Como decía Jeff Daiell: "cuando la mafia exige un pago para permitir hacer negocios, se llama latrocinio. Cuando el estado exige un pago para permitir hacer negocios, se llama impuesto de ventas". Evidentemente, esta situación no ocurre tan sólo con los impuestos, sino también con los colegios profesionales, nuestro tema polémico de hoy.
Estos colegios son verdaderas instituciones que cobran por dejar trabajar. Resulta curioso que, para poder ejercer nuestro derecho constitucionalmente consagrado -el trabajo-, para poder ejercer nuestras carreras y mantenernos a nosotros mismos o a nuestras familias, para poder crear riqueza, haya que contar con el permiso de un colegio profesional y estar debidamente inscrito.
En ASOJOD hemos tenido la oportunidad de sondear la situación con profesionales en Ciencias Políticas, Derecho, Economía, Farmacia, Medicina, Odontología, Educación y otras áreas y la opinión es la misma: el colegio profesional al que están afiliados no les aporta ningún beneficio sino que les resulta una carga, en tanto tienen que pagar mensualidades, cuotas y demás para que unos pocos -la junta directiva y sus amigotes- disfruten de una mesa de tragos en cada reunión o de un buen fin de semana en los centros de recreo.
Y si, alguno de los colegiados se negara a pagar por estas "ventajas" simplemente el Colegio amenaza con prohibirle el ejercicio de su labor. Incluso, nos hemos enterado que, cuando se trata de empleados públicos, los fiscales de los Colegios han llegado a ponerse en contacto con las oficinas de Recursos Humanos para "recomendar" que si el colegiado no paga, se le despida. ¡Vaya maravillas las que genera la solidaridad obligada!
Pero esto no es todo: la prohibición del derecho a trabajar si no se está afiliado al Colegio respectivo, implica también una violación al derecho de asociación. Según nuestra Constitución Política nadie puede ser obligado a formar parte de asociación alguna. Pero esto es contradictorio cuando nos dicen que tenemos que estar afiliados al Colegio Profesional para poder trabajar. Y como además de la afiliación hay que pagar por fuerza las cuotas que la Asamblea de profesionales disponga, se violenta también el derecho a la propiedad, toda vez que se nos obliga a dirigir recursos a cosas que muchos profesionales no queremos: centros de recreos, carnes asadas, asambleas ordinarias y extraordinarias, viajes para la Junta Directiva, etc.
Como se puede observar, tres desventajas contra cero beneficios respecto a estos Colegios. El argumento para mantenerlos vivos es que "aseguran" que los profesionales inscritos cuentan con los conocimientos para ejercer y que, en el peor de los casos, se convierten en un mecanismo donde una víctima puede recurrir al denunciar una mala praxis profesional. No obstanta, vale aclarar que no hay relación de causalidad entre la inscripción y la capacidad. Y que tampoco hay garantía de respuesta, pues ¿qué pasa si el acusado es íntimo amigo de los miembros de la Junta Directiva o, peor aún, miembro de ella? ¿Habrá un procedimiento imparcial?
Además, hay que ponerse a pensar qué pasa cuando hay un interés por sacar a alguien del mercado laboral. Es decir, que un amigo o miembro de la Junta Directiva quiera sacar de competencia a un colega y se valga del procedimiento administrativo que puede realizar el Colegio para ello. ¿Quién protege a la víctima si el juez es parte en el conflicto?
Por eso, en ASOJOD proponemos la desaparición de estas instituciones de latrocinio, que no le aportan ningún bien a nadie más que a las Juntas Directivas y a sus allegados. Para proteger a las vícitmas de una mala praxis profesional proponemos crear una oficina dentro de la Defensoría del Consumidor, que tenga capacidad de investigar y castigar (con suspensión) al profesional en caso de que haya cometido un acto en donde medie dolo o negligencia. Así se asegura una mayor probabilidad de imparcialidad, celeridad y sin necesidad de obligar a los profesionales a formar parte de una asociación.
Estos colegios son verdaderas instituciones que cobran por dejar trabajar. Resulta curioso que, para poder ejercer nuestro derecho constitucionalmente consagrado -el trabajo-, para poder ejercer nuestras carreras y mantenernos a nosotros mismos o a nuestras familias, para poder crear riqueza, haya que contar con el permiso de un colegio profesional y estar debidamente inscrito.
En ASOJOD hemos tenido la oportunidad de sondear la situación con profesionales en Ciencias Políticas, Derecho, Economía, Farmacia, Medicina, Odontología, Educación y otras áreas y la opinión es la misma: el colegio profesional al que están afiliados no les aporta ningún beneficio sino que les resulta una carga, en tanto tienen que pagar mensualidades, cuotas y demás para que unos pocos -la junta directiva y sus amigotes- disfruten de una mesa de tragos en cada reunión o de un buen fin de semana en los centros de recreo.
Y si, alguno de los colegiados se negara a pagar por estas "ventajas" simplemente el Colegio amenaza con prohibirle el ejercicio de su labor. Incluso, nos hemos enterado que, cuando se trata de empleados públicos, los fiscales de los Colegios han llegado a ponerse en contacto con las oficinas de Recursos Humanos para "recomendar" que si el colegiado no paga, se le despida. ¡Vaya maravillas las que genera la solidaridad obligada!
Pero esto no es todo: la prohibición del derecho a trabajar si no se está afiliado al Colegio respectivo, implica también una violación al derecho de asociación. Según nuestra Constitución Política nadie puede ser obligado a formar parte de asociación alguna. Pero esto es contradictorio cuando nos dicen que tenemos que estar afiliados al Colegio Profesional para poder trabajar. Y como además de la afiliación hay que pagar por fuerza las cuotas que la Asamblea de profesionales disponga, se violenta también el derecho a la propiedad, toda vez que se nos obliga a dirigir recursos a cosas que muchos profesionales no queremos: centros de recreos, carnes asadas, asambleas ordinarias y extraordinarias, viajes para la Junta Directiva, etc.
Como se puede observar, tres desventajas contra cero beneficios respecto a estos Colegios. El argumento para mantenerlos vivos es que "aseguran" que los profesionales inscritos cuentan con los conocimientos para ejercer y que, en el peor de los casos, se convierten en un mecanismo donde una víctima puede recurrir al denunciar una mala praxis profesional. No obstanta, vale aclarar que no hay relación de causalidad entre la inscripción y la capacidad. Y que tampoco hay garantía de respuesta, pues ¿qué pasa si el acusado es íntimo amigo de los miembros de la Junta Directiva o, peor aún, miembro de ella? ¿Habrá un procedimiento imparcial?
Además, hay que ponerse a pensar qué pasa cuando hay un interés por sacar a alguien del mercado laboral. Es decir, que un amigo o miembro de la Junta Directiva quiera sacar de competencia a un colega y se valga del procedimiento administrativo que puede realizar el Colegio para ello. ¿Quién protege a la víctima si el juez es parte en el conflicto?
Por eso, en ASOJOD proponemos la desaparición de estas instituciones de latrocinio, que no le aportan ningún bien a nadie más que a las Juntas Directivas y a sus allegados. Para proteger a las vícitmas de una mala praxis profesional proponemos crear una oficina dentro de la Defensoría del Consumidor, que tenga capacidad de investigar y castigar (con suspensión) al profesional en caso de que haya cometido un acto en donde medie dolo o negligencia. Así se asegura una mayor probabilidad de imparcialidad, celeridad y sin necesidad de obligar a los profesionales a formar parte de una asociación.
