Por alguna razón la mayoría de los ticos se considera que pertenecen a la llamada clase media. Si es rico, más allá de lo que poseen las familias de clase media, me imagino que aseveran pertenecer a ella para no darse color ante los que ponen impuestos y si es relativamente más pobre, creo que se puede deber a que hay un deseo de que el progreso que suele implicar la clase media ya se encuentra en sus hogares. Por eso casi siempre responden que pertenecen a la “clase media”. Obviamente los tecnócratas sociólogos, expertos en asuntos de clases, rechazarán mis hipótesis, lo cual no me preocupa, aunque si debo señalar, recordando mis lecturas de Pitirim Sorokin, cuando era joven y estudioso, que en asuntos de clases el análisis caía en una especie de arroz con mango; por ello los conceptos de clases ya no son tan útiles como se creyó hace algún tiempo. Mi familia, que es de clase media, obviamente que se beneficiaría directamente si se aprobara un subsidio que la favoreciera, como el que analizaré a continuación, pero tal práctica extraordinaria iría en contra de mis principios, por lo cual deseo escribir esta nota de hoy.
Tengo enorme aprecio personal por la diputada libertaria Patricia Pérez, por ello me sorprendió -y no de forma agradable- el proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Legislativa para lograr que hubiera mayores fondos para que la clase media obtuviera vivienda. Como era de esperar, tan noble propósito encontró amplio eco en el resto de los diputados, quienes, ni lerdos ni perezosos, ya han indicado estar a favor de la propuesta. Muchos de ellos, casi que estoy seguro, lo hacen porque están a favor de “ayudar” a la clase media (ninguno están en contra de la clase media), pero estoy seguro que no han pensado en las implicaciones derivadas de la aprobación de una ley como esta.
Conociendo el conocimiento profesional privada de la diputada Pérez, con gran experiencia en las Mutuales, más bien me extraña que la solución que propone para dotar con casa a las familias de clase media, lo sea mediante un subsidio a los intereses que tendrían que pagar, los cuales, concuerdo con ello, son muy elevados. Estoy seguro de que doña Patricia conoce los numerosos estudios que, a través de los años, han hecho muchos economistas acerca de las razones por las cuales, en nuestro país, el diferencial entre las tasas pasivas que un banco comercial le paga a sus ahorrantes es tan grande con respecto a las tasas activas que le cobra a quienes les presta. De paso recuerdo los innumerables trabajos para la Academia de Centro América, de Edna Camacho, Rodolfo Quirós, Ronulfo Jiménez, Thelmo Vargas, Oswald Céspedes y muchos otros, que bien debe recordar don Patricia.
Si fuera así, Doña Patricia no abogaría por subsidiar intereses para ningún grupo en particular, sino en reducir ese “spread” tan elevado, el cual se origina en la obligación de mantener altas reservas legales, el pago de impuestos locales, los altos gastos operativos de los bancos (estatales), entre otros. En síntesis, más bien debería proponer que legalmente se diera una reducción significativa de esos elevados costos de transacción hoy trasladados a todos quienes piden prestado en los bancos, incluyendo los de clase media que solicitan préstamos para su vivienda.
El problema con estos últimos préstamos más bien parece estar en el plazo tan corto a que se otorgan, lo que contrasta con la situación de, por ejemplo, los Estados Unidos, o Panamá y más recientemente El Salvador. Una propuesta que permitiría que nuestro país tuviera préstamos a plazos tan largos como los citados lo sería mediante la aprobación de un proyecto de ley precisamente acogido por el Movimiento Libertario para su trámite legislativo, como es la dolarización de nuestra economía. Esta posibilitaría ayudar a que la clase media adquiera vivienda en un plazo factible para este tipo de inversiones. En el caso de El Salvador, antes de que se dolarizara, tales préstamos eran de una duración parecida a la actual de Costa Rica; ahora tienen una duración similar a la estándar de Panamá: 30 años.
Finalmente, aprovecho para referirme a una coyuntura actual de la economía costarricense, que la propuesta de la diputada Pérez deja de lado. El déficit actual del sector público puede llegar a un 5% este año y a un 6% en el próximo, principalmente por un exagerado gasto gubernamental.
Históricamente los libertarios han indicado su disposición para introducir algún grado de racionalidad en ese desbocado gasto estatal, pero la propuesta de la diputada Pérez propone todo lo contrario. Más bien aumentaría el gasto gubernamental porque con el presupuesto público es que se financiaría el 50% de los intereses que tienen que pagar las familias de clase media a quienes se les otorguen préstamos bajo la propuesta comentada Esos gastos irían a aumentar el déficit en momentos en que más bien los gobernantes nos dicen que pedirán ante el Congreso en aumento de los impuestos que paga la ciudadanía. Triste papel hacen quienes por años han señalado posiciones contrarías a los subsidios estatales y el excesivo gasto público.
En lo personal tengo un gran aprecio por la diputada Pérez, por lo que aprovecho para recordarle la cita de Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” (Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad).
Jorge Corrales Quesada
Tengo enorme aprecio personal por la diputada libertaria Patricia Pérez, por ello me sorprendió -y no de forma agradable- el proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Legislativa para lograr que hubiera mayores fondos para que la clase media obtuviera vivienda. Como era de esperar, tan noble propósito encontró amplio eco en el resto de los diputados, quienes, ni lerdos ni perezosos, ya han indicado estar a favor de la propuesta. Muchos de ellos, casi que estoy seguro, lo hacen porque están a favor de “ayudar” a la clase media (ninguno están en contra de la clase media), pero estoy seguro que no han pensado en las implicaciones derivadas de la aprobación de una ley como esta.
Conociendo el conocimiento profesional privada de la diputada Pérez, con gran experiencia en las Mutuales, más bien me extraña que la solución que propone para dotar con casa a las familias de clase media, lo sea mediante un subsidio a los intereses que tendrían que pagar, los cuales, concuerdo con ello, son muy elevados. Estoy seguro de que doña Patricia conoce los numerosos estudios que, a través de los años, han hecho muchos economistas acerca de las razones por las cuales, en nuestro país, el diferencial entre las tasas pasivas que un banco comercial le paga a sus ahorrantes es tan grande con respecto a las tasas activas que le cobra a quienes les presta. De paso recuerdo los innumerables trabajos para la Academia de Centro América, de Edna Camacho, Rodolfo Quirós, Ronulfo Jiménez, Thelmo Vargas, Oswald Céspedes y muchos otros, que bien debe recordar don Patricia.
Si fuera así, Doña Patricia no abogaría por subsidiar intereses para ningún grupo en particular, sino en reducir ese “spread” tan elevado, el cual se origina en la obligación de mantener altas reservas legales, el pago de impuestos locales, los altos gastos operativos de los bancos (estatales), entre otros. En síntesis, más bien debería proponer que legalmente se diera una reducción significativa de esos elevados costos de transacción hoy trasladados a todos quienes piden prestado en los bancos, incluyendo los de clase media que solicitan préstamos para su vivienda.
El problema con estos últimos préstamos más bien parece estar en el plazo tan corto a que se otorgan, lo que contrasta con la situación de, por ejemplo, los Estados Unidos, o Panamá y más recientemente El Salvador. Una propuesta que permitiría que nuestro país tuviera préstamos a plazos tan largos como los citados lo sería mediante la aprobación de un proyecto de ley precisamente acogido por el Movimiento Libertario para su trámite legislativo, como es la dolarización de nuestra economía. Esta posibilitaría ayudar a que la clase media adquiera vivienda en un plazo factible para este tipo de inversiones. En el caso de El Salvador, antes de que se dolarizara, tales préstamos eran de una duración parecida a la actual de Costa Rica; ahora tienen una duración similar a la estándar de Panamá: 30 años.
Finalmente, aprovecho para referirme a una coyuntura actual de la economía costarricense, que la propuesta de la diputada Pérez deja de lado. El déficit actual del sector público puede llegar a un 5% este año y a un 6% en el próximo, principalmente por un exagerado gasto gubernamental.
Históricamente los libertarios han indicado su disposición para introducir algún grado de racionalidad en ese desbocado gasto estatal, pero la propuesta de la diputada Pérez propone todo lo contrario. Más bien aumentaría el gasto gubernamental porque con el presupuesto público es que se financiaría el 50% de los intereses que tienen que pagar las familias de clase media a quienes se les otorguen préstamos bajo la propuesta comentada Esos gastos irían a aumentar el déficit en momentos en que más bien los gobernantes nos dicen que pedirán ante el Congreso en aumento de los impuestos que paga la ciudadanía. Triste papel hacen quienes por años han señalado posiciones contrarías a los subsidios estatales y el excesivo gasto público.
En lo personal tengo un gran aprecio por la diputada Pérez, por lo que aprovecho para recordarle la cita de Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” (Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad).
Jorge Corrales Quesada
