martes, 27 de octubre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: nuestro Estado incumple con una función esencial

Al menos en el pensamiento liberal clásico -y dejo de lado las visiones anarquistas o cuasi anarquistas-  se considera que el estado debe desempeñar algunas funciones básicas en una sociedad.  Uno de los más destacados pensadores de tal línea de pensamiento, Adam Smith, enfatizó el papel del estado para la protección de los ciudadanos ante la invasión de fuerzas externas (seguridad externa), así como para prevenir del abuso de alguno de sus ciudadanos sobre los otros (justicia o seguridad interna), al igual que debería de proveer ciertos tipos de obras públicas, tales como puentes o muelles, así como contribuir a la educación pública.  

Escribo lo de Smith para señalar que muchos otros pensadores liberales clásicos han propuesto otras cosas que deben ser pertinencia del estado. Por ejemplo, Friedman abogó por un impuesto negativo al ingreso o por un banco central del estado.  Pero lo crucial, lo común en todos ellos, es que todos le dan prioridad a la libertad de las personas, por lo cual el tema de hasta dónde llega la línea del papel del estado en sociedad, siempre estará presente en el debate que se da dentro del pensamiento liberal clásico. Como tantas cosas en la vida, este es un asunto que no está definitivamente determinado, sino que está vivo, en el pensamiento humano en torno a la forma de organización política que debe de disponer el individuo.

A lo que quiero llegar, es que casi todos los pensadores liberales clásicos consideran que el estado tiene un papel esencial, en cuanto a garantizar a todos los individuos su protección ante la acción de algún otro individuo en sociedad, que le causa o amenaza con causarle daño.  Así, hoy entendemos porqué la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos ante el crimen, ante el daño, está a cargo esencialmente del estado, tanto por medio de su fuerza policial, sino por lo que se conoce como su sistema judicial. Aquellos pensadores consideran que las personas le han dado al estado y a las autoridades judiciales el monopolio de la fuerza, pero buscan que tal fuerza monopolística sea la mínima necesaria, teniendo en mente que el estado no abuse de un poder amplio, ilimitado, sino restringido, pues fácilmente podemos comprobar los costos que derivarían de un estado, que abuse más allá de sus poderes claramente definidos.

Por tal razón, es crucial que los ciudadanos estemos muy atentos al movimiento ciudadano que se ha estado forjando en la zona de San Carlos, según lo indica La Nación del 23 de setiembre, en su comentario titulado “Sancarleños se organizan para frenar la delincuencia: Iniciativa de una empresaria.” Así es, dirigido por una exportadora de piña, doña Ángela López, se ha logrado reunir a un grupo de vecinos profundamente preocupados por la ola de delincuencia en la zona, pero, en especial, por la displicencia con que las autoridades han tratado las diversas denuncias que han hecho los ciudadanos.  Por tal razón, señaló doña Ángela a La Nación, es el momento de que los vecinos hagan valer sus derechos y de actuar unidos contra la delincuencia.  En sus palabras, “los sancarleños son atropellados en su seguridad, por lo cual considera que llegó el momento de actuar en conjunto y de hacer valer sus derechos.” Además, explicó que “los vecinos deben dejar el miedo a un lado e emprender acciones inmediatas para que la Policía y las autoridades judiciales le presten atención al asunto.” 

Entendamos que, cuando se repite el eslogan político “la justicia es un asunto de todos”, debe interpretarse no en cuanto a que cada cual de nosotros decida que impondrá la justicia y que ejercerá institucionalmente, por medio de un cuerpo policial organizado, la labor de proteger a los ciudadanos de los delincuentes que pretendan violar sus derechos y sus propiedades.  Ese “todos” tiene que entenderse en cuanto a que el monopolio de la fuerza, de la coerción, está en manos del estado (por delegación de “todos” nosotros, los ciudadanos) y que, para que aquél no abuse, tales poderes deberán ser explícitamente definidos y delimitados, usualmente en una constitución o un cuerpo legal similar.

Uno espera que esta situación de San Carlos (y, por extensión, de cualquier lado del país) no llegue a que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos, al menos en cuanto al castigo para aquellos que violan sus derechos y que siguen impunes en mucho por la inacción de las autoridades policiales del estado, así como del Poder Judicial.  Si el estado no cumple con una de sus funciones esenciales para las cuales existe, no duden que los ciudadanos tomarán la tarea en sus manos, con el riesgo de que ello pueda terminar en una violación de los derechos de otras personas, que es lo que se pretende evitar cuando se le ha otorgado al estado esa función de monopolio de la fuerza.  El problema es que, si cada grupo o persona en sociedad decide ejercer la ley por sí mismo, conducirá posiblemente a una anarquía y a una violencia insoportable e inconveniente.

Lo anterior es relevante, máxime cuando, tal como lo reporta La Nación del 18 de octubre, en su artículo titulado “Hampa ataca zona norte luego de visita de ministro y fiscal: Dos asaltos a negocios este viernes”, como resultado de la acción de los vecinos para organizarse en su lucha contra el hampa violadora de sus derechos y ante un silencio sorprendente de las autoridades estatales encargadas de la seguridad de las personas y de las propiedades, se habían apersonado a la zona norte el ministro de seguridad, señor Gustavo Mata y el subjefe de la Fiscalía, señor Celso Gamboa, a fin de reunirse con los vecinos en torno al asunto expuesto.  Apenas terminada la reunión, se presentaron una vez más los atracos a personas y el robo de bienes. 

Como resultado, “los lugareños están convocando una marcha” para protestar ante los tribunales judiciales.  Si el estado no asume la función que constitucionalmente le obliga, los ciudadanos terminarán tomando la justicia en sus manos y cualquier cosa que se derive de ello será responsabilidad de aquellos que no cumplieron con sus obligaciones. Es increíble que tengamos un estado que se suele meter en cuanta cosa puede de nuestras vidas, pero no lo hace en aquello que, por ley, le corresponde hacer. No se trata de repetir el dicho de “casa de herrero, cuchillo de palo”, sino en enfatizar que se trata del abandono del estado de una de sus funciones esenciales, lo cual le abre espacio para que los individuos, ante tal vacío, decidan ejercer las funciones que el estado deja de hacer y eso nos puede sumir en la anarquía.

Hay que tener presente que la libertad no es ilimitada, sino que la libertad de una persona llega adonde llega la libertad de otra persona. Por ello, “libertad no significa que usted sea libre de robar, amenazar, coaccionar, atacar o asesinar a otro, pues eso violaría la libertad de ellos.” [Eamon Butler, Classical Liberalism: A Premier, Londres, Institute of Economic Affairs, 2015, p. 3 y que puede ser obtenido en http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Butler-interactive.pdf Por ello es que nuestros ancestros consideraron indispensable que, en un orden civilizado, el estado tenga el monopolio de la coerción, pero fuertemente restringido en el ejercicio del poder. No queremos ni el abuso del estado, ni la vigencia de la anarquía.


Jorge Corrales Quesada

lunes, 26 de octubre de 2015

Tema polémico: crónicas de Tiquicia

Como en Narnia. Así nos nos sentimos a veces con lo que pasa en nuestro país, pues pareciera más la obra de ficción, imaginada en la mente de un creativo escritor que la realidad cotidiana que enfrentamos. Quizá Gabriel García Márquez había planteado, en su Macondo, una dimensión paralela e increíble donde las cosas más sorprendentes ocurrían con toda normalidad, sin pensar que poco después, en este pequeño rincón del mundo, se iba a materializar. 

El último capítulo de esta saga llamada Costa Rica es el anuncio de huelga que hicieron los sindicatos para mañana, a fin de proteger sus privilegios y gollerías, financiadas a costa de los impuestos de miles de ciudadanos a los que dicen "defender", sobre la cual, el Presidente Solís Rivera ha asumido una posición bastante complaciente. 

No puede ser que, una vez más, un grupo de holgazanes paralice el país y perjudique a miles de personas que quieren trabajar para tener un mejor presente y futuro. Y menos puede ser que el Gobierno trate con tanta benevolencia a una banda de esbirros, por miedo a lo que sus potenciales aliados políticos puedan hacer. Su acción se limitó a llamarlos a negociar y cuando las gestiones fracasaron, simplemente Solís se lavó las manos diciendo "que cada palo aguante su vela", como si con tal frase advirtiera que tomará acciones.

En realidad, el Presidente no tiene voluntad para ejercer su mandato con seriedad y responsabilidad. Su frase de campaña "con Costa Rica no se juega" no ha sido más que una triste parodia en este año y medio de gestión, ya que a los ticos nos han bailado y vacilado una y otra vez sin que pase nada. A nadie han destituido, nadie ha mostrado vergüenza y presentado su renuncia, nadie ha asumido el costo político ni ha sido procesado.


Aunque hemos visto con beneplácito la incipiente organización ciudadana en la anterior marcha contra RECOPE, falta mucho más por hacer. Todavía hay muchos que no se dan cuenta de que tienen el poder para exigir a los políticos impulsar los cambios necesarios para frenar este abuso y, más bien, siguen legitimando en las urnas a los que mienten y llevan el país hacia el despeñadero.
 
En ASOJOD creemos que mañana debería ser un día que marque el inicio del cambio, que las personas que están cansadas de ser rehenes de unos cuantos gamberros institucionales alzen la voz y exijan cambios.Es nuestra oportunidad de devolver a esta sociedad a la senda de la decencia, de la ética y de la responsabilidad. Está en nuestras manos aprovecharla o dejarla pasar.

viernes, 23 de octubre de 2015

Viernes de Recomendación

El día de hoy les compartimos esta interesante entrevista al filósofo argentino Gabriel Zanotti, en la que se aborda el tema del liberalismo desde su filosofía, así como los retos de los estados y sociedades occidentales.

martes, 20 de octubre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: incentivando las incapacidades

Una información difundida por La Nación del 17 de junio, bajo el encabezado “Empleados públicos se incapacitan cinco veces más que los privados: Diputado Mario Redondo exige cerrar portillos que permiten a funcionarios estatales beneficiarse más”, detalla un problema del cual muchos costarricenses ya habíamos oído hablar: el del abuso que hay por incapacidades en el sector público. Obviamente el tema no es tanto porque haya incapacidades debidamente valederas, lógicas, deseables y necesarias para que las personas recuperen su salud, sino porque, en apariencia, se presenta un claro abuso e inequidad en cuanto a los permisos por incapacidad ¿Estamos claros?

El artículo es interesante, porque brinda datos contundentes de la arbitrariedad. Para ello formula los siguientes cálculos. Primeramente toma el número estimado de empleados públicos en el 2014 -275.000 funcionarios- y luego el número de días en que se incapacitaron en ese mismo período ─1.467.990 días. Esto nos da un promedio aproximado de 5.34 días por empleado público en el 2014.
En segundo lugar, se parte del número de trabajadores privados en el 2014 -1.776.000 empleados- y del número de días que se tomaron como incapacidades en ese año -1.844.000 días-, con lo cual es posible obtener el  promedio aproximado de días por empleado que se tomaron como incapacidad, que es de 1.04 días por empleado.

Es decir, un funcionario público se incapacita por un tiempo de poco más de cinco veces, en comparación a como lo hace uno privado –de hecho 5.13 veces más.  Los datos provienen de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
También el comentario presenta impactantes datos acerca de lo que la CCSS tuvo que pagar por discapacidades en ese año.  Los funcionarios estatales recibieron ₡28.277 millones por esos días (un promedio de ₡102.825 por empleado al año), mientras que los privados recibieron ₡15.200 millones por los días en que se incapacitaron (un promedio de ₡8.559 por empleado en el año). La diferencia se puede explicar, no sólo por el mayor número de incapacidades obtenidas por los empleados públicos en ese año, sino también por los mayores salarios que, en promedio, se ganan en ese sector, en comparación con los de los empleados privados.

En adición a lo anterior, hay otro factor crucial que se debe de tomar en cuenta, en cualquier comparación que se haga de incapacidades de empleados del sector público con las de empleados del sector privado y que, en mi opinión, constituye un incentivo comparativamente mayor para que los primeros tiendan a incapacitarse más que los segundos. Me refiero al pago que, como porcentaje de su salario, recibe un trabajador por el tiempo en que está incapacitado.

Mientras que un empleado público percibe el 100% de su sueldo como incapacidad, con un 60% por parte de la CCSS y un 40% que puede provenir de su patrono -el estado- el empleado privado percibe tan sólo un 60% de su sueldo como incapacidad. Por tanto, en condiciones de igualdad, un empleado público recibe un 40% más de su sueldo como incapacidad, en comparación con un empleado privado. Por lo tanto, hay un mayor “incentivo” monetario para incapacitarse cuando se es empleado público, que cuando se es un empleado privado.

Asimismo, como señala el coordinador de la Comisión Central Evaluadora de Incapacidades de la CCSS, señor Rodrigo Bartels, “los funcionarios estatales se incapacitan más porque pueden cobrar su salario completo, incluso sin pagar por cargas sociales, deudas ni impuestos.” Esto quiere decir que hay otro tratamiento diferencial entre empleados públicos y privados, aparte del monto mayor que los empleados públicos reciben por incapacidad que acabamos de citar, que estimula a que se acuda a obtener una discapacidad. También los empleados del estado no tienen que pagar las cuotas de la CCSS, ni se les practican retenciones por deudas ni por impuestos, en tanto que el empleado privado no tiene tal tratamiento preferencial.

Para fortuna del país, la CCSS ha venido poniendo algún orden en este tema, como lo muestra una menor erogación de ₡3.000 millones en el 2014, comparado con el 2013. Pero la crudeza de la situación; “la verdad verdadera,” como dijo en una ocasión un político nacional, la expone el señor Bartels, cuando enfatiza que “hay un incentivo perverso en el sector público para incapacitarse. Nosotros [CCSS] lo hemos venido denunciando, pero es un tema sensible desde el punto de vista de los derechos adquiridos”, pero que yo más apropiadamente califico de “privilegios adquiridos”. La moda es llamar “derecho” a cualquier prebenda o regalía o privilegio (tal vez subsidios, a los que se les llama derechos) que han sido obtenidos mediante leyes redistributivas que son aprobadas por el estado.

Me explicaré mejor. Un derecho le permite a un individuo actuar, sin que para ello el gobierno sea necesario y sin que pueda intervenir con su fuerza sobre otros individuos. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión no requiere de la acción del estado para que usted pueda ejercerlo, excepto para garantizar su libertad para llevarlo a cabo: no requiere que el gobierno deba intervenir para que usted, forzosamente, lo ejercite, sino que está en su voluntad hacerlo. Son consustanciales al ser humano.

Por otra parte, los privilegios no pueden ser satisfechos más que mediante acciones específicas de un gobierno, las cuales requieren de una intervención forzosa –usualmente mediando impuestos que, por definición, son pagos forzados que se le hacen al estado y que recaen sobre otras personas, además de los beneficiarios de tales “derechos”. Por ejemplo, se suele hablar de derechos a cosas (como a tener una vivienda, a tener un producto específico, o a tener deporte). Por esos no son derechos, sino que mal se les llama así, pues en realidad son subsidios que, de alguna manera, suelen recibir algunos grupos específicos, mediando recursos que provienen de la imposición a las personas. Estos privilegios se otorgan y se revocan por actos del estado. Un privilegio es una excepción a la regla de respetar los derechos de otros individuos en circunstancias específicas: se le extraen obligatoriamente recursos a algunos individuos para dársela a un grupo de otros individuos.

Deseo felicitar al diputado don Mario Redondo, por haber decido entrarle de frente a cerrar los portillos en este asunto de las incapacidades. Ojalá que otros diputados le acompañen en este esfuerzo por ir saneando las finanzas públicas, las de la Caja y para que haya un trato justo e igual a los ciudadanos.

Finalmente, expongo el argumento risible que el diputado del PAC, Marvin Atencio, arguye en defensa del privilegio de los empleados públicos, en comparación con los privados, en el tema de las incapacidades. “Aseguró que las condiciones de trabajo en el sector público son peores que en el privado y adujo que por ello es más frecuente enfermarse.” Pero no comprueba su afirmación, que me parece es gratuita y más bien resalta la incongruencia de diputados de la izquierda -entre otros- que cada rato salen hablando de la explotación de los trabajadores privados, de las malas condiciones en que están e ignoran la realidad de que los empleados públicos, en promedio, perciben salarios mayores que los privados. Pero el papel y la palabrería de señores como esos es lo que abunda y la racionalidad, por contraste, es la que escasea.


Jorge Corrales Quesada

lunes, 19 de octubre de 2015

Tema Polémico: Nuevo Magistrado

En los últimos años ha cambiado rápidamente la integración de la Sala Constitucional. Recientemente dejaron de ser parte de su conformación, Ana Virginia Calzada y Luis Paulino Mora. Pronto, también dejará de serlo Gilbert Armijo, actual Presidente del Tribunal Constitucional.

Este es un tema que debe preocupar e interesar a todos los defensores de la libertad. Desde el advenimiento del constitucionalismo norteamericano con la creación de su República se tiene absolutamente claro que la Constitución es un instrumento jurídico-político destinado a garantizar una serie de derechos a los ciudadanos frente al Estado. En este sentido, su función primordial es restringir y delimitar el ámbito de acción estatal. 

Por ello, es de vital importancia quienes son los encomendados a interpretar la misma, ya que la Constitución está llena de fórmulas vacías como: “adecuado reparto de la riqueza”. Ese tipo de frases se llenan desde lugares distintos al Derecho, de ahí la importancia de conocer a profundidad el pensamiento de quien se vaya a elegir. Con una mala integración de la Sala se puede perfectamente a través de sus votos minar por completo las garantías del texto constitucional.

Los defensores de la libertad debemos tratar de promover a un candidato comprometido con los derechos individuales, civiles, políticos y económicos. Probablemente, el Magistrado que más se ha acercado de una manera sistemática a ese perfil  fue Rodolfo Piza.  Es hora de hacer un esfuerzo para encontrar a la persona idónea que quiera ir a retomar la defensa de la noble e impopular causa de la libertad en todas sus formas y manifestaciones. Se escuchan sugerencias…

martes, 13 de octubre de 2015

La columna de Carlos Federico Smith: la revisión del programa macroeconómico del Banco Central

Cuando el Banco Central publica su programa macroeconómico o bien la revisión usual que suele hacer, son momentos que sirvan para repasar algunas de las cosas que se supone están pasando en la economía.  Tal vez lo que más me impactó de la reciente revisión del programa monetario del 2015-2016, divulgada por el Banco Central el pasado 30 de julio, fue la reducción que hizo a la estimación de inicios de año, de la tasa de crecimiento de la economía que habría de esperarse para este año.  Por tal razón, me imagino, fue que La Nación del 31 de julio tituló su artículo correspondiente bajo el encabezado “Producción tendrá la menor alza en 6 años: Banco Central anuncia que crecimiento será más bajo del que previó en enero pasado.”

Ciertamente desde hace rato, indicadores tales como el llamado IMAE (índice mensual de actividad económica) venían señalando descensos en la tasa de crecimiento de diversos sectores económicos de importancia y de la economía como un todo. Era sólo cuestión de tiempo para que el Banco redujera sus estimaciones para el 2105 formuladas a principios de año.  De esta manera, en vez de un 3.4% de crecimiento que inicialmente proyectó (crecimiento de por sí bajo y posiblemente cercana a la tasa de crecimiento de la población, tema importante para el análisis per cápita), ahora el Banco estima que dicha tasa será un 18% inferior; esto es, que la economía este año crecería tan sólo en un 2.8 por ciento.

Las explicaciones brindadas por el Banco para reducir dicha tasa son las que me inquietan. De acuerdo con el artículo de La Nación arriba citado, el Banco atribuye como razones para proyectar esa menor estimación de crecimiento a que “a la caída en la producción de microprocesadores que implicó el cierre de la planta de INTEL, se le sumó la menor cosecha de piña y banano por efectos climáticos, y el Gobierno, por su parte, no ha podido levantar la inversión pública.” 

Ante estas tres causas señaladas por el Banco surgen mis dudas. En primer lugar, ¿no entiendo cómo es que, si INTEL le anunció oficialmente al país que disminuiría significativamente su inversión en Costa Rica desde abril del 2014 e indicó que cerraría su planta de manufactura de microprocesadores antes de fines de ese año, el Banco Central no consideró el efecto que eso tendría sobre la economía nacional, al hacer a fines del 2014 su proyección inicial de crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2015? ¿Para tomar en cuenta tan importante factor, habrá tenido que esperar que pasara un semestre del 2015, a fin de reducir la expectativa de crecimiento de la economía en este año resultado de la salida de INTEL? El Banco Central siempre ha tenido más que suficiente información acerca del tamaño y relevancia de INTEL en nuestra economía, como para poder estimar los efectos en nuestro país a su salida anunciada para finales del año pasado. De manera, que el argumento me parece “espeso” y casi que ad hoc, si no es que increíblemente omiso en las estimaciones debidas que formula un ente como el Banco.

En cuanto al segundo factor causal, el de la “menor cosecha de piña y banano por efectos climáticos”, que nos menciona el Banco, tales efectos suelen tener impacto en el corto plazo, por lo cual podría esperarse una recuperación de tan importantes cosechas tal vez en el 2016, pero también, a veces, cuando hay alguna “mala cosecha” por razones climáticas, hay otras que se ven favorecidas.  No estoy diciendo que éste sea el caso concreto, pero una recuperación pronta de las inversiones afectadas creo que se podría reflejarse en tasas de crecimiento mayores que repongan el efecto que el mal clima tuvo al inicio del año.  Pero esto es, sin duda, muy discutible.

Por otra parte, el tercer punto que pretende explicar el menor crecimiento estimado por el Banco en cuanto a que “el Gobierno, por su parte, no ha podido levantar la inversión pública,” me parece que, ante el crecimiento de los presupuestos públicos que se observó a inicios del 2015, lo que más ha aumentado es el gasto corriente del Gobierno, pero esa mayor demanda de recursos bien puede haber incidido en un menor crecimiento de la inversión privada.    

Señalo esto último porque el informe del Banco es notoriamente omiso acerca de la incertidumbre que el sector privado ha venido experimentando en los últimos tiempos, que bien podría no estar invirtiendo lo posible a causa de expectativas de aumentos de impuestos que reducirán las rentabilidad de sus inversiones prospectivas. Este asunto me permite resaltar el título de una información reciente de La Nación del pasado primero de abril, cual es “Inversión empresarial crece cada vez menos: Pasó de aumentar 12,25% en el tercer trimestre del 2013 a 3,26% en último del 2014.” Según la información aparecida en dicho artículo, la inversión de las empresas -conocido en el lenguaje del Banco Central como formación bruta de capital- ha venido cayendo durante los últimos cinco trimestres.

Esa incertidumbre no se ha reducido y, de acuerdo con encuestas realizadas a empresas nacionales, permanece no sólo ante la propuesta tributaria del gobierno, sino también a causa de una serie de políticas económicas que el sector empresarial ha cuestionado públicamente por considerarlas desestimulantes para crear nuevas empresas. 

Todo lo expuesto hasta el momento se ha argumentado por el Banco para reducir la tasa esperada de crecimiento de la economía, a pesar de que es un hecho que el comportamiento reciente de los mercados internacionales, en cuanto a una baja en los precios del petróleo y de otras materias primas, le ha permitido al país tener una mejora en sus términos de intercambio y, sin duda, un alivio tanto en el costo de las importaciones, así como un menor crecimiento de la generalidad de los precios. 

Posiblemente este menor crecimiento esperado se reflejará en un aumento del desempleo y del sub-empleo e incluso de lo que se denomina economía subterránea. La baja inversión privada antes indicada, sin duda que es el sustento para la apreciación del señor Bernardo Alfaro, de la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, quien señala que en dicho comentario periodístico que “el bajo crecimiento económico proyectado del 2.8%, implica que no habrá mucho margen para reducir el desempleo, uno de los principales problemas que el país sigue enfrentando.” 

Los datos recientes acerca de la situación del empleo en nuestro país no son estimulantes.  Si bien la tasa de desocupación bajó de un 10.1% en el primer trimestre del 2015 a un 9.5% en el segundo trimestre del año, si se compara la tasa de desempleo del II trimestre del 2014 (9.1%) con la del mismo período en el 2015 (9.5%), “el desempleo se mantiene, pues el cambio no es estadísticamente significativo, debido a que las encuestas tienen márgenes de error.” (Ver La Nación, “Tasa de desempleo permanece sin cambio,” 13 de agosto del 2015). Habrá que esperar algún tiempo mayor para ver si afortunadamente el país empieza a generar un incremento sustancial en el empleo

Tampoco las cosas parecen ir bien en cuanto a sub-empleo, pues la tasa aumentó de un 11.8% en el segundo trimestre del 2014 a un 13.5% en el mismo período del 2015; ese aumento de un 1.7% sí parece ser significativo.

En cuanto a la informalidad, el comentario de La Nación indica que “hubo cambios en el porcentaje de ocupados con empleo informal, pues este aumentó dos puntos porcentuales hasta llegar a un 44.4% respecto al mismo trimestre del año anterior.” 

Un tema adicional que suscita el interés en la revisión del programa monetario que hizo el Banco Central a fines de junio pasado, tiene que ver con la conducción -si es que se puede hablar en tal sentido- de la política cambiaria. No hay dudas de que, en la actualidad, hay diversas opiniones acerca de si el tipo de cambio hoy existente es el de equilibrio; uno que se podría considerar como “adecuado”. Es obvia la presión de ciertos sectores, principalmente agrícolas, para que el tipo de cambio se ajuste con una devaluación (nunca se dice de cuánto), en tanto que, por ejemplo, el Banco, en voz de su presidente, señala que “hay un superávit de divisas en el mercado y presión para que baje”; esto es, para lo contrario, para que haya una revaluación del colón. Incluso el Banco indica que “si hay un choque externo negativo el tipo de cambio hará su trabajo,” lo cual parece indicar una política apropiada del Banco pero para tal momento. 

Pero ese no parece ser el punto esencial de la actualidad, cual es que en el país no existe claridad en cuanto al valor real del dólar en un mercado libre, pues el Banco ha estado interviniendo con suma frecuencia conforme observa algún movimiento al alza o a la baja del tipo de cambio.  Francamente, a uno le da la impresión de que en el país se está con un régimen de tipo de cambio fijo, con algunos movimientos mínimos alrededor de él. Como que el Banco actúa en contra de cualquier desviación que surja en los mercados de algún tipo de cambio casi que pre-definido.
 
En mi opinión, el Banco debe efectivamente permitir que haya una mayor flexibilidad en el tipo de cambio, para ir gradualmente acercándose a ese buscado tipo de cambio de equilibrio (que sabemos que siempre estará fluctuando). 

El objetivo del Banco no debe ser, como lo dice su presidente ejecutivo, que “si la economía tiene un nivel aceptable de estabilidad, donde el nivel de precios sea estable y las condiciones financieras sean apropiadas, significa que los agentes económicos tienen los instrumentos propios para hacer el cálculo económico y decidir cuál nivel de inversión es rentable.  En el tanto que el tipo de cambio o las tasas de interés estén fluctuando el agente económico se ve en problemas para calcular cuál es la tasa de retorno.” La estabilidad impuesta por una decisión del Banco, por ejemplo, cuando define el tipo de cambio no según lo haga el mercado, sino el ente, no es lo deseable.  Ya hemos conocido ejemplos nefastos en nuestra historia monetaria en que se han mantenido “estables” artificialmente tipos de cambio, que más tarde o más temprano han conducido a fuertes devaluaciones que no se deben de olvidar.  No digo que el Banco esté manteniendo artificialmente el tipo de cambio actual, sino que no deja que el mercado lo exprese, para así saber si la “estabilidad” del caso la define el mercado o una burocracia. La primera es la importante; la segunda conduce a la especulación cambiaria, entre otras cosas.

Lo que me inquieta, en cierta manera, es la posición que el Banco ha tomado en torno al problema fiscal, al comentar acerca de la revisión de su programa monetario. De acuerdo con el presidente del Banco, señor Castro, cuando expresa que el “mayor problema del país es el fiscal”: hay mucho de cierto en ello. Y hace bien en advertirlo, en especial cuando, si no se ponen impuestos o se reduce el gasto, el gobierno podría pensar en dos medidas alternativas que alteraría violentamente una moderada política monetaria como la hoy establecida.

La primera es que el gobierno central se endeude más en el exterior. Se ha sabido de que anda buscando $5.000 millones de dólares de inversión de parte del gobierno chino, mediante la colocación (venta) de bonos del estado en dólares, con lo cual el gobierno evitaría que, como un préstamo externo al gobierno, tuviera que ir a la aprobación legislativa, en donde no parecen soplarle buenos vientos. Eso sí, es bueno que se sepa que el efecto es el mismo en cuanto a que los costarricenses tendrán que cubrir el pago de esa deuda, ya sea que se trate de un préstamo directo al gobierno o a través de la colocación de bonos estatales. El problema es que el ingreso al país de esa suma de dólares provocaría una revaluación posiblemente fuerte en el tipo de cambio, lo cual afectaría la capacidad del país para colocar sus exportaciones en el extranjero, entre otras cosas. Si, ante tal circunstancia, el Banco quisiera esterilizar esos dólares, adquiriéndolos en el mercado para aumentar sus reservas, tendría que colocar una cantidad muy significativa de colones, lo cual daría lugar a un indeseado proceso inflacionario.

La segunda opción, la cual sin duda pone nervioso al Banco, es que el gobierno -como sucedió en época de la administración Carazo- acuda al financiamiento de su gasto mediante la emisión monetaria del Banco. Ya sabemos el efecto inflacionario que esto provocará y que, me imagino, está muy lejos de los objetivos establecidos en la actualidad por el Banco.

Por eso, a fin de mantener su independencia, el Banco hace muy bien en advertir acerca de la necesidad de que el problema fiscal no incida en la política monetaria (como en los dos casos antes mencionados), pero lamentablemente vuelve a lo mismo de siempre, al sumarse el señor Castro a las palabras del presidente Solís, de que “el país no aguanta otro año más sin impuestos.” El problema es que el poco crecimiento de la economía, que motivó la revisión del programa monetario de este año y la preocupación del Banco, se iría aún más por la borda. No conozco país en donde mayores impuestos a la economía privada dan lugar a un mayor crecimiento de la economía. Tal vez si se pensara que la forma de resolver el problema fiscal del país radica en reducir la demanda de recursos que el estado lleva a cabo; esto es, de recursos que el estado sustrae de la economía privada y que, por tanto, no se pueden destinar a actividades productivas que requieren de inversión. Reducir el gasto público es la medida adecuada, si queremos que nuestra economía vuelva a crecer a tasas aceptables y que, por tanto, se pueda reducir el desempleo y con ello aumentar los ingresos de los hogares y reducir la pobreza.
 
Jorge Corrales Quesada

martes, 6 de octubre de 2015

La Columna de Carlos Federico Smith: Una propuesta realista e inteligente

Es un hecho la preocupación actual de los ciudadanos ante la difícil situación de la economía y particularmente por el alto desempleo en el país. Esa preocupación aparece reflejada en una encuesta del Centro de Investigación de Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, hecha para el semanario Universidad del 10 de agosto al 3 de setiembre y que la consigna La Nación del 24 de setiembre, bajo el título “60% califica de mala o muy mala la labor del gobierno.”

Concretamente, en dicha encuesta se menciona que, “en cuanto a la economía, aumentó la sensación de que la situación es mala… Entre abril y agosto [del 2015] subió de un 60% a un 72% el porcentaje que desaprueba la [situación] de la economía” y que “el CIEP también consultó a los encuestados cuál es el principal problema del país.  El desempleo fue mencionado como la primera respuesta con casi un 30%.”

Debe recordarse que en la última encuesta continua de empleo, que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, se señala que, para el segundo trimestre de este año, “la tasa de desempleo a nivel nacional fue 9,5%... Durante el 2014 y los dos primeros trimestre del 2015 la tasa de desempleo nacional se ha mantenido cercana a 10%, luego de que en el último trimestre del 2013 mostró el nivel más bajo (8,3%) desde el 2010.” Además, en lo que se refiere al importante indicador de desempleo conocido como índice de subempleo, el cual se refiere al porcentaje de la población que está ocupada, pero labora habitualmente menos de 47 horas a la semana, se nos informa en la última encuesta continua de desempleo, que para “este trimestre, el porcentaje de personas ocupadas afectadas por subempleo se estimó en 13.5%.”

Recientemente se le han propuesto al país dos ideas diferentes para enfrentar al problema del desempleo. Una de estas propuestas fue objeto de mi comentario aquí, hace una semana, bajo el encabezado “Plan Estatal de Subsidios a la Contratación Privada de Ciertos Trabajadores”, más conocido como Mi Primer Empleo. Concluí en que muy posiblemente la propuesta de subsidiar la contratación laboral no lograría incrementar el empleo en el país, sino que más bien provocaría una sustitución de trabajadores que la empresa contrataría normalmente, por trabajadores subsidiados bajo dicho programa. No habría una ganancia neta en el empleo.

En cuanto al otro planteamiento, aunque si bien específicamente no lo formuló esta administración, el ministro de trabajo, señor Víctor Morales, concurrió para referirse a él en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Se trata del proyecto de Ley para la Educación Dual, bajo el expediente 19.378. En dicha ocasión señaló el señor Morales que “el expediente 19378, Ley para la Educación Dual tiene una serie de beneficios, tanto para el sector educación como para los empresarios, lo que impulsaría la economía del país a corto y mediano plazo”.  Este proyecto fue inicialmente presentado por el diputado don Otto Guevara en octubre del 2014.

Además, en la administración Chinchilla se había presentado algo similar ante la Asamblea Legislativa: el proyecto Ley para la Regulación de la Educación o Función Profesional-Técnica en la Modalidad Dual en Costa Rica, en febrero del 2014. (Un título horrendamente largo…)

De hecho, el presidente Solís firmó un convenio con la canciller de Alemania, doña Angela Merkel, en junio pasado, mediante el cual se logra la cooperación de esa nación para que ayude al país a forjar un esquema de educación vinculado con el trabajo técnico.  Alemania es una nación que desde hace ya bastante rato posee un esquema similar al de educación dual, que se está impulsando aquí.

Diferencias en aspectos puntuales de los diversos proyectos acerca de la educación dual no nos deben alejar de la idea principal, sin importar que haya distintos proponentes de lo que podría ser una muy buena idea.  Esto es, sin que sea relevante la paternidad o maternidad del proyecto, lo que debe buscarse es lo mejor de ellos y ojalá llegara  un texto mecho mejor que cada uno de ellos en lo particular.  En cuanto a lo político, dada la declaración en principio del ministro de trabajo del actual gobierno y provenir los proyectos citados de dos importantes grupos legislativos, es de esperar que sea posible que el país disponga de una buena ley, que nos permita estimular realmente la creación de empleo productivo y, por ende, para lograr un mayor crecimiento de la economía.

Para que se forjen una idea de la trascendencia que tiene una ley como ésta -con algunos detalles que analizaremos luego- me permito transcribir a mis lectores algo, que al respecto recientemente se dio a conocer en un medio periodístico.  Señala el señor Kenneth Waugh, gerente general de APM Terminals, su preocupación ante la falta de mano de obra calificada en el país, para llenar mano de obra que necesitará a futuro y puso como ejemplo el caso de soldadores: “Estamos tratando de buscar el talento local, pero es difícil conseguir talento local que tenga experiencia en una obra de esta magnitud.” (“Concesionaria clama por capacitar la mano de obra,” La Nación, 13 de setiembre del 2015.)

Es muy frecuente escuchar este tipo de inquietud proveniente de empresas extranjeras que vienen a invertir al país, acerca de la insuficiencia de personal capacitado -no sólo por falta del idioma inglés, sino de especialidades técnicas. Asimismo, el empresariado nacional ha expresado su deseo de que nuestra fuerza de trabajo se capacite más, a fin de estar a tono con las demandas de nuestro mercado laboral.

Es crucial que, ante el desempleo tan alto que tenemos en la actualidad, se haga un esfuerzo directo y bien pensado para mejorar la calidad de nuestra oferta de trabajo, de manera que la oferta se pueda adaptar a los requerimientos de la demanda en la economía.  Lo más interesante es que tal es la naturaleza de la demanda que llevan a cabo los sectores aparentemente más dinámicos de la economía, que propugnan por una fuerza de trabajo más calificada, que esté más capacitada y que tenga experiencia en ciertas labores específicas.

Lo que se conoce como “educación dual” en esencia constituye en la formación de personal laboral en dos partes: una de ellas, la académica, en centros educativos que llamaría como los usuales y, la segunda, que obtengan un aprendizaje técnico en empresas privadas que entraría formar parte de estos programas. Es decir, las empresas se convierten en centros de formación de personal -usualmente para cada una de ellas, según sea su interés y especialidad- en la parte práctica de aquella teoría que bien aprenden en los centros académicos.

Un sistema de educación dual parece ser muy beneficioso para los diversos participantes en la economía. Es un hecho que nos entristece ver, por ejemplo, las largas hileras de jóvenes buscando empleo en ferias públicas, que se organizan para tal efecto: dichas filas en su mayoría están compuestas por jóvenes, quienes no tienen las habilidades ni la experiencia que demandan los puestos de trabajo en las empresas privadas. Con la propuesta, producto de un acuerdo entre las empresas y un organismo gubernamental supervisor del programa, los estudiantes podrían dedicar, como un ejemplo, dos terceras partes de su tiempo a la labor práctica en la empresa, en tanto que el tercio restante sería para la parte académica.

Los jóvenes que participen y culminen este programa de educación dual encontrarían un enorme beneficio, al poder obtener experiencia -requisito usualmente solicitado por los empleadores- lo cual se traduce en una más elevada productividad de su trabajo y, por ende, en un salario mayor. También tiene otro beneficio y es que la empresa en donde estudió bajo el sistema de educación dual, estará naturalmente muy interesada en que, al final de su período de aprendizaje, ese estudiante obtenga un trabajo en la misma firma que le enseñó sus habilidades. Pero esto va más allá de obtener un simple aprendizaje laboral técnico, sino que con el entrenamiento adquiere toda una serie de características particulares de la empresa, como es conocer las reglas y las costumbres que rigen a lo interno de una firma.  Estos son valores que son apreciados en la empresa; valores tales como responsabilidad, trabajo en equipo, cooperación y colaboración entre el grupo, creatividad e innovación, además de rectitud ante sus compañeros y la empresa. Estos atributos indudablemente que con factores altamente valorados por las firmas y que forman parte integral de un concepto más amplio de “experiencia,” entendida ésta como un entrenamiento técnico.

Es de hacer notar que una formación exclusivamente académica del estudiante, sin que haya tenido el complemento de la experiencia práctica, no parece permitir todo el potencial de desarrollo del capital humano de esos jóvenes.  De ser así, quedan como truncados en lo que se debería de verse como una unidad: la formación teórica académica y la práctica que genera experiencia. En nuestro país el exceso de oferta (desocupación) se observa principalmente en aquellos que tienen solo la formación académica teórica. Todo lo contrario parece suceder con aquellos que la han complementado con diversos grados de experiencia.

Asimismo, esos jóvenes trabajadores tendrían la oportunidad de desarrollar sus habilidades en tecnología de punta, que suele ser la existente y obligada en empresas sujetas a la competencia internacional, que en muchos casos suelen ser las que señalan requerir personal calificado y experimentado, cuando entran a operar en el país para producir para todo el mundo.

El sistema de educación dual también le sirve a las empresas, pues se les facilita el reclutamiento y el entrenamiento necesario de la fuerza de trabajo que requieren.  Una nueva edición de la encuesta anual de Escasez de Talento, hecho por la firma Manpower y divulgado en Costa Rica el 16 de julio del 2014, indica que el “51% de los  empleadores en Costa Rica tiene dificultades para encontrar candidatos con las habilidades adecuadas”, en tanto que en todo el mundo el porcentaje es del 36%. Además, el reporte señala que “La encuesta de escasez de talento continúa indicando que hay una gran dificultad por parte de los empleadores de encontrar talento en puestos técnicos fundamentalmente; asimismo, incrementó la dificultad para encontrar candidatos para puestos de Ingeniería y Gerencia de Ventas”.

La empresa debe encarar en nuestro país a un personal que no tiene la experiencia, ni las competencias técnicas que requieren: hay una oferta relativamente escasa de ese tipo de trabajadores en el mercado, tales que les permitan realizar sus tareas apropiadamente.  La educación dual es un sistema que, bien administrado, le genera al país trabajadores con experiencia, con las competencias adecuadas y en un número mayor que los que se tendría en su ausencia.

Obviamente lo anteriormente expuesto señala que el sistema de educación dual beneficia a la sociedad como un todo, pues da lugar a un aumento de la productividad de su fuerza de trabajo, lo cual se traduce en una mejoría de la competitividad, cara a cara con otras naciones en los mercados internacionales, además de mejorar los salarios y, obviamente, el nivel de empleo. Particularmente, un sistema dual como el comentado se convierte en un atractivo mayor para la inversión extranjera en el país, pues así el inversionista encuentra mayores posibilidades de obtener la mano de obra calificada y en la cantidad que requiere, pues, si participa en el programa de educación dual, tiene una mayor posibilidad de contratarlo como un trabajador fijo en la empresa.

En realidad, el aprendizaje no es algo nuevo en las sociedades. No hace mucho, don Arnoldo Madrigal, quien es un empresario del área de la tecnología, publicó un artículo en La Nación titulado “El Estudiante que trabaja” (29 de junio del 2015), pone las cosas con suma sencillez y a la vez profundidad, por lo que considero que reproducir partes de éste es de sumo interés a los lectores. Con Arnoldo scribe que:

En estos días se ha discutido sobre la educación dual y se ha tratado de desprestigiar la figura del aprendiz. Desde el tiempo de Miguel Ángel Buonarotti, la formación de aprendices ha sido un modelo exitoso y se ha usado en muchos esquemas de formación.
No es raro que muchos médicos sean mejores cirujanos porque fueron enseñados por un mentor más que por un método o un libro. Tampoco es raro que muchos abogados sean mejores abogados porque fueron formados en la práctica por un mentor. Lo mismo sucede con músicos, escultores, pintores, deportistas y hasta políticos.
La educación dual, en su concepto más básico, se centra en la figura de un estudiante que trabaja, no un trabajador que estudia. Esa es la diferencia fundamental.”
Y destaca luego que:
¿Por qué el establishment se siente amenazado, si sabe muy bien que esta es una tendencia consolidada en otros países? Este modelo educativo se ha desarrollado con excelentes resultados.
La descalificación de llamar a la educación dual un “generador de aprendices” no demerita sus resultados. Al contrario, refresca el concepto de que el aprendiz es la generación del remplazo de los mejores técnicos, ingenieros o especialistas en cualquier actividad económica.”
Así, en sencillo, explica la importancia de crear una relación entre el aprendizaje productivo que permite adaptar la fuerza de trabajo a las necesidades de una economía, creándose así más empleo en la sociedad, al mismo tiempo que faculta que aumente la productividad y, por ende, los ingresos de los trabajadores.
Podemos explicar la razón por la cual dos importantes sindicatos del magisterio, la Asociación Nacional de Educadores (ANDE) y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), realizaron una manifestación ante la Asamblea Legislativa para oponerse a los proyectos de educación dual. ANDE indicó en su perfil de Facebook que convocaba a sus afiliados de secundaria “para luchar en contra del proyecto de educación dual y por la defensa de nuestros derechos laborales”, en tanto que APSE convocó a dicha manifestación a trabajadores de colegios técnicos diurnos y nocturnos así como de los colegios vocacionales.”
Se oponen por una razón muy sencilla: que su gremio sindical tendría menos labores que hacer, pues la sociedad tendría otra opción de aprendizaje que no exige que sea brindada por miembros de sus sindicatos.  Una nueva versión de los luditas: lo importante no es el progreso, sino que a causa de él no pierdan la chamba patrocinada por el sindicato. [El ludismo fue un movimiento encabezado por artesanos de Inglaterra, que protestó entre los años 1811 y 1817 en contra de las nuevas máquinas que destruían empleo, sin tomar en cuenta que, entonces, ¿quién habría de producir las nuevas máquinas? Se suele identificar al ludismo como la oposición al progreso y al cambio].
Da tristeza que intereses particulares de estos sindicatos los mueven a preocuparse tan sólo por el bienestar de sus asociados y no por la posibilidad de ampliar oportunidades para todos los ciudadanos, de lograr una educación que sea más productiva para ellos. Por eso, sin sentido se oponen a un esquema que impediría altas tasas de desocupación, que lograría una mayor productividad y competitividad de nuestra mano de obra, que generaría mayores ingresos salariales y que permitiría, a quienes desean trabajar, encontrar un empleo productivo.

Estoy muy a favor de esta idea de la educación dual y me atrevo a proponer que, dentro de ese esquema no sólo se incorpore a jóvenes que recién ingresan a la fuerza laboral y que lamentablemente no encuentran empleo, sino que también sirva para que trabajadores que, por circunstancias de ajustes propios y normales en los mercados competitivos, requieren de un reentrenamiento de sus habilidades a fin de obtener un nuevo empleo.
Jorge Corrales Quesada