La columna de Carlos Federico Smith: el recorte aprobadao por la Sala IV a las pensiones de lujo

Antes que nada, debo aclarar lo siguiente. Para mi comentario me baso en dos artículos diferentes de La Nación sobre el tema (aunque del mismo periodista). El primero, “Gasto de pensiones de lujo bajaría un 0.6% con tope” del 8 de noviembre, y el segundo, “Mayoría de pensionados de lujo podría evadir tope,” del día 16.

El problema es que hay una aparente divergencia entre ambas publicaciones, pues, si bien la primera señala que las pensiones de los regímenes llamados de Gobierno y de la Asamblea, limitadas por la reciente decisión de la Sala Constitucional ascienden a 387, en el segundo se señala que, en los regímenes de Gobierno y Asamblea, “la cantidad de pensiones afectadas “será inferior a 380” (ambas cifras muy parecidas). Pero, en las del Magisterio que se verían afectadas, según el primer artículo, serían de 374, mientras que en el segundo ascenderían a “menos de 200”, lo que mostraría una diferencia significativa entre los dos comentarios, pero ello se explicará luego.
 

Dicho lo anterior, como resultado total, según el primer comentario periodístico, se limitarían 761 pensiones de los regímenes de Gobierno y Asamblea, y del Magisterio, en tanto que, en el segundo reporte, serían “unas 580” las afectadas. Eso sí, sea cual sea el caso, las pensiones afectadas de esos regímenes serían de, más o menos, un 1% del total de los pensionados de lujo de esos regímenes (43.000 del Magisterio y 18.000 del Gobierno y Asamblea).
 

“Estos sistemas albergan 61.000 pensiones que se financian con impuestos, porque los beneficiarios no cotizaron lo suficiente para sostener las ventajas que tienen” (pensión del 100% del salario devengado más alto o retirarse a los 50 años), se indica en el primer comentario del medio.
 

¿Por qué fueron tan pocos los “afectados”? Según el fallo de la Sala IV, se conserva una excepción que exime del tope al pensionado que postergó, al menos un día, su fecha de pensión y porque el tope no se puede imponer a pensiones posteriores al 28 de diciembre de 1998, pues el fallo reconoce que la ley 7605 de esa fecha indica que ninguna de ellas “podría superar una cifra equivalente a 10 veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública.”
 

Dado las anteriores excepciones, tan sólo en el Magisterio, de los 1.884 pensionados con montos mayores a ¢2.7 millones, 1.510 pospusieron su retiro y, por tanto, el recorte no es aplicable, según la primera razón de exención que dio la Sala IV. Y, de esas 374 que serían limitadas (que fue lo que se indicó en el primer artículo citado), 174 se “salvarían”, pues las protege la segunda razón dada por la Sala.  (“Aunque podrían ser más,” señala el medio). Este segundo factor explica la diferencia en la comparación de los dos artículos periodísticos mencionados.
 

Lo crucial es no echar las campanas al vuelo de que ya se han eliminado las pensiones de lujo. Lo aquí expresado es un pedacito de ese esfuerzo (incluso de muchos ciudadanos en las redes). Lo mejor ahora es apoyar la reforma que se pretende hacer en la Asamblea, que unificaría todos los sistemas de pensiones en uno sólo: el IVM de la Caja. Así se terminaría mucho del privilegio de esos regímenes de pensiones de lujo.
 

Además, es sorprendente que la mayor reticencia a las reformas se está encontrando en el Poder Judicial (sí, el mismo que terminará fallando en lo correspondiente), pues, por el momento, sólo se ha logrado algo (aunque relativamente pequeño), en los regímenes de pensiones de Gobierno y Asamblea, y del Magisterio, pero no en el exuberante del Poder Judicial.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: a pagar las consecuencias

La prepotencia de ciertos grupos que simplemente radica en que creyeron que, para construir una carretera en serio, sólo se requería que hubiera voluntad política y que, una vez disuelto el contrato con la firma constructora OAS para construir la carretera a San Ramón y que “la hiciera el estado” en vez de la empresa privada por medio de una concesión, pronto se tendría una supercarretera, como si se tratara de soplar y hacer botellas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que huestes triunfales se alegraron que la obra no sería concesionada y que todos los fondos simplemente estaban allí y que sólo era cosa de que el estado la hiciera, para disponer rápidamente de una carretera que incluso sería mucho más barata?  

Mucho tiempo ha pasado y las pretensiones ilusas se han desnudado descarnadamente y, en la actualidad, no hay ni planos, ni estudios financieros ni estudios ambientales y tampoco se han expropiado las tierras por donde pasaría la carretera. No contaron con la ineficiencia propia de los gobernantes, tal vez porque creían que si el estado era el que hacía la obra, todo sería gloria y felicidad. Ojalá que aquellos grupos hayan recapacitado y reconocido que el mecanismo de concesión es el adecuado y viable y que su objeción se reducía al desagradable contrato con OAS.

Para acabar: la responsable de la obra en el Banco de Costa Rica, fiduciario del proyecto, en un fideicomiso creado en febrero del 2015 por la administración Solís, señaló recientemente que se ha estimado que se requerirá de “37 meses (1.126 días) para tener listos los estudios técnicos, económicos y financieros, gestionar los permisos ambientales, ejecutar expropiaciones, reubicar asentamientos y conseguir el dinero necesario para la edificación.” Nótese que es posible que el gobierno ni siquiera tiene la plata requerida para hacer la obra (bajo concesión eso no sería problema pues corre a cargo de la empresa, que no obtendría el contrato si no dispone de los recursos). 

La información está contenida en un artículo de La Nación del 3 de enero, titulado “Trámites de nueva vía a San Ramón tardarían tres años: CONAVI y BCR buscan $35 millones para financiarlos.” O sea, ni siquiera hay plata para financiar la parte pre-operativa del proyecto. Se calcula que, de esa suma de $35 millones, se usarían $15 sólo para pagar expropiaciones.

Recuérdese cuando en abril del 2003, la presidenta Chinchilla accedió a quitarle el contrato de $524 millones a la empresa OAS -de mala reputación en Brasil por escándalos con funcionarios de los gobiernos de Lula y Dilma- porque un grupo de ciudadanos –me imagino que sumamente mal asesorados- se opuso a que tuviera un costo para el usuario de ₡1.965 por sentido y de ₡3.930 ida y vuelta.  El actual ministro de Transportes, señor Valverde, indicó en junio del 2017 que “es muy probable que el importe del peaje por viajar en ambos sentidos sea mayor a ₡4.000,” si bien, al no estar definidos todos los costos (planos, estudios financieros, etcétera) no es posible afirmar con exactitud cuál será el peaje final. 

Entre tanto, para angustia de los que creyeron que era cuestión de soplar y hacer botellas y que rápidamente tendrían esa carretera, así como de los ciudadanos presuntamente beneficiados con dicha ampliación, se requiere de 37 meses más tan sólo para poder iniciar la obra. Estoy casi seguro que, para cuando esté totalmente terminada dados los términos actuales, ya no estaré en la tierra para quejarme de la estupidez cuando se toman malas decisiones. ¿Cuánto le ha costado a la ciudadanía todo el tiempo pasado sin que se haya hecho nada de la obra física –que ni siquiera se ha iniciado? El tiempo es oro, excepto en la mentalidad de obstruccionistas ilusos y de una burocracia estatal ineficiente. 

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el Estado odia la competencia

En especial cuando es competencia para gremios protegidos.  Resulta que el estado fija el precio mínimo y el máximo al cual se puede vender el arroz de esos privilegiados, además de impedir, con un arancel casi prohibicionista, que alguien pueda traerlo más barato desde el exterior y que pueda vendérselo a los consumidores a un precio menor que el que, por arbitrio, el gobierno decidió fijar.

Incluso cuando alguien paga los aranceles de ley y que, aun con ellos incorporados al precio, puede todavía venderlo a los consumidores a precios más bajos que los oficiales, el estado suele intervenir ante denuncias de que el producto importado no satisface otros requisitos, como que contenga ciertas vitaminas o que sea procesado en fábricas de su complacencia y cosas similares y, en especial, ante argumentos de que los bienes se compraron a precios internacionales de dumping. A la vez, cuando alguien pretende vender un producto cuyo precio es regulado; o sea, que lo vendería al mismo precio a como lo vende el productor protegido, pero haciéndolo atractivo al consumidor al darle “gratis” un producto adicional, el estado le prohíbe que lo pueda hacer. Esto es, un importador trae el producto regulado, paga los aranceles usualmente elevados para que no se pueda importar libremente y, aun cuando lo vende al precio oficial, ahora no puede darle al consumidor una regalía al comprar ese producto. El argumento del gobierno para impedir esa práctica es que viola la fijación de precios del grano y, ante ello, modificó el reglamento de fijación de precios para que, a partir del 4 de abril, se prohibiera tal comportamiento en el mercado de consumo de arroz.
 

Se me ocurre pensar que, si un importador le brinda una sonrisa al venderle el producto, si lo empaca en mejores bolsas, si lo vende en locales mejor acondicionados, si le facilita a usted su compra llevándoselo, por ejemplo, a su casa o bien entregándole un cupón para que participe en una rifa de un viaje a la Cochinchina, el protegido podrá argüir que esas prácticas van en contra de la competencia -competencia desleal, suelen llamarle, aunque la única lealtad que exhiben es para obligarle a usted a tener que comprarle sólo a ellos- y el estado actuará, en consecuencia, para prohibirlas.
 

Sabemos lo dañino que es el proteccionismo en el caso del arroz. Para fortuna nuestra, tal política está siendo seriamente cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Ese privilegio ha permitido que haya una gigantesca transferencia de ingresos, de un pueblo que es medianamente pobre, hacia unos pocos poderosos y ricos productores nacionales de arroz. El bandeo, como se le llama a la práctica antes mencionada de dar un obsequio al consumidor, ciertamente facilita que el producto se venda más barato a los consumidores, aun cuando sea una práctica ineficiente, comparada con que una en donde hubiera libertad para vender el arroz importado más barato. Con el bandeo se “tiene” que llevar la regalía, pudiendo el consumidor estar mejor si no tuviera que llevarla -tal vez sin voluntariamente desearla- y simplemente si pudiera comprar más barato el producto. Pero, el estado no puede permitir que sus protegidos no prosigan explotando a los consumidores.
 

Así, no es de extrañar que el gremio protegido “presione” para que dicha práctica se frene y que el gobierno acceda a su petición.  Eso es esperable: por una parte, el beneficio para los relativamente pocos empresarios protegidos es sumamente elevado, en tanto que el costo para el consumidor es, para cada uno de ellos en particular, relativamente bajo (aunque no dude que, entre más pobres, el peso relativo es mayor, pues el arroz forma una parte más significativa de los presupuestos de los hogares pobres). Por otra parte, esa concentración del beneficio tan grande para unos pocos se da cambio de algo para los políticos que lo otorgan: tal vez un apoyo sustancial en procesos electorales; esto es, aportar a campañas en donde se reelijan a quienes otorgaron la protección.  Es un resultado esperable entre el costo del “apoyo” y el enorme beneficio que reciben los protegidos. Eso suele suceder en el proceso político de otorgar protección ante la competencia: un intercambio de “favores” o de “servicios”.
 

Lo único que acabaría con este problema es si se eliminan los aranceles proteccionistas, que haya libertad plena para competir, no sólo en el precio, sino en las diferentes características que suelen incorporarse en las transacciones libres de bienes entre personas. La distorsión en el mercado no es el “bandeo”, sino la práctica proteccionista del estado a grupos de privilegio en contra de los consumidores.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: explosión gubernamental

Recientemente la Academia de Centro América publicó un informe muy interesante, que demuestra la metástasis gubernamental que cada vez abarca más y más del espacio político propio de las personas.  Dicho informe lo llevaron a cabo dos economistas, los señores Miguel Loría y Josué Martínez, y lleva por título “El Sector Público en Costa Rica: Desafíos Institucionales y Oportunidades de Mejora.”

En él aparecen conclusiones y propuestas muy interesantes, algunas de las cuales fueron reseñadas en un artículo del 13 de junio de La Nación, titulado “Proliferación de instituciones traba control del gasto público: Estudio de Academia de Centroamérica revela que, en 115 años, país creó 293 entidades,” y debo señalar que, en el candelero político de la Asamblea Legislativa, hay propuestas para crear nuevas “instituciones”.

Se pasó de 39 entidades gubernamentales en el año 1900, a 332 en la actualidad, lo que incluye 18 ministerios y 84 órganos adscritos a entidades del estado. Se creó un promedio de más de 2.5 instituciones en cada año. Obviamente, es una enorme proliferación de organismos estatales, que trae aparejada una serie de contrariedades.

El medio resume así los principales problemas derivados de tal explosión burocrática: “Con la proliferación de instituciones, el Poder Ejecutivo quedó con un control limitado del gasto público, se generaron ineficiencias en la utilización de recursos y no se ha logrado avanzar en la solución de problemas tales como la pobreza o la infraestructura, principalmente vial.” Agregaría que también ha significado una gran pérdida en la libertad de las personas, en cuanto a la forma en que se usan los recursos que generan en la economía y que pasan a ser utilizados por el estado, en detrimento del uso privado mejor que las personas podrían hacer con ellos. Pero, dejémoslo así; tranquilo.

La razón de la expansión, para aquellos analistas, la suscribe La Nación, pues “en un principio, las instituciones públicas fueron creadas para atender necesidades específicas en diversas áreas (por ejemplo, asistencia social, educación, vivienda e infraestructura), pero, con el tiempo, se convirtieron en vías de escape para enfrentar las rigideces operativas, legales y financieras del Gobierno Central.” El monstruo que se entorpece a sí mismo.

Dado que en el párrafo previo se indica “Gobierno Central”, es necesario dar una idea de la multiplicidad de organismos públicos que los costarricenses solemos identificar con entidades estatales. Daré ejemplos de cada grupo que formalmente las integran, para que el lector vislumbre la amplia naturaleza de la estructura del estado costarricense.

1. Gobierno Central: Ejemplos, la Asamblea Legislativa, el Ministerio de Obras Públicas, el Poder Judicial.
2. Órganos Descentralizados: Ejemplos, Comisión Nacional de Emergencias, Museo de Arte Costarricense, Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).
3.  Instituciones Descentralizadas no Empresariales: Ejemplos, Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), Instituto Costarricense del Deporte (ICODER), Universidad de Costa Rica.
4. Gobiernos Locales: Ejemplos, Municipalidad de San José, Junta de Protección Social de Cartago, Unión Nacional de Gobiernos Locales.
5. Empresas Públicas no Financieras: Ejemplos, Fuerza y Luz, JAPDEVA, JASEC
6. Empresas Públicas Financieras: Ejemplos, Banco Nacional, Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Para cada una de los elementos que hace el Clasificador Institucional del Estado Costarricense, he puesto tan sólo una mínima cantidad de tres ejemplos, pero el hecho es que hay muchas, pero muchas, instituciones de las que cada uno de nosotros apenas conoce su existencia. La abundancia de ellas es lo que ciertamente sobra.

En la actualidad, alrededor de una tercera parte de esos presupuestos los aprueba la Asamblea Legislativa, mientras que a la Contraloría le corresponde por ley aprobar los presupuestos de las restantes entidades del estado.

Por tal razón, el estudio señala que “en ausencia de uniformidad en cuanto a las reglas de aprobación presupuestaria, el control del gasto público y la rendición de cuentas se vuelven muy complicados.” Además, el informe de la Academia de Centroamérica expone otras dificultades derivadas de ese crecimiento de entes estatales, como “ineficiencia en el uso de recursos, permanencia de instituciones inviables, acumulación de recursos en la Caja Única del Estado y rectorías difusas y débiles. Además, superposición de competencias y duplicación de funciones, fragmentación en el empleo público y política salarial y nuevas válvulas de escape para hacer frente a la situación.”

Se cuenta la anécdota de que, siendo Reagan presidente de los Estados Unidos, tenía en su mesa de noche el libro de Hayek, El Camino de la Servidumbre, el cual le servía de inspiración para definir sus políticas.  Se me ocurre pensar que, tal vez, cada uno de los miembros de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, así como de los dos contralores de la República, deberían tener un ejemplar de este trabajo de la Academia de Centro América en sus respectivas mesas de noche. No para que sirva de base a una lamparita, sino para que lo lean y lo relean cada vez que llegan a acostarse (pero, tal vez eso podría hacerlos perder el sueño; optimista que soy). Así tendrían una idea cabal del grado de agrandamiento de nuestro estado, cuya manutención pagamos todos los ciudadanos. Esa explosión gubernamental, como la otra simple y sencilla, nos daña.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: depende de qué tipo de control

En mucha ocasiones es importante definir cuál es el tipo de control que se pretende lograr de la acción de una entidad, a fin de considerar si es conveniente. Trataré de un caso concreto, que fue objeto de un artículo en La Nación titulado “Acueductos rurales del país operan en completo descontrol: Entes privados administran el 25% del agua del país, mas no hay registro de sus servicios.”

Francamente el que una entidad no lleve registro de los servicios que llevan a cabo ciertas entidades privadas, nos debe de tener sin cuidado, pues nada nos está garantizando que, lo que pretende esa entidad, es lo más conveniente para los intereses de los usuarios finales, los consumidores.  Ese es el primer matiz que le doy a mi comentario: Todo depende de si se sabe, tal vez de previo, para qué es que se quiere implantar un control de parte del estado, y así evaluar si el control pretendido es deseable. O sea, ¿qué se pretende con el “control”?

Un subtítulo de ese artículo dice: “Estado ignora el número de clientes y las tarifas de 1.500 sistema comunales”. Si eso es así, tal vez lo mejor es como están las cosas. Imagínese que la burocracia centralizada quiera saber cuántos clientes hay para hacerles la vida más infeliz. Además de que se dependa de un ente extraño para los ciudadanos, ubicado por allá en Pavas, bien lejos de la comunidad que sí está cerca del servicio. Mejor que, entonces, no sepa aquellas cosas. También podría ser que al ente central no le parecen las tarifas que por el servicio de agua se cobran en las comunidades, ya sea porque son muy elevadas, según su criterio, o bien porque son bajas en comparación a lo que cobra el ente central. Puede ser que lo que pretende es acabar con una actividad rentable y apropiada que puede brindar un servicio de la comunidad; esto es, acabar con la competencia. Así que, hay que andar con mucho cuidado: el centralismo puede resultarle muy caro a quien adquiere un servicio en su comunidad, el cual le satisface en cuanto a calidad y precio.
 

La pretensión del estado la puede reflejar la opinión de un funcionario de la ARESEP, quien expresa que “el desorden y la falta de armonía entre esos entes privados y el Gobierno ha hecho que el 40% de los acueductos opere ilegalmente sin haber firmado el convenio de delegación con el AyA.” Pregunto ¿por qué tiene que ser “armoniosa la relación entre una parte privada y el estado?  Puede ser de sana independencia, hasta de indiferencia y, si a alguien se le ocurre, también puede ser de “dejadme hacer, dejadme pasar,” como tantos han clamado en el pasado. Ese 40% sobre el cual el estado pretende concentrar información acerca de la calidad del servicio, son 28 acueductos municipales en operación, en conjunto con las asociaciones administradoras de acueductos rurales, mejor conocidas como ASADAS.
 

Alguien podrá señalarme, no sin cierta razón, que AyA es un órgano técnico especializado en el servicio de agua, mientras que esos entes privados no brindan la mejor calidad de un producto.  Eso puede ser cierto, pero también hay que entender que tener una mejor calidad de algo puede requerir un mayor precio y, por tanto, el consumidor, libre y soberanamente, puede preferir tener una menor calidad pero a un menor precio. Asimismo, alguien podrá señalarme que AyA es muy eficiente en comparación con la producción de las ASADAS y municipios, pero en esto también me salta una seria duda, cual es el enorme desperdicio de agua que hay en la provisión que, a gran parte del país, nos brinda el AyA, así como también inquieta la muy elevada tarifa que se nos ha cobrado en los últimos años, lo cual, sin duda, ha afectado principalmente al presupuesto de los hogares de ingresos medios.
 

En apariencia el problema del manejo del servicio de agua de parte de las comunidades radica en dos partes.  Primera, que la calidad de esa agua es inferior a la que brinda el AyA. Pero aquí debe tomarse en cuenta aquella relación que expuse entre calidad y precio, aunque, en este caso, señala el periódico que, de acuerdo con la ARESEP, la “debilidad más frecuente [de las ASADAS] es la cloración inadecuada.” Aceptemos que, en principio, clorar el agua es deseable y que la no cloración da lugar a que se presenten enfermedades bacterianas y virales que contagian a otras personas distintas de las que toman agua no clorada (en el lenguaje de los economistas, que hay una importante externalidad negativa por ese suministro de agua no clorada). Pero tal situación no es razón necesaria ni suficiente para que las ASADAS y los servicios municipales de agua dejen de existir como tales. Para esta circunstancia, más bien pensaría en un programa conjunto de asistencia técnica del mayor ente gubernamental en asuntos de aguas, el AyA, con las entidades locales, en cuanto a la conveniencia de que los ciudadanos puedan contar con agua clorada. Y punto; nada más.
 

El otro tema argüido para tratar de cierta manera de obligar a cierta conducta de las ASADAS y las municipalidades, es que las administraciones de éstas son un desorden.  Eso puede ser así: después de todo, esos servicios municipales y las ASADAS suelen brindarlos en áreas relativamente remotas, probablemente con gente que no es de la más preparada técnicamente, usualmente a causa de disponer de menores recursos y de tener poca preparación en lides burocráticas. Pero no es razón para creer que el resultado sería mejor si se les sujeta a un reglamente que puede alterar la independencia de una empresa privada, como lo es la ASADA, ni tampoco de un gobierno de un nivel “inferior” al del centralizado AyA.
 

De nuevo, si hay tal vacío de calidad administrativa, ¿por qué no ofrecerle a las ASADAS y a los municipios un acuerdo para trasmitir la técnica mejor que supuestamente posee AyA? Las partes, hablando, se entienden. No puede ser algo unilateral, sino de beneficio mutuo.

Hay una cosa importante que se debe tener presente: la competencia beneficia a los consumidores.  Si, por ejemplo, AyA ofrece un mejor servicio (digamos con un mejor tratamiento y con cloración) y que tal vez tenga un precio aceptable para los consumidores actuales del servicio privado de las ASADAS y de las Municipalidades, no dudo que gente pueda decidirse por aquello que le ofrezca la mejor relación precio-calidad y oportunidad o permanencia del servicio: la gente no es tonta; podrá no saber de administración profesional, pero suele saber, tanto como cualquiera de nosotros, qué es lo que les conviene. La gente lo que debe de tener siempre es la opción de poder escoger y así “votar” con su consumo qué es lo que prefieren ellos y no un burócrata que posiblemente conoce menos que la totalidad del mercado.
 

Cuando hablo de competencia, me llama la atención que, en estos momentos, está en discusión legislativa “un proyecto de ley para permitirles a las cooperativas vender agua y asumir las ASADAS que no dan la talla.” Es absolutamente un ridículo que actualmente exista tal prohibición: la regla debe ser permitir todo, y que se prohíba lo estrictamente necesario. ¿Por qué razón no pueden ser una competencia para el AyA? ¿Por qué prohibirle a las empresas cooperativas, al igual que las ASADAS, que son empresas privadas, que cualquiera otra empresa privada pueda servirle a los consumidores? ¿Por qué sólo un estado centralizador puede brindar ese servicio? Es más, ¿por qué evitar el acicate de la competencia que obligue al AyA a innovar en sus prácticas?
 

Por eso es que entiendo la posición del señor Rolando Marín, de la Unión de Acueductos Comunales (UNAGUAS), del cantón de Grecia, al señalar que “el sector nunca ha aprobado el reglamento de ASADAS (vigente desde el 2005), pues es abusivo, les limita, controla y los ‘trata’ como entes públicos”, que no lo son.  Ese reglamento lo elaboró el AyA y gran parte del problema es que pretenda su imposición a los otros entes que suplen de agua al país. Me parece que hay conciencia en que estos obtengan asesoría administrativa y técnica, pero a su vez que tienen razón en clamar por tener un espacio para sus decisiones y no la sujeción a un ente centralizador. La competencia debe siempre ser bienvenida, Ojalá que las cosas mejoren para bien de los usuarios, los consumidores, que son quienes importan y no las burocracias, estén donde estén.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: nuestro Estado incumple con una función esencial

Al menos en el pensamiento liberal clásico -y dejo de lado las visiones anarquistas o cuasi anarquistas-  se considera que el estado debe desempeñar algunas funciones básicas en una sociedad.  Uno de los más destacados pensadores de tal línea de pensamiento, Adam Smith, enfatizó el papel del estado para la protección de los ciudadanos ante la invasión de fuerzas externas (seguridad externa), así como para prevenir del abuso de alguno de sus ciudadanos sobre los otros (justicia o seguridad interna), al igual que debería de proveer ciertos tipos de obras públicas, tales como puentes o muelles, así como contribuir a la educación pública.  

Escribo lo de Smith para señalar que muchos otros pensadores liberales clásicos han propuesto otras cosas que deben ser pertinencia del estado. Por ejemplo, Friedman abogó por un impuesto negativo al ingreso o por un banco central del estado.  Pero lo crucial, lo común en todos ellos, es que todos le dan prioridad a la libertad de las personas, por lo cual el tema de hasta dónde llega la línea del papel del estado en sociedad, siempre estará presente en el debate que se da dentro del pensamiento liberal clásico. Como tantas cosas en la vida, este es un asunto que no está definitivamente determinado, sino que está vivo, en el pensamiento humano en torno a la forma de organización política que debe de disponer el individuo.

A lo que quiero llegar, es que casi todos los pensadores liberales clásicos consideran que el estado tiene un papel esencial, en cuanto a garantizar a todos los individuos su protección ante la acción de algún otro individuo en sociedad, que le causa o amenaza con causarle daño.  Así, hoy entendemos porqué la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos ante el crimen, ante el daño, está a cargo esencialmente del estado, tanto por medio de su fuerza policial, sino por lo que se conoce como su sistema judicial. Aquellos pensadores consideran que las personas le han dado al estado y a las autoridades judiciales el monopolio de la fuerza, pero buscan que tal fuerza monopolística sea la mínima necesaria, teniendo en mente que el estado no abuse de un poder amplio, ilimitado, sino restringido, pues fácilmente podemos comprobar los costos que derivarían de un estado, que abuse más allá de sus poderes claramente definidos.

Por tal razón, es crucial que los ciudadanos estemos muy atentos al movimiento ciudadano que se ha estado forjando en la zona de San Carlos, según lo indica La Nación del 23 de setiembre, en su comentario titulado “Sancarleños se organizan para frenar la delincuencia: Iniciativa de una empresaria.” Así es, dirigido por una exportadora de piña, doña Ángela López, se ha logrado reunir a un grupo de vecinos profundamente preocupados por la ola de delincuencia en la zona, pero, en especial, por la displicencia con que las autoridades han tratado las diversas denuncias que han hecho los ciudadanos.  Por tal razón, señaló doña Ángela a La Nación, es el momento de que los vecinos hagan valer sus derechos y de actuar unidos contra la delincuencia.  En sus palabras, “los sancarleños son atropellados en su seguridad, por lo cual considera que llegó el momento de actuar en conjunto y de hacer valer sus derechos.” Además, explicó que “los vecinos deben dejar el miedo a un lado e emprender acciones inmediatas para que la Policía y las autoridades judiciales le presten atención al asunto.” 

Entendamos que, cuando se repite el eslogan político “la justicia es un asunto de todos”, debe interpretarse no en cuanto a que cada cual de nosotros decida que impondrá la justicia y que ejercerá institucionalmente, por medio de un cuerpo policial organizado, la labor de proteger a los ciudadanos de los delincuentes que pretendan violar sus derechos y sus propiedades.  Ese “todos” tiene que entenderse en cuanto a que el monopolio de la fuerza, de la coerción, está en manos del estado (por delegación de “todos” nosotros, los ciudadanos) y que, para que aquél no abuse, tales poderes deberán ser explícitamente definidos y delimitados, usualmente en una constitución o un cuerpo legal similar.

Uno espera que esta situación de San Carlos (y, por extensión, de cualquier lado del país) no llegue a que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos, al menos en cuanto al castigo para aquellos que violan sus derechos y que siguen impunes en mucho por la inacción de las autoridades policiales del estado, así como del Poder Judicial.  Si el estado no cumple con una de sus funciones esenciales para las cuales existe, no duden que los ciudadanos tomarán la tarea en sus manos, con el riesgo de que ello pueda terminar en una violación de los derechos de otras personas, que es lo que se pretende evitar cuando se le ha otorgado al estado esa función de monopolio de la fuerza.  El problema es que, si cada grupo o persona en sociedad decide ejercer la ley por sí mismo, conducirá posiblemente a una anarquía y a una violencia insoportable e inconveniente.

Lo anterior es relevante, máxime cuando, tal como lo reporta La Nación del 18 de octubre, en su artículo titulado “Hampa ataca zona norte luego de visita de ministro y fiscal: Dos asaltos a negocios este viernes”, como resultado de la acción de los vecinos para organizarse en su lucha contra el hampa violadora de sus derechos y ante un silencio sorprendente de las autoridades estatales encargadas de la seguridad de las personas y de las propiedades, se habían apersonado a la zona norte el ministro de seguridad, señor Gustavo Mata y el subjefe de la Fiscalía, señor Celso Gamboa, a fin de reunirse con los vecinos en torno al asunto expuesto.  Apenas terminada la reunión, se presentaron una vez más los atracos a personas y el robo de bienes. 

Como resultado, “los lugareños están convocando una marcha” para protestar ante los tribunales judiciales.  Si el estado no asume la función que constitucionalmente le obliga, los ciudadanos terminarán tomando la justicia en sus manos y cualquier cosa que se derive de ello será responsabilidad de aquellos que no cumplieron con sus obligaciones. Es increíble que tengamos un estado que se suele meter en cuanta cosa puede de nuestras vidas, pero no lo hace en aquello que, por ley, le corresponde hacer. No se trata de repetir el dicho de “casa de herrero, cuchillo de palo”, sino en enfatizar que se trata del abandono del estado de una de sus funciones esenciales, lo cual le abre espacio para que los individuos, ante tal vacío, decidan ejercer las funciones que el estado deja de hacer y eso nos puede sumir en la anarquía.

Hay que tener presente que la libertad no es ilimitada, sino que la libertad de una persona llega adonde llega la libertad de otra persona. Por ello, “libertad no significa que usted sea libre de robar, amenazar, coaccionar, atacar o asesinar a otro, pues eso violaría la libertad de ellos.” [Eamon Butler, Classical Liberalism: A Premier, Londres, Institute of Economic Affairs, 2015, p. 3 y que puede ser obtenido en http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Butler-interactive.pdf Por ello es que nuestros ancestros consideraron indispensable que, en un orden civilizado, el estado tenga el monopolio de la coerción, pero fuertemente restringido en el ejercicio del poder. No queremos ni el abuso del estado, ni la vigencia de la anarquía.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: lecciones de la carretera a San Ramón

En retrospectiva, parece que el país fue afortunado en cuanto a que la construcción, mediante concesión, de la carretera a San Ramón por parte de la empresa brasileña OAS, no se terminó de dar. Pero creo que su salida dio lugar a una especie de ilusión en cuanto a que, con buena voluntad y con el concurso de la ciudadanía, en un corto plazo tendríamos una buena y moderna carretera hacia San Ramón. 

Digo que fuimos afortunados, tanto porque la empresa OAS terminó en una corte de quiebras en Brasil, aparentemente por estar relacionada con el escándalo de corrupción ya bien conocido de Petrobras y porque uno no sabe qué impacto podría haber tenido en el país de haber continuado OAS con dicha concesión. Pero también porque primordialmente se consideró por muchas personas que el cobro pretendido por la concesionaria era muy elevado, entre otros temas, lo cual provocó una fuerte protesta pública, principalmente de vecinos de la ciudad de San Ramón, que terminó dando al traste con la concesión a los brasileños. De hecho, hubo dos grupos que, si bien ambos protestaban para que a la OAS le fuera quitada la concesión, diferían claramente por simples razones políticas.

En todo caso, por unanimidad de los diputados, la Asamblea Legislativa aprobó, en febrero de este año, la Ley No. 9292, conocida como de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus Radiales Mediante Fideicomiso, con la cual se escogería al administrador del proyecto de esa carretera. Esta ley fue impulsada por el grupo conocido como Foro de Occidente, uno de los movimientos cívicos y sin duda el más connotado, que se opuso a la concesión otorgada a la OAS.

El propósito esencial de aquella ley es el de “financiar y ejecutar el proyecto mediante un fideicomiso que capte recursos de reservas, utilidades y superávits generados en la Administración Pública descentralizada, lo que incluye a bancos estatales, al Instituto Nacional de Seguros (INS) y a las operadoras de pensiones. El fideicomiso operaría la vía hasta por 30 años.” Sin duda que, de esta manera, se sustituirían los recursos que previamente desembolsaría OAS para este proyecto, a cambio de administrarlo y recuperar la inversión a través de peajes. También mediante estos, el nuevo fideicomiso recuperaría los fondos allí invertidos.

El Ministerio de Obras Públicas en la actualidad está escogiendo al fiduciario (el que maneja el fideicomiso), entre los siguientes bancos estatales, Banco Nacional, de Costa Rica, Bancrédito, y bancos los privados, BCT, Lafise, Scotiabank e Improsa. El Banco Nacional hace poco indicó que no participará en el concurso para administrar el fideicomiso y, lo interesante, son las siguientes razones que apuntó para hacerlo así y que creo merecen la atención del ciudadano.

Según la información publicada por La Nación del 22 de junio, bajo el encabezamiento “Banco Nacional estimó riesgoso asumir carretera a San Ramón: Entidad desiste de administrar el fideicomiso creado por los diputados para ampliar la vía”, una razón de su decisión es que “no es seguro que el peaje anunciado cubra el costo de esta obra vial, de 70 kilómetros.” 

Es esencial que rija plenamente el principio de que, quien usa la carretera, que pague por ese servicio, a fin de que la recuperación de la inversión sea producto del cobro del servicio y no mediantes fondos generales del estado, como en otras ocasiones se ha hecho. Así, el pago de la obligación no recae sobre todos los ciudadanos, usen o no esa carretera e independientemente de que se beneficien con dicha obra pública; descansa, mediante los peajes, en quienes la utilicen

En el debate legislativo se indicó que el costo del peaje (ida y vuelta) oscilaría entre ₡2.900 y ₡3.500, monto que contrastaba con un presuntamente oneroso ₡4.000 de peaje (ida y vuelta), que en su momento había formulado el anterior concesionario, OAS. Pero, como dice el título de una cómica película de mediados de los sesentas, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum (Algo divertido sucedió en camino al Foro), entre el proyecto que se tenía con OAS y el que salió de la Asamblea Legislativa (Ley 9.292), hubo variaciones muy significativas con respecto a los proyectos de construcción inicialmente considerados.  Por ejemplo, “el tramo San José-aeropuerto sería ampliado a ocho carriles; el de aeropuerto-Manolo’s a seis y Manolo’s-San Ramón a cuatro.”

Anteriormente, con OAS, los carriles acordados eran: San José-Rotonda del Agua, los mismos dos carriles de hoy en día; de la Rotonda del Agua-aeropuerto, tres carriles, al igual que ahora; el tramo aeropuerto-Manolo’s también igual que en la actualidad y el de Manolo’s a San Ramón, igual que ahora, pero con una inclusión de rampas para ascenso. O sea, en el proyecto de OAS casi que no había ampliaciones de los carriles hoy existentes, pero, eso sí, se restaurarían los espaldones a lo largo de la vía, además del lógico arreglo del camino. Es decir, se definió un aumento sustancial en el número de vías, justamente durante el proceso de aprobación legislativa.

También, los diputados incluyeron radiales a “Sarchí, Naranjo, Río Segundo y Heredia”, lo cual, según el periódico, “molestó al MOPT”, por el aumento que tendría en el costo del proyecto. El vice-ministro del MOPT se quejó de la “politiquería” del Congreso, lo cual, en verdad, no es nada nuevo, sino la costumbre en cuerpos políticos y no técnicos. El propio Foro de Occidente dijo que estas radiales costarían unos $200 millones adicionales, a lo cual los diputados replicaron que era un “’sinsentido’ realizar las obras sin ellas.”  

El resultado de todo esto es que las tarifas inicialmente propuestas de ₡2.900-₡3.500 no van a alcanzar para cubrir todos los nuevos gastos.  Por tan poderosa razón, en opinión del Banco Nacional, es que “no hay claridad sobre la inversión… pues no existen diseños ni estudios técnicos y financieros… Sin esa información es imposible realizar las estimaciones financieras que demuestren que el peaje alcanzará para pagar la deuda requerida para la obra.” Clarísimo y justo.

Además, en palabras del vice-ministro del MOPT, Mauricio González, es necesario tener bien claro quién es el que asumiría pérdidas eventuales: “Le tocaría (al encargado del fideicomiso) aceptar el riesgo que tiene que convencer a los bancos (o instituciones) de financiar la obra, con el riesgo de que nadie acepte.”

Es que el tema que está en el aire no es tan sólo el de las tarifas, además de la forma en que se han de ajustar con el paso del tiempo, sino la definición concreta de en cuál o cuáles agentes participantes del proyecto, recaerían las responsabilidades, al asumir el riesgo que implica el proyecto, además de tener bien distribuidos los diversos riesgos que hay en las diferentes etapas del proyecto. Y no se diga de la definición concreta de las diversas obras, para después no encontrarse con serios “faltantes” o nuevas “peticiones” que se suelen hacer tan sólo para complacer intereses locales o de políticos en busca de ganarse favores. Si no hay certeza en cosas básicas como éstas, difícilmente alguien se va a hacer cargo de administrar el proyecto, asumiendo las responsabilidades del caso.

Me temo que, a como pintan las cosas, “pasarán más de mil años, muchos más”, para que empiecen las obras de la impostergable carretera a San Ramón. Una ventaja de la concesión privada de este tipo de proyectos es que las cosas se suelen hacer con mayor rapidez, en contraste con lo que suele pasar cuando el encargado es el estado.  Pero, en vez de escoger una nueva concesión al sector privado, se escogió que lo hiciera el estado.  Lástima no haber tratado de seleccionar un nuevo concesionario privado, que estoy seguro haría la obra en los tiempos requeridos, en vez del limbo en que se encuentra en la actualidad y, peor aún, sin avanzar en lo elemental, como es tener plena claridad del costo estimado de la obra, determinar las partes que las conforman, el costo financiero de la operación y la definición del peaje esperado. En mucho, el futuro de esa carretera ha quedado en manos del estado y ya sabemos de su ineficiencia proverbial.  

Oportunamente, el economista Guillermo Matamoros publicó un muy útil comentario en La Nación del 30 de junio, bajo el título “San Ramón: el reto de innovar,” que sin duda es una lección en dos sentidos, para quienes buscan que el país tenga esa carrera decente a San Ramón. El primero, y crucial, es entender que es posible aprender de los errores. Ya se han tenido experiencias en el país con otras concesiones, por lo cual, el llamado apropiado de don Guillermo es para que se eliminen errores pasados y que se logre, en esta ocasión, que SÍ se puedan hacer bien las cosas. En segundo lugar, porque implícito en su análisis está la demostración de la enorme versatilidad que posee el mecanismo de concesión para lograr tener obra pública.  En vez de simplonamente, como sucede muy a menudo, decir que la concesión es un mecanismo “corrupto” o “inútil”, entender que, si se hacen bien las cosas, en momentos cruciales como el que actualmente vive la nueva concesión de la vía a San Ramón, los consejos que da su experiencia deben ser bien apreciados. 

La concesión, como instrumento, debe ser más utilizada, en vez de satanizada. Por ello, me agrada ver que ciudadanos, quienes en su momento, con buena razón, se opusieron a la concesión a la empresa OAS, puedan pronto llegar a tener lista esa carretera. Eso sí, deben de hacerlo bien, porque, en caso contrario, el mismo país que les ha apoyado en su esfuerzo, les responsabilizará del fracaso. Debemos de estar conscientes de que, a como están las cosas hoy, no parece existir un mecanismo institucional bien definido que permita llevar a buen puerto a la tan ansiada carretera.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: plan estatal de subsidios a la contratación privada de ciertos trabajadores

El gobierno de la República anunció un nuevo plan de subsidios. En esta ocasión, se establece a fin de crear empleo para ciertos grupos que se considera están siendo los más afectados por la situación de desempleo que encara el país. Para ese fin, el gobierno pretende entregar ₡1.400.000 por cada joven, mujer o persona discapacitada que es contratada por una empresa privada, hasta por un máximo de 20 empleados. Se estima que con dicho monto se logre cubrir el costo cuatro salarios más las cargas sociales.

El programa del gobierno es ya conocido como Mi Primer Empleo y mediante él se considera que generaría empleo a 30.000 personas en tres años.  Se estima hacer una inversión de recursos públicos de ₡43.680 millones, con fondos provenientes de superávits del ministerio de Trabajo, del de Economía, del IMAS y del INA.

Esencialmente, se pretende lograr dos objetivos que, si bien pueden estar relacionados, pueden analizarse independientemente. Primero, que el estado logre crear nuevas fuentes empleo mediante un subsidio dirigido a la empresa privada y, el segundo, que el empleo así creado se dirija a ciertos grupos sociales; en concreto, a mujeres, jóvenes y discapacitados.

En cuanto a analizar el primer tema -creación de empleo- se hace necesario preguntarse tanto cuáles son las pueden ser las causas de nuestro desempleo (actualmente de alrededor de un 10.5% de la fuerza de trabajo del país), así como si la medida que se ha propuesto es la más indicada a fin de disminuir la desocupación.
 

El programa en mención se ha considerado que tendrá una duración de tres años, en lo que podría considerarse como de mediano plazo.   Pero no creo ser un escéptico injusto, al señalar que usualmente los programas gubernamentales de subsidios, una vez instalados, tienden a permanecer mucho tiempo más del que inicialmente se consideró necesario.  Eso se debe a que con su existencia suelen provocar la creación de grupos concretos de interés, que buscarán que se mantenga esa transferencia de recursos de toda la sociedad hacia el grupo particular de beneficiados; en este caso, al grupo conformado por mujeres, jóvenes y discapacitados y empresas privadas que reciban tal subsidio.

Pero, más interesante es preguntarnos si ¿resolverá dicho subsidio el problema del desempleo en el país?  A mi parece que el reciente aumento en la tasa de desocupación se ha debido esencialmente a dos factores.  En primer lugar, al menor crecimiento de la economía, que viene estancada desde hace buen rato: esto es, con tasas apenas positivas de crecimiento.  Cuando la economía no crece lo suficiente, la demanda de mano de obra disminuye y, así, ante un número siempre creciente de trabajadores (en una nación con tasas positivas de aumento de la población) aumentará el desempleo, tal como lo hemos observado recientemente.  Debe tenerse presente que la demanda de trabajo está en función, tanto del incremento del valor que genera el trabajador que se contrata, como del valor que tiene dicha producción adicional en el mercado. Pero, en una economía que no crece mucho, el empleador no irá a contratar más gente si considera que se le dificulta lograr vender esa producción adicional. Todavía nuestro país experimenta un bajo crecimiento proveniente de una demanda de su producción desde los mercados internacionales: la economía nacional aún no sale a plenitud de la caída mundial de los años 2008-2009. Y en la actualidad el panorama no es el más brillante desde el punto de vista de un crecimiento fuerte de la economía internacional. 

Claro, si al empresario se le subsidia el salario que debe pagar al nuevo trabajador que contrataría -como es el sentido del programa Mi Primer Empleo- encontrará en él un incentivo para contratar a ese personal adicional a un costo hipotéticamente menor. Pero, aquí empiezan muchas dudas.

¿Si se disminuyeran los impuestos sobre el salario hoy existentes en la economía y que claramente encarecen relativamente a la mano de obra en comparación con la maquinaria (o capital), no se lograría el mismo objetivo de aumentar el empleo? O sea, rebajar los impuestos cargados al factor trabajo, en vez de darse el subsidio estatal propuesto.  Precisamente este es un país en donde el alto costo de la mano de obra en mucho se debe a los impuestos que la gravan y que ahora se pretendería “compensar” por medio de un subsidio, lo cual lógicamente nos inclinaría a pensar que puede ser mejor bajar tales impuestos, para estimular un aumento en la ocupación, en vez de dedicar fondos públicos como subsidio al empleo. 
 

Por una parte, esos son recursos para el subsidio que de algún lado habrán de salir. Dicen que son fondos provenientes de superávits de ciertas instituciones estatales, pero equivalen a un aumento en el gasto que reemplaza a aquél que ejerce el sector privado en la economía: de algún lado salen esos recursos y es de la economía privada. Esos recursos, que dan la apariencia de estar ociosos en esas instituciones gubernamentales, al gastarse aumentarán el gasto gubernamental, que dados los ingresos fiscales del momento, provocaría un aumento en el déficit del gobierno central. Y eso de cierta manera es un empeoramiento de una situación que este gobierno ha propuesto resolver mediante aumentos en los impuestos, que posiblemente tendrán un efecto negativo sobre el crecimiento de la economía y, por ende, de la demanda de mano de obra.

Aquel alto costo de la mano de obra que hoy tenemos de hecho no se está reduciendo para la economía como un todo, sino que ahora sólo se pretende lograr un beneficio para un grupo concreto de empleadores, proveniente de parte del resto de la ciudadanía, que de algún lado tendrá que ver cómo provee los recursos.  Por ello mi propuesta de que, si se desea que aumente el nivel de empleo en la economía, eso se podría lograr si se redujeran los impuestos que hoy cargan a la mano de obra como un todo; esto es, que haya una variación de los precios relativos del trabajo ante el capital, de manera que se abarata comparativamente el primero, con lo cual aumenta su demanda.

También sería aún mejor si, en vez de la propuesta de subsidios artificiales, con los cuales se pretendería ocultar costos reales de la mano de obra en la economía, se tomaran medidas que alentaran un mayor crecimiento de ella. Por ejemplo, mediante la eliminación de una serie de incentivos que han hecho que mucho de nuestra fuerza de trabajo abandone la formalidad y por el contrario se dedique a producir en la economía subterránea. Hay muy diversas leyes que incentivan para que empresas pequeñas, muchas de las cuales apenas intentan empezar, lo hagan fuera de la formalidad institucional de las leyes.  Por ejemplo, esas empresas, si trataran de ser formales, incurrirían en elevados costos de incorporación al mercado (hacer una empresa formal suele tener un alto costo jurídico), pagos de patentes, permisos municipales (y no digamos si tuvieran que construir instalaciones), por la creación de una estructura de gastos de la empresa que sea debidamente documentada por contadores y en libros formales, todo lo cual encarece la vida a la empresa, al igual que otra serie de gastos e impuestos que no me voy a poner a detallar.  

Por ello no me sorprende, en lo más mínimo, el crecimiento importante que se ha detectado recientemente del empleo informal en nuestra economía: esto es, la creación de mini-empresas subterráneas en donde el estado no aparece; al ser costosa la acción del estado, se trata de evitar todos esos costos regulatorios de todo tipo que afectan a dichas empresas. También un segundo factor que creo afecta la tasa de crecimiento de nuestra economía en la actualidad y que, por tanto, incide en una menor creación de empleo, se debe a la existencia de mucha incertidumbre, principalmente ocasionada por la falta de lineamientos claros y definitivos de esta administración, en los espacios que requiere la empresa privada para poder actuar con mayor tranquilidad.  

Ya sé: me dirán que, para disminuir esa incertidumbre en mucho creada por el estado, con el subsidio que aquí propone dicho estado se pretende lograr cierta “cooperación” o “colaboración” o “acercamiento” hacia el sector productivo privado: una mejora sustancial en la relación gobierno-sector privado. No lo dudo que esa pueda ser una intención adicional para la puesta en marcha de ese programa, pero obviamente no es de esperar que ese subsidio vaya a ser un factor fundamental que haría que una empresa privada genere un aumento en el empleo neto en la economía. 

En esencia, de acuerdo con el programa propuesto, se contratará más empleo si le cuesta menos que el valor que agrega ese trabajador adicional contratado. Se me señalará que ahora le cuesta menos al empleador contratar al trabajador, gracias a ese subsidio, pero habría que ver si es el tipo de trabajador que desearía contratar para sus efectos productivos. O sea, si el estímulo artificial del subsidio no va a alterar su decisión de a quién contratar tan sólo por esa razón, aunque signifique que dejaría de contratar a otro trabajador que no reúne las características del programa (jóvenes y mujeres de ciertas edades además de discapacitados). Es decir, la empresa contrata a alguien del programa, pero así deja de contratar a alguien que, de no existir el plan de subsidios, la contrataría, con lo cual no habría mucha creación neta de empleo en la economía, si acaso alguna. ¿Está claro?  La medida propuesta en lo agregado posiblemente no genere empleos nuevos, sino una sustitución de unos por otros.

Además, un efecto adicional que se debe considerar es la dependencia que se empieza a crear de las empresas hacia un estado que subsidia la contratación de su personal.  Aquí entrarían cosas que no están relacionadas propiamente con la eficiencia productiva de las empresas, como es la contratación de un personal presuntamente menos productivo, sino de una dependencia a causa del subsidio. No hay nada que impida a una empresa que tenía proyectado, por ejemplo, contratar a un joven promisorio, que requeriría de un esfuerzo de entrenamiento a lo interno de la firma a fin de que aprenda los hábitos propios de la empresa, para que ya no lo haga como una decisión de su conveniencia productiva, sino porque ahora recibirá ese subsidio del estado.  Es decir, que lo que tal vez ya iba a hacer (muchas empresas contratan mujeres y jóvenes y personas discapacitadas) ahora lo hará también, sólo que con una parte importante pagada por la sociedad como un todo. En el neto, habría una baja y hasta nula creación de nuevo empleo en la economía; sin duda que menos de la ambicionada por el gobierno.

La impresión que uno tiene a menudo del mercado de trabajo de ciertos grupos -por ejemplo de jóvenes que apenas ingresan al mercado laboral- es que sus características personales, de educación o formación, no son necesariamente aquellas que las empresas están demandando. Ese divorcio lo observa uno cuando las empresas -lo suelen expresar empresas extranjeras que tratan de invertir y producir en el país- no encuentran todo el personal que requieren en su momento. Es por ello que no entiendo cómo no ha sido posible hacer en el país algo similar a lo que se hace en naciones ejemplares en la formación de su mano de obra, como es el caso de Alemania. Hay un acuerdo formal entre el estado y el sector productivo para que jóvenes asistan como trabajadores a las empresas en donde aprenden las mejores prácticas, al tiempo que cumplen con los requisitos básicos de una enseñanza formal extra-empresarial. Se logra así formar una mano de obra sumamente calificada y adaptada a las necesidades de la demanda de las empresas, en mi opinión tal vez con mejores resultados que los programas que hoy día se llevan a cabo en el INA. Las empresas se quedarán con esa mano de obra mejor preparada.

Esta práctica de un enorme aprendizaje laboral en las empresas es lo que recientemente permitió a un connotado directivo de asociaciones empresariales, dar su opinión positiva ante preguntas relacionadas con la inmigración de personas de Oriente Medio en busca de empleo en Alemania. (Al menos inicialmente, pues no sé si se mantiene el criterio de apertura de las fronteras alemanas ante una entrada que parece estar sobrepasando la estabilidad interna de ese país). Ese líder empresarial dijo que esa mano de obra foránea era bienvenida al país y que, laborando en las fábricas, aprenderían las habilidades requeridas por una economía industrial como la alemana: dijo que a Alemania lo que le servía era disponer de una más amplia mano de obra calificada y que ellos estaban dispuestos a darles el entrenamiento necesario para que adquirieran esas calificaciones.

Realizar ese esfuerzo por mejorar la calidad de la mano de obra -que así sería más demandada al aumentar su productividad- no se ha podido hacer aquí ante el dogma de ciertos políticos de que eso sería explotar a los trabajadores.  Estoy seguro que esa apertura que mejora las posibilidades de progresar los trabajadores -tal como lo han logrado a través de los tiempos y crecientemente desde la era industrial moderna- sería más que bienvenida por los propios trabajadores, tanto como por los empleadores, pues todos ganaríamos si nuestro país dispusiera de una mano de obra más calificada, más productiva y en donde se generen empleos mejor pagados.

Hay otro tema que debe de considerarse en esta conversación, cual es si es deseable que un empresario dependa de alguna manera de algún subsidio gubernamental para contratar el personal que requiere. ¿Podrá el empresario oponerse a mayores impuestos que claramente le ocasionarían descensos en su rentabilidad, a cambio de un subsidio del tipo señalado? ¿Podría ser que se use el programa de subsidio gubernamental Mi Primer Empleo, para endulzar la píldora amarga de mayores tributos? Nada más deseo que el lector considere esta posibilidad política. Pero, con el tipo de medidas propuestas se va alterando el uso eficiente de los recursos en sistemas competitivos, cuando las relaciones de producción no están determinadas por la autonomía del empresario, en un marco competitivo, en su busca de satisfacer los deseos de los consumidores para obtener utilidades, en vez de que sean para complacer directrices o incentivos que el estado brinda: podría ser una grada más en un camino de servidumbre.  Sólo pido a mis apreciados lectores que consideren este argumento.

Finalmente, como un segundo objetivo importante del programa presentado por el gobierno, está el tema de la sensibilidad humana ante quienes tienen problemas de verdad en la vida, como suele ser el caso de los discapacitados.  Ya muchas empresas privadas tienen entre sus trabajadores a personas en tal circunstancia y lo notable es que suelen ser trabajadores sumamente productivos y las firmas los estimulan en su esfuerzo personal que también va en beneficio de la firma.  Si hay algo de apoyo de parte de la empresa (y de los accionistas) para tal práctica, pues que sea bienvenida y ojalá apoyada por el estado, como, por ejemplo, permitiendo que esta capacitación laboral de personas discapacitadas pueda ser adquirida dentro de las empresas que les dan la oportunidad de aprender sus prácticas. Esto formaría parte, sin duda, de la idea de que el trabajador estudia en tanto labora y aprende prácticas en la empresa privada.

La solución a estos temas la encuentra el político en la creencia de que echarle más plata resuelve los problemas, pero sabemos que eso no va a servir de nada, pues no es claro que genere nuevos empleos, ni que ayude a la formación de nuestra fuerza de trabajo, ni que realmente ayuda a aquellos grupos realmente marginados. Sólo provocará un déficit mayor, más impuestos para después “cerrar” ese mayor déficit, una más elevada dependencia de la empresa privada ante el estado y una alteración en el uso eficiente de recursos en una economía tambaleante.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico: ¿cómo hacer más eficiente a un Estado ineficiente?

Hay un libro recientemente escrito por John Micklethwait y Adrian Woolridge, titulado The Fourth Revolution: The Global Race to Reinvent the State [La Cuarta Revolución: La Carrera Global para Reinventar el Estado] (New York: The Penguin Press, 2014), que creo debería de ser leído por todo ciudadano interesado en temas de políticas públicas.  Particularmente, porque con base en experiencia de naciones, tales como India, China, Singapur y los países nórdicos, nos brinda señalamientos útiles para lograr una más elevada eficiencia en las economías, con un estado que permita un mayor y mejor crecimiento económico.

En lo concreto, basado en la experiencia de los países nórdicos en sus reformas recientes -digamos de 1990-1995 a la fecha- el libro trata del caso de una atención hospitalaria pública, transformada de sistemas en que el estado prestaba directamente el servicio de salud, hacia otro en que la prestación del servicio está a cargo de empresas privadas, debidamente reguladas por un estado, que conserva la rectoría y definición de las políticas de bienestar en ese sector.

Señalan dichos autores:

“El estado de Occidente ha formulado promesas que no puede cumplir. Sin embargo, es más interesante la razón por la cual los países nórdicos [de Europa] continuaron con su esfuerzo [de reforma]. Una vez que empezaron a rediseñar su gobierno, se encontraron con que funcionaba.

Muchas de las reformas han producido no sólo un gobierno más económico, sino un mejor gobierno….

Los países nórdicos brindan abundante evidencia en contra [de la elefantiasis del estado y de una muy baja productividad]: de que es posible contener al gobierno, al tiempo que se mejora su actuación…

Nuestro argumento va precisamente en contrario de que los nórdicos apenas están empezando. En el siglo veinte, la tecnología tendía a enfocarse en su poder y en una administración súper grande. En el siglo veintiuno presionará crecientemente hacia la dirección opuesta. La tecnología no sólo encogerá al gobierno, sino que también hará que mejore. En el siglo veinte, las buenas reformas al gobierno fueron arruinadas repetidamente por intereses creados especiales. En el siglo veintiuno se está haciendo más fácil que prácticas de mejor gobernabilidad orienten y dirijan al interés común. Esto no significa que el estado va en camino de hacerse pequeño… sino que eso es posible lograrlo.” (Op. Cit., p. 176, 177 y 178).

Por ello leí con suma atención un artículo publicado en La Nación del 13 de junio, el cual se titula “Contratar servicio es más barato que operar EBÁIS: Estudio preliminar de CCSS destaca calidad de atención a pacientes.” Después de leerlo, me sentí orgulloso de que en Costa Rica se puedan realizar tareas que la sociedad ha encargado al estado, de forma más barata (económica) y con una mejora en su calidad. Esto es, se ha evolucionado de un sistema en donde el estado brindaba directamente el servicio -todos eran empleados públicos de la Caja o de un ente similar- hacia uno en el cual están a cargo de entes privados, que cumplen con los objetivos que le ha definido el estado, mediante el uso en el sector público (en este caso el de la salud) de técnicas eficientes de administración, más propias de empresas privadas que de entes estatales.

El informe de la Caja en mención es el DRSS-FISSCT-0824-15, que aún está en proceso y que todavía –a la fecha de la publicación de La Nación- la Junta Directiva de la CCSS no lo conoce formalmente. Pero el informe preliminar ya nos brinda datos que deberían de entusiasmarnos, en cuanto a que es posible mejorar la Caja, al menos en algunos aspectos, en donde, sin que disminuya la calidad del servicio, sino todo lo contrario, se logran grandes economías en una institución que, como sabemos, posee serios problemas financieros.

Dice La Nación: “El documento de abril [del 2015] muestra que mientras una consulta de urgencia  cuesta ₡39.000 en un…EBÁIS de las cooperativas [ente privado], a la Caja le sale en ₡60.000.” También compara los costos en un EBÁIS de las cooperativas con otro de la Caja, en cuanto a una consulta de medicina en general. En las primeras cuesta ₡11.230, en tanto que “en uno administrado por la CCSS vale ₡17.737. “Por su parte, la consulta dental ronda los ₡7.695 en las cooperativas, y se eleva a ₡15.213 en centros de la Caja.”

Vean el ahorro que se ha logrado para los costarricenses: “La Red de Servicios de Salud [de la CCSS] calcula que este año se invertirán ₡29.000 millones en comprar servicios a COOPESAÍN, COOPESANA, COOPESIBA, COOPESALUD y ASEMECO, una cifra que hubiera superado los ₡47.000 si la CCSS hubiera asumido esa atención. El ahorro superaría los ₡18.000 millones,” que bien se puede emplear en mejorar otros servicios que brinda la CCSS a sus cotizantes, primordialmente.

Aún más interesante, en opinión de los autores del estudio de referencia, “Estos costos menores, comparados con los de la Caja… se obtienen con una mayor producción y con atención de calidad a embarazadas, bebés y enfermos crónicos.” De acuerdo con el periódico, “La diferencia en el costo entre servicios iguales se debe, entre otras razones, al uso del expediente electrónico, aprovechamiento del tiempo porque el personal ni participa en huelgas ni se incapacita mucho, y al uso de medios electrónicos para sacar citas.” Pero, antes de que los profetas usuales de la desesperanza, nos salgan diciendo que el cambio ha provocado una caída en la calidad de los servicios percibidos por los pacientes, reseño lo que señala don José Pablo Ross, de COOPESANA, que “la producción es mayor y esto abarata costos. La disconformidad de la gente ES PORQUE QUIERE MÁS SERVICIOS  [las letras en mayúscula son mías], pero la Caja no deja.” Ello lo reitera un gerente médico de COOPESAÍN, don José Fabio Barquero, quien “atribuyó los resultados a la organización. Dijo que donde hay dificultades para cumplir, como la contratación de médicos especialistas, se debe a que la misma Caja impide a nuevos profesionales laborar con proveedores externos, aunque sean servicios que luego se dan a la institución.”

Claro que esto ha de tener muy preocupados a algunos recalcitrantes ideológicos, quienes creen que el estado debe de hacer de todo, no importa su costo ni la calidad del servicio a los cotizantes de la Caja. Pero los ciudadanos que conocen y han experimentado el mejor servicio que brindan aquellas empresas privadas, han acudido a señalarlo así, dando un mentís a quienes no les gusta tan sólo por mantener una ideología obsoleta o bien porque les disminuye el número de asociados a sus sindicatos. Es posible mejorar la eficiencia en un estado ineficiente.

Hay esperanzas… Por una Caja mejor para todos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: algo positivo en cuanto a pobreza, pero no la elimina

Que en algún momento un estado muestre ser un dechado de ineficiencia, no significa que eternamente deba serlo. Es posible hacer a un estado menos ineficiente o más eficiente, como se quiera clasificar al proceso.  Optimista que soy, procedo a referirme a un caso expuesto en La Nación del 21 de enero, en un artículo que lleva por título “País estrena sistema para controlar ayudas a pobres: Base de datos almacena información de 665.000 beneficiarios del estado.”

Partamos de que, según  “el último informe del Estado de la Nación, un 24% de las transferencias a pobres termina en manos de personas que no las necesitan.” Francamente no sé cómo llegaron a tal porcentaje, pues bien puede ser mayor o menor; en todo caso, parece existir una especie de maldición para los buenos propósitos de algunos corazones sensibles, cuando desarrollan programas de ayuda a personas o familias, que en muchas ocasiones simplemente son fáciles de obtener, sin que se requiere de un estudio serio que determine si las necesidades, que son la base para la ayuda, existen o no. Pero, también porque suele ser usual que muchas de esas ayudas se den sin que se exija un esfuerzo complementario de parte del receptor para que, con su esfuerzo personal, pueda llegar el momento en que tal ayuda no sea necesaria. Traigo a colación, como ejemplo de esa “eternidad” de vivir de la manutención estatal, lo que sucedió en la ciudad de Nueva York, cuando en cierto momento histórico (en época de su muy conocido alcalde, Fiorello de la Guardia), se fijaron topes los alquileres, a fin de “ayudar a los pobres”. Unos 50 años después de existir tal política, se documentó que eran los nietos de los beneficiarios iniciales (de los relativamente pocos que encontraron vivienda para alquilar en aquel entonces), quienes aún vivían en esas viviendas subsidiadas. Simplemente no buscaban otra vivienda tal vez no tan antigua o deteriorada en sus barrios, porque no podían dejar ir tan jugosa transferencia, que aún se recibía mediante alquileres objeto de aquella fijación gubernamental. De hecho, tal inamovilidad terminó convirtiéndose en un castigo; esto es, recibir un subsidio por el alquiler bajo aún vigente, “a cambio de” tener que vivir inamovibles en aquellas viviendas algo envejecidas y relativamente poco cuidadas. El incentivo claro, en este caso, era el de no abandonar la casa subsidiada, pues si lo hacían no encontrarían subsidios similares en otros lados. Por ello, terminaron siendo cautivos de un sistema paternalista que, a cambio del subsidio, les ancló para siempre: no había incentivos para que dejaran de percibirlo; por ello prefirieron quedarse en sus viviendas desvencijadas para no tener que pagar más en otros lugares no subsidiados. 

Hablemos del impacto posible de ese 24% de ayuda que no le llega a los grupos de ingresos en estado de pobreza. De acuerdo con el IMAS, esos infiltrados se llevan la significativa suma de ₡147.000 millones (tan sólo en Avancemos, la plata mal recibida asciende a ₡48.000 millones). Para todos estos programas de transferencias de ayuda gubernamental, es crucial saber bien cuáles son los beneficiados, en qué condiciones económicas están en la realidad, que no haya un ocultamiento de ingresos, que no reciban una multiplicidad innecesaria de fuentes de ayuda; esto es, debe verse el monto de ayuda agregada que reciben y, ante todo, si el sistema comprende incentivos para que, en algún momento, dejen de depender de esas fuentes de asistencia gubernamental.

Una de las reformas más importantes que se dio en los Estados Unidos, en cuanto a sus programes estatales de “lucha contra la pobreza”, sucedió durante la administración del presidente Clinton, quien definió que, para poder recibir ayuda de los programas gubernamentales contra la pobreza, era necesario que los beneficiarios comprobaran que no contaban con los medios definidos como requeridos para recibirla y, en segundo lugar, que los beneficiarios estuvieran dispuestos a obtener ingresos provenientes de otras fuentes productivas; esto es, que formaran parte de una fuerza de trabajo dispuesta a laborar cuando el gobierno (junto con el sector privado), indicaran posibilidades para ello (nada de estar “echadotes”, esperando mes a mes a que les llegara la plata del estado).

De acuerdo con el informe Estado de la Nación previamente citado, los programas de asistencia “con mayores filtraciones (esto es, goles de vivazos) son el bono de vivienda con un 37%, comedores escolares con un 31.7% y Avancemos, con un 22.2%”. No son porcentajes nada insignificantes y bien podrían ser la base existencial de una especie de dependencia falsificada, en donde se finge pobreza, a fin de recibir regularmente plata proveniente de los impuestos que pagamos todos los costarricenses.

No quiero comentar historias folclóricas acerca de cómo es posible que una familia pueda tener hasta tres casas obtenidas con bonos de vivienda, o cómo es que gente platuda recibe fondos públicos en la forma de becas, para que sus “pobrecitos” hijos vayan a la escuela o bien de muchachitos que vienen de familias de ingresos medios, pero que reciben en las escuelas comidas pagadas por toda la sociedad. No es ese el propósito de este comentario, sino, más bien, en gran parte el de resaltar algunos esfuerzos positivos que se están poniendo en marcha para tratar de que, al menos, los programas de ayuda se dirijan hacia quienes verdaderamente los necesitan. A pesar de esos empeños, debo señalar que falta mucho en cuanto a definir incentivos que induzcan a que los receptores de esas ayudas para que decidan dejar de depender de esas subvenciones y que más bien los estimulen a mejorar sus condiciones de vida, mediante esfuerzos laborales propios.

Bajo la responsabilidad del IMAS (ojalá vuelva los ojos de la eficiencia también hacia adentro), se ha desarrollado un sistema de información sobre las 665.000 personas en estado de pobreza, al cual se le conoce como Sistema Nacional de Información Social (SINAIS), que en esencia es un registro único (ya no desperdigado y ausente de coordinación entre diversos entes que dan ayuda) de personas que reciben ayuda estatal. Entre ellas, “bonos de vivienda, las becas, el subsidio para alimentos o la pensión del régimen no contributivo” de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mucha de esa información ya está en registros propios de ciertas instituciones, pero no están integrados, de manera que se pueda saber, por una parte, el conjunto de ayuda que una persona o familia pueda estar recibiendo, así como los resultados esperados de esas diversas ayudas. “Las entidades que aportaron los registros son el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional de Becas (FONABE) y el IMAS.” Pero, obviamente, faltan muchos otros entes estatales en donde cada uno, a su manera, realiza transferencias o cosas similares, bajo el pretexto o criterio de luchar contra la pobreza. Por ejemplo, las becas de las universidades públicas, las condonaciones de deudas que con frecuencia hace la Asamblea Legislativa, las ayudas de la oficina de la primera dama de la República, las que en ocasiones hace el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA, antiguo ITCO), el programa de intereses subsidiados a pequeñas y medianas empresas de la banca comercial del estado, el subsidio en el costo de la electricidad para ciertos grupos de ingresos relativamente bajos, el subsidio a los combustibles para pescadores artesanales y similares, entre otros. Si uno analiza la argumentación política utilizada para la creación de cada uno esos diferentes programas de ayuda estatal, se encontrará siempre con que lo fueron teniendo como objetivo, primordial o secundario, luchar contra la pobreza.

Comparto la aspiración del ministro de bienestar social, don Carlos Alvarado, quien dice que “no es sólo el sistema informático, la clave es que las instituciones se apropien de estos, que sepan que tienen que revisar los beneficiarios para que no se den duplicidades. Lo que hace coherente esto es que esté dentro de una política social única, para evitar problemas de dispersión, que siempre hemos señalado.” Pero tan buen objetivo no es suficiente; es crucial dar el paso siguiente, cual es evitar que las “ayudas” no se conviertan en algo permanente; esto es, que haya esquemas de graduación, lo cual quiere decir que las dejan de recibir después de cierto momento. Para eso se requiere que los marcos institucionales de ayuda se conviertan en un apoyo para que sea el individuo, con el esfuerzo propio, el que le permita salir de la pobreza.

Si algo se logra en el sentido en que lo hemos expuesto, creo que el estado será mucho menos ineficiente de lo que es en la actualidad. Podemos estar en presencia de un esfuerzo positivo de hacer mejor las cosas.

Pero también es necesario recalcar un hecho innegable en la historia económica de la humanidad: cuando hay crecimiento económico en una nación o una región, disminuye la pobreza. Esto lo destaca el notable historiador y economista Deepak Lal, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), en la introducción a su último libro Poverty and Progress: Realities and Myths about Global Poverty [Pobreza y Progreso: Realidades y Mitos acerca de la Pobreza Global], Washington D. C.: Cato Institute, 2013, en donde señala que

“El mensaje central de este libro es que un crecimiento económico eficiente es el único medio para aliviar la antigua pobreza estructural del Tercer Mundo, y que si los países crecen rápidamente, con un ingreso per cápita aumentando por arriba de un 3 por ciento anual, el muy ridiculizado proceso de filtración o goteo [trickle-down] disminuiría rápidamente la pobreza estructural.  Esta aseveración ha sido confirmada de manera rotunda en las últimas dos décadas, por la reducción más grande de la pobreza vista en la historia humana, cuando dos gigantes emergentes -India y China- crecientemente han adoptado las políticas económicas liberales clásicas, que han conducido a fuertes aumentos en las tasas de crecimiento de sus ingresos per cápita.” (P. 1).

De aquí que, si de algo sirve el consejo que nos hace Lal, basado en la experiencia humana de disminución de la pobreza a través de la historia, es crucial que la lucha contra la pobreza vaya más allá del paliativo gubernamental de asistencia económica y que el país efectivamente abrace políticas económicas conducentes a que la nación crezca mucho más rápidamente, en comparación a cómo lo hace en la actualidad. Obviamente esto sobrepasa el esfuerzo del ministro Alvarado, pero plantea el desafío exactamente en donde debe de estar: ¿Será capaz el gobierno actual de desarrollar las políticas deseables para aumentar nuestro crecimiento, u optará por la regresión económica y el empobrecimiento y la disminución del bienestar de los ciudadanos? Ojalá aprendan la lección de la historia del crecimiento económico de la humanidad a través de los siglos. Por ello cierro mi comentario con una pregunta muy actual ante la propuesta gubernamental de aumentar los impuestos, a sabiendas que estos van a provocar un crecimiento económico menor que el actual. ¿Creen ustedes que, con esos mayores impuestos, que provocarán un descenso en el crecimiento de nuestra economía, una disminución de la inversión privada, una reducción de la demanda de mano de obra y, por tanto, un aumento del desempleo y un descenso de los ingresos per cápita, se logrará reducir la pobreza en el país?

Jorge Corrales Quesada