En vez de más politica, más sociedad, el degradado y degradante proceso politico costarricense, confirma la urgencia de una sociedad más autonóma, más vigorosa, más decisiva.
La constante y creciente intervención politiquera en la vida de las personas, las familias y las comunidades sigue causando daño.
La reciente disputa institucional entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, con cepas intervendas por el Poder Ejecutivo muestra, descarnadamente, el significado de la "dictadura en democracia" y las graves consecuencias de rendir culto a los conteos de votos, por encima de las personas, de su pensamiento y autodeterminación.
En lo político, este proceso ha ido vaciando de contenido a la estructra republicana, al son del mantra de la "gobernabilidad". Quienes se lamentan de la falta de gobernabilidad deben encontrarse extasiados con la abrumadora decision legislativa acerca de la integracion de la Sala Constitucional. Se votó y se resolvió, haciendo de lado la fecha limite para decidir este asunto.
Una democracia, entronizada como sagrada y obediente a una autoridad, ha mostrado su tenebroso aspecto. Solo valen las personas, en este caso el Magistrado Cruz Castro, como fichas de votación, adaptadas o no a la voluntad de otra votación, en la Asamblea Legislativa.
Para cualquier ciudadano, del lado que se coloque en este irritante asunto, brilla al ojo que la independencia y la autonomía de los tribunales es materia politica, hasta electoral.
Familas, comunidades y ciudadanos, empresarios nacionales y extranjeros, han quedado notificados que, para bien o para mal, la justicia en Costa Rica obedece la ideología resultante de un conteo de votos y así se regira la resolución de los asuntos, en los más encumbrados tribunales.
No serán las leyes, ni las normas constitucionales, sino la conformidad con la mayoría legislativa calificada, bastante dúctil, por cierto, la que indicara a los jueces el camino a seguir.
Una democracia así, es una deidad fallida. Una vida social, dominada por el gobierno, termina atrapada por el poder corrupto y disociador de la politiquería.
Quienes claman por la independencia de poderes, por la autonomía de los magistrados y los diputados o los presidentes y ministros, hacen añorar una mención, una reflexión, una consideración, al menos, a la autonomía e independencia de las personas, las familias y comunidades, atrapadas en estas luchas de poder, con más fuerza y perjuicio, entre mayor sea la intervención del proceso político en la vida social.
Mario Quirós Lara
