamá las empresas privadas productoras de electricidad no tienen restricciones y limitaciones a lo que pueden producir, al contrario de lo que sucede en este país y que en mucho conserva el nuevo proyecto de ley presentado por este gobierno. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe aprobar el proyecto de ley sobre generación eléctrica privada que se presentó durante la administración anterior,

6) Debe abrirse campo para que cualquier persona o empresa privada pueda dedicarse a producir energía, siempre y cuando se respeten las leyes normalmente aceptadas, lo cual debe tomar en cuenta los impactos no compensados sobre el medio ambiente. Las llamadas nuevas fuentes de energía renovable deben ser incentivadas no impidiendo que puedan operar y no introduciendo limitaciones a lo que pueden hacer. Sin embargo, no debe dársele subsidios a la producción porque ello alteraría cualquier rentabilidad comparativa con otras fuentes energética.

Muchas veces en las posiciones gubernamentales se deja de lado un principio económico muy sabido: el papel de los llamados costos comparativos. Esto quiere decir, aplicado a estos casos, que es físicamente posible producir cualquier forma de energía sí se le da un subsidio tal que la operación resulte ser privadamente más rentable que socialmente. Se podría dar un subsidio -y sólo como ejemplo- para producir costosos paneles solares que, al contrario de hoy, lo convierta en una actividad rentable en comparación con otras fuentes opcionales de energía. La diferencia está por los recursos que la sociedad a través del subsidio le ha dado al productor, pero el hecho es que los recursos empleados en producir energía por este medio darían un rendimiento mayor si fueran invertidos en alguna otra actividad alternativa.

Voy a dar un ejemplo de la idea que solía exponer a mis alumnos. Les decía que era posible producir un excelente café en Florida. Hubo quienes, para empezar, sabían de la mala calidad de tierras para producir café en Florida, poro cual murmuraban que su profesor había enloquecido. Pero todo lo que tuve que hacer fue empezar por aplicar subsidios para mostrar como sí era posible obtener físicamente una ventaja comparativa mas no una ventaja económicamente comparativa si se trataba de producir café en Florida.

¿Qué tal si por barco trasladábamos una buena tierra desde Los Santos y cubríamos la cal calcinada por el sol de Florida? Dicho y hecho, ¿pero quién la cultivaría que supiera de café? Muy sencillo: organizamos cuadrillas de buenos peones cafetaleros desde Naranjo (hoy día los podemos llevar desde Matagalpa) y los enviamos a Florida. ¿Qué mucho sol y mucha lluvia? Ponemos los sembradíos en viveros y con goteo. Lo que sea necesario para lograr una buena producción de café. Tan sólo se requiere que se tenga los recursos, plata para adquirirlos y ponerlos a producir tan buen café en Florida.

Un alumno inteligente entendió el problema al preguntarme, ¿Profesor, sí, pero a qué costo? Se sacó un diez. Se dio cuenta que era posible producir café en Florida, pero que era muy costoso en comparación con producirlo en Costa Rica.

Se puede obtener energía de mucha fuentes, pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta clave. Si se da el subsidio adecuado, se puede reducir artificialmente ese costo para hacerlas competitivas con otras fuentes energéticas, asumamos que tradicionales. Esa no es la solución. Es discutible la conveniencia de dar subsidios a la investigación, por ejemplo, pero muy claro el efecto negativo de darlos directamente a la producción. Espero que de esta manera se abra una ventana para la discusión en torno a fuentes energéticas alternativas.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 25 de abril de 2011

Tema polémico: el costo de la ignorancia sexual


El pasado 24 de marzo fue presentada la Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que entrevistó a 3.197 personas entre los 15 y 80 años, procedentes de todas las regiones y estratos sociales. Los resultados arrojados son tan significativos como alarmantes.

Uno de los más importantes es que el 93% de las personas manifestaron estar de acuerdo con que los centros educativos impartan educación para la sexualidad, incorporando en el currículo escolar la forma correcta de usar métodos anticonceptivos. Anteriormente, un estudio titulado "Percepciones hacia la educación sexual en Costa Rica", había señalado que el 92% de los entrevistados consideraba urgente la incorporación de los temas sexuales en el sistema educativo costarricense.

Este dato es aún más significativo si consideramos que, entre las personas de 15 a 44 años que declararon una edad de inicio de las relaciones sexuales, el 22% de los hombres y 11.2% de las mujeres había tenido relaciones sexuales antes de cumplir los 15 años, mientras que el 67.9% de los hombres y un 51.4% de las mujeres había tenido relaciones sexuales antes de cumplir los 18 años.

Muchos son los riesgos a los que se exponen los adolescentes que inician su vida sexual a tan temprana edad y lo cierto es que ellos son responsables de sus propios actos; sin embargo, el peso de la responsabilidad recae en igual o mayor medida sobre la familia y los centros educativos.

Este escenario no es alentador si consideramos la pobre capacitación de los docentes para brindar una adecuada educación sexual. En la citada investigación de IDESPO un 69% de los entrevistados consideraron que los docentes están poco preparados para dar educación sexual en los centros educativos, mientras que un 19% considero que no están nada preparados. Sólo un 12% de las personas entrevistadas consideró que los docentes están muy bien preparados para abordar la educación sexual en sus centros educativos. A esto se debe sumar la carencia, desde hace muchos años, de clases y programas orientados a la educación sexual en los colegios del país. En la misma línea, un 71% de los entrevistados habían considerado que los padres de familia están poco preparados para brindar educación sexual a sus hijos.

Así las cosas, se cierne un circulo de ignorancia sobre la población. Tenemos padres que no educan ni fueron educados, profesores que no saben como educar, y en el peor de los casos no pueden hacerlo, y tenemos adolescentes irresponsables que viven llenos de desconocimiento.

No debe sorprendernos entonces la alta cifra de nacimientos en madres menores de 15 que representa, según cifras del INEC, el 2.2 % del total de nacimientos del país, y no debe alarmarnos que solamente el 43,7% de las mujeres y un 66,1% de los hombres con edad de 15 a 19 años utilizaron el condón en la última relación sexual. La realidad nos golpea ante la indolencia en que vivimos con respecto al tema.

¿Por qué abordamos este tema? Porque, dado el Estado benefactor que tenemos, la ignorancia en materia sexual nos está costando muy caro a todos los ciudadanos: tenemos que pagar el parto y la atención médica, la educación, la vivienda, la incapacidad laboral y hasta la guardería del infante, así como una serie de gastos asociados a su madre. Y lo peor es que la gran mayoría de madres adolescentes tienen que abandonar sus estudios, por lo que ven reducidas sus posibilidades de obtener trabajos mejor remunerados y, por tanto, se convierten en una carga para los tax payers.

A este problema hay que agregarle la actitud retrógrada de la Iglesia Católica, que sigue empeñada en creer que la cantidad de hijos es directamente proporcional a las bendiciones, por lo que se niega a todo tipo de técnica contra la procreación, desde condones hasta el aborto, haciendo más complicada la vida de los ciudadanos que tienen que pagar por los niños.

Ojalá estos datos no sólo motiven a los creyentes religiosos a comprender sobre el impacto económico y moral que tienen las relaciones sexuales a temprana edad, pues unos tenemos que pagar por los errores de otros. Pero también esperamos que el Estado asuma una actitud más responsable y se libere de las amarras católicas que le impiden incluir este tema en la educación.

Si bien no defendemos la educación pública, esperar a que se privatice nos llevará un tiempo y, mientras tanto, es preferible que les den información a los estudiantes para tener relaciones sexuales (que de todos modos van a tener) de forma segura y responsable, evitando que los tax payers tengamos que incurrir en gastos no deseados.

viernes, 22 de abril de 2011

Viernes de recomendación


Probablemente a la mayoría el nombre de John Von Neumann no le diga nada. Sin embargo, este gran matemático del siglo XX generó importantes aportes en diversas áreas del conocimiento, que van desde su colaboración para la elaboración de la Bomba Atómica, el desarrollo de la Teoría de Juegos y hasta el diseño de las computadoras modernas. De ahí que queremos compartir con ustedes este interesante artículo de Diego Pareja, titulado "John Von Neumann y el computador moderno".

martes, 19 de abril de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: las cosas se podrían hacer mejor


En mi criterio, la mejor lección que los costarricenses podemos derivar de la construcción del nuevo Estadio Nacional no es tanto la edificación en sí, pues había mejores opciones en cuanto a la utilización de los recursos donados, sino por la rapidez y eficiencia con que fueron construidas las obras.

Tal vez el mejor parangón de lo que suele suceder con Costa Rica es lo que nos ha costado arreglar la platina (incluida la “ayuda eficiente” de empresas extranjeras) o lo que duró y costó la construcción de las casas en Cinchona, resultado del terremoto de hace un par de años. ¡Cuánto tiempo ha tomado llevar a cabo esos proyectos! Las excusas para esos retrasos han abundado, cuando lo cierto es que, en el caso del puente de la platina (rebautizado el puente de la rasquiña, por aquello del símil físico de la superficie del puente con la enfermedad de la piel), a la fecha aún no está arreglado, tal como se esperaría en un mundo llamado moderno. Yni qué decir de las casas de Cinchona, las cuales, a pesar del enorme esfuerzo y vigilancia ejercida por donadores privados y patrocinadores institucionales, han requerido eones para poder verlas en pie. A la fecha aún no se sabe con exactitud el por qué del enorme aumento en los costos que se observó en dicho proyecto.

En medio de la tragedia del Japón -para quienes tienden a olvidarlo, no hay gestión humana que no tenga riesgos- pocos meses después de la devastación por el tsunami, gran cantidad de las casas destruidas ya están de nuevo en pie, producto de un esfuerzo enorme de diversos actores en ese país. Sorprende la rapidez con que las empresas, las personas, el Gobierno, en general todo un pueblo, hace las cosas eficientemente.

En nuestro medio, la discusión pública en torno al sistema de concesión de obra pública nos ha brindado muchas buenas lecciones, a algunas de las cuales me he referido en comentarios previos. En esta ocasión tan sólo comentaré dos nuevos matices del tema. Uno es la opinión de un “líder” de un sindicato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, otra, la de un “líder” que en este caso encabeza una de las agrupaciones de transportistas en el país. Ambos coinciden en su opinión de que es necesario redefinir la construcción de obra pública, principalmente carreteras, en vez del actual sistema de concesiones al sector privado.

En mucho no los critico, pues creo que están profundamente influenciados por el relajo que a todas luces ha sido la concesión a Autopistas del Sol. Incluso el desbarajuste puede estarse reflejando en los muy elevados peajes que, según lo denunció recientemente un noticiero de televisión, se cobran en comparación con proyectos similares en otros países. Pero ello está por verse y asumo que diligentemente la Contraloría General de la República está estudiando meticulosamente estas aseveraciones periodísticas. Sí creo que, sin duda, ambos ciudadanos creen a pie juntillas que sus propuestas son la mejor opción al sistema de concesión.

El “líder” sindical del MOPT propone que de nuevo sea esa entidad, con su personal, la responsable de construir las carreteras. Esto es, volver al viejo esquema de construcción de obra pública por medio del MOPT. Era de esperar que un dirigente sindical de esa entidad promoviera resucitar al antiguo MOPT, pero ciertamente el frío no está en las cobijas. El hecho es que no hay plata (presupuesto, financiamiento, para quienes gustan de hablar más técnicamente) para que el Estado sea quien directamente construya las obras, excepto que se les ocurra aumentar el gasto público con la ingeniosa idea de ponerle más impuestos a la ciudadanía o a través de un mayor endeudamiento gubernamental.

La realidad de las finanzas internacionales (y nacionales) es que no hay recursos para que el Estado pueda llevar a cabo este tipo de actividades. Por ello lo siento para el “líder” sindical, pero parece que la única opción disponible para hacer infraestructura pública es a través de esquemas de concesión al sector privado, de forma que consiga los recursos, lleve a cabo la construcción de las obras y que luego cobre a quien la utilice. No quisiera aparecer como grosero con un trabajador del MOPT señalándole que esa entidad ha sido incapaz, por ejemplo, de dar un mantenimiento elemental a los puente nacionales, como lo prueba la tragicomedia sucedida con el puente sobre el Virilla, o la caída dolorosa y trágica del puente sobre el Río Tárcoles, que al menos yo recuerdo en este mundo del olvido a los tres días.

Pongo estos ejemplos, pero podría citar muchas otras actividades en las cuales el MOPT le ha quedado debiendo a la ciudadanía, entre ellas el enorme rezago en carreteras que no han sido objeto de concesión y que hoy están muy destrozadas, amén de un sistema vial obsoleto y, en mi opinión, causal de muchos accidentes en el país. O, por ejemplo, el malfuncionamiento con el tránsito que depende de funcionarios de esa entidad. O el descuido con los nuevos semáforos inteligentes o la mala demarcación en muchos sitios del país. La lista puede ser muy extensa, como extenso es el número de funcionarios laborando para esa entidad.

El otro ”líder”, el de los transportistas, fue objeto de una acuciosa pregunta en un programa matutino de comentarios. Se le pidió que, si no estaba de acuerdo con los esquemas de concesión, entonces, nos dijera cómo se aseguraría la provisión de obras de infraestructura. Su respuesta fue similarmente ilusa a la que tiene un amigo venezolano de que los Estados Unidos van a mandar tropas para derrocar a Chávez. Propone que sea el Estado costarricense, por medio del MOPT y con fondos del Banco Mundial y del BID -dos entidades que mencionó- quien se encargue de construir las nuevas carreteras. Su propuesta es volver a la historia antigua, en donde todos los costarricense somos quienes terminamos pagando la deuda (porque son préstamos y no regalos de esas entidades) mediante impuestos, en vez de ser amortizada mediante el pago de peajes por quienes efectivamente la utilizan. ¿Por qué habría de pagar por esa carretera alguien que nunca o poco la usa? Me parece que es elementalmente equitativo que quien la utiliza sea quien pague. Claro, qué rico es que yo -transportista de carga- use la carretera, pero el costo es cubierto por todos los costarricenses.

El esquema de concesión se acerca a un principio tributario muy importante: qué se pague por el beneficio que se recibe. Obviamente, eso no le gusta a quien desearía que sean otros quienes paguen por él o ella.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 18 de abril de 2011

Tema polémico: semana ¿santa?


Siempre es difícil e injusto realizar generalizaciones, pero, al menos, de las cosas que se logran observar a primera mano, se puede concluir que el pueblo costarricense es un pueblo que no está comprometido con nada, que nada se toma en serio. Parafraseando a Celia Cruz, la vida para algunos no es más que un Carnaval.

Se dice que este es un pueblo católico, y debemos aclarar que nuestra intención el día de hoy no es examinar las bondades o yerros del catolicismo, sino la sociología de esa creencia en nuestro país, como un dibujo del carácter moral de varios de nuestros conciudadanos.

La pregunta que nos surge a la mente es cuántos de estos “católicos” se toman en serio lo que debería ser lo más sagrado para ellos: su relación con Dios y su religión. Si este es un pueblo católico, entonces ¿por qué la Semana Santa es una semana de diversión y vacaciones y no de reflexión y conciencia?. ¿Realmente este es un pueblo católico? Si es así, ¿por qué la tasa de divorcios aumenta con el pasar de los años?. ¿Este es un pueblo católico? Entonces ¿por qué cada vez más personas tienen relaciones fuera del matrimonio?.

Todo esto es simplemente para ilustrar algo muy sencillo: el nuestro es un pueblo que no quiere comprometerse con ningún valor, simplemente quiere sortear la vida, ver qué le conviene el día de hoy para desecharlo mañana sin ningún empacho.

Con este tipo de carácter y bajeza es difícil caminar para algún lado. Sencillamente porque no tenemos rumbo porque no tenemos norte. Vale recordar las palabras con las que fuera descrito Howard Roark para darnos cuenta de lo distintos que somos: “A veces pienso que él (Howard) es el único de nosotros que ha alcanzado la inmortalidad. No lo digo en el sentido de fama o de que no se morirá algún día. Yo creo que él es lo que el concepto realmente significa. ¿Has visto cómo las personas añoran ser inmortales? Pero mueren con cada día que pasa. Cuando te los encuentras, ya no son lo que eran la última vez que los viste, en cualquier momento del día matan una parte de su ser. Se cambian, se niegan, se contradicen y a eso le llaman madurar. Al final no queda nada, nada que fuera sagrado, cómo si nunca hubiera existido una unidad sino tan sólo una sucesión de adjetivos que se desvanecen en una masa deformada. Cómo esperan inmortalizarse cuándo no pudieron comprometerse por un solo momento.”

Tal vez, esa falta de compromiso, esa despreocupación por ser lo que se es o lo que se debe ser, esa ausencia de rumbo y la poca o nula claridad de los valores, hacen de Costa Rica un pueblo bastante peculiar. Lamentablemente, ese tipo de peculiaridad nunca es positiva.

viernes, 15 de abril de 2011

Viernes de Recomendación


El día de hoy se estrena en los Estados Unidos la película de La Rebelión de Atlas de Ayn Rand. Por ello, queríamos aprovechar para compartir un clip de la misma, así como una entrevista realizada al escritor de la película.

jueves, 14 de abril de 2011

Jumanji empresarial: respuesta a Carlos Denton


Don Carlos Denton publicó, recientemente, un artículo de opinión donde, según él, explica lo que es ser libertario y lo equipara al objetivismo. Como uno de los pocos grupos objetivistas en el país, en ASOJOD queremos aclarar las enormes fallas conceptuales, filosóficas e ideológicas que tiene el comentario del “gurú de las encuestas”.

En primer lugar, el objetivismo es un movimiento filosófico basado en las ideas de Ayn Rand que, si bien tienen algunas similitudes con el liberalismo o libertarismo, dista mucho de ellos. Para los objetivistas, la discusión acerca de la libertad no es, como para muchos liberales clásicos, una discusión de eficiencia en la asignación de los recursos, sino de moralidad en dicho proceso. Además, a diferencia del liberalismo, el objetivismo aborda cuestiones metodológicas y epistemológicas que lo convierten más en un sistema filosófico que en una corriente ideológica y hace una defensa más agresiva de la moralidad del egoísmo, entendido como una virtud que, acompañada del amor propio y del respeto a sus valores, permiten al ser humano progresar.

Esto quiere decir que nuestra atención no está puesta en la forma más eficiente para generar y distribuir los recursos, sino en principios de orden racional y moral que van más allá de esa simple consideración. Así pues, el objetivismo defiende la generación de riqueza per se, como el resultado de la aplicación de las capacidades y habilidades humanas, como el resultado lógico de un proceso de creación, esfuerzo y trabajo, al tiempo que defiende que sólo el individuo que generó esa riqueza tiene derecho a beneficiarse de ella, excepto que libre y voluntariamente, decida compartirla con otro.

Quizá por ignorancia, mala fe o por un error de interpretación, Carlos Denton alega que el liberalismo derivó en objetivismo. Me aventuro a pensar que el enlace para tal gazapo es la creencia de que ambas corrientes nacieron, a su criterio, del principio de que “solo existo yo”. En realidad, tanto el liberalismo como el objetivismo comparten el elemento conceptual del individualismo metodológico, que procura explicar los fenómenos humanos asumiendo que las únicas entidades reales y eficaces en la vida social son los individuos. El individualismo metodológico no significa que “solo yo existo”, sino que sólo mediante la acción, propiedades y relaciones de individuos pueden explicarse los fenómenos sociales. Así pues, para objetivistas ni liberales, no existen colectivos, entidades o intereses que trasciendan a los individuos.

Otro grueso error de don Carlos se encuentra en sus derivaciones lógicas. Argumenta que, al aceptar filosóficamente que “solo yo existo” es posible concluir que “tengo que hacer lo que es bueno para mí y no tengo que preocuparme en absoluto por nadie más”. En realidad, a partir del común denominador del individualismo metodológico y, particularmente, al tenor del reconocimiento de que el individuo requiere contar con tres grandes valores como lo son la libertad, la propiedad y la vida para lograr cualquier fin y poder existir, los liberales y los objetivistas coincidimos en que sólo existen intereses individuales.

Autores tan diversos como Smith, Bentham, Bastiát, Mises, Hayek, Rothbard y la misma Rand han sido extensos en explicar que no existen otros intereses diferentes a los individuales. Ellos dejan claro que, en realidad, cualquier acto, desde el que típica y socialmente se considera como “egoísta” hasta el más aplaudido altruismo surgen a partir del interés del individuo que actúa para alcanzar un fin. No importa que ese fin sea económico, moral, religioso o cultural, pues al final del día, toda acción se realiza para buscar la satisfacción de ese fin.

Dicho lo anterior, la afirmación del señor Denton acerca de que para libertarios y objetivistas es inmoral ayudar a otros es, cuando menos, errada y temeraria. El objetivismo promueve una ética basada en el mérito y en la libertad, según la cual el individuo evalúa a sus congéneres por su adecuación a la escala de valores que tiene. De esta forma, el amor y respeto propios que tiene el individuo funcionan como criterio para aceptar tratar con otros, así como para apreciarlos y darles su amistad y colaboración.

Por eso, como bien expresó Rand es su reconocida obra “Himno”, el individuo no debe ceder sus más altos valores como una limosna a quien lo pide; quien los desee debe merecerlo porque esos valores son los más grandes tesoros que cada uno tiene. Lo mismo pasa con la ayuda: los objetivistas creemos que nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras capacidades no deben ser malgastadas en personas que no han hecho algo por merecerlas. Al respecto, vale la pena citar un fragmento de la ya mencionada obra: “No soy ni amigo ni enemigo de mis hermanos, soy tan sólo como cada uno de ellos puede merecerme. Y para lograr mi amor a mis hermanos han de hacer algo más que haber nacido. Yo atesoro mi amor, y no lo concedo sin razón, ni al primero que pasa y me lo pide”.

Queremos decirle a don Carlos Denton que quienes defendemos las ideas de la libertad, también creemos en la solidaridad. Pero no en la idea de solidaridad que se ha vendido como políticamente correcta, donde unos desean vivir a costa de otros, por lo que piden cheques en blanco y firmados al portador. Los objetivistas y también los liberales creemos en que la solidaridad es y debe ser voluntaria, libre de toda coacción.

No reconocemos el derecho de nadie a los frutos de nuestro trabajo. No deseamos que nadie viva para nosotros ni que nosotros vivamos para alguien. Cooperamos sólo cuando nos parezca deseable, cuando cada acción nos permita alcanzar nuestros fines. Repudiamos todos los esquemas basados el uso de la fuerza para que unos hagan lo que otros desean, puesto que son inmorales al convertir al ser humano en un esclavo que debe trabajar para que otros disfruten a costa suya.

Eso, señor Denton, es lo que usted no ha entendido. No sólo ignora las grandes diferencias entre liberales y objetivistas, sino también los postulados de la libertad que diferentes corrientes de pensamiento comparten. Lo invito a informarse más antes de emitir opiniones tan aventuradas y desafortunadas.

martes, 12 de abril de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: lecciones fiscales de la inauguración del Estadio Nacional


No me referiré de nuevo al tema de si la inversión china en el Estadio Nacional era la mejor opción que había en el país en cuanto al uso posible de los recursos. Anteriormente mencioné que muy posiblemente había inversiones rentables en vez de un nuevo estadio y cité, como ejemplo, disponer de una carretera moderna y civilizada desde el Valle Central al cantón de San Carlos. Hablé de esa opción aunque pudiera haber citado muchas otras posibles, por el simple hecho de que esa carretera estaba a medio construir gracias a donaciones del Gobierno de Taiwán. Me han comentado que el Gobierno de esta última nación, incluso después de que el de Costa Rica decidió romper con ellos, dijo estar dispuesto a financiar la conclusión de tan vital vía. Ojalá esto fuera estudiado más profundamente a fin de disponer de un buen material para la historia política de este país.

Fue el poeta romano Juvenal, quien en el siglo primero después de Cristo, usó la expresión “Panem et Circenses“; es decir, pan y juegos de circo, para referirse a la práctica del gobierno de aquella época de ocultar los problemas y dificultades económicas de su nación, dándole al populacho, a fin de que se entretuviera y se olvidara, alimentos baratos y entretenimiento ordinario. Al lograr distraerlo de los problemas cotidianos, se lograba que se ensimismara en los placeres vulgares y no se interesara en los nobles de la política de altura. Así, para los líderes demagogos de esos momentos, habría menos competencia de ciudadanos interesados en la res publica (los asuntos públicos). Tal vez ese populismo de antaño hoy se nos presenta, en vez de pan y circo, mediante algo así como “fútbol y bailongo” o “boxeo y reggaetón” o tal vez “berreada y birriada”, pero, en todo caso, logra igualmente distraer a la gente de los temas álgidos de interés ciudadano. Jamás me opondría a que las personas se diviertan; obviamente, no todo en la vida es sudor y sangre. Lo que me molesta es cuando los politiquillos usan el pan y el circo para embriagar a la ciudadanía, que me hace recordar un opio de los pueblos.

En todo caso, si no se iba a desperdiciar la oferta de un regalo (por algo será) de parte de los gobernantes de China en representación de su pueblo al de Costa Rica, lo deseable es que hubiera sido un “obsequio” rentable y no una hipoteca o que requiriera de un gasto de manutención que difícilmente se puede generar sin tener que acudir a nuevos impuestos o al gasto estatal para mantenerlo adecuadamente. Es algo así como la historia de “tan jodidos que estábamos y todavía parió la agüela”, como dice el sufrido pueblo.

Repito mi pregunta: ¿por qué no se le pidió a los chinitos que esos recursos se usaran en algo productivo para el país y así sacarle un rendimiento que después podía reinvertirse en bienes que fueran privada y socialmente deseables? La mala elección ya está hecha y quiero aprovecharla para resaltar una serie de prácticas alrededor de su inauguración, que nos brinda lecciones para una buena administración de los recursos públicos.

Algunas autoridades gubernamentales, apoyados, sin dudas y de inmediato, por algunos periodistas bien intencionados, han hecho la petición pública de que se cuiden las instalaciones del nuevo estadio, porque desde los primeros momentos aparecieron, entre sombras y oscuridad, las bestias encargadas de robarse el papel higiénico de los baños, de romper cerraduras de las puertas, de escribir algún horrendo apodo con algún malabar gráfico en las paredes del nuevo estadio, entre otras acciones vergonzosas que ponen al desnudo valores fundamentales que debían de ser aprendidos en nuestro sistema educativo.

Este llamado a la decencia que han hecho no es inoportuno, pero en mi opinión muestra una actitud como de que “de aquí en adelante el mundo debe cambiar“, pues han omitido lo sucedido con otra obra magnífica donada por los chinos, esta vez los de Taiwán, como es el puente sobre el Río Tempisque al inicio del Golfo de Nicoya. Este “obsequio” ha sido maltratado sin misericordia alguna por orgullosos hijos de esta patria e igual de grave es que el propio Gobierno la ha mantenido casi en el abandono, sin mantenimiento y vigilancia, tal vez porque esos otros chinitos ya pasaron de moda. Si no me creen, les cuento que en su momento habían desaparecido las lámparas públicas y los rótulos con direcciones para el que por allí transitara, en donde se dejó de lado la vigilancia necesaria para cuidar la infraestructura. Se vio el maltrato a los tornillos que daban sostén al puente, así como la presencia de orín, la falta de pintura. Todo como si ese moderno e importante puente, que da un enorme apoyo al desarrollo económico y social de la Península de Nicoya, mereciera un trato igual al que se ha dado al próximo puente en hundirse en nuestro país: el de los Incurables, aquí en las proximidades de San José o a al tal vez terroríficamente folklórico casi abandonado Sanatorio Durán camino al Volcán Irazú. ¿Será que el abandono y el descuido está en los genes del tico? ¿Será que en el juego político sólo es importante anunciar que se debe cuidar lo muy nuevo y desechar en el olvido lo que ya no lo es tanto? O ¿será que el bello producto regalado por unos chinitos vale más que el bello producto también regalado por otros chinitos? Da mucho que pensar toda esta actitud de no conservar las cosas que tanto cuestan, aunque nos sean regaladas.

También la inauguración del estadio nos ha permitido resaltar el gran problema de la evasión del pago de gravámenes, que al fin de cuentas conduce a propuestas de políticos para que se grave aún más a los que siempre pagan y así reponer lo no cobrado. Es sabido que cuando hay eventos -como les llaman- con gente traída de fuera del país, quien localmente los organiza (como la Federación Nacional de Fútbol, por ejemplo) debe retener un 30% del pago acordado como un impuesto único sobre la renta. Esta recaudación, por ejemplo, la hace Tributación Directa cuando se traen grupos musicales del extranjero, en donde si el costo de un contrato se indica en, por ejemplo, un millón de dólares, una tercera parte deberá retenerse como pago del impuesto único sobre la renta Me imagino que en las actividades musicales de la inauguración del nuevo estadio, en el caso de contrataciones de extranjeros, los organizadores nacionales han cumplido (y cumplirán, pues cuando escribo esto sigue el circo) con sus obligaciones tributarias ya establecidas. Debe recordarse que hay la posibilidad de pedir de antemano que no se apliquen esos impuestos (que en mi opinión son muy altos), si la actividad es definida por las autoridades correspondientes como de interés público.

Aparentemente, tal es el caso con la contratación de la Selección Argentina para jugar con la Selección Nacional, actividad por la cual se le cobró bastante (y hasta agarraron de majes) a los costarricenses. A tiempo las autoridades fiscales le indicaron a la Federación de Futbol que tenía tal deuda con el fisco, pero la primera reacción de esta entidad fue negar que se hubiera incurrido en tal obligación (que podría ascender a medio millón de dólares) y a la fecha no han dicho ni cuío. Es más, no se si también medió un contrato con la selección B de China, al igual que con la traída de cantantes, músicos y boxeadores del exterior, que los haga legalmente responsables de tales retenciones.

A mi no me interesa ser un chivato tributario, pues va en contra de lo que creo (que es obligación ejercer de las autoridades encargadas por ley del cobro de los gravámenes, el ejercer tal vigilancia y fue así como lo hicieron). Me molesta que en tanto algunos vivazos no pagan los impuestos que por ley deben cumplir, en la Asamblea Legislativa se nos quiere imponer nuevos y mayores gravámenes a quienes ya pagamos los impuestos establecidos por ley. Creo firmemente que este ejemplo que comento debe servir de base para que el Estado costarricense, en vez de pedirnos más dinero a quienes ya pagamos, proceda a cobrar adecuadamente los gravámenes que tiene que cobrar. Si al vivazo no se le cobra el impuesto, es inmoral que se le cobre más a quienes ya los pagan, a fin de poder compensar lo que el fisco no han recaudado.

Públicamente un funcionario ligado al deporte -y creo que a la administración del nuevo estadio- salió diciendo en un medio que, para sufragar los gastos necesarios en la buena administración y mantenimiento del inmueble, tan sólo era necesario conseguir tres grandes patrocinadores y mencionó a una institución financiera, una empresa de telefonía y otra aseguradora. Como suelo ser mal pensado, trataré de incursionar en la mentalidad burocrática tan proclive a lo públicamente fácil y me atreveré a decir qué es lo que verdaderamente está detrás de tan ingeniosa propuesta: tratar de pasarle este nuevo y elevado gasto público a los ciudadanos.

La idea no es tan descabellada, porque, ¿qué tal si la institución financiera fuera el Banco Nacional, y la compañía telefonía, el ICE y la aseguradora, el INS? Al ser estas tres empresas entidades estatales, cualquier gasto sería cubierto con fondos que son públicos. Igual podría tener en mente poner a que los clientes sean RECOPE o JAPDEVA o JUDESUR o cualquier otro ente estatal, que sufrague esos gastos que en última instancia involucra dineros de todos los costarricenses, que es a donde se termina por chupar para obtener los fondos para administrar el nuevo estadio.

Ojalá en mi psicoanálisis esté equivocado y se logre obtener recursos (la otra es que ya están pulseando más plata a los chinos, plata que podría utilizarse en cosas mejores) provenientes de una demanda de los servicios que pueden brindar a los ciudadanos esas instalaciones. Pero lo cierto es que acudirán al Estado -esto es, a todos nosotros- para resolver el problema y así todos nosotros lo terminaremos pagando.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 11 de abril de 2011

Tema polémico: privatización de las licencias de conducir


En la gran mayoría de instituciones públicas, sino en todas, existe un desface entre las demandas ciudadanas y la capacidad de aquellas para responderles. El caso más reciente es el de las pruebas de manejo del Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), donde miles de personas se encuentran a la espera para poder realizar dicha evaluación, con el fin de obtener su licencia de conducir. Este es un caso que no sorprende, como sí lo hace el hecho de que todavía sea el Estado el que se encargue de emitirlas. Por eso, en este Tema Polémico, queremos proponer una opción, a la luz no sólo de este problema, sino también un aporte a la discusión en el marco de la Ley de Tránsito.

En general, los costarricenses han tenido que aprender a hacer filas largas. Cada vez que van a la CCSS, a las Universidades Públicas, al ICE o al MOPT para cualquier trámite, tienen que dedicar horas para poder obtener, pocas veces, una respuesta satisfactoria. Para los que hemos tenido esa amarga experiencia, es común escuchar las quejas de otros usuarios porque tuvieron que perder todo un día laboral para hacer sus gestiones y, en más de una ocasión, llegan a nuestros oídos comentarios que reflejan el estado de desesperación de los ciudadanos, quienes están dispuestos a pagar una "mordida" con tal de no tener que sufrir nuevamente ese calvario.

Pues bien, para el caso concreto de las licencias, en ASOJOD tenemos una idea: sacarla del ámbito del Estado y entregarla al sector privado, por ejemplo, a las empresas aseguradoras.

Imagínense la ventaja: con la apertura en el mercado de seguros, tenemos hoy día, al menos tres empresas conocidas para la generalidad de los ciudadanos: INS, ASSA y MAPFRE. Conforme el proceso avance, estas empresas irán ampliando sus sucursales, llegando a cubrir prácticamente todo el territorio nacional. Esto permitiría que las personas no tengan que desplazarse desde su lugar de habitación hasta el COSEVI, en La Uruca, para realizar sus trámites, sino que podrían realizarlos en la sede local de su aseguradora, reduciendo las filas y tiempos de espera, como ya ocurre con el plan piloto que se lleva a cabo con el BCR.

Esta propuesta sería beneficiosa para todas las personas, pero especialmente, para las de más escasos recursos. Las filas implican que las personas dejen de trabajar y, por tanto producir riqueza. Cuando su ingreso es alto y su trabajo se lo permite, un individuo puede sacar un día libre sin que el dinero de ese día resulte una gran pérdida. Sin embargo, cuando se trata de personas que ganan poco, un día rebajado significa que esa semana, probablemente, algo faltará en casa. De esta forma, menos filas implicarán menos tiempo laboral perdido y menos afectación al ingreso de las personas, quienes pueden dedicar el tiempo restante a trabajar, mejorar su preparación o pasarlo con sus familias. El resultado: ganancia redonda para los ciudadanos.

Otro aspecto positivo sería que las licencias -provisionales o definitivas- sean, a su vez, una póliza de seguro. Ya de por sí, ellas requieren un seguro obligatorio, al igual que los vehículos que circulan por las calles, por lo que esta propuesta podría ofrecer una respuesta a uno de los puntos principales que preocupan a las autoridades, a los medios y a los costarricenses: conductores borrachos o imprudentes.

Si la licencia es una póliza de seguros, las empresas serán sumamente celosas respecto a quién se la entregan. ¿Cuál aseguradora estaría dispuesta a asumir los pagos por daños ocasionados por conductores borrachos o imprudentes? Posiblemente ninguna. Estamos seguros que, de enterarse que uno de sus asegurados viaja por las vías terrestres bajo los efectos del alcohol, participa en piques o realiza maniobras que ponen en peligro a los demás transeúntes, estas empresas no renovarán su licencia o, de hacerlo, le cobrarán una póliza mucho mayor por el riesgo. De una u otra forma, se castiga al irresponsable, llevándolo hasta el punto de que modifique su conducta o se quede, del todo, sin licencia para conducir.

En tercer lugar, pero no por ello menos importante, podría enfrentarse de forma efectiva el problema de la corrupción en la emisión de licencias. Para nadie es un secreto, y así lo ha publicado la prensa en muchas ocasiones, que en esta materia se da un sinnúmero de "chorizos", pues tanto instructores como conductores, se prestan al negocio de dar una "mordida" a cambio de obtener el permiso. Pues bien, una vez más, como en nuestra propuesta la licencia es una póliza de seguro, sería razonable pensar que las empresas aseguradoras serán celosas en verificar que quien no esté preparado para manejar obtenga la licencia. Más que un compromiso moral y legal, estas empresas serían rigurosas por una razón económica: el mal conductor les acarreará pérdidas pecuniarias.

Estas son unas sencillas pero buenas ideas para resolver el problema de las filas y la corrupción en el trámite de las licencias de conducir. No sólo generaría menos tiempos de espera y mayor eficiencia en el tiempo de los ciudadanos, sino que implicaría que ellos pierdan menos tiempo laboral -y por tanto menos recursos- en las interminables filas, al tiempo que se lucharía frontalmente contra la corrupción.

Los tomadores de decisiones son los que tienen la sartén por el mango: ¿querrán realmente beneficiar a los costarricenses o están dispuestos a continuar obligándolos a soportar este trato ineficiente e irrespetuoso?

viernes, 8 de abril de 2011

Viernes de recomendación


Para esta ocasión, queremos ofrecerles el célebre ensayo de Frederic Bastiat titulado "Lo que se ve y lo que no se ve", donde el autor explica los efectos no previstos de muchas acciones e ideas. Para algunas personas, especialmente políticos, economistas y abogados, sólo importan las consecuencias visibles de la legislación, pero no consideran una serie de efectos que influyen en su imposilibidad de cumplimiento, en su perversión o en otros elementos que, a la postre, terminan generando más problemas que los que pretendían resolver.

jueves, 7 de abril de 2011

Jumanji empresarial: más impuestos igual a menos educación


En anteriores artículos, hablamos de la táctica del miedo que estaba utilizando el Gobierno para presionar con el fin de que aprueben su paquetazo de impuestos. Pues bien, uno de los principales argumentos con los que salen los estatistas es que si no se aprueba el proyecto de ley de "Solidaridad Tributaria" no habrá dinero para pagarle a maestros, reparar las aulas dañadas y proporcionarle educación a los costarricenses.

Como son ellos mismos los que siempre alegan que existe una relación perfecta y directa entre educación y riqueza, (que puede ser cierta pero, a nuestro criterio, la educación es condición necesaria pero no suficiente para generar riqueza), en ASOJOD queremos aprovechar para hacer unas breves reflexiones acerca del verdadero impacto que esta reforma tributaria podría tener sobre el estado de la educación y el desarrollo humano.

Nuestro argumento se basará, en esta ocasión, en la educación superior. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009, realizada por el INEC, en Costa Rica apenas 655 mil personas (un 15% de la población total del país) tiene formación universitaria. Muchos se sienten orgullosos del impacto que han tenido las universidades públicas en la movilidad social, al formar a una serie de profesionales con un "bajo" costo individual para que ingresen al mundo profesional y generen ingresos que, a la postre, servirán para que el Estado tenga más recursos para reinvertir en la educación de futuras generaciones. Sin embargo, viendo los números, ese "maravilloso" trabajo se queda corto: el 85% de la población no tiene, hoy día, estudios universitarios.

Ahí aparece el casi nunca reconocido aporte de las universidades privadas en esa dura labor de difundir el conocimiento, profesionalizar a las personas y crear más riqueza. Son las universidades privadas las que están abriéndole las puertas a ese 85% que no puede ingresar al sistema público, pero que gracias al servicio que algunos visionarios empresarios y docentes les ofrecen, han logrado mejorar su nivel educativo y, al profesionalizarse, han podido aspirar a trabajos mejor pagados o han logrado desarrollar los conocimientos necesarios para innovar y crear su propio emprendimiento.

Para muchos, la educación no debería verse como una "mercancía", es decir, no debería estar sujeta a la ley de la oferta y demanda. A ellos les parece atroz que alguien lucre con una institución educativa y que alguien tenga que pagar por recibir esa formación. Sin entender por qué (o por lo menos sin poder explicarlo) ellos pretenden que sea el Estado el único que forme a la fuerza laboral más calificada. Otros son más flexibles en el discurso, pero no en la práctica. No salen atacando a la institucionalidad privada de educación a los cuatro vientos, pero desean someterla a los más estrictos controles de acreditación y a los más rapaces cobros fiscales.

A pesar de todo ello, lo cierto es que la actividad privada en educación ha logrado avanzar en nuestro país. Cada vez son más las opciones para que las personas puedan matricularse o matricular a sus hijos. Cada vez más se amplían las oportunidades para que quienes no han tenido la opción de concluir o continuar estudios, puedan hacerlo. Y este progreso se le debe, fundamentalmente, a las universidades privadas. Las públicas están saturadas y desfasadas; su población es, mayoritariamente, una población de ingreso medio-alto y alto.

No obstante, los estatistas piensan, sin ningún asidero en la realidad, que quienes van a esos centros de estudio son personas de muy altos ingresos. Curiosamente, es la realidad la que demuestra lo contrario. De acuerdo con el estudio elaborado por Jiménez y Céspedes, titulado "Distribución del ingreso en Costa Rica: 1998-2004", el 68% de los estudiantes de universidades públicas pertenecen a los dos quintiles de mayor ingreso en la población, mientras apenas 3% pertenece al primer quintil, es decir, a las personas más pobres.

Para mencionar tan sólo un par de ejemplos que ilustran este punto, la hija del flamante Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, es nada más y nada menos que la Presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR. De modo menos específico, basta recorrer los parqueos de las facultades de Derecho o Medicina en esa universidad para darse cuenta que casi todos los estudiantes son hijos de afamados personajes públicos (Presidentes, Ministros, Magistrados, médicos, etc.) y que los carros que están allí no son precisamente los de profesores.

En cambio, las universidades privadas, aunque muchos no lo crean, están repletas de personas pulseadoras: trabajadores de día y estudiantes de noche; adultos que, en su momento, tuvieron que abandonar sus estudios y hoy los han retomado con éxito; personas que no tienen cabida en el sistema público o que, por sus horarios, requieren mayor flexibilidad. En síntesis, gente que no puede, como los que están en las universidades públicas, dedicarse casi exclusivamente al estudio y tienen que generar ingresos para el mantenimiento propio y de su familia.

En este sentido, vale la pena preguntarse ¿a quién afectará un incremento de impuestos sobre la educación privada? La respuesta no es, definitivamente, a los empresarios que tienen centros de estudio, pues ellos trasladarán los costos a los estudiantes. Así pues, con el ya mencionado plan de "Solidaridad Tributaria" sólo se estaría logrando una cosa: cerrarle la oportunidad a ese 85% de la población para que se profesionalice.

Conforme tengan que pagar más por la matrícula y por los cursos, menos personas podrán continuar en las universidades privadas, provocando que, quienes puedan, deban migrar al ya abarrotado sistema público o abandonar cualquier pretensión de estudio. Eso significa menos profesionales calificados, menos oportunidades de generar o conseguir empleos de alta calidad, menos innovación, menos investigación, menos competitividad, menos riqueza y, en general, menos progreso. Esa es la solidaridad que quiere el Gobierno de Laura Chinchilla: una solidaridad en la pobreza.

martes, 5 de abril de 2011

La columna de Carlos Federico Smith: ojo con la velocidad


Si los ticos no nos hemos dado cuenta clara de que las multas tan altas más bien parecen ser instituciones destinadas a recoger impuestos sin tener que pasar por una aprobación tributaria, en vez de una penalización al conductor de un vehículo por conductas consideradas inapropiadas según reglas de tránsito previamente definidas, entonces no estamos en nada. Es más, les apuesto que los “técnicos” no consideran esas multas como parte de la carga tributaria de una nación, cuando simplemente se han convertido en gravámenes disfrazados.

Es por esa actitud “mporta’mi” que la Federación Nacional de Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentina, los usuales políticos engolosinados, los intermediarios vivillos, los patrocinadores descuidados, etcétera, están muertos de risa y con los bolsillos llenos por la mesiada que pudieron darnos. Pronto organizarán una nueva actividad en el Estadio Nacional con Mesi, quien vendrá al país a modo de disculpa, pero por supuesto que cobrando una buena tajada. Ser más alertas como ciudadanos y como consumidores son dos caras de lo mismo: se trata de velar porque no nos agarren de tontos, de babosos, disponiendo de los recursos que tanto nos cuestan ganar.

En buena hora el Estado ha procedido a instalar cámaras de vigilancia, para que aquellos conductores sorprendidos in fraganti rompiendo los límites de velocidad fijados -si bien respetando el principio básico de inocencia- se vean obligados a pagar multas que buscan refrenar la comisión de conductas a todas luces socialmente inconvenientes. Pero tampoco es conveniente permitir que el Estado abuse del ciudadano contribuyente y conductor de vehículos a partir de su monopolio de coerción, utilizándolo para hacer cobros excesivos y hasta absurdos. Dejemos de lado en este comentario si estamos en presencia de cobros exagerados, razón válida para provocar que la nueva Ley de Tránsito esté varada en el Congreso (¡que vivan los diputados oponentes!). El principio aplicable debe ser tener multas adecuadas al tipo de “delito” y que no vayan más allá de infringir un dolor apropiado a los conductores multados sin llevarlos a la ruina. Pero centrémonos en el tema de las multas por velocidad al circular y de las cámaras ya instaladas en ciertas vías para controlarla.

El asunto es en estos momentos particularmente importante: ya las autoridades de turno -con frecuencia equivocadas al tratar de imponer sus apetencias fiscales por encima del comportamiento normalmente esperado de las personas en sociedad- nos anuncian nuevas restricciones al tránsito dicen que “a fin de proteger al consumidor“ de los altos precios internacionales de los combustibles, como si fuéramos bebitos para no saber cómo actuar responsablemente según nuestras propias capacidades.

Ya hay voces en naciones como los Estados Unidos -la estulticia no conoce fronteras- para introducir un límite a la velocidad máxima a que se puede circular -creo que de 65 millas por hora- debido al alza en los precios de los combustibles y que serviría para que ese país ahorre recursos, lo cual es total y empíricamente falso. Equivale a que se me prohíba comer pan para ahorrar en el gasto nacional de la harina importada que está más cara. En Costa Rica los estatistas están reviviendo por aquella razón la propuesta de no circular durante uno o dos días a la semana (dicen que dos, para que, como majes que nos consideran, les aceptemos uno de ellos). Esta restricción se había venido abandonando en los últimos tiempos por no tener sentido alguno, excepto por razones de construcción de vías y ello en cierto grado de lógica.

Con el pronto inicio del cobro de (altas) multas por velocidad, utilizando cámaras electrónicas selectivamente ubicadas, es necesario que cuestionemos la definición de distintas velocidades máximas hoy empleadas por las autoridades en distintos tramos de vías públicas y que se supone constituyen la base legal para la imposición de esas multas. Por ejemplo, hay partes en que se tiene definido un risible límite máximo de 20 kilómetros por hora (no sólo frente a escuelas), que lo hace a uno pensar si las autoridades de tránsito tienen en mente que por nuestras vías circulen tan sólo carretas. En carreteras hay señaladas velocidades tan lentas que incluso constituyen un contrasentido a los propósitos revividos de ahorrar gasolina, pues es sumamente ineficiente para la naturaleza de las máquinas de los vehículos en circulación (tal vez debe excluirse de tal grupo al trencito con turistas que circula por el centro de San José, pero estoy seguro que ni esa es una velocidad óptima). Una velocidad de 40 o 60 kilómetros por hora en una “autopista” como la radial es risible, pues los accidentes no suelen ocurrir por la velocidad a que se circula sino por otras razones tales como proximidad entre vehículos, intersecciones mal diseñadas, carriles estrechos, entre muchos otros, inclusive por tránsito lento. Ello debe ser analizado debidamente y pensar en la existencia de ciertos flujos de velocidad que no causan problemas.

Déjenme señalar que uno de los problemas observados en lugares de los Estados Unidos en donde se aplica el control de velocidad por medio de cámaras para efectos de multas, es que no necesariamente las autoridades las aplican universalmente, sino que seleccionan a los de ciertos tamaños y marcas, posiblemente porque tienen en mente que, cuando manden el cobro de la multa por correo, el chofer o el dueño del vehículo, que no se dio cuenta de tal control, acudirá a pagarla por ser de recursos relativamente más altos.

Propongo que, al menos antes de proceder a cobrar por “exceso de velocidad”, y de que surja una reacción de malestar entendible por parte de los ciudadanos ante la nueva práctica, las autoridades de tránsito definan claramente las reglas de velocidad, dejando de lado algunos de los absurdos que todos conocemos. Lo que me preocupa es que esta revisión que propongo a la política de velocidad va en contra de los objetivos de recaudar plata mediante multas a como haya lugar, que en mi opinión se ha venido siguiendo en los últimos tiempos. Espero que no estemos condenados como siervos de la gleba a lo que algún burócrata entre risas nos dirá acerca de las multas que van a cobrar por “velocidad”. Ojalá me equivoque y se pueda lograr un orden mesurado y lógico que evite lo que podría degenerar en una odiosa aplicación selectiva de la ley.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 4 de abril de 2011

Tema Polémico: Abusos en Convenciones Colectivas


Desde hace ya más de un mes, la atención de los estadounidenses sobre temas internos del país se ha centrado mucho en el pequeño estado de Wisconsin. Esto es porque el nuevo Gobernador republicano, Scott Walter, está intentando fuertemente, y contra una oposición muy dura por parte de los sindicatos, reducir el creciente déficit fiscal por medio de la eliminación de ciertos beneficios exagerados en pensiones y seguridad social. El Gobernador defiende esta reforma pues considera que es la única forma de salir del estado de quiebra en el que se encuentra el gobierno que heredó. Claramente esta situación suena familiar a la que tenemos actualmente en nuestro país. El día de hoy en ASOJOD queremos hablar de las famosas convenciones colectivas, sus abusos y sus consecuencias.

Una convención colectiva es un convenio que firma unos o más sindicatos de trabajadores con uno o más patronos para reglamentar las condiciones futuras de trabajo. La negociación por medio de convenciones colectivas es un derecho constitucional en nuestro país. En ASOJOD no estamos en contra de que los trabajadores se organicen para negociar con sus patronos ciertas condiciones laborales, sin embargo, hemos visto como en las últimas décadas estas negociaciones en el sector público han estado cargadas de amenazas que ponen en jaque a los gobernantes y a los empresarios.

Los trabajadores públicos tienen la gran ventaja a la hora de negociar de que laboran para monopolios estatales. Dado esto, saben que si no le les conceden sus deseos tienen el poder de dejar comunidades sin electricidad, sin agua o detener el comercio con otros países. Los trabajadores del sector privado saben muy bien que si negocian beneficios exagerados, ellos terminan siendo los grandes perdedores, ya que se quedarían sin trabajo dado que la empresa podría dejar de ser competitiva en el mercado. Este detalle tan importante en el funcionamiento de las empresas en un mercado libre no aplica para las empresas y las instituciones estatales.

Esto ha permitido que en el sector público se negocien beneficios desmedidos, convirtiendo a las empresas estatales en grandes elefantes ineficientes adonde los trabajadores realizan sus labores sin control alguno y sin temor de que los puedan despedir. La mala calidad en la educación pública, la lentitud e incapacidad de nuestros puertos y los malos servicios en distribución eléctrica y de agua potable son tan solo algunos ejemplos de lo nefastas que han sido las convenciones colectivas en el sector público y lo peligrosas para el correcto desarrollo de nuestro país.

Estos beneficios han llegado a niveles descontrolados. Si queremos convertirnos en una nación desarrollada, será necesario que le exijamos a nuestros gobernantes que los reduzcan significativamente.

Para nadie es un secreto que la gran mayoría del presupuesto del sector público es consumido por salarios y pensiones. De todo el monto que se destina a salarios, tan solo un 47% corresponde al salario bruto de los trabajadores. El otro 53% está compuesto de beneficios e incentivos resultado de las convenciones colectivas. Lo más impactante es que de este 53% de beneficios e incentivos ni uno solo está sujeto a un buen desempeño por parte del trabajador.

¿Y así queremos ser competitivos y desarrollados? Vale más que ciudadanos y políticos reflexionemos sesudamente acerca de esta situación.

viernes, 1 de abril de 2011

Viernes de Recomendación

Este día les queremos presentar la charla en la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala de el Dr. Alberto Benegas Lynchsobre que es el liberalismo.