La columna de Carlos Federico Smith: incentivos versus salarios en el Sector Público

Un informe reciente de la Contraloría General de la República, Presupuestos Públicos 2017: Situación y Perspectivas”, contiene información muy interesante en relación con la estructura del gasto en el sector público, en lo referente a las remuneraciones básicas -salarios base más cargas sociales- y los denominados incentivos salariales, que son beneficios adicionales al salario. Estos últimos proliferaron en monto y número a partir de los años 1970 y 1980, constituyendo una larga lista de lo que podría considerarse como “pagos para motivar a los trabajadores”. Según información suplida por el ministerio de planificación, en el 2014 había 47 entidades gubernamentales, cubiertas por el sistema del Servicio Civil, que tenían más de 68 diferentes pluses, aplicados en función de la base salarial. Entre ello, se pueden citar, como ejemplos, las anualidades, pagos por dedicación exclusiva, calificaciones por desempeño, carrera profesional, igualación salarial entre diferentes instituciones, y un largo etcétera.

Resulta de dicho informe de la Contraloría que, para el 2017, por colón pagado como remuneración básica -salario y cargas sociales-, el sector gubernamental estima gastar un colón y diez centavos en incentivos salariales. Esto es, los beneficios superan lo que se podría denominar como salario base más cargas sociales.

El sector público incluye al gobierno central más las instituciones descentralizadas no empresariales -Caja, universidades públicas e IMAS- más las empresas públicas no financieras -RECOPE, ICE, Fuerza y Luz- más las instituciones públicas financieras -Banco Central, bancos comerciales estatales y Banco Popular- y órganos desconcentrados ─como FODESAF, CONAVI y otros.  Se estima que gastará en el 2017 ₡23.857.722 millones, según su presupuesto, de lo cual el 37% corresponde al gobierno central; así, el presupuesto ordinario del gobierno central aprobado que se espera ejecutar en el 2017, asciende a ₡8.939.241 millones.

Las remuneraciones estimadas de sector público aprobadas para el 2017, se elevan a ₡5.881.392 millones. A la vez, dado que el total de recursos públicos aprobados para dicho gasto ascienden a ₡23.857.722 millones, significa que de él las remuneraciones serán un 24.7%. Las remuneraciones significan un aumento de “un 1.2% más que el presupuesto inicial del 2016 y un 4.1% más que el monto aprobado al final del ejercicio”, y, “se observa un gasto que si bien ha perdido dinamismo respecto a años anteriores, continúa siendo uno de los componentes inerciales y de mayor magnitud en la estructura de egresos del sector público,” a menudo citados por políticos como “gastos inflexibles”.

Asimismo, como se indicó, para el 2017 -con base en el presupuesto inicial aprobado para este año- en el sector público la proporción de los incentivos es un 10% superior a las remuneraciones básicas, esto es, 1.1 a 1. (₡2.398.4 millones de pagos por incentivos salariales versus ₡2.181.6 millones de pago de remuneraciones básicas). Esta proporción es aún mayor (de 1.37 a 1) en las instituciones descentralizadas no empresariales, comparado con sector público total, según lo menciona la Contraloría. Pero, tal informe no desglosa el dato de incentivos salariales aprobados para el 2017 para el gobierno central, por lo que no puede citarse cuál es su proporción relativa. No obstante, ese informe señala que “Por grupo institucional, se tiene que los montos más grandes [de remuneraciones como porcentaje del presupuesto inicial aprobado] se destinan en el Gobierno Central y en las IDNE [Instituciones Descentralizadas no Empresariales, como la Caja, las Universidades públicas y el IMAS]”.  

Además, cita la Contraloría, la relación entre incentivos y remuneraciones básicas en RECOPE, la Defensoría de los Habitantes, el ICT, el INS, el Consejo Técnico de Aviación Civil y en el Poder Judicial, sobrepasan a aquel promedio de 1.1 a 1. 

La Contraloría enfatiza la necesidad de evolucionar desde un sistema salarial que ha priorizado a los llamados incentivos, provocando una proliferación y una muy diversa gama de incentivos distintos entre diferentes entes estatales, hacia uno en donde se eliminen e incorporen, si fuere el caso, en un sistema de pago a los trabajadores basado en el llamado salario único.  Cito su razonamiento: “Si bien es cierto no existe un esquema remunerativo que sea aplicable de forma uniforme a todo el sector público... ciertamente la simplicidad y homogeneidad en lo que corresponde se consideran como atributos deseables para promover la transparencia y equidad, al tiempo que favorecen una administración eficiente de los recursos.

Y continúa, “Esquemas donde los incentivos superan en gran medida el salario base desvirtúan la naturaleza de ambos, pues en la praxis el incentivo se ha convertido en un mecanismo para compensar salarios base bajos, con la particularidad de que al estar conexos entre sí, el aumento de la edad promedio de la planilla y ajustes por costo de vida (o extraordinarios) provocan un crecimiento vegetativo en el largo plazo, que no necesariamente se corresponde con los niveles de productividad o las posibilidades fiscales del país.” 

Ojalá que este llamado a la lógica y la racionalidad que nos hace la Contraloría tenga eco en el país, principalmente en el área política, pues es indispensable proceder a esos ajustes de políticas y así evitar un descalabro como el sucedido recientemente en Grecia.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: El gasto aumenta y también el déficit ¿Hacia dónde vamos?

Presupuesto presentado por el Ejecutivo para el próximo año 2015 fue rechazado por la mayoría de los diputados de la Asamblea Legislativa. Una decisión que celebramos en ASOJOD pues a sabiendas del déficit fiscal con que se cuenta y del tamaño del Estado ya astronómico el Poder Ejecutivo decidió ignorar todo eso y mandar un presupuesto para el próximo año casi un 20% mayor aumentando el déficit fiscal a casi un 7% del PIB. Una decisión que, como hemos analizado con anterioridad, es prueba inequívoca de que contamos con un Presidente irresponsable que no tiene el más mínimo remordimiento en echar al país por un abismo con tal de cumplir sus promesas de campaña. Y hasta se dejó decirles a sus ministros que si no gastan hasta el último cinco entonces habrá sanciones. Sin palabras.

La mala noticia es que, aun habiendo sido rechazado por la mayoría y a causa de un vacío constitucional, el Presidente de la Asamblea Legislativa tomó la decisión de aprobar el presupuesto para el 2015 sin ningún cambio. Que irresponsabilidad y desacato. Y nosotros nos preguntamos ¿Si al rechazar el presupuesto igual es aprobado entonces cual es el sentido de que sea presentado a la Asamblea Legislativa para control político? ¿Adónde quedaron los principios de la democracia en esto? Que falta de seriedad. Esperamos que muy pronto este vacío constitucional pueda ser remediado para que estas irresponsabilidades no vuelvan a ocurrir.

Tal vez lo único bueno que se podría rescatar de esto es que, en vista de que el Ejecutivo no tiene ningún interés de controlar el gasto (todo lo contrario) ahora no tiene absolutamente ninguna autoridad moral para acercarse a la Asamblea Legislativa a pedir más impuestos. Vemos con mucha alegría que el plan de Helio Fallas de aumentar el impuesto de ventas a un 15%, de implementar IVA, renta global y mundial está más difícil que nunca. No se vale que ahora quieran solucionar el problema del déficit por la vía de más impuestos queriendo gastar cada día más y de manera más irresponsable. No cabe la menor duda de que el problema se ha originado a causa de un problema en el gasto y solo de esta manera se debe solucionar.

Pero entonces ¿Hacia dónde vamos? Si el Gobierno no quiere disminuir el gasto y es imposible e inmoral solucionarlo por otras vías, ¿Qué va a pasar? ¡Nos va a llevar la trampa! Cuando estos problemas se ignoran normalmente el ajuste es automático pero va en detrimento de absolutamente todos y en especial de las clases más pobres. Ojalá que no lleguemos a ese punto de no retorno. Ojalá que este presidente comprenda esto. 

Desde la tribuna: ¿quién paga?

La información es muy clara y no admite falsas interpretaciones.  La deuda pública creció un millón de millones (un billón) de colones, el primer cuatrimestre de este año.
 

¡Qué fácil gastar el dinero ajeno!  ¡Qué fácil ha resultado endeudar a los demás, echarle la carga a las futuras generaciones y ser tan irresponsable con el gasto público!

De lo que se trata, simplemente, es de una violación flagrante, descarada y directa de todo el pacto social costarricense.

El Estado se ha convertido en un instrumento de expoliación para que unos cuantos se queden con todo, despojen a los demás y, cuando no ha habido de dónde tomar, entonces hipotequen el futuro de todos.

El resultado de pensiones excesivas con cargo al presupuesto, una alta planilla llena de gollerías y privilegios, un desviado sentido del asistencialismo y el clientelismo político es un Estado lleno de gastos, inútil, que evade sus fines primarios y se dedica a ordeñar a los sectores productivos y trabajadores de la sociedad.

Las autoridades concernidas (Sala Constitucional, sector de Hacienda, Contraloría, diputados) han olvidado los controles constitucionales (límites presupuestarios, equilibrios presupuestarios) y se han dedicado irresponsable e indolentemente a inflar los gastos y promover la repartidera.

Las instituciones públicas han ido cayendo en la misma cosa:  exceso de planilla, falta de racionalidad en el gasto, privilegios y abuso de sus ingresos.  La CCSS es un caso por antonomasia, las universidades públicas ni qué decir, el ICE reúne una serie de perversiones inaceptables y el cuento sigue.

Los monopolios públicos han sido excusa para inflar gollerías y ventajas y ahora asfixian a la sociedad costarricense (ICE, RECOPE).  No abunda la energía por su modo de hacer las cosas, no es barata y más bien afecta negativamente el desempeño y economía de la sociedad costarricense.

Lo peor es que quienes están señalados para detener el abuso y el exceso más bien parecen promoverlo e incentivarlo.  La Sala Cuarta está compuesta por magistrados que disfrutan de un régimen privilegiado de pensiones y hace rato que perdió la vocación de frenar los abusos (más bien declina los controles presupuestarios y fomenta los abusos contra la CCSS).  La Asamblea Legislativa parece ignorar la esencial función de control político, presupuestarios y administrativo y más bien se solaza en aumentar el gasto público, hacer cundir la repartidera y fomentar el clientelismo.

El IMAS no tiene idea de qué pasa con el 75% de la gente que recibe ayuda social, el FONABE reparte becas entre hijos de funcionarios del MEP, el ICE bloquea cualquier intento para que haya apertura en electricidad y los sectores productivos puedan hacer su aporte, RECOPE gasta a manos llenas en un proyecto de refinería china que hasta la Contraloría ha calificado mal, el asfalto no cumple con los requerimientos mínimos (y eso que fueron dolosamente rebajados por una Administración de cuyo nombre no quiero acordarme).  

Se suponía que el Estado era para dar seguridad al Derecho y a los derechos fundamentales, no para que un grupo se montara en él y exprimiera a los demás.  Sin necesidad de sangre azul ni tradiciones similares, se ha creado una especia de pluto-aristocracia que se sirve del Estado para pasarla mejor  (privilegios, gollerías, pensiones, huelgas sin reponer el servicio, mejores horarios y paga) y, para lograrlo, no ha reparado en gastar lo  que ni siquiera existe (el futuro de nuestros hijos y nietos).

Las normas constitucionales han sido reiteradamente violadas, torcidas, malinterpretadas, ignoradas, vaciadas de contenido y puestas a un lado.  ¿No había jurado cumplirlas y defenderlas?

Federico Malavassi Calvo