Tema Polémico: El diálogo nacional de Edgar Ayales

Esta semana nuestro ministro de hacienda Edgar Ayales hizo público un estudio en el que analiza la situación fiscal del país y se proponen supuestas soluciones. Éstas, aparte de unas cuantas recomendaciones ligadas a la eficiencia del gasto que analizaremos más adelante, no es más que otro intento del Gobierno de querer meternos más impuestos. Por más absurdo que parezca, pues en el estado de la economía actual más impuestos sería como un golpe de gracia al país, en esta ocasión el paquetazo nos llega en un ambiente increíblemente favorable para que pase pues casi todos los partidos políticos con excepción del Movimiento Libertario y casi todos los medios de comunicación lo apoyan. 

La Nación, por ejemplo, casi al mismo tiempo que el documento de Ayales sacó un editorial apoyando abiertamente el aumento de los impuestos y calificando de irresponsables a todos aquellos que estén en contra. Palabras muy fuertes, especialmente viniendo de un medio acusado por fraude fiscal. Qué fácil es pedir más impuestos y no pagar los que le corresponden. Y es que esa es la actitud de la mayoría de las personas que e instituciones que apoyan el paquetazo, aunque nunca lo admiten, creen que es necesario aumentar la carga fiscal pero nunca la propia.

No terminamos de comprender como tantas personas siguen apoyando más impuestos pues son muchísimas razones las que demuestran que ésta no es la solución. En ASOJOD, al igual que todos creemos que esté déficit fiscal sostenido es un enorme problema para el país y debe corregirse pero observamos como los gobernantes siguen tratando de ver como corregirlo de cualquier forma sin tratar de reparar lo que causó el problema desde el puro inicio: el exceso de gasto. La solución supuestamente es más impuestos, pero, ¿Qué se logrará con más impuestos? Una reforma fiscal devastadora para la economía lo más que podría reducir el déficit sería en un 2% del PIB (y lo dudamos pues, sin lugar a dudas, más impuestos implicará más evasión y menos crecimiento económico). El déficit es casi del 6%. Esa solución no solucionará el problema ni tan siquiera en la mitad. La justificación de siempre, y se repite en el documento de Ayales, es que otras economías de Latinoamérica tienen una carga tributaria mayor ¿Y qué? Aunque fuera cierto, esas economías deberían buscar formas para bajar la carga tributaria no verse al contrario.

Basta usar la lógica un poco para concluir que la única manera de solucionar esto es disminuyendo el gasto. El Estado venía con un sostenido superávit fiscal hasta el 2008 que don Oscar Arias Sanchez decidió incrementar el gasto desmedidamente para evitar una crisis. Los problemas de la crisis no se evadieron, tan solo se postergaron unos dos o tres años. La pregunta clave es: ¿Este incremento en el gasto aumentó la eficacia del Estado, la calidad de la educación o de la salud, la infraestructura o disminuyó la pobreza? Para todo esto la respuesta es un categórico NO. Entonces, seguimos con el mismo mal Estado pero ahora es más gastón. La solución es evidente: hay que disminuir el gasto y, por lo menos volver al estado de antes del 2008.

Ahora bien, analizando este documento, se pueden rescatar algunas recomendaciones que consideramos aceptables. Por ejemplo, coincidimos con él en la irresponsabilidad de aprobar proyectos de ley que incrementan gastos sin analizar sus fuentes de financiamiento (situación que nuestra constitución prohíbe). También desaprobamos que más del 90% del presupuesto nacional este comprometido por ley. Finalmente, coincidimos en que contamos con un sistema tributario complicado lleno de excepciones y tasas diferenciadas y eso dificulta mucho la recaudación. Nosotros apoyaríamos una reforma que busque un sistema más se sencillo de tasas bajas sin excepciones. Algo parecido a un “flat tax”. Lamentablemente no sentimos que esta sea la intención de este estudio de nuestro ministro de hacienda.

La intención de este ministro es clara y es más impuestos. Este documento propone implementar IVA, colocarle impuestos a las transacciones bancarias, meter renta global y otras. Muy lamentable, pero lo más lamentable es que esta vez será la vencida y nos “clavarán” más impuestos. Lo mejor que podrán hacer los pocos sensatos que están en desacuerdo con esto es tratar de negociar condiciones un poco menos desfavorables. Lo único bueno que se podría rescatar de este seguro paquetazo es que luego que dejar en evidencia que el problema del déficit no se soluciona con más impuestos; todos, finalmente y porque no les queda de otra, se tendrán que concentrar el verdadero problema que es el gasto.

Tema polémico: lo que le faltó decir a doña Laura sobre el Plan B en materia fiscal

El pasado 11 de abril, con ocasión del discurso por la celebración de la Batalla de Rivas, la mandataria Laura Chinchilla Miranda dio a entender que era una heroína comparable con Juan Santamaría y Juan Mora Porras, por impulsar el PACquetazo de impuestos. Argumentó que era una medida impopular pero fiscalmente responsable y que le hacía un bien a la patria.

A pesar que, en ASOJOD rechazamos totalmente las palabras de la Presidente y adversamos el nefasto aumento de impuestos que su Gobierno propuso, queremos aprovechar las palabras de doña Laura para darle un pequeño consejo. Eso sí, es un consejo gratuito y, por él, no esperamos una consultoría millonaria como las otorgadas a Procesos.

Doña Laura ha demostrado que no le preocupa el costo político de impulsar medidas impopulares. Sin importar que 75% de los ciudadanos estaba en contra del proyecto de Solidaridad Tributaria, según una encuesta publicada por La Nación; sin importar que su entonces Ministro de Hacienda, Fernando Herrero, y el entonces Director General de Tributación Directa, Francisco Villalobos, fueron cuestionados por presunta evasión fiscal y, como lo ha evidenciado su silencio hasta ahora, a pesar de que se destapara un escándalo que aparentemente alcanza a su Vicepresidente, Luis Liberman, a su Ministro de Educación, Leonardo Garnier y a su ex asesora, Flor Isabel Rodríguez, ella se ha empeñado en aumentarle los impuestos a los ciudadanos, detenida solo pero momentaneamente por la Sala Constitucional.

Si, como ella misma dijo, la situación actual de nuestro país obliga a impulsar medidas impopulares pero fiscalmente responsables, entonces le proponemos a doña Laura que, a la luz del Plan "B" en materia fiscal que explicó la semana anterior, se dedique con la misma “valentía”, a hacerle un bien a los tax payers: cierre instituciones, reduzca la planilla estatal (especialmente la planilla paralela que le cuesta miles de millones al Estado costarricense), muestre la firmeza prometida en campaña para atacar la corrupción y dele señales claras a los empresarios, nacionales y extranjeros, para que se decidan a invertir en nuestro país. Todo eso le faltó por decirlo durante la exposición de las medidas alternativas.

Señora Presidente, enfréntese a las organizaciones que han desangrado a los ciudadanos por décadas. Revise el laberinto institucional, que incluye a más de 343 entidades públicas, y plantee el cierre o venta de muchas de ellas que, como el Consejo Nacional de la Producción, la Fábrica Nacional de Licores, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (o el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su defecto), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional Atómica, el Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria, la Junta de Fomento Avícola, la Junta de Fomento Porcino, la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, el Consejo Nacional de Espectáculos Públicos, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Academia Nacional de Ciencias, Comisión Nacional para la Defensa del Idioma, Oficina Nacional de Semillas, Comisión Nacional de Energía Atómica, Radiográfica Costarricense S.A., Correos de Costa Rica, Corporación Hortícola Nacional, Corporación Ganadera Nacional, Corporación Nacional Arrocera o Corporación Bananera Nacional, no generan ningún beneficio para los ciudadanos, excepto para aquellos que viven a costa de los tax payers.

Busque aliados en otras fuerzas políticas para que, mediante pactos, se consigan los votos necesarios en la Asamblea Legislativa para impulsar una política de reducción del Estado que, bien sabemos, está enredado en sus propios mecates con instituciones cuyas funciones son confusas, desfasadas, duplicadas o inútiles, con empleados que le cuestan mucho a la Hacienda Pública sin que su trabajo se traduzca en beneficio para los costarricenses. Enfréntese a los sindicatos, a las agrupaciones empresariales y todos aquellos que se empeñan en que los ciudadanos sigamos pagando por bienes o servicios que no recibimos. Elimine las consultorías que cuestan millones por trabajos que luego no se ven y que más parecen mecanismos de algunos para engrosar las cuentas de los amigos.

Líbrenos del pesado fardo que significa este sinnúmero de entidades y burócratas. Muestre el mismo empeño que la caracterizó con el impulso del PACquetazo de impuestos a toda costa, con procedimientos violatorios de la Constitución Política. Serán medidas impopulares pero fiscalmente responsables y le aseguro que, a pesar de las críticas y protestas de unos cuantos que se quedarán sin su medio para seguir viviendo a costa nuestra, los ciudadanos comunes y corrientes se lo agradeceremos por muchísimos años.

Desde la tribuna: el síndrome de improvisación fiscal

Las propuestas de reforma fiscal recientes, corresponden a propuestas de improvisación fiscal. Los nombres de los proyectos, tanto como los argumentos para defender la improvisación, no son más que mala cosmética para una incoherente colección de ocurrencias.

Si la materia fiscal no fuera causante de distorsiones económicas ni angustias y dificultades para las familias, podrían excusarse estas propuestas simplemente como guiones de comedia bananera. Sin embargo, además del daño directo e indirecto, a las oportunidades de las personas, se produce lentamente una degradación, cada vez más aguda, del debate acerca de los asuntos fiscales y nacionales y se mengua la vida democrática y republicana.

Lo fiscal se encasilla en el tema de impuestos y nunca del gasto. Cuando se habla del gasto es para argüir, con rodeos y triquiñuelas conceptuales, que es intocable o, que lo corregible es tan pequeño, que no se justifica tampoco tocarlo. Siempre se descalifica, por alguna vía, la discusión del gasto a no ser como justificante global de más impuestos.

La justificación de los impuestos es muy sencilla: se necesitan más para pagar un gasto intocable, pero creciente. La estructura tributaria no interesa y se expresa una ambigua y torticera meta con estribillos como hacer que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres. El significado, sin embargo, de esa expresión, se encuentra volcado al revés.

El trámite de la improvisación es siempre alegado como urgente y, en consecuencia, sin maduración popular, ni estudio técnico serio, ni debate. Surge entonces el tema, entre los aficionados a la ciencia política y en todos los medios, de la gobernabilidad. Pero al ponerla bajo examen, es una seca y revertida gobernabilidad, tan dañina como la improvisación tributaria. A secas porque no se refiere al concepto de buen gobierno, sino de cualquier gestión de gobierno. Al revés, porque no se quiere que la población participe ni se entere del asunto y hasta se prohíben las consultas populares. No es gobernabilidad republicana ni democrática, es lo contrario: de camarilla política y de favoritismo.

Los objetivos de la improvisación tributaria, son de lo más simplista y dañino. Por ejemplo, quedar bien con las calificadoras de riesgo de la deuda pública, pero solo en cuanto a impuestos, nada en materia de gasto, ni de manejo monetario. O quedar bien con los bancos que contratan préstamos con los estados, para que sigan financiando directa o indirectamente, los proyectos mascota de los políticos. De esos miles de millones dólares de préstamos no hay rendición de resultados.

Por eso, la improvisación tributaria que vive Costa Rica es tan dañina. Prolonga la carcoma del gasto público, arrincona a los ciudadanos en su participación y acorrala a las familias con menos oportunidades, las golpea con mayor costo de vida, hipoteca el futuro y… esclaviza a todos a una gavilla irresponsable, politiquera y clientelar.

Mario Quirós Lara

La columna de Carlos Federico Smith: el caso griego, según el Ministro de Hacienda

Mucho se puede comentar acerca de la actual situación económica de Grecia. Así lo he hecho en el pasado. Ahora me motivan hacerlo unas declaraciones del Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero. Él señaló que los costarricenses deberíamos de prestar atención a lo que sucede en Grecia, porque constituye un ejemplo de un país que entró en una crisis económica. Ello porque, según el señor Herrero, su ciudadanía no quiso aprobar un aumento en los impuestos, ante el enorme déficit que se estaba experimentando.

Tengo una visión distinta de la que el señor Herrero posee de la crisis griega. Creo que no hace un buen análisis de esos hechos. Me parece que tan sólo busca una justificación al rechazo manifiesto de los costarricenses, a su propuesta de aumento de los impuestos para cubrir el déficit del sector público. Casi que nos tilda de ciegos por no darnos cuenta de que, ante la situación fiscal del país, lo que nos conviene, para evitar algo similar a lo que sucede en Grecia, es que corramos a aprobarle su malquerido paquetazo tributario.

La historia económica reciente de esa nación es el resultado claro de cómo el social-estatismo o la social-democracia, en especial la de ciertos países de Europa, pretendió lograr un elevado estado de bienestar, acudiendo a un incremento del gasto público por encima de la recaudación tributaria, de que disponían en esos momentos. Se decidió gastar por encima de los impuestos que percibían y ello se llama déficit en Grecia, la China y en Costa Rica. El problema no surge por los bajos impuestos, sino por el elevado gasto. Darle vuelta al asunto, como pretende el señor Herrero, solo intenta trasladar la responsabilidad, no a los políticos, quienes tomaron la decisión de seguir el camino del gasto fácil, sino a quienes se rehusaron pagar los mayores impuestos, que se requerían para que aquello no generara un déficit.

Según la lógica del señor Herrero, si, por ejemplo, los griegos hubieran aprobado impuestos en exceso de su gasto gubernamental (creando, por tanto, un superávit), esa economía no tendría problemas fiscales. En rigor contable, ello es cierto, pero eso obliga a formular un pregunta muy sencilla: ¿en cuál situación estaría mejor el ciudadano griego: pagando más o pagando menos impuestos? ¿Teniendo un mayor ingreso disponible para cubrir sus deseos y necesidades o uno menor después del pago de impuestos?

Obviamente, si a la gente le diera lo mismo, pues no le importaría tener que pagar más impuestos que menos.

Lo cierto es que en Grecia –y tan parecido aquí, como lo escuché quejándose a don Fernando Naranjo por las pensiones juveniles a los 48 años- los empleados públicos se pensionaron con montos jugosos y con edades sumamente bajas, lo cual terminó por quebrar las finanzas públicas. También es cierto que allá -y me parece que en ese camino vamos por aquí- los altos sueldos de los empleados públicos no guardaban comparación con su baja productividad. Además, estaban muy por encima de los sueldos pagados en el sector privado, que casualmente es quien paga en última instancia aquellos salarios por la vía de los impuestos. Finalmente, dados estos privilegios y la naturaleza política de los gobiernos estatistas, la planilla gubernamental había crecido enormemente en los últimos años.

Por supuesto, de algún lado tenían que salir esos mayores recursos, para mantener una frondosa planilla de empleados estatales, muy bien pagados, y con una población pensionada relativamente joven, con costos que se cargaban a los presupuestos públicos. Esos recursos los obtenía el Estado endeudándose cada vez más o bien solicitando aumentos de impuestos, que lógicamente tenían que ser rechazados por la ciudadanía. Si no hubiera sido por ese gasto gubernamental tan elevado o un endeudamiento creciente, que en algún momento tenia que ser pagado a los acreedores, no hubiera habido necesidad de aumentar los impuestos.

Pero el tema es aún más interesante: en mucho aplica el lema de que “voy a estar en favor del gasto público, siempre y cuando no sea yo quien tenga que pagarlo y que, más bien, me genere réditos”. Es muy parecido a lo que en una ocasión me dijo un amigo empresario, quien me criticó porque yo me oponía a un crecimiento muy alto del gasto público. Me dijo que por qué me oponía a que la Caja gastara más plata, si ella era la que le compraba sus medicinas. Por supuesto que quienes se benefician del gasto público, no querrán ser ellos quienes tengan que pagar los mayores impuestos, necesarios para financiar ese gasto más alto. Si esto último fuere el caso, estoy casi seguro que se opondrían a la mayor erogación estatal. Pero el cálculo va más allá: por supuesto que estarán a favor de ese más elevado gasto público, si son otros quienes tienen que sufragarlo pagando los mayores impuestos. Por eso hay que ponerle mucho ojo a ese jueguito de quienes están a favor del gasto público, siempre y cuando sean otros los que deban cubrirlo mediante impuestos.

En síntesis, lo que en este caso guía la conducta humana es si en el neto, el beneficio del mayor gasto más que compensa el costo de tener que pagar más impuestos. Esta parece ser la tragedia de muchas de las denominadas democracias.

Pero hay algo muy importante que debe tenerse presente en este análisis: una política de déficit del sector público que se deba financiar con impuestos(o con deuda, que no son sino impuestos a futuro), no es siempre la más conveniente en cuanto a lograr el crecimiento de una economía. En ese caso todos perdemos. Tengo la impresión de que mucha de esta apreciación explica la reciente fuerte oposición al nuevo paquete tributario propuesto: el efecto negativo que tendría sobre el crecimiento nos afecta a todos nosotros.

Don Fernando Herrero agarra el rábano griego por la raíz y no por las hojas. La razón del desorden económico griego es porque ha llegado la hora en que deben de pagar por el exceso de gasto público tenido durante tanto tiempo. Es la hora del juicio final. Deben de pagar por la deuda gubernamental usada para pagar salarios y pensiones excesivas. Por supuesto, los vividores de siempre tratarán de no ser ellos, sino otros los que deban de pagar por esas obligaciones (como, por ejemplo, los laboriosos obreros y empresarios alemanes o bien los empresarios de su propio país, aunque en verdad muchos de estos han sido usufructuarios directos del excesivo gasto estatal). Por eso hoy los griegos se oponen a ser ellos los que paguen esas obligaciones con impuestos. Pero son ellos los que debieron de haber pagado en el momento en que se expandió excesivamente el gasto público.

Parece que los costarricenses, y así lo demostró una reciente encuesta sobre el tema, prefieren reducir el gasto gubernamental en muchas áreas, en vez de que se les cobren mayores gravámenes para financiar el gasto estatal excesivo. Se han dado cuenta de que, si le dan más plata al Estado, éste va a gastar y volverá luego a presentarse una vez más el déficit en el sector público. Para ese entonces, de nuevo les volverán pedir que paguen más y más impuestos. Es cosa de nunca acabar, a menos que se decida poner orden en la fuente del problema: el exceso de gasto gubernamental.

Jorge Corrales Quesada

También puede encontrar este artículo en el foro “Políticamente incorrecto” del sitio http://latforum.org

Viernes de Recomendación

En este paper del Chicago Journals llamado Large Changes in Fiscal Policy: Taxes versus Spendin escrito por Alberto Alesina y Silvia Ardagna se demuestra que las políticas para reducir el deficit fiscal del Gobiero central basadas en recortes del gasto y no en incremento de impuestos son mucho más efectivas. Esta lectura tiene especial importanciaen este momento que se está discutiendo un nefasto paquete de impuestos en la Asamblea Legislativa.

Desde la tribuna: la lucha que sigue con el PACquetazo

El Pacquetazo o Plan Fiscal continúa su trámite en la Asamblea Legislativa. El Presidente de la Asamblea, el diputado Mendoza, le ha colocado una carga explosiva. Ha resuelto el Presidente de la Asamblea Legislativa (diputado del PAC pero Presidente por la Alianza) que el trámite dado en comisión puso en caducidad el proyecto, pues excedió los plazos y la comisión perdió su competencia. Tal resolución, independientemente de la suerte que corrió en el ámbito legislativo, valió el boleto.

Obviamente, los partidarios de los impuestos hicieron valer su mayoría en la Asamblea y presentaron una apelación contra la decisión del Presidente del Directorio legislativo, apelación que ganaron por mayoría simple. No obstante, ya lleva la cápsula explosiva el Pacquetazo, mi conclusión es que la Sala Cuarta tiene el detonante y debe activarlo en su momento. Esperanza y condición a la vez.

El camino que lleva el proyecto evidencia que tiene una nulidad (al menos), pero también deja claro que no se va a morir fácilmente. Por ello no hay que celebrar por anticipado nada sino tomar nota de que el Pacquetazo está vivo. Podría estar herido de muerte, pero hay que detonar la carga explosiva que lleva y esto solo puede hacer la Sala Constitucional.

Por ello es menester, más que nunca, insistir en los argumentos de fondo contra tan infame iniciativa. No hay que aflojar un milímetro en el esfuerzo por evidenciar las injusticias que conlleva la ocurrencia fiscal de esta Administración. No hay que rendirse en la difusión de los errores de concepción que encierra este entuerto de proyecto: el ataque a la iniciativa privada, el problema de la migración del tributo sobre las ventas al tributo sobre el valor agregado, la estulticia de gravar la educación, la complejidad de la imposición a algunas actividades, el problema e injusticia de gravan los servicios médicos, lo poco oportuno que significa elevar la tasa o tarifa del impuesto.

Asimismo, no debemos echar para atrás en la denuncia acerca de la angurria fiscal y sus connotaciones: darle más dinero al gobierno es premiar la corrupción y el despilfarro, cuando el PAC se aviene a darle más recursos al gobierno se hace socio de la corrupción y despilfarro que aparenta denunciar, es poco constructivo cargar de impuestos al sector productivo en medio de una crisis, el Pacquetazo de impuestos afecta negativamente la creación de empleos y oportunidades, los servicios públicos están mal administrados y no hay austeridad, razón por la cual es inútil dar más dinero al Estado.

Estoy seguro de que para que el proyecto muera debemos esperar a que la mayoría proclive al Pacquetazo lo apruebe en primer debate y la oposición al proyecto formule la consulta legislativa a la Sala Cuarta. Tal consulta debe ir muy bien redactada y debe contener la mención precisa y fundamental a la resolución de la Presidencia legislativa. Debe entenderse que una simple mayoría legislativa no puede cohonestar ni prohijar un trámite torticero. Es claro que si hubo caducidad, ni siquiera la obsecuencia de una mayoría calificada puede superar tal vicio. El procedimiento y la formalidad son una garantía para pueblo.

Pero, por otra parte, viendo los antecedentes del juez constitucional, es indiscutible que la Sala debe ser convencida no solo del vicio de procedimiento sino de la maldad del contenido, de la injusticia de la iniciativa y de la improvisación con que actúa la mayoría ocasional. Además, y ello es esencial, el juez constitucional debe ser convencido de que el pueblo está contra tales injusticias, que está consciente del mal actuar oficial y no quiere este proceder.

Mi experiencia y estudio me llevan a tales conclusiones que repaso. El Pacquetazo lleva una herida, que debe ser convertida en herida mortal. O sea, no basta tener la razón sino que hay que alegarla y relacionarla con un clamor popular y con una demostración de los vicios materiales que tiene la ocurrencia tributaria. Solo así se avendrá la Sala a reconocer el vicio formal.

No escapa a mi entendimiento que también hay una acción de inconstitucionalidad relativa al artículo 208bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Tal artículo (208bis) es un agregado que permite hacerle un procedimiento ad hoc a un proyecto legislativo. O sea, se trata de aplicar un procedimiento inédito, facilitador, excepcional, sorpresivo a un proyecto de ley. De acuerdo con el uso e interpretación de mentado artículo 208bis, el proyecto de trámite se presenta conjuntamente con la moción para aprobar la excepción de procedimiento. De manera que en una moción de orden, en un solo y sorpresivo trámite se decide todo. Ni siquiera tiene el trámite de las reformas al reglamento, tampoco el de la ley ordinaria, mucho menos el de reforma constitucional. Todo lo contrario, es como un as que se saca de la manga.

La Sala ha pospuesto el análisis de constitucionalidad de este 208bis y de las mociones de trámite excepcional. Siempre ha querido esperar a ver la aplicación o ejecución del trámite excepcional para decidir sobre su pertinencia. Es una apuesta muy complicada, porque también implica la posibilidad de botar meses de trabajo y laboriosidad legislativas (de unos y otros).

Mi opinión es que de suyo, el 208bis es inconstitucional. No responde a la idea de un trámite previamente aprobado y publicado, sino que obedece a la concitación de una mayoría casual y tiene por propósito impedir el uso de instrumentos y herramientas legislativas.

¡Cosa curiosa! El constituyente delegado (legislador) decidió sustraer el tema tributario de la decisión popular (referendo), pero sí se reserva la posibilidad de ponerle un trámite excepcional (para sorprender a la oposición legislativa).

Está en discusión el tema de los efectos de esta acción interpuesta por el diputado Fishman. No obstante, creo que incluso podría hacer trastabillar el primer debate del Pacquetazo. Con suerte, también podría ser una verdadera amenaza para su avance e, incluso, ser la ocasión o vehículo para que se decida su destino final. Sin embargo, podría ser la llave para eliminar esta anormal ruta legislativa de una vez por todas y suprimir tan grotesca amenaza.

Por ello también, está clarísimo, tal acción podría resultar otra herida mortal contra el injusto Pacquetazo. Pero … vuelvo con la misma consigna, para que la Sala lo decida es menester hacerle, como dicen los conductores de algunos conciertos y actos públicos, una bulla, levantar un clamor popular contra el abuso y el descaro, contra la mala administración pública, evidenciar el descontento y publicar los argumentos, manifestarse, protestar y difundir.

Por eso, ahora más bien lo más peligroso es atenerse a que entre la resolución del Presidente Mendoza y la acción del diputado Fishman ya mataron el Pacquetazo. Más bien podría darse un efecto contraproducente, cual sería que la confianza lleve a todos a callar, a no esforzarse en la evidenciar el error y el vicio, a no manifestar el descontento y más bien permitir que sea el oficialismo quien hable al oído del juez constitucional en medio del silencio confiado de la oposición.

Hay que defender la libertad amenazada por el Pacquetazo, por el trámite excepcional, por el vicio dentro del trámite excepcional y por el 208bis que permite el trámite excepcional. Hay que defender la libertad económica amenazada por el contenido del Pacquetazo y la libertad jurídica conculcada por el trámite del Pacquetazo.

No hay que confiarse en que la herida sutil infligida por el Presidente legislativo es suficiente, no hay que atenerse a que el obstáculo puesto por la acción del diputado Fishman es sobrada. Todo lo contrario, hay que colectar cuantas quejas y argumentos se puedan, contra el fondo y la forma del odioso Pacquetazo. Solo así una y otro serán eficaces en esta cruzada por los valores constitucionales y los derechos de los costarricenses.

No hay que callarse sino manifestarse incluso más que antes. ¡Queda dicho!

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: el pueblo y los impuestos

El 30 de enero La Nación publicó su encuesta de UNIMER, la cual expone la enorme reacción negativa de los costarricenses, a la pretensión de aumentar los gravámenes por parte de la administración Chinchilla, apoyada en ello por el opositor PAC. Casi un 75% de los entrevistados señaló, atinadamente en mi opinión, que el plan de impuestos no ayudaría a paliar la crisis fiscal. Este porcentaje es notable. Y destaco que La Nación, que contrató esa encuesta, ha sido un fuerte y declarado promotor del aumento de impuestos en el país. Lo ha hecho tanto desde sus páginas editoriales, como por artículos de muchos de sus más reconocidos comentaristas de planta. Este resultado ha de haber sorprendido a los estatistas de ese medio, quienes más se han preocupado por atiborrar de impuestos a la ciudadanía, en vez de exigir una real y significativa disciplina en el gasto público.

Un resultado importante de la encuesta es la expresión ciudadana acerca de las opciones existentes para resolver el problema fiscal. La más significativa es la disminución del gasto público (un 50%). Si a ésta se le unen la reducción de trámites y burocracia (un 33%), la disminución en servicios (un 18%) y la privatización de instituciones (otro 16%), que van en la misma línea que la primera de las respuestas, resulta evidente el deseo social de disminuir el déficit estatal, no mediante un aumento de los impuestos, sino reduciendo de diversas formas el excesivo gasto público. El ciudadano no es tonto: se ha dado cuenta clara de que tener un déficit en el sector público sólo significa que es un gasto gubernamental en exceso. Por ello, lógicamente, lo que hace es clamar por su reducción.

Pronto surgirá algún arrogante quien exclamará que “¿qué sabe el pueblo acerca de cómo se logra un impostergable equilibrio fiscal?”. Lo cierto es que la ciudadanía se ha dado cuenta de que, entre más plata se le da al fisco, ello no ayuda a resolver la crisis económica del sector público. Es por eso que en la encuesta tan sólo un 15% arguye que “la reforma paliará el bache fiscal.” La historia le da la razón a los primeros: en los últimos 25 años, durante los cuales hemos tenido muchos episodios de ampliación de impuestos existentes y la creación de nuevos gravámenes -todo siempre llevado a cabo baje el prurito declarado de disminuir el déficit- únicamente durante cuatro años se ha tenido superávit y dos de esos años, 2007 y 2008, se caracterizaron por un fuerte crecimiento económico nacional y externo. La plata, que por impuestos le entró al gobierno, sólo le sirvió para para que luego la gastara. De inmediato, de seguido, se vuelve al ciclo de pedir otro aumento de impuestos para financiar ahora al nuevo déficit.

En estos momentos los ciudadanos claman porque se haga algo distinto a simplemente darle más recursos al fisco. Por ello, un primer buen paso es que un 46% pide que se recolecten mejor los impuestos vigentes. Me atrevo a pensar, si es que no se le preguntó o no se presentó la información correspondiente, que si a la ciudadanía se le hubiera cuestionado acerca de si considera apropiado que, en tanto unos cada vez tienen que pagar más y más impuestos, a otros se les exime de su pago, las respuestas se orientarían hacia el principio esencial de que haya un trato igual ante la ley de todos los ciudadanos. Es claro que hoy hay algunos que no pagan, mientras que son otros a quienes casi siempre les cae encima el peso tributario.

No me interesa, en este momento, comentar los efectos político-electorales de la reacción ciudadana frente al paquete impositivo. Deseo recalcar en esta oportunidad el enorme divorcio que hay entre algunos políticos social-demócratas y un pueblo encabritado con los impuestos. En una reunión de la social-democracia internacional recientemente celebrada en nuestro país, el invitado de honor, el ex primer ministro de Grecia, Andreas Papandreau, pretendiendo ser “un buen experto internacional”, con sólo un par de días de estar en Costa Rica alabó y urgió la aprobación del paquete de impuestos Chinchilla-Solís, causando enorme satisfacción entre los políticos de siempre allí presentes. El mayor responsable del déficit gubernamental griego, que hoy tiene en jaque a todo el continente europeo y casi que a la economía mundial, fue alabado por nuestra Presidenta por su buena conducción económica de la pobrecita Grecia. No pudo este gobierno social-demócrata dejar de mostrar lo “soplas” que puede llegar a ser.

Lo descrito es un ejemplo de la falsedad de ciertas alabanzas en el campo político, así como una demostración de una grave falta de sentido de común, cuando se elogia tan reprochable actuación en cuanto a una buena conducción de las finanzas de una nación. Pero, más que todo, esa zalamería de nuestros políticos se hace para encubrir un vano fingimiento: no es cierto que el país vive en una abundancia que tan sólo está para ser gravada con más y mayores impuestos. Un excesivo gasto estatal y el desperdicio en el uso gubernamental de los recursos escasos que un pueblo pobre paga en impuestos, ciertamente constituyen la mayor muestra de la falta de solidaridad con la ciudadanía de los políticos gobernantes. Tal vez esta conducta tan sólo sea explicable, si entendemos que lo que pasa es que este gobierno cree tener la capacidad de dirigir bien nuestra nación, pero que ese pretendido atributo no pasa de ser una ilusión politiquera más que se nos ha querido imponer.

Jorge Corrales Quesada

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Tema polémico: cómo el grinch se quiere robar la navidad

Es víspera de noche buena; los aldeanos se preparan para celebrar las fiestas de navidad. Miles de familias corren para comprar los regalos, preparar las cenas y compartir con sus seres queridos tanta felicidad.

En los hogares, todo es paz y tranquilidad. Nadie quiere perderse la algarabía y por eso, aunque apurados y ataviados, todos guardan la amabilidad.

Ni el frío, ni las presas, ni la ligera garúa merman el espíritu festivo. Todos disfrutan sin notar que alguien trama contra ellos su plan coercitivio.

En una fría cueva ubicada en Zapote, con la ayuda de sus compinches de Cuesta de Moras, el grinch criollo prepara furtivo su garrote. Maquina con sus gendarmes, dos torpes duendes malvados, un terrible plan sacado de libros empolvados. Dicen que su propuesta nos ayudará a salir de problemas, pomposas palabras para disfrazar sus estratagemas.

La verdad es que el grinch quiere robarse la navidad, aumentando los impuestos sin que exista representatividad. No hay discusión y quienes osen a oponerse serán atacados, gracias a la oportuna ayuda de sus comunicadores comprados.

Por eso, en el cónclave, ha nombrado general de sus huestes a un gato, con tan mala suerte que los errores y desaguisados, lo han metido en un zapato. No es el gato con botas, sino un gato con brumas, cuyas malas justificaciones lo han convertido en el centro de las bromas.

Con la ayuda de los mojigatos, el grinch ha logrado orquestar un PACto que le permita dar el garrotazo pufrefacto. El plan ha avanzado presto y veloz, casi sin contratiempos, excepto los que la propia torpeza del que daña enmaraña.

En sus propios mecates se ha enredado el grinch criollo, forzando la marcha de un plan que condena al subdesarrollo. Por eso manda a su ejército que, antes de Navidad, resuelva el embrollo.

¿Por qué antes de Navidad? Porque el grinch quiere aprovechar la emotividad para dar su zarpazo, evitando que los aldeanos sientan el cachiporrazo. Todos extasiados con carnes, frutas y regalos, pólvora y globos, son víctimas fáciles de abominables robos.

El grinch quiere aprovechar el descuido para meter su mano en los bolsillos, esperando encontrar monedas, billetes y chequecillos. Mientras todos están dormidos, quiere irrumpir para sustraer las posesiones de los aldeanos desguarnecidos.

De momento, un grupo de valientes que han denunciado el asalto a mano armada, tiene la propuesta varada. Miles de frenos han presentado, aunque todas sus ideas el grinch ha rechazado, gracias a la mayoría de representantes que quiere ver el robo consumado.

No obstante, el plan de momento ha fallado. Contar con gendarmes que no piensan y solo asienten es riesgoso, pues su torpeza los lleva a un accionar desastroso.

Pese a todos los yerros y desaguisados, los aldeanos deberían estar más atentos y pellizcados. Un grinch y sus duendes les quieren robar lo que tanto esfuerzo y trabajo les ha costado ganar.

Esta Navidad no podrá ser tranquila y pacífica, cuando un grupo de bandoleros merodea con una intención terrorífica. Rogarle al Mesías de El General que salve a los aldeanos no tiene sentido, porque la deidad está con el saqueo comprometido.

Por eso, un poco más de atención y reflexión, no caerían mal entre los aldeanos. Quizá todos juntos puedan conformar un frente espanta villanos.

Si a esos malhechores y sus ideas retorcidas, todos los aldeanos deshechan de por vida, el futuro de la villa podrá ser prometedor. Aunque de momento, es suficiente que después de las fiestas, el panorama deje de ser tan comprometedor.

Desde la tribuna: ¿efectos solidarios del "tax and spend"?

La propuesta y la tramitación del paquetón tributario muestran la degradación a la que ha conducido la ignorancia económica y política, resumida en la fórmula hacendaria de “tax and spend”. Esta fórmula importada, tan reverenciada por algunos economistas y políticos, consiste en recetar impuestos y generar gasto público. No necesariamente en ese orden, sino a la inversa: crear gasto público desordenado y desgobernado y después alegar falta de impuestos para financiarlo. Ese ha sido el camino seguido para proponer el último paquetón. Los nuevos impuesto se pretenden justificar con los gastos incurridos, sin ninguna prudencia ni orden. Efectivamente, de 2006 a 2012, el gasto público ha crecido al doble de velocidad que la producción nacional medida como PIB.

Para engañar a la población, se utiliza el nombre del proyecto de ley. Así, a esta descabellada propuesta se le llama “solidaria”, para esconder impuestos a la educación, a la salud, la justicia; al fresco de guanábana y a la empanda; al chifrijo y a la ropa usada. Tanto, que ahora hay una bancada que promueve el impuesto solidario a la empanada y otra, muy aliada, a la ropa usada. Sin duda, para los proponentes del proyecto, esos lujos de la clase media y los pobres, deben encarecerse con impuestos para financiar los viajes de los jerarcas alrededor del mundo y, también, para dispensar asistencialismo clientelar y financiar la propaganda electoral, a fin de llamar elecciones, a procesos trucados, con gasto público dirigido a la compra de votos.

Pero el daño económico y político no acaba allí. Se estruja al productor nacional exonerando el producto final y gravando todos los insumos. Así, en el texto al que se le aprobó trámite rápido, se exoneró el pan pero no la harina, ni el trigo, ni el transporte de ninguno de ellos. Al final, lo único que se exoneró fue la irresponsabilidad, la ignorancia y la tergiversación de la realidad practicada por quienes propusieron exonerar, de esa forma, una canasta básica amputada. Los proponentes gozan de buena salud burocrática y cobran, rigurosamente, su salario y otros beneficios.

Pero también amputaron la Asamblea Legislativa. Allí, el trámite no es más que un remedo. Se va haciendo una práctica muy viciosa, pero al mismo tiempo, muy reveladora, eso de tramitar los impuestos por vía rápida. Ello significa que un texto inicial, solo puede recibir modificaciones acordadas en Casa Presidencial, nunca en el debate legislativo, que es eliminado. El plazo de tramitación se decide a voluntad de los jerarcas de Casa Presidencial y sus asesores, expertos en defraudar la buena fe de los votantes. Con todo ello, se rebaja la calidad de la democracia y de la representación a sus más hundidos niveles La prevalencia de esta distorsionada política, empeñada en desaparecer cualquier disidencia, para imponer la ignorancia económica y sostener un gasto público desorientado y acompañado de abusos, no puede llevar al país más que en un rumbo de colisión.

Como si ello fuera poco, el acceso a un abogado, necesario para los procesos judiciales, pagará el impuesto IVA pleno. Eso significa que los ciudadanos que busquen justicia deberán pagar impuestos para acceder a ella. La verdad es que prácticamente un 70% del paquetón son impuestos indirectos (IVA), promovidos por quienes alegan estar en contra de los impuestos indirectos. La bajeza del engaño ha quedado confirmada, al recibirse de España fondos para financiar la propaganda en favor del paquetón. España está al borde de la quiebra y llena de desempleo y desorden fiscal. Desde hace tiempo unos expertos fiscalistas locales, al servicio del desgobierno, se inspiran, al punto de copiar, los impuestos españoles y su régimen fiscal. Harían bien en ver los resultados y en tener solidaridad con los desempleados y las desesperadas familias españolas, no aceptando fondos provenientes de un irresponsable e insensible gobierno socialista español. Mucho menos para engañar, con falsificada solidaridad.

Mario Quirós Lara

Tema polémico: las idioteces del PLN-PAC-PASE-RN

La semana anterior, los costarricenses recibimos una pésima noticia: el proyecto de Solidaridad Tributaria fue dictaminado afirmativamente en Comisión, con una votación de 7 (PLN, PAC, PASE y RN) contra 2 (ML y PUSC), luego de una discusión de más de 4.500 mociones, donde solamente los opositores hablaron, mientras que los promotores se limitaron a asistir (diríamos a escuchar, pero lo cierto es que no fue así, por cuanto Diputados como Manrique Oviedo -PAC- usaban audífonos para escuchar música durante la sesión o María Eugenia Venegas -PAC- chequeaba su página de facebook).

Ahora la iniciativa se debatirá en Plenario, donde el procedimiento especial aplicado mediante el artículo 208 del Reglamento Legislativo restringirá seriamente el derecho de enmienda y el uso de la palabra para los legisladores que se oponen. La única esperanza es que las pocas mociones que se podrán presentar hagan entrar en razón a los legisladores del PAC, PLN, PASE y RN (ojalá que como se televisan las sesiones del Plenario, salir en cámaras con audífonos sea algo que los legisladores del PAC deseen evitar) o que, cuando se plantee la Consulta de Constitucionalidad, los Magistrados de la Sala IV den la razón a los recurrentes con el señalamiento de vicios que se traigan abajo el proyecto.

También esperamos que los ciudadanos caigan en cuenta sobre cómo los afectará este PACquetazo de impuestos y se manifiesten en contra. Hasta ahora, las cosas no han pintado bien: como bien apuntó Jorge Corrales en la Columna de Carlos Federico Smith de hace unas semanas, lo que hemos tenido es una serie de "ratoncitos" pidiéndole al gato impositivo que los saque de sus planes, a cambio de entregarle, como sacrificio, al resto de ratoncitos que no han podido ir a presionar o negociar con el minino. Los demás, como se dice popularmente, estamos jodidos, pues no podremos escaparnos de la voracidad fiscal si se aprueba esta nefasta iniciativa.

Pero también esperamos que la gente, molesta y afectada por los nuevos impuestos, castigue la estupidez del PLN, PAC, PASE y RN en las urnas. Sería muy lamentable que, en las próximas elecciones, sabiendo que esos partidos fueron los que le metieron la mano en la bolsa a los costarricenses y lo condenaron a la pobreza, al desempleo, a la misería, a la ignorancia, a la mala atención médica pública, a estar siempre endeudado y a renunciar a sus aspiraciones de salir adelante y procurarse una mejor calidad de vida, los individuos los premien dándole su voto y sigan legitimando el saqueo y la expoliación, la esclavitud y la idiotez.

Por ahora, tendremos que esperar a ver qué pasa.

Jumanji empresarial: los pobres no tienen "derechos adquiridos"

Mientras crece el desempleo y aumenta la pobreza, el ministro de Hacienda de Costa Rica declara "impostergable" el pago del aguinaldo a los funcionarios del gobierno central.

Si usted es un funcionario del gobierno central de Costa Rica, este diciembre su aguinaldo será en promedio 15,6% más alto que el del 2010. Pero si usted es pobre -y muy probablemente además un desempleado, lo único que le aumentará será la cantidad de vecinos en su misma situación.

El comunicado del Ministerio de Hacienda es enfático: pagar los aguinaldos "es una de las obligaciones que deben atenderse de manera impostergable, independientemente de la situación fiscal del país". Y es cierto: el no pago de los aguinaldos a los funcionarios del gobierno central podría ser considerado un delito, puesto que se estaría conculcando sus sagrados "derechos adquiridos" mediante convenciones colectivas y otras disposiciones arrancadas a directivos y gobernantes siempre complacientes a la hora de conceder aumentos salariales y otras prebendas.

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció que la tasa de desempleo aumentó de un 7,3% en el 2010 a un 7,7% este año, mientras que la pobreza ascendió de 21,3% a 21,6%, lo que significa que ahora hay en Costa Rica 37.000 personas más que son pobres, y 105.000 personas sin trabajo.

No estamos proponiendo que no se paguen los aguinaldos. Lo que pretendemos hacer es dejar en claro que las decisiones sobre convenciones colectivas y otras normas que instauran privilegios desmedidos, no pueden continuar siendo fuente del derecho absoluto de los nuevos aristócratas de las burocracias estatales, a percibir cada vez más dinero, mientras que los trabajadores de la empresa privada pagan con desempleo y más pobreza el precio de las crisis y del desgobierno.

Si hay más desempleados es porque hay empresas privadas que están produciendo menos y vendiendo menos -o simplemente cerrando sus puertas, agobiadas no solo por crisis importadas, sino también por los impuestos y por la tramitología que justifica la existencia de demasiados funcionarios públicos.

Quizás sea el momento para incluir en el proyecto de aumento generalizado de impuestos en estudio en la Asamblea Legislativa, una claúsula que señale que se revisarán todas las convenciones colectivas y demás normas abusivas, las que dejarán de ser fuente irrevocable de los derechos adquiridos de la burocracia estatal. Porque, si se pueden cambiar las reglas para la empresa privada y quitarle exenciones fiscales -o lo que es lo mismo ponerle más impuestos- ¿porqué no cambiar también las reglas para que los servidores del gobierno central también tengan que ajustarse el cinturón?

Quizás así sí el proyecto de ley fiscal merezca el pomposo y mentiroso nombre de "Ley de Solidaridad Tributaria"

Editorial
Central America Data

La columna de Carlos Federico Smith: comentario acerca de impuestos y gastos gubernamentales

Es cierto que un impuesto al valor agregado, comparado con un impuesto sobre las ventas sólo gravado sobre el consumidor final, como, por ejemplo, es el caso actual de Costa Rica, posee algunas ventajas. Tal vez la más importante tiene que ver con que un impuesto al valor agregado exhibe como característica principal que “se facilita el control cruzado entre las diversas empresas y, por lo tanto, es más fácil detectar la subestimación de los tributos”, como nos lo señala quien tal vez sigue siendo el mayor experto tributario en el campo de los impuestos sobre las ventas, el profesor John Due (ver John Due, Sales Taxation, Urbana: University of Illinois Press, 1959, p. 366). Pero él también nos advierte que “la regresividad general del impuesto no es tanto un argumento en contra del uso del impuesto a las ventas (como, por ejemplo, en su versión de valor agregado), sino en que se descanse excesivamente en él como un elemento de la estructura tributaria general” (Op. Cit., p. 37. El paréntesis es mío).

Me parece que por aquí pasa gran parte de la discusión conceptual sobre este impuesto en el momento actual. Es cierto que para paliar su regresividad lo que muchos países hacen es excluir una serie de bienes, tal vez lo que algunos llaman “canasta básica”, pero esto tiende a complicar aquel control automático que se pretendía lograr y que era su característica más meritoria y más aún si se introducen diversas tasas del impuesto al valor agregado, para diferentes actividades económicas, en vez de ser una tasa uniforme.

A pesar de todo esto, en mi opinión la introducción de un impuesto al valor agregado, que alguien podría contemplar como deseable, no significa que se deba hacer con tasas impositivas superiores a la previamente existente con el impuesto sobre las ventas a nivel de consumidor como el actual. De hecho hoy el impuesto a las ventas tiene dos tasas: una de 0% a ciertos pocos bienes exentos y de un 13% a la mayoría de los bienes. Con la propuesta a la fecha, habría varias tasas: una de 0% a los que siguen siendo pocos bienes exentos, 2% a ciertos insumos, 4% a ciertos bienes de construcción y agrícolas, 10% a algunos servicios y 13% a la generalidad de bienes. Esta multiplicidad de tasas posiblemente enrede las posibilidades administrativas de control cruzado, que era el gran mérito del IVA, en comparación con el actual impuesto a las ventas.

El zapato en que se ha ido metiendo el gobierno tiene su origen en que se ha planteado mal el problema tributario del país, como lo hace cierto periodista columnista de cierto periódico, y que se mete a experto en el campo de los impuestos. Es tal la angurria gubernamental por obtener más ingresos tributarios, que ha provocado que pierda el norte de su sistema tributario. En primer lugar, porque en este paquete, el 70% de las nuevas recaudaciones provendrán de la reforma al impuesto a las ventas, con lo cual crece su importancia como “elemento de la estructura tributaria general”, de la cual nos advertía Due, problema de especial importancia por la naturaleza regresiva que generalmente se acepta que posee dicho gravamen.

En segundo lugar, porque el gobierno podría haber optado por una reforma tributaria del impuesto de ventas hacia un mejor impuesto sobre el valor agregado, mediante la cual, por una ampliación de la base, redujera a cambio la tasa impositiva, de manera que la recaudación neta fuera similar a la actual. Es muy posible que tal propuesta políticamente habría sido más viable en cuanto su recepción y aprobación, pero el problema está en que el gobierno, a como haya lugar, lo único que parece interesarle es ver cómo logra agarrar más plata. Si la simple transformación, sin tener que variar la tasa anterior, ya de por sí le hubiera generado mayores ingresos por el mejor control que hubiera logrado, pero, como para echar sal sobre la herida, se aprovecha de la oportunidad para aumentar la tasa del impuesto actual sobre las ventas (además da ampliar radicalmente su base imponible).

Finalmente, debo terminar con una advertencia para los creyentes en el Estado: éste no va reducir sustancialmente su gasto. Digo esto porque ya algunos en cierto medio nos han salido diciendo que es necesario poner los actuales impuestos contenidos en el paquetazo, como lo es cierta reducción en los gastos gubernamentales programados. La verdad es que ya el gobierno ha tenido varias oportunidades de seguir este segundo camino deseable. El presupuesto que se presentó para este año es más apropiado para una economía de vacas gordas, que de vacas flacas, como la que cada día nos indican las noticias acerca del retraimiento gradual del crecimiento en la actividad económica nacional. Es más, a todas luces el presupuesto que presentó este gobierno para el año entrante es ilegal, pues viola principios básicos de financiamiento del gasto gubernamental, garantizados por nuestra Constitución. Así lo indicó en la pasada liquidación del presupuesto de la República, la institución indicada para dictaminarlo, como lo es la Contraloría General de la República.

Pero más notoria fue la burla cuando, ante la inquietud del diputado Fishman por recortar los gastos contenidos en el presupuesto del gobierno para este año, que ascienden 5.9 millones de millones, sugirió que se redujeran en 54.000 millones; esto es, no siquiera en un 1% del monto presupuestado (exactamente, un 0.92%). ¿Se imaginan cuál fue la contraoferta de este gobierno dispendioso y que sólo quiere ponernos impuestos y no rebajar su gasto?, pues reducirlos en el risible monto de 4.900 millones. Esto es, ni siquiera en una décima parte del 1% del gasto total (específicamente 0.08%). Estamos claros acerca de reducir el gasto… ¿verdad que las cosas serias algunos las toman en broma?

Tema Polémico: El santo Oscar Arias

En febrero del 2010, doña Laura Chinchilla ganó las elecciones presidenciales con una abrumadora mayoría y no es ningún secreto para nadie que la principal razón de su gane fue el simple hecho de que era la candidata designada por Oscar Arias para continuar con labor. Y es que, en aquel entonces y aun al día de hoy, una buena parte de la población costarricense está contenta con el trabajo realizado por don Oscar como Presidente Y nosotros nos preguntamos ¿Qué hizo Oscar Arias para merecer semejante popularidad aparte de hablar bonito y tener un premio nobel? No es de extrañarse la trillada frase de la gente cuando habla de él que dice: “ahora sí, este señor puso el país a caminar”. En ASOJOD nos encantaría que alguien nos explicara, con razones de peso, semejante frase pues consideramos que se trata de una gran falacia. Don Oscar Arias, en lugar de “dejarle la mesa servida al próximo gobierno”, hizo casi que todo lo contrario.

¿De qué camino hablan tantos costarricenses? Pues la realidad es que don Oscar Arias encaminó esta país a la quiebra. El sector público global paso de tener un superávit equivalente al %0.85 del PIB en el 2007 a un escandaloso déficit de 5.37% en el 2010 cuando él salió del Gobierno, el más alto de Latinoamérica. No hace falta ser estudiado para darse cuenta que más de una irresponsabilidad cometió nuestro Presidente en el transcurso de esos tres años.

Ese déficit se debió a un injustificado aumento de salarios y pensiones del Gobierno Central. Y decimos injustificado, pues la misma Contraloría de la República ha dicho, en reiteradas ocasiones, que esos aumentos nunca respondieron a un criterio técnico que lo apoyara. Esta decisión la tomó Oscar Arias siguiendo falsas soluciones keynesianas de aumentar el gasto estatal durante la época de crisis financiera para, supuestamente, evitar una recesión. Ya es sabido que esas medidas no pudieron evitar la recisión. Y es que si, por lo menos, don Oscar no hubiera sido tan irresponsable y hubiera aumentado ese gasto estatal en rubros fáciles de eliminar a corto plazo, otro gallo cantaría en estos momentos. Pero no, este señor decidió aumentar la planilla del Estado a sabiendas de que luego sería muy difícil de remover cuando el país se encontrara en mejor situación.

Pues lo cierto es que don Oscar no le dejó “la mesa servida” al siguiente Gobierno, más bien le dejó “la mesa desordenada, sucia y con los platos rotos”. Genial hubiera sido que doña Laura fuera un poco más sensata y tomara la decisión de despedir el personal que sobra y ajustar mejor los salarios, pero eso es mucho pedir. Por el contrario, tuvo la ideota de hacer todo lo contrario: ¡Que siga la fiesta! es su lema y su intención es que todos los costarricenses paguemos esos “platos rotos” por medio de más impuestos. En este momento, está en discusión en la Asamblea Legislativa un Plan Fiscal absurdo y un Presupuesto del Gobierno Central que es totalmente ilegal, ambos presentados con doña Laura.

Sin duda, estamos gobernados por payasos. Esa es la gente que nos gobierna y que una gran parte de los costarricenses quieren que nos gobierne, porque solo entre payasos se entienden. Nosotros en ASOJOD no nos cansaremos de denunciar estas barbaridades.

Costa Risa... para llorar

Queríamos aprovechar para compartir con todos ustedes esta importante iniciativa. Como bien menciona este grupo, nuestro país se encuentra gobernado por verdaderos payasos, cuyas ¿soluciones? a los problemas nacionales no son más que puras ocurrencias. Detengamos todos juntos este PACquetazo de impuestos, que nos afectará a todos.

La columna de Carlos Federico Smith: todo menos rebajar el gasto público

Francamente no me extraña que La Nación haya sido sorprendida en cuanto a la reducción del gasto público que se ha propuesto en la Asamblea Legislativa. Es bien sabido que el diputado Fishman, en unión de otros legisladores, había decidido, al fin, entrarle con ganas al exceso de gasto gubernamental, que hoy se refleja en un déficit del 5.5% del Producto Interno Bruto y que es el fundamento que el gobierno ha pregonado como medida para proponernos la imposición de un nuevo paquetazo tributario.

La reducción del gasto que ese grupo de diputados proponía para el presupuesto que el gobierno ha presentado para el 2012, ascendía a aproximadamente ¢54.000 millones y, según La Nación, ese presupuesto asciende a un total de ¢5.9 millones de millones (o sea, billones). Si los números de La Nación están bien, la reducción que proponían don Luis Fishman y demás diputados no es ni siquiera de un uno por ciento del presupuesto total enviado por el gobierno (específicamente de un 0.92%). Una bicoca.

Me imaginé que la sorpresa que dice haber sufrido el editorialista de La Nación del lunes 24 de octubre, se debía a la reducción relativamente tan moderada que proponen esos diputados, pero no: lo que nos dice que lo sorprendió fue, por una parte, que “unos (los diputados de la oposición) trataron de hacer mucho”, así como, por otra parte, que el gobierno de la República propuso, como alternativa a esa propuesta de reducción de los diputados, una rebaja en el presupuesto que envió a la Asamblea Legislativa de tan sólo ¢4.900 millones; esto es, ni siquiera una décima de un uno por ciento del presupuesto inicial (específicamente, de un 0.08%). Si las cifras que nos da La Nación están bien, ¡la oferta del gobierno es ridícula! ¡Totalmente ridícula! Como pocas veces vista y ciertamente difícil de creer.

Y, según La Nación, aunque luego se moderó esa suma de reducción inicialmente propuesta por los diputados de la oposición, “la suma resultaba muy elevada”. ¿Elevada?, si hemos podido darnos cuenta que no llegaba ni a un uno por ciento del presupuesto mandado a la Asamblea por el Poder Ejecutivo. Luego La Nación tiene la ocurrencia de hacer una olla de carne de esa propuesta de los diputados de reducir en menos de un uno por ciento el presupuesto con la ridícula oferta del Poder Ejecutivo de rebajarla en sólo un 0.08%, para proponernos nuevos y mayores impuestos.

Basado me imagino en la experiencia con otros paquetes tributarios con que se nos ha venido abrumando cada 3 y medio o 4 años desde hace cuatro décadas, al menos, don Luis Mesalles de la Academia de Centro América y columnista de ese periódico, comentó que “Aún si Hacienda lograra recaudar lo que pretende, el hueco del déficit seguirá siendo de más de medio billón de colones anuales” y enfatizó que “históricamente ninguna de las llamadas reformas o paquetes tributarios aprobados ha logrado que los impuestos aumenten en más de un 1% del PIB.”

O sea, ni aprobando la reducción de gastos que inicialmente propusieron los diputados de la oposición y ni al mismo tiempo imponiendo el paquetazo tributario, se va a eliminar el déficit que actualmente tiene este gobierno gastón. Me imagino que lo que intenta esta administración es, una vez más, seguir con el nadadito de perro de siempre: tener un déficit relativamente pequeño al inicio de la aprobación del nuevo paquete de impuestos, para que después se haga presente el gasto que ahora ha podido financiar, para que aumente de nuevo el déficit y volver a plantear otro aumentazo de impuestos a la ciudadanía. En resumen, lo que este gobierno busca es lograr plata para financiar más gasto y que el gobierno que venga atrás vea cómo resuelve las cosas mediante otra propuesta de un nuevo montón de gravámenes.

Por ello, gracias al PACto, el gobierno cedió en la presión que estaba ejerciendo ante las instituciones autónomas, que es otro gran componente del Estado gastón, para que redujera su gastadera, pero apenas vio que logró el apoyo del PAC para el paquetazo, dejó de urgir esa reducción y que todo siguiera igual que antes: gasto y más gasto público. Asimismo, por ello el gobierno tuvo la osadía de proponer esa alternativa de reducción de gasto gubernamental por un monto tan absurdamente bajo, porque cree que tiene amarrado el nuevo paquete de impuestos y por tanto no se siente ya obligado a hacer sacrifico alguno, que pueda hacer un poco más aceptable el sacrificio impositivo que sólo exige al ciudadano común y corriente.

Si el gobierno reduce su gasto, aún cuando tengamos un déficit en sus cuentas, pero sin que haya un aumento en los impuestos, prefiero esa situación por una razón muy sencilla: no se va a afectar el crecimiento de la producción de todos los costarricenses, pudiendo incluso el gobierno recoger así más en impuestos como sucedió hace pocos años, en época de Arias, cuando el crecimiento de la economía permitió que mejorara la recaudación fiscal, aunque luego echaron por la borda todo ese ahorro de recursos.

Si se ponen nuevos y mayores gravámenes se va a reducir la tasa de crecimiento, ya de por sí alicaída, del Producto Interno Bruto, el cual crece cada vez menos y menos, y, aunque sorprendentemente el Banco Central no parece haberse dado cuenta de ello, o no ha querido siquiera mencionar la posibilidad, estaremos enfrentando a la larga mayores déficit gubernamentales, posiblemente mayor inflación y seguramente un aumento en los niveles de desocupación en el país. Y una Nación preocupada, porque algunos valientes diputados propusieron una reducción de menos un uno por ciento del presupuesto de gasto gubernamental para este año que viene.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: las 10 grandes mentiras del Gobierno con el paquetazo de impuestos

Sin duda, el proyecto de Solidaridad Tributaria no tiene nada de solidario. Afectará sensiblemente a la clase media y pobre y desestimulará a los ricos a crear más riqueza, invertir y generar empleo. El resultado final será una Costa Rica más pobre, con menos oportunidades para todos y con un serio retroceso en las libertades individuales.

Frente a todo esto, tan evidente, el Gobierno ha pretendido llenarnos de mitos para hacer pasar, como algo bueno, a algo que realmente es nefasto. Este Tema Polémico queremos dedicarlo a desenmascarar las 10 principales mentiras que rodean este tema:

1. Solidaridad Tributaria es una reforma fiscal:
Mientras el Gobierno dice que se trata de una reforma fiscal, la lectura del proyecto permite concluir fácilmente que solamente es un paquetazo de impuestos. No hay nada en materia de contención del gasto, de eficiencia, mejora en la recaudación o dinamización de la economía. Solamente se aumentan los impuestos.

2. Solidaridad Tributaria resolverá el déficit fiscal:
Se dice que con este proyecto se solucionará el problema del déficit fiscal. Pero esa mentira no es nueva. En 1995, cuando se aprobó el último paquete de impuestos, siendo también Fernando Herrero el Ministro de Hacienda, prometió ante la Asamblea Legislativa que el déficit nunca más nos afectaría y que las finanzas públicas se sanearían si se le aprobaba la Ley de Ajuste Tributario. Efectivamente se le aprobó y el cuento se hizo evidente. Más de 15 años después estamos con el mismo problema y, para peores, este proyecto de Solidaridad Tributaria ni siquiera servirá del todo para tapar el hueco en las finanzas públicas.

El déficit fiscal actual supera el 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Pero con este proyecto, los recursos generados representarán apenas el 3%, por lo que el restante 2% seguirá siendo un problema. Posiblemente, el Gobierno tenga la ocurrencia de proponer un paquete de impuestos adicional para solventarlo, porque medidas de contención del gasto y de lucha contra la evasión fiscal no aparecen por ningún lado.

Tampoco se espera una mejora en la calidad del gasto. Los dictámenes de la liquidación presupuestaria de la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público de 2009 y 2010, demostraron que se dejaron de ejecutar ¢217.000 millones y ¢258.000 millones respectivamente, a pesar de estar presupuestados. Sectores como seguridad ciudadana, ambiente, infraestructura y otros se vieron fuertemente perjudicados por la incapacidad del Gobierno para utilizar los recursos con los que ya contaba.

3. El Gobierno se compromete a la responsabilidad fiscal
No es cierto que nuestro Gobierno tiene como prioridad la responsabilidad y contención en el gasto público o la reducción del presupuesto del Gobierno Central. En tan solo el primer año de su Administración, se contrató a casi 4.000 nuevos empleados públicos. El Presupuesto 2012 es un 10% mayor que el del último año, en términos reales y el Ministro de Hacienda ha salido ante los medios a indicar que la directriz presidencial de recorte de gasto apenas ha generado un ahorro de ¢50.000 millones y que ya no hay espacio para más recortes.

4. El Gobierno apoya a las empresas
Este La cuarta mentira es que este Gobierno apoya el crecimiento económico y la iniciativa de la empresa privada. La promesa de reducir y simplificar trámites no ha pasado de ahí. Los viajes de la Presidente Chinchilla al exterior para atraer inversiones se ven opacados por su propio proyecto para aumentarles los impuestos, tanto con el paquetazo de Solidaridad Tributaria como con el impuesto a las personas jurídicas. A eso hay que sumarle la gran lista de productos protegidos, cuya importación se ve desestimulada con los aranceles, así como las continuas restricciones ambientales y regulatorias, que solamente encarecen la operación de las empresas.
Ni qué decir de las PYMES. El aumento del 50% en la renta que tendrán que pagar si se aprueba el paquetazo de impuestos y el gran número de bienes y servicios que se verán afectados por el 14% del IVA las matarán, al aumentarle los costos y hacerlos menos competitivas.

5. El dinero de los nuevos impuestos irá a mejorar la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad ciudadana.
Los defensores de Solidaridad Tributaria le dicen a los costarricenses que, de no aprobarse esa iniciativa, los maestros, médicos y policías se quedarán sin trabajo y las carreteras seguirán en mal estado. Eso también lo dijeron en 1995, con ocasión del último paquete de impuestos aprobado. Entonces le dijeron al pueblo que tendría servicios e infraestructura de calidad, pero 16 años después, nos hemos dado cuenta que fue un gran engaño: la educación pública no ha mejorado sino empeorado; los servicios de salud son un desastre con enormes filas y listas de espera, carencia de equipos e instalaciones; las carreteras son el espectáculo más triste de ineficiencia y desviación de fondos y la inseguridad es el problema rampante que afecta prácticamente a todos los ciudadanos, con muerte, robos, agresiones, etc.

6. El Gobierno está comprometido con la vivienda digna para los costarricenses.
A pesar que dotar de vivienda propia a miles de familias que hoy no la tienen es una de las prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Chinchilla Miranda, el paquetazo de impuestos lo impedirá.

El proyecto aumenta en 1% a todos los bienes con el IVA, por lo que es de esperar que el costo de los materiales se dispare y sea más caro construir una vivienda. Si lo que se desea es adquirirla, ¡prepárese! Solidaridad Tributaria pretende aumentar a 3% el impuesto al traspaso de bienes inmuebles, por lo que cada casa subirá aún más su valor. Gracias a este Gobierno, el sueño de miles de familias de tener casa propia se esfumará con la misma velocidad que el dinero en sus bolsillos.

7. Se perderán miles de empleos si no se aprueba Solidaridad Tributaria
El Ministro Herrero ha dicho, en reiteradas ocasiones, que de continuar con el déficit fiscal, sólo tenemos dos caminos: aprobamos el proyecto de impuestos o despedimos a 31.000 empleados públicos. Y, por supuesto, él argumenta que nadie quiere despedir a los eficientes funcionarios que tanto beneficio le aportan a los costarricenses.

Lo que no nos ha dicho es cómo creció la planilla pública ni sus salarios en los últimos años. Durante la crisis del 2008, el Gobierno de Óscar Arias impulsó el famoso “Plan Escudo”, con el cual contrató a miles de trabajadores en el sector público, a pesar que no se requerían y que no vinieron a mejorar el trabajo de las instituciones.

También aumentó desproporcionadamente los salarios. Con la excusa de que había una brecha en el salario de 6.000 funcionarios públicos, que había que subirlos hasta un nivel competitivo, casi 100.000 empleados terminaron recibiendo más dinero, pues alegaron que si le tocaba a unos, a ellos también. Por supuesto, eso terminó en un disparo del gasto público que aumentó el déficit.

Y el nuevo proyecto de Solidaridad Tributaria incrementará este problema. Casi todos los recursos terminarán en salarios de burócratas, que por mantener su puesto, harán que miles de trabajadores del sector privado se queden sin empleo, pues muchas PYMES cerrarán y muchas empresas de zona franca podrían irse del país. Además, las empresas medianas y grandes no crecerán más, sino que reducirán gastos.

Los más afectados con los despidos serán los trabajadores menos calificados, que a su vez son los que reciben menor salario, pues son los menos necesarios en la cadena productiva. Las empresas tratarán de retener al personal en el que han invertido en capacitación, formación y especialización, hasta tanto les alcance el dinero. Los trabajadores básicos, manuales, con pocas o ningunas opciones de encontrar nuevos trabajos, serán los primeros en salir.

Al Gobierno le preocupa los 31.000 empleos que tendría que recortar en el sector público y por eso quiere evitarlo. Pero no tiene ni la menor agitación por dejar sin trabajo a más de 400.000 personas, que es la cifra que, conservadoramente, se calcula que se verá perjudicada de aprobarse el proyecto de Solidaridad Tributaria.

8. El Gobierno desea ser carbono neutral y proteger el ambiente
Mientras el actual Gobierno ha manifestado que una de sus metas es lograr reducir la emisión de gases que afecten el medio ambiente y convertir a Costa Rica en un país amigable con el ambiente, el proyecto de Solidaridad Tributaria apunta a todo lo contrario.

Al ponerle un impuesto a los vehículos de lujo (aquellos que valgan más de ¢18 millones) está incluyendo a los híbridos y eléctricos. Por su tecnología y la inversión que implican, así como por los impuestos que ya tienen, estos vehículos actualmente cuestan más que esa cifra. Por citar solamente dos ejemplos, el Toyota Prius (híbrido) cuesta más de ¢20 millones y el Mitsubishi eléctrico supera los ¢60 millones. Al tener que pagar más dinero por ellos, absolutamente nadie los comprará, con lo que seguiremos con una flota de vehículos movidos por combustibles fósiles.
Pero eso no es todo. Los nuevos impuestos también desestimularán la compra de vehículos nuevos, independientemente de que sean ecológicos o no. Un vehículo nuevo, movido por combustión interna (el motor normal de los carros), contamina 10 veces menos que un vehículo viejo.

Diversos estudios, entre ellos los de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional, muestran que la mayor parte de las emisiones de carbono y otros contaminantes provienen de los automotores. Siendo entonces que los vehículos nuevos contaminan menos, es más conveniente que vayamos modernizando la flotilla vehicular, pero con los nuevos impuestos la gente sencillamente no lo hará. Preferirá dejar de ahorrar y desestimará la compra de vehículos nuevos, de forma que permanecerán con los viejos.

9. El Pacto entre el PLN y el PAC es duradero y se necesitan mutuamente
A pesar que la Presidente Chinchilla, el líder del PAC, Ottón Solís y los Diputados de ambos partidos han repetido decenas de veces que este pacto va y que están comprometidos con todos los puntos, la realidad apunta hacia otro escenario.

El PLN cedió a los 18 puntos que pidió el PAC incorporar en el proyecto de Solidaridad Tributaria a cambio de sus votos y, entre ambos, con la ayuda del PASE, dos Diputados del PUSC y los independientes Justo Orozco y Carlos Avendaño, aprobaron una vía rápida para que el proyecto esté listo para votar en un mes. Para ello, requerían 38 votos. Pero cuando el Diputado Claudio Monge afirma en medios de prensa que el Presidente de la Asamblea, Diputado Juan Carlos Mendoza, le prometió que había forma de echar atrás el procedimiento si el PLN incumplía el acuerdo, las luces de alarma se deberían encender.

El Reglamento Legislativo no contempla la posibilidad de eliminar el procedimiento especial una vez que es aprobado. La única forma en la que se podría llegar a hacer, de ser jurídicamente posible, sería de la misma forma en que se creó: es decir, si requería 38 votos para aprobarse, serían necesarios 38 para eliminarlo. El problema es que no hay combinación matemática posible entre las diversas fuerzas parlamentarias para alcanzar esa cantidad de votos sin contar con el PLN. O sea, perfectamente podrían incumplir con su compromiso, sacar aquellos puntos en los que no estén de acuerdo y aún así aprobar el proyecto, pues nada en su contenido amerita una votación calificada.

10. El proceso para aprobar el paquete de impuestos es democrático e inclusivo
El PAC ha sido el partido que, en todo momento, ha hablado sobre la transparencia, la inclusión y la democracia. No obstante, puso sus votos junto al PLN, a dos Diputados del PUSC y a los independientes, para aprobar un procedimiento que lesiona el derecho de los Diputados y de todos los ciudadanos. La famosa moción 208 bis reduce la posibilidad de presentar mociones (una por cada artículo o por cada inciso en caso de artículos complejos), permite el uso de la palabra tan solo cinco minutos por moción, restringe la posibilidad de presentar mociones de orden para que se otorgue audiencia a los diferentes sectores productivos, sociales, gremiales, académicos, etc. e impide la adecuada participación de legisladores que no son miembros permanentes de la Comisión que dictaminará el proyecto de Solidaridad Tributaria, entre otros defectos.

Gracias a eso, quienes se opongan al paquetazo de impuestos no podrán hacerle llegar a los Diputados sus razones; tampoco podrán señalar los vicios del proyecto ni opinar. Los Diputados opositores también quedan amarrados de manos, con lo cual no podrán representar apropiadamente a sus votantes. Todo está hecho para que no haya discusión, para que el procedimiento sea atropellado y para que, antes de diciembre, los costarricenses tengamos que empezar a pagar muchos más impuestos.

Flash legislativo

El acuerdo entre el gobierno y el PAC para aumentarles los impuestos a todos los costarricenses resultará nefasto para las oportunidades de generar riqueza, empleo, crecimiento y un mejor futuro. Por el contrario, el PACquetazo de impuestos nos hará perderle aún más el paso a las naciones que, desde hace años, vienen apostando al progreso.

Como si fuera poco que el pacto se llevara a cabo de forma secreta, los puntos acordados y posteriormente plasmados en el proyecto de ley Nº 18.261, “Ley de Solidaridad Tributaria” no son, para nada solidarios, muchas veces risibles y, en todo momento, lamentables. Lo cierto del caso es que, a pesar de ser verdaderas estupideces, contrarias a toda lógica y a todo intento de progreso, varios partidos políticos aprobaron una moción para darle a ese expediente un trámite rápido, de forma que, antes del mes de Diciembre, tendremos que pagar más por prácticamente todo.

Vamos a analizar los principales puntos que plantea el proyecto de ley. Sin duda, el más serio es el del IVA, pues con la conversión del impuesto general de ventas en impuesto al valor agregado y el aumento de su tasa de un 13% a un 14%, el bolsillo de los costarricenses se verá duramente golpeado. Únicamente estarán exentos de pagar el 14% los cortes y teñidos de cabello, los pagos para licencias de conducir, la reparación de motocicletas y la jardinería. Así que las visitas al médico, al dentista, al contador, al electricista, al constructor, al guarda, al zapatero, al lechero, al abogado, al mecánico, al psicólogo, al terapeuta, al gimnasio, a la pedicurista y manicurista nos saldrán mucho más caros.

También tendremos que pagar más por el destape de cañerías, el servicio doméstico, el fumigador, el servicio de arreglo de canoas, pintura, decoración, remodelación, las revistas hasta la casa, el gas, el cable, el internet, el correo, el lavado de carros, el servicio de soldadura, el catering o el alquiler de locales comerciales, casas, etc. La lista es interminable y abarca todo aquello que no esté en la reducida lista de exoneraciones que mencionamos en el párrafo anterior. Gracias a esto, el golpe asestado será fatal para el bolsillo de millones de individuos en el país.

A eso hay que agregarle que todo lo que el Gobierno no considera productos de la canasta básica a bienes como la maracuyá, los frijoles blancos, los calamares, el pulpo, toda la ropa, los ganchos para limpiar, las navajillas y la crema de afeitar, los condimentos y muchos otros que los consumidores normalmente compramos. La lista de bienes y servicios exentos apenas es de 233, por lo que los costarricenses tendremos que hacer cuentas para ver si nos alcanzará el dinero para adquirirlos o, por el contrario, tendremos que olvidarnos de ellos y recordar los tiempos de bonanza donde podíamos costearlos.

Pero aquí no acaban las malas noticias. Aspirar a tener educación privada o recibir servicios de salud le costará un 2% más caro (eso sin contar que la redacción del proyecto no es clara para saber si al precio habrá que sumarle el 14% del IVA, lo que haría que esos servicios incrementen su costo en un 16%).

Gracias al PLN y al PAC, el 85% de los costarricenses que hoy día no tienen educación universitaria verán seriamente obstaculizadas sus oportunidades de aspirar a un mejor futuro, pues ese impuesto se trasladará directamente a su matrícula, encareciéndola sensiblemente. También los asegurados tendrán que sacar más dinero de la bolsa si quieren ir al médico. De lo contrario, tendrán que unirse a la lista de más de 22.000 pacientes que esperan servicios de atención en la CCSS y armarse de paciencia, a la espera de que le asignen su cita en un plazo no menor de 2 años.

Nótese que, hasta acá, el grueso del proyecto de “Solidaridad Tributaria” recaerá en la clase media. No en los pobres que, por su nivel de ingreso están exentos del impuesto de renta y tienen pocos recursos para consumir bienes y servicios. Tampoco lo sentirán los ricos, pues un aumento de ese calibre es insignificante para muchos de ellos, aunque si serán golpeados cuando quieran ahorrar e invertir, lo cual posiblemente los moverá a llevarse su dinero a otro lado.

Incluso, el mismo Ministro Herrero ha reconocido, tanto en medios de prensa como frente a los propios Diputados, que el peso de este paquetazo de impuestos caerá, fundamentalmente, en el IVA. Recientemente, dijo que el 70% de los recursos que espera recaudar con el proyecto, provendrán de ese impuesto, mientras que los impuestos para “los ricos” serán absurdos: el de los carros de lujo representará el 0.3% y el impuesto a salarios mayores a los ¢4 millones, el 0.001%.

No obstante, el PAC y el PLN insisten en decirle a los costarricenses que este paquete de impuestos es progresivo, que los ricos pagarán como ricos y que se protege a los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, cuando se revisan los cambios en el impuesto de renta, es claro que los tractos por los que se pagan no varían. En otras palabras, es falso que los ricos pagarán como ricos y que se protege a los demás sectores: la clase media y la que aspira a serlo, serán las más golpeadas.

No obstante, algunos de los nuevos tributos sí van dirigidos a los más ricos, pero con consecuencias serias para la clase media y baja. El nuevo proyecto gravará, con renta mundial y con impuesto a las utilidades a las grandes empresas. Renta mundial significa que todas las riquezas generadas en cualquier parte del mundo, que sean repatriadas a Costa Rica, tendrán que pagar un impuesto. Y el impuesto a las utilidades y dividendos no es otra cosa que un tributo sobre las ganancias. En estas circunstancias ¿cuál empresa deseará invertir en Costa Rica? Si nadie quiere invertir, no se generará empleo, el encadenamiento productivo será nulo y, al final, miles de personas que podrían beneficiarse, directa o indirectamente, con esas empresas, perderán su trabajo. Aspirar a generar riqueza en Costa Rica será un sueño de opio, casi tan inalcanzable como ver a Cartago campeón.

Lo mismo pasará con el impuesto a las zonas francas. El pacto entre el PAC y el PLN promueve un impuesto de 15% a los dividendos distribuidos de las empresas ubicadas en esos regímenes, al tiempo que faculta a las municipalidades a cobrarles impuesto territorial. Mientras nuestros vecinos Panamá y El Salvador están haciendo todo lo posible para atraer inversión, nuestro Gobierno la ahuyenta. Y con esas empresas se irán miles de empleos, al igual que las aspiraciones de miles de costarricenses que quieren un mejor futuro y una mayor calidad de vida.ç

Ni qué decir de las PYMES. A pesar que están presentes en todos los discursos, el Gobierno no sólo no ha hecho nada para reducir o simplificar la tramitología que las ahoga por cuanto les consume tiempo y dinero, sino que ahora pretende aumentarles en un 50% el impuesto sobre la renta que tendrán que pagar (pasaría de un 10% a 15%). Aunado a ello, los bienes y servicios que adquieran o que necesiten para su actividad, estarán más caros por el IVA, todo lo cual les restará competitividad y hará desaparecer a muchas de ellas. Una vez más, el empresario será atacado hasta que claudique y deje de generar beneficios.

A todo esto hay que sumarle el impuesto a los carros de lujo. El Gobierno aduce que un carro que valga más de ¢18 millones es de lujo, por lo que tendrá que pagar un 50% más de impuestos. Eso significa que, además de los grandes 4x4 y los vehículos deportivos, los pick ups que se requieren para el trabajo y la agricultura o los vehículos híbridos o eléctricos, serán más caros.

Nuestro Gobierno nos obligará, entonces, a transitar en vehículos viejos, con menos condiciones de seguridad, comodidad y eficiencia. Cortará de tajo las aspiraciones de quienes trabajan para comprarse un carrito nuevo y de los agricultores que desean un mejor vehículo para su trabajo. También obstaculizará la consecución de la meta que la misma Administración Chinchilla Miranda se ha fijado: ser carbono neutral. Los vehículos híbridos o eléctricos, que contaminan menos y protegen el ambiente, ya cuestan hoy más de ¢18 millones. Sumándole el impuestazo, es evidente que nadie los comprará.

Y a todo esto le falta una cosa más. Cuando la excusa es solventar el déficit fiscal, dentro del proyecto de Solidaridad Tributaria, solo se encuentran formas de obtener más recursos por medio de más impuestos, pero no hay absolutamente nada sobre la contención del gasto. Nuestro Gobierno no se compromete a reducir la planilla estatal, el despilfarro, la ineficiencia, las transferencias clientelistas, la corrupción, el favorecimiento de amigos; mucho menos a contener la evasión fiscal (que ronda el 4% del PIB) o a cerrar instituciones que no funcionan. Lo que pide es más dinero sin tapar los grandes huecos por donde se van los recursos de todos los costarricenses.

En definitiva, este paquetazo de impuestos solo será solidario con los políticos irresponsables que desperdiciaron el dinero de los costarricenses y con los burócratas a los que se les aumentó y aumentará su salario.

La columna de Carlos Federico Smith: letra menuda tributaria

Es muy importante que el ciudadano esté plenamente informado acerca de los nuevos impuestos que contiene el paquetazo de impuestos en proceso de aprobación legislativa. Para ello es crucial leer lo que está escrito en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la aprobación legislativa y con el contubernio del PAC, como resultado del PACto ya conocido por la ciudadanía.

Muchos de los ciudadanos ya sea porque no disponen fácilmente del proyecto de ley o bien para ahorrar tiempo valioso, acuden a los medios de comunicación colectiva para leer de qué se tratan los nuevos impuestos. Así, La Nación publicó una información el día miércoles 28 de setiembre del 2011, titulada “Plan fiscal sube en 50% tributo a autos de más de ¢18 millones”. En un recuadro de él se lee, entre otras cosas, lo siguiente: “Electricidad y medicinas. Se mantiene la exoneración del impuesto sobre el valor agregado a los servicios básicos de electricidad y agua…”, con lo cual quienes lo leen se mostrarán muy satisfechos de que esas dos cosas tan importantes no irán a pagar el nuevo impuesto llamado IVA o impuesto al valor agregado, que se supone sustituirá el impuesto de ventas actual. Entonces, ¿estamos claros? Según esa Nación, se mantienen exonerados del impuesto al valor agregado tanto la luz como el agua.

Pero, para aclarar bien las cosas y no caer en el error o para evitar que alguien nos quiera agarrar de majes ilusos, vayamos al proyecto de ley oficialmente presentado a la Asamblea Legislativa. Allí se lee lo siguiente, lo cual reproduzco:

• “Modifíquese el Artículo 9 para que se lea como sigue:

‘ARTICULO 9.- Exenciones
Están exentas del pago de este impuesto:….

• …El suministro de energía eléctrica residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 250 kw/h; cuando el consumo mensual exceda de los 250 kw/h, el impuesto se aplicará al total de kw/h consumido.

• La venta o entrega de agua residencial, siempre que el consumo mensual sea igual o inferior a 40 metros cúbicos; cuando el consumo mensual exceda de los 40 metros cúbicos, el impuesto se aplicará al total de metros cúbicos consumidos. No gozará de esta exención el agua envasada en recipientes de cualquier material.’“

Lo anterior significa que lo que queda exonerado del pago del IVA son tan sólo los primeros 250 kilowatts-hora de electricidad, así como los primeros 40 metros cúbicos de agua. No es que se exonera la electricidad y el agua del impuesto sobre el valor agregado, pues lo pagará cualquier gasto de luz que sea superior a los 250 kilowatts-hora o de agua que exceda de los 40 metros.

Pero, ¿creen que hasta aquí llega la verdad verdadera de las cosas tributarias? Resulta que el bombazo es claro, pues viene de otros lado. Cualquier persona que gaste en electricidad más de 250 kilowatts-hora o 40 metros de agua (que somos casi la mayoría de los hogares) pagará no ya un 12%, sino un 14% como tasa del nuevo impuesto. Es decir, tendrá un aumento en los impuestos que paga por la luz y por el agua. Si usted creyó que el agua y la luz quedaban exoneradas, pues se ilusionó equivocadamente. Los que ya hoy pagan impuestos por la electricidad y el agua pagarán aún más. En el futuro tal vez se les ocurra gravar con impuestos a la respiración… así es Mr. Taxman, como nos lo cantaron los Beatles… sólo que este es de verdad; es la realidad que los políticos nos imponen y sin que se pueda discutírseles, pues “pa’eso tenemos la vía rápida”… por mayoría.

Jorge Corrales Quesada