Desde la tribuna: ¿quienes proponen libertad y razón?

En cierto modo, todos somos cómplices del clientelismo electoral.  Ello por cuanto no acentuamos suficientemente lo importante en la campaña electoral y dejamos que decurra el juego de las promesas, ofrecimientos y demagogia.

¿Cómo empezó?  Ha sido una larga historia.  Ofreciendo cosas, prometiendo casas, endulzando el oído con supuestas reivindicaciones hasta que, a final, todo se ha enredado y nos desenvolvemos en un ambiente diferente.

Porque todos se van poniendo superlativos.  Uno pone el bono de la vivienda, el otro ofrece que sea gratuito, aquel ofrece bono más algo y finalmente repartimos y repartimos y la sociedad va como el cangrejo, “p’atrás”.

¿Será tan difícil proponer cosas honestas y útiles, productivas y llenas de responsabilidad?  ¿Por ejemplo, contratación administrativa apropiada, transparente y racional?

¿Será que ya no se puede hablar de promover el trabajo, la creación de fuentes de empleo sostenibles, un ambiente propicio para la generación de empresas y que el trabajo y el salario rindan?

¿Será que ya no se puede hablar de racionalizar la tramitomanía que azota a nuestra sociedad y de desintoxicar al Estado de tanta permisopatía y burocracia?

¿Será que ya no es atractivo hablar de libertad, del derecho de cada cual a construir su vida con su esfuerzo y trabajo, de la responsabilidad de asumir la labor de sacar adelante las familias con la dirección de los padres de familia?

¿Será que ya es imposible hablar de una educación de calidad, exigente y liberadora?

¿Será que se ha vuelto complicado hablar de un sistema jurídico racional, razonable, respetuoso de la libertad y de la iniciativa personal?

¿Tanto nos hemos complicado y pervertido?

¡Qué triste!  Todos repartiendo los bienes de los demás como si no hubiera derechos, ofreciendo lo que el inútil Estado es incapaz de dar, prometiendo normas y leyes como si allí estuviera la posibilidad.

Quisiera saber cuánta gente está dispuesta a revertir tan fatal tendencia y apuntarse a una sociedad inteligente, en el cual rinda el trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad, en la cual impere la razón y el respeto, en la cual se pueda trabajar y no se sufra la constante amenaza de un estatismo irresponsable y de una burocracia llena de gollerías y privilegios.

Quisiera saber cuántos estamos dispuestos a luchar contra los monopolios y burocracia que nos encarece la vida, que nos impone falsas verdades, que impide el desarrollo y solo piensa en paquetes tributarios.

Estoy seguro de que muchos de quienes engrosan las filas del abstencionismo están ahí porque perciben la grosería de las promesas y la demagogia, de la corrupción y el estatismo, de los privilegios y la complicación.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: candidaturas con salario

Hace poco tiempo, el frustrado candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández, puso sobre el tapete la idea de que a los postulantes debería pagárseles un salario para permitir una verdadera democratización electoral, pues con el sistema actual, solo las personas de mucho dinero pueden darse el lujo de dejar sus ocupaciones y dedicarse a una campaña sin recibir una remuneración. Por supuesto que con ese planteamiento, ardió Troya. Los comentarios críticos hacia esa idea y los calificativos de oportunismo y enriquecimiento a costa de los tax payers no se hicieron esperar y la propuesta no quedó más que en el baúl de los recuerdos. ¡Por dicha!

No obstante, nos preocupa que si bien compartimos el repudio a esa idea, la oposición se centre únicamente en cuanto a candidatos presidenciales, cuando la realidad es que los postulantes a otros puestos de elección popular están desangrando al erario público sin que nadie diga nada, ni se inmute, como pasa con algunos Diputados que se convierten en candidatos presidenciales o con funcionarios del Gobierno Central, instituciones autónomas o Municipalidades que participan como candidatos a la Presidencia, Diputados, Regidores o Alcaldes, sin tener que renunciar a sus cargos y sus salarios mientras están en campaña.

Si bien los artículos 109 y 132 de la Constitución Política establencen claramente quiénes NO podrán ser Diputados ni Presidentes respectivamente y el numeral 146 del Código Electoral dispone que los funcionarios públicos tienen prohibición para dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Solamente el Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y Viceministros, el Contralor y Subcontralor, el Defensor y Defensor Adjunto, el Procurador General y el Procurador General Adjunto, los Presidentes Ejecutivos y miembros de Juntas Directivas de instituciones autónomas, gerentes y subgerentes de instituciones autónomas y entes públicos estatales, los policías, agentes del OIJ, empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia, no podrán participar en ninguna actividad de carácter político-electoral ni hacer ostentación pública de preferencia partidaria.

Es claro entonces que salvo para la lista cerrada de funcionarios mencionados, la prohibición aplica para los funcionarios públicos solamente durante horas laborales. Es decir, durante el resto del día no hay ningún impedimento para dedicarse a actividades político-electorales. Ahora bien, resuelto ese problema caemos en otro: ¿qué pasa con el sueldo de esos funcionarios, aún cuando participen en horarios distintos al laboral? Vamos a omitir la discusión cuando se trata de funcionarios que colaboran en las campañas, simpatizantes, participantes indirectos en el proceso electoral para concentrarnos exclusivamente en los que postulan su nombre como candidatos.

El artículo 33, inciso 5) del Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954, "Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y sus reformas" establece que se puede otorgar una licencia sin goce de salario de

"(...) Cuatro años, a instancia de cualquier institución del Estado, o de otra Dependencia del Poder Ejecutivo, o cuando se trate del cónyuge de un funcionario nombrado en el Servicio Exterior; o en los casos de los funcionarios nombrados en otros cargos públicos. El plazo anterior podrá ampliarse hasta por un período igual, cuando subsistan las causas que motivaron la licencia original".

Si bien pareciera ser muy claro que el funcionario con puesto en propiedad que decide postularse a un cargo de elección popular tendrá una licencia sin goce de salario durante el tiempo que dure el nombramiento en caso de obtenerlo, no es igualmente claro cuando se trate solo de candidaturas. Es decir, con el vacío normativo, perfectamente ese funcionario, independiemente del resultado final de la elección, podría estar recibiendo remuneración con fondos públicos durante la campaña y la licencia sin goce de salario sólo le aplica en caso de asumir el nuevo cargo. 

Lo anterior se desprende de la lectura del Dictamen Nº 078 del 14 de marzo de 2008 de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Resolución Nº Nº 2689-E8-2009 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). A este respecto, dice el TSE en la citada resolución sobre el cuestionamiento de si debe o no renunciar Johnny Araya al cargo de Alcalde Municipal de San José para postularse a la Presidencia de la República: 

"Acerca del caso concreto importa precisar, primeramente, que la legalidad de la licencia sin goce de salario extendida por el Concejo Municipal de San José al señor Johnny Araya Monge es un asunto de índole administrativa que escapa a las competencias de la jurisdicción electoral y que compete dilucidar en otras instancias como lo son la propia Corporación Municipal, conforme a la autonomía política y administrativa que le concede la Constitución Política, la Procuraduría de la Ética Pública, en el campo de sus atribuciones, o la propia jurisdicción contencioso-administrativa. 

(...)

En la inteligencia señalada, teniéndose en cuenta que el otorgamiento de la licencia en cuestión es un acto administrativo ajeno a las potestades de este Tribunal, cuya invalidez no ha sido declarada, resulta improcedente la cancelación de la credencial contra el señor Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José. Cabe resaltar que la licencia otorgada al señor Araya Monge se origina en un acuerdo del Concejo Municipal de San José, razón por la cual es la actuación del Concejo la que los recurrentes invocan. Por esta razón, también resulta innecesario ordenar la apertura de un procedimiento administrativo de cancelación de credenciales ante la Inspección Electoral de este Tribunal, dado que la licencia concedida cobija la inasistencia a labores del Alcalde Municipal.

En otras palabras, si bien el presupuesto de inasistencia a las labores por más de ocho días constituye uno de los motivos de cancelación de la credencial de un alcalde, es lo cierto que en la especie se ampara en una licencia otorgada por el Concejo Municipal y ese acto administrativo no ha sido declarado inválido; declaratoria eventual que, en todo caso, podría acarrear responsabilidad para quienes otorgaron el permiso pero no para quien lo solicitó, máxime si tomamos en cuenta que lo fue sin goce salarial.” (el resaltado no es del original).

(...)

Así las cosas, quienes se desempeñen como alcaldes, al tener tan solo prohibición relativa de intervenir en actividades políticas de los partidos políticos y no estar en la lista de funcionarios con incompatibilidad para aspirar a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, no tienen la obligación de renunciar a la alcaldía para postularse a dichos cargos.

Ante ello, resulta jurídicamente posible que un alcalde municipal se postule para Presidente de la República y continúe desempeñando el cargo municipal. Sin embargo, tendrá que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentre en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándole vedado utilizar su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales. Por tanto,

Se interpreta que los alcaldes municipales no están en la obligación de renunciar a su cargo para postularse como candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, tendrán que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentren en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándoles vedado valerse de su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales".

En este orden de ideas, es dable pensar que, en virtud del principio de igualdad ante la ley, si el Alcalde no está obligado a renunciar a su puesto para postularse a Presidente de la República, entonces cualquier otro funcionario que decida ser candidato a Diputado, Regidor o Alcalde, tampoco debería estar obligado, excepto que específicamente así lo establezca una ley, como en los casos señalados en los que están debidamente establecidas las prohibiciones e incompatibilidades para la postulación. 

Ahora bien, ¿cuál es el problema?  El problema se da en dos dimensiones: la primera, si un funcionario público con su puesto en propiedad decide postularse a un cargo de elección popular, podría percibir su remuneración sin impedimentos -exponiéndose eso sí a la denuncia moral cuando sus contrincantes lo descubran-. Si gana, utilizó ese dinero para su campaña, teniendo una ventaja indebida frente a estos, si es que ellos no son también funcionarios públicos. Si pierde, regresa a su puesto, a seguir devengando un slaario. En cualquier caso, independientemente del resultado de la elección, ese candidato asumirá de forma privada todos los beneficios -exposición mediática, poder, un puesto y nuevos ingresos en caso de ganar- y socializará las pérdidas -si le alcanzan los votos a su partido para redimirlos en bonos de contribución estatal a las campañas-, pues todos los ciudadanos terminaremos pagando su aventura, sea con su salario o sea con la deuda política. 

La segunda es el posible conflicto de intereses que podría presentarse cuando un funcionario público pasa a ocupar un puesto, por ejemplo, de Diputado. Reiterados ejemplos existen en nuestra realidad política con empleados del ICE, CCSS o de las Universidades Estatales, apenas por citar algunas, que llegan a Cuesta de Mora y participan en el proceso decisional de proyectos de ley relacionados con las instituciones a las que pertenecen, generando beneficios para estas o, incluso, para ellos. Muchos tratan de calmar las suspicacias retirándose de la votación de las iniciativas, pero olvidan que, en virtud de su cargo, ejercen el papel de lobbystas, impulsando iniciativas, negociando e incluso amenazando a otros legisladores con bloquear proyectos de su interés si no apoyan la otra, haciendo de ese retiro un mero formalismo. 

Así, han logrado privilegios con fondos de pensiones, reconocimientos de derechos laborales, exoneraciones, tratamientos diferenciados para los funcionarios de su institución o bloqueando reformas necesarias que la burocracia interna rechaza, como en el caso de la apertura en el mercado de energía que cuenta con la oposición de Diputados que hace casi cuatro años, vestían la camiseta del ICE. Sin duda, ese puesto les da privilegios para legislar en beneficio propio, sin tener que enfrentar eventuales procesos judiciales pues no aparecieron el día de la votación y con eso salvan cualquier responsabilidad. 

En ASOJOD hemos manifestado nuestra fuerte oposición al financiamiento público de los partidos políticos y por supuesto al pago de salarios para los candidatos a ocupar cualquier puesto de elección popular. Y en esta ocasión, también hacemos público nuestro repudio a la posibilidad de que funcionarios públicos, sean de elección popular o con puestos en propiedad, puedan recibir su salario mientras se dedican a una campaña. Si alguien quiere ocupar un cargo, perfecto, que lo haga al amparo de los derechos constitucionales que le asisten. Pero que asuma el costo y el riesgo de hacerlo, que renuncie al puesto público que desempeña. No se vale que se valgan de los recursos de todos los tax payers para participar como candidtatos en una campaña electoral mientras reciben una remuneración pagada con nuestros recursos para, en caso de ganar, llegar a ocupar un nuevo puesto mientras deja "congelado" el propio y desde el cual puede operar en su propio favor para, terminado el mandato, regresar a disfrutar los privilegios que se granjeó.

Tema polémico: Hablando ¿claro?

El día de hoy queríamos dedicarlo para analizar el daño que causan en general nuestros medios de comunicación, cuando expresan opiniones como si fueran verdaderos juicios “analíticos” (hablando en términos kantianos). Es decir, expresan opiniones, como si las mismas fueran ciertas en si mismas, sin advertir que lo que hay detrás de las mismas es el paradigma (Kuhn) dominante de nuestros tiempos: la necesidad del Estado de intervenir lo privado para alcanzar bienestar general.

Habiendo desnudado nuestro objetivo, deseamos presentar un sencillo pero ejemplificante caso. El día 10 de abril del presente año en los micrófonos de “Hablando Claro”  se encontraba el presidente del TSE Luis Antonio Sobrado. En ese momento, se discutía una serie de reformas que se pretenden efectuar sobre la materia electoral. Particularmente, nos interesó aquella que se refería a la obligación de los medios de comunicación de otorgar espacios gratuitos para los partidos políticos. Inmediatamente, los entrevistadores resaltaron la conveniencia de dicha propuesta, advirtiendo además que cualquier oposición sólo podría ser fruto del afán codicioso y materialista de los dueños de los medios. Desafortunadamente dicho análisis que pretende ser crítico, no es más que el mero reflejo del paradigma dominante, el cual nos condena a afirmar sin pensar, pero lo que es peor, nos constriñe a esperar que todos los demás asentamos ante una verdad tan obvia y manifiesta.

Pues este día, en ASOJOD queremos atrevernos a ser diferentes, y proponer un análisis alternativo. Parece que todo resulta muy claro: existe un bien superior que es la democracia, al cual cualquier interés particular debe ceder en beneficio de la mayorías. Así las cosas, quién podría ser tan mezquino para objetar dicha reforma. El problema, es que el mundo es más complejo que el simple juego maniqueo que se nos vende: individuos privados malos que deben ser regulados por el Estado. Un ejemplo muy sencillo para desmentir esto: la libertad de conciencia. En ASOJOD, vemos un problema de fondo mucho más grande con dicha propuesta (más allá del tema de regalarle espacio al Estado) y es precisamente el tema de la libertad de conciencia. Pensemos por un momento, en un dueño de medios que sea homosexual: por qué esta persona va a tener que poner al servicio de un tipejo como Justo Orozco todo lo que ha producido con el sudor de su frente, para escucharlo decir que es un pecador o alguien con una enfermedad. Igualmente, por qué un dueño de medios que por ejemplo sea pro vida, tiene que prestar sus recursos para escuchar a un político que abogue a favor del aborto.

Como se ve, cualquier propuesta tiene siempre un sin fin de implicaciones: éticas, políticas, sociológicas, económicas, etc, implicaciones que no pueden ser analizadas correctamente a partir de una aplicación en automático de un paradigma tan pobre e ingenuo. Lo más triste, es que esas meras opiniones infundadas y precoces pasen en nuestro medio como análisis críticos de la realidad nacional.

Jumanji empresarial: trilogía poética

Los caballeros de la política
 

Los caballeros de la política desde ya alistan sus armas, afinan su discurso, escogen a sus chivos.
Los caballeros de la política desde ya preparan sus mentiras, sacan a relucir sus máscaras, abren sus billeteras.
Los caballeros de la política desde ya adoctrinan a sus familias, seleccionan a sus amigos, identifican a sus enemigos.
¡Los caballeros de la política desde ya dejaron de ser humanos!

 

¡El príncipe ha llegado!

¡El príncipe ha llegado!
desde la Iberia, fue anunciada su llegada,
sin ser caudillo en propiedad, solo por relación, de padre e hijo y ambición,
su asamblea es convocada, sus soldados anunciados,
sea suya o de su padre, la autoridad se le es dada,
confianza pide, y confianza se le ha dado.

Olvidando su pasada vanidad,
olvidando su pasada insensatez,
olvidando que una vez,
el olvido a su tierra,
y esta a él,
y a su desfachatez.

Parásitos y Burócratas

La muerte y los impuestos no se pueden evitar, 

de las garras del burócrata, no podemos escapar.

De seguridad y sustento, el burócrata, no se tiene que ocupar,
mientras otros inseguros, velen por su bienestar,
chupa, chupa el parasito, a su huésped sangrara,
caso omiso a su ignorancia,
caso omiso a su violencia,
caso omiso a su suicidio,

Y es así, como el parasito y el burócrata, al huésped y al inseguro, algún día, mataran.

La columna de Carlos Federico Smith: freno a la desesperanza

Entre otras cosas, me llaman la atención dos resultados obtenidos a partir de la reciente encuesta de la firma UNIMER. El primero es la creciente tendencia a una mayor abstención del voto ciudadano en las próximas elecciones nacionales. Los datos para julio indican que un 35% de los votantes no votará, en tanto que la cifra correspondiente para enero fue de un 22%. El segundo resultado de la encuesta que concita mi interés es la mayor predisposición de los ciudadanos para que se conforme un partido político nuevo que se oponga a Liberación Nacional, en contraste con una menor preferencia que indica que dicha contienda sea producto de la alianza de los actuales partidos de oposición.

Opino que para el elector el tema crucial implícito es cómo enfrentar el hecho aparente de que el Partido Liberación Nacional saldrá unido y ganador en las próximas elecciones. Sí, tengo muy presente que falta mucho rato para que éstas se lleven a cabo y muchas cosas pueden pasar en ese lapso, pero la encuesta brinda una radiografía de la opinión que a la fecha tiene el ciudadano. Me parece que claramente piensa que Liberación tiene mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones y que, relativamente insatisfecho con ello, valora las posibilidades de que los electores puedan enfrentarlo mediante una coalición de los partidos existentes o con la conformación de uno nuevo.

A pesar de sus aparentes discrepancias y pleitos electoreros, la más explícita demostración de que todos esos aspavientes entre partidarios de Liberación Nacional no es más que eso, puros ademanes, es que, a la hora de las cosas y desde ya parecen revelarlo, estarán en el amasiato que ya conocemos. Un episodio de la serie de televisión de los Sopranos, la familia mafiosa de Nueva Jersey, exhibe claramente esa conducta.  En tanto había dudas de quién iba a ser el jefe de la mafia, todos los interesados en posesionarse del cargo se peleaban entre sí (violentamente era el caso). Pero, una vez definido, todos ellos se comportaron como obedientes ovejitas ante el capo de tutti il capi. Tal como ahora lo hacen, hablando horrores de los contrincantes, haciendo movidas para favorecer el momento de su elección, guardando silencios falsos y oportunistas en cuanto a decidir si participan en la contienda, además de que se rasgan las vestiduras en cuanto a la incapacidad y corruptela que ha rodeado esta administración de su propio partido, apenas tengan definido al jefe de turno, todos estarán mansitos a su lado.

Hay que entender bien el fenómeno político: lo único que les interesa es el poder y en la búsqueda de su logro o conservación harán lo que sea necesario. Ante la ciudadanía, algunos de esos políticos señalan ser radicalmente diferentes de los que lideran otros grupos dentro de su partido, de los cuales dicen avergonzarse. Pero, a la hora de las cosas, el instinto de supervivencia y la necesidad de conservar el poder (y de ser parte de él), harán que se unan. La mejor anticipación de esta conducta es una foto publicada hace poquitos días en el periódico La Nación, en donde, en la misma mesa política de la dirigencia partidaria, se ven sentaditos, sonrientes y casi que encariñados, a los precandidatos Arias, Figueres, Araya y Berrocal. El precandidato Álvarez posiblemente estuvo ausente del aquelarre porque no estaba en el país. Juntos y revueltos, mientras que la ciudadanía se angustia a un grado tal, que está dispuesta, en un altísimo porcentaje, a no votar en las próximas elecciones. Con esta conducta del ciudadano votante cuenta Liberación para ser re-electo en el poder.

Gran parte de esa desazón ciudadana se origina en la conducta exhibida por los sectores llamados de la oposición, que, después de muchos cuestionamientos, ampliamente conocidos, de varios de sus más destacados líderes, simplemente cree que si cada uno de esos grupos políticos que la compone lanza por separado su candidato presidencial, será suficiente para derrotar a Liberación. Este es en mucho el problema de la oposición: no dispone de líderes que aglutinen a los electores en un porcentaje significativo, tal que permita que se le considere una opción real a Liberación. Si los grupos de la oposición salen cada uno por separado, tengan por seguro que la derrota les abrazará con toda su fuerza. Incluso lograrán que surja una Asamblea Legislativa en donde la suma de sus minorías no será mayor que la de Liberación.  Esto es, podrían hasta perder su mayoría legislativa relativa de la que gozan hoy. Entre tanto, el dilema que encara el elector liberacionista no parece ser el de si votan por su partido, sino más bien por cuál de los precandidatos que hoy se exhiben lo harán. Y ello a pesar del tan cuestionado y mal gobierno actual de su partido.

La angustia de muchos ciudadanos partidarios de un cambio en los Poderes Ejecutivo y Legislativo llega a un grado tal, que indica preferir la conformación de un partido político nuevo, en vez de que surja una coalición de los partidos de la oposición.  Esta idea, que no me disgusta, tan sólo enfrenta una realidad que la hace casi imposible: ¿No se han dado cuenta acaso de lo difícil que es, política y legalmente, conformar un partido nuevo en Costa Rica? No se trata de soplar y hacer botellas y de pronto, ¡zas!, aquí está la tabla de salvación.  No sólo el marco jurídico actual favorece claramente al oligopolio de partidos existentes, sino que un partido político nuevo requiere de un financiamiento, que hoy más bien parece orientarse hacia quien tiene mayores posibilidades de ganar las elecciones y, por ende, repartir favores y protección.

Dado lo expuesto, la oposición tiente ante sí una enorme obligación ante la ciudadanía: en un marco de decencia básico, entendiendo la necesidad de priorizar intereses esenciales y dejar de lado otros (negociar a lo interno), buscar como presentar un candidato que los votantes acepten con algún grado de confianza, como para que vayan a votar por él y la coalición en las próximas elecciones. Esta parece ser la única opción viable en este momento, ante lo que evidencia ser el monopolio del poder político que representa Liberación. Si la oposición no actúa en consonancia, será corresponsable, por una parte, de que Liberación siga gobernando y, por otra, que se estimule el surgimiento de grupos extremos, que, para mal, capitalicen una muy bien fundamentada inconformidad ciudadana. Sonará meloso, pero creo que las buenas personas, los buenos ciudadanos, que creo hacen mayoría en este país, merecemos un mejor destino del que hoy se vislumbra.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: Figueres y el electorado

Sin duda alguna, el evento político de la semana pasada fue la presentación del "Plan País" del escurridizo José María Figueres. De más está decir que el mismo generó las más diversas opiniones, favorables y desfavorables, pero nuestro interés no es centrarnos en su contenido ni intención, sino en la actitud del electorado respecto a la figura del exmandatario.
 

En primer lugar, cabe destacar un hecho lamentable acerca de la expectativa provocada por el "plan Figueres": el evidente mesianismo político que caracteriza a buena parte de los costarricenses, que siguen creyendo que con la venida cuasi milagrosa del caudillo, se resolverán los problemas. "Ahora sí hay norte", "ahora sí hay propuestas para combatir los problemas del país" habrán pensado los más incautos. Prensa, políticos, académicos y ciudadanos en general se comieron las uñas durante las semanas de espera que duró el mediático exPresidente, un genio -debemos reconocerlo- en las labores histriónicas, en las artes mediáticas para absorber y convencer, como ya lo había demostrado en aquella lacrimógena entrevista realizada por Ignacio Santos. En ese momento, entre sollozos y lamentos, todo se confabuló como para pensar que habían hecho una mancuerna para lograr el perdón y la lástima de los costarricenses. Y, por lo visto, parece que lo lograron, presunción confirmada por la encuesta publicada ayer por La Nación, en la que declara un empate técnico para la candidatura presidencial del PLN entre Arias, Araya y Figueres (a pesar de que éste ni siquiera se ha anunciado como precandidato). 

En ASOJOD encontramos impresionante e increíble que buena parte del electorado se haya comido el cuento de Figueres o que, contrario a lo que inocentemente pensamos, sean votantes cínicos, sin pudor, vergüenza ni conciencia histórica, a los que no les importan las serias dudas que pesan sobre el accionar de Figueres en el trístemente célebre caso de ICE-Alcatel. Al menos, buena parte de los miembros del PUSC se alejaron de ese partido cuando dos de sus figuras fueron declaradas culpables por participar en actos de corrupción. Pero eso es mucho pedir para los liberacionistas, que llevan años justificando lo injustificable, defendiendo lo indefendible o guardando silencio ante los abrumadores hechos deleznables que recaen sobre los miembros de ese partido y, por los cuales, la Fiscalía no ha movido un solo dedo, como si lo ha hecho contra otras organizaciones políticas acusadas por hechos iguales o menos graves que los cometidos por algunos verdiblancos.

Quienes han estado esperando la venida del Mesías liberacionista, se comieron las uñas por el famoso "plan" que bajaba, cuales tablas de Moisés, con los mandamientos que deben seguir para alcanzar la felicidad y quienes están dando su apoyo a Figueres, sin siquiera cuestionarse los hechos que nublan sus aspiraciones y otros tantos que no han tenido tanta resonancia mediática pero que son igual de criticables, dejan mucho que desear y siembran de desesperanza el futuro político de Costa Rica. Esperemos que sean minoría y no puedan llegar al poder, pero si por la víspera se saca el día, las opciones en otras aceras no son moral ni políticamente muy diferentes. 

Tema polémico: el programa de Delegados Presidenciales

Para este Tema polémico, en ASOJOD queremos abordar el programa de Delegados Presidenciales que fue creado durante la primera Administración Arias Sánchez (1986-1990). Este programa tenía como objetivo central coordinar proyectos entre las localidades y las instituciones estatales, mediante el trabajo de funcionarios nombrados por el Presidente de la República para que sirvieran como un enlace y canal de comunicación entre las partes. Su función era colaborar en la solución de problemas e informar a sus superiores de conflictos o peticiones.

Durante la actual Administración, el Viceministro de la Presidencia reavivó el interés de darle un nuevo impulso al programa (aún vigente). La novedosa iniciativa busca posicionar a los delegados como parte del engranaje de la lucha contra la pobreza que dirige el Consejo Presidencial de Bienestar Social. Además, se trataría que los delegados nombrados con requisitos del Servicio Civil y no como actualmente ocurre, por recomendación de los Diputados. Asimismo, se les daría un horario y una oficina, posiblemente, en las municipalidades y su financiamiento provendría de una partida de 500 millones de colones que el Ejecutivo intentará incorporar en el próximo Presupuesto de la República.

Ante esta propuesta, el lector podrá notar el absoluto desdén e irrespeto hacia la autonomía municipal. Para los políticos tradicionales que impulsan este programa, el Gobierno Local tiene la función de ser la oficina comunal para atender pegabanderas y repartir sus favores clientelistas. Y si bien la lista de críticas a este programa puede ser kilométrica, en ASOJOD quremos centrarnos en dos aspectos que procederemos a explicar.

En primer lugar, está la falta de transparencia y duplicidad de funciones. Hace tres años, la Contraloría General de la República había señalado la existencia de débiles controles y funciones confusas por parte del Programa. En ese entonces, el órgano Contralor concluyó que muchas de las tareas de los delegados son competencia de otros órganos del Estado como las municipalidades, el Ministerio de Seguridad y hasta la Contraloría.

Lo anterior refleja un síntoma propio de muestro país: el centralismo excesivo de la toma de decisiones y la necesidad, casi patológica, de tener ingerencia en la toma de decisiones locales. He aquí la primera incongruencia: si existen instituciones encargadas de coordinar a distintas dependencias y funciones entre instituciones, ¿por qué delegar esta tarea en otras personas?, ¿Por qué pagarle a cualquier hijo de vecino para que haga lo que otros ya hacen? ¿Qué pasa con el dinero de todos los costarricenses? Así las cosas, cuando tenemos dos personas haciendo lo mismo, una que se supone preparada para asumir la tarea y otra que no, entonces ¿quién es el intruso?, ¿Quién está de más? Ante tanta sinrazón sólo existe una respuesta coherente: la voracidad política de la cúpula que dirige al Partido en el Gobierno (no precisamente liderada por la Presidenta) busca extender sus tentáculos por todos los resquicios de institucionalidad, para seguir haciendo el trabajo de organización territorial para la campaña electoral siguiente.

La segunda incongruencia se origina en la propia naturaleza del delegado. Si la participación activa de los ciudadanos es tan loable, ¿por qué no realizan sus tareas gratuitamente? ¿Por qué tiene que mediar el Ejecutivo? ¿No es preferible que surja de la propia voluntad de los ciudadanos la participación en los asuntos de la comunidad? ¿Dónde queda la espontaneidad ciudadana? De nuevo, solamente existe una explicación y, curiosamente, es la misma: a los políticos que impulsan este mamarracho no les interesa la participación ciudadana, sino únicamente tener una clientela política consolidada para que hagan la labor encomendada cada cuatro años.

Sin duda, el programa de Delegados Presidenciales está rodeado de serias dudas e incongruencias, teñidas por las peores prácticas clientelares en momentos donde las arcas públicas pasan por dificultades. La naturaleza del político es la búsqueda del poder, pero las democracias modernas han creado límites y contrapesos para equilibrar el sistema. Es en este sentido que la oposición tiene el deber de frenar cualquier aspiración encaminada a fortalecer este desdichado plan. En ASOJOD esperamos que, como mínimo, se rechace su inclusión en el Presupuesto Nacional.

El PAC resultó un fiasco

El PAC surgió como una idea política bien intencionada en respuesta a un descontento generalizado de los ciudadanos contra los partidos tradicionales. Su discurso resultó sumamente atractivo para un grupo muy heterogéneo de personas que se aglutinó en torno a sus filas y lo hizo crecer como la espuma. Presentaron un ideario que sonaba como música celestial y aseguraron que conduciría a la tierra prometida. Lograron calar muy hondo con la campaña de la ética, de la lucha contra la corrupción, de exigir el cumplimiento de los programas de gobierno, de terminar con las mentiras de campaña y destrabar la Asamblea Legislativa.

Falta de madurez. Sin embargo, el colofón de tanta maravilla se dio el mismo día de las elecciones cuando, al verse derrotados, en una actitud inaudita, los altos dirigentes del PAC desconocieron el resultado, alegaron fraude y dudaron de la integridad del Tribunal Supremo de Elecciones. Dicha conducta solo se exacerbó con el referendo; así quedó de sobra demostrado que en la cúpula recalcitrante del PAC hay una actitud de desconfianza y rechazo general por todas las instituciones democráticas. Similar actitud tienen los comunistas criollos, que creen en la democracia solo cuando esta los favorece; de lo contrario, se convierten en energúmenos.

Esa falta de madurez política está llevando a los diputados del PAC a cometer una estafa intelectual y material en contra del pronunciamiento soberano del pueblo. Resulta deprimente ver a un grupo de 18 diputados inteligentes y todo un grupo de asesores perdiendo su valioso tiempo escribiendo y defendiendo más de 5.000 mociones absurdas, repetitivas, sin ningún sentido, con el solo objetivo de no dejar que se voten las leyes complementarias. Don Ottón ni siquiera los ha dejado sentarse a negociar, como se hace en cualquier parlamento del mundo. La tozudez y la miopía han llegado a tal punto que no se han interesado en impulsar proyectos de su programa de gobierno a cambio de no obstruir y permitir que se conforme el quórum. La consigna, o más bien el mandato, pareciera ser: no hagan nada productivo, defiendan lo indefendible a toda costa, aunque hagan el ridículo. Debe ser harto frustrante y humillante tener que obedecer órdenes de actuar como ineptos, sin serlo.

Rolando Guzmán