Desde la tribuna: cuentos y mala administración. Paquete tributario a la vista

Ahora el nombre es “Consolidación Fiscal”, pero se dice que “la mona, aunque de seda se vista …” A final de cuentas es un “paquete tributario” más.

Nueva versión del mismo vicio: ofrecimiento de racionalidad fiscal, pero los hechos contradicen las palabras. El gobierno gasta a manos llenas, desperdicia el esfuerzo de los costarricenses y bota la plata (trocha, infraestructura, refinería china).

Obviamente, con tal antecedente y poniendo atención a lo que hacen (el gasto sigue acelerado, el endeudamiento público es indecente) es obvio que no hay disciplina fiscal y que, a final de cuentos (no “cuentas”) no estamos sino ante un pretexto para intentar otro “paquete de impuestos”.

Esta vez la cosa es más grave, en el documento de los cuentos se admite que se quieren gravar los bienes meritorios de educación y salud:

Respecto del intento de poner impuestos a la educación y a la salud, se dice lo siguiente:

“Considerar tratamientos diferenciados a bienes meritorios según criterios de eficiencia y equidad. Específicamente:

- Gravar los servicios privados de educación, introduciendo tasas diferenciadas por nivel educativo tomando en cuenta eficiencia y equidad. Por ejemplo, estudios basados en la última encuesta de ingresos y gastos muestran que más del 90% de los estudiantes de educación básica y media privada provienen de familias que pertenecen al 20% de la población de mayores ingresos, porcentaje que se reduce a alrededor de un 50% en el caso de los estudiantes a nivel universitario privado.

- Gravar los servicios privados de salud. La tasa que se aplique deberá reflejar el patrón de consumo de los servicios privados de salud por parte de la población según los niveles de ingresos. Según la encuesta de ingresos y gastos, el consumo de servicios de salud privada se concentra en los consumidores de mayores ingresos.”

También se quiere poner impuestos a los artículos de la “canasta básica”  (esos artículos cuyos precios ni siquiera conoce el candidato oficialista):

Respecto del intento de gravar la canasta básica, se expresa lo siguiente:

“ … pero si se grava parcialmente la canasta básica, tendría un rendimiento mayor. Si en adición a la ampliación de la base se incrementa la tasa general del impuesto, cada punto porcentual generaría hasta 0,3% del PIB de recaudación adicional.”

Finalmente, la restricción vehicular que es ni más ni menos que el resultado de un fracaso o un incumplimiento del gobierno, que a pesar de contar con ingresos apropiados y grandes ha sido inútil en lograr una adecuada infraestructura y ha recurrido a limitar la libertad de circulación, ha dado pie a la imaginación de la voracidad fiscal, pues se piensa devolver la libertad a cambio de un impuesto.  Leamos lo que se dice al respecto:

“Exención de la restricción vehicular por medio del pago de un derecho para circular todos los días de la semana.”

¡Qué tupé!  Les hemos dado plata de sobra para mejorar la circulación e infraestructura.  Por inútiles y malos administradores nos tienen en crisis y llenos de daños.  Por causa de sus faltas nos han puesto en restricción y ahora, ante la mala administración fiscal, lo que se les ocurre es poner un impuesto para devolvernos el derecho a circular todos los días.

Yo no pienso dejarme.  ¿Usted?

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: el indulto

En los últimos días, el tema del indulto que el Poder Ejecutivo dio, aparentemente a petición y/o por gestión del Diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Manrique Oviedo, ha despertado muchísimos comentarios. Nuevamente surge la discusión acerca de la intromisión de poderes al hablarse de un presunto favor político para que el finquero, condenado a 20 años de prisión por intento de homicidio, recibiera el perdón e, incluso, se ha llegado a plantear la posible salida del legislador en caso de que se compruebe que actuó indebidamente, o al menos, esa es la versión que han dado algunos miembros de su partido.

Fuera del caso particular al que nos enfrentamos, que puede tener sus aristas interesantes, solo nos provoca mencionar, para efectos de la polémica, que la supuesta gestión del Diputado se dio en el contexto de la alianza entre el PAC y el Gobierno para aplicarnos un paquetazo de impuestos (tiempo en el cual Oviedo era Jefe de Fracción del PAC y principal defensor del aumento fiscal en la Asamblea Legislativa). Aparte de ese detalle -que por sí solo genera mucho más de qué hablar- en ASOJOD queremos concentrarnos en el tema de fondo: la naturaleza del indulto. 

Este instrumento se encuentra consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, particularmente en el inciso 2) del artículo 147 de la Carta Magna, que dispone que corresponde al Consejo de Gobierno, bajo la dirección del Presidente de la República “ejercer el derecho de gracia en la forma que indique la ley". La remisión que hace el constituyente al legislador ordinario, al disponer “…en la forma que indique la ley”, se desarrolla en el artículo 90 del Código Penal, que señala que el "indulto aplicado a los delitos comunes, implica el perdón total o parcial de la pena impuesta por sentencia ejecutoria, o bien su conmutación por otra más beneficiosa y no comprende las penas accesorias”.

No obstante, para nosotros, esta figura tiene sus problemas. Empezando por el más evidente, al permitirse que una  sentencia debidamente emitida por los Tribunales de Justicia, sea modificada, reducida o suprimida por el Poder Ejecutivo, se roza con el absolutismo monárquico de siglos atrás, donde el Jefe de Estado, el monarca, otorgaba el perdón como una concesión graciosa y una muestra soberbia de su poder absoluto. Más que un acto de perdón, los indultos se han convertido en una suerte de espectáculo público, donde quien ocupe la Silla Presidencial otorga su perdón cuasi divino frente a los medios de comunicación, a cambio de lágrimas y agradecimientos que rememoran el rito medieval del beso al anillo del monarca y que en nada contribuyen ni al respeto de los derechos de las víctimas ni a la consolidación de un sistema democrático en la cultura política de los costarriceses. Y por supuesto que, en tiempos modernos, este acto tiene una connotación político-electoral de gran peso: es un mensaje claro para los beneficiados y sus familias, por lo que no es de extrañar que se construyan agradecimientos perennes que, en los próximos comicios, se convertirán en votos para el partido del mandatario que firma el perdón.

En el mismo orden de ideas, el indulto implica otra gran afectación. Efectivamente es una forma de intromisión del Poder Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial. A ver: si los tribunales siguen el debido proceso, investigan la aparente comisión de un delito y encuentran responsables que son condenados, ¿por qué razón el Consejo de Gobierno, sin conocimiento a detalle del caso y de su impacto -especialmente para las víctimas y sus familias- decide suspender esa pena y otorgarle el perdón al condenado? ¿No debería corresponderle esa competencia al Poder Judicial, apoyado por el criterio técnico del Instituto Nacional de Criminología?

Nos parece que  es muy peligroso que la posibilidad del perdón por un delito quede en manos de un Consejo de Gobierno que tiene todos los incentivos para utilizarlo con objetivos políticos, sea para ganar votos en el futuro o para demostrar, con arrogancia, su poder.

La columna de Carlos Federico Smith: incertidumbre tributaria

Dos anuncios efectuados hace pocos días, en mi opinión alimentan la incertidumbre que el costarricense ha visto aumentar, en torno a los impuestos que debe pagar. El primero de ellos se refiere al alza en el valor de numerosos vehículos, para efectos de la definición de ese impuesto conocido como “marchamo”. El segundo es el anuncio de una revaloración de las propiedades, para determinar el pago del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, así como del llamado impuesto solidario.

Recordemos que el monto a pagar impuestos, como los antes señalados, está definido por dos factores: la tasa imponible y la base sobre la cual se aplica dicha tasa.  En los últimos tiempos, gracias a la reacción popular, a los gobernantes que buscan aumentar los impuestos, se les ha hecho difícil lograrlo mediante incrementos en las tasas impositivas, por lo cual ahora acuden al otro factor determinante de la recaudación: hacer crecer la base imponible. 

Era de esperar que, ante el rechazo del paquetazo tributario del año pasado, el estado angurriento acudiera a cualquier opción que tuviera en sus manos, a fin de poder aumentar sus ingresos. Ya hemos visto cómo ha acudido al endeudamiento externo, que todos los ciudadanos terminaremos pagándolo con creces, así como también mediante alzas de una serie de precios regulados por el Estado, como son el caso de la electricidad, el agua, los combustibles, entre otros servicios públicos, al igual que han acudido a pedir prestado fondos en el mercado de crédito interno, dando lugar a un muy fuerte aumento en los intereses, a tal grado que incluso obligó al mismo gobierno a que paulatinamente se echara para atrás, dados los efectos nocivos que estaba provocando en la economía.

Por eso debemos interpretar los aumentos en las bases arriba señaladas, como parte de ese proceso gubernamental de recoger platas de adónde sea y a cómo haya lugar. El problema con estas medidas es que reduce la certeza necesaria que se debe tener en el sistema tributario de una nación, el cual no puede estar sujeto al vaivén de decisiones administrativas. De ser así, se afecta negativamente el ahorro y la inversión de las personas, definidos de acuerdo con un rendimiento neto, posterior al pago de impuestos. Al no existir certeza acerca de cuánto van a ser estos, la persona preferirá no ahorrar y correr riesgos en sus inversiones (como ejemplos, en una casa o en un carro), pues ni siquiera sabe si dispondrá de los ingresos suficientes para efectuar el pago administrativamente definido.

La angustiante situación es aún mayor cuando, supuestamente amparados en la ley, las autoridades gubernamentales introducen requisitos que resultan simplemente ser muy onerosos, para quien apele la medida de aumento de las bases tributarias. Por ejemplo, en el caso de los vehículos, para recurrir el valor de tasación impuesto por el gobierno, además de perder su valioso tiempo en formular tal reclamo, tendrá que traer el derecho de circulación, el título de propiedad, 4 estudios de mercado en donde se demuestre por vendedores, me imagino, que el valor del vehículo es inferior al tasado por el gobierno y, tal vez para que no se pierda el chunche, 6 fotos de su carro. Por supuesto, si el costo de hacer todas estas majaderías es superior al diferencial entre lo que nos cobra el gobierno y el valor verdadero del vehículo, usted escogerá no apelar la resolución del estado. Con ello se abre campo para un menudo negocio del recaudador de impuestos.

En el caso de la valoración de las propiedades, a pesar de que la inflación en los últimos años ha sido muy baja, de que el dólar se ha mantenido estable y que hay algún grado de recesión en ciertos sectores de vivienda, el argumento esbozado por las autoridades para efectuar administrativamente este aumento en la base imponible, es que están atrasados en hacerlo desde hace varios años y que ahora han decidido ponerse al día. Sin embargo, se ha señalado jurídicamente que el procedimiento exige que tal aumento se efectúe a inicios de año, cosa que en éste no se hizo y no es sino hasta ahora que deciden revaluar las propiedades. Todo lo que esto expresa es el desorden administrativo en torno a este impuesto.

Jorge Corrales Quesada

Viernes de Recomendación

El día de hoy queríamos compartir con ustedes el presente canal de Youtube el cual cuenta con entrevistas muy valiosas, que muestran las consecuencias negativas del PACquetazo de impuestos.

La columna de Carlos Federico Smith: el mismo afán de silenciarnos

Una de las virtudes de lograr cierta edad es que cuando se ve una situación que a muchos les puede parecer como un hecho novedoso, en realidad ya se ha vivido algo parecido. Me refiero al intento de silenciar a la ciudadanía en cuanto a la aprobación rápida del paquete tributario, que está en ciernes en la Asamblea Legislativa. Porque con toda franqueza, esa pretensión de la mayoría de los diputados, como producto de lo que se conoce del PACto Solís-Chinchilla, para aplicar la vía rápida a la discusión legislativa en torno al paquetazo de impuestos, es para impedir que surja una discusión amplia de los alcances de las nuevas leyes tributarias. Y es evidente que la ciudadanía que tendrá que pagar esos arrebatos, tiene un interés supremo en ver qué significado tiene la aprobación de mayores gravámenes, que implica un traslado forzoso y sustancial de sus dineros bien ganados, como producto del trabajo, esfuerzo y riesgo de las personas, hacia el Estado.

Leyendo en estos días me encontré un artículo que escribí el 19 de abril de 1987 en La Nación, el cual se refiere a un intento parecido, con sólo algunas variantes con lo que pasa en la actualidad, de aplicar una mordaza legal a la voz de los ciudadanos, acerca de la aprobación de nuevos y mayores impuestos por parte de la Asamblea Legislativa. En esencia dicho comentario esgrime los mismos argumentos que esgrimiría hoy en día, para ejercer mi protesta ciudadana en contra del abuso del Estado, que pretende exigirme un silencio sumiso ante su potestad de imponerme tributos, tratando de que ni siquiera diga algo en contra, sino que simplemente acepte que, al ceder mi soberanía a un parlamento, significó que esa cesión sería permanente, universal, irreversible e inobjetable en todo momento. Por el contrario, los hechos me permiten recordar hoy que la soberanía reside en el pueblo y que tratar de limitarla al aprobar legislación odiosa, es ir en contra del principio básico de residencia última de la soberanía popular. Alguien debería recordar, en momentos en que convenencieramente algunos lo han dejado de lado, que de eso se trata la acción ciudadana.

El artículo en mención se titula “Pega, pero escucha”, el cual reproduzco a continuación:

“Un hecho reciente acaecido en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, debe ser objeto de atención por parte de las personas celosas de la función de un parlamento en una democracia.

Por un deseo expreso de la mayoría dominante del partido oficial en dicha comisión, en cierto momento se decidió que los ciudadanos no podríamos presentar nuestra opinión verbal ante dicho comité, acerca de las intenciones del Gobierno de imponer más gravámenes a los costarricenses, incorporados en el llamado paquete tributario. Alegaron que si así lo deseaban hacer los grupos interesados, podrían presentar a la comisión de la Asamblea sus opiniones por escrito, a fin de evitar un presunto boicot al paso acelerado con que se deseaba aprobar dicho proyecto de ley de impuestos.

Casualmente, en los mismos días en que algunos diputados pretendían limitar la función de dar audiencia a la ciudadanía en la Asamblea y particularmente en la comisión, personas conocedoras y sapientes de estos asuntos, en un seminario patrocinado por ese mismo cuerpo político, enfatizaban la importancia que tiene el parlamento en una democracia y específicamente la cercanía que ella debe tener con el pueblo que elige a sus representantes ante una Asamblea Legislativa.

Este paradójico acontecimiento no puede ser explicado sino por el aprisionamiento en una especie de creencia de “pa’ eso tenemos la mayoría” que prima en la mente de algunos de nuestros legisladores, a quienes más bien se hace muy convenientes recordarles el ligamen histórico que existe entre la representación en una Asamblea y la capacidad que tiene de poner impuestos (aquella “no taxation without representation” que dio vida a la revolución americana) por una parte, en tanto que, por la otra, que esos legisladores fueron electos sus representantes por los ciudadanos ante el Congreso, de quienes por lo menos se espera que les escuchen en sus quejas y pareceres sobre los temas que se tratan en la Asamblea.

El reciente seminario promovido por el parlamento tiene una enseñanza para los costarricenses y en especial para ciertos diputados hiper-sensitivos, la cual se relaciona con lo expresado en los párrafos anteriores. Independientemente de los intereses personales que puedan tener los expositores y de que puedan estar o no en lo correcto, muchos de los oradores expresaron fuertes críticas a nuestro actual sistema legislativo.

En algunas oportunidades, cuando se han expresado reparos al Congreso, ciertos diputados se han referido a ellos como intentos de desestabilizar al parlamento o como pretensiones de rebajarlo en su magna función. Con estos arrebatos diputadiles se ha intentado descalificar las quejas de personas acerca del funcionamiento de nuestra Asamblea, de manera que la lección que menciono espero sea bien aprendida por los diputados de piel fina, quienes deben ser bien conscientes de la obligación que tienen de escuchar al pueblo que los eligió, para que así éste les pueda transmitir cómodamente sus opiniones acerca de todo lo que sucede en un parlamento, lo cual se supone irá en beneficio de los gobernados.

Para bien popular, la minoría en la Asamblea Legislativa hizo meditar a la mayoría para que ella se retractara de una intención de impedir que el pueblo, la ciudadanía, las personas, expresaran su criterio y su satisfacción acerca del proyecto de mayores impuestos, que el Poder Ejecutivo ha enviado para que parlamento lo decida aprobar o rechazar. Este es un buen paso en un largo camino, en el cual debe tenerse siempre presente el origen y función de un parlamento en una democracia.

Si se quiere que los costarricenses respetemos a nuestra Asamblea Legislativa o que, según lo consideran algunos, se restaure tal reverencia, lo primero que precisamente debe hacer ese parlamento es mostrar diáfanamente a los ciudadanos que a ellos se les escucha, y con el debido respeto, en todo lo que tenga que ver con el gobierno del pueblo. Así entendemos la cesión de nuestra soberanía para nuestro propio bien.”

En aquella oportunidad de alguna manera se respetó la relación indisoluble que hay entre Asamblea y ciudadanía, aunque luego se aprobara el paquetazo de turno. De paso, observen que en esa época, al igual que ahora, el argumento para la aprobación de mayores impuestos fue la necesidad de eliminar el déficit gubernamental. Lo cierto es que pocos años después, con todo y los nuevos tributos que le ingresaron, de nuevo el Estado exhibió un déficit de similares proporciones. Esto es, la plata que entró, salió disparada en gasto… igual que va a suceder ahora.

¿Cuál es el apuro que tienen ahora ciertos diputados para no escuchar ampliamente las razones que, por medio de algunos otros diputados, la ciudadanía puede tener para sugerir que varíen sus propuestas tributarias? ¿Será que, como a la gente no le parecen estos nuevos y mayores gravámenes, entre menos se discuta y más rápidamente se aprueben, la prepotencia legislativa intentará de que lo sucedido pase al olvido? ¿Por qué si tanto creen en la acción ciudadana, en el derecho soberano de las personas a que se discuta ampliamente el tributo mayor que se le quiere imponer, no someten el caso al referendo de la ciudadanía? Ahí diré mi palabra si más impuestos son convenientes o no en la forma en que se plantean. También usted dirá su palabra acerca de esto. Tal vez aquí está la esencia del terror que tiene el llamado “legislador”: que el pueblo le obligue a hacer lo que él desea y no lo que el diputado pretende. Es de esperar que civilizadamente, sin imposición violenta, se logre el camino tributario que de acuerdo con la voluntad de los ciudadanos se debe de seguir.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: meditación acerca de lo mismo

La reciente decisión por la cual se forjó el pacto privado Chinchilla-Solís tiene un claro propósito: pasar a como haya lugar un nuevo paquete de impuestos. Lo más importante de esa negociación sin duda alguna es la oferta de Ottón Solís, rápidamente aceptada por la señora Chinchilla, para poner a todos “sus” diputados, creyendo que son siervos obedientes, pero no parecen serlo, para que aprueben rápidamente los numerosos y complejos impuestos propuestos, que incluso exceden las pretensiones iniciales hechas por el propio partido de gobierno. La aplicación de la llamada vía rápida es una argucia para evitar la discusión necesaria acerca de nuevos y más profundos impuestos. Cualquier persona medianamente informada sabe que esos gravámenes son de suma complejidad, profundidad y difíciles de poner en práctica, además de que, como dicen los abogados, se trata de materia odiosa, como se suele definir al tema de los tributos que forzadamente se aplican sobre la ciudadanía.

Nuestros legisladores en su momento desplegaron gran sabiduría al definir que los impuestos no se podían pasar a ritmo de samba, sino que siempre era necesaria una cuidadosa discusión de las implicaciones que tienen las pretensiones del Poder Ejecutivo. Así ha sucedido siempre en la ya aburridora carrera de paquetes tributarios aprobados a lo largo de los tiempos, siempre con el fin de terminar, de una vez por todas, con el déficit. Pero una vez recibidos los mayores recursos, velozmente se impulsa el gasto estatal para terminar cayendo, de nuevo, en otro déficit gubernamental. Saben que no miento, esa es la verdad de la cosas en materia tributaria y de gasto público sucedida en nuestro país desde hace ya mucho tiempo. Pero la Asamblea Legislativa siempre ha respetado que haya una discusión sumamente amplia, detallada, delicada, hasta incómoda, de cualquier propuesta del gobierno para aumentar las alcabalas que debemos pagar los ciudadanos… materia odiosa.

A sabiendas de las dificultades que estaba teniendo para la aprobación legislativa del nuevo paquetazo de impuestos, la presidenta Chinchilla hizo un gran esfuerzo –lo reconozco- que, si bien era insuficiente, contribuía a sanear en algo el déficit gubernamental. Estaba apretando a las instituciones descentralizadas del gobierno para que redujeran sus exacerbados gastos. La reacción de dichas entidades no se hizo esperar: no se podía reducir el gasto fue la respuesta casi generalizada y, cuando alguna de ellas decidía hacerlo, se trataba de apenas una porción de lo que el Ministerio de Hacienda les había solicitado.

No crean que doña Laura presionó a esas instituciones descentralizadas porque tiene un aprecio y convencimiento de la necesidad de reducir un gasto público exagerado. Era porque lo vislumbraba como la única posibilidad de lograr que le fuera aprobado algún impuesto. La gente sólo le daría un visto bueno a los mayores tributos si observaba una clara y definida acción del gobierno para reducir el excesivo gasto público. De otra manera, difícilmente doña Laura podría contar con la aprobación de mayores gravámenes si no ponía en cintura y con firmeza al gasto gubernamental.

Ottón le cayó –bajó- del cielo desde muy diversas y oportunas nubes políticas. Si por medio de la vía rápida, sin casi discusión alguna en la Asamblea Legislativa, se le aprobaban los nuevos impuestos, ya doña Laura dispondría de los recursos suficientes para aplacar la inquietud en su gobierno descentralizado, en cuanto a la necesidad de reducir sus gastos. Esto es, ya no se iba a hacer necesario el “sacrificio” en la gastadera gubernamental. Con su apoyo decidido e imperturbable Ottón Solís le levantó el enorme peso que doña Laura tenía ante sí. Que ella debe estar requete agradecida con el presunto líder de la oposición y no sólo el columnista oficial de La Nación, es un hecho. Para eso es la política, se nos dirá.

Revisando mis viejos escritos, voy a transcribir un pedazo de uno de ellos que escribí el 15 de marzo de 1986 bajo el título “Los Diputados Dioses”, que para ser justo con los actuales, ahora lo refiero al otro Dios, al verdadero, y no al que toma una curul por aquél concedido. La parte que deseo que vuelva a aparecer es la que dice:

“No en vano Tácito señaló que “Entre más corrupta es la República, más son las leyes.” Este es precisamente el caso que sucede con la introducción de normas que nada tienen que ver con los presupuestos de la República, en dicha legislación. La corrupción consiste en que diputados son capaces de legislar sin que se sigan procedimientos socialmente aceptados ̶ e incorporados en procedimientos y leyes ̶ para definir nuevas reglas legales. Muy posiblemente los procedimientos para legislar en nuestro país se han establecido para proteger a las personas del abuso. Si se desea vivir libremente bajo las leyes, debe limitarse su creación. Perfectamente se puede eliminar la libertad bajo un sistema de leyes; esto es, se está dejando de proteger a las personas del abuso.

No sólo debe restringirse el rango sobre el cual los humanos personificados en diputados pueden legislar (ley no hace justicia), sino que también se deben establecer métodos para hacer leyes (esto es, casi diría que descubrirlas). El parlamento (Asamblea Legislativa) precisamente es la institución en la cual se formulan leyes, pero sujeto a frenos y contrapesos. En el parlamento se supone que el proceso de generar leyes sufre un profundo escrutinio para asegurar al ciudadano de la bondad de la ley. Sin embargo, los diputados, dioses olímpicos, eliminan los procesos esperados por los gobernados e imponen sus férreas (y muy posiblemente equivocadas) voluntades a un pueblo domado.

Rousseau, en su Discurso sobre la Desigualdad, ya había enfatizado cómo los atenienses perdieron su democracia debido a que las leyes surgieron para complacer las vanidades diputadiles o de grupos de personas deseosas de coaccionar a los demás ciudadanos. Se olvidó así algo elemental: la virtud de una Ley reside en su edad, en su permanencia, en su fundamentalismo; aquellos principios pétreos casi inmutables, nos dan la Ley, no la voluntad pasajera del hijo de vecino convertido en Dios diputado.”

Por ello espero que nuestra Sala Constitucional resguarde nuestro derecho ciudadano de que, en materia de impuestos, al igual que como, por ejemplo, se prohíbe consultar su aprobación en un referendo, se debe discutir en el seño legislativo lo más ampliamente posible, sin rapidez, el afán de satisfacer la ambición de tomar nuestros recursos que siempre tiene el fisco. Es nuestro mínimo derecho ciudadano.

Jorge Corrales Quesada

Jumanji Empresarial: salud y educación privadas e IVA

Probablemente uno de los temas que más roncha ha generado del mal llamado proyecto de “solidaridad” tributaria, ha sido la descabellada idea de gravar con el impuesto de valor agregado a la educación y salud privada.

Para nadie es un secreto que tanto la educación y salud pública de este país dan pena (por supuesto no faltará gente que salga a defenderla, pero sin duda, dada la opción entre obtener estos servicios de forma privada o pública, la mayoría de las personas optaría por la solución privada, excepto tal vez en el caso de las universidades). Por ello, resulta una gran ayuda que un sector de la población pague por estos servicios, alivianando así la carga al erario público. En este sentido las personas que utilizan servicios de educación y salud privada realizan una doble contribución a la sociedad, a saber: a) pagan impuestos que ayudan al financiamiento de los servicios estatales, b) no utilizan dichos servicios estatales lo cual hace que se tenga una mayor inversión per capita en dichos servicios. Pero, los políticos no parecen estar nunca satisfechos con los esfuerzos de los ciudadanos, por ello, han decidido que es “justo” y ¿necesario? que no solamente tributen lo que hoy en día tributan, sino que también se les saque de la bolsa un dinero extra por medio del IVA.

Como se ve de lo anterior, no existe razón alguna para gravar estos servicios que tanto bien le hacen al país, la pregunta del millón de dólares es hasta cuándo los tax payers seguirán soportando que los gobiernos de turno les extraigan por la fuerza sus recursos, para financiar los problemas que los propios políticos han creado a través del despilfarro, la corrupción y el clientelismo político. Debemos hacer un alto en el camino, y tomar como ejemplo lo que hoy en día ocurre en Estados Unidos, la gente ya se está cansando que el ogro filantrópico se las pase hipotecando su futuro, esperamos que a nosotros nos llegue pronto nuestra hora de despertar del letargo y status quo que respiramos.

Jumanji empresarial: más impuestos no significa mayor recaudación

En los últimos cinco años, el Gobierno costarricense se ha empeñado en gastar más de lo que recibe dejando como resultado uno de los déficit fiscales más altos de la región. La pregunta obvia que procede ante semejante situación es de qué manera se podrá disminuir o eliminar este déficit. Como siempre, la primera solución que se le ocurre siempre a los políticos para resolver esto es aumentando los impuestos. Pues parece obvio, si la gran mayoría de los ingresos del Estado provienen del cobro de impuestos entonces, para obtener mayores ingresos, lo que procede sería cobrar más impuestos. Por supuesto, los políticos locales no se caracterizan por su creatividad, sensatez, sentido común, dominio de los aspectos básicos de la economía, inteligencia, prudencia y mesura.

Para ellos, es tan lógico proponer un aumento de los impuestos, a pesar de nunca haberse preguntado si será cierto que los ingresos del Estado aumentarán conforme incrementen los impuestos. En ASOJOD nos proponemos demostrar que los políticos criollos están totalmente equivocados.

En primer lugar, es necesario recordar qué es un impuesto. Según la Real Academia Española, un impuesto es “un tributo que se exige en función de la capacidad económica de los obligados a su pago”. Vale la pena resaltar las palabras “exige” y “obligados” en esta definición para entender la verdadera naturaleza de los impuestos. El impuesto no es más que una obligación. Los ciudadanos generan riqueza y parte es arrebatada por el Estado para financiar proyectos que no necesariamente coinciden con los intereses de esa persona. Dado esto, es natural que las personas no solo no les guste pagar los impuestos sino que constantemente busquen maneras para evadir esta obligación. Es por esto que un aumento en las tasas de los impuestos o nuevos impuestos no necesariamente dan como resultado una mayor recaudación fiscal.

De hecho, en los últimos 60 años se han aprobado 10 paquetes de impuestos en nuestro país y los aumentos en la carga tributaria no coinciden con los mismos. Lo que sí es muy probable es que los aumentos de impuestos solo hayan logrado que la evasión fiscal sea cada vez mayor. Y con un sistema tributario tan complicado como el nuestro, la evasión fiscal tanto legal como ilegal es cada vez más sencilla. No en vano la misma Contraloría estima que ese fenómeno alcanza la magnitud del 70% en nuestro país.

Es más, siempre los más afectados con el aumento de los impuestos son las clases más pobres puesto que son las que tienen menos posibilidades para evadir impuestos. Por el contrario, como brillantemente ha expuesto el economista español Juan Ramón Rallo y como lo hemos expuesto reiteradamente en ASOJOD, ante aumentos en los impuestos, los ricos tienen más recursos e incentivos para evadir. Esto ha quedado más que evidenciado con los resultados del nuevo impuesto solidario para las casas de lujo. El Ministerio de Hacienda tan solo recuperó una cuarta parte de lo estimado en su primer año de implementación.

El aumento de los impuestos no solo no cumple adecuadamente su objetivo primordial, sino que pone en riesgo el crecimiento de la economía. A nadie le interesa invertir en una economía donde una parte importante de las ganancias serán arrebatadas por el Estado. Los famosos paquetes fiscales aumentan el riesgo de que los capitales privados tanto nacionales como extranjeros sean colocados en otras partes disminuyendo de esta manera el nivel de competitividad del país y la generación de mayor riqueza.

En ASOJOD creemos que un aumento de los impuestos no es la solución para disminuir el déficit fiscal. Es más, considerando las experiencias pasadas que se han obtenido con el aumento de los impuestos, existe la posibilidad de que con este nuevo paquete de impuestos presentado por doña Laura Chinchilla, el déficit no disminuya del todo. Es necesario que el Gobierno administre los ingresos que tiene actualmente en forma mucho más eficiente. Es más, una disminución en impuestos clave como renta, por ejemplo, y un sistema de recaudación más sencillo podría dar mejores resultados en la labor de recaudación. Al disminuir los impuestos aumenta la inversión y, por lo tanto, la recaudación podría ser mayor.

Sin embargo, como lo hemos dicho ya, los políticos costarricenses no se caracterizan por su inteligencia, sensatez, sentido común y creatividad.

La crisis actual y la política impositiva

Hay una gran preocupación acerca de las implicaciones fiscales de las decisiones presupuestarias tomadas por la administración Obama como medidas para lograr salir de la actual crisis económica. Si bien la parte fiscal comprende básicamente tres partes fundamentales y relacionadas entre sí, como son los impuestos, el gasto público y la deuda pública, además de que tienen efectos sobre otras y diversas variables macroeconómicas, como lo pueden ser el tipo de cambio, la estructura de las tasas de interés, entre muchas otras, en esta ocasión me referiré a algunos aspectos de los planteamientos tributarios formulados, así como a la experiencia impositiva durante la Gran Depresión de los años treinta, debido a la lección que se puede derivar de ella.

El último paquete fiscal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos en realidad es algo confuso en cuanto a la política impositiva; esto es, en lo referente a reducciones o aumentos de diversos impuestos, pues incluye algunas notables decisiones que se plantean como si fueran reducciones en los gravámenes, pero, en realidad, constituyen nuevos subsidios a grupos —independientemente de su merecimiento— en vez de reducciones tributarias efectivas. Ejemplo de esto es el anuncio de que en los próximos días se dará una presunta devolución de impuestos bajo el programa llamado “Haciendo que el trabajo pague por el crédito tributario” (Making Work Pay tax credit), mediante el cual el Ministerio de Hacienda de los Estados Unidos daría $500 a cada trabajador o $1.000 a cada familia trabajadora, todo por un monto total estimado de $116.000 millones de dólares, que forma parte del llamado estímulo tributario que el Presidente Obama ha impulsado recientemente.

Pero en realidad no es que esta “devolución de impuestos” significa en verdad una reducción de los gravámenes por este monto, puesto que muchos de quienes recibirían la devolución (“rebate” en inglés) no pagan impuestos sobre la renta, al estar sus ingresos por debajo de los montos imponibles. Por ello se ha mencionado que la mayor parte de esa “devolución” no es sino un nuevo programa de subsidios, que podrían justificarse como alimento keynesiano que impulse la demanda agregada, pero que no satisface el criterio de reducción impositiva.

También debo manifestar ciertas dudas acerca de la posible eficiencia de dicha política para estimular una supuestamente insuficiente demanda agregada. El profesor Milton Friedman expuso su teoría de la función consumo, la cual, a diferencia de la función de consumo keynesiana que depende del ingreso medido del momento, está en función de las expectativas de ingresos pero a un plazo mucho mayor que el de plazo inmediato que formulara Keynes. Así, de acuerdo con Friedman, variaciones de corto plazo, transitorias, en los ingresos no tienen efecto significativo sobre el consumo; simplemente, lo que hace es variar el ahorro. Una baja en los impuestos que se considera como transitoria, por ejemplo, se reflejaría más que en un aumento en consumo, en un alza del ahorro. Para Friedman el determinante del consumo lo es el ingreso permanente, definido por los activos físicos y humanos que poseen los consumidores y que influyen en su capacidad para obtener ingresos a lo largo del tiempo.

De acuerdo con esta idea, es de esperar que, en tanto la “devolución” de impuestos, según la propuesta del presidente Obama, sea percibida por sus receptores como un ingreso transitorio, el efecto sobre el gasto total será relativamente pequeño, y más bien se reflejará en un incremento de los ahorros individuales. En efecto, ya hace más de medio año, durante la administración Bush, se intentó una devolución tributaria similar y el resultado fue que no se elevó significativamente el gasto total en la economía, tal como era el objetivo de dicha devolución. Estos resultados se ajustaron a la predicción friedmaniana sobre la naturaleza de la función de consumo.

Tampoco el paquete actual del presidente Obama parece contener importantes reducciones tributarias orientadas a compensar lo que Hayek y Mises denominaron como “recesión secundaria”, en la cual el sector privado inversionista, plagado de incertidumbre y dudas sobre la posible recuperación de sus inversiones, se abstiene de llevarlas a cabo en tanto perdure dicha incertidumbre generalizada. No hay, por ejemplo, una propuesta que reduzca los muy elevados impuestos sobre las utilidades de las empresas en los Estados Unidos. En efecto, entre los países que conforman la llamada Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la tasa máxima de impuestos a los ingresos de las empresas en los Estados Unidos es la segunda entre ellos (un 40%, mientras que el deshonroso primer lugar lo posee Japón con un 40,7%), y está un 13% por encima del promedio de los países de la OECD, según lo señala el libro de Chris Edwards y Daniel J. Mitchell, Global Tax Revolution: The Rise of Tax Competition and The Battle to Defend It (Washington D. C.: Cato Institute, 2008, p. 45).

Tampoco el paquete de Obama contempla reducciones de otros gravámenes que actualmente podrían constituir un freno para la inversión privada, como podría ser el elevado impuesto sobre las ganancias de capital. Parece que, de lo poco bueno que desde el punto de vista tributario contiene el último paquete de Obama, es que, por el momento, no echará para atrás algunas reformas tributarias llevadas a cabo por la administración Bush, que efectivamente se pueden considerar como favorables para el crecimiento económico.

La experiencia tributaria sucedida en los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años treinta, que se ha señalado como uno de los factores que prolongó la recesión e impidió una pronta recuperación, podría ser útil tenerla presente. En lo más profundo de aquella, en 1932, el Presidente Hoover aprobó el mayor aumento de impuestos en su país en un período que no fuera de guerra. En el caso del impuesto personal sobre los ingresos, la tasa marginal más elevada pasó de un 25% a un 63% (les apuesto que a ritmo del estereotípico “que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”), mientras que el correspondiente a las empresas se elevó de un 12% a un 14%. Pocos años después y aún en medio de la recesión, el Presidente Franklin D. Roosevelt aumentó más estos gravámenes (en 1936 la tasa máxima del impuesto personal sobre la renta fue incrementada hasta un 79%).

Entre 1933 y 1940 los programas del llamado New Deal de Roosevelt se triplicaron desde $1.600 millones a $5.300 millones, debido a aumentos no sólo de los ya mencionados del impuesto a la renta, sino también a la herencia, específicos de consumo, a “holdings” de empresas, sobre “utilidades excesivas”, entre otros. Deseo mencionar que, en el caso de impuestos específicos, aumentaron los gravámenes a las bebidas alcohólicas, a los cigarrillos, la margarina (les apuesto que para proteger a los lecheros productores de mantequilla), jugos de frutas, fósforos, dulces, goma de mascar, refrescos no alcohólicos, llamadas telefónicas, naipes, llantas (incluyendo las de sillas de ruedas), entradas a los cines, electricidad, radios, entre muchos otros. Como señala Jim Powell ("How FDR’s New Deal Harmed Millions of Poor People", Cato Institute, 29 de diciembre del 2003), “Un reporte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reconoce que estos impuestos específicos ‘a menudo recayeron desproporcionadamente sobre los menos solventes’”.

Además de los gravámenes específicos referidos, se duplicó el impuesto a la propiedad, se volvió a poner un gravamen sobre los regalos que hacían las personas y, uno muy interesante, un impuesto del 2% a los cheques bancarios, que, por supuesto alentó a que hubiera un traslado desde el dinero bancario hacia el efectivo, contribuyendo a disminuir la oferta monetaria en circulación, si bien posiblemente en un grado menor a lo que fue la absurda política monetaria restrictiva seguida por el Banco de Reserva Federal durante este episodio, pero que, en todo caso, contribuyó en algo a que se profundizara la recesión.

Al igual que en los Estados Unidos, en Costa Rica es necesario estimular la asunción de riesgos por parte de la empresa privada, a fin de que lleve a cabo la inversión necesaria para aprovechar la recuperación esperable de la economía mundial. El empresario nacional está sumido en la incertidumbre proveniente tanto de la situación económica mundial como de las circunstancias nacionales, principalmente derivadas de una política monetaria y cambiaria que incluso ha estimulado una fuerte dolarización de la economía, como forma de protegerse ante dicha incertidumbre. Dentro del llamado Plan Escudo se había mencionado que habría medidas fiscales que estimularan la inversión privada, a fin de que generara empleos (a diferencia de una generación de empleo relativamente improductiva en el sector público) y que permitiera preparar nuestra estructura productiva para el período de recuperación. Sin embargo, la propuesta tributaria lógica hasta el momento ha sido casi nula: un ligero aumento en la deducción tributaria posible para efectos del impuesto sobre la renta de las empresas por la depreciación de los activos. Esto no va a tener efecto alguno en cuanto a estimular la asunción de mayores riesgos por parte de las personas privadas y más bien conforma una promesa incumplida que más bien alimentará la incertidumbre del inversionista.

Es conveniente que nuestras autoridades repasen un poco las erróneas políticas tributarias seguidas por los Estados Unidos durante la Gran Depresión de los años treinta y decidan, de una vez por todas, si es que de verdad quieren alimentar la recuperación y generar empleo en el sector privado, mediante una rebaja de los impuestos tal estimule la asunción de riesgos en nuestra economía. Sin embargo, para nuestra consternación lo contrario parece asomarse en el horizonte. De acuerdo con lo informado por el periodista Mario Bermúdez en el periódico El Financiero del 3 de abril, “la caída en los ingresos tributarios ya motivó una estrategia de emergencia (la negrita está en el original), en la cual destacan los dos proyectos enviados a la Asamblea Legislativa, autorizaciones temporales para financiar con ingresos extraordinarios el gasto corriente, y para aumentar el endeudamiento interno en dólares”. Esto lo ha anunciado el Ministro de Hacienda, quien posiblemente con esto nos está avisando una salida del cargo actual para lanzarse como candidato a una diputación por la provincia de Heredia. Es bastante extraña dicha estrategia: “aquí propongo más impuestos para que voten por mí”. Por lo que podría anunciarnos una buena dosis de demagogia tipo que “quienes más tienen que paguen más impuestos”, dejando de lado las actuales circunstancias penosas en que transcurre nuestra economía.

En contraste con lo que expuso Keynes como medida anti-recesiva —una disminución de los impuestos— quienes, tal vez sin decirlo explícitamente ahora se declaran keynesianos, están proponiendo hacer lo contrario: aumentar los impuestos. Con ello, tal como sucedió con la Gran Depresión de los treinta en los Estados Unidos, lograrán profundizar y evitar una pronta recuperación de la economía. Quedan advertidos de su potencialmente grave error. Ojalá que la ambición política no nuble los buenos sentidos que se han empleado en el pasado reciente.

Carlos Federico Smith