Desde la tribuna: gobernabilidad y bipartidismo

A raíz de la elección del Directorio de la Asamblea Legislativa el día de hoy, han surgido múltiples informaciones y opiniones en relación con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.

Por supuesto que el oficialismo y sus ad láteres han salido a clamar por la “gobernabilidad” e, incluso, por el bipartidismo. ¿Qué otra cosa podía esperarse de ellos? Les molesta la oposición, les molesta el control político, les molesta la discusión, les exaspera tener que dar cuentas, les saca de casillas la deliberación y, por supuesto, añoran los viejos tiempos (ley 4-3, ley de presidencias ejecutivas, ley Vesco, pasar el préstamo finlandés en un día y todo aquello que hacían en la comodidad del cogobierno).

Es obvio que quieren algo así como un partido de fútbol con ventaja, tal vez sin sudarse, por supuesto que con el árbitro a su favor, tal vez con el portero del otro equipo expulsado, con un adversario facilón y que se deje comprar por unos viajecitos, algún nombramiento y otras facilidades. ¡Qué bellos tiempos los de antes!

¡Cuántas veces me proponían que hablara 5 minutos en contra y dejara votar de una vez! “Es el respeto a las mayorías”, me decían. “Retirá tus objeciones” –me insistían. “¡Dejanos gobernar!”, remachaban. Por supuesto que no me rendí: la idea del debate parlamentario es convencer, deliberar, que trasciendan los argumentos y la gente entienda lo que está pasando. No se trata únicamente de dejar puesto el punto de vista.

El conspicuo liberacionista Villanueva Monge celebra el período del presidente legislativo Granados: “… se retomó la gobernabilidad, hubo más coordinación con el Ejecutivo …”. 

La Nación destaca “… avance en impuestos y agro”, “… más de 30.000 educadores se beneficiaron de la reforma al artículo 70 de la Ley de Pensiones …”, incluso (¡cosas veredes!) “la ley contra los delitos informáticos” (¡sí, claro, la “ley mordaza”). No es de extrañar que luego, el mismo diario, señalara que la caída del bipartidismo también ha significado la caída del prestigio de la Asamblea Legislativa.

Entonces ¿”gobernabilidad” significa “poner más impuestos”, quitar la generalidad de los tributos, beneficiar en pensiones con cargo al presupuesto a un grupo (en perjuicio de los demás) y aprobar la “ley mordaza”?

Véase que, encima, se menciona sin sonrojo la “coordinación con el Ejecutivo”. Un nuevo concepto de Derecho Constitucional, que en la división de poderes institucionalizaba el sistema de frenos y contrapesos.

¡Cómo extraño un periodismo crítico! Que recuerde que la concentración de poder lleva a la corrupción, que sepa leer entre líneas, que no confunda al lector ni lo enrede sugiriéndole que la labor de una Asamblea Legislativa debe medirse por la cantidad de leyes que se aprueban, por el avance en impuestos, por la legislación en favor de grupos y por la “ley mordaza”.

 

Me parece elemental destacar que en todo ello coinciden también los notables y el mismísimo Poder Ejecutivo. El informe de los notables menciona la ingobernabilidad como un fenómeno que surge a partir de 1990 (la Sala Constitucional). La Sala Constitucional, en 1991, anuló la deuda política adelantada, por inconstitucional, señalando además que la Constitución favorece un sistema pluralista y no el bipartidismo. El Poder Ejecutivo ha propuesto proyectos para que se elimine la consulta facultativa de constitucionalidad por parte de los diputados y, además, para que la inconstitucionalidad por la forma caduque a los 4 años l(recomendaciones de los notables).

 

¡Más claro no canta el gallo!

 

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: todo menos rebajar el gasto público

Francamente no me extraña que La Nación haya sido sorprendida en cuanto a la reducción del gasto público que se ha propuesto en la Asamblea Legislativa. Es bien sabido que el diputado Fishman, en unión de otros legisladores, había decidido, al fin, entrarle con ganas al exceso de gasto gubernamental, que hoy se refleja en un déficit del 5.5% del Producto Interno Bruto y que es el fundamento que el gobierno ha pregonado como medida para proponernos la imposición de un nuevo paquetazo tributario.

La reducción del gasto que ese grupo de diputados proponía para el presupuesto que el gobierno ha presentado para el 2012, ascendía a aproximadamente ¢54.000 millones y, según La Nación, ese presupuesto asciende a un total de ¢5.9 millones de millones (o sea, billones). Si los números de La Nación están bien, la reducción que proponían don Luis Fishman y demás diputados no es ni siquiera de un uno por ciento del presupuesto total enviado por el gobierno (específicamente de un 0.92%). Una bicoca.

Me imaginé que la sorpresa que dice haber sufrido el editorialista de La Nación del lunes 24 de octubre, se debía a la reducción relativamente tan moderada que proponen esos diputados, pero no: lo que nos dice que lo sorprendió fue, por una parte, que “unos (los diputados de la oposición) trataron de hacer mucho”, así como, por otra parte, que el gobierno de la República propuso, como alternativa a esa propuesta de reducción de los diputados, una rebaja en el presupuesto que envió a la Asamblea Legislativa de tan sólo ¢4.900 millones; esto es, ni siquiera una décima de un uno por ciento del presupuesto inicial (específicamente, de un 0.08%). Si las cifras que nos da La Nación están bien, ¡la oferta del gobierno es ridícula! ¡Totalmente ridícula! Como pocas veces vista y ciertamente difícil de creer.

Y, según La Nación, aunque luego se moderó esa suma de reducción inicialmente propuesta por los diputados de la oposición, “la suma resultaba muy elevada”. ¿Elevada?, si hemos podido darnos cuenta que no llegaba ni a un uno por ciento del presupuesto mandado a la Asamblea por el Poder Ejecutivo. Luego La Nación tiene la ocurrencia de hacer una olla de carne de esa propuesta de los diputados de reducir en menos de un uno por ciento el presupuesto con la ridícula oferta del Poder Ejecutivo de rebajarla en sólo un 0.08%, para proponernos nuevos y mayores impuestos.

Basado me imagino en la experiencia con otros paquetes tributarios con que se nos ha venido abrumando cada 3 y medio o 4 años desde hace cuatro décadas, al menos, don Luis Mesalles de la Academia de Centro América y columnista de ese periódico, comentó que “Aún si Hacienda lograra recaudar lo que pretende, el hueco del déficit seguirá siendo de más de medio billón de colones anuales” y enfatizó que “históricamente ninguna de las llamadas reformas o paquetes tributarios aprobados ha logrado que los impuestos aumenten en más de un 1% del PIB.”

O sea, ni aprobando la reducción de gastos que inicialmente propusieron los diputados de la oposición y ni al mismo tiempo imponiendo el paquetazo tributario, se va a eliminar el déficit que actualmente tiene este gobierno gastón. Me imagino que lo que intenta esta administración es, una vez más, seguir con el nadadito de perro de siempre: tener un déficit relativamente pequeño al inicio de la aprobación del nuevo paquete de impuestos, para que después se haga presente el gasto que ahora ha podido financiar, para que aumente de nuevo el déficit y volver a plantear otro aumentazo de impuestos a la ciudadanía. En resumen, lo que este gobierno busca es lograr plata para financiar más gasto y que el gobierno que venga atrás vea cómo resuelve las cosas mediante otra propuesta de un nuevo montón de gravámenes.

Por ello, gracias al PACto, el gobierno cedió en la presión que estaba ejerciendo ante las instituciones autónomas, que es otro gran componente del Estado gastón, para que redujera su gastadera, pero apenas vio que logró el apoyo del PAC para el paquetazo, dejó de urgir esa reducción y que todo siguiera igual que antes: gasto y más gasto público. Asimismo, por ello el gobierno tuvo la osadía de proponer esa alternativa de reducción de gasto gubernamental por un monto tan absurdamente bajo, porque cree que tiene amarrado el nuevo paquete de impuestos y por tanto no se siente ya obligado a hacer sacrifico alguno, que pueda hacer un poco más aceptable el sacrificio impositivo que sólo exige al ciudadano común y corriente.

Si el gobierno reduce su gasto, aún cuando tengamos un déficit en sus cuentas, pero sin que haya un aumento en los impuestos, prefiero esa situación por una razón muy sencilla: no se va a afectar el crecimiento de la producción de todos los costarricenses, pudiendo incluso el gobierno recoger así más en impuestos como sucedió hace pocos años, en época de Arias, cuando el crecimiento de la economía permitió que mejorara la recaudación fiscal, aunque luego echaron por la borda todo ese ahorro de recursos.

Si se ponen nuevos y mayores gravámenes se va a reducir la tasa de crecimiento, ya de por sí alicaída, del Producto Interno Bruto, el cual crece cada vez menos y menos, y, aunque sorprendentemente el Banco Central no parece haberse dado cuenta de ello, o no ha querido siquiera mencionar la posibilidad, estaremos enfrentando a la larga mayores déficit gubernamentales, posiblemente mayor inflación y seguramente un aumento en los niveles de desocupación en el país. Y una Nación preocupada, porque algunos valientes diputados propusieron una reducción de menos un uno por ciento del presupuesto de gasto gubernamental para este año que viene.

Jorge Corrales Quesada

La Nación y la despenalización del consumo de drogas

El día de hoy, el Editorial de La Nación toca un tema que nos parece de gran importancia: abre la puerta al debate de la legalización de drogas en Costa Rica. Ya en ASOJOD lo habíamos planteado desde hace tiempo, toda vez que consideramos que las personas tienen derecho a decidir qué se inyectan, qué fuman, qué inhalan o qué consumen, pues tienen derecho de propiedad sobre su cuerpo, sobre su salud y sobre su vida y el Estado no tiene por qué impedirles que ejerzan su libertad.

La lucha contra las drogas, además de atropellar los derechos individuales y, muchas veces, los procesales, genera gran desperdicio de recursos públicos, que se dedican a perseguir y castigar, pero los resultados no son efectivos. Cada vez hay más narcotraficantes, distribuidores, compradores y consumidores. Y ni qué decir de la violencia asociada con las narcomafias, las cuales trasiegan gran cantidad de armas para sus luchas, tanto internas como contra los ejércitos y policías nacionales.

En ASOJOD celebramos que un medio de comunicación de tanta influencia como La Nación empiece a abordar este tema, pues aumentan las posibilidades de debatir sobre él y que, en un futuro cercano, los distintos actores del sistema político costarricense entiendan de una buena vez que es necesario despenalizar las drogas que, en realidad, no son más dañinas que las ya permitidas (alcohol y tabaco).