La columna de Carlos Federico Smith: oscuridad en contrataciones, peligro de chorizos

Es importante aclarar, desde un principio, algo esencial del sistema de contratación del estado en el país: se fundamenta en la llamada licitación pública, mediante la cual se publica un aviso de la licitación en La Gaceta y otros medios, el cual ha sido aprobado previamente por la Contraloría y, luego, el ente estatal adjudica al ganador de la licitación pública, bajo reglas de competencia que están establecidas por la Contraloría General de la República. El resultado de esa adjudicación puede ser apelado ante el ente contralor, por alguien que considere que la adjudicación efectuada fue incorrecta. Usualmente la licitación pública es exigida para contrataciones de altos montos.

Hay posibles y legales excepciones a esta regla de la contratación administrativa, como lo es la llamada contratación directa, la cual no pasa por el control previo que realiza la Contraloría, pero que sí debe autorizar esa forma de contratación (a menudo por razones tales como emergencias o, tal vez, por tratarse de montos relativamente bajos). Este último tipo de contratación deja la decisión de la elaboración del cartel y su adjudicación, en manos del ente que hace el contrato. A menudo lo hacen por medio de CompraRed, organismo por el cual cual el ente estatal anuncia y recibe las ofertas. La adjudicación se hace a lo interno del organismo, tanto en la selección del ganador, como en su aprobación. La Contraloría queda fuera de este procedimiento.

Evidentemente, el sistema de licitación pública es más transparente y, por tanto, presenta mayores virtudes para detener posibles actos indebido (corrupción es la palabra), que es más fácil que se presente cuando se adquieren bienes y servicios mediante contratación directa. Por ello, este último sistema se supone no sólo que es por excepción, sino que debería ser una parte relativamente pequeña de la contratación total dentro del estado costarricense.  La licitación pública, tal como está diseñada, tiene un peligro menor de lograr que medien chorizos en la adquisición de bienes y servicios de parte de los organismos estatales, lo cual contrasta con la posible contratación directa.

Dicho esto, debe señalarse que se está dando un fenómeno preocupante y que aparentemente va en crecimiento, como es que las autoridades administrativas de los entes del estado no utilizan a plenitud el sistema de contratación por licitación y sí mediante otros, por la vía de excepciones, como lo es la contratación directa. Pero… ya casi es la regla en vez de la excepción.  De acuerdo con un informe de La Nación del 3 de enero, titulado “Contraloría: Estado abusa de compras directas: Contrataciones con menos requisitos,” según datos de la propia Contraloría, en el 2015 el proceso de contrataciones directas ascendió a un 46.5% del total de contratos que se adjudicaron. O sea, tan sólo un poco más de la mitad (53.3%) sí fue adjudicado mediante el sistema clásico competitivo de la licitación pública.
Tal como indicó don Allan Ugalde, gerente de la División Administrativa de la Contraloría, “los organismos internacionales advierten que eso (contrataciones directas y similares) va en contra de la transparencia,” los cuales “alertan sobre esa tendencia a evitar las licitaciones públicas.”

De acuerdo con la Memoria Anual de la Contraloría del 2015, “si bien el 80% de las compras se hace por vía de licitación (pública o abreviada) lo adjudicado correspondió a un 53.5% del dinero (₡470.501 millones), mientras que el 20% de las compras fue por vía directa, para un 46.5% de los dineros adjudicados (₡409.125 millones), lo cual es, sin duda, un montonal de plata que se adquiere por medio de procedimientos que no son lo transparentes como es lo deseable. En dos palabras, facilitan el chorizo (no digo que lo haya, sino que el control de los fondos públicos es mucho menor y, en río revuelto, ganancia de pescadores).

También, la llamada “evitación de la Contraloría” se da en un ámbito diferente, cual es acudir a que el control de este ente, pase a manos de organismos internacionales, como lo fue en el pasado el uso del BCIE -que al final de cuentas tuvo el visto bueno de los tribunales, lo que no quita el propósito por el cual se empleó- e incluso en gobiernos previos se pretendió utilizar a organismos de Naciones Unidos en vez de la Contraloría y, ahora uno ve en problemas -no por su culpa, sino por la ineficiente burocracia nacional- al ente de Naciones Unidas llamado UNOPS. Vale preguntarse si también no está siendo usado para evitar la forma tradicional de control mediante la Contraloría.  Ojalá no sea así.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: en desagravio

La exViceministra de Juventud cometió algunos serios errores en su vida privada. Fue víctima de una vil difamación. No hay palabras para calificar a quien publicó el vídeo íntimo.

De acuerdo con el Código Penal y la ley 9048 (la tan criticada ley de delitos informáticos), la exViceministra es víctima de un delito. Quizás también sea víctima de extorsión y otras figuras similares. Pero …¡qué curioso! Se da una reacción veloz del Ejecutivo y la exViceministra es “renunciada” ipso facto. ¡Víctima de una acción ruín y delictiva!

No puedo abstenerme de comentar las cuestiones que suscita tal reacción del Ejecutivo. Días atrás, ante un pronunciamiento de la Procuraduría de la Ética en relación con actuaciones de funcionarios públicos que transgredieron la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el Ejecutivo se deshizo en argumentos y excusas para no aplicar las sanciones correspondientes a la responsabilidad administrativa. Se trataba de actuaciones enmarcadas en la deleznable figura del “tráfico de influencias”, conducta que la Ley contra la Corrupción (¡sí, “corrupción”) tipificó y sancionó (con el voto de la ahora presidente). No obstante, el Ejecutivo se ha hecho el tonto con el asunto.
 

Ahora, en cambio, con el escandalillo del vídeo amoroso de la exViceministra, actuó otro hemisferio cerebral:  pronto, contundente y duro. De una vez para afuera. Algunos dicen que es doble moral. A mí me parece que es simplemente inmoral. Obsecuencia con las infracciones a la Ley contra la Corrupción e inflexibilidad y fariseísmo con la víctima del delito. 

Si estuviéramos en la escena que narran los Evangelios de la adúltera, la Presidente estaría lanzando pedradas. Pero con el contraste de los funcionarios implicados en el tráfico de influencias, no tengo problema en interpretar aquello de ver la astilla en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¿Qué es peor para la moral pública, el vídeo o la corrupción?  

Me quedo pensando también en la mentada Ley 9048 (delitos informáticos). No me he olvidado de que ante la protesta pública por los riesgos para la libertad de expresión,  el Ejecutivo actuó ambiguamente.  Porque a pesar de que instaló una comisión para ver si la ley requería reformas, no dudó en ponerle el “Ejecútese” y promulgarla. Ahora, que una exViceministra fue víctima de un delito informático (la difusión del vídeo por la Internet), queda claro que no importaban tales delitos, pues la víctima fue revictimizada.
 

Me quedo pensando en la soledad de la exViceministra. ¡Todo hundido! Renunciada y difamada. Me pongo a imaginarme a aquella mujer de los Evangelios, que tuvo la ventaja de ser defendida por el propio Jesús, una vez pasada la trifulca ¿cómo se sentiría?  Allí temblando, ultrajada y a punto de perder todo, sin saber quizás qué había pasado. Pero al menos tuvo una relación directa con Él, que la perdonó y la aleccionó. La exViceministra, en cambio, no tuvo quien parara las pedradas. Esta vez el fariseísmo triunfó.
 

¿Qué norte orienta las actuaciones del Ejecutivo? ¿Se salvan los hombres y no las mujeres? ¿Se salvan los que cometen actos que transgredan la Ley contra la Corrupción pero no las que realicen actos bochornosos aunque sean de la esfera privada? ¿Será que se salvan los “vivazos” y no las tonterías? 
 

La vida privada, la esfera privada, las preferencias privadas no deberían trascender de esta forma. Quizás todos deberíamos haber actuado como los vecinos de Conventry, cuando Lady Godiva fue obligada a salir desnuda. Sin embargo, la exViceministra ha sido víctima del amor, ¡pobre desdichada! y  el delincuente victimario nos ha convertido  a todos en voyeristas o samueleadores.  ¡Grave y terrible!
 

¡La mayor lección de educación sexual para los ingenuos! ¡Hay que temerle al enamoramiento que nos arrebata y nos convierte en incondicionales esclavos del capricho ajeno! Estado mental lindante con la inconsciencia que nos lleva a despreciar lo propio, lo seguro y a arrojarnos irreflexivamente en las pasiones.  En un segundo, el Ejecutivo ha hecho más que las guías del ministro implicado en las cartas prohibidas por la Ley contra la Corrupción. Ha demostrado que el fariseísmo sigue campando, que sigue lapidando a las adúlteras como los fundamentalistas Estados islámicos, ha ejemplificado la tragedia de la entrega sin correspondencia, el vacío social en que puede caerse y el escarnio público sobreviniente. 
 

Este artículo, aunque no parezca, pretende exponer temas de libertad, teoría del Estado, forma de gobierno, probidad en la función pública y política criminal. 
   
Federico Malavassi Calvo.

Desde la tribuna: un monopolio interminable

La revision técnica vehicular fue convertida en un negocio monopolico, protegido por el Estado. La verdad es que no hay ninguna posibilidad de monopolio sostenible, en el tiempo, sin la complicidad de los políticos. Esto aplica a cualquier monopolio. RITEVE, la empresa favorecida por la protección estatal es solo un caso. Sin embargo, no es cualquier caso.

Para empezar, el monopolio tiene ya diez años y va con destino a otros muchos. Por supuesto, la alegada intervencion benefactora de RITEVE, se justifica arguyendo que este procedimiento cuida de los costarricenses y de la seguridad vial.  Fue un inicio en esa vía. Luego, vinieron otras intentonas fallidas, como los semáforos inteligentes o las cámaras fotográficas multadoras y, sin duda, vendrán otras.

RITEVE es un hito, como un faro para los políticos. Produce decenas de miles de millones anuales en ingresos. Es un gran negocio. Hasta hoy, no ha sido capaz de cumplir con la Ley del Sistema Nacional de la Calidad. Esta empresa monopólica, despues de dos lustros, no cuenta con una sola de sus pruebas acreditadas, de conformidad con la ley.  Lo más que ha hecho, es certificarse como ente inspector pero, curiosamente, es un ente inspector cuyas pruebas no estan acreditadas.

Por ejemplo, las pruebas que nunca se hicieron en la llamada trocha fronteriza, debieron estar acreditadas, Las que se hicieron y fueron incumplidas en la concesión a Caldera debieron estar acreditadas. Para mejor nutrirse, RITEVE esta excepcionada de acreditar sus pruebas por la manipulación política, la misma que le ha otorgado y mantenidio el monopolio, pretende no solo continuar irrespetando la ley, sino exigiendo tarifaciones superiores o indemnizaciones. Hasta el dia de hoy, ningún funcionario público ha señalado el incumplimiento de RITEVE.

Con toda probabilidad, la defensa costarricense en un arbitraje ya en curso, no ha tomado en cuenta este flagrante incumplimiento del monopolio. La verdad es que se estara montando el caso para que termine favorecida la tesis del monopolio. Nunca lo sabremos con claridad, porque el arbitraje obliga a la confidencialidad.     

RITEVE es pues, un hito. No solo por la persistencia monopólica, ni la excusa de la seguridad vial ciudadana, ni por el incumplimiento legal a la calidad exigida para este tipo de pruebas, ni por el gigantismo de los ingresos en juego sino, tambien, por el mecanismo del secreto, garantizado por el procedimiento arbitral.

Sin duda, RITEVE persistira incólumne. Es una empresa muy bien protegida por la clase política dominante. En campaña electoral, la promesa de su remisión es una constante. En dramático contraste, en el ejercicio del poder, su permanencia es la constante. 

Este monopolio muestra la falsedad incardinada en las campañas políticas de una democracia carcomida por la corrupción y engañada constantemente. No hay Junta de Notables, ni Consejo de Gobierno, ni Asamblea Legislativa, ni elecciones nacionales, capaces de terminar con  la rapacidad de estos monopolios. 

Hoy es posible afirmar que RITEVE es un intenso e interminable monopolio y un ejemplo de los peores abismos de la democracia representativa costarricense. 

Mario Quirós Lara

Desde la tribuna: la trocha de Chorimosa

¡Así es!  Chorizos y Movidas SA  (Chorimosa) parece ser la titular de una serie de concesiones y contratos en Costa Rica.

El tema de la trocha o carretera Juanito Mora 1856 se ha constituido en un asunto de antología.  Es el ejemplo de la corrupción y degradación de la contratación administrativa. Se utiliza una vía anormal para no realizar los trámites de la contratación administrativa (Decreto de Emergencia y fondos que maneja la Comisión Nacional de Emergencia) y luego, adelante con los faroles.

Ahora que se van destapando algunos asuntos similares, es evidente que hay que llamar la atención de la Contraloría y de los encargados de tutelar por la probidad.

Se llama “chorizo” a distintas formas de corrupción (cohecho, coima, peculado, fraude, estafa y similares) y se conoce como “movida” a algo similar (la expresión es “hacer una movida”). Un amigo mío me preguntaba (como Notario que soy) si se podía inscribir una sociedad que se llamara “Chorimo S.A.” (chorimosa) o sea “Chorizos y Movidas SA”. 

Es que el tema de la corrupción se va haciendo constante y no termina. O son las contrataciones de Recope (entre Procesos y un par de ferreterías, para ver quién lleva la imagen de la monopólica) o son los amiguismos con “Procesos” o es el desastre de la trocha.

¡Claro que el PLN empieza a echar una cortina de humo en la Asamblea y buscar pactos y acomodos!  ¡Claro que el PLN empieza a hablar de “gobernabilidad” y cuánto le incomoda la Sala Constitucional!  Sobre todo ahora que la inspección electoral denuncia múltiples casos de discutible manejo de las finanzas electorales del PLN (¿Chorimosa?).

El poder corrompe y la falta de alternancia en el poder concentra demasiado. ¿Cómo expulsar del poder a Chorimosa si se afinca a través de varios pactos?  Tema fundamental.

Ahora lo elemental es tomar nota de lo que pasa, denunciar y percatarse de que apenas son pequeñas muestras de algo mayor. ¿Cómo anda la contratación que no sale a licitación pública?  ¿Cómo anda el tema del software de la tributación?  ¿Cómo anda el expediente electrónico de la CCSS?  ¿Ya se devolvió el sobrepago por limpieza de carreteras?  ¿Ya Autopistas del Sol pagó por el daño ambiental que causó?

Es demasiado lo que pasa y es obvio que estamos abriendo más oportunidades para “Chorimosa”. 

Por todo ello es necesario controlar más, denunciar más y quitarle competencias y atribuciones al Estado.

Federico Malavassi Calvo