El pasado 1° de mayo, Laura Chinchilla rindió su último Informe ante la Asamblea Legislativa, para dar cuenta de sus acciones, logros y carencias -aunque prácticamente omitió esta parte-. Sin embargo, una vez finalizado, se fue a su casa y no sabemos si, posteriormente, puso atención al ejercicio de control político que realizan los Diputados en cumplimiento del artículo 193 del Reglaemento Legislativo, al analizar dicho informe y exponer sus argumentos, como crítica o como apoyo a las palabras de quien encabeza el Ejecutivo.
Sin duda, el hecho de que, como lo señala el supracitado artículo, el análisis del Mensaje Presidencial se realice en los dos días hábiles siguientes al 1° de mayo sin la presencia del mandatario (a) se presta para pensar que, efectivamente, este hace caso omiso a los cuestionamientos, observaciones y reflexiones que hacen los miembros del Congreso.
Lo anterior es muy lamentable porque no se le permite al ciudadano -a través de sus representantes políticos e incluso directamente a través de redes sociales y radio o televisión- participar en un debate serio, responsable y agudo, donde el Presidente de la República no solo mencione sus logros y aciertos, sino que deba dar cuenta de las deficiencias, de los incumplimientos, de las limitaciones de su gestión, como ocurre en los sistemas parlamentarios, especialmente de Europa. Allí, quienes hemos tenido la oportunidad de observarlos por televisión -y algunos hasta presencialmente- es posible observar acaloradas discusiones, cifras que sustentan las posiciones, argumentos sólidos a favor o en contra que, incuestionablemente, enriquecen el criterio político tanto de los participantes como del público en general. En fin, una discusión de nivel que favorece a todos los actores políticos.
En Costa Rica, no obstante, ese mandato constitucional del Informe Presidencial se toma a la ligera, como un simple requisito que cumple el Presidente un 1° de mayo, en el que se dedica a hacer una campaña publicitaria en la que resalta lo que le conviene y omite lo que le compromete y, posteriormente, los legisladores deben hacer reflexiones hacia la pared, sin que aquel los escuche, los refute, les explique sus razones o reconozca sus fallos. ¿Cómo corregir entonces lo que se hace mal si los responsables ni siquiera desean escuchar los cuestionamientos? Quizá ese solipsismo del Ejecutivo es, en buena parte, la razón por que las cosas en este país no cambian.
Tanto se ha negado la sociedad costarricense al debate, a la discusión, a la dialéctica, que ha olvidado su importancia. Se le considera pérdida de tiempo sin entender que ese "toma y daca" político permite comprender los alcances y limitaciones de las políticas públicas, las falencias institucionales, las restricciones normativas, el acierto o desacierto analítico y de gestión de los actores políticos, señala los puntos que hay que corregir, cultiva la necesaria rendición de cuentas, alimenta la cultura de asumir responsabilidades ante los fallos y se erige como un ejercicio cívico que le permite a los costarricenses tener más claridad de lo que se ha hecho con su dinero.
Reformar este artículo del Reglamento Legislativo debe ser prioridad en la nueva Asamblea Legislativa. Es un primer paso hacia el parlamentarismo, un primer paso para emular esa rica cultura del debate y rendición de cuentas que tanta falta nos hace aquí para aceptar que tenemos problemas y hay que corregir el curso.
Esperamos que el PAC, que históricamente se ha abanderado con la transparencia, tenga la misma actitud ahora que es Ejecutivo. Deseamos que la primer orden emitida por el Presidente Luis Guillermo Solís de cortar los árboles que tapaban la vista hacia Casa Presidencial como un mensaje de que no existirán obstáculos que impidan a los costarricenses ver qué se hace allí, sea un simbolismo que represente una actitud comprometida para derribar ese espeso bosque que hoy no permite que la ciudadanía acceda al balance real de las acciones. Es su oportunidad histórica para ser diferentes de aquellos a quienes relevaron.
