Cuando tengo en mente algún tema importante que por ahí me da vueltas, acudo a mi amigo David Hume, quien a mediados del siglo XVIII escribió su libro clásico Ensayos Políticos, el cual debería ser leído por muchos quienes dicen abrazar los valores básicos de la civilidad y la limitación del poder político. Uno de sus ensayos trata “Sobre la Independencia del Parlamento”, cuyo primer párrafo nos ubica en el punto exacto que me interesa y el cual me permito transcribir:
“Los escritores políticos han establecido como máxima que, al concebir cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones de la constitución, debería considerarse a cada hombre como un pícaro que, en todas sus acciones, no persigue otro fin que el interés particular. Mediante este interés debemos gobernarlo y haciendo uso del mismo, sin que importen su avaricia y su ambición insaciables, obligarlo a cooperar para el bien público. Sin esto, dicen, en vano habremos de cantar las ventajas de ninguna constitución, y encontraremos al final que no tenemos para nuestras libertades o posesiones más seguridad que la buena voluntad de nuestros gobernantes; es decir, que no tendremos seguridad ninguna.” [David Hume, Ensayos Políticos, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 101. La letra en cursiva es del autor].
No profundizaré en el caso concreto de la ausencia de declaraciones tributarias de miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así como de ciertos políticos (y, según se dijo, La Nación haría una denuncia similar en el caso de miembros del Judicial). Allá los caraduras, quienes sólo alegan desconocer sus actos (No sé. No me acuerdo…Es un enredo que tengo). El asunto es lo suficientemente grave, como para que el ciudadano le ponga atención, más allá de los tres días de rigor exigidos en Costa Rica para tratar los escándalos de turno. Se había dicho de la entonces candidata a la Presidencia, que era “firme”, pero eso ha quedado tirado en la basura de la historia política criolla. La alcahuetería del jaloncito de orejas ha sustituido el ejemplo que debe provenir de la presidencia de la República.
El tema es importante, porque creo que es razón suficiente para que, ahora que el 208 bis recibió la bendición de la Sala Constitucional, los diputados quienes nos representan en el Parlamento, hagan valer de inmediato el consejo que antes transcribí de David Hume. Propongo una idea que creo que hará que “ese pícaro” se vea obligado “a cooperar para el bien público”. Es sencilla, es directa, adecuada al malestar de los ciudadanos por los hechos antes referidos. Tal vez con ella no tendremos que acudir al triste camino de no salir a votar, como justa forma de protesta ciudadana, ante el vergonzoso acto de prepotencia de algunos políticos. Ojalá que sea un “no voy a votar” y no otra cosa la que augura el profundamente serio malestar nacional.
La propuesta, en lenguaje no de jurista ni de político de oficio, sino de un ciudadano común y corriente, radica en exigir que todo ciudadano que legalmente aspire a un puesto de elección popular, ponga formalmente a disposición de los medios de comunicación (mediante los cuales la ciudadanía tendría conocimiento) las copias de sus declaraciones del pago del impuesto personal sobre la renta y de las sociedades anónimas de la cual haya formado parte, durante los últimos cinco años. Igual declaración pública deberá ser hecha por quienes sean designados para el cargo de Ministro, Vice Ministro, Magistrado, Contralor, Sub Contralor, miembro del Tribunal Supremo de Elecciones, Procurador de la República, Presidente Ejecutivo de entidades gubernamentales, al momento de hacerse público o formal su nombramiento o designación.
Esa práctica de adecentamiento de la cosa pública no es inusual en muchas democracias maduras. Por ejemplo, en las recientes elecciones primarias (ni siquiera en la final) para elegir candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, los precandidatos republicanos se vieron obligados a presentar ante el público (la prensa) sus declaraciones del pago de impuestos sobre la renta. Lo hicieron, porque sabían que, de no hacerlo, la ciudadanía no votaría por ellos. Algo similar sucede en muchas naciones de Europa, en donde la transparencia electoral es la norma y no la excepción. Es más, creo que en Estados Unidos y en esas naciones europeas hacer públicos tales documentos no es un asunto de ley, sino de buena y sana costumbre. Buena y sana costumbre Humeana.
La razón fundamental detrás de mi propuesta radica en que con ella se obliga al aspirante a puestos políticos “importantes”, a que revele al público que va a votar por ellos, cuál ha sido su comportamiento en cuanto al manejo personal hecho del pago del impuesto directo más importante, que se supone debe efectuar con toda probidad.
¿Por qué hacer una diferencia en el trato que se le dé a la declaración de la persona pública, en tanto que a la persona privada no se le obligaría a hacerlo?
Por una razón muy poderosa: el político es quien nos pone los impuestos y también son los políticos los responsables de administrar los impuestos que pagamos; esto es, del gasto público. Por ello, en el campo tributario el político se convierte en un agente muy diferente de la persona privada, quien simplemente está obligada, en ciertas circunstancias, a pagar los impuestos. El primero -la persona pública- influye notoria y legalmente sobre la naturaleza de los impuestos (quienes pagan, qué montos, cuáles son las bases tributarias, las frecuencia del pago, el alcance de las multas y en todo tipo de procesos administrativos de declaraciones, cobros y hasta de dictar prisión si fuere el caso de una evasión delictiva), mientras que el segundo -la persona privada- es simplemente el objeto del cobro de esos gravámenes; esto es, no influye de manera alguna en la definición y puesta en práctica de las leyes que determinan los impuestos.
Por lo anterior, el comportamiento ético esperable del político en el campo de los impuestos es muy diferente de aquel esperado de los individuos privados. Si se quiere ver mi propuesta como un costo en el cual ahora va a incurrir el político, pues que así sea. El ciudadano privado ya tiene el costo de tener que pagar los impuestos (y no necesariamente lograr que se gasten bien esos fondos), pero también la ley le sanciona si evade el pago de los tributos; sanciones que varían según sea el grado de la hipotética violación de la ley. El mayor costo para la persona pública se debe simplemente a su capacidad de poder legislar, administrar, juzgar, definir (y gastar) toda la estructura tributaria legalmente impuesta sobre la ciudadanía. Nada de esto lo puede hacer la persona privada.
Además, hay otra razón poderosa en favor de mi sugerencia acerca de las declaraciones de impuestos de los políticos. Los votantes deseamos escoger personas probas y ejemplares (que den el buen ejemplo) para ocupar los principales cargos públicos. Probablemente es así porque el ciudadano asume que, si esos altos funcionarios son personas correctas, no le harán daño o el daño será menor. Pero para poder lograr que el deseo ciudadano de elegir gente honesta sea factible, se requiere que tenga la información adecuada. En este caso, ver que los impuestos son debidamente pagados por las personas públicas. Si se quiere analizar mi propuesta desde otro matiz, se trata de introducir un nuevo freno al poder; otra limitación al posible abuso del hombre pícaro, del cual nos hablaba David Hume.
Dado el rol que el político desempeña en el campo de los impuestos, el ciudadano, ante el conocimiento y la transparencia de las declaraciones que con mi propuesta harían los políticos, vería como un atributo encomiable el que esos políticos cumplan con todas las obligaciones que la ley impone en el campo tributario. Será un factor que estimule votar por un funcionario público, quien correctamente paga sus impuestos y no los evade.
Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer acerca de las virtudes y los defectos de aquellos quienes tienen poder instrumentalizado sobre nosotros. Después de todo, los salarios que se les pagan por su gestión a políticos y servidores públicos, provienen fundamentalmente de dineros obtenidos privadamente con el trabajo, el esfuerzo y el ahorro de las personas privadas.
Las decisiones de los hombres públicos afectan muchos aspectos de nuestras vidas y es a cambio de ello que la ciudadanía tiene el derecho a forjarse juicios informados a cerca de los líderes que tienen. Esto es particularmente relevante en el caso de hombres públicos, quienes disfrutan del poder para efectuar cobros de impuestos a los ciudadanos y de disponer del uso de esos fondos así apropiados.
La información, que con mi propuesta los hombres públicos deben dar a los medios de prensa para que la transmitan a los ciudadanos, es un derecho básico de los ciudadanos. A eso se le suele llamar libertad de prensa. Es el derecho del ciudadano de estar debidamente informado acerca de temas de interés público, porque es de interés público conocer, si quien aspira a un cargo de elección o a quien se nombrará en un cargo público importante, satisface requisitos que muestran el verdadero y correcto carácter del funcionario público.
Cuando se acude a elecciones, en mayor o menor grado son decisiones que se toman con base en el carácter de los principales políticos involucrados. Es muy posible que mostrar una conducta evasiva en el pago de los impuestos, teniendo a la vez el poder de afectar los impuestos que se le cobran a los demás ciudadanos, no sólo expresa fragilidad de carácter, de viveza y argucia evasora, sino más que todo de soberbia en el ejercicio del poder. ¿Será que piensan que, por estar en las alturas del poder, son inmunes a las responsabilidades que tienen como cualquier otro ciudadano y que, por su carácter de persona pública, en lugar de ser ejemplos de comportamiento responsable, más bien creen estar por encima del bien y del mal y así actúan en consonancia?
Conocer de antemano, antes de una elección o de un nombramiento, acerca del comportamiento del pago de los tributos por los principales políticos que elegimos o se nombran, nos sirve para evitar el error de haber creído que elegimos o se nombró a quien dignamente se lo merecía, pero que, en verdad, era simplemente un pícaro de Hume y no un ciudadano ejemplar.
Hubo cierto tiempo en que se consideraba a los altos funcionarios públicos como ciudadanos ejemplares. Ello porque se asumía que con su conducta y méritos daban el ejemplo a seguir. Para verdades el tiempo… hoy algunos muestran no ser ciudadanos ejemplares. Incluso hay uno de los mencionados, deslizándose en su prepotencia, quien se solaza hablando de la inmoralidad de muchas otras personas, cuando la propia parece serlo mucho más. Antes de obligarnos a pagar más, primero pague lo que debe.
Vale la pena cerrar este comentario con una cita del apóstol cubano, que bien calza hoy para desnudar a los sepulcros blanqueados que hoy desfilan ante nuestros ojos y que ojalá no los olvidemos pronto. Son los impúdicos que nos quieren poner más y mayores impuestos, pero ellos no pagan los que deben de pagar.
“En plegar y moldear está el arte de la política. Sólo en las ideas esenciales de dignidad y libertad se debe ser espinudo, como un erizo, y recto, como un pino.”José Martí
Jorge Corrales Quesada
