martes, 28 de julio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: aumento previsto de la deuda del Gobierno

Los últimos gobiernos han gastado y gastado excesivamente nuestra plata, de manera que han llevado a que el país tenga déficits preocupantes. El pueblo, acertadamente, no ha querido aprobarles mayores impuestos, pues bien sabe que simplemente servirá para que prosigan en el dispendio de los fondos públicos. Me imagino que, en parte, porque se tuvo banqueros centrales relativamente sensatos, quienes no siguieron el camino de la emisión monetaria para financiar al estado costarricense, dando lugar a una dolorosa inflación, los gobernantes, también frenados por la no aprobación de mayores tributos, acudieron al único camino que les quedaba, para no verse obligados a frenar la expansión del gasto público: Acudieron al endeudamiento; esto es, a pedir prestado. 

Podían haberlo hecho en el país; esto es, aumentando lo que se conoce como deuda interna, pero principalmente el estado lo hizo endeudándose con el exterior; es decir, aumentando la deuda externa. Lamentablemente, el artículo del periódico La Nación del pasado 24 de marzo y que lleva por título “Peso de la deuda pública alcanza récord en 10 años: Endeudamiento del Gobierno Central llegó a 39% del PIB en el 2014”, no hizo el interesante desglose del endeudamiento del gobierno central (ni siquiera fue del gobierno total) en sus dimensiones interna o externa a través de esos años. Pero, al fin y al cabo, ya sabemos que es el gobierno central el que más suele endeudarse entre los distintos integrantes del estado. Además de que es conocido que en los últimos años el gobierno central ha acudido a un mayor endeudamiento con el exterior, en comparación con el del propio país, por la obvia razón de la caída relativamente más significativa de las tasas internacionales, experimentadas al menos en los años más recientes: se ha tenido un costo relativamente menor del endeudamiento externo que del interno. 

Debo hacer justicia e indicar que el periódico señala que “la deuda pública total, que incluye también al Banco Central y al resto del sector público, representó un 58.6%” del PIB. Lamentablemente, si bien es muy interesante, este dato es puntual y no hay una serie que nos muestre el endeudamiento total a través de los últimos 30 años, como sí lo hace en el caso del endeudamiento del gobierno central. Pero, un 58.6% del PIB como endeudamiento público, es una cifra que debe obligarnos a pensar en torno a lo que procede ir haciendo, para evitar una crisis en cuanto a tener acceso a fuentes de financiamiento que podrían ser una buena opción (como cuando se usa en proyectos de inversión y no en gastos corrientes, en donde los primeros se espera que tengan un rendimiento superior a su costo de financiamiento).

Lo más importante de destacar es que 2014 fue el año en que la deuda pública del Gobierno Central llegó al nivel más alto de los últimos años, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB). Lo lamentable es que, en el 2004, habíamos llegado casi a un porcentaje máximo de un endeudamiento similar, pero, a partir de ese año, se inicia una deseable declinación del porcentaje de endeudamiento del gobierno central, hasta llegar en el 2008 casi al nivel histórico más bajo del período 1984-2014: cerca del 25% del PIB.

Este comportamiento exitoso de reducción del endeudamiento del gobierno central, se revierte a partir del 2008 -año en que, a fines de él, se inicia la denominada crisis global de los últimos tiempos- ascendiendo de un 25% del PIB en el 2008 a un 39.3% en el 2014; esto es, un crecimiento de algo más de un 14% durante los últimos seis años.

Uno de los inconvenientes de una política de endeudamiento gubernamental es que tiende per se a aumentar las tasas internas de interés que se cobran por el financiamiento de inversiones de las empresas, lo cual ocasiona que la producción crezca menos en comparación con una situación de menores tasas. Pero, como bien lo señala el anterior presidente ejecutivo del Banco Central, don Rodrigo Bolaños, “en los últimos años… las tasas no han subido mucho por las ventas de bonos en el exterior, que el Gobierno hizo hasta este año”, según lo indica el informe periodístico. Ciertamente el período recesivo global de los últimos tiempos y la política agresiva del Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), han ocasionado que hayan caído las tasas de interés denominadas en dólares en los mercados internacionales. De cierta manera, esa fue una salvada para el gobierno gastón de los últimos años, el cual no tuvo que pagar un costo alto por dicho endeudamiento y, por lo tanto, tuvo un menor efecto interno sobre las tasas de interés. Pero, como ya lo han advertido muchos economistas, el fin de esas políticas monetarias laxas, principalmente de los Estados Unidos, parecen estar próximas a su fin, lo cual causará, sin duda, un efecto negativo mayor en nuestra economía que al experimentado hasta la fecha, si es que proseguimos con nuestra disparada política de endeudamiento externo.

Creo que es un error circunscribirse únicamente al efecto negativo que sobre las tasas de interés internas ocasiona un endeudamiento externo en las circunstancias expuestas. Y es que cualquier endeudamiento, que en su momento incurra el gobierno, deberá ser enfrentado en algún instante -pagado- y para ello se deberá acudir a aumentar los impuestos o a emitir dinero por el Banco Central, pero eso crearía problemas aún mayores. Asimismo, podría encararlo renovando el endeudamiento, algo de lo cual hemos hecho, pero esa “rotación de la deuda” en su momento llega a un límite, como puede hoy atestiguarlo el gobierno griego o nosotros después del 82. El inevitable incremento de los tributos es descontado en la economía nacional, de manera que tendrá presente que, en el largo plazo, las utilidades netas o ingresos netos serán posiblemente menores, a causa de los mayores tributos para pagar aquellas obligaciones. Ello puede incentivar un retraimiento de los planes de inversión del momento.

Este punto es analizado por un estudioso del tema, el profesor James M. Buchanan, quien indica en su obra The Public Finances, que “Si el gasto financiado con endeudamiento resulta ser productivo, el contribuyente de períodos posteriores por supuesto que puede estar mejor, aún en la necesidad de tener que pagar intereses por la deuda, que lo que estaría si no se hubiera emitido la deuda. Pero, esto es irrelevante para el problema de ubicar el verdadero costo de las erogaciones, lo que se conoce como la carga de la deuda. El problema es precisamente ese de ubicar al individuo o al grupo que “paga por” los beneficios obtenidos a partir del gasto público, con total independencia de si el gasto en sí es productivo o improductivo. La emisión de deuda tiende a trasladar esta carga del pago sobre el contribuyente en períodos subsecuentes a la emisión de la deuda –la operación del gasto. Los impuestos, por contraste, tienden a poner la carga sobre los individuos en el período en que el gasto es llevado a cabo. Esta es la diferencia básica entre los dos métodos de financiar el gasto público, y el fracaso de así reconocer este punto puede tan sólo conducir a la confusión.” (Op. Cit., p.p. 304-305)
Desde el punto de vista de la política económica del gobierno, vale la pena tomar en cuenta la observación que formula el exministro de Hacienda, don Edgar Ayales, quien indica que “en la medida que su deuda suba, el Gobierno requiere pagar más intereses y le va quitando al país la posibilidad de invertir en obras estatales.” En sencillo,  podría llegar el momento en que el endeudamiento del gobierno como porcentaje del PIB es tan alto, como para que los prestamistas exijan tasas mayores (pues el país se convierte en un riesgo mayor).

Por su parte, el actual ministro de Hacienda, don Elio Fallas, señala que “para detener dicho crecimiento [la deuda del gobierno central como proporción del PIB], el Gobierno labora en dos áreas: la reducción del déficit, especialmente el primario (ingresos, menos gastos, excluidos los intereses), y el crecimiento económico.” Y es a esto último a lo cual quiero referirme, en especial cuando el señor Fallas señala que “realizan esfuerzos para que la producción crezca este año un poco más del 3.4% que prevé el Banco Central.”

No hay duda de que, con lo que nos dice don Elio, se encuentra metido en un zapato. Primero nos dice que, para lograr reducir el porcentaje del PIB que representa el endeudamiento del gobierno central, es necesario reducir el déficit primario y crípticamente no nos dice cómo lograrlo, sino que tan sólo señala entre paréntesis “(ingresos, menos gastos, excluidos los intereses)”. Pero no indica, con la claridad requerida, lo que ha venido haciendo el gobierno, cual es que ha aumentado su presupuesto de gastos ordinarios del gobierno central para el 2015 en un 19%, con respecto al equivalente del año anterior. Esto pone en seria duda el logro objetivo que señala el ministro Fallas para reducir el déficit, cual es el de “menos gastos”. Aún más, en su obscura frase entre paréntesis, tan sólo nos dice “ingresos”, me imagino que se debe a que no quiere señalar que la mayor claridad de propuestas políticas que ha hecho esta administración para reducir el déficit gubernamental, lo ha sido por la vía de aumentos en los impuestos; es a ello a lo que se refiere cuando dice “ingresos”.

Esto último nos lleva al segundo factor que, en opinión de don Elio, contribuirá a reducir el porcentaje que del PIB representa el endeudamiento del gobierno central. Según él, lo será mediante el crecimiento de la economía. Por supuesto que, si crece la economía -el PIB, el denominador del cociente-, si se mantiene sin crecer el numerador, que es la deuda externa del gobierno, velis nolis, decrecerá el cociente. El ministro Fallas, en una especie de anhelado canto del cisne, nos asevera que se “realizan esfuerzos para que la producción crezca este año un poco más del 3.4% que prevé el Banco Central.”

Don Helio no sólo no nos indica cuánto crecerá este año el endeudamiento del gobierno central, para estimar lo que sucederá con el cociente deuda pública/PIB, sino que su esquema analítico contiene una enorme contradicción. Si se aumentan los impuestos, como lo propone, no va a lograr que aumente la producción, sino todo lo contrario: la única posibilidad de compatibilizar una reducción del déficit con un mayor crecimiento de la economía parece radicar en una reducción del gasto gubernamental y, a la fecha, vemos que eso quedó en promesa de campaña política. Si aumenta los impuestos como medio de reducir el déficit gubernamental, precisamente originado por un gasto excesivo por encima de las recaudaciones del gobierno, no logrará ni siquiera el moderado crecimiento de un 3.4% para este año estimado por el Banco Central. 

A lo anterior debemos agregar lo indicado a La Nación por don Rodrigo Bolaños, con base en un libro de Reinhart y Rogoff, que se resume en lo pertinente que “en el caso de Costa Rica, con base en cifras de 1950 al 2009, cuando la deuda del Gobierno Central estuvo por debajo del 30% de la producción, nuestro país tuvo un crecimiento económico de un 6.9%... Sin embargo, cuando la deuda osciló entre 30% y 60%, dicho crecimiento bajó a 5% y conforme aumentó más del débito, menos creció el país.” 

Debido a que en estos momentos el gobierno está considerando la colocación de mayor deuda en los mercados internacionales y a que no define claramente una reducción sustancial de su gasto, y que, más bien, busca imponer sobre la economía nuevos y mayores impuestos, en un marco caracterizado ya por una amplia incertidumbre en la economía, todo en conjunto hace que las posibilidades optimistas de lograr un mayor crecimiento más se parezcan más a un sueño de opio que a otra cosa. 

Lamentablemente para todos nosotros, los ciudadanos, el desorden en el manejo fiscal tiene que ser debidamente corregido para que se nos cause el menor daño posible. Las cuentas por el desorden habido ya tienen que ser pagadas, pero no es legítimo ni moral acudir a medidas que no contribuyan a sanear efectivamente nuestra economía, sino, por el contrario, a empeorarla aún más.  Si no se frena el gasto estatal, es poca la mejoría que se podrá lograr y, más bien, de no hacerlo ocasionará daños futuros aún mayores.  

Jorge Corrales Quesada

viernes, 24 de julio de 2015

Viernes de Recomendación

Queremos aprovechar este Viernes de Recomendación para compartir el Índice de Libertad Económica 2015, de la Fundación Heritage. 

Este indicador muestra el grado de libertad de 178 economías evaluadas, que van desde las denominadas "economías libres" como Hong Kong, Singapur y Nueva Zelanda, hasta las "economías reprimidas" donde prácticamente no existe la libertad, como Venezuela, Cuba y Corea del Norte.

Sin duda el Índice de Libertad Económica es uno de los instrumentos más valiosos para medir nuestras ventajas, oportunidades y retos. 


martes, 21 de julio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: la economía es social y solidaria

Lo primero que hice fue buscar en el Diccionario de la Real Academia Española a ver que era eso de solidario (a) y me dio dos definiciones, que no me satisficieron -y me imagino que tampoco a los que hablan de una “economía solidaria.” De acuerdo con dicho diccionario, hay dos sentidos para esa palabra. El primero, que es “adherido, asociado a la causa, empresa u opinión de alguien”, lo cual me imagino que nos pone cuesta arriba para entender de tal manera a una economía, pues uno puede estar asociado perfectamente con una inutilidad de cualquier tipo y ser solidario con esa creencia, en tanto que la economía es un instrumento muy útil para todos los seres humanos. El segundo sentido proviene del Derecho y “se dice de las obligaciones contractuales in sólidum y de las personas que las acepta”, lo cual no parece aplicarse fácilmente al concepto de economía.

Por ello, me parece que quienes hablan de economía solidaria posiblemente tienen en mente algo así como fraternal, armónico, mutuo o humano.  Al menos es lo que deduzco de la verba usual que algunos pretenden adosarle a la idea de una economía.  Dejemos esto por aquí, por un instante, y busquemos en aquel diccionario lo que nos dice acerca de la palabra “social.” Me parece que es satisfactoria la idea expuesta en él de que “social” es “lo perteneciente o lo relativo a la sociedad.” Al menos así suelen, me imagino, considerar quienes nos hablan de algo como una economía social.

Lo que sí no tienen muy claro esos ideólogos es que la forma de organización de una economía llamada de mercado competitivo (capitalismo, también le llaman algunos) es esencialmente social y solidaria. Por el contrario, suelen hablar de “economía social y solidaria” para referirse a una menjurje de organizaciones productivas que les agradan por ciertas consideraciones ideológicas.

Para aclarar el amasijo, tomaré una definición estándar de lo que es una economía y que puede ser encontrada -con palabras diferentes, por supuesto, pero con la misma idea- en innumerables buenos textos elementales de Economía: “Ciencia social interesada en el uso de recursos escasos para obtener la máxima satisfacción de las necesidades materiales de la sociedad.” Eso es lo que uno aprende en la primera clase de Economía, casi que en cualquier universidad. 

Cuando se habla de una economía, se refiere a una de ellas en particular; por ejemplo, a las de Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela o Cuba. Tienen una ubicación geográfica, pero lo crucial es lo que existe en esas economías: individuos, muchos o pocos, quienes toman decisiones en torno a cómo satisfacer al máximo los deseos y necesidades de las personas en una sociedad determinada. Observe, por tanto, que es posible considerar que hay distintas forma de organizar qué, cómo y para quién producir los diferentes bienes y servicios en una economía determinada. 

Algunas sociedades lo hacen por medio de la decisión descentralizada de miríadas de individuos, interactuando para satisfacer sus aspiraciones o para vivir mejor, como es lo propio de una sociedad caracterizada por tener una economía competitiva de mercado. Otras lo hacen produciendo con base en decisiones tomadas centralizadamente por una agencia, la cual determina qué, cómo y para quienes se han de producir los diversos bienes y servicios. Esta suele ser una sociedad socialista o de decisión centralizada. Obviamente hay muchas formas mixtas acerca de cómo resolver esos tres problemas básicos que debe resolver una economía. Pero me interesa recalcar un punto: todas, todas, esas formas de organización de una economía tienen su lugar en el seno de una sociedad.  La economía no es algo que está fuera o por encima de la sociedad, sino que está inmersa en ella: es algo inmanente a la sociedad. No hay sociedad que no tenga una economía, ni hay una economía que no esté inserta dentro de una sociedad.

Por lo anterior, lo que he llamado economía de mercado existe en una sociedad específica de seres humanos (no creo que haya una economía de paquidermos o de mariposas). Por lo tanto, esa economía de mercado es tan social, como lo puede ser cualquier otra, en tanto que existe en el seno de sociedades concretas, específicas. Ni siquiera es algo exclusivo de la mente particular de alguna persona, sino que se materializa en una relación con otras personas en sociedad. Así que es una ficción innecesaria llamar “Economía Social” a una economía, pues todas las formas posibles que puede asumir una economía se dan en el marco de una sociedad.  Decir “Economía Social” es un pleonasmo. Es emplear una palabra innecesaria como calificativo, pues no hay economía que no sea social. En la palabra Economía está implícito su carácter social.

Eso de agregarle “social” a la palabra “Economía” me trajo a la memoria un artículo que escribí en La Nación del 3 de setiembre de 1974 y que titulé “Con sólo que diga social es bueno.” Así lo nombré porque hay gente que considera que, agregando la palabra mágica “social” a cualquier cosa, transmuta al concepto principal en algo per se distinto o de mayor valor que el término esencial sin dicho aditamento. Economía es economía y quienes le agregan a ésta el calificativo de “social”, lo hacen porque con ello pretenden engañarnos, tratando de hacernos creer que estamos en presencia de algo superior o mejor al simple término Economía. El llamado sistema de mercado es una forma particular que asume la economía en lo concreto y se caracteriza, no sólo porque necesariamente surge en un entorno social, sino también por la libre participación de oferentes y demandantes que interactúan en un marco llamado el mercado. Dicha interacción surge del objetivo individual de mejorar de una situación que no le es del todo satisfactoria, hacia otra en que espera estar mejor. Por eso se define al proceso o sistema de mercado como “un orden espontáneo sustentado por un marco institucional en el cual predominan la propiedad privada y el libre intercambio, y que surge de los propósitos fundamentalmente de los actores individuales, quienes hacen planes de frente a una ignorancia parcial y a un cambio no anticipado.”

Tal búsqueda de mejora de la situación de una persona hace que el sistema de mercado sea también solidario, tal como explicaré de seguido. Lo haré así porque hay quienes consideran que otros sistemas de organización económica distintos de un sistema basado en el mercado, sí son solidarios, en contrario sensu al primero. Señalan que el sistema de mercado es insolidario o inhumano o ausente de reciprocidad o maligno o disonante. Así, dichos expositores se reservan todos los antónimos posibles a la expresión “solidaria” para ligarlos a una economía de mercado, en tanto que, para cualquier sistema de organización económica distinta del mercado, la consideran como merecedora del adjetivo calificativo de solidaria.  Pero la realidad que el proceso o sistema de mercado es claramente solidario y un error considerarlo que no tiene tal propiedad.

Para explicar tan crasa equivocación utilizaré un ejemplo de un mercado con el cual muchos costarricenses estamos familiarizados. Así, ubiquémonos por un momento en algo tan sencillo como la feria del agricultor, que funciona los días sábados en la Plaza González Víquez (o en otras partes del país). Tal análisis nos permitirá entender que en un mercado la característica esencial es el acuerdo libre entre las partes, reflejado en transacciones que se realizan porque benefician a ambas partes que en ella participan y que, por tanto, son totalmente el resultado de una cooperación entre las partes.

A fin de tener la idea bien clara, pondré un ejemplo concreto de una transacción. Supóngase que voy a aquella feria con cierta cantidad de dinero y allí me encuentro con una señora que ha traído mangos desde Orotina. Hay un cartel que dice que el kilo de mango cuesta ₡500. Podemos, por supuesto, regatear un nuevo precio distinto de éste, pero pensemos, por un momento, que estamos de acuerdo con dicho precio de referencia.  El ejercicio mental es muy sencillo: si yo considero que la satisfacción de comer dos kilos de mangos que compro es superior a los ₡1.000 que tendría que pagarle a la señora, entonces le daré un billete de esa denominación a cambio de los dos kilos.  Por su parte, si la señora está dispuesta a entregarme esos dos kilos de mango de su propiedad por esos mil colones que le ofrezco a cambio, es porque ella valora más dicho monto que los 2 kilos de mangos que ya tiene. Nadie nos está obligando a realizar la transacción: ésta se llevará a cabo si ambas (reitero, AMBAS) partes ganan con así hacerlo. De no ser así, la transacción libre y voluntaria no se llevaría a cabo a ese precio (puede que lo sea a algún otro precio, pero, de nuevo, la transacción se llevaría cabo únicamente si ambos ganamos con ella).

¿No es lo expuesto un buen ejemplo de cooperación entre seres humanos y que se da en muchísimas cosas de la vida? ¿No es hasta un ejemplo de amistad? Digo esto último porque, por ejemplo, para Friedrich Hayek, lo que mejor describe al orden espontáneo de una economía es un concepto que él llama “catalaxia”, del griego katallatein, que no sólo significa intercambio (como el que hemos descrito en el caso de los mangos) sino que también denota “admitir a la comunidad” y “convertir a un enemigo en un amigo.” La transacción que se ha efectuado entre la señora de los mangos y este servidor, es pacífica, libre, de amigos si se quiere, de gente que está dispuesta a cooperar, yo dándole un billete que ella valora más que la mercancía que me entrega, y ella dándome a cambio dos kilos de mango que yo valoro más que el billete ¿Acaso esta transacción, típica de un sistema de intercambio que se da en el mercado, no merece que éste sea considerada como solidario o humano, o caracterizado por la reciprocidad o benigno o armónico? 

Por estas razones es que considero que llamar “Economía Social y Solidaria” a un grupo específico, particular, de formas de empresas o asociaciones o agrupaciones, no es más que una apreciación ideológicamente basada en algo que juzgan bueno a priori, a fin de tratar de diferenciarlas de otras formas de economía que son igualmente sociales y solidarias, como es el caso evidente del orden o sistema de mercado. Parece que lo que en verdad mueve a quienes pretenden tal truco, no es más que una motivación populista, con lo cual muestran saber muy poco acerca del significado verdadero de lo que es una Economía.

Además, quiero comentar la propuesta de que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), que como sabemos bien es un ente público, propiedad de todos nosotros, destinado a la formación de profesionales en el ámbito de la técnica, dedique recursos estatales para dar cursos acerca de la llamada “Economía Social y Solidaria.” (ESS). Por lo que uno lee que es tal cosa, cualquier administrador que salga de una universidad del país estará en plena capacidad de llevar a cabo las funciones que hoy se requieren dentro de ese elenco de empresas que se dice conforman la “Economía Social y Solidaria”; esto es, casi todas formas de organización que no llevan formalmente el nombre de una empresa privada usual, tal como el de una sociedad anónima o un empresa privada monda y lironda.  

Alguien escribió que lo propio de esas ESS eran las siguientes tres características que: “i) dan prioridad a la satisfacción de necesidades humanas por encima del lucro (sin que por ello sean anti-mercado), ii) gestionan la actividad económica de manera democrática (no hay "empleados y patrones", sino, "socios y colaboradores") y iii) actúan con responsabilidad social y ambiental (y rindiendo cuentas por esta responsabilidad).” Los analizaré, pues no debe dejarse de lado la vaciedad de la propuesta.

De entrada, refiriéndome al primer punto de los criterios -que “dan prioridad a la satisfacción de necesidades humanas por encima del lucro (sin que por ello sean anti-mercado)”, me imagino que, entonces, quedaría por fuera una cooperativa como la Dos Pinos, pues claramente tiene el lucro (adecuadamente) como objetivo: no nos vende la leche de a gratis, ni al costo y, más bien, muy por encima del precio internacional.  También sucede lo mismo con cooperativas que nos venden seguros y lo hacen al mismo costo que otras formas de organizaciones privadas. También existen diversas cooperativas dedicadas al transporte de buses y de taxis, en donde se nos cobra lo mismo que las empresas no cooperativas. 

La verdad es que todas ellas y muchas otras más son participantes a plenitud en el mercado, haciendo máximas sus ganancias y buscando servirle al consumidor, al igual que como lo hacen otras empresa privadas. Me imagino que son más bien los políticos proponentes de la ESS, los que quieren vendernos el cuento de que las empresas que la conforman, que en realidad son tan activas y partícipes del mercado como cualquier otra empresa, son diferentes de otras. Ciertamente cuando enfatizan que dichas empresas no son “anti-mercado”, es porque les da vergüenza decir que todas esas empresas que se agrupan bajo la llamada ESS buscan, en buena hora, lucrar, como lo puede comprobar cualquier consumidor de sus productos o servicios. Lo que los proponentes del programa ESS nos quieren ocultar, al decirnos que las empresas del ESS no son “anti-mercado” es que son sus ideólogos proponentes quienes sí consideran como malo o injusto el lucro y por esa razón es que acuden rápidamente a tratar de encubrir su prejuicio, diciéndonos “no piensen mal que no son anti-mercado”. Las empresas no lo son; sí los ideólogos impulsores.

Pero hay más. En el segundo punto nos dicen los impulsores que en esas ESS “no hay ‘empleados y patrones’, sino, ‘socios y colaboradores’" y que por eso son democráticas. Con cambiar de nombre a quien da las órdenes y a quien las debe acatar, no se logra cambiar la naturaleza de las cosas: sigue existiendo la misma relación jerárquica como la hay en toda empresa. Jamás algo que se considere una empresa tendrá una estructura democrática horizontal (posiblemente excepto cuando una empresa constituida por una sola persona), pues siempre existirán quienes mandan y quienes obedecen; quienes toman las decisiones y quienes las acatan.  “La mona, mona se queda, aunque se vista de seda.” Pongo como testigos de que tal es la realidad a los mismos trabajadores de algunas empresas que los políticos consideran como parte de las ESS. Ellos mismos les podrán decir que en sus firmas hay jerarquías de mando; de gerentes que deciden y de personal que se subordina y obedece las decisiones de los primeros.  “Peace and love” se aplica en otras instancias.

El tercer punto señalado por los impulsores de las ESS es que las empresas y actividades de ese grupo “actúan con responsabilidad social y ambiental (y rindiendo cuentas por esta responsabilidad).” No sólo eso mismo hacen muchas otras empresas que no se incluirían dentro de las ESS, sino que, también, ni a mí ni a usted, firmas que teóricamente formarían parte de las ESS nos dan cuentas de nada de eso. Es más, uno conoce claros casos de externalidades negativas, como cuando, por ejemplo, un sindicato -que para los de la ESS es un socio natural de ellas- hace un paro e interrumpe el derecho ciudadano a movilizarse en las calles afectando así su bienestar. 

Francamente, parece que lo que hay detrás de todo esto es una nueva movida en el país inspirada en la izquierda chavista, tratando de crear organizaciones que le den poder a cierto grupo ideológico, pero, en este caso, haciendo uso para ello de recursos públicos, como son los fondos del INA, fondos de todos los ciudadanos. Ya han fracasado o casi que fracasado intentos “privados” de montar centros dedicados a formar personal específico para las ESS, pero no han tenido éxito, tanto por la baja demanda como por el alto costo de mantener burocracias improductivas.  Por tal razón es que ahora pretenden tomar la plata de los ciudadanos para este tipo de cosas innecesarias, pues, de paso, tal como indiqué, muchos de los profesionales formados por la educación superior nacional logran la preparación necesaria para servir bien en cualquier tipo de empresa, incluyendo las de la llamada ESS.

Para terminar mi comentario, cada vez que se destinan recursos públicos a hacer algo -como en este caso para ponerse a dar clases de ESS en el INA- significa que esos mismos recursos no se podrán destinar a hacer alguna otra cosa.  La idea lógica es escoger aquello que rinda el mayor beneficio para la sociedad y es aquí en donde salta el claro contraste entre quienes andan moviendo la idea del ESS y quienes consideramos que el INA tiene aún mucho más que hacer, en el campo de la formación profesional de los ciudadanos.

Mientras quienes impulsan las ESS lo hacen para ampliar su poder político, la elevada tasa de desocupación y de subempleo en el país, en conjunto con una demanda laboral insatisfecha de trabajadores preparados, como sucede con muchos casos de egresados del INA actual, es lo que debe de impulsarnos a mejorar esa oferta de trabajadores calificados, a fin de que obtengan buenos y bien pagados empleos productivos. Desperdiciar recursos públicos en estos momentos de serios problemas fiscales, en jueguitos políticos que todos observamos, es casi que un crimen, pues en vez de destinar recursos escasos para preparar tanta gente, que podría beneficiarse con una educación apropiada para la producción, lo que los promotores de la ESS lo que pretenden es montar plataformas ideológicas para grupos de presión política para lograr un cambo ambicionado por ellos y el cual ya sabemos de qué se trata. Y eso con los fondos de todos nosotros.

Jorge Corrales Quesada

viernes, 17 de julio de 2015

Viernes de Recomendación

Sin duda alguna el tema de los salarios en el sector público y su impacto en el deficit fiscal del país ha sido la noticia de esta semana. Precisamente por ello les compartimos los siguiente archivos. El primero de ellos es la entrevista al Diputado Ottón Solís respecto a las ramificaciones que puede tener el pacto FAC-PAC-Sindicatos de cara a este tema. El segundo el debate entre el Diputado Otto Guevara y el incansable Favio Chaves.

martes, 14 de julio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: ¿por qué se tienen que brincar a la Contraloría?



La información que La Nación publica el 17 de junio, bajo el rótulo “CONAVI contrató agencia de la ONU para apurar obras viales: Intermediario cobra $5 millones por gestionar diseño y construcción de proyectos,” tiene la virtud de sacar a la luz un problema que me ha interesado desde hace varios años y que tiene que ver con el sistema de apelaciones existente en la Contraloría General de la República.

La razón por la cual el gobierno actual elude el proceso de apelaciones de la Contraloría, creo que la expone debidamente la directora de la Unidad Ejecutora del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), quien afirma, según el periódico, que “la UNOPS [Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos], al ser un intermediario, tiene la potestad de adquirir servicios sin pasar por los controles estatales,” y, en palabras de esa funcionaria de CONAVI, “Ellos [UNOPS] aplican sus propias normas de contratación que tienen los mismos principios de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a divulgación, transparencia, oportunidad de participación, pero no pasan por la Contraloría.”

La anterior exclusión de la Contraloría la confirma en mayor detalle el señor Sergio Mazzucchelli, gerente de UNOPS en Costa Rica, ante la pregunta del periodista de “¿Cuáles fueron las condiciones con las que entraron a trabajar con el gobierno? Señala que “Una vez que acordamos con el Gobierno llevar adelante esto, nosotros llevamos adelante la licitación; si hay apelaciones las resolvemos nosotros mismos y esas apelaciones no detienen los procesos. Por lo tanto, los plazos que proponemos para hacer las cosas se cumplen.” He aquí el meollo del asunto: el tema esencialmente surge por los atrasos que experimentan las apelaciones en el proceso actual que tienen en la Contraloría General de la República. Por eso surge esta decisión de no “pasar por los controles estatales” que define la Ley de Contratación Administrativa vigente, como dijo la funcionaria de CONAVI.

Debo indicar que se nota que, de parte de la Contraloría, ha existido cierto grado de avance en cuanto a solucionar el problema expuesto, tal como lo refleja el refrendo que aquella entidad accedió otorgar, el 22 de agosto del 2014, al contrato por $3.3 millones entre CONAVI y la UNOPS, para “gestionar los diseños y la construcción de las estructuras sobre el río Virilla en la ruta 32, la radial a Lindora y el puente sobre el río Pirro, en la entrada de Heredia,” así como en otro refrendo que la Contraloría otorgó el 18 de marzo del 2014 para un contrato adicional por $1.7 millones de dólares entre CONAVI y la UNOPS, “para los trámites relacionados con los pasos a desnivel” en diferentes rotondas de la vía de Circunvalación.

Hace ya buen tiempo, el 5 y el 7 de junio del 2002, escribí sendos artículos en La Nación, titulados respectivamente “Los Costos de las Apelaciones” y “Contratación Administrativa”, con el propósito de agilizar el lento proceso de resolución que experimentaban las apelaciones ante la Contraloría, para que se otorgaran los contratos en el sector público.  En sencillo, propuse que, quien apelaba y perdía dicha apelación ante la Contraloría, pagaría un porcentaje del valor del contrato como compensación por la decisión de apelar. De esta manera, se desincentivaba lo que he llamado el “juego de las apelaciones”, mediante el cual, dado que el costo de presentarlas es esencialmente mínimo, se estimulaba hacerlo con cualquier resolución adversa de un contrato con el gobierno. Esta facilidad para apelar implica un enorme costo para la sociedad, mediante el uso de estrategias que expuse en mi comentario “Los Costos de las Apelaciones”, que cito a continuación.

El primer costo es que las apelaciones “retrasan la ejecución de obras o gastos públicos, hechos que originan un elevado costo financiero”; el segundo es que “facilita la colusión en contra del proceso competitivo que se supone debe regir la contratación en el Estado”, pues permite excluir del cartel a competidores díscolos, así como también impide la entrada de nuevos competidores y permite al ganador posponer la vigencia del contrato cuando no cuenta con los recursos necesarios para empezar a cumplir. El tercer costo es que “las apelaciones que se dan en ciertos sectores objeto de un cambio tecnológico significativo (como, por ejemplo, en computación) tienen el efecto de que el Estado no puede obtener la tecnología de punta que inicialmente pretendió lograr”. El cuarto es que, como hay una “posibilidad de que las apelaciones no constituyan solo un medio de lograr un grado de control sobre la actuación de la administración, sino más bien una forma adicional mediante la cual los oferentes pueden jugar con los costos, [eso] hace que también se distorsionen otras partes esenciales de los mecanismos de licitación”. Finalmente, un quinto costo para la sociedad es que “la adjudicación final de las licitaciones por apelaciones injustificadas puede poner en juego aspectos vitales de la forma de vida que hemos escogido los costarricenses, tal es el caso de apelaciones a licitaciones de medicinas y equipos de salud en el caso de nuestros sistemas hospitalarios y de seguridad social.”
Ante todos esos costos, propuse en mis comentarios del 2002 una reforma que aligeraría los procesos de apelaciones y que, por ende, lograría apurar las obras públicas licitadas. Esta es precisamente la razón por la que ahora el estado está acudiendo a negociar con un organismo externo a la legalidad formal en el país (UNOPS), a fin de poder aliviar en algo aquellos costos expuestos, derivados de un procedimiento engorroso vigente en la legislación que ampara a la Contraloría, incluso permitiendo contrataciones de manera directa.  Sin embargo, el statu quo interno y externo de la Contraloría rechazó la propuesta, ni siquiera fue acogida por algún legislador interesado en el tema. Es por eso que hoy tenemos que incurrir en ese costo adicional concreto que se debe pagar a la agencia de las Naciones Unidos, de un promedio aproximado del 4% del valor del proyecto que administraría. No dudo que el beneficio posiblemente sea superior a ese costo; pero hay formas más económicas que la expuesta, que permiten arreglar la maraña y el atolladero actuales que tan costosos le salen a la sociedad como un todo. Esa reforma haría un poco más eficiente a un estado ineficiente.

Nada más una nota adicional. La Nación del 18 de junio tiene un comentario titulado “CCSS evalúa ceder torre médica a ONU: Plan de ampliación del Calderón Guardia,” que, al igual que ya lo hizo el MOPT, por medio de CONAVE, se contrataría a la UNOPS para evitar los atrasos en la Contraloría con las apelaciones. ¿Será este una secuencia que conduce a la extinción de todo este proceso actualmente centralizado, en lo que considero es un sistema ineficiente dentro de la Contraloría General de la República? Quedan advertidos…

Jorge Corrales Quesada

lunes, 13 de julio de 2015

Tema Polémico: Colegiatura y Libertad de Trabajo y Contratación

      En las últimas semanas han aparecido sendas noticias respecto al desempeño de los profesionales en Derecho. Incluso, el Colegio de Abogados preocupado por lo que parece ser una especie de epidemia legal ha querido instaurar un examen de conocimientos básicos a efectos de lograr incorporarse y consecuentemente poder ejercer la profesión.

       En ASOJOD como tesis de principio nos oponemos a la existencia de Colegios Profesionales en el tanto y cuanto estos funcionen como filtros para autorizar a una persona a ejercer determinada profesión. En este sentido, nos parece que lo más sano es un sistema de libre trabajo y contratación, ligado por supuesto a una fuerte responsabilidad.

     Ahora bien, no quiere decir esto que estemos en contra de las agrupaciones libres de profesionales, sino únicamente cuando estas resultan obligatorias para el ejercicio de la profesión. En este sentido, el Colegio de Abogados (o cualquier otro) podría cumplir un rol muy interesante de “certificador”. Es decir, sería muy útil que por razones de mercado existieran organizaciones serias y con credibilidad que certificaran a los profesionales (que libremente quieran certificarse), a efectos de dar insumos a los usuarios a la hora de contratar a determinada persona. Los que no deseen certificarse pues simplemente correrán el riesgo económico de no ser contratados.

       Sin duda alguna la existencia de malos profesionales (en cualquier campo) puede resultar un serio dolor de cabeza para la ciudadanía, la pregunta del caso es cómo resolver esta situación: con más o menos libertad…

martes, 7 de julio de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: pasarle la torta a las generaciones futuras

No es extraño que un gobierno decida no tomar medidas políticamente “incómodas” o que le signifiquen una erogación impensada de dineros.  Prima posponer la decisión y dejarla, si acaso, flotando por allí. Privilegia con ello la idea de que, “el que venga atrás, que arreé con todo.” Esto sucede en especial cuando los gobernantes de turno perciben que el gobierno que les ha de seguir, no viene del mismo partido suyo o bien que, aunque sean de su mismo partido, no son propiamente amigotes suyos. 

La Nación del 16 de junio trae un artículo pertinente para este tema.  Lo titula “Gobierno pagará ₡7.000 millones por la negligencia del MINAE: Por ahorrarse ₡2 millones, Ministerio no reparó tierras inundadas por finquero en 1998.” Resulta que un individuo irresponsable (de acuerdo con el periódico, de nombre “Asdrúbal Campos Campos”) desvió al río Buenaventura de su cauce original en Caño Blanco, distrito de Buenavista de Guatuso, con el objetivo de “secar su finca y, en teoría, hacerla más productiva.” Se trata de una finca de 1.800 hectáreas. 

Esa decisión causó tal daño a terceros, que el Tribunal Penal de San Carlos le condenó en el 2001 con ₡100.000 “y le exigió devolver las aguas del río a su cauce original, lo cual nunca pasó. En la sentencia, se le ordenó a la Dirección General de Vida Silvestre del MINAE que hiciera los trabajos, a costa de Campos, lo cual tampoco sucedió.” Según esta oficina, no se hizo esto último porque, adujeron, “en el 2002 intentaron cumplir la orden, pero no disponían de los ₡2.550.000 para hacerlo.” Además, porque “en el 2004 volvieron a intentar el arreglo, pero que aunque costaba ₡1.960.000, tampoco tenían los recursos para hacerlo.” Según nota de ese ente, del 21 de setiembre del 2011, esa entidad gubernamental no había hecho nada al respecto. Es decir, en el MINAE se la “pelaron” incumpliendo una decisión de un tribunal, que requería que consiguieran cerca de ₡2 millones para que se hicieran las reparaciones necesarias. Ese monto sería luego cobrado por el estado al responsable original, señor Campos. 

El tamal se destapa ahora –17 años después de que sucedieron los hechos y 14 luego de la decisión comentada del Tribunal Penal de San Carlos, arriba mencionada. En torno a esto me parece que, en parte, tiene razón el diputado de Frente Amplio, Edgardo Araya, en cuanto a que el estado resarza a “28 copropietarios de las 10 fincas afectadas por Campos”, para lo cual pidió que en el presupuesto extraordinario se incluya una partida por ₡2.000 millones, como parte de un pago total de ₡7.000 millones que se debe efectuar. Indico tal suma porque, en opinión del diputado Araya, si este asunto va a dar al “Contencioso [Tribunal Contencioso-Administrativo], el Estado tendría que pagarles entre ₡15.000 millones y ₡20.000 millones. ¿Por qué exponer al Estado?”, agregó el señor Araya.

He escrito que puede tener razón en parte, porque es por la incapacidad de un estado ineficiente de cumplir con la orden de un Tribunal, que ahora se quiere pasar el costo a toda la ciudadanía y no a los verdaderos responsables. Me molesta que, como uno de esos ciudadanos que podríamos terminar pagando esta torpeza de burócratas, simplemente se nos pase la factura y que no sea cubierta por quienes, por su incapacidad, no pudieron conseguir una partida de alrededor de ₡2 millones, en un presupuesto que permitiera hacer el arreglo y para cobrársela luego al responsable del daño. Es increíble la imprevisión de los burócratas que por no actuar debidamente, no consiguieron esos 2 millones y ahora nos podría costar a los ciudadanos ₡7.000 millones si no es que más.
Hay un aire de impunidad que no me agrada para nada: Una burocracia puede dejar de hacer lo que le corresponde (y en este caso obligada por un Tribunal) y los daños de tal displicencia ahora los tendremos que pagar todos los contribuyentes. Es una mala señal para un gobierno que debería responsabilizar a sus funcionarios por los malos actos, incluso cuando provengan de una omisión tan evidente.

Pero, escaldado este gato ante tanto “vivazo” que hay por este mundo, no me parece que la partida propuesta por el diputado Araya está bien documentada (al menos al momento en que escribo esto, a fines de junio del 2015). Considero apropiada la propuesta del actual jerarca del MINAE, señor Edgar Gutiérrez, de adquirir con dicha partida las 1.800 hectáreas afectadas por el desvío de aquel río para incorporarlas al humedal de Caño Negro. Pero es necesario conocer, con pelos y señales, los nombres de los 23 co-propietarios agricultores que fueron afectados con el desvío de los ríos, incluyendo los de propietarios de las sociedades anónimas que parecen como dueñas de esas tierras anegadas, así como que, antes de definir cifra alguna, se determine, tal vez por peritos del ministerio de Hacienda, el costo verdadero por indemnizar. Eso porque la propuesta del diputado Araya es para indemnizar a esas personas, pero no estipula, en mi opinión, la información necesaria acerca de los potenciales beneficiados con ese gasto.

De antemano, creo que debe ser una corte de ley la que diga si es que el Estado (todos nosotros) es el que debe realizar tal compensación de daños, por medio de una ley de este tipo. Asimismo, me parece que el método propuesto abre un portillo peligroso para que, por medio de instancias políticas, se le termine entregando dinero de nuestros impuestos a grupos concretos de personas. Tal consulta ante una Corte debe ser planteada formalmente ya por el ministerio del caso, pues eso demostraría la buena fe del gobierno actual (una especie de propósito de enmienda), lo cual, evidentemente, sería tomado en consideración, ante lo sucedido, por cualquier juez sensato, pero, a la vez, con eso se evita cualquier posibilidad de abuso y que así se haga justicia si hay algo indebido.

Los burócratas negligentes no deben eludir su responsabilidad, que ahora se le va a endosar a la sociedad como un todo.  Su indiferencia y descuido ante los hechos no deben quedar impunes, pues nadie se traga el cuento de que no fue posible conseguir los dos millones que se requerían en su momento para resolver un problema y, sobre todo, para acatar la voluntad de la ley. Esa es una torta que injustamente se traslada a las generaciones futuras, pues simplemente para pagar lo debido, lo que probablemente harán es buscar recursos de algún lado, ya sea mediante impuestos, inflación o endeudamiento. No hay quite. Simplemente aquellos burócratas pasaron el costo de su incapacidad a las generaciones actuales: veníamos luego en el tiempo y ahora pagamos facturas viejas incumplidas. 

El futuro nos ha alcanzado ahora.
 
Jorge Corrales Quesada

lunes, 6 de julio de 2015

Tema polémico: la tribu contra Trum

Recientemente, el magnate estadounidense y contendiente en la carrera por ser nominado por el Partido Repúblicano para la candidatura presidencial de ese país, Donald Trump, manifestó criterios polémicos contra la inmigración ilegal y, particularmente, su impacto en la seguridad de los estadounidenses.

De inmediato, por los cuatro vientes se han propagado respuestas de reprobación, censura y malestar por las declaraciones del pintoresco personaje. Cadenas televisivas como Univisión y NBC, así como tiendas como Macy's y organizaciones como NASCAR rápidamente han roto relaciones con el magnate, propietario de la franquicia "Miss Universo" por considerar sus comentarios como racistas y xenofóbicos. Incluso, ya nuestro país y otros como México y Panamá, no sólo han advertido que no trasmitirán el concurso de belleza sino que, en señal de protesta, no enviarán representantes para la edición de este año.

Más allá del reconocimiento de comentarios como una estrategia mediática de Trump para visibilizarse y subir en las encuestas -en donde no había estado bien posicionado- y del siempre recurrente discurso del "otro" como enemigo común y causante de todos los problemas para unificar a la población con fines políticos y desviar la atención de las verdaderas razones que provocan los mismos, la reacción de los latinos nos muestra que estamos lejos de superar esa mentalidad tribalista que por tantos años nos ha caracterizado. 

En ASOJOD no vamos a defender a Trump -para aquellos que posiblemente lo vayan a pensar- ni el ataque a las personas, independientemente de su origen. Siempre hemos sido contundentes en criticar el nacionalismo o cualquier otra expresión cultural que pretenda ensalzar a una etnia, grupo o nacionalidad por encima de las otras; pero asimismo, somos vehementes para oponernos a esa mentalidad de tribu con la que los ofendidos responden. 

¿Es que los problemas de los países latinoamericanos -pobreza, corrupción, enfermedades, violencia, narcotráfico, inseguridad, falta de oportunidades, Estados gigantes que ahogan cualquier iniciativa privada- no son lo suficientemente serios y numerosos como para dedicar tiempo a unos comentarios estúpidos de un tipo que se está aprovechando de la cobertura mediática para conseguir sus fines políticos? ¿Tan débil es la autoestima de quienes vivimos en esta región del mundo que unas simples declaraciones causan tanta ofensa y tanto lamento? ¿Tan acomplejados están que no pueden sencillamente tener oídos sordos para palabras necias y concentrarse en aquello que de verdad nos afecta?

Lo más lamentable es que hemos dejado de preocuparnos cuando nos insultan o atacan como personas, por nuestros valores, nuestras ideas, nuestros principios o nuestros gustos, y comenzamos solo a escandalizarnos cuando la crítica va dirigida al colectivo en el  torpemente decidimos fijar como parámetro que determina nuestra identidad. Parece que ya no valemos, ni nos importa, ser individuos, sino que existimos en función de que seamos heterosexuales, gays, latinoamericanos, estadounidenses, mexicanos, costarricenses, negros, blancos, abogados, médicos, ingenieros veganos, vegetarianos, carnívoros, etc. 

Hemos dejado de ofendernos por aquello que realmente nos debería preocupar: políticos limitando nuestra libertad, nuestra propiedad privada, nuestros derechos para decidir sobre nuestras vidas, nuestros esfuerzos por construir un mejor mañana, para estar más pendientes del comentario contra el colectivo. Nos ha dejado de indignar lo que destruye nuestra esencia y nos anula como personas para levantar polvorín cada vez que mancillen la etiqueta de la tribu a la que decidimos anexarnos.  

Esas son las cosas que atribulan nuestra mente. ¿Y luego por qué permanecemos en el subdesarrollo?