Tema polémico: bofetada a los más pobres

Por lo general, todos los partidos políticos, especialmente durante las campañas electorales, se presentan como defensores de los pobres, con propuestas que muestran su preocupación por quienes menos tienen y con promesas para mejorar su calidad de vida. Su diferencia radica en la forma en la que quieren lograr esa meta: grosso modo, unos plantean al Estado como el actor preponderante que lo haga todo, incluyendo producir la riqueza (¡como si pudiera hacerlo!) y repartirla; otros procuran que la riqueza la genere el mercado, es decir, miles de individuos decidiendo libremente intercambiar sus productos y su dinero, y que ellos sean quienes definan a los ganadores y perdedores. Otros pretenden mezclar ambas premisas y transitan más cerca o más lejos de alguna de ellas. 

El Partido Acción Ciudadana (PAC), que ganó las elecciones presidenciales el año anterior, históricamente ha expresado, a través de sus líderes políticos y candidatos, que el Estado debe asegurar los mecanismos para que los más pobres puedan progresar. Sin embargo, su accionar ha estado marcado por grandes contradicciones. No en vano fue el principal promotor, junto con el Poder Ejecutivo y la bancada oficialista del periodo anterior, de un plan para aumentar los impuestos que, finalmente, iba a recaer con todo su peso sobre las personas de clase media y clase baja, aquellos a los que decía defender.

Increíblemente, a pesar de este exabrupto, los electores fueron mayoritariamente a firmar su sentencia de muerte en abril del 2014, dándole a esa agrupación más de 1.3 millones de votos para que guiara el transitar político costarricense por los próximos cuatro años. Durante los primeros meses de gestión, la nueva Administración dio tumbos a raíz de sus desaciertos, haciéndole creer a todos que su periodo transcurriría sin pena ni gloria, marcado por la incapacidad de sobrellevar la carga asignada; sin embargo, poco a poco, Solís Rivera y su equipo comenzaron a mostrar su verdadera cara: primero, levantando el veto a la reforma procesal laboral y, con ello, creando enormes incertidumbres al empresariado, reduciendo las posibilidades de encontrar trabajo para quienes tanto lo necesitan y aumentando la preocupación de todos aquellos que vemos con malas perspectivas la situación económica del país. Posteriormente, la noticia de los últimos días que ha sacudido al país y, en especial, los bolsillos de los más pobres, de aquellos a los que este gobierno dice defender, es el aval que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) otorgó a una solicitud de los empresarios arroceros para aumentar el impuesto sobre la importación de este grano, pasando de 35% a más de 62%. Su alegato, sorprendente y sin sentido, es que existe una relación causal entre el aumento de las importaciones y el daño grave que estas causan a la  producción nacional del arroz y que es necesario proteger los empleos que esta actividad genera.

La gran pregunta es ¿por qué no se dice nada de la relación causal entre el impuesto a las importaciones y el daño grave que este causa al consumidor de arroz? Muy sencillo. Porque para los miembros del PAC, el consumidor no importa; hay que proteger a los productores, hay que evitarles enfrentar la competencia, hay que asegurarles ganancias aunque no sean capaces de generarlas por sí solos, aunque no sean eficientes ni productivos; hay que meterle la mano en el bolsillo a millones de consumidores para quitarles los pocos recursos que tienen y dárselos a unos cuantos empresarios que se venden como pequeños productores, aunque en realidad, son de los más ricos y poderosos del país.

Está ampliamente demostrado que el sistema actual de protección al arroz genera una distribución de riqueza de los pobres y clase media a favor de unos pocos empresarios muy adinerados. Y no es algo que digamos solamente nosotros en ASOJOD. En el 2002, la Defensoría de los Habitantes denunció que

“resulta evidente que toda la cadena de comercialización gana de más con esta propuesta, toda vez que la distribución del monto en exceso cobrado al consumidor se reparte en la cadena de comercialización; es pues una simple repartición de utilidades, sin que a la fecha el gobierno tenga una justificación valedera para ello. Esta falta de transparencia resulta preocupante para la Defensoría, toda vez que es un derecho fundamental de los habitantes contar con información completa, con respecto a todo aquello que afecte sus intereses económicos (…) En cualquiera de los casos, las ganancias que obtienen los distintos agentes de la cadena salen íntegramente del bolsillo de los consumidores, especialmente de los de más bajos recursos que son los que tiene una dieta basada en este grano básico”. 

En ese mismo Informe, la Defensoría reveló que desde el año 2000 el propio MAG reconocía, mediante Oficio DM-101-2000, que “por las medidas arancelarias, al precio del arroz importado debe sumársele el pago de derechos por un 42% aproximadamente para obtener el valor de costo nacional del arroz importado.

Por su parte, la Contraloría General de la República, en su Informe N° DFOE-AM-16/2004, reveló que

“un Fondo de Asignaciones no Reembolsables”, creado por medio del Decreto N°30867-MAG-MEIC-COMEX-H para beneficiar a los productores de arroz con el diferencial que produzcan las importaciones de arroz en granza que se realicen al amparo de la declaratoria de Desabasto que efectuara el MAG con base en el artículo 37 y concordantes de la Ley de la Corporación Arrocera, se distribuyó de forma tal que en manos de 33 grandes productores que representan apenas un 3% del total, quedó más del 50% de la asignación total del Fondo, sea más de  ¢965 millones; mientras que 774 pequeños productores de arroz que son la mayoría, (corresponden al 71% del total) recibieron apenas el 13% de la asignación, es decir aproximadamente ¢259 millones”.

Para el año 2006, un estudio realizado por Diego Petrecolla para el Banco Mundial y la Comisión para la Promoción de la Competencia del MEIC, reveló que

“el precio final al consumidor no se ha visto permeado por los precios internacionales, históricamente más bajos que el precio del arroz producido localmente”, esto por cuanto desde 1999, el precio del arroz en Costa Rica ha sido entre 30% y 50% mayor que el precio internacional de ese bien. Según dicho autor, esta situación se ha traducido en una transferencia de recursos del consumidor hacia la agrocadena del arroz en su conjunto, de nada más y nada menos que $396.4 millones, siendo la industria la más beneficiada ―y no el productor― pues a esta le correspondieron $324.7 millones. Ese mismo estudio midió el impacto del precio del arroz en el consumo de las familias de menores ingresos y demostró que sólo en la adquisición de ese grano, las familias más pobres gastaron entre un 6% y 8.4% de sus ingresos totales entre 2002 y 2005". 

En ese mismo año, el sobreprecio fue de aproximadamente $80 por tonelada métrica, estando el precio internacional del arroz más bajo que el del mercado local,  situación que no cambió toda vez que en 2008, de acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro país era el quinto en América Latina que registraba mayores precios en los alimentos, por cuanto el Índice de Precios al Consumidor indicó que el costo de la canasta básica alimentaria creció entre mayo de 2007 y mayo de 2008 un 23%; el doble de la inflación general del país en ese mismo ciclo que fue 11.90%. 

Tanto los gobiernos de Óscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla Miranda reconocieron la situación de abierto perjuicio para los hogares, en particular aquellas que se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, que producen con su política de protección a unos pocos productores e industriales. En efecto, MIDEPLAN enfatizó que en “los hogares de más bajos recursos…el consumo de alimentos básicos representa el 45,4% del ingreso, según la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2004 y…en la actualidad puede representar la totalidad o la mayor parte del ingreso de los hogares dado el encarecimiento de los alimentos (arroz, maíz, trigo, frijoles)”.  Pero lejos de la sensibilidad presente en los discursos y declaraciones públicas, ambas administraciones no hicieron nada para solucionar la situación.

El pasado 12 de Mayo de 2014 se publicó una noticia en la que se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el séptimo más caro de todo el mundo, lo que refleja que, efectivamente, todas estas informaciones apuntan al mismo problema: el perjuicio que la protección arrocera genera a los consumidores, especialmente a los de más escasos recursos. Inclusive, por si todo lo anterior no bastara, el propio Óscar Campos, alto dirigente arrocero, confesó que cinco grandes empresas acaparan los beneficios del arroz.

Más recientemente, se conoció que cuatro estudios diferentes -BID, Bernal Jiménez Chavarría, IICE y UNCTAD- critican las políticas arroceras costarricenses por considerarlas regresivas, es decir, que afectan a los que menos tienen, toda vez que estos deben gastar mayor proporción de sus ingresos para adquirir el grano vital en la dieta costarricense. De acuerdo con el estudio del BID, "la política del arroz en Costa Rica implica una transferencia importante de los consumidores (sobre todo los pobres, para quienes el arroz representa una parte importante de su canasta básica) a los productores y procesadores medianos y grandes); por su parte, Jiménez manifiesta que "los consumidores pagan un impuesto de $190,4 millones debido a la diferencia entre el costo local y el externo del grano. De este monto, los agricultores pequeños (379 productores de 1.019 en total) solo reciben $2.2 millones (1,15% del subsidio), y seis empresas agroindustriales, reciben $130,8 millones (68,7%)".

Según el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas señala que "no se identifican argumentos económicos o sociales para justificar el actual sistema de fijación de precio del arroz, ya que muchos productores reciben menores precios al fijado (efecto de las calidades), los consumidores, particularmente los de menores ingresos, pagan precios muy por encima de los internacionales". Finalmente, la UNCTAD indica que "las políticas existentes han beneficiado, principalmente, a los grandes agricultores y molineros integrados verticalmente, pues a menudo tienen licencias y cuotas, son capaces de comprar arroz a bajo precio en el mercado mundial, ganando altos beneficios ya que lo procesan y lo venden en el país".

Como puede verse, a lo largo de todos los datos y argumentos que hemos recopilado en ASOJOD durante años, es clarísimo que el sistema actual de protección arrocera resulta en un grosero atropello para los consumidores, especialmente para los de más escasos recursos. Proteger a unos pocos para transferirle el dinero de muchos es un acto horrible, muy criticado antaño por el PAC pero que ahora es legitimado por esa fuerza política con la resolución del MEIC para aumentar el impuesto. ¿Y así se atreven a llamarse un partido progresista que busca mejorar la calidad de la vida de las grandes mayorías?

Gracias a esta insensatez, miles de personas verán dificultarse aún más la consecución de su sustento y tendrán que que apretarse más la faja, reduciendo el monto que destinan a otras necesidades o, lamentablemente, disminuyendo el consumo de este grano tan importante en la dieta del costarricense. El resultado final será, sin duda alguna, un incremento de la pobreza, de las necesidades insatisfechas, de la desnutrición y de la incertidumbre que viven las familias en nuestro país. Si ya el dinero no alcanza, como dicen casi todas las personas, ahora mucho menos. Mientras tanto, unos pocos arroceros seguirán disfrutando de ganancias malhabidas, obtenidas a través de la expoliación. 

Esa es la Costa Rica que quiere el PAC, la de unos pocos privilegiados a costa de muchos que pagamos impuestos; la de reducidas oportunidades de progreso para las mayorías con tal de salvaguardar las gollerías de una minoría. La caravana de la alegría muestra la realidad circense en que nos embarcamos los costarricenses, quienes somos enviados a los leones para mantener entretenidos a unos cuantos "patricios". Con Costa Rica no se juega, decía Luis Guillermo Solís en campaña, pero la realidad muestra que con los costarricenses sí.

Ahora, pareciera que nos tocará gritar Ave Luisgui, pauper te salutant.

Tema Polémico: Arroz para ricos

El día de hoy aparece publicada una nota en La Nación que debe preocuparnos a todos. En la misma, se detalla que el arroz que consumimos los costarricenses es el sétimo más caro de todo el mundo.

Como todos sabemos, el arroz es un producto que consumen masivamente los costarricenses, incluídos los más pobres. Así las cosas, estos precios desmedidos tienen un impacto sumamente profundo sobre el bolsillo de las personas que menos recursos tienen.

Ahora bien, no podemos dejar de señalar que el arroz es todavía de los productos que mantiene un precio fijado, es decir, que no es producto del proceso de mercado. Lo anterior, sin duda es un baño de realidad directo para aquellos que piensan que la eficiencia se puede alcanzar artificialmente a través de leyes, decretos y reglamentaciones. La realidad es que cuando existe una regulación estatal los grupos de presión buscan ser los beneficiados de la misma, precisamente, esto es lo que ha acontecido con el caso del arroz, tal y como lo menciona la nota:

“El Gobierno y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica, concluyeron que la fijación por ley del precio perjudica al consumidor y al final beneficia solo a unos pocos productores.”

Bajo este panorama, resulta impostergable la búsqueda de políticas públicas que solventen este flagelo para la población costarricense. Evidentemente, para ASOJOD dichas propuestas transitan por una mayor apertura comercial, una reducción de aranceles y una disminución de las barreras de entrada al mercado. En este sentido parecía caminar el Estado costarricense, mismo que se había comprometido a que el precio del arroz se liberara a partir del primero de marzo del 2015. Ahora, desafortunadamente al nuevo Ministro le resulta poco dicho plazo de transición, situación que por supuesto nos deja a todos a la expectativa de que irá a pasar con este medida.

Nuestro país no puede seguir teniendo sueldos y condiciones del tercer mundo, y precios por encima del primer mundo, esa ecuación es una receta para el desastre y empobrecimiento económico. Debemos apostar por políticas públicas que alivien la carga económica al consumidor, y no slogans vacíos. Las billeteras de las personas no entiendes de ideas trasnochadas, la plata al final del mes alcanzo o no, tan simple como eso.

Invierta en arroz, grano de oro!

Este negocio fabuloso, aún en época de crisis, le garantiza por decreto 20% de ganancia mínima, y, si usted es astuto, entre 40% y 100%: siembre arroz, nuestro grano de oro. Por ley el precio de venta al público se fija con una fórmula mágica que le garantiza rentabilidad: costo de productor nacional más 20%, no hay riesgo. Las ventas están seguras con 4 millones de clientes; los de abajo (los que más compran) comen arroz con huevo; los del medio, arroz con pollo, y los de arriba, paella; todos, gallo pinto.

Como negocio conexo, puede importar arroz a precio internacional, de los países eficientes y venderlo a precio de ley, que es el doble. Así, sin generar empleos ni salir a zona rural, duplica su inversión grano a grano.

Hágase rico en tres pasos. N.º1. Siembre aunque sea una hectárea de arroz, ya es un productor nacional de granos básicos, bienvenido al club. N.º2. Siembre muy mal, genere la mínima productividad para que su costo por tonelada sea lo más alto posible, recuerde su 20% de margen seguro, mientras más caro sea el precio final, mayor su ganancia. N.º3. Supla la demanda faltante con mucho arroz importado barato y véndalo caro, nadie notará la diferencia.

¿Sin dinero para invertir? La banca estatal le facilitará créditos blandos exclusivos, con plazos largos más períodos de gracia y a tasas ridículas. Pague solo intereses, con el primer huracán, argumentamos pérdidas al agro nacional y recibimos condonación de deudas, usted no puede perder ni un cinco. Este cultivo es el mayor consumidor de la escasa agua en la zona seca guanacasteca, pero por ley pagamos el canon más bajo.

Todo esto gracias al cuento de que defendemos al pequeño parcelero que canta “Caña dulce”, aunque en realidad ellos solo producen el 17% del arroz nacional. El 83% de las toneladas subsidiadas son de grandes finqueros, cuyo costo es $420/ton pero venden a $590/ton y así ganan 40%.

El negocio va bien. N.º1- En dos años pasamos de 900 a 1.400 productores, el club creció 12.000 hectáreas en solo un año. Nº2 - Ya bajamos la productividad a 3,7 ton/ha, la mitad que El Salvador (7,7 ton/ha), así el precio internacional es ¢350/kg y el local es ¢700/kg, ahí ganamos a 2x1 cada vez que vendemos el de allá a precio de acá. N.º3- En 2008 producíamos el 50% de la demanda, ahora solo el 35%, lo cual nos conviene porque se gana más importando que produciendo. En 2010 los ticos nos pagaron $45 millones más que si compraran arroz de fuera. No se confunda, jamás querremos producir eficientemente porque arruinaría el negocio importador, la verdadera mina de oro.

Es verdad que una de cada cinco familias ticas es pobre y se ahorraría $282 al año si le diéramos el precio internacional (un 10% de su ingreso, más que un aguinaldo), pero recuerde que usted, amigo agricultor, no está a cargo de la política social; la ley no fija precio máximo al consumidor, sino ganancia segura al productor (vea paso 1 arriba). Somos más importantes mil productores que un millón de consumidores de familias numerosas y bolsillo pequeño.

Políticos ingenuos, que se ven a montón los primeros de mayo, lo defenderán para fomentar la “soberanía alimentaria”, un ideal imposible porque acá no tenemos el clima ni suelos para lograr buenas cosechas de arroz o trigo, pero a las masas les suena bien la idea mientras no sepa lo que pagan de más ni a quién ayudan. La ley está de nuestro lado, no hay cabos sueltos. ¿Qué espera? Invierta en arroz, el grano de oro de Costa Rica.

César Monge Conejo

La columna de Carlos Federico Smith: un arroz que sigue amargo

El proteccionismo arrocero sigue siendo noticia en nuestro país. Ciertamente, los protegidos conforman un gremio muy poderoso e influyente, pues tras muchos años de tratar de que ese crucial alimento de la mesa del costarricense no nos costara más que los que se pagaría con un mercado sin interferencias -esto es sin protección arancelaria- obtuvieran un éxito reciente al lograr que una jueza contencioso-administrativa les diera la razón ante el intento del Gobierno de bajar el precio del arroz en cien colones. Este fallo pone en evidencia que el problema debe enfrentarse de una vez por todas, a fin de acabar con la enorme transferencia de recursos que hacen los pobres consumidores hacia unos pocos productores protegidos, que se han enriquecido de más gracias a políticas gubernamentales consentidoras.

Ante la queja de muchos países ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que el Gobierno costarricense terminara con su subsidio a la producción doméstica de arroz, la actual Administración propuso que se elevara el rendimiento requerido de la producción de arroz nacional. Con ello se esperaba una reducción del precio fijado al consumidor costarricense cercana a los cien colones, disminuyendo así el subsidio del cual se quejaban aquellos otros países productores. Pero la jueza decidió que esa medida administrativa del Ministerio de Comercio no cumplía con la legalidad -según el fallo, casi que la medida era un abuso de parte del Estado- lo que significa que ahora tan sólo se podrá reducir el precio al consumidor en cincuenta colones el kilo.

La Ministra de Comercio Exterior, doña Anabelle González, señaló la gravedad del problema y agravio que se le hace al consumidor costarricense, al señalar que en Costa Rica el precio del arroz era el sexto país más caro del mundo y que el abuso se reduciría parcialmente si, para efectos de la fijación del precio de sustentación, se obligaba a que el productor nacional fuera más eficiente.

En cierta manera esta es una vieja estrategia utilizada en el pasado para tratar de disminuir el impacto dañino que el proteccionismo tiene sobre el consumidor. Se puede considerar que, si se eleva la productividad doméstica, conceptualmente el país puede competir mejor ante la producción externa, al reflejarse en menores precios para el consumidor. Pero la realidad es que posiblemente aún con los nuevos requisitos de productividad propuestos, el consumidor nacional seguiría pagando precios más altos que los que podría obtener si se importara el arroz sin aranceles proteccionistas.

Aún cuando se dé una fijación de precios domésticos basada en cierta productividad “relativamente” baja, en tanto que haya otros productores que tienen una rentabilidad relativamente mayor, el proteccionismo arancelario significará que persista un subsidio hacia estos en detrimento de los consumidores nacionales. Tan es así ello que traigo a colación como en el pasado, en el caso de la fijación de precios de sustentación al productor de maíz (esto es, un precio mínimo garantizado), los grupos de presión se organizaban para que el Estado costarricense, por medio del difunto Consejo Nacional de Producción, adquiriera cualquier producción al precio garantizado al productor, el cual se fijaba con base en la productividad (menor) de los más pequeños. El problema se evidenciaba al fijar el estado el precio de sustentación, pues los productores grandes relativamente más eficientes “apoyaban” de muy distintas maneras a los productores pequeños relativamente menos eficientes, para que fuera ésta la productividad que se tomara en cuenta para la fijación del precio de sustentación. Por supuesto, con ella los grandes -con mayor productividad que los pequeños- tendrían un mucho mayor margen de ganancias.

La solución que el Gobierno pretendió poner en práctica en verdad contribuiría a mejorar el desorden actual. Incluso si se elevara la productividad usada para fijar el precio de venta al consumidor a un nivel lo suficientemente alto, podría, sin arancel, competirse ante la producción externa y acabar así de cuajo con el daño del proteccionismo. Pero esta idea se la trajo abajo una jueza -por las razones que sean- y ello asegura que el desorden y el perjuicio al consumidor se perpetúen. Pero hay una idea que ojalá el Gobierno se atreviera a tomar (y que incluso sería ahora muy útil para disminuir la presión experimentada de la revaluación del tipo de cambio del colón ante el dólar): reducir radicalmente la protección arancelaria actual al arroz, que creo anda en alrededor de un 100%. Así cumplimos con nuestras obligaciones ante la OMC y reducimos los altos costos del arroz que afecta principalmente a los consumidores relativamente más pobres del país. Así no habría jueza que eche a perder las buenas pero tal vez ilegales intenciones de los funcionarios del gobierno.

Jorge Corrales Quesada

Testosterona

Qué dicha que el diputado Mario Quirós Lara sí tiene bien puestos los principios libertarios! Valiente y viril, le ha atravesado el caballo a los que pretenden transplantar a los frijoles el asqueroso proteccionismo arrocero.

Adelante don Mario!

Jorge Guardia, el arroz y el TLC

En su columna del 3 de abril ( Página Quince) , Jorge Guardia señaló que hubo errores en el TLC con EE. UU., entre ellos: “un exacerbado proteccionismo a la producción nacional. El 31,5% de las importaciones totales, incluyendo algunos productos de la canasta básica, se protegieron con altos aranceles por plazos que oscilan entre 10 y 20 años. Nunca –léase bien, nunca– debió haberse condenado a los ticos a pagar, por tanto tiempo, el arroz más caro”.

A pesar de su vehemencia, don Jorge se quedó corto, muy corto. Veamos. En dicho tratado, el Gobierno negoció el siguiente acceso de los consumidores al arroz de EE. UU.: el arancel inicial de 36% (arroz en granza) se desgrava en 20 años; durante los primeros 10 años, no hay desgravación del todo; del año 11 al 15, el arancel se desgrava en un 40%, y del año 16 en adelante, se desgrava el 60% restante. Esta estrategia extremadamente mercantilista tiene costos que van mucho más allá de “condenar a los ticos a pagar el arroz más caro”. En la actualidad, se está completando un estudio que cuantifica el costo a la sociedad de esa estrategia comparada con la liberalización inmediata. El costo social tiene dos componentes: el desperdicio de recursos y la pérdida de bienestar. El estudio estima ambos. En cada caso, obtiene el promedio de los últimos tres años y, con base en este, el valor para cada año del período de desgravación. Luego calcula el valor presente neto del flujo de costos.

Desperdicio de recursos. En el caso del arroz, hay dos tipos de desperdicio de recursos: el que ocurre en la producción agrícola y el que ocurre en el pilado del arroz. Estos desperdicios se explican así: el país (la sociedad como un todo) intercambia bananos u otros bienes exportados por arroz, y tiene dos opciones para llevar a cabo el intercambio: 1) comprar el arroz directamente; o, 2) comprar todos los insumos necesarios y producir el arroz pilado. El exceso de gastos de recursos de la opción 2 sobre la primera es el desperdicio, el cual se calcula de la siguiente manera: (costo total de producir el arroz en granza + costo total de pilar ese arroz –costo de importar el arroz pilado), en el caso de la producción nacional; y (costo total de importar el arroz en granza + costo total de pilar ese arroz importado – costo de importar el arroz pilado), en el caso del arroz en granza importado. El resultado es el siguiente: un desperdicio promedio anual (últimos tres años) de $58,2 millones; y un desperdicio total, medido a través de todo el período de desgravación de $550,6 millones. Este último es el valor presente neto del flujo de desperdicios.

Pérdida de bienestar. El segundo componente del costo social es el exceso de pérdidas de bienestar de los consumidores de arroz sobre las ganancias de los productores. Este costo se explica así: la política mercantilista obliga a los consumidores a pagar los productores a un precio más elevado que el costo de importación, y a consumir menos arroz. La consecuencia de esta violación de derechos es una enorme pérdida de bienestar, de la cual parte va a los productores en forma de renta y parte se pierde del todo. Esta última es la que mide el estudio. El resultado es el siguiente: una pérdida neta de bienestar promedio anual (últimos tres años) de $36, 3 millones; y una pérdida total, medida a través de todo el período de desgravación, de $344 millones (el valor presente neto del flujo de pérdidas). Así, el total del costo a la sociedad por año (últimos tres años) es de $94,5 millones; y el valor presente neto del flujo a través de todo el período de desgravación es la bicoca de $894,6 millones. ¿Puede una sociedad pobre darse el lujo de estos despilfarros cuya incidencia mayor es sobre los más pobres?

Recomendaciones. Con base en los resultados ya obtenidos, el estudio hace dos recomendaciones: 1. No repetir, por nada del mundo, esta monstruosidad en las negociaciones con la Unión Europea. En lugar de la estrategia mercantilista, se recomienda una más inteligente, moral y humana, la cual consiste en liberalizar inmediatamente (desgravar totalmente) los bienes de consumo básico, y compensar a las familias pobres que han sido productoras netas de los bienes afectados. 2. Una vez aprobado el TLC, corregir el error, siguiendo la recomendación anterior. Por fortuna, ese cambio puede ser aplicar unilateralmente. Según las cláusulas del TLC, no sería necesaria una renegociación.

Por Rigoberto Stewart
Tomado de la Nación