Tema polémico: libertad de expresión y redes sociales

La libertad de expresión es ese derecho humano fundamental que nos garantiza poder manifestar nuestras ideas y creencias. En él se fundan los valores que sustentan nuestra forma de vida, nuestra cultura y en gran medida los conceptos de democracia y convivencia.

La libertad de expresión es el camino ancho de las libertades, el puente que necesitamos para transitar de la libertad del pensamiento hacia la libre difusión de las ideas. Sin ese camino nos privaríamos de la información, de la prensa libre, de las creaciones artísticas y literarias, de las ideas y de la producción de conocimiento, es decir, sin ella no hay progreso humano posible.

Así, la libertad de expresión es para la sociedad el mejor barómetro de la sana democracia. Basta observar, por ejemplo, el funcionamiento de los medios de comunicación y valorar la independencia de los periodistas para saber si estamos en presencia de una sociedad libre y democrática, o si lo que existe es el eco del statu quo gubernamental, de las voces oficiales y las limitaciones a la expresión libre de la ciudadanía.

El auge de las plataformas de comunicación digital a través de las redes sociales ha planteado nuevos escenarios para la libertad de expresión. Hoy cada ciudadano con acceso a Internet tiene un camino tan ancho como nunca antes en la historia de la humanidad para pasar, casi sin filtros ni limitaciones, del mundo de las ideas al mundo de la difusión de las ideas. Con las nuevas herramientas digitales de comunicación quedó atrás la época en que ese salto era exclusivo para aquellos con recursos y acceso a los medios tradicionales de difusión de ideas.

La frase “todo tiempo pasado fue mejor” no puede estar más lejos cuando de libre expresión se trata, pero tampoco podemos ignorar que este nuevo mundo de las comunicaciones digitales y las redes sociales nos obliga a repensar aquella frontera, ahora tensa, entre la libre expresión y la responsabilidad ante lo manifestado.

El tema adquiere relevancia en Costa Rica cuando en los Tribunales de Justicia se desarrolla un juicio entre la ex presidenta de la República, Laura Chinchilla contra el empresario Alberto Rodríguez Baldí, teniendo como tema de fondo precisamente la supuesta difamación del Baldí contra Chinchilla, a través de redes sociales.

El resultado de este caso sin duda sentará un precedente en el país, pero la sentencia que dicten los jueces no nos debe confundir. El juicio de la expresidenta Chinchilla contra el señor Baldí no trata de reescribir los términos de la libertad de expresión, ni de interpretar su fundamento, garantizados ya en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, así como en Convenios Internacionales aprobados por Costa Rica y sentencias de nuestra Sala Constitucional.

La libertad de expresión de la que gozamos sigue siendo la misma, y la responsabilidad que implica también, con o sin redes sociales. De lo que se trata es de madurar y comprender el uso de las nuevas herramientas de comunicación y sus implicaciones.

El precedente que siente el juicio entre Chinchilla y Rodríguez Baldí debe orientarnos hacia la correcta utilización de las herramientas de comunicación digital. La evaluación de las políticas públicas, así como la fiscalización de la actuación de nuestros representantes deben ser rigurosas, pero deben estar amparadas en la búsqueda legítima de la verdad.

Sin importar el resultado de la querella el tema debe estar sobre la palestra pública. El contenido del señalado artículo constitucional debe verterse e interpretarse a la luz del nuevo paradigma comunicacional que plantean las redes sociales. Ese es el reto que enfrentamos todos los usuarios de las redes sociales: entender hasta dónde podemos llegar, cuál es el límite, casi siempre difuso, entre la crítica legítima, sana, racional e informada, y el abuso en el ejercicio de este derecho.

Tema Polémico: Política de Comercio Exterior, herramienta desaprovechada

Se terminó el gobierno de doña Laura y en ASOJOD nos sumamos a los millones de costarricenses que nos quedamos muy decepcionados con su labor. Hay mucho que criticar de este gobierno saliente pero el día de hoy queremos analizar la labor en política de comercio exterior.

Durante el gobierno de doña Laura se terminaron de concretar varios tratados de libre comercio con países y zonas relevantes para nuestro intercambio internacional. Se implementaron tratados con la Unión Europea, con China y se finalizaron negociaciones bilaterales con países miembros de la Alianza del Pacífico con el objetivo clarísimo de formar parte en un futuro cercano de ese grupo, objetivo que nos parece bastante bueno. Irónicamente, las acciones específicas en negociaciones de tratados comerciales de este pasado gobierno nos parecieron bastante acertadas. Claramente se dieron pasos muy importantes en apertura comercial y eso siempre lo hemos apoyado pues comprendemos los grandes beneficios del comercio internacional sin amarras para bajar precios, generar empleos, fomentar la competencia, etc; especialmente para una economía tan pequeña como la nuestra. Lastimosamente eso es lo único que hizo bien esa administración en este aspecto.

Que pena que doña Laura y su equipo nunca comprendieron que los tratados de libre comercio son únicamente una herramienta y el éxito del comercio internacional en un país depende de muchas otras cosas más. Este país se abrió al comercio internacional pero hizo muy poco para incrementar la competitividad y poder aprovechar al máximo esas herramientas. Doña Laura nos deja un país con altos costos de energía, infraestructura decadente, altos niveles de tramitología, condiciones laborales muy rígidas, educación desmejorada y altas tasas de interés resultado de un elevadísimo déficit fiscal. Nos parece muy bien que doña Laura se haya abierto más al comercio exterior pero parece que nunca comprendió que las personas que invierten en el país se fijan en muchas cosas más.

Ojalá que don Luis Guillermo Solis y su gente pueda comprender esto y tome las medidas necesarias para mejorar los niveles de competitividad y hacer negocios del país. Esperamos que no se le olvide que el Gobierno no genera riqueza. Este señor habla mucho de repartir la riqueza (tema que podría ser debate para otro día) pero no se pude repartir algo que no se genera y es el sector privado el que genera la riqueza por lo que es conveniente que en el país se fomenten las condiciones para que cada día se pueda generar más riqueza.

Tema polémico: un primer paso hacia el parlamentarismo

El pasado 1° de mayo, Laura Chinchilla rindió su último Informe ante la Asamblea Legislativa, para dar cuenta de sus acciones, logros y carencias -aunque prácticamente omitió esta parte-. Sin embargo, una vez finalizado, se fue a su casa y no sabemos si, posteriormente, puso atención al ejercicio de control político que realizan los Diputados en cumplimiento del artículo 193 del Reglaemento Legislativo, al analizar dicho informe y exponer sus argumentos, como crítica o como apoyo a las palabras de quien encabeza el Ejecutivo. 

Sin duda, el hecho de que, como lo señala el supracitado artículo, el análisis del Mensaje Presidencial se realice en los dos días hábiles siguientes al 1° de mayo sin la presencia del mandatario (a) se presta para pensar que, efectivamente, este hace caso omiso a los cuestionamientos, observaciones y reflexiones que hacen los miembros del Congreso.

Lo anterior es muy lamentable porque no se le permite al ciudadano -a través de sus representantes políticos e incluso directamente a través de redes sociales y radio o televisión- participar en un debate serio, responsable y agudo, donde el Presidente de la República no solo mencione sus logros y aciertos, sino que deba dar cuenta de las deficiencias, de los incumplimientos, de las limitaciones de su gestión, como ocurre en los sistemas parlamentarios, especialmente de Europa. Allí, quienes hemos tenido la oportunidad de observarlos por televisión -y algunos hasta presencialmente- es posible observar acaloradas discusiones, cifras que sustentan las posiciones, argumentos sólidos a favor o en contra que, incuestionablemente, enriquecen el criterio político tanto de los participantes como del público en general. En fin, una discusión de nivel que favorece a todos los actores políticos.

En Costa Rica, no obstante, ese mandato constitucional del Informe Presidencial se toma a la ligera, como un simple requisito que cumple el Presidente un 1° de mayo, en el que se dedica a hacer una campaña publicitaria en la que resalta lo que le conviene y omite lo que le compromete y, posteriormente, los legisladores deben hacer reflexiones hacia la pared, sin que aquel los escuche, los refute, les explique sus razones o reconozca sus fallos. ¿Cómo corregir entonces lo que se hace mal si los responsables ni siquiera desean escuchar los cuestionamientos? Quizá ese solipsismo del Ejecutivo es, en buena parte, la razón por que las cosas en este país no cambian.

Tanto se ha negado la sociedad costarricense al debate, a la discusión, a la dialéctica, que ha olvidado su importancia. Se le considera pérdida de tiempo sin entender que ese "toma y daca" político permite comprender los alcances y limitaciones de las políticas públicas, las falencias institucionales, las restricciones normativas, el acierto o desacierto analítico y de gestión de los actores políticos, señala los puntos que hay que corregir, cultiva la necesaria rendición de cuentas, alimenta la cultura de asumir responsabilidades ante los fallos y se erige como un ejercicio cívico que le permite a los costarricenses tener más claridad de lo que se ha hecho con su dinero. 

Reformar este artículo del Reglamento Legislativo debe ser prioridad en la nueva Asamblea Legislativa. Es un primer paso hacia el parlamentarismo, un primer paso para emular esa rica cultura del debate y rendición de cuentas que tanta falta nos hace aquí para aceptar que tenemos problemas y hay que corregir el curso.  

Esperamos que el PAC, que históricamente se ha abanderado con la transparencia, tenga la misma actitud ahora que es Ejecutivo. Deseamos que la primer orden emitida por el Presidente Luis Guillermo Solís de cortar los árboles que tapaban la vista hacia Casa Presidencial como un mensaje de que no existirán obstáculos que impidan a los costarricenses ver qué se hace allí, sea un simbolismo que represente una actitud comprometida para derribar ese espeso bosque que hoy no permite que la ciudadanía acceda al balance real de las acciones.  Es su oportunidad histórica para ser diferentes de aquellos a quienes relevaron.

Desde la tribuna: ¡Ay, qué Estado más ineficiente!

El Estado costarricense ha llegado a un punto inaceptable de ineficiencia.  Ni siquiera respeta en el margen mínimo la legislación atinente al servicio público. ¿Continuidad?  No la vemos. ¿Eficiencia?  ¿Es un chiste?  ¿Igualdad?  Pues tampoco, porque aunque nos tiene a todos mal, la verdad es que se ensaña con algunos.  ¿Adaptación?  Muchos menos. No quiero hacer leña del árbol caído, pero las cosas no pintan bien.

Hemos puesto muchas cosas en manos del Estado y se ha cumplido aquello de que “quien mucho abarca …”. Lo más grave es el abandono de las tareas o funciones primarias encomendadas al Estado.   Se ha olvidado el principio de acción subsidiaria y se ha cargado al Estado de funciones y tareas.  Los estatistas han querido todo en manos del Estado y ello ha resultado en desastre.

No se trata de una falta inocente.  Hay unos pocos que se benefician de la situación para prometer y repartir lo ajeno, para concentrar el poder y obtener sus gollerías.  Y hay unos muchos que caen en doble carácter de culpables y víctimas del clientelismo político, esperanzados en lograr lo prometido, aunque sea ajeno y olvidando las responsabilidades personales.

El colapso de la infraestructura pública en los últimos años, la inutilidad para aplicar correctamente legislación que en otros países ha sido una solución importante para obtener infraestructura (concesión de obra pública), el crecimiento del gasto corriente, el gran endeudamiento público y el aumento de gollerías son la prueba indefectible de lo que pasa.

Todo la anécdota del colapso de unas alcantarillas en la carretera de circunvalación de San José, por los Hatillos y los siguientes hechos son de antología.  Millonaria colocación de puentes modulares que no sirvieron para nada (aunque alguien cobró), caos vehicular, ocurrencia de aumentar la restricción vehicular, Cartago no se queda atrás y exhibe su hueco (frente al CUC), Heredia también logra uno en la radial y en la Autopista General Cañas hacia Alajuela se empieza a lavar el talud construido con exceso de millones hace unos pocos meses (además de que se intenta el tercer millonario arreglo al puente sobre el río Virilla, el de la famosa platina).

Paralelamente, la Contraloría General de la República señala que es realmente anómalo que la carretera 27, la de Caldera, no haya sido entregada, esté exhibiendo congestionamientos y no se termine de acabar.  Pero no hay que olvidar que los tribunales contenciosos condenaron a la Administración Pública por la irregular remoción de la compañía supervisora (IMNSA), por no “acomodarse” al juego y reportar cientos de “no conformidades” con lo que pasaba en la construcción de esta obra.

Si queremos sumar anomalías, podemos mencionar que aún no se ha arreglado el techo del Estadio Nacional, que ardió en un “discutible” juego de pólvora, contratado luego de que otro empresario polvorero manifestó que no había condiciones para ello.  Este hecho debe sumarse al intento del PLN de desviar 226 millones de colones de un presupuesto del CNP, a fin de cubrir los saldos de los Juegos Centroamericanos celebrados como si fueran los Olímpicos, con exceso de pompa y circunstancia y concluidos con los alegres ritmos de Carlos Vives. 

Ineficiencia, corrupción añadida, clientelismo y demagogia:  una fatal combinación     que arruina a nuestra sociedad. 

Requerimos más libertad, más sociedad, más respeto al principio de acción subsidiaria del Estado, más responsabilidad personal y cumplimiento de las líneas constitucionales básicas.  Ello redundará en una situación con menos corrupción y menos clientelismo, sin lugar para tanta demagogia y con oportunidad para un poco de eficiencia pública.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: himno a los desaguisados

Pasadas la resaca de las festividades patrias, es claro que hay que hacer algunas reflexiones sobre lo acontecido los últimos días. Ayer, durante el tradicional discurso del 15 de septiembre, la Presidente Chinchilla entonó su himno a los desaguisados. Lanzó sus acostumbradas sandeces frente a una ciudadanía que ya no sabe qué más esperar de este triste espectáculo político del que, según se sabe, se ruega -con promesas de romería incluidas- para que finalice. 

El más reciente capítulo de sus desatinos fue la propuesta de un nuevo paquetazo de impuestos, disfrazado con el eufemismo de reforma fiscal. Después del fracaso del Plan de Solidaridad Tributaria, que contó con la oposición del 75% de los costarricenses y de la tímida medida de contención del gasto público, que se concentró en tratar de reducir el ritmo de crecimiento de este pero no disminuirlo en su totalidad, doña Laura nos sale con una solicitud a los líderes de los demás partidos para que la ayuden a cumplir sus promesas de campaña y tengan recursos a futuro para hacer "realidad" las propias, al tiempo que les recuerda que "cuentan con un gobierno generoso para unir esfuerzos para impulsar reformas de las que se beneficiarían futuros gobiernos”. 

Este curioso ofrecimiento, al igual que la llamada que hizo a todos los sectores el 1º de mayo de este año para dialogar, no es más que una pose. Ha sido evidente que este Gobierno no escucha, no razona, no considera, no reflexiona y, mucho menos, dialoga. Y si no lo ha hecho antes, no lo hará ahora. ¿O acaso alguien es tan iluso para pensar que, en esta ocasión, doña Laura sí tomará en cuenta todas las sugerencias de los distintos sectores para hacer una reforma integral que haga más competitivo al país, más atractivo para la inversión y el ahorro? Estamos seguros que la famosa reforma no será más que un aumento de impuestos, creación de otros y ampliación de la burocracia para su recaudación y administración, al tiempo que esto influirá en un incremento general del gasto público pues esperarán más recursos para gastar a manos llenas y recoger la cosecha de clientela electoral. 

Sin embargo, más que terquedad, creemos que insistir en aumentar los impuestos es estupidez. Y discúlpennos por la dureza de nuestras líneas pero a estas alturas de la historia humana, pensar que un país requiere cobrar más impuestos para desarrollarse y, peor aún, confiar en que un Gobierno usará responsablemente ese dinero para la prestación de servicios y no para darle empleo a los pegabanderas que llevaron al partido al poder, consolidar los negocios de ciertos clanes y alimentar a su clientelismo, solo puede ser signo de un severo daño cerebral. 

¿Cómo pretende, según dijo ayer la mandataria respaldada por el flamante Ministro de Planificación -que ni planifica ni administra ni hace nada bien- que se le reconozcan los logros de su Administración (¿cuáles en más de tres años?) si cada vez que pueden plantean o ejecutan verdaderas idioteces? ¿Cómo tener algún tipo de consideración a estas alturas si ha sido uno tras otro fallo, una tras otra estupidez, una tras otra cochinada de un gobierno que, sin duda, ha sido el peor de los últimos años en un país que ya no sólo se cae a pedazos, literalmente, sino desde todo punto de vista.  

Desde la tribuna: vamos por mal camino

Esta semana han aparecido dos informaciones importantes que para el pelo y complican el futuro de todos los costarricenses.

El periódico La Nación señala que la “Carga de la deuda del sector público crece a pasos agigantados”. Por su parte el diario La Prensa Libre consigna que “el gasto del gobierno se disparó en ¢326 mil millones”.

La información combinada demuestra que el gobierno gasta más y que se endeuda más. Esto es grave  para la sociedad costarricense. Es una hipoteca del futuro.

La Administración pública ha deshonrado su ofrecimiento de racionalizar el gasto y, además, está fomentando mayor endeudamiento público.

El hecho, además muy evidente, es que no hay inversión significativa sino aumento del gasto corriente, mayor planilla, mucho gasto en publicidad gubernamental y poco cumplimiento de metas.

Esto implica un círculo vicioso:  mayor gasto corriente, mayor endeudamiento llevará a un mayor servicio de la deuda y menos posibilidad de inversión en el futuro. Menos flexibilidad para tomar decisiones y un gasto comprometido en deuda y planilla.

Casi de modo automático se fomenta un gran daño social.  Una sociedad que mantiene a un Estado, a un inmenso aparato público, que la endeuda, que le impide avanzar, que compromete el progreso, que aumenta el número de empleados sin resultados  significativos, que impone rigidez en el futuro gasto público y que complica el adecuado desempeño de las futuras administraciones.

Tal desmesurado crecimiento del gasto público y del endeudamiento conlleva, además, la amenaza de mayores impuestos y de un difícil desempeño del sector productivo.

Dice la escritura que “por sus hechos los conoceréis”.  Dice la práctica del periodismo, de modo análogo, que “no hay que atender a lo que dicen sino a lo que hacen”.  Expresa el refranero popular que “obras son amores y no buenas razones”.  Esta Administración dice que se había comprometido a bajar el crecimiento del gasto público y a racionalizarlo y ha resultado mentira.  La realidad es que el gasto y el endeudamiento nos atosigan y complican el futuro de todos.

¡Que no digan que nadie lo avisó! 

Federico Malavassi Calvo 

Desde la tribuna: entre la platina y la trocha mocha

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes acaba de aprobar una nueva contratación para arreglar el puente de la platina o la platina del puente, ¡da igual!  (se trata de un daño sufrido por el puente sobre el río Virilla, en la Autopista General Cañas –San José –Alajuela).

Este daño y la inutilidad del MOPT al respecto evidencia la falta de competencia del Estado costarricense para enfrentar cierta clase de tareas y, sobre todo, para hacerlas bien.  La “platina” sintetiza el estado de cosas y la postración estatal.
 

Una nueva contratación ahora de más de cuatro mil millones de colones.  Ya se habían dado dos gastos igualmente contabilizados en miles de millones de colones y el resultado había sido desastroso. 
El MOPT fue medio descompuesto en Consejos especializados en los cuales los funcionarios ganan más pero la eficiencia no parece avanzar.  El resultado claro es que el Estado ha perdido competencia, eficiencia y capacidad.  Digo medio descompuesto por varias razones, una de ellas es que siguen vivas las viejas dependencias.  En algunos casos los funcionarios pasan a los nuevos consejos pero, con la filosofía del mono (“no soltar una rama en tanto no se agarre la otra”) salen con permiso a ganar mejor a otro órgano, pero manteniendo su viejo puesto.  Además, en algunos casos no son más que los mismos haciendo lo mismo, pero ahora en un órgano de nombre diferente.
 

Por otro lado, las noticias de la investigación judicial acerca de los gastos (perdidos, botados, desperdiciados) en la llamada “trocha mocha” (carretera o trocha fronteriza) evidencian que hubo baile, ron, fiesta y vacilón con los dineros públicos.  ¡Qué relajo!
 

Miles de millones desperdiciados … ese es el resultado de la gestión estatal.  Súmele los gastos de Recope en la “recochina”  (refinería de Recope y la China) y se verá que se trata de más de veinticinco millones de dólares (quizás hasta cincuenta) en estudios que la Contraloría ha rechazado.    El jerarca del sector, en lugar de renunciar y botar a todos los responsables, concomitantemente con una gestión de cobro y devolución de estos gastos hechos a través de una sociedad caribeña, más bien pide un “plan B”. 
 

Todo esto sucede porque ponemos demasiadas cosas en manos públicas (monopolios, gestión de infraestructura, gastos de emergencias) confiando en el Estado y sus funcionarios. 
 

Al Estado hay que reducirlo, racionalizarlo, controlarlo, quitarle funciones, declararlo incompetente e inútil ineficiente, entender que campea la corrupción y desmitificar las creencias que le erigen como único para determinadas tareas.
 

Las pruebas son evidentes e incontrastables.

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: una refinería alternativa

La refinería conocida como SORESCO (o refinería china), que RECOPE y la China National Oil Petroleum Company (CNPC) planean llevar a cabo conjuntamente, parece ser un negociado inconveniente para los costarricenses. No sólo se ha puesto en evidencia un claro conflicto de intereses en la negociación de la propuesta, sino que también se han utilizado dudosos procesos legales de contratación. Asimismo, el proyecto terminará por imponer un costo muy elevado al ciudadano, a lo cual se debe agregar que, posiblemente, posee problemas técnicos, de rentabilidad y que podría constituir indebidamente una extensión internacional del monopolio que tiene RECOPE, el cual ahora compartirá con SORESCO.

El año pasado, los economistas Leiner Vargas, Carlos Leiva y Juan Antonio Rodríguez formularon una serie de críticas a dicho negociado, pero éstas aún no han sido debidamente contestadas. Tan sólo hace pocos días, don Leiner insistió en lo que considera una falta de claridad de muchas cosas en torno al proyecto de marras.

Se han expuesto públicamente situaciones claras de posible corrupción derivada de conflictos de intereses, cual es, en un primer caso, la contratación de una subsidiaria de la empresa china codueña de SORESCO (la firma Huanqiu Contracting and Engineering Corporation cuya dueña es también la China National Petroleum Company, socia de RECOPE en el proyecto de la refinería) para que hiciera el estudio de rentabilidad de la inversión y de una eventual puesta en marcha del proyecto. En un segundo caso, se contrató a la empresa estadounidense Honeywell, para que analizara el defectuoso estudio inicial -públicamente reconocido- de Huanqiu Contracting. Como Honeywell no pudo determinar si el proyecto era rentable y que, más bien, los montos estimados de inversión habían sido sobreestimados, SORESCO entonces contrató a la empresa WorleyParsons Limited, para que revisara los hallazgos, hasta ese momento, de los dos consultores antes citados.  Resulta que quien hizo el estudio no fue WorleyParsons Limited, sino una empresa conjunta que WorleyParsons tiene con una subsidiaria de la China Petroleum Company  (Esta es la empresa socia de RECOPE en SORESCO). Tan sólo estos dos casos ponen en duda la independencia necesaria que debe haber entre quienes hacen los estudios y todos aquellos que van a llevar a cabo la inversión.  Esa independencia es especialmente crucial, dado que en la inversión de SORESCO participa RECOPE con un 50%, como socia de los chinos. ¿Falta de cuidado elemental de parte de RECOPE? No creo que sean tan tontos. ¿Chorizo en marcha? Lo dejo para que usted lo considere.

Don Manrique Jiménez, un distinguido abogado especialista en asuntos de contratación administrativa, hizo públicas sus críticas a la forma como se ha procedido con las negociaciones.  Yo las comparto y las resumo en que no se han seguido las leyes de contratación pública del país, siendo que RECOPE es parte del estado costarricense. No entiendo cómo, simplemente, RECOPE escogió a dedo a un socio, sin sacarlo a licitación pública y que ello fue, supuestamente, aceptado por las autoridades contraloras. No me extenderé en temas de derecho, que no es mi campo, pero ciertamente no comparto lo que la Contraloría -dicen- ha permitido al respecto.

Recuerdo que una de las críticas, que casi desde sus inicios se le formuló al proyecto de SORESCO, era que la refinería propuesta tenía una capacidad muy pequeña, con lo cual difícilmente podría resultar ser económicamente rentable.  En cierto momento se indicó que una capacidad de refinación deseable era de unos 200.000 barriles diarios, en vez de los 60.000 o 65.000 que se ha indicado tendrá la refinería de SORESCO.  Sobre este asunto de la capacidad instalada óptima no se ha vuelto a indicar nada.

El tema de la forma en que se financiará el proyecto es también muy interesante, pues se ha indicado que el costo de los $1.300 millones por la construcción de la nueva refinería y final del proyecto de alrededor de $1.500 millones será cubierto en unos $900 millones por un préstamo del gobierno chino y el resto por el aporte social de SORESCO (partes iguales entre chinos y RECOPE). El monto total requerido, para empezar, ha venido aumentando conforme ha ido pasando el tiempo. Al momento en que escribo esto, no se conocen con toda claridad las cláusulas del eventual financiamiento. En todo caso, esa deuda de $900 millones aumentaría la ya muy elevada deuda pública del país, pues RECOPE es parte del sector público y el endeudamiento aparentemente sería suscrito entre los gobiernos de China –el acreedor- y el de Costa Rica, como deudor. Esto último significaría para cada costarricense una deuda adicional per cápita de aproximadamente $200 (alrededor de ¢100.000).  Eso es lo que, sin considerar los intereses, cada uno de nosotros le deberá pagar al gobierno chino. Para ello, SORESCO le garantiza el pago de un arrendamiento al socio chino durante 15 años.  Según lo que se ha informado, China considera que la tasa interna de retorno del proyecto debe ser de un 16%, lo cual le serviría de base, supuestamente, para que se pague esa deuda con ellos. Sin embargo, ya se han hecho señalamientos de que, dada la capacidad de refinación propuesta y a fin de lograr esa rentabilidad requerida, que incluso se ha señalado en ciertos estudios que sería de un 19.6%, será necesario que el precio de los combustibles suba entre $18 y 20 por barril. Eso lo pagaremos todos nosotros.

Ello lo dice el ingeniero químico Reinhardt Acuña, “En términos simples, para poder Soresco lograr esa rentabilidad, deberá refinar con un margen de ganancia que asegure los US$ 18 a US$20/barril lo que significa que para poder lograrlo, deberá subir el precio de los combustibles hasta un punto que les permita alcanzar ese margen. Ese es el propósito de producir únicamente los combustibles más caros y rentables… Como siempre el que pagará los platos rotos será el consumidor; como siempre, con precios elevadísimos de combustibles.” (Comentario electrónico al artículo de La Extra, del 1 de junio del 2013, “China prestará $900 mills. para la nueva refinería”.)

Estas son parte de mis dudas que no he visto aclararse. Por ello, lo veo como un proyecto, tal como está constituido, que resulta ser muy arriesgado, en donde cada uno de nosotros tendría que asumir parte del riesgo.  Como ciudadano que deberá pagar eventualmente esos fondos, yo no quiero asumir ese riesgo, por lo cual me permito hacer una propuesta para que sean otros quienes lo tomen, a la vez que disfrutaríamos de los bienes que daría una refinería de petróleo en el país.

Frente a la propuesta de desarrollar en Costa Rica una refinería producto de la conjunción de dos entes estatales, RECOPE y la China National Petroleum Company, propongo la alternativa –que eventualmente deberá será mejor desarrollada- de que haya la posibilidad en Costa Rica de realizar una oferta internacional para instalar en el país un refinería privada.  Ello nos garantizaría lo siguiente:

    -Que no haya conflicto de intereses como los observados, pues la refinería privada que podría estar interesada, haría los estudios de rentabilidad necesarios que determinarían que su inversión se justifica. Esos estudios deberían reflejar una rentabilidad verdadera y adecuada de la inversión. En caso contrario, ésta no se llevaría a cabo por los socios privados del proyecto.

    -Que igualmente la capacidad sea la óptima, según las condiciones del mercado. Nadie va a construir una planta industrial cuyo tamaño no sea rentable. Tal vez por ello es que la mayoría de las refinerías occidentales modernas suelen procesar diariamente tres o cuatro veces más barriles de crudo, que como lo haría el proyecto de SORESCO. El tamaño lo definiría, dada la demanda, las posibilidades de oferta de crudo.  El potencial oferente de construir la refinería aquí buscaría tener seguro el suministro del crudo materia prima. Si no lo tiene seguro, no se arriesgaría a llevar a cabo una inversión tan elevada.

    -Las justas preocupaciones medioambientales deben ser igualmente satisfechas de acuerdo con nuestra legislación, ya se trate de una refinería privada o una bi-estatal como SORESCO. Igual debe suceder con todas las reglas jurídicas pertinentes.

    -Dado que los políticos de por aquí nos han dicho que lo más importante de tener una refinería en el país es que no dependeríamos de la oferta internacional de los derivados, sino que “se obtendría el crudo de países amigos”, la refinería privada que se instale en el país deberá observar una cláusula de provisión prioritaria de sus producto a  satisfacer las necesidades nacionales.  De manera, en caso de crisis en la oferta de derivados, tendríamos garantizado el abastecimiento doméstico. El precio sería el mismo al que se venden los productos refinados al resto del mundo.

    -No tendríamos una refinería que fuera monopolio de nada. Deberá existir la posibilidad de que haya otros oferentes en el país. En todo caso, habría siempre la garantía contractual de que, el precio al cual se venden los derivados a Costa Rica, no será superior al que debe pagar el resto del mundo.

    -No habría convenciones colectivas leoninas, en donde los costos derivados de ésta son trasladados automáticamente al consumidor nacional, como sucede en la actualidad mediante precios internos más altos de los derivados.

Finalmente deseo referirme a algo que aún no logro entender acerca de la política energética de este gobierno.  Supongo que está interesado en que se instale en el país la refinería de SORESCO. Es decir, que con ella seguirá siendo preeminente el suministro energético doméstico con base en derivados de petróleo. Sólo que, con  SORESCO, no importaríamos combustibles derivados, sino el crudo, que aquí se refinería.  Una parte de ello se iría exportado al exterior y otra para el consumo doméstico.

Hace pocos días, cuando Obama nos visitó, casi que vimos suplicando a nuestras autoridades ante las de Estados Unidos, para que se nos asegurará que, cuando esa nación empezara a exportar gas natural, dado el enorme “boom” actual de su producción, se nos garantizara su suministro. Tengo entendido que Estados Unidos se ha convertido en la potencia mundial de una forma de energético que, en alto grado, va a sustituir gradualmente al proveniente de la refinación de petróleo.  Ciertos políticos de este país se han referido al gas natural como la fuente más promisoria en cuanto al suministro energético. Pues bien, este gobierno, en vez de proceder al desarrollo de energía con base en el gas natural, obtenido tanto interna como externamente, decide hacerlo, realizando una inversión desproporcionada en una refinería de petróleo en conjunto con el gobierno chino.

No sé si una apertura a la inversión privada internacional para hacer una refinería en el país va a ser aceptable para los inversionistas, en especial si se consideran las posibilidades de un mayor desarrollo con base en el gas natural. Pero la decisión de llevar a cabo una inversión en una refinería de petróleo por agentes privados, no va a poner en riesgo a todos los ciudadanos, sino tan sólo a quienes sean los inversionistas. Serán ellos quienes corran el riesgo. Ese es el contraste entre esa refinería bi-estatal que se quiere construir en el país o dejar que la empresa privada la lleve a cabo: el riesgo en la bi-estatal lo asumimos todos los costarricenses. Las decisiones de hacer la inversión son tomadas por los políticos. Por contraste, si la decisión de invertir la llevan a cabo empresarios privados, lo harán tomando en cuenta la rentabilidad verdadera de la inversión, en comparación con el costo de llevarla a cabo. Actuarán eficientemente. Esto destaca una diferencia esencial que hay entre una inversión privada y una inversión estatal.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: continúa la sangría gubernamental

Probablemente los lectores de ASOJOD habrán notado que muchos de mis artículos recientes en esta columna, han tratado el tema del dispendioso gasto de este gobierno.  De nuevo quiero presentarles muestras de cómo esta administración ha decidido actuar en torno a ciertos gastos concretos, lo cual debiera de interesarle al lector.  Esto porque es el ciudadano quien sufraga esos gastos, ya sea mediante impuestos, pago de tarifas públicas más elevadas o con endeudamiento público, que en algún momento deberá de pagar. Pero ante todo porque esas erogaciones suelen ser muestras de cómo debe ser posible una mejor utilización de nuestros recursos escasos, que muchas veces son usados para satisfacer privilegios o para enriquecer a quienes hacen obra para un estado botarate.

Primero: los ingresos de los empleados de RECOPE. Usted paga esos elevados sueldos como parte del alto precio de los combustibles que nos cobra el monopolio. De acuerdo con un informe publicado en La Nación del 20 de mayo recién pasado, RECOPE tiene 1.600 empleados y la planilla anual de esa entidad es de ¢42.252 millones, lo cual significa un promedio anual por empleado de ¢26 millones en salarios y beneficios incluidos en la convención colectiva de RECOPE. Basada en un reporte de la ARESEP, La Nación reporta que, de cada litro de combustible que se vende, ¢14.56 se van en el pago de esos salarios y privilegios de la convención colectiva. Tal vez si hubiera competencia, en donde los costos comparables son cruciales en la determinación de los precios que se cobran, las reglas de eficiencia harían que esos jugosos salarios sean más comparables con las condiciones del mercado. Es decir, podríamos tener menores costos de planilla y, por esa razón, posiblemente un precio menor de los productos a los consumidores.

Segundo: la publicidad frecuente de Acueductos y Alcantarillados (AyA), en donde nos anuncia acerca de cosas que simplemente debe cumplir con hacer. Me refiero a una propaganda televisiva en que anuncia, pagada por todos nosotros, que Acueductos y Alcantarillados está realizando un censo de fuentes de agua, a fin de satisfacer su demanda. Cualquier persona con dos dedos de frente pensaría que disponer de tal información es algo básico, esencial, en una institución como esa, dedicada a proveer de agua a la ciudadanía.  Para satisfacer su demanda, obviamente tiene que saber cuánta agua es posible obtener en el país. De no hacerlo así, estaría dando palos de ciego en sus actividades. Pues bien, AyA nos anuncia –costosamente y pagado por los ciudadanos- que está en un proceso de averiguación (aparentemente afirma haber ya invertido ¢1.000 millones en ello). ¿No creen ustedes que Acueductos y Alcantarillados podría lograr esa información sin tener que proclamarlo –onerosamente- a los cuatro vientos? El A y A debería de hacerlo calladamente, como parte de su labor elemental.  Con ello el país se ahorraría esa gastadera en la producción y difusión de cosas innecesarias. Eso nos podría reducir los muy elevados costos que hoy estamos pagando por el agua que consumimos.

Segundo bis: Según ese informe de La Nación al cual me referí antes, en tanto que en el 2011 Acueductos y Alcantarillados tenía 6,45 empleados a tiempo completo por cada 1.000 conexiones de agua, Panamá tenía 4,80, Ecuador 2,66 y Colombia 1,95. La fuente de estas informaciones es la Asociación de Entes Reguladores de Agua Potable y Saneamiento de las Américas (ADERASA). Cualquiera que sea la excusa que nos den los burócratas de AyA justificado tanto personal, esas cifras comparativas nos indican que es muy posible que haya exceso de personal en AyA. Claro, esa empleomanía se traduce en tarifas de agua más costosas, más caras, para los consumidores. Ese exagerado incremento en las tarifas de agua lo hemos venido observando recientemente.  Se supone que la Autoridad Regulador de Servicios Públicos (ARESEP) debería de tomar en cuenta esos datos, pues hace poco enfatizó la necesidad de moderar el gasto de ciertas instituciones que él regula, tal como es el caso de AyA. Pero me temo que ARESEP no hará nada al respecto. Tal vez porque bien se aplica aquello de que no se debe mencionar soga en casa de ahorcado.

Tercero: Una genialidad diputadil, digna de ser destacada en el sitio de DonBurro Diputado, es la propuesta que se está gestando en la Asamblea Legislativa para comprar un avión jet, a fin de que doña Laura pueda viajar cómodamente al exterior. Se ha dicho que el más barato de esos aviones sale en $3 millones y que otros más modernos o cómodos llegan a valer $7 u $8 millones.  Me imagino que un jet de los jeques árabes supera esos pocos chumicos, pero nadie se atrevería a pensar que es lo que aquí necesitamos. La verdad es que no hay razón para sustituir el empleo de aviones comerciales en los viajes que realiza la presidenta.  Tal vez lo que ella debe de hacer es viajar menos (creo que se ha perdido la cuenta de cuántos viajes al exterior ha realizado) o usar tecnologías de comunicación modernas, que no requieren que se esté presente en cuanta cosa se le pueda ocurrir.

A mí no me importa si un empresario bombeta decide comprar su jet. Ese es su dinero. Por el contrario, sí me importa mucho si es que se decide comprar un avioncito para que la señora no se atrase mucho, que vaya más cómoda y que dé una mejor impresión. Simplemente porque, en tal caso, es el pueblo, el ciudadano, quien paga la cuenta por el jet y su mantenimiento tan oneroso. Hay tantas escuelas y hospitales de niños y adultos mayores, asilos de ancianos, caminos vecinales, carreteras deshilachadas, etcétera, en los que se podría invertir, haciendo un mejor uso de la plata que costaría un avioncito para la presidenta.

Cuarto y último: El costo de la reparación de la platina va in crescendo. El 14 de mayo del 2013 escribí para ASOJOD un comentario titulado “Sigue el desmandado gasto público”. En él me refiero al costo que ha significado para el país la reparación de la llamada platina:  “Ruego que alguien haga el cálculo, y se lo haga conocer al público, de cuánto se ha gastado en reparaciones a esa platina, de cuánto se ha girado a los constructores o reparadores y de cuánto está en litigio por incumplimientos en la ejecución de la reparación, así como de cuánto ha sido el costo por esas reparaciones, en lo que se refiere al tiempo perdido en presas y un mayor gasto de gasolina, entre otros, como llegar tarde a los lugares de trabajos y a citas personales. Pero también que se nos diga en cuanto se estima el verdadero costo de la nueva y prometida última (¿?) reparación por llevar a cabo.”

Por supuesto que ninguna autoridad gubernamental le va a dar pelota a esta inquietud de un simple ciudadano, como es este servidor.  Afortunadamente la periodista Vanessa Loaiza de La Nación del 23 de mayo publicó un artículo titulado “Arreglo de la ‘platina’ le costará al país hasta $12 millones más”. Nos indica que en octubre del 2012 “La Contraloría autorizó al MOPT a invertir $4 millones para reparar la junta de expansión y sustituir la losa de concreto del puente sobre el río Virilla”. Pero posiblemente el gasto incurrido ha sido mayor, pues en otras ocasiones se han hecho varias reparaciones “por encimita”, además de que la cifra en mención no toma en cuenta el enorme gasto que los costarricenses han tenido que efectuar, al tener que usar vías alternativas, gastar más gasolina, llegar tarde a compromisos, aumentar el tiempo de entrega de bienes para los consumidores, etcétera. Pero, dejémoslo en que lo gastado han sido sólo $4 millones…

Lo más curioso es que, en una primera instancia, se había dicho que la reparación “final”, necesaria para arreglar definitivamente la platina, costaría unos $5 millones. Esa estimación luego aumentó a unos $7 millones y lo último en saberse es que el arreglo ahora va a costar entre $8.7 (según se ha informado es la menor oferta en la licitación de parte de la empresa Codocsa), $10 millones que fue lo que ofertó la empresa Hernán Solís o bien los $12.5 millones que propuso la empresa Meco-Puente Prefa. En los tres casos, las ofertas son muy superiores a la suma que antes se había estimado que costaría la reparación final de la platina.

En el facebook de DonBurro Diputado del 24 de mayo se presenta la siguiente información, acerca del costo de un nuevo puente que se planea construir en El Salvador, que es incluso 20 metros más largo que el de nuestra platina. De acuerdo con una estimación de costos, efectuada en el 2012, para construir ese puente nuevo en El Salvador se requerirá de $12 millones. Sugiere DonBurro Diputado que “Si yo fuera ministro del MOPT, dinamito el puente de La Platina y me traigo salvadoreños o panameños a construir uno nuevo, y cuidado que nos sale más barato. En remiendos de este ya se tragó $4 millones que no sirvieron.” Y saldría más barato, agrego yo. Así es el desperdicio con nuestros recursos que se podría estar dando: requerimos más y mejor información en torno a los costos de esa inagotable mina de reparaciones y pagos que se ha hecho y que aparentemente se va a seguir haciendo.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: breves reflexiones sobre la visita de Obama a Costa RIca

Francamente no sé si lo que el periodista de televisión le preguntó a unos transeúntes fue un “y usted que le pide a Obama” o si, en realidad, fue otra la pregunta y apresuradamente los entrevistados le respondieron cuanta cosa se les ocurrió, con un espíritu pedigüeño que me entristeció.  Antes que alguien me pregunte que ¿por qué sufrí ante esas respuestas?, tal vez fue porque tenía en mente el gran problema fiscal que tienen los Estados Unidos.  De antemano, ante cualquier coro de peticiones de cuanta cosa se les pueda ocurrir -y sea de quien sea… de gente de a pie o señorones del poder, de donde venga el punteo- la respuesta era casi inevitablemente al revés: ¡si estoy para que me den!, dada la situación económica actual de los Estados Unidos.

Por ello, siendo uno de los aspectos de la visita de Obama que hoy quiero resaltar, más bien agradecí su apoyo para que Costa Rica ingrese al foro denominado Alianza Transpacífica, que nos permitiría formar parte de la zona comercial de mayor futuro en el mundo.  También Obama ofreció ayudar al ingreso de Costa Rica a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), del cual forman parte los países con mayor desarrollo económico. En él, de América Latina forman parte tan sólo México y Chile, muy merecidamente por sus políticas económicas.  Si, al formar parte de la OCDE, significa que Costa Rica seguiría esas “buenas políticas económicas” que se ha dicho que caracteriza a la OECD, pues podría  considerar la participación como conveniente para nosotros.  Pero lo cierto es que en la OCDE hay naciones que hoy están al borde la quiebra, por seguir ciertas políticas económicas esencialmente estatistas que han derivado en esa situación.  La OCDE más parece un club de naciones ricas, que no lo somos, que un grupos de económicamente bien portados países, que tampoco lo somos. Por ello, pertenecer o no a la OCDE no es algo que me emocione a primera vista. Tal vez si supiera mejor que nos puede beneficiar ello, podría reconsidera mi apreciación.

Más útil, sin duda, es la posibilidad que se nos abre más con el apoyo de Obama, para poder integrarnos a ese gran bloque comercial del Pacífico (conocido como TPP, por sus siglas en inglés), a la fecha conformado por importantes naciones como Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Asimismo, Canadá, México y Japón han manifestado su interés en integrarse a ese gran bloque comercial de ambos lados del Océano Pacífico. 

Para Costa Rica el beneficio lógico de formar parte de esa asociación radica en que puede mejorar sus condiciones de intercambio; esto es, poder exportar e importar más y en mejores condiciones, además de que le permitiría formar parte de las cadenas de valor que se incorporan en los bienes que se han de intercambiar.  En sencillo: que, al formar parte de esa asociación, podríamos incorporar mejores y más baratos insumos, para lograr mejores precios por nuestros bienes. Asimismo, dicha incorporación nos facultaría competir con naciones ya integrantes de dicho foro comercial y con las cuales disputamos en los mercados internacionales.

Hay una tercera razón y es que, en mi opinión, en las circunstancias actuales de la situación económica mundial, esa región del Pacífico, tanto de América como de Asia, parece ser la de mayor potencial de crecimiento económico. Nos beneficia el que podamos formar parte de su intercambio comercial, tanto como vendedor y como comprador de bienes y servicios, en una región que ya crece más rápidamente que cualquier otra de la tierra. 

No hay duda que en esta propuesta del gobierno se observa la mano inteligente de la Ministra de Comercio Exterior, doña Anabel González, quien una vez más muestra ser una funcionaria excelente y destacada del resto de un gabinete relativamente oscuro.

Pero hubo algo del mensaje de Obama que debe despertar nuestra atención. Lo hizo en referencia a la discusión acerca del proceso interno de los Estados Unidos, para resolver el problema de inmigración que posee y que, apropiadamente, se le ha calificado como un problema desbordado. El Presidente Obama habló de “un sistema legal de inmigración que fomente la unidad familiar y atraiga trabajadores calificados”.  Esto último es muy importante que nuestros países lo tengan muy presente, porque en apariencia, además de resolver su problema actual con los 11 millones de trabajadores indocumentados en los Estados Unidos, esa nación considera desarrollar un sistema que permita que a ese país acudan trabajadores calificados provenientes de nuestras naciones, sin tener mayores problemas. (De paso, por ejemplo, Mark Zuckerberg recientemente fundó un movimiento político llamado FMD. us –que en inglés significa Avanza- USA- que en uno de sus puntos principales propone una “Reforma migratoria para atraer a Estados Unidos los más inteligentes y trabajadores, dado que el sistema actual es muy cerrado”, según lo reporta DonBurro en su sitio).

Quienes siempre hemos tenido presente la importancia que el capital humano tiene para el desarrollo de una nación, nos debe preocupar que una región pobre como la nuestra genere mano de obra altamente calificada, que luego migra hacia los Estados Unidos, sin haberse integrado plenamente a nuestros procesos productivos.  Mucho de esa emigración de trabajadores calificados se ha debido a las malas políticas de los propios gobiernos de nuestras naciones.  Un  ejemplo claro es la referencia a la gran emigración de trabajadores calificados y personas con habilidades empresariales desde Argentina, Venezuela y Ecuador, hacia los Estados Unidos y otras naciones desarrolladas, porque en nuestros países sus posibilidades de progreso son refrenadas por malas políticas estatales.  Evidentemente, corregir tal insania es necesario para que nuestros países puedan progresar.  Pero también debemos estar alertas para que la propuesta de legislación de los Estados Unidos, no contenga incentivos para que nuestros ciudadanos, quienes han adquirido un alto contenido de capital humano, no se vayan por esas razones preferenciales inmigratorias.

Simplemente, debemos evitar que nos convirtamos en “el lado oscuro de la ciudad”, alejados del progreso y del crecimiento, por una emigración indeseable de nuestros recursos humanos calificados y tan escasos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: sigue el aguacero de plata pública

Al comentario de la semana pasada en el sitio de ASOJOD lo titulé “Gastos Innecesarios del Gobierno”. Simplemente debería haber llamado a este nuevo comentario “Una Versión Ampliada o una Segunda Parte”, pero me parece mejor enfatizar que el gasto gubernamental desaforado está en plena vigencia.
Tan sólo en el transcurso de una semana, han surgido nuevos ejemplos de tales dispendios, a los cuales me referiré:

Primero. El Consejo Nacional de Producción es una entidad gubernamental que muchos no entendemos cómo es que sigue abierta, si lo único que parece hacer bien es gastar nuestros recursos escasos. Resulta que ahora decidió incentivar a sus numerosos directores, regalándoles teléfonos celulares del tipo IPhone5, que sabemos son de los más caros en el mercado. ¿Será para que esos funcionarios se entretengan en algo durante sus horas laborales, dado que en el CNP casi no se hace nada? Las oportunidades de entretenimiento que permite el IPhone 5 son enormes, de manera que, ¡a jugar se ha dicho! 

Segundo. Los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad ya han anunciado un paro de labores para el próximo lunes 29 de abril.  Protestarán contra la decisión legalmente tomada hace más de cuatro años, de que el ICE adaptara sus equipos para que nuestros números telefónicos conservaran su portabilidad. Esto, en sencillo, lo que hace es facilitar a los consumidores el traslado del número actual que se tenga, si es que se desea tener otro proveedor del servicio telefónico.  Con esto los mayores beneficiados seríamos los usuarios, quienes así tendremos mejores posibilidades para elegir libremente la empresa telefónica que nos dé la gana. Elección que, obviamente, deberá ser totalmente voluntaria.  El costo que el ICE quiere imponernos al impedir la portabilidad, es que sigamos siendo sus clientes cautivos. Pero, debemos ser libres para escoger: Al que quiera seguir con un teléfono del ICE, pues que así lo haga; para quien quiera cambiar hacia otro operador, que no se le imponga el costo (por la acción del ICE), de verse obligado a cambiar un número telefónico, que tal vez ha usado por años.

Tercero. Se firmó un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de educadores costarricenses (SEC) y el de trabajadores de los comedores escolares y afines (SITRACOME), que constituye la primera convención colectiva que se aplica en el sector educativo del país.  Esto abre las puertas para que otros importantes grupos laborales sindicalizados de dicho sector, tales como maestros y profesores, busquen a futuro lograr que los acuerdos laborales hoy existentes sean convenciones colectivas.  También esta forma de negociación entre el estado y los trabajadores, podrá ser pretendida por otros gremios laborales en el sector público. Se supone que acuerdos laborales como éste le dan mayor firmeza a las relaciones entre las partes; en este caso, el gobierno y el SEC/SITRACOME.
Se estima que esta convención colectiva le costará al país, en un plazo de unos tres años, aproximadamente ¢5.700 millones, que obviamente contribuyen a ampliar el ya enorme déficit del sector público.

Si bien el acuerdo incluye la decisión de que un 2.8% del presupuesto del Ministerio de Educación (unos ¢1.585 millones en este año) se dedique a infraestructura educativa y a su mantenimiento, lo cual ya estaba incorporado en los presupuestos del Ministerio de Educación, hay un claro aumento neto de gastos en otros rubros. Se estima que se crearán 600 plazas nuevas de cocineras para las escuelas, por un monto estimado de ¢2.600 millones. Se complace así al SITRACOME. Pero, además, habrá 345 nuevas plazas para oficinistas, con un costo de ¢1.560 millones, y un gasto adicional de ¢1.500 millones para ayudar a financiar actividades de arte, deporte y ferias educativas. Con esto se complace al SEC.
Además, la convención concede una ampliación de la licencia de paternidad, que se otorga a los asociados al nacer algún hijo, pasando a un mes el actual de quince días con goce de sueldo. Obviamente pronto habrá peticiones sindicales similares en todo el sector público.

Que el lector medite acerca de la conveniencia de estos montos de gasto estatal, dada la situación tan seria de las finanzas gubernamentales. Me parece que, lo que el gobierno pretende con esto, es desarrollar argumentos que justifiquen una pronta propuesta para aumentar los impuestos, además de complacer a grupos laborales en vista de las próximas elecciones.

Cuarto. Para el 2013 el presupuesto gubernamental destinado a la publicidad y propaganda de la Presidenta, asciende a ¢1.100 millones; superior en un 66% al del 2012 y el doble del año 2011. Ahora resulta que se añadirán otros ¢160 millones para esos fines. ¿Acaso se perdió el buen juicio en el ámbito de las autoridades fiscales? No se han dado cuenta de que, entre más han venido gastando en la imagen presidencial, mayor ha sido la caída en los indicadores de aprobación del gobierno. Como esa plata no es producida por los gobernantes, sino que viene de los ciudadanos, quienes trabajan para entregárselo mediante impuestos y tasas al gobierno, es que da cólera ver todo este desperdicio fatuo.

Quinto. Acaba de ser nombrado un nuevo Viceministro de Gobernación.  Lo interesante es que se da cuando un tribunal ordenó la restitución de la Directora de Migración, licenciada Kattia Rodríguez. Doña Kattia había sido destituida por pérdida de confianza de los jerarcas de ese ministerio. Por ello, pa’ joderla, como dice el pueblo, al regresar ella a su puesto, le ponen a alguien por encima para anularla.  Vieja y conocida táctica de esos señores del poder. Claro, esto no va a ser de a gratis, pues tendremos que pagarlo. El nuevo Vice va a requerir de nuevo personal, de algún lado habrá de salir su sueldo (de nuestros bolsillos) y tendrá acceso a una serie de beneficios, de todos conocidos, derivados de su nuevo cargo. Me imagino que la plata no va a faltar para estos políticos, pues posiblemente saldrá de los recursos que, por un impuesto a las sociedades anónimas, estaban destinados a la seguridad ciudadana.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: aumento del descontento social

Desde hace un tiempo atrás, venimos observando una creciente decepción ciudadana hacia la res publica, hacia la política y lo político. Una de las primeras señales es el aumento en el abstencionismo, que ha superado el 30% en las últimas elecciones y que se espera sea todavía mayor en las venideras. A esto se le debe agregar que se presentan más manifestaciones de descontento -protestas, bloqueos, marchas, huelgas- con más intensidad, más conflicto y más violencia. Desde hace varios años no vemos una sola de estas manifestaciones que no haya terminadocon algún conato de bronca, un encontronazo o un alboroto. 

Y la verdad, ya no culpamos exclusivamente a los asistentes a esos eventos. No se puede decir que solamente son unos pocos bochincheros transnochados que llegan a hacer destrozos por gusto, como años atrás. Ahora es un grupo enorme de ciudadanos molestos -y con mucha razón- por el accionar de los diferentes gobiernos que muestra en estas situaciones su descontento. 

Lo peor de todo es que esta creciente violentización de la protesta social, si nos permiten el término, viene siendo incitada por las últimas administraciones. Cada día surgen más noticias y temas que despiertan ese enojo ciudadano y los responsables, en lugar de hacer algo para calmar los ánimos, los incitan. El gobierno de Laura Chinchilla ha sido, sin duda, el principal responsable de este aumento en la molestia de los costarricenses pues, al igual que sus antencesores, ha estado marcado por escándalos y chorizos pero, a diferencia de ellos, no se ha preocupado nipor ocultarlos. A toda luz, salen los Procesos, las trochas, las platinas, los desórdenes en la Caja, los conflictos de interés con la carretera San José-San Ramón (donde Pedro Castro es cuestionado por, presuntamente, haber sido asesor de la empresa concesionaria OAS) o con las cámaras para medir la velocidad (donde Francisco Jiménez había sido vinculado como socio de la empresa a la que se las compraron), la verdadera red de cuido montada por doña Laura, donde sus allegados son protegidos a toda costa y la remosión, el castigo o el regaño brillan por su ausencia. Podríamos seguir anotando informaciones cuestionables que salpican a este gobierno pero nunca terminaríamos, por lo que invitamos al lector a continuar el recuento en su mente. 

Nos preocupa saber que frente a todos estos escándalos que día a día surgen, los responsables no hagan nada por detener el malestar. Ni juicios, ni investigaciones y, ni siquiera, declaraciones, como doña Laura que guarda silencio ante los cuestionamientos y esconde la cabeza, cual avestruz, para sortear el peligro. Ese mutismo, ese autismo político lo único que va a lograr es echarle más fuego a la caldera del descontento social y gracias a esa apatía, podríamos enfrentar serios problemas en el futuro.

Desde la tribuna: ¿cómo echar a perder una buena idea?

La “concesión de obra pública” es una magnífica idea, tomada de los usos de otros Estados.  En nuestro país, desdichadamente, ha resultado una buena teoría, pero una mala práctica (como el chiste:  “en teoría tenemos como enfrentar el déficit de infraestructura pública, pero en la práctica tenemos los mismos vicios y otra veta para las sinvergüenzadas”).

La “concesión de la Carretera Bernardo Soto” en la modalidad de concesión de obra pública ha exasperado a la gente, a las comunidades y  arriesga con poner fin a una buena idea. 

Las torpes actuaciones gubernamentales que, incluso, convirtieron la Fiesta Patria de Juan Santamaría, en Alajuela, en una trifulca memorable, están convirtiendo a la interesante posibilidad de concesión en el pato de la fiesta.

La idea de la concesión de obra pública es muy interesante y una buena vía en la solución de las carencias estatales.  La posibilidad de concesionar a un sujeto de derecho privado una obra pública para que se usen los recursos privados en el desarrollo de la infraestructura pública es magnífica, pues así se puede obviar la mala administración pública y el reiterado déficit público.  Es un modo de enfocar la inversión privada en proyectos públicos obras rentables (la inversión se recuperará a través de una tarifa pagada por los usuarios).

En varios Estados, tal modalidad de concesión o figura jurídica ha sido la vía para ir más allá de las imposibilidades presupuestarias y fiscales que ahogan las necesidades de infraestructura, de obras, de soluciones.  Prácticamente no hay Estado en el cual abunden los recursos públicos y, por ello, hay carencias crónicas y dificultades para financiar algunos proyectos.

Costa Rica no es ajena a tales carencias y limitaciones.  Todo lo contrario.  Estamos asfixiados por un crónico déficit presupuestario, mala administración pública y necesidades irresueltas.  Por ello nuestra sociedad es de las que debería aprovechar con ventaja las posibilidades de la “concesión de obra pública”.  Por tal vía podríamos superar el ya antiguo déficit en carreteras, puertos, ferrocarriles, todo clase de aguas e infraestructura pública y comunitaria.  Pero …

En lugar de acometer la novedad jurídica con entereza jurídica y moral, hemos terminado en unos terribles embrollos que, además, arriesgan la proscripción de la figura de concesión de obra pública en nuestro medio.

Las actuaciones del Consejo Nacional de Concesiones son objetables en toda la línea (sobre todo desvío en los aspectos jurídicos y éticos):  sin adecuada selección de los proyectos, con pagos injustificables, decisiones injustas y objetables que han terminado con la condena judicial y una inaceptable toma del órgano contralor.

En el caso de la carretera Bernardo Soto (como si la carretera a Caldera hubiese sido una experiencia exitosa), aparecen además cesiones objetables (que aumentan los precios) y una “suficiencia” de funcionarios que, sumada a las torpezas gubernamentales, arriesgan convertir el proyecto en una “halada del rabo de la ternera”.

Entonces el sentir general es que la figura sirve para todo menos para lo que fue concebida:  en lugar de constituir una vía de solución para los serios problemas nacionales en infraestructura y falta de recursos, pareciera que se ha actuado para que se objete la participación de la empresa privada, para que se hagan negociados inaceptables, para que se actúe de forma reprobable y para que la sociedad despotrique contra la figura jurídica, la cual, congelada en forma de ley, no tiene la oportunidad de defenderse de tan malos directores de orquesta, tan malos músicos y tan mala ejecución.  El público terminará achacando los males a la partitura y no a los ejecutantes.  ¡Achará, qué vaina!  

Todo ello aleja la posibilidad de hacernos de buena infraestructura, aumenta la presión fiscal y el riesgo de más impuestos.  También facilita la eventual utilización de la legislación de emergencia, con los consabidos resultados. 

Federico Malavassi Calvo

Desde la tribuna: ¿Estado de Derecho?

Desde el principio denunciamos la instalación de una comisión de notables, en torno al problema de la gobernabilidad, como una excusa de la Administración Chinchilla para justificar sus graves falencias. El peso de la complicidad en la acedía administrativa y gubernamental tendrá que ser asumido por el grupo de notables.  

No obstante, su mayor obsecuencia viene por otra parte y ya ha sido reiteradamente denunciada: han sido instrumento para endilgarle falsas responsabilidades al poder legislativo y al estado jurídico de nuestra sociedad. Sus impertinentes comentarios han resultado una vía para un desproporcionado intento de disminuir las posibilidades de las oposición legislativa, festinar los proyectos de ley, acortar irracionalmente plazos y uso de la palabra y promover una peligrosísima administración de los proyectos de ley.

Se suma lo anterior un descarado intento de restar posibilidades de consulta constitucional, aunado a la propuesta para obtener la caducidad de las posibles inconstitucionalidades por la forma (se propone que después de cuatro años haya caducidad y no se pueda declarar la inconstitucionalidad de una ley mal aprobada o falsamente aprobada).

Asimismo, en el proyecto denominado “Ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Sector Público” viene una colección de “joyitas”, justificadas en los apuntes de “ingobernabilidad” de los notables (¡bendita comisión!).

Una de ellas, comentada por otra vía, es el intento de acabar con lo poco que queda de autonomía en las instituciones autónomas (artículos 188, 189 y 190 de la Constitución), dejando como niño de teta al dúo de leyes de octenio del cogobierno (1970-1978:  “pa’eso tenemos mayoría” y “yo no soy yo”) denominadas “Ley de Presidencias Ejecutivas” y “Ley Cuatro/Tres”.  Ahora se propone el “jerarca unipersonal” nombrado directamente por el Consejo de Gobierno.  

El objeto de este comentario se concentra en otra de estas joyitas, las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (no olvidemos –y eso será objeto de otro análisis- que también viene una reformita a la normativa de la Contraloría, para aflojar controles).

El enunciado general del artículo 2 del citado proyecto de “Ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del Sector Público” dice “Refórmanse los artículos 3, inciso a), 4 y 6 de la Ley No. 6815 del 27 de setiembre de 1982, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los siguientes términos”.

Quizás la reforma al inciso a) del artículo 3 pueda considerarse una pequeña mejora, pues en la actualidad, dicho contenido dispone, entre las atribuciones de la Procuraduría la de “Ejercer la representación del Estado en los negocios de cualquier naturaleza, que se tramiten o deban tramitarse en los tribunales de justicia.”

El texto que se propone agrega  que “Para tales efectos, la Procuraduría General, según su criterio,  requerirá la oportuna colaboración y establecerá la coordinación necesaria con las instancias administrativas vinculadas con el caso respectivo.”  Aunque el agregado tal vez sea ocioso, pues es optativo y, hasta donde ha trascendido, la Procuraduría recaba el criterio de las administraciones concernidas.

Pero, en cambio, mucha atención a las demás propuestas de modificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría:

El artículo cuatro:
 

(TEXTO ACTUAL) El artículo cuarto de la Ley, en su texto actual, dice lo siguiente:  “CONSULTAS. Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quienes podrán realizar la consulta directamente.”

(TEXTO CHINCHILLA) En cambio, el texto que propone la Administración Chinchilla dice así:  “CONSULTAS. La Administración Pública podrá consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría.  La consulta deberá hacerla el ministro o el órgano jerárquico máximo del ente respectivo; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva.”

Se advierte que los destacados (negrita) y subrayados (son agregados). 

Como bien puede apreciarse, la Administración Chinchilla está pretendiendo limitar las consultas de los “jerarcas de los diferentes niveles administrativos” y, además, impedir las de los “auditores internos”.  Esta limitación es gravísima y un atentado no solo contra el Estado de Derecho sino, además, contra la probidad.  

Obviamente, la defensa de muchísimos jerarcas intermedios (y las actuaciones de los auditores) pasaban por la posibilidad de consultar a la Procuraduría y, así, obtener un “dictamen vinculante” que amarraba a la Administración. Estos dictámenes vinculantes obligan a la Administración Pública a actuar según la interpretación jurídica de la Procuraduría.  

Estos dictámenes establecen caminos, responsabilidades, procedimientos, limitaciones, competencias y marcan cómo debe actuar la Administración pública.  

La Administración Chinchilla cercena la posibilidad de consulta, la reserva a los ministros (en el caso de la Administración central) y los jerarcas de las entidades descentralizadas (de acuerdo con el texto, tampoco las administraciones desconcentradas tendrían la posibilidad).  

En el caso de los auditores internos, ojos y oídos de la Contraloría en algunos casos y freno de las actuaciones desaforadas de algunas administraciones, vigilantes del buen funcionamiento administrativo, es evidente que la reforma pretendida es un cañonazo directo a la lucha contra la corrupción.  Se cercena un instrumento valiosísimo y un arma eficiente en la vigilancia de la función pública.

El artículo seis:

(TEXTO ACTUAL) El artículo sexto vigente de la citada Ley Orgánica dice así:  DISPENSA EN EL ACATAMIENTO DE DICTÁMENES:   En asuntos excepcionales, en los que esté empeñado el interés público, el Consejo de Gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes emitidos por la Procuraduría, mediante resolución razonada que deberá publicarse en el diario oficial "La Gaceta". Cuando se trate de situaciones referentes a la seguridad pública y a las relaciones exteriores, la publicación previa no será requisito para ejecutar la resolución.

“Como requisito previo, el órgano consultante deberá solicitar reconsideración a la Procuraduría dentro de los ocho días siguientes al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por la mayoría de la Asamblea de Procuradores. Si la Procuraduría denegare la reconsideración, el órgano, dentro de los ocho días hábiles siguientes, podrá acudir ante el Consejo de Gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.

(TEXTO CHINCHILLA) El texto que al respecto propone la Administración Chinchilla tiene el siguiente contenido: “DISPENSA EN EL ACATAMIENTO DE DICTÁMENES:  El Consejo de Gobierno podrá dispensar de la obligatoriedad de los dictámenes emitidos por la Procuraduría, mediante resolución razonada.

Como requisito previo, el órgano consultante deberá solicitar reconsideración a la Procuraduría dentro de los treinta días siguientes al recibo del dictamen, la cual habrá de ser resuelta por el jerarca de la Procuraduría General de la República. Si el jerarca deniega la reconsideración, el consultante, dentro de los treinta días siguientes, podrá acudir ante el Consejo de Gobierno para efectos de la dispensa a que se refiere el párrafo anterior.”

Se advierte que los destacados (negrita) y subrayados (son agregados).  

Queda evidenciado el inequívoco intento de eliminar la obligatoriedad de los dictámenes de la Procuraduría. El texto vigente señala que como condición sine qua non que se trate de “asuntos excepcionales”, “que esté empeñado el interés público” y que los plazos para proceder son cortos (8 días). Además de la publicación en La Gaceta (se trata de un acto de índole especial y con alcances generales, pues equivale a la formulación de una norma).

La pretensión de la actual Administración es que la obligatoriedad pueda eliminarse en cualquier dictamen (cualquier materia) y ni siquiera se publicará la excepción. Los plazos de 30 días son una autocomplacencia inaceptable (cuando la Ley General de la Administración Pública concede al administrado a veces nomás que 24 horas para intentar algún recurso).  

Conclusión:  Un gravísimo y descarado atentado contra el Estado de Derecho, contra el Principio de Legalidad y la actuación proba, racional, responsable y aceptable de la Administración pública. ¿Cómo puede uno pensar bien de quien alista alicate para cortar las cercas, de quien prepara ganzúa para abrir las puertas y de quien propone estos despropósitos?  

¿De qué sirve que el artículo primero de la Ley de comentario diga que “La Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico-jurídico, de la Administración Pública, y el representante legal del Estado en las materias propias de su competencia. Tiene independencia funcional y de criterio en el desempeño de sus atribuciones.”?

¿Para qué dejan sin reforma el artículo dos de la indicada Ley (que dice que “Los dictámenes y pronunciamientos de la Procuraduría General constituyen jurisprudencia administrativa, y son de acatamiento obligatorio para la Administración Pública”) si por las reformas propuestas no dejan pedirlos a muchos y pretenden dispensarse de la obligatoriedad de lo que no les guste?

¡Ay notables!  ¡Ay Estado de Derecho!  ¡Ay de mi Costa Rica!

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: ¿quién gana con la postulación a la OMC?

Para nadie es un secreto que, desde hace varios meses, la Administración Chinchilla Miranda viene haciendo un esfuerzo por promocionar la candidatura de la Ministra de Comercio Exterior, Anabelle González Campadabal, para dirigir la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Sobre su postulación, diversos personajes políticos -entre ellos algunos de la oposición- han señalado que sería un gran éxito para el país que doña Anabelle lograra obtener el puesto, pues una costarricense dirigiendo tan renombrado organismo pondría muy en alto a Costa Rica y podría gestionar, desde allí, diversos acercamientos con inversionistas y defender las posiciones comerciales de la nación. 

Por supuesto que en ASOJOD no compartimos esa tesis. La única ganadora en ese caso es doña Anabelle, quien probablemente pasará a devengar un muy alto salario, tener privilegios diplomáticos y engrosar su currículum. Quizá algunos allegados tendrán beneficios producto de su recomendación o de sus contactos para aspirar a puestos u obtener consultorías, pero los ciudadanos comunes y corrientes no veremos una sola ganancia de esto. Lo que sí podemos recibir son muchos perjuicios, como nos tienen acostumbrados nuestros gobiernos, que privatizan las ganancias y socializan las pérdidas.

En días pasados, se anunció que el Ministerio de Comercio Exterior no ha revelado la cantidad de dinero gastada en la promoción de tal candidatura, a contrapelo de lo que la propia Sala Constitucional ha señalado sobre la publicidad de dichos fondos. ¿Cuánto dinero de nuestros bolsillos, pagados con impuestos que nos roban el producto de nuestro trabajo, se habrá destinado para que una funcionara obtenga un mejor trabajo? ¿Cuántos viajes, hospedajes, fees para organismos internacionales, comitivas, almuerzos y viáticos estamos pagando para que una o unos pocos la pasen muy bien?

¿Qué estarán pensando aquellos que defienden la postulación como algo de interés público y de provecho para el país? ¿Cuántos otros funcionarios utilizan recursos públicos y tiempo laboral para promocionar candidaturas personales o familiares para puestos políticos, tan solo por seguir pegados de la teta estatal?

No dudamos que doña Anabelle tenga méritos y formación para aspirar a puestos importantes, sea en el sector público o en el privado. Lo que atacamos es la creencia de que su candidatura -una motivación personal disfrazada como interés público- pueda traernos algún fruto positivo a los costarricenses. 

Por ello, invitamos a la ciudadanía para que esté muy atenta frente a quienes, con pompa y fanfarria, con sofismas y manipulaciones, quieren meternos gato por liebre y hacernos creer que sus intereses particulares son intereses compartidos por todos los demás. Dejemos de creernos ese absurdo cuento. 

La columna de Carlos Federico Smith: ¡fueTeté!

En las declaraciones, de casi todos los que han acudido ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para estudiar el caso de la llamada Trocha, niegan haber tenido algo que ver con tan malogrado proyecto, del que ver se derivaron claros actos de corrupción. Tan sólo cuatro funcionarios públicos, quienes laboraban en el CONAVI, algunos en niveles intermedios, han aceptado sus responsabilidades y sólo dos de ellos guardan actualmente prisión preventiva, por orden de jueces. Por sus deposiciones, casi que el resto de los comparecientes más bien esperaba ser felicitado por sus actuaciones.

Esa es hasta hoy la triste realidad de los hechos en la comisión legislativa mencionada, ante la flagrante corrupción sucedida en ese proyecto.  Nadie de los altos funcionarios gubernamentales comparecientes, quienes tuvieron responsabilidades por la decisión de llevarla a cabo, formular su planificación técnica, ejecutar y supervisar su construcción, ordenar destruir el medio ambiente, decidir acerca de qué actividades se deberían llevar a cabo en dicho proyecto, indicar cuáles obras concretas se deberían realizar y en qué forma y, ante todo, vigilar que las cosas se hicieran correctamente, de acuerdo con nuestras leyes, ha dado la cara asumiendo las responsabilidades del caso. Casi que uno esperaría saber quién fue el que tomó la decisión fundamental de llevarla a cabo y que asuma a plenitud la responsabilidad derivada de esa decisión.   

Como ni siquiera hay asomos de que alguien nos diga que asume la plena responsabilidad política derivada del descalabro, a los ciudadanos, con cuyos impuestos se proveyeron los recursos que fueron objeto del asalto, no nos queda más que elucubrar acerca de quién o quiénes son los responsables de esa torta.  Unos, como yo, pueden pensar que, entonces, fue Teté. Otro que el hombre invisible de H. G. Wells. Alguien más creería que fue la Sombra (esto para los muy viejitos). Para quienes están muy perdidos, podrían juzgar, por aquello del desperdicio y atolondramiento navideño, que fue el Amigo Invisible. Tal vez alguien pensaría que fue aquel hombre invisible, irresponsable, que abandonó a la mujer que embarazó. Cualquiera puede haber sido, menos los que no aceptaron responsabilidad alguna ante la Asamblea, si bien, tal vez, tendrán que hacerlo ante la justicia.  Es mucho en lo que dependemos de la acción de la Fiscalía General de la República. Que Dios la ilumine, pues ya sabemos al monstruo que se enfrenta. 

Mientras tanto, nos anuncian que pronto se reanudarán los trabajos a medio palo en la Trocha. Se me revuelve el estómago, pero lo que es lo más notorio del momento, cual es la recontratación de la empresa que estaba encargada de la vigilancia en la primera etapa fallida, no lo voy a juzgar en este momento. Repugna, como si no existieran otras empresas que se pudieran encargar de tan delicada función, sin que se haya puesto en duda la eficacia de una tarea de vigilancia previa. 

Pero ha pasado desapercibida la declaratoria presidencial de que, quienes se oponen a la Trocha, son unos traidores a la Patria. Casi que me dan ganas de oponerme a ella, tal vez por lo sucedido con nuestros recursos escasos y con el juego politiquero en que se nos ha querido involucrar. Pero no lo voy a hacer, a fin de no distraerme en mi esfuerzo, porque salgan a la luz los responsables del robo de fondos públicos más grande y reciente de nuestro país.  El símbolo de la justicia podrá estar vendado. Pero no es un significado de que las cosas se deban tapar, sino para que la justicia sea imparcial. Nada más. Pero que se lleve a cabo.

Jorge Corrales Quesada