La columna de Carlos Federico Smith: Gobierno Central crece y sin orden

Si le damos más plata, producto de los impuestos al gobierno central, ¿cree usted que dejará de este dejará de crecer y que más bien reducirá su alcance? Yo no. Creo que será como darle droga al adicto o alcohol al borracho o poner al ludópata en la puerta del casino. Creo que, al tener más recursos, el gobierno central seguirá con su práctica de un crecimiento desordenado, tal como lo ha hecho durante la última década.

La Nación del 9 de abril, en un artículo titulado “Gobierno Central evidencia crecimiento desordenado: Informe de MIDEPLAN cuestiona aumento de entidades adscritas a ministerios en última década,” nos hace una radiografía interesante de cómo el gobierno ha venido aumentando su tamaño institucional en los últimos diez años.  Por eso, creo que los políticos escogerán aumentarnos los impuestos y poder con ello seguir creando nuevas entidades, en vez de reducir su demasía.

Indica La Nación que, en la última década, hubo “un total de 682 cambios organizacionales, que aumentaron la dimensión de las entidades gubernamentales.” Note que habla de dimensión, lo cual uno interpretaría como el alcance, la extensión, el tamaño, a lo cual se debe adicionar el ya bien sabido aumento del gasto público (nominal y real) en esa misma década. O sea, podemos pensar en un estado más grande y más gastón. Y eso sin meternos a los efectos generales que sobre la libertad de los individuos tiene esa intrusión estatal.

De acuerdo con el informe de MIDEPLAN, “el crecimiento de los ministerios se hizo de forma ‘desordenada y atomizada,’” y que “no se cumplió con los criterios técnicos que sirvieron de fundamento para muchos de los cambios.” O sea agregue al desorden y a la fragmentación del Poder Ejecutivo, la ausencia de bases para gran parte de los cambios. Y agrega el informe de MIDEPLAN, que esos cambios responden “al crecimiento administrativo de la institución.” A la metástasis burocrática, podría llamársele.

Veamos un detalle de los 682 cambios de la organización del gobierno central en la última década: un 72.4 por ciento (494) de los cambios fueron creaciones de “unidades dentro de las estructuras de los ministerios;” un 12.8 por ciento (87) de los cambios fue la supresión y fusión de ellas (lamentablemente fue 5 veces y media más la creación que la supresión o fusión); el resto, un 14.8% (101) fue por elevación o descenso de rango, cambio de dependencia jerárquica y otros.

En el lapso enero del 2016 a marzo del 2018, hubo cien creaciones, “de las cuales 26 fueron en el Ministerio de Justicia, 19 en el Ministerio de Seguridad y 11 en Hacienda.”

Según MIDEPLAN, aquel crecimiento se debe a la Asamblea Legislativa, “debido a la creación, mediante leyes específicas, de entidades adscritas a ministerios,” siendo, a la fecha, 81 las entidades adscritas a ministerios. Esas 81 adscripciones se distribuyen así, al menos para los 4 principales casos: Cultura con 15; Salud con 10, MINAE con 9, al igual que Justicia. Y todas esas entidades adscritas desconcentradas de los ministerios, reciben “los recursos para pago de salarios y operación de la recaudación de impuestos y emisión de deuda hecha por el Ministerio de Hacienda.” Esto, se carga a las generaciones actuales de contribuyentes o a las futuras, con todo e intereses.

El 50.9% de las 682 modificaciones se llevó a cabo en las áreas técnicas y, en las áreas administrativas, el 28.7% de ellas, de acuerdo con el informe de MIDEPLAN. Si tomamos como ejemplo los 15 órganos adscritos en el Ministerio de Cultura, operan independientemente a pesar de que “efectúan labores idénticas, como la adquisición de bienes y servicios para sus funciones.”

Lo más serio es lo que señala el medio, en cuanto a que, “de la mano de las nuevas instituciones públicas también se iniciaron las duplicaciones, principalmente en área técnica o administrativa.” Cuando nos quiere poner nuevos y mayores impuestos, los políticos de turno dicen que eso es lo posible, en tanto que reducir el gasto gubernamental es difícil de lograr. Bueno, esos cambios es posible lograrlos en la Asamblea Legislativa, pero, lo que uno básicamente escucha de los políticos en el Congreso, es aumentar los impuestos, pero no de reducir el gasto. Y, por otra parte, como dicen “tras cuernos, palos” el presidente entrante ya propuso la creación de un nuevo ministerio para el deporte.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: la plata está, lo que falta son las obras

Cuántas veces hemos escuchado el cuento de que se necesita más plata, más impuestos, para hacer obras públicas y, específicamente, carreteras. Y más de uno ha corrido a sugerir que se aumenten los impuestos para financiar esas importantes obras. Esto último es un absurdo, pues, si entrara más plata por impuestos para dirigirlos a esas obras, eso serviría para liberar recursos ya programados en el presupuesto público para obras y así dirigirlos a sufragar gastos corrientes del gobierno. El dinero es fungible: como dos granos de maíz.

Pero, además, cabe preguntarse cuántas carreteras no se podrían hacer sin necesidad de que el estado deba encontrar los fondos para hacerlas: el mecanismo de concesión de obra pública, bien hecho y en donde se cumplan con las responsabilidades contractuales, podría liberar las limitantes financieras del estado y que ese sea suministrado por el concesionario, quien recuperaría su inversión con el rendimiento adecuado, al cobrar a quienes efectivamente usan las obras concesionadas.

Aparte de todo eso, lo cierto es que el gobierno cuenta con importantes préstamos para realizar la construcción de carreteras, los que, al momento, no se usan plenamente, sino que permanecen ociosos en gavetas de la burocracia, por así decirlo (en realidad, está en los bancos, ya sea nacionales o internacionales).

Un esclarecedor artículo de La Nación del 6 de abril, bajo el titular “Futuro Gobierno dispondrá de $1,000 millones para carreteras: Carlos Alvarado afronta el desafío de usar dinero de créditos internacionales,” expone la disponibilidad de fondos y su falta de uso expedito, provenientes de créditos externos obtenidos entre el 2011 y el 2014 (o sea, hace ya bastantes años) y que no su utilizan sino en parte o, incluso, del todo.

CONAVI (otra vez en la palestra) no “ha logrado ejecutar por atrasos con expropiaciones, procesos de contratación y discrepancias entre los contratistas interesados en los proyectos.” Lo que uno no entiende es por qué los fondos que ya se han obtenido, están sin usar, pagando intereses por ellos como si ya se hubieran utilizado, por no solucionar, en lo posible, problemas como expropiaciones, contrataciones y similares. O sea, sólo pedirlos cuando ya “todo está casi listo” y no mucho antes, en que hay problemas obvios no resueltos y que complican la ejecución de las obras. No creo que los organismos internacionales nos obligan a pedirles plata y así ganar con ello. Es que piden la plata sin estar totalmente listos para usarla.

Actualmente, dice el medio, el gobierno tiene “engavetados” (sin usar) $1.000 millones de dólares para obras de carreteras: “De acuerdo con la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, hay $155 millones sin desembolsar del Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (PIV), $400 millones del Programa de Infraestructura de Transporte (PIT) y $306 millones de la nueva vía a Limón,” además de $140 millones del programa “BID-Cantonal II para reparar y construir caminos y puentes cantonales.”

Veamos detalles de esos “programas”:
 

Programa de Obras Estratégicas de Infraestructura Vial (PIV):
 

Préstamo del BCIE, obtenido en el 2012, por $340 millones. Tan sólo se ha usado un 54%. Cubre la 

Circunvalación Norte, tres pasos a desnivel en las rotondas de la Circunvalación, los puentes sobre el 

Virilla en Santa Ana y Tibás y el acceso al nuevo Puerto de Moín (me imagino que es aquel que se diseñó mal). Por mantener engavetados esos fondos, ya se ha pagado $7.2 millones.
 

Programa de Infraestructura de Transporte (PIT):
 

Préstamo del BID por $450 millones, aprobado por la Asamblea Legislativa en el 2014. Sólo se ha ejecutado un 11%; así, apenas se han usado $50 millones. Se emplearía, entre otros, para las vías 

Cañas-Barranca y Paquera-Playa Naranjo, en La Lima y Taras de Cartago y en la carretera Birmania de Upala-Santa Cecilia de La Cruz. “Por ese financiamiento se han pagado $188.000 en intereses” y “$6.3 millones en comisiones.”
 

Nueva Vía a Limón:
 

Préstamo del Eximbank de China por $395 millones, aprobado en el 2013. Se han desembolsado $89 millones; esto es, un 22% del préstamo. Y no se han pagado intereses.
 

BID-Cantonal II:
 

Supongo que fue prestado por el BID. El comentario periodístico no indica la fecha de su concreción ni tampoco si hay intereses pagados, al igual que no detalla las obras en que se usaría.
 

Ante estas situaciones, el señor Randall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción indicó, según el medio, que “el Gobierno queda en deuda con el país por no crear una forma más eficiente de hacer infraestructura pública” y el señor Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, dijo que “no se ha tenido” el apoyo decidido de la Casa Presidencial,” lo cual hace necesario que se hagan “cambios estructurales.” Así como que se debe ajustar “la legislación de CONAVI” y hacer en ese organismo “un cambio administrativo... para dotarlo de una mayor capacidad para la definición de las unidades ejecutoras.”
 

El gobierno entrante ya dispone de recursos para hacer obras viales indispensables y, por ello, es deseable que tenga éxito en evitar ese empantanamiento de fondos en el gobierno, que tan caro le sale a los contribuyentes, como si no fuera suficiente el sacrifico que actualmente se les está imponiendo con múltiples nuevos gravámenes. 

Jorge Corrales Quesada.

La columna de Carlos Federico Smith: terminar de quebrar a Bancrédito

En alto grado sabemos del cierre del Banco Crédito Agrícola; los detalles de esa situación espero que se conocerán con el paso del tiempo, incluyendo, ojalá, la responsabilidad de las autoridades actuales del país que no han tomado las medidas de cierre adecuadas y que ha provocado pérdidas mucho mayores, que si se hubiera actuado a tiempo. No entraré a pedir cuentas, pues es sabido que probablemente nunca saldrán a la luz los responsables de todo eso. Más bien quiero ahondar acerca de ciertas medidas y situaciones recientes que parecen destinar al banco hacia una quiebra plena.

La base del comentario se encuentra en el artículo de La Nación titulado “Interventor: Bancrédito se encamina a la quiebra técnica: Pérdidas de ₡30.000 millones se comieron 45% del patrimonio en un año.” Entendamos lo que significa patrimonio: básicamente la diferencia entre lo que se tiene y lo que se debe: su valor neto; si pagara todo lo que debe, lo que le termina quedando. El banco tenía al cierre del 2016 un patrimonio de ₡68.130 antes de entrar en la crisis ya conocida. Si se toman en cuenta las pérdidas del 2017 más las de enero recién pasado, su patrimonio quedaría en sólo ₡37.407 millones: esto es, en un año el banco ha perdido un 45% de su patrimonio. Lo que al final de todo le queda a los ciudadanos, dueños de ese ente público, en ese lapso se ha reducido fuertemente.

Las razones de las pérdidas en este año, el medio las atribuye al “menoscabo de la cartera de crédito debido a operaciones que entraron en morosidad o pasaron a cobro judicial”... y “por el registro del gasto para crear la provisión de cesantía de los empleados de la institución.”  El gobierno intervino el banco a fines del año pasado, después de que en mayo de ese año cerrara su operación financiera y “transformarlo en un banco de fomento. No obstante, dicho plan nunca prosperó.” 

El interventor del banco, don Marco Hernández, de acuerdo con el medio “resaltó que la situación financiera del banco dependerá de la gestión que se realice en la recuperación de los activos -cartera de crédito- así como del comportamiento del pago que tengan” que hacer quienes le deben al banco. Pero, y he aquí lo sorprendente y hasta malévolo, es que, en primer debate, los diputados aprobaron el pasado 8 de marzo, dar a los 694 empleados (477 ya despedidos y 217 que aún laboran en el banco) un monto adicional de ₡3.000 millones a todas las prestaciones laborales ya contempladas en su proceso de administración de la crisis. O sea, se otorga un monto adicional a las estimaciones de ley que se debe pagar a los trabajadores en caso de liquidación o cierre de la firma, que equivalen, en promedio, a cuatro meses más de salarios, lo que significa un monto promedio de ₡4.322.766, adicionales a los pagos que por ley se dan por el cierre del banco. 

¿Nos debe sorprender este nuevo olio indebido de recursos públicos que hacen algunos políticos y que será cubierto por toda la ciudadanía?  Realmente no, pues por otro lado, en un banco -el Nacional-, debido a que en este año las ganancias no fueron tan altas como el previo, al financiar proyectos que no fueron rentables, se reduciría lo que se les reparte a los empleados como bonificación del 15%. Eso ha hecho que los empleados -como si fueran dueños del ente- amenacen con ir a huelga por esa rebaja de su privilegio.

El serio daño de la decisión de obsequiar recursos públicos o privilegiar a unos pocos con fondos pagados por todos los ciudadanos, fue claramente expuesto por el interventor del banco, quien dijo que se preveía una utilidad para el mes de febrero de ₡697 millones y que “no esperaban mayores pérdidas”, pero, “el panorama dio un giro” debido a esa concesión graciosa de diputados, que es así como usan el dinero de todos los ciudadanos. En un comentario de La Nación del 9 de marzo, “Empleados de Bancrédito se van con ₡3.000 millones,” se lee la oportuna manifestación del interventor Hernández, de que aprobar ese proyecto -como se dio afortunadamente sólo en una primera instancia- “implicaría una carga que elevaría sobremanera el pasivo laboral y para lo cual el Banco no tendría la liquidez para su pago oportuno.”

Sonrientes, 14 diputados de casi todos los partidos políticos hoy representados en la Asamblea Legislativa, han decidido quitarles esos recursos a las personas (posiblemente por medio de mayores impuestos), para dárselos a un grupo específico. Nada más rico que regalar plata ajena... Después de todo, dicen no explicarse (o no querer aceptar) por qué la gente está tan molesta con la acción de los políticos tradicionales.

La buena noticia es que, poco antes de publicar este comentario, el presidente de la República indicó que vetaría ese proyecto, lo cual mucho me alegra.  El escéptico se preguntará por qué, si se sabía de la aprobación legislativa de ese proyecto antes de las elecciones, no que lo vetaría informó antes de que se realizaran. El realista dirá que eso no reduce el exceso de gasto público, pues nunca se realizó y, si se le considera un esfuerzo tardío por reducir el gasto, lamentablemente, si bien ejemplar, es poca cosa comparado con lo que se debería hacer en vez de aumentarnos los impuestos a los ciudadanos.

Jorge Corrales Quesada 

La columna de Carlos Federico Smith: cuando lo barato sale más caro

No hace mucho tiempo, en uno de mis comentarios me referí al atraso enorme que se ha presentado en la reconstrucción de 145 escuelas dañadas por el terremoto del 2012. Recientemente un análisis que presenta La Nación del 24 de febrero, titulado “MEP renuncia al control para procurar que se aceleren obras: Procesos de construcción abreviados no logran su objetivo,” nos puede dar alguna luz acerca de por qué tan infausto atraso.

Resulta que el Ministerio de Educación decidió seguir lo que se denomina un proceso abreviado de contratación de obra pública, que impone menos limitantes y restricciones que el conocido proceso usual de contratación pública.  Para ello, determinó que fueran las Juntas de Educación, generalmente integradas por ciudadanos que no son duchos en aspectos de construcción y de contratación administrativa, para que ellas se encargaran de contratar “al ingeniero a cargo de la construcción,” de hacer las “licitaciones para escoger las empresas que aportarán la mano de obra y los materiales,” y “de elegir los mejores precios del mercado y la mejor calidad.”
 

Antes de setiembre del 2015, el costo máximo de una obra para poder usar ese proceso abreviado no podía exceder de ₡150 millones, pero luego se elevó el tope hasta un máximo de ₡600 millones. No obstante, parece que, de hecho, ha ido en aumento el monto máximo para poder seguir el procedimiento abreviado delegado a las Juntas de Educación. De ello, el medio señala varios ejemplos; así, el año pasado se aprobó que para el Instituto de Alajuela se siguiera un proceso abreviado aun cuando el valor estimado fue de ₡3.786 millones y “lo mismo ocurrió con los Colegios Técnicos Profesionales (CTP) de Santa Rosa, en San Carlos, de Guácimo y del barrio Irving en Guanacaste, cuyos costos fueron de ₡2.000 millones; ₡1.700 millones y ₡1.400 millones, respectivamente.” Hay más ejemplos en donde se superó aquel tope de ₡600 millones citado para poder hacer uso de procedimientos abreviados de contratación.
 

Pero, ¿qué ha sucedido? Que naturalmente las Juntas de Educación son muy limitadas en todo el manejo y puesta en marcha de las obras y eso ha tenido efectos tales como, por ejemplo, que las Juntas tengan que contratar a profesionales para que les asesoren. Y, según datos del MEP, “este desembolso para los profesionales externos sobrepasa los recursos para los salarios de los 110 ingenieros con que cuenta el Ministerio.” Debe hacerse notar que, para los procesos ordinarios de contratación, no así para los procesos abreviados, dicha tarea está a cargo del MEP, por medio de su Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), que ahora se concentra en proyectos de gran complejidad y de montos sumamente elevados. Ante esto, es así como, en el 2017, de 184 proyectos que “entraron” a la DIEE, 175; esto es el 95% de aquellos, se usó el proceso abreviado.
 

Ello podría explicar “por qué proyectos desarrollados con procesos abreviados presentan sobreprecios, retrasos importantes, construcciones nuevas con alto deterioro u obras inconclusas.” Esto es, simple y sencillamente, hay mucho mayores costos. Lo que se buscó resolver no se logró. Lo que se esperaba que fuera más barato (más económico, más eficiente), terminó saliendo más caro. El esquema de menos controles del MEP y de una tramitología menos engorrosa terminó con un efecto contrario, pues “la mayor parte de las escuelas y colegios del país se levantan bajo la dirección de padres o vecinos sin experiencia.”
 

¿Y en qué quedó la DIEE, que se suponía acompañaría a las Juntas de Educación en todo el proceso de construcción o reparación de los centros y fiscalizaría la labor de los servicios de profesionales contratados por las Juntas? La respuesta la brinda el señor William Sáenz, jefe del Departamento de Ejecución y Control (DEC) de la DIEE, quien desde el 2012 señaló que los inspectores suelen “estar colmados de apretadas cargas de trabajo,” que les limita atender “tareas adicionales” como por ejemplo servir de fiscales de los procesos abreviados. En síntesis, las Juntas de Educación están en las manos de Dios. Uno esperaría que, naturalmente, los miembros de las Juntas encuentren serios problemas y riesgos al tomar decisiones que muchas veces no comprenden o no están familiarizados con ellas y que incluso pueden generar responsabilidades personales. Aceptar un puesto en una de esas Juntas de Educación significa correr riesgos enormes, que podría explicar la parálisis relativa en las construcciones de centros educativos.
 

Llama la atención cómo las autoridades del MEP saben bien de estos asuntos desde hace buen rato y el problema sigue hoy tan vigente como antes, como lo muestra el hecho de que las obras quedan sin hacer o a medio palo y que los recursos se queden sin utilizarse como es lo debido. Todo esto tiene un enorme costo social que todos los ciudadanos terminamos pagando. ¿Y los responsables del desorden y del desperdicio?

Jorge Corrales Quesada