La columna de Carlos Federico Smith: las consecuencias no anticipadas o imprevistas

Con frecuencia economistas y especialistas en otras ciencias sociales (modernamente, por primera vez el concepto lo desarrolló un famoso sociólogo estadounidense, Robert K. Merton, en un artículo en 1936) nos referimos a la ley de las consecuencias no previstas o no anticipadas o no intencionadas, al hecho de que las acciones de las personas, así como frecuentemente del gobierno, tienen resultados que no se esperaba que sucedieran. Esta creencia -la de que sus acciones no tienen resultados inesperados o imprevistos- es frecuente hallarla no sólo entre políticos, sino en las personas en general; en especial en cuanto a legislación o regulación de los mercados.

Para tener una idea de esta ley de las consecuencias no previstas, uso un ejemplo frecuentemente observado en la historia económica: el control de los precios. Hacia el año 2.800 antes de Cristo, el faraón Henku del Egipto intentó controlar la producción de precios de los granos y, cuarenta siglos después, en Venezuela, el gobierno actual pretende regular y controlar los más diversos precios.

Todos estos intentos poseen como meta algo supuestamente “deseable,” como es ayudar a los consumidores de menos recursos, pero tienen en común que los resultados derivados  suelen ser muy diferentes a los pretendidos al imponer esa política.  Pero, dan lugar a la escasez, a mercados negros, al descenso en los abastecimientos, a una baja en la producción y a un declive de la economía, en función de la intensidad y extensión aplicada de esas medidas pretendidamente buenas.

Debemos ser francos. No son sólo los políticos, sino muchas personas que piden, aplauden y estimulan este tipo de medidas, creyendo que el resultado logra beneficiar a los consumidores, especialmente de menos recursos, así como ciertos casos de productores usualmente denominados “pequeños.” Los propósitos puede ser buenos, pero los resultados son evidentemente malos, no deseados, no buscados, a menudo impulsados por especialistas que no señalan más allá de lo que se ve y no toman en cuenta lo que no se ve, como diría el economista francés Bastiat.
 

Con esto mente, me refiero a una medida hace poco tomada en el país, cual es la llamada “reforma procesal laboral.” Un excelente comentario de un destacado abogado laboral, don Marco Durante, publicado en La Nación del 25 de julio (se obtiene en http://www.nacion.com/opinion/foros/nueva-legislacion-partir-hoy_0_1648035191.html,) expone un resultado no anticipado, de dicha legislación, al escribir que, al exigirlo esa ley, el sector patronal debe “diagnosticar todas sus prácticas laborales, revisar (formas de contratación de personal, salarios y beneficios, jornadas, reportes a la seguridad social entre otros) y tratar de formalizar y documentar los contratos vigentes.” Agrega que “La falta de reglas claras tales como contratos escritos, políticas y procesos internos, procedimientos disciplinarios, boletas de salarios, pagos de vacaciones, aguinaldo y otros derechos laborales podrán convertirse en un verdadero dolor de cabeza.” Y concluye una parte de su comentario con algo crucial: “...vale la reflexión de que en nuestro país el 87% de la mano de obra nacional es contratada por la empresa privada y que del parque empresarial costarricense aproximadamente un 90% son pymes (micros, pequeñas y medianas empresas).”
 

No dudo que todas estas regulaciones se traducirán en un aumento sustancial en los costos de diversas empresas -costos que tendrán mayor peso relativo entre más pequeña sea la firma- lo que significa que, por una parte, se encarezcan los costos asociados con la contratación de mano de obra, lo que incide en una disminución de su demanda y, por otra, la sustitución de ésta por otro factor de producción, como la maquinaria y equipo que ahorran mano de obra. Es conocido el agobiante desempleo abierto en nuestra economía, que en los últimos tiempos ha oscilado en, más o menos, un 9% de la mano de la mano de obra.
 

Además de un efecto imprevisto e indeseable sobre la demanda de mano de obra por la regulación impuesta por la ley de “reforma procesal laboral”, debe notarse otro impacto derivado del comentario antes mencionado del licenciado Durante, en lo referente a las llamadas pymes -micro, pequeñas y medianas empresas- y particularmente en las empresas existentes en nuestra economía subterránea.
 

Hay estadísticas del INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), de que el desempleo informal en el lapso 2010-2015 tuvo su nivel más alto en el primer trimestre del 2015, al llegar a un 45.3 por ciento de los trabajadores. Si bien dicho porcentaje ha disminuido en algún grado al llegar un año después a un 41.4%, no deja de ser alto.
 

La razón bien conocida del empleo informal es el alto costo de la economía formal, al considerarse elementos como altos impuestos, llevar libros contables, tener salarios mínimos y beneficios o cargas sociales posiblemente altos, pagos de permisos para instalaciones y para empezar a operar, costos de patentes y factores similares, a lo cual ahora se adiciona todo lo que bien indica el licenciado Durante en su comentario, que significan costos mucho mayores para las empresas de la economía subterránea, solo para llevar a cabo sus gestiones diarias.
 

Antes de que alguien salte diciendo que lo que hay que hacer es cerrar esas empresas “explotadoras” en la economía subterránea, tal vez pueda conmover su impertinencia el hecho de que así cuatro de cada diez trabajadores, tiene algún grado de ingresos para sus personas y sus familias, pues la alternativa sería la plena y abierta desocupación.
 

La consecuencia no prevista de esa decisión de los políticos es que disminuirá (o no crecerá tanto) la demanda de trabajo; en consecuencia, aumentará el desempleo abierto, en especial de trabajadores marginalmente productivos, poco calificados, como los recién ingresados al mercado de trabajo. Al encarecerse más la operación de las empresas que operan en la formalidad, impulsará la cantidad de firmas que operan en la informalidad. ¿Se dará el Armagedón que anticipa este comentarista? Siempre habrá posibilidades de empleo en la economía subterránea, pero no en las mismas condiciones que las del mercado formal; esto es, habrá empleo pero con salarios más bajos. Para muchos trabajadores, esa será su única opción.
 

Lo que puede considerarse como un objetivo deseable -una mejora de los trabajadores en su relación laboral- ante esa ley surgirán consecuencias no previstas por políticos que la aprobaron, también sorprendiendo negativamente a personas no familiarizadas con estos resultados no esperados, pero que sin duda terminarán observándolos. 

Jorge Corrales

La columna de Carlos Federico Smith: la libertad no es gratuita; tiene un costo

Empezaré mi comentario con algo que parecerá obvio: los humanos nos vemos obligados a escoger. La razón surge de la escasez natural de las cosas, de las ideas, de las posibilidades, que una persona encara cuando busca satisfacer sus diversos deseos o necesidades. Si la escasez no existiera, no habría necesidad de escoger entre alternativas, pues, en términos sencillos, habría de todo y sin costo alguno.  La realidad es que los recursos con que se producen las distintas cosas son escasos y ello se traduce en que la producción sea por definición limitada. Exige que tengamos que escoger cuáles de esas de esas necesidades o deseos preferimos satisfacer.  No podemos tener de todo. Siempre habrá que escoger, que optar entre alternativas.

Nos pasamos la vida escogiendo entre opciones.  Dada la limitación de recursos -todos tenemos un presupuesto limitado, no infinito, para gastar- usamos nuestro dinero en aquello que nos satisfaga relativamente más, tanto material como espiritualmente. Si gasto en un libro, no podré gastar esa misma plata en comprarme un lápiz y así con todas las cosas.  En nuestra vida personal debemos elegir cuál es la mejor manera en que podemos usar nuestras habilidades y nuestros esfuerzos. Lo mismo sucede en las empresas, que han de elegir cuál es la mejor forma en que pueden usar el trabajo y la maquinaria para producir. La escogencia es omnipresente.

Al elegir algo, sacrificamos optar por otra alternativa.  Cuando compro aquel libro, estaré sacrificando, o sea, perdiendo el beneficio o satisfacción que me brindaría la alternativa, como, por ejemplo, la de comprar aquel lápiz. Así sucede con todas las cosas en una economía.

Siempre prefiero tener la posibilidad de escoger en comparación con no tenerla.  Imagínese lo que es que usted no pueda -teniendo el dinero para así utilizarlo- comprar algo que desea adquirir.  Pero, también, deseo ser libre de escoger lo que prefiero: que sea yo quien defina lo que deseo adquirir.  Esto no significa que alguien no me puede sugerir o aconsejar acerca de la conveniencia de adquirir algo. Se trata de que dicha adquisición sea hecha por mi voluntad propia, sin que se me obligue a hacerlo. Alguno me dirá: ¿Y si está con una enfermedad terminal y tan sólo hay una medicina que puede adquirir, dejaría de ser libre de escoger, aunque tenga los recursos para comprarla?  Pueden existir restricciones tecnológicas, si bien casi siempre hay sustitutos, pero aun así tengo libertad de abstenerme de compararla.  El punto es que nadie debe imponer su voluntad por encima de la mía para que adquiera algo. Nadie mejor que yo puede saber cuáles cosas prefiero o deseo; unas más que otras. Y ¿qué en el caso de una adicción? Se me ocurre pensar que, en algún momento, esa persona escogió, tomó una decisión, en vez de elegir otra cosa. No hay duda que tener la información adecuada en el momento en que se toma una decisión, puede ser apropiado, aunque obtenerla en muchos casos puede significar incluso un costo alto.

El tema es apasionante y especialmente útil en circunstancias reales como cuando se nos quiere impedir o limitar nuestras posibilidades de escoger libremente. Tengo en mente el tema cuando en una economía surgen prácticas que, de hecho, me impiden escoger.  Tal es el caso de un monopolio, en donde existe un sólo oferente de un bien o servicio que deseo adquirir. Si lo quiero consumir, no tengo otra alternativa que adquirir el que se me ofrece en el mercado.  Por supuesto, que es posible adquirir un bien alternativo en algún otro mercado. Por ejemplo, viajando al exterior y trayéndolo al país, pero es obvio que eso acarrearía enormes costos, no sólo por gastos de viaje, sino posiblemente a causa de elevados impuestos y barreras arancelarias que, de hecho, suelen ser la razón que me impiden adquirirlo en el mercado doméstico, obligándoseme a consumir sólo lo que el monopolista local me ofrece. 

Los monopolios domésticos no pueden del todo impedir que la gente escoja, pero ciertamente no serán muchos los que pueden darse el gusto de pagar tan elevados costos para adquirir aquel producto en un mercado internacional, pues con todas esas restricciones posiblemente me resulta más caro que si se le compra al monopolio nacional. Pero ciertamente estaría en mejor situación si pudiera adquirirlo más barato (y posiblemente de mejor calidad) en el mercado doméstico, en donde existiera competencia, tanto de otros productores domésticos como del exterior. Por eso los monopolios domésticos se suelen oponer al libre comercio internacional: para obligarme a pagar más caro por el artículo producido domésticamente.

Creo que el ciudadano se ha dado cuenta gradual -y ello me ha motivado a escribir este comentario- de que ciertas actividades que le son ofrecidas en condiciones monopólicas o en arreglos de naturaleza similar (como los carteles y oligopolios), no son su mejor opción, pues desea tener alternativas que le brinden la posibilidad de escoger a precios y características preferidas que les sean más baratas o de mejor calidad. Creo que esa es la razón por la cual la ciudadanía considera deseable tener un mayor número de oferentes de combustibles en el país, en contraste con la obligación hoy impuesta de adquirir obligatoriamente los combustibles de RECOPE. Asimismo, el deseo de los consumidores de tener opciones ante el servicio monopólico de un gremio de taxistas, se ha reflejado en el enorme éxito de un competidor nuevo en el mercado, como es el llamado Über, al igual que sucedería con cualquier otro que pueda entrar a competir en el mercado con un sistema similar.

Hay una realidad en la economía y es que monopolios como esos existen porque el estado nos los impone a los consumidores. Igual lo pretendió en el pasado con la telefonía, la educación universitaria y la banca comercial, para dar algunos ejemplos.  Los usuarios y consumidores hemos logrado que en el mercado no estemos prisioneros de un cartel o de un monopolio protegido por el estado, sino que se abrieran las puertas para nuevas alternativas preferidas por los consumidores. Para quienes no les gustaron las nuevas opciones, siempre está la posibilidad de consumir tales bienes o servicios de los antiguos proveedores monopólicos, hoy sujetos a competencia.  Hoy nadie se ve obligado a adquirir la telefonía Kolby, del ICE estatal. Si adquiere ese servicio, es porque así lo prefiere. Similarmente, hoy a nadie se le obliga a usar los servicios del Banco de Costa Rica o del Banco Nacional si así lo prefiere. Actualmente uno no está obligado a acudir a estudiar en la Universidad de Costa Rica -monopolio que hasta hace poco más de 40 años nos era obligatorio, si queríamos estudiar en el país. Hoy lo hará libremente si lo prefiere y logra ser admitido.

Es necesario tomar en cuenta lo siguiente: desde que hay competencia en el país, creo que ha mejorado el servicio del antiguo cartel de bancos estatales, así como los previamente monopolizados de telefonía por parte del ICE. No comento por falta de información acerca de la calidad de la Universidad de Costa Rica, pues considero que mantiene la de antes, aun enfrentando competencia.

Pero bien sabemos del enorme crecimiento de transferencias de recursos (subsidios) de parte del estado -que en realidad son recursos de los ciudadanos utilizados así por el estado- para poder decir que es lo que puede haber permitido la permanencia de su calidad. Eso que cada cual lo valore como le parezca. Eso sí, la competencia en todas estas áreas ha aumentado la satisfacción de los consumidores, quienes ahora pueden escoger entre diversas opciones y, si no le gustan las nuevas, pueden quedarse con la vieja. Esa entrada de competencia, rompiendo monopolios, ha logrado que en mucho se reduzcan los costos previos y se mejoren los productos o servicios que ahora puede adquirir.

La lucha en contra del monopolio, que restringe nuestra libertad para escoger, nunca es fácil: la competencia no es gratuita. A ello es a lo que principalmente deseo referirme. Esa batalla es dura, porque, para empezar, el monopolio es, por definición, la existencia de un solo suplidor. Tal como con los casos de sus parientes institucionales restrictivos de nuestras posibilidades de escoger libremente, el oligopolio -unos pocos oferentes- o el cartel, organizado este último gracias al claro apoyo del estado, significan que siempre uno o pocos oferentes se quedarán con las enormes ganancias derivadas de la menor producción dedicada a satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores. Así aumentan el costo en el mercado; el sobreprecio de más que paga cada consumidor, que individualmente puede ser alto para cada uno, siempre será inferior al monto total que quedará en manos del oferente único o de los pocos. 

La tajada cobrada de más por el monopolio o similares, en pedacitos de mayor o menor tamaño a cada consumidor individualmente, siempre será una minúscula parte del total, que queda en manos del monopolio o de entes monopolísticos similares. Esto se ha documentado claramente en el caso del arroz en el país, en donde el enorme total que va a dar a unos cinco productores protegidos, constituye una inmensidad, en comparación con el poco más –aunque ese poco es importante en el gasto personal o familiar- que paga cada consumidor cuando adquiere un kilo de ese producto. Piensen también en el caso del azúcar nacional o de los lácteos.

Tan enorme ganancia hace que los privilegiados dediquen recursos a proteger su feudo, que ofrezcan apoyo político al gobierno que les protege de la competencia, sin mencionar otras cosas, pues lo que tiene que invertir el protegido en su “búsqueda de rentas”, usualmente no es mucho en comparación con el pedazote total que logran extraer con el sobreprecio a los consumidores.  Creo que vamos entendiendo parte de las razones por las que Costa Rica es tan cara para sus consumidores.

De un libro de Milton y Rose Friedman, Tyranny of the Status Quo (La Tiranía del Estado de las Cosas), escrito en 1983, extraigo la conclusión para esta parte de mi comentario: “Cualquier medida que afecte significativamente a un grupo concentrado -ya sea para favorecerlo o desfavorecerlo- tiende a tener efectos sustanciales, ocurren rápidamente y son altamente visibles sobre miembros individuales de esos grupos. Los efectos de esas mismas medidas sobre los miembros individuales de un grupo difuso -de nuevo para favorecerlo o desfavorecerlo- tienden a ser triviales [de poca monta], ocurren más lentamente y son menos visibles. Una reacción rápida y concentrada es la fuente más importante de la fuerza de los grupos de interés especiales en una democracia.” (P. 6). De esta manera podemos entender por qué cuesta tanto lograr ciertos cambios en nuestra economía.

Esa es la realidad: los consumidores estamos sujetos a la tiranía del status quo, tal como lo enfrentamos en estos momentos en que luchamos por tener mayores opciones entre las cuales escoger. Conscientes de esa realidad es que debemos fortalecer nuestros esfuerzos cívicos en favor de tener una mayor libertad para escoger. La libertad no es algo gratis; obtenerla significa un costo que incluso a veces es muy elevado.  No fue ni fácil ni barato poder alejarse de la tiranía de los faraones egipcios;  tampoco lo fue el levantamiento de los barones ingleses en contra del tirano rey Juan Sin Tierra, hasta que lograron aprobar sus derechos mediante la firma de la Carta Magna. Y aún más difícil y onerosa lo fue la lucha contra el nazismo y el comunismo en el siglo XX.  La libertad nunca nos ha caído del cielo, sino que ha sido lograda por el esfuerzo de personas deseosas de ejercer su autodeterminación. Que puedan escoger libremente de acuerdo con sus preferencias individuales, que sus elecciones no sean impuestas por un estado o por un grupo de privilegiados protegidos por ese mismo estado, sino que sean el resultado de su propia conciencia y voluntad.
 

Jorge Corrales Quesada
  

Jumanji empresarial: los impuestos son costos, no beneficios

Hablemos claro: los costos de todo, cuanto más bajos sean, mejor. Esto opera en lo personal, cuando lo que compramos para nuestro consumo tiene precios bajos. De dos artículos iguales, es mejor el que tiene precio más reducido; y lo mismo funciona para cualquier empresa: de dos proveedores de maquinaria, es mejor el que ofrece el menor precio, cuando las condiciones del trato son similares.

De allí es posible deducir algo muy racional. Cuanto más bajos sean los impuestos mejor, pues los impuestos son un costo también: el costo de tener policía, tribunales, legisladores, embajadas y otros servicios, cuyo proveedor es el gobierno, además del costo de todos los sistemas de redistribución de riqueza implantados por los políticos de turno.

La cuestión es muy relevante en estos momentos, en que se quiere aumentar el costo de impuestos para llevar más dinero al gobierno, aunque este costo no siempre refleje un precio justo por los servicios brindados, debido a que el Estado no provee bienes comerciables que estén sujetos a la libre valoración del mercado y al filtro de la libre elección de los consumidores

Los impuestos no son voluntarios. Uno compra, si quiere, una lata de cerveza y, si no la quiere, no la compra y ya. Pero no se puede evitar el pago de impuestos, y si a uno se le ocurre no pagar estará violando la ley. Todo esto produce una situación de fuerte impacto, pues el cobrador de impuestos no va a tener un incentivo de peso para reducirlos. Los que producen cerveza sí tienen ese incentivo para vender más, pero no el gobierno que “vende” sus servicios por la fuerza.

Por simple sentido común, es lógico que los impuestos sean más elevados de lo que pudieran ser, ya que no existe competencia de servicios para el gobierno. Sin competencia y sin incentivos de eficiencia para trabajar, los gobiernos no tienen las preocupaciones normales del empresario que compite en el mundo real con sus pares y que no puede vender usando la coerción. Es decir, los que pagamos impuestos somos en realidad esclavos del gobierno, que nos fuerza a trabajar para él durante varios meses al año. Si la tasa de impuesto es de 30 por ciento, esto significa que trabajamos para la autoridad 75 días de los 250 días laborales del año.

Sin embargo, el costo de los impuestos no se limita únicamente a la tasa que se paga, sino que a ello se debe añadir el tiempo dedicado a pagarlos, o sea, el número de horas dedicado a calcular, entender, llenar formas y abonar, más aclaraciones y otros detalles. Vale decir que el tiempo destinado a pagar los impuestos tiene que ver con la simplicidad de las leyes fiscales y, ya que ellas han sido reconocidas como complejas, debemos suponer que tal costo es sustancial.

Es de conocimiento público que la reforma fiscal, de la que ahora se habla, persigue elevar el monto recaudado de impuestos, pues la autoridad hacendaria carece de fondos suficientes para mantener el nivel de gasto improductivo del Estado. Claro, si esto nos pasara a nosotros, simples personas, no podríamos salir a la calle y obligar a ningún prójimo a darnos dinero a fuerza de pistola, pero la autoridad lo puede hacer.

Si al gobierno no le alcanzan los recursos que tiene, existe otro camino adicional al de cobrar más impuestos: gastar menos; es decir, ser más eficiente. Puede cancelar programas que no producen resultados, despedir gente innecesaria, cerrar instituciones inútiles, vender activos y empresas estatales, suprimir lo que no es prioritario, evitar las duplicidades y trámites, etc. Puede hacer muchas cosas que las empresas hacen para elevar su eficiencia y bajar los gastos. Pero pedirle eso a la autoridad no es algo que no hayan hecho otros antes, sin éxito por supuesto.

Y que no salgan con aquella tontería de que el estándar internacional de cobro fiscal es un porcentaje del PIB, porque eso nada significa, ya que el mejor impuesto que se tiene es el más bajo. La comparación debería establecerse con los países de bajos impuestos, pero ¿para qué hacerlo, si es más sencillo mandar, ordenar, imponer?

Andrés I. Pozuelo Arce

Jumanji empresarial: adiós al sueño norteamericano

Es hora de que Costa Rica y toda Latinoamérica despierten del histórico sueño norteamericano, el sueño de tratar de igualarse con EE.UU. por la vía de la redistribución de riqueza de norte a sur y por la aplicación de políticas mercantilistas internas que, aunque en teoría funcionan en economías muy desarrolladas, en economías pequeñas y poco desarrolladas terminan condenando a los países a una dependencia cuasi colonial.

La maldición de las materias primas que conlleva un excesivo énfasis en la sub utilización de recursos financieros y humanos y que sirve para satisfacer la necesidad de los países desarrollados por tales materias –incluyendo ensambles de poco valor agregado (Zonas Francas)– aumenta sistemáticamente el riesgo de generar economías de escasez interna que ponen en peligro la seguridad y prosperidad de los habitantes de estos países. Semejante fenómeno, unido a una planificación centralizada de la producción y un proteccionismo elitista tradicionalmente ineficaz y redistributivo, mantienen a las economías de nuestros países dentro de un ingrato modelo de redistribución de la pobreza, donde cuaja la servidumbre de un capital humano de bajo conocimiento tácito y carente de capacidad heurística, factores que impiden la innovación continua y la capitalización individual.

Las soluciones, aunque evidentes, son altamente conflictivas, dado que el poder económico establecido y el poder político se hallan altamente interconectados y dependen el uno del otro. La desprotección de todos los grupos económicos, incluyendo a los empleados públicos e instituciones estatales, permitiría que surja una economía basada en los méritos, el descubrimiento empresarial y la diseminación del conocimiento tácito, situación que optimizaría –no cabe duda– la formación de nuestro capital social.

Para el empresario, solo existen costos de oportunidad y costos de transacción. Los costos de transacción son aquellos impuestos por el Estado que crean incertidumbre financiera, regulación engorrosa, impuestos depredadores al capital y trabas para acceder a los mercados. Si Latinoamérica, frente a la actual crisis económica de los países desarrollados, entra en un nuevo estancamiento económico, hay que identificar a sus causantes inequívocos: el fenómeno de la maldición de las materias primas de bajo valor agregado y los altos costos de transacción que impiden el descubrimiento en los mercados, además de aumentar la resistencia a la capitalización individual y a la inversión generadora de empleo.

Andrés I. Pozuelo Arce