En anteriores artículos, hablamos de la táctica del miedo que estaba utilizando el Gobierno para presionar con el fin de que aprueben su paquetazo de impuestos. Pues bien, uno de los principales argumentos con los que salen los estatistas es que si no se aprueba el proyecto de ley de "Solidaridad Tributaria" no habrá dinero para pagarle a maestros, reparar las aulas dañadas y proporcionarle educación a los costarricenses.
Como son ellos mismos los que siempre alegan que existe una relación perfecta y directa entre educación y riqueza, (que puede ser cierta pero, a nuestro criterio, la educación es condición necesaria pero no suficiente para generar riqueza), en ASOJOD queremos aprovechar para hacer unas breves reflexiones acerca del verdadero impacto que esta reforma tributaria podría tener sobre el estado de la educación y el desarrollo humano.
Nuestro argumento se basará, en esta ocasión, en la educación superior. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009, realizada por el INEC, en Costa Rica apenas 655 mil personas (un 15% de la población total del país) tiene formación universitaria. Muchos se sienten orgullosos del impacto que han tenido las universidades públicas en la movilidad social, al formar a una serie de profesionales con un "bajo" costo individual para que ingresen al mundo profesional y generen ingresos que, a la postre, servirán para que el Estado tenga más recursos para reinvertir en la educación de futuras generaciones. Sin embargo, viendo los números, ese "maravilloso" trabajo se queda corto: el 85% de la población no tiene, hoy día, estudios universitarios.
Ahí aparece el casi nunca reconocido aporte de las universidades privadas en esa dura labor de difundir el conocimiento, profesionalizar a las personas y crear más riqueza. Son las universidades privadas las que están abriéndole las puertas a ese 85% que no puede ingresar al sistema público, pero que gracias al servicio que algunos visionarios empresarios y docentes les ofrecen, han logrado mejorar su nivel educativo y, al profesionalizarse, han podido aspirar a trabajos mejor pagados o han logrado desarrollar los conocimientos necesarios para innovar y crear su propio emprendimiento.
Para muchos, la educación no debería verse como una "mercancía", es decir, no debería estar sujeta a la ley de la oferta y demanda. A ellos les parece atroz que alguien lucre con una institución educativa y que alguien tenga que pagar por recibir esa formación. Sin entender por qué (o por lo menos sin poder explicarlo) ellos pretenden que sea el Estado el único que forme a la fuerza laboral más calificada. Otros son más flexibles en el discurso, pero no en la práctica. No salen atacando a la institucionalidad privada de educación a los cuatro vientos, pero desean someterla a los más estrictos controles de acreditación y a los más rapaces cobros fiscales.
A pesar de todo ello, lo cierto es que la actividad privada en educación ha logrado avanzar en nuestro país. Cada vez son más las opciones para que las personas puedan matricularse o matricular a sus hijos. Cada vez más se amplían las oportunidades para que quienes no han tenido la opción de concluir o continuar estudios, puedan hacerlo. Y este progreso se le debe, fundamentalmente, a las universidades privadas. Las públicas están saturadas y desfasadas; su población es, mayoritariamente, una población de ingreso medio-alto y alto.
No obstante, los estatistas piensan, sin ningún asidero en la realidad, que quienes van a esos centros de estudio son personas de muy altos ingresos. Curiosamente, es la realidad la que demuestra lo contrario. De acuerdo con el estudio elaborado por Jiménez y Céspedes, titulado "Distribución del ingreso en Costa Rica: 1998-2004", el 68% de los estudiantes de universidades públicas pertenecen a los dos quintiles de mayor ingreso en la población, mientras apenas 3% pertenece al primer quintil, es decir, a las personas más pobres.
Para mencionar tan sólo un par de ejemplos que ilustran este punto, la hija del flamante Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, es nada más y nada menos que la Presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR. De modo menos específico, basta recorrer los parqueos de las facultades de Derecho o Medicina en esa universidad para darse cuenta que casi todos los estudiantes son hijos de afamados personajes públicos (Presidentes, Ministros, Magistrados, médicos, etc.) y que los carros que están allí no son precisamente los de profesores.
En cambio, las universidades privadas, aunque muchos no lo crean, están repletas de personas pulseadoras: trabajadores de día y estudiantes de noche; adultos que, en su momento, tuvieron que abandonar sus estudios y hoy los han retomado con éxito; personas que no tienen cabida en el sistema público o que, por sus horarios, requieren mayor flexibilidad. En síntesis, gente que no puede, como los que están en las universidades públicas, dedicarse casi exclusivamente al estudio y tienen que generar ingresos para el mantenimiento propio y de su familia.
En este sentido, vale la pena preguntarse ¿a quién afectará un incremento de impuestos sobre la educación privada? La respuesta no es, definitivamente, a los empresarios que tienen centros de estudio, pues ellos trasladarán los costos a los estudiantes. Así pues, con el ya mencionado plan de "Solidaridad Tributaria" sólo se estaría logrando una cosa: cerrarle la oportunidad a ese 85% de la población para que se profesionalice.
Conforme tengan que pagar más por la matrícula y por los cursos, menos personas podrán continuar en las universidades privadas, provocando que, quienes puedan, deban migrar al ya abarrotado sistema público o abandonar cualquier pretensión de estudio. Eso significa menos profesionales calificados, menos oportunidades de generar o conseguir empleos de alta calidad, menos innovación, menos investigación, menos competitividad, menos riqueza y, en general, menos progreso. Esa es la solidaridad que quiere el Gobierno de Laura Chinchilla: una solidaridad en la pobreza.
Como son ellos mismos los que siempre alegan que existe una relación perfecta y directa entre educación y riqueza, (que puede ser cierta pero, a nuestro criterio, la educación es condición necesaria pero no suficiente para generar riqueza), en ASOJOD queremos aprovechar para hacer unas breves reflexiones acerca del verdadero impacto que esta reforma tributaria podría tener sobre el estado de la educación y el desarrollo humano.
Nuestro argumento se basará, en esta ocasión, en la educación superior. De acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2009, realizada por el INEC, en Costa Rica apenas 655 mil personas (un 15% de la población total del país) tiene formación universitaria. Muchos se sienten orgullosos del impacto que han tenido las universidades públicas en la movilidad social, al formar a una serie de profesionales con un "bajo" costo individual para que ingresen al mundo profesional y generen ingresos que, a la postre, servirán para que el Estado tenga más recursos para reinvertir en la educación de futuras generaciones. Sin embargo, viendo los números, ese "maravilloso" trabajo se queda corto: el 85% de la población no tiene, hoy día, estudios universitarios.
Ahí aparece el casi nunca reconocido aporte de las universidades privadas en esa dura labor de difundir el conocimiento, profesionalizar a las personas y crear más riqueza. Son las universidades privadas las que están abriéndole las puertas a ese 85% que no puede ingresar al sistema público, pero que gracias al servicio que algunos visionarios empresarios y docentes les ofrecen, han logrado mejorar su nivel educativo y, al profesionalizarse, han podido aspirar a trabajos mejor pagados o han logrado desarrollar los conocimientos necesarios para innovar y crear su propio emprendimiento.
Para muchos, la educación no debería verse como una "mercancía", es decir, no debería estar sujeta a la ley de la oferta y demanda. A ellos les parece atroz que alguien lucre con una institución educativa y que alguien tenga que pagar por recibir esa formación. Sin entender por qué (o por lo menos sin poder explicarlo) ellos pretenden que sea el Estado el único que forme a la fuerza laboral más calificada. Otros son más flexibles en el discurso, pero no en la práctica. No salen atacando a la institucionalidad privada de educación a los cuatro vientos, pero desean someterla a los más estrictos controles de acreditación y a los más rapaces cobros fiscales.
A pesar de todo ello, lo cierto es que la actividad privada en educación ha logrado avanzar en nuestro país. Cada vez son más las opciones para que las personas puedan matricularse o matricular a sus hijos. Cada vez más se amplían las oportunidades para que quienes no han tenido la opción de concluir o continuar estudios, puedan hacerlo. Y este progreso se le debe, fundamentalmente, a las universidades privadas. Las públicas están saturadas y desfasadas; su población es, mayoritariamente, una población de ingreso medio-alto y alto.
No obstante, los estatistas piensan, sin ningún asidero en la realidad, que quienes van a esos centros de estudio son personas de muy altos ingresos. Curiosamente, es la realidad la que demuestra lo contrario. De acuerdo con el estudio elaborado por Jiménez y Céspedes, titulado "Distribución del ingreso en Costa Rica: 1998-2004", el 68% de los estudiantes de universidades públicas pertenecen a los dos quintiles de mayor ingreso en la población, mientras apenas 3% pertenece al primer quintil, es decir, a las personas más pobres.
Para mencionar tan sólo un par de ejemplos que ilustran este punto, la hija del flamante Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, es nada más y nada menos que la Presidente de la Federación de Estudiantes de la UCR. De modo menos específico, basta recorrer los parqueos de las facultades de Derecho o Medicina en esa universidad para darse cuenta que casi todos los estudiantes son hijos de afamados personajes públicos (Presidentes, Ministros, Magistrados, médicos, etc.) y que los carros que están allí no son precisamente los de profesores.
En cambio, las universidades privadas, aunque muchos no lo crean, están repletas de personas pulseadoras: trabajadores de día y estudiantes de noche; adultos que, en su momento, tuvieron que abandonar sus estudios y hoy los han retomado con éxito; personas que no tienen cabida en el sistema público o que, por sus horarios, requieren mayor flexibilidad. En síntesis, gente que no puede, como los que están en las universidades públicas, dedicarse casi exclusivamente al estudio y tienen que generar ingresos para el mantenimiento propio y de su familia.
En este sentido, vale la pena preguntarse ¿a quién afectará un incremento de impuestos sobre la educación privada? La respuesta no es, definitivamente, a los empresarios que tienen centros de estudio, pues ellos trasladarán los costos a los estudiantes. Así pues, con el ya mencionado plan de "Solidaridad Tributaria" sólo se estaría logrando una cosa: cerrarle la oportunidad a ese 85% de la población para que se profesionalice.
Conforme tengan que pagar más por la matrícula y por los cursos, menos personas podrán continuar en las universidades privadas, provocando que, quienes puedan, deban migrar al ya abarrotado sistema público o abandonar cualquier pretensión de estudio. Eso significa menos profesionales calificados, menos oportunidades de generar o conseguir empleos de alta calidad, menos innovación, menos investigación, menos competitividad, menos riqueza y, en general, menos progreso. Esa es la solidaridad que quiere el Gobierno de Laura Chinchilla: una solidaridad en la pobreza.
