La columna de Carlos Federico Smith: la importancia de los horarios

Casualmente, dos noticias de estos días se refieren a “horarios.” Una de ellas se publicó en La Nación del 17 de mayo, bajo el encabezado “Director del IAFA destituido por la Junta Directiva tras desacuerdos con funcionarios que incumplían horarios” y, la otra, por el mismo medio en su edición del 21 de mayo, bajo el título “Muelleros de Japdeva sólo ‘cumplen horario’ a falta de barcos.”

Me referiré a estas dos variaciones sobre un mismo tema. Primero, las noticias de JAPDEVA. Resulta que, ante la falta de llegada de barcos a los antiguos muelles de Limón, “los empleados… solo atienden naves de carga mixta o graneleros, en los muelles de Moín y Limón; es decir, menos de la tercera parte del trabajo que antes realizaban.” Eso por la atención de barcos contendedores que ahora se da en el nuevo muelle de APM Terminals.

Tal cosa era esperable, pues las nuevas tecnologías y las reglas de eficiencia hacen que los muelles viejos se sustituyan por otros más eficientes. Al no llegar tantos barcos a los viejos muelles, uno esperaría que una empresa disminuyera el personal que allí trabaja (pagado, en última instancia, por los usuarios, que ahora han bajado). Se lerdearon en acomodar al personal sobrante en otras instituciones públicas, como se les ofreció, pero la movilización horizontal no tuvo éxito, posiblemente porque ciertos privilegios que se tenían en JAPDEVA, serán menores en las nuevas alternativas. 

Asimismo, se ha buscado generar nuevas fuentes de empleo, pero en esencia se trata de proyectos que, si bien “apenas se están desarrollando los estudios de factibilidad y mercado de esas iniciativas,” apenas han sido mencionados, como transformar uno de los muelles en una central de cruceros y una marina en dicha ciudad, crear una zona de transporte intermodal en Moín, un muelle pesquero en Cieneguita y otro centro de logística en Liverpool, también en la provincia. Igualmente, se ha propuesto ampliar el actual muelle de Moín. 

Pero, todas estas ideas, que bien podrían ser buenas y, tal vez, hasta rentables, en apariencia serían administradas y propiedad de JAPDEVA; esto es, en manos del estado. Por la experiencia, incluso vivida en la propia JAPDEVA, sabemos que, cuando las empresas las administra el estado, la eficiencia económica es, si acaso, un asunto secundario. Tal vez abrir ofertas para que empresas privadas se encarguen de llevar a cabo esos proyectos y operarlos bajo el sistema de concesión, sería una mejor guía hacia la eficiencia económica, lo que beneficiará no sólo a trabajadores y empresas, sino, en general, a toda la economía nacional. Una empresa privada no incursionaría en un negocio en donde se generan pérdidas, pues perdería su capital. Tal cosa no es importante en la propiedad estatal, pues allí simplemente los fines son políticos.

Uno esperaría que con en esas operaciones privadas no habría trabajadores que son contratados para no hacer nada, ante la falta de demanda del servicio producido, sino que dependerían de las demandas de los consumidores o usuarios. No tendría sentido tener trabajadores de más; los horarios de trabajo serán los efectivamente requeridos para trabajar en satisfacer a los usuarios del servicio. Se tiende al uso óptimo de los recursos escasos. A la fecha, JAPDEVA tiene 1.400 trabajadores con un costo estimado para este año de ¢41.650 millones y de él, “la mitad corresponde a pluses salariales.”

De hecho, me temo que pronto veremos trasladar a los contribuyentes las pérdidas de la vieja JAPDEVA, a menos que se revierta la situación actual, eso sí, sin mediar subsidios ni transferencia de índole alguna. (Al cierre del 2018, las pérdidas de JAPDEVA ascendían a ¢3.146 millones). Abrir espacios a empresas privadas, como indiqué arriba, podría generar los recursos para pagar esas obligaciones, unas heredadas y otras por presentarse en fechas próximas.

El segundo tema de los “horarios” en este artículo se relaciona con el despido, por parte de la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), de su director, el señor Javier Vargas Vindas, psicólogo clínico de profesión.

En palabras del señor Vargas, “Las razones que (le) dio la Junta Directiva es que no tuv[o] las habilidades blandas que debe tener un director para poder ser intermediario entre los acuerdos de junta,” y que “desde el inicio había algunos empleados que se aprovechaban en alguna medida de los horarios convenidos, de no marcar entrada, agarraban más tiempo de la hora para comer o llegaban más tarde a laborar… Un grupo de gente solía llegar tarde. Mi función administrativa era poner orden”, además de hacer otras funciones propias de su cargo.

No sé si efectivamente el funcionario despedido se lo merecía, pero, si el despido se debe a que puso o intentó poner orden en el cumplimiento de los horarios, más bien lo apropiado sería darle un reconocimiento por esa buena labor, pues quienes no cumplen debidamente con los horarios son empleados que todos los contribuyentes pagan. De ser cierta y atribuida como causal del despido, por el contrario, esa gestión del funcionario debería divulgarse, para que ojalá sea imitada en muchos otros entes públicos. 

Repito, no sé si esa fue la razón del despido, pero, ante esas denuncias del funcionario Vargas, el Servicio Civil o la Contraloría General de la República, si es del caso, deberían intervenir y, ni que se diga del ministerio de Trabajo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico: ¿cómo hacer más eficiente a un Estado ineficiente?

Hay un libro recientemente escrito por John Micklethwait y Adrian Woolridge, titulado The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State [La Cuarta Revolución: La Carrera Global para Reinventar el Estado] (New York: The Penguin Press, 2014), que creo debería de ser leído por todo ciudadano interesado en temas de políticas públicas.  Particularmente, porque con base en experiencia de naciones, tales como India, China, Singapur y los países nórdicos, nos brinda señalamientos útiles para lograr una más elevada eficiencia en las economías, con un estado que permita un mayor y mejor crecimiento económico.

En lo concreto, basado en la experiencia de los países nórdicos en sus reformas recientes -digamos de 1990-1995 a la fecha- el libro trata del caso de una atención hospitalaria pública, transformada de sistemas en que el estado prestaba directamente el servicio de salud, hacia otro en que la prestación del servicio está a cargo de empresas privadas, debidamente reguladas por un estado, que conserva la rectoría y definición de las políticas de bienestar en ese sector.

Señalan dichos autores:

“El estado de Occidente ha formulado promesas que no puede cumplir. Sin embargo, es más interesante la razón por la cual los países nórdicos [de Europa] continuaron con su esfuerzo [de reforma]. Una vez que empezaron a rediseñar su gobierno, se encontraron con que funcionaba.

Muchas de las reformas han producido no sólo un gobierno más económico, sino un mejor gobierno….

Los países nórdicos brindan abundante evidencia en contra [de la elefantiasis del estado y de una muy baja productividad]: de que es posible contener al gobierno, al tiempo que se mejora su actuación…

Nuestro argumento va precisamente en contrario de que los nórdicos apenas están empezando. En el siglo veinte, la tecnología tendía a enfocarse en su poder y en una administración súper grande. En el siglo veintiuno presionará crecientemente hacia la dirección opuesta. La tecnología no sólo encogerá al gobierno, sino que también hará que mejore. En el siglo veinte, las buenas reformas al gobierno fueron arruinadas repetidamente por intereses creados especiales. En el siglo veintiuno se está haciendo más fácil que prácticas de mejor gobernabilidad orienten y dirijan al interés común. Esto no significa que el estado va en camino de hacerse pequeño… sino que eso es posible lograrlo.” (Op. Cit., p. 176, 177 y 178).

Por ello leí con suma atención un artículo publicado en La Nación del 13 de junio, el cual se titula “Contratar servicio es más barato que operar EBÁIS: Estudio preliminar de CCSS destaca calidad de atención a pacientes.” Después de leerlo, me sentí orgulloso de que en Costa Rica se puedan realizar tareas que la sociedad ha encargado al estado, de forma más barata (económica) y con una mejora en su calidad. Esto es, se ha evolucionado de un sistema en donde el estado brindaba directamente el servicio -todos eran empleados públicos de la Caja o de un ente similar- hacia uno en el cual están a cargo de entes privados, que cumplen con los objetivos que le ha definido el estado, mediante el uso en el sector público (en este caso el de la salud) de técnicas eficientes de administración, más propias de empresas privadas que de entes estatales.

El informe de la Caja en mención es el DRSS-FISSCT-0824-15, que aún está en proceso y que todavía –a la fecha de la publicación de La Nación- la Junta Directiva de la CCSS no lo conoce formalmente. Pero el informe preliminar ya nos brinda datos que deberían de entusiasmarnos, en cuanto a que es posible mejorar la Caja, al menos en algunos aspectos, en donde, sin que disminuya la calidad del servicio, sino todo lo contrario, se logran grandes economías en una institución que, como sabemos, posee serios problemas financieros.

Dice La Nación: “El documento de abril [del 2015] muestra que mientras una consulta de urgencia  cuesta ₡39.000 en un…EBÁIS de las cooperativas [ente privado], a la Caja le sale en ₡60.000.” También compara los costos en un EBÁIS de las cooperativas con otro de la Caja, en cuanto a una consulta de medicina en general. En las primeras cuesta ₡11.230, en tanto que “en uno administrado por la CCSS vale ₡17.737. “Por su parte, la consulta dental ronda los ₡7.695 en las cooperativas, y se eleva a ₡15.213 en centros de la Caja.”

Vean el ahorro que se ha logrado para los costarricenses: “La Red de Servicios de Salud [de la CCSS] calcula que este año se invertirán ₡29.000 millones en comprar servicios a COOPESAÍN, COOPESANA, COOPESIBA, COOPESALUD y ASEMECO, una cifra que hubiera superado los ₡47.000 si la CCSS hubiera asumido esa atención. El ahorro superaría los ₡18.000 millones,” que bien se puede emplear en mejorar otros servicios que brinda la CCSS a sus cotizantes, primordialmente.

Aún más interesante, en opinión de los autores del estudio de referencia, “Estos costos menores, comparados con los de la Caja… se obtienen con una mayor producción y con atención de calidad a embarazadas, bebés y enfermos crónicos.” De acuerdo con el periódico, “La diferencia en el costo entre servicios iguales se debe, entre otras razones, al uso del expediente electrónico, aprovechamiento del tiempo porque el personal ni participa en huelgas ni se incapacita mucho, y al uso de medios electrónicos para sacar citas.” Pero, antes de que los profetas usuales de la desesperanza, nos salgan diciendo que el cambio ha provocado una caída en la calidad de los servicios percibidos por los pacientes, reseño lo que señala don José Pablo Ross, de COOPESANA, que “la producción es mayor y esto abarata costos. La disconformidad de la gente ES PORQUE QUIERE MÁS SERVICIOS  [las letras en mayúscula son mías], pero la Caja no deja.” Ello lo reitera un gerente médico de COOPESAÍN, don José Fabio Barquero, quien “atribuyó los resultados a la organización. Dijo que donde hay dificultades para cumplir, como la contratación de médicos especialistas, se debe a que la misma Caja impide a nuevos profesionales laborar con proveedores externos, aunque sean servicios que luego se dan a la institución.”

Claro que esto ha de tener muy preocupados a algunos recalcitrantes ideológicos, quienes creen que el estado debe de hacer de todo, no importa su costo ni la calidad del servicio a los cotizantes de la Caja. Pero los ciudadanos que conocen y han experimentado el mejor servicio que brindan aquellas empresas privadas, han acudido a señalarlo así, dando un mentís a quienes no les gusta tan sólo por mantener una ideología obsoleta o bien porque les disminuye el número de asociados a sus sindicatos. Es posible mejorar la eficiencia en un estado ineficiente.

Hay esperanzas… Por una Caja mejor para todos.

Jorge Corrales Quesada

La eficiencia y el desarrollo

Anteriormente he indicado las interrelaciones tan estrechas que existen entre el desarrollo social y el desarrollo económico, tan cercanas que a cierto nivel de generalidad se confunden. En el largo plazo, la política social se convierte en la política económica, ya que la única base sostenible del desarrollo económico es la inversión en capital humano, que es el contenido de la política social. Por otro lado, la política económica se convierte en la base de la política social, ya que la economía es la que tiene que generar los recursos para invertir en capital humano. En el largo plazo, que es el plazo en el que se mide el desarrollo, uno puede apostar con gran seguridad que los países que han convertido sus economías en economías del conocimiento, son los que más se han desarrollado social y económicamente.

Hay dos cosas que es importante notar en esta relación, sin embargo: La primera es que puede haber desviaciones en el corto plazo, de tal forma que un país con mayor desarrollo social y humano resulta ser menos rico que uno con menor desarrollo social. Estas desviaciones se presentan por dos razones: una es la que sucede cuando un país que, como Venezuela, depende del petróleo y experimenta un aumento en el precio de este producto.

Estas desviaciones no son sostenibles en el tiempo. La segunda razón por la cual un país puede ser menos rico que lo que su capital humano le permitiría es la adopción de un modelo de desarrollo económico, que reduce la eficiencia con la que usa dicho capital humano. Es algo muy tonto de hacer pero es un error muy común, en realidad es la base de la pobreza de los países.

Esta ha sido la conclusión de la larga búsqueda de los factores que explican las enormes diferencias en el nivel de producción y desarrollo por habitante que hay entre los distintos países del mundo. Las investigaciones han distinguido entre dos aspectos de los recursos que los países han aplicado en su desarrollo: la cantidad del recurso y la eficiencia con la que éste es usado. Los recursos que se han incluido en los análisis han sido el capital humano y el capital físico. De esta manera, los análisis han comparado el nivel de desarrollo de todas las economías del mundo, medido en términos de ingresos por habitante, con la cantidad de capital humano y físico que tiene cada uno de estos países y con la eficiencia con la que dichos capitales son usados.

El resultado de estos análisis es que las cantidades de los recursos explican un poco de las diferencias de ingresos, pero que la abrumadora mayoría de estas diferencias se explican sólo cuando se toman en cuenta las eficiencias en el uso de los recursos. Como lo explica el Premio Nóbel de Economía Edward C. Prescott, cuando todos los factores han sido analizados, uno encuentra que Estados Unidos es 27 veces más rico que Bangladesh, no porque tenga más capital (que sí lo tiene) o que tiene más capital humano (que también lo tiene), sino mayormente porque usa su capital humano y físico con mucha más eficiencia que Bangladesh. Si Bangladesh sólo igualara la eficiencia con la que Estados Unidos usa el capita físico y humano, sin incrementar dicho capital, el país seguiría siendo más pobre que Estados Unidos, pero su ingreso por habitante sería una tercera parte del de los Estados Unidos, no una veintesieteava parte como es ahora.

Dicho de otra manera, Bangladesh podría multiplicar su ingreso por habitante por nueve veces sin tener que invertir más en capital humano y físico. A esta eficiencia en el uso de los factores de producción se le llama la Productividad Total de los Factores.

Esta es la que hay que maximizar. Los factores que hay que mejorar para hacerlo incluyen la libertad económica (que es considerada una de las bases fundamentales de la productividad total de los factores), la facilitación de los negocios y las inversiones, y todos los indicadores que incluyen en la medición de la competitividad, incluyendo el desarrollo institucional de la justicia. Los países desarrollados comprendieron ya hace mucho tiempo que esta eficiencia es la que hay que maximizar, de tal manera que actualmente todos los países desarrollados se parecen en sus políticas económicas y sociales en términos de que todas están basadas en la libertad económica y otras políticas que aumentan la productividad total de los factores, independientemente de la ideología de los gobiernos de turno.

Por otro lado, así como la libertad económica está asociada con el desarrollo económico y social, la falta de dicha libertad está asociada con el atraso económico y social. Como resultado, el grado de intervención del gobierno en la economía se ha convertido en un factor que no explica si un gobierno es socialista o no, sino solamente si dicho gobierno es atrasado o no. No queremos quedarnos entre los atrasados.

Manuel Hinds

El pie visible del Estado

Ya desde el siglo XIV, y gracias a los escritos de un árabe, Ibn Khaldun, uno que otro filósofo observador se atrevía a postular que un cada vez mayor tamaño del Estado, más temprano que tarde, terminaba por quitarle impulso a la economía. Las ideas de Khaldun, que varios siglos después servirían de sostén a la curva de Laffer y a las reformas de Reagan, partían del supuesto que una mayor tasa tributaria, más allá de cierto punto teórico, influía negativamente en la actividad comercial y, por consiguiente, reducía los ingresos del tesoro público. Cuatrocientos años más tarde, un escocés, Adam Smith, después de observar los dramáticos cambios que la Revolución Industrial llevaba al sistema de producción, distribución y consumo, afirmaba que todo intercambio comercial, siempre y cuando fuese voluntario, beneficiaba a las partes. Un individuo que buscaba su beneficio personal —aseguraba— como guiado por una mano invisible terminaba promoviendo aquello que nunca tuvo como objetivo: el bien común.

En los últimos tiempos, sin embargo, un renovado interés por todo lo público y colectivo ha hecho que el tamaño del Estado, medido por el gasto público como porcentaje de la economía, vuelva a ser lo que ya había dejado de ser: un obstáculo al progreso económico. A primera vista, son tres las causas y dos los planos en los cuales reside este gran cambio. En un plano ideológico, lo es la cada vez más clara convicción por la cual la responsabilidad ‘social’ debe anteponerse a la responsabilidad ‘individual’. Por tanto, lo que por default era natural —después de todo, sólo se puede ser ‘responsable’ por las acciones propias— pasó a ser forzado, artificial: ahora, uno es responsable por lo que otros hagan, y otros por lo que uno haga; al final del día, nadie es responsable por lo que hace (he ahí la cuna del desorden en el cual vivimos).

Pues bien, en un segundo plano, esta vez en uno histórico, encontramos que la Gran Depresión y la Segunda Guerra terminaron por cimentar este vacuo entusiasmo por la res publica, en desmedro de la res privata. El colapso financiero del veintinueve dio pie a que la izquierda internacional interpretara caprichosamente los hechos, y culpara de esto a las ‘fallas del mercado’ que (continúan asegurando) son inherentes al sistema de producción capitalista. En sus prédicas del evangelio socialista esto sigue siendo un dogma de fe; de nada sirve y poco les importa que Mr. Bernanke, actual presidente de la Reserva Federal, y un gran estudioso del tema, haya afirmado que fue, precisamente, la Reserva Federal, ese gran monopolio estatal del dinero, la causante de esa crisis económica de alcance mundial (Bernanke Sees Lesson in the Depression, Bloomberg, 17/agosto/2007). Por último, si la Gran Depresión permitió culpar al capitalismo de tal fracaso, la Segunda Guerra llevó a la creencia que un gobierno central fuerte, avasallador (desde la perspectiva de los vencedores), es eficiente y coadyuva al logro de grandes metas nacionales (por cierto, de poco sirve que esta lógica no se pueda extender a los perdedores).

Sobre estas bases espurias, entonces, se ha construido el moderno Estado de Bienestar (Welfare State), el cual, como nos muestra los Estados Unidos, es cada vez más voraz. Desde su independencia, en 1776, hasta 1929, el gasto de los tres niveles del gobierno (federal, estatal y local) no superaba el 12% del PBI; los gobiernos estatales y locales representaban las dos terceras partes de ese gasto. Hoy, el gasto público sobrepasa el 30% del PBI, y el gasto federal se lleva las dos terceras partes del total. Una similar tendencia, y mucho más marcada, se observa en los países europeos donde ese promedio supera el 40%. En Francia y Suecia, por cierto, va más allá del 50% (y eso explica por qué en estos países, en los últimos años, más del 70% de la creación del empleo se ha dado en el sector público).

¿Puede llegar a ser eficiente un Estado que interviene cada vez más en la economía? ¿Una mayor intervención destruye la actividad económica? No y sí, sería la respuesta a una y otra pregunta, y esto lo vemos en el campo monetario. Por ejemplo, la Reserva Federal, que se crea en 1913, tiene dos obligaciones estatutarias: por un lado, mantener la estabilidad de precios y, por el otro, contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, en uno y otro caso lejos de ayudar ha perjudicado al país, y esto es algo que la mayoría de economistas se resiste a creer. Pero si dividimos el tiempo en partes iguales, es decir, en un antes de y en un después de la Reserva Federal, encontramos lo siguiente: La inflación acumulada de 1823 a 1913 fue de 40% y la de 1913 a 2003, de 1.300% (ambos períodos de 90 años). En cuanto al crecimiento del PBI real de 1823 a 1913 fue de 3.500%, y de 1913 al presente en algo más de 1.800%. ¡Y tengan en cuenta que la Reserva Federal es uno de los bancos centrales más prestigiosos del planeta! (The Annual Real and Nominal GDP for the U.S., 1790-present, Economic History Services, 2006).

Las grandes reformas económicas siempre se han hecho y se siguen haciendo hacia la derecha, y no hacia la izquierda siguiendo el camino de Dante al descender en el Infierno. Acabada la Segunda Guerra, con Alemania destruida y en bancarrota, los Aliados impusieron una serie de controles de precios y de salarios con el ánimo de llevar ‘orden’ a la economía alemana de posguerra. Durante tres años sólo hubo escasez de bienes en los mercados y la actividad económica era de subsistencia. Ludwig Erhard, en aquel tiempo ministro de Economía, entendía bien las reformas que había por hacer. Y como sabía que los Aliados no las iban a permitir, las introdujo un domingo, un día en el cual éstos descansaban y no podían oponerse. El 20 de junio de 1948, la historia de Alemania cambiaba…para bien: Se eliminó todo control sobre los precios y salarios, se desreguló la economía y se reemplazó al Reichsmark por el Deutsche Mark. El resto, como dicen, es historia.

Queda, pues, flotando en el ambiente la siguiente observación: si se parte del supuesto que una mayor intervención en la economía, más allá de lo fundamental (por definir), tiene efectos negativos, ¿a qué se debe? Y una vez establecido esto, ¿cuáles deberían ser los límites naturales del Estado?
La respuesta a la primera pregunta la da un debate entre Milton Friedman y Eben Wilson, allá por los setenta, sobre las cuatro maneras (no tres ni cinco) de gastar el dinero. Friedman argüía que sólo hay cuatro maneras posibles de hacerlo: se puede gastar el dinero de uno en uno; o el dinero de uno en otros; también, el dinero de otros en uno; y, finalmente, el dinero de otros en otros. La primera forma de gastar es la más eficiente: sólo uno puede saber qué quiere y cuánto lo quiere. La última, empero, es la más ineficiente: cuando uno gasta el dinero de otros en otros, ni lo cuida ni le interesa qué hace con él. Una y otra vez, todo gobierno se encuentra o en la tercera o en la cuarta categoría. Ésa es la fuente de su ineficiencia y de toda corrupción…

Quienes crean que estos argumentos no son convincentes deberían preguntarse por qué en el caso de países étnica y religiosamente similares, el paso del tiempo sólo permite comprobar a qué lleva un Estado elefantiásico, totalitario, avasallador. Corea del Norte y Corea del Sur, que hasta 1945 eran un único país, hoy, no podrían ser más diferentes. Concentrándonos en el ingreso per capita, y por paridad de compra, la relación entre uno y otro es de 14:1 a favor de Corea del Sur. Algo similar vemos en el caso de China y Hong Kong. Si bien aquí la historia se modifica en algo por la intervención británica, el hecho es que, en 1949, a raíz de la fundación de la República Popular China, cientos de miles de chinos continentales huyeron hacia la isla. Hoy, el PBI per capita de Hong Kong es cinco veces superior al chino. Con Alemania, que hasta 1990 estaba dividida en dos, vemos que casi veinte años después de la unión, los del Este aún tienen ingresos por debajo de los del Oeste —menores hasta en un 30% si promediamos algunos de los estimados—.

¿Cuál, finalmente, debe ser el rol del Estado? Desde una concepción libertaria, debería limitarse a la defensa nacional y a vigilar el orden interno, pero por sobretodo a ser el gran árbitro, el gran administrador de justicia. Como no hay manera de ser parcial cuando se es juez y parte, es mejor que se concentre en estas tres actividades. Una cuarta, que es tan importante como las anteriores, es que pueda garantizar que en la sociedad se dé igualdad de ‘oportunidades’ mas no de ‘resultados’. Que garantice esto último a algunos lleva a que prive de oportunidades a otros. Así de simple.

Charles Philbrook