La columna de Carlos Federico Smith: Hacinamiento en las cárceles

Ante justas inquietudes ciudadanas por el hacinamiento en las cárceles, algo que no debe suceder por ser un castigo indebido e impropio de una sociedad civilizada, la respuesta usual de los burócratas es que no hay plata para construir las obras, además de la exitosa oposición de los sindicatos de Albino que impidieron que hubiera una cárcel privada, moderna, en la zona Atlántica, simplemente porque perderían como asociados a los guardianes de las actuales cárceles estatales.

Por es sumamente esclarecedor, y ciertamente provoca cólera, ver que hay recursos financieros destinados para ello y que lo que ha sobrado es la desidia de los burócratas en construirlas. Esto lo reseña en La Nación del 19 de marzo, en un comentario titulado “Hacienda critica baja ejecución de presupuesto para construir cárceles: Análisis de Autoridad Presupuestaria entre 2014 y 2017.” Dicha inacción a pesar de que el ´hacinamiento carcelario ronda el 13%, 13 de las prisiones tienen cierre técnico por sobrepoblación (ni un solo reo más puede ingresar a esos centros) y el único centro penal para indiciados debe desalojarse por completo.” Adicione que “el nivel de encarcelamiento aumenta” al pasar de 9.000 reos en el 2012 a más de 14.000 en el 2017.

Según la Autoridad Presupuestario del ministerio de Hacienda, entre el 2014 y el 2017 la partida de bienes duraderos del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PIAB), ente adscrito al ministerio de Justicia, durante el período 2014-2017 se ejecutó apenas un promedio del 24.5% de lo presupuestado, que en gran parte se usaría para construir cárceles.

La burocracia respondió, ante las críticas, que esas partidas anuales requieren de tiempo para ejecutarse, pero lo cierto es que no se han llevado a cabo en su totalidad en ese lapso de 4 años. Y eso es lo que importa en última instancia. Pero, como es lo usual, atribuyen el problema a la Ley de Contratación Administrativa, pero, aun cuando se permiten contrataciones directas más sencillas, como es el caso reciente del enorme retraso en la construcción de escuelas, simplemente la obra no se hace.

Por eso, plata hay, pero también inutilidad para invertirla y una evidente falta de programación de las obras para las cuales se requirieron los fondos del presupuestos público. Lo triste es que, de 12 proyectos que, de acuerdo con el PIAB, están en proceso y para los cuales hay destinados ₡20.930 millones, sólo uno de ellos, que se ubicaría en La Reforma, genera nuevos espacios, en este caso para mujeres. Los demás proyectos en proceso no son para disponer de más campos, sino para “modelaciones o construcciones de áreas administrativas o de visita infantil, entre otros.” 

Claro, una de las razones, nos han dicho los burócratas, para soltar las “golondrinas” es el problema del hacinamiento, por lo que, según lo expuesto, en nuestro futuro no hay previstos más espacios, por lo que debemos esperar que aumente la bandada de golondrinas, pues “no habrá campos y, ante el hacinamiento, mejor soltarlos.”

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: opinión acerca de lo sucedido en Limón y el financiamiento propuesto.

No les negaré a mis amigos lectores que, al darme cuenta de los hechos recientemente sucedidos en Limón, la furia me atacó. Era una mezcla de ira y dolor. Con el paso de los días, el dolor permanece, pero la ira ha sido superada, por lo cual considero que es el momento apropiado para referirme a algunos aspectos, especialmente financieros, relacionados con dicha tragedia.

De entrada, debo decir que creo haber entendido bien el ex abrupto del ministro de seguridad, don Gustavo Mata, de quien no tengo un mal concepto, aunque ello tampoco sea mucho que decir en un  gobierno tan malo como éste. Me parece que lo que lo motivó a amenazar con renunciar, fue que le daba oportunidad a la Asamblea Legislativa para que, antes de treinta días, aprobara el impuesto a las sociedades anónimas, lo que le daría recursos a su ministerio. Pero, afortunadamente, dicho proyecto está en el debido proceso de discusión y aprobación, si acaso, por el Congreso, y el ejercicio de ese derecho constitucional, de parte de la Asamblea, le ha de haber importunado mucho. Por ello, me imagino que su impropia salida la hizo como muestra de un alto grado de impotencia, a la luz de los ataques sucedidos en Limón, que los atribuye a la falta de recursos necesarios para eliminar dicho problema.
 

Lo digo así, porque tenemos que entender algo que es muy peculiar, en cuanto a la amenaza de la droga en nuestro medio y la cual que es nada diferente a lo sucedido en otros países que ya conocemos: el enorme resultado económico positivo para quienes se dedican al tráfico y venta de la droga, a pesar del elevado costo y riesgo que se tiene para producirla y trasegarla. Tales costos son muy poca cosa, en comparación con los cuantiosos ingresos que el negociado produce.
 

El negocio de la droga no ha podido ser eliminado exitosamente por nación alguna, mediante el uso del mecanismo coercitivo de la fuerza armada, pues incluso muchos gobernantes, que se supone pondrían de primero al interés de sus ciudadanos, que el personal, caen seducidos por las fortunas deparadas por aquel negociado. Y, cuando digo gobernantes, generalizo por ello a altos, medianos y bajos cargos de los órganos represivos de toda índole, ya sea militar o judicial, e incluso internacional. E incluyo allí a muchos profesionales muy preparados en diversas ramas, que venden sus servicios a aquellos “negociantes” a cambio de jugosos pagos. Eso sí, considero que, tarde o temprano, la solución vendrá, al lograrse alguna forma de legalización de ciertas drogas, que haría que se elimine ese enorme sobreprecio e ingresos fuera de cualquier monto que uno pueda hoy señalar como normal, que hoy es posible apropiarse debido a aquella prohibición.
 

Por tal razón, considero que, en la situación actual, es muy difícil que, con los recursos limitados de las sociedades, éstas pueden, por medio del estado y su poder y monopolio de la coerción, combatir y eliminar al negociado, incluso después de incurrir en numerosas pérdidas humanas y materiales.  De manera que, si nuestro país está en la mira de los narcotraficantes, al considerársele parte esencial como vía rentable para su operación comercial, lo seguirá utilizando, con todos los males consiguientes, como los que hemos observado recientemente en Limón. Pienso que, tal vez, el ministro se imagina que, con un poco más de recursos, podrá eliminar la calamidad, pero creo que difícilmente alcanzará la plata para lograrlo, en tanto exista un mercado en el Norte (Estados Unidos y Europa), que sea tan lucrativo, como lo es hoy para los traficantes.
 

Dicho esto, considero que, por varias otras razones, no es apropiada la exigencia del ministro a los diputados, implícita en su renuncia, efectiva si, antes de un mes, no se aprueba el nuevo impuesto a las sociedades anónimas. En primer lugar, porque el mismo proyecto de ley que parece estarse definiendo, es claro en cuanto a que los recursos que aportaría (me imagino que ni siquiera de inmediato, sino después de cierto tiempo) no podrán dedicarse a contratar más policías, tal como ha dicho el ministro de seguridad que sería su uso inmediato al aprobarse tal impuesto.  El proyecto de ley es claro, según se ha llegado a conocer, en cuanto a que el destino de los recursos no podría ser el pago de salarios y servicios de apoyo de seguridad, sino para infraestructura policial. Por ello es que, si se quiere contratar los 1.000 policías adicionales que ha señalado el ministro (como si fueran suficientes para contener la marea arriba mencionada), habrá que buscar otros recursos en el presupuesto de la República.  Por lo tanto, si se desea que la Asamblea haga la voluntad del ministro, deberá empezar por cambiar lo que ya se ha negociado y ello dentro del ultimátum de un mes. Sépase que la redacción que hoy frenaría al ministro en su intención de usar los recursos para contratar más policías, fue una propuesta del propio poder ejecutivo, según el borrador de proyecto que remitió al Congreso.
 

En segundo lugar, me ha sorprendido que, en el fragor de la discusión política cerca del tema, se haya dado a conocer que hay partidas presupuestarias en el ministerio de seguridad, que no se han erogado, de manera que, si existiera la urgencia de contratar más policías, sería ya factible hacerlo. El Partido Unidad Social Cristiana, que ha sido fuertemente atacado por el presidente de la República, por ser uno de los responsables en la Asamblea de que no se le den esos recursos tributarios, respondió que, del presupuesto del 2015, no se ejecutaron ₡23.629 millones de lo correspondiente al ministerio de seguridad. Ante ello, se brindaron explicaciones oficiales no del todo convincentes, acerca de por qué no se ejecutaron (renuncias, incapacidades, contrataciones de personal en proceso y similares), lo cual debe inducir a la reflexión acerca de si no es posible que se haga un uso más eficiente de tales recursos, que simplemente pasarlos al final del ejercicio presupuestario como gastos no efectuados.
 

En tercer lugar, seamos honestos intelectualmente y así reconocer que este gobierno, que ahora clama, por medio del presidente y de su ministro de seguridad, por mayores ingresos presupuestarios para contratar más policías, fue el que redujo significativamente este año fiscal los recursos de presupuesto destinados a dicho ministerio.  Así, mientras que para el 2014, el presupuesto del ministerio de seguridad fue de un 3.4% del total presupuestado para el gobierno central, en el de 2015 descendió a un 2.5%, que es la participación relativa más baja desde el 2010. Eso sí, al Patronato Nacional de la Infancia en el presupuesto de este año se le aumentó su partida presupuestaria en ₡50.000 millones y el subsidio a la educación superior -FEES- tan sólo el aumento para este año no fue una bicoca, sino un montón de plata adicional, pues el presupuesto que se le entregaría creció un  9%.
 

O sea, en buena lid, el presupuesto que definió el gobierno actual y que aprobó el Congreso, incorporaba una reducción de recursos para el ministerio de seguridad y, ahora ese mismo gobierno se queja, urbi et orbi, de que no tiene los recursos necesarios, culpando por ello a la no aprobación de los diputados de un nuevo impuesto a las sociedades anónimas.
 

En cuarto lugar, al aprobarse un impuesto, aunque pueda ser para algo loable, como podría ser aumentar la seguridad en la zona de Limón, es necesario considerar los posibles efectos negativos (e incluso ver si hay opciones mejores) que pueda tener ese gravamen.  El impuesto a las sociedades, que inicialmente se aprobó indebidamente y que la Sala Constitucional por ello lo consideró como inconstitucional, debido a varias razones técnicas, también tiene potenciales efectos dañinos importantes sobre ciertos sectores de la economía. A veces parece que la información, que con frecuencia nos brinda la Dirección General de Estadísticas y Censos, acerca del crecimiento del empleo informal y, en general, de lo que se podría considerar como una economía subterránea, es ignorada olímpicamente. Esa economía furtiva, informal, se ve estimulada por los muchos impuestos que hacen más rentable que muchos, usualmente pequeños, empresarios, en lugar de seguir el camino tortuoso y oneroso de la formalidad, escogen la subterraneidad, en donde surgen numerosos costos sociales, que no vale la pena volver a señalar en esta ocasión.
 

Ese estímulo de mayores impuestos, que incentiva la existencia de la economía subterránea, puede dar lugar a un descenso del total de recaudaciones formales del estado, con lo cual el total de recursos que iría al sector público, más bien, conceptualmente, podría hasta disminuir.
 

En quinto lugar, dado que el gobierno actual ha tratado, en este caso, de mostrar a los diputados como si fueran timoratos o titubeantes, por la no aprobación expedita y a su gusto del impuesto a las sociedades anónimas, podría ser que, motivados por tal reproche gubernamental, los haya motivado a formular una propuesta que podría brindar los recursos, que ahora se solicitan para el ministerio de seguridad.  Antes de referirme a ella, deseo indicar que siempre he considerado como deseable, en las circunstancias actuales de nuestra economía, y, particularmente, ante el exceso de gasto gubernamental, que se dé la mayor reducción posible de esos gastos.  Pero, tal vez en esta ocasión, podría ser que la ciudadanía preferiría que el gasto estatal se haga en seguridad, en vez de lo que se ha propuesto reducir.  Me refiero a la propuesta del diputado don Mario Redondo, para que, en el presupuesto del 2017, se reduzca el monto que se destinaría a la deuda política, actualmente equivalente a un 0.19% del PIB, a un 0.11%, con lo cual se liberarían recursos por aproximadamente unos ₡25.000 millones, que permitirían, sin duda, aumentar el número de policías.
 

Esta última posibilidad la considero más apropiada que un simple aumento de un tributo que tiene efectos negativos, aunque soy consciente de que, ante la amenaza del negociado de las drogas, tal vez nunca alcanzará el presupuesto de gastos de la nación, para eliminarlo: los gastos en su represión tendrían un peso desorbitantemente elevado sobre la ciudadanía, en tanto que el tráfico y el consumo sea penalizado, como actualmente se hace en los mercados de destino, y que da lugar al surgimiento de  mercados negros profundamente extendidos y poderosos, los cuales permiten el logro de  fortunas inimaginables. Ante el riesgo de una mayor represión, los partícipes de dicho mercado, posiblemente continuarán concurriendo, pues los beneficios seguirían excediendo en mucho, pero mucho, a los costos.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: volverán las oscuras golondrinas...a delinquir

Nuestro tema polémico de hoy no tendrá ni la elocuencia ni el romanticismo de los versos del poeta español Gustavo Adolfo Bécquer pero trata sobre lo mismo: golondrinas. Solo que son otras golondrinas, es decir, los reos que ordenó liberar el Presidente Luis Guillermo Solís.

Hace poco más de un mes, el Gobierno de la  República ordenó la excarcelación de casi 400 privados de libertad, alegando que lo hacía para cumplir con diversas sentencias de la Sala Constitucional que exigían respetar los derechos de estas personas, que estaban en condiciones de hacinamiento que ponían en peligro su salud e integridad física.

Poco tiempo después del anuncio, los presos comenzaron a salir, pese a los reclamos de la mayoría de actores políticos y sociales del país. Sin embargo, tan rápido como salieron, empezaron a hacer sus fechorías. Luego de que uno de ellos abusara sexualmente de una joven de 25 años, el mandatario indicó que "una golondrina no hace verano", para defender la excarcelación, alegando que era un caso aislado. 

Pero no resultó ser un caso aislado. Más allá de la forma chabacana, insensible y, por qué no decirlo, irresponsable con la que el mandatario abordó una situación tan delicada (seguramente no habría reaccionado igual si la víctima hubiese sido algun familiar suyo), durante el mes de junio se presentaron otros casos de personas liberadas por su directriz que reincidieron en la comisión de delitos, ya sea venta de drogas, asaltos y robos o, incluso, delitos sexuales contra menores de edad. Pese a todo esto, el Poder Ejecutivo insiste en su cabezonada y sigue excarcelando delincuentes.

Las golondrinas de esta histora, que se parecen más a los pájaros de la célebre obra de Alfred Hitchcock, volvieron a las calles pero para delinquir. Con esto se evidencia el gazapo, la improvisación y la torpeza con la que la Administración Solís Rivera ha manejado la situación de la seguridad. Tantos recursos que año a año se invierten en nuestro país para atacar la delincuencia y la violencia, y ahora se vienen a desperdiciar con la liberación de estos tipejos que solo llevan dolor y temor a las comunidades. 

Solís y su gabinete están más concentrados en los derechos que supuestamente se le están negando a los privados de libertad cuando deberían concentrarse en los derechos de las víctimas, de las personas honestas que han sufrido por los actos de los antisociales. Una cosa es otorgarle un beneficio de excarcelación o de pasar a un régimen semi institucional a alguien cuya sentencia es por un delito menor y otra muy diferente y errada es permitir a violadores, asesinos y asaltantes violentos salir, pues la probabilidad de que estas personas reincidan o busquen a quien los denunció y lo ataquen, es muy alta. 

En ASOJOD consideramos que si el problema es el hacinamiento, la solución no es la liberación, sino que pasa por la construcción de más infraestructura carcerlaria. Es cierto que también hay que trabajar en la prevención y en la generación de condiciones que ofrezcan oportunidades a las personas para que tengan un ingreso honrado, pero eso es un proceso cuyos resultados se verán con el tiempo. La problemática actual exige una respuesta inmediata y la única forma de abordarla es mediante la ampliación de las prisiones. 

Pero acompañando a esto, consideramos que debería variar la forma de ver las cárceles. Hoy son prácticamente escuelas para quienes están adentro, donde aprenden formas más elaboradas de dañar a las personas y donde acumulan más resentimiento y odio que luego descargan contra los inocentes al salir.  Las cárceles deberían convertirse en espacios donde los reos no solo purguen una condena sino donde también trabajen, tanto para mantenerse ocupados y dejar de pensar en nuevas formas de cometer delitos como para que puedan resarcir a la sociedad el daño cometido. 

No nos parece justo que una persona que ha sido víctima de un delito tenga que pagar con sus impuestos la manutención del privado de libertad; este último debería trabajar para cubrir, con lo que genere, los gastos en que debe incurrir el Estado por su encarcelamiento. Además, con esos recursos, también podría pagar a la víctima o a sus familiares por los daños que le ha causado (pues muchas veces los sentenciados son condenados a pagar por la vía civil los daños pero al no tener nada registrado a su nombre, no lo hacen) e, inclusive, podría aportarlos a su propia familia para ayudar con los gastos de un hogar que ha quedado desmenbrado por la errada decisión de uno de sus miembros. 

Sin duda, hay opciones más inteligentes y sensatas que la simple liberación de delincuentes. Hemos ofrecido una y de seguro, la discusión seria y propositiva presentará otras. Lástima que eso es algo que el Gobierno del cambio no parece entender.

La columna de Carlos Federico Smith: nuestro Estado incumple con una función esencial

Al menos en el pensamiento liberal clásico -y dejo de lado las visiones anarquistas o cuasi anarquistas-  se considera que el estado debe desempeñar algunas funciones básicas en una sociedad.  Uno de los más destacados pensadores de tal línea de pensamiento, Adam Smith, enfatizó el papel del estado para la protección de los ciudadanos ante la invasión de fuerzas externas (seguridad externa), así como para prevenir del abuso de alguno de sus ciudadanos sobre los otros (justicia o seguridad interna), al igual que debería de proveer ciertos tipos de obras públicas, tales como puentes o muelles, así como contribuir a la educación pública.  

Escribo lo de Smith para señalar que muchos otros pensadores liberales clásicos han propuesto otras cosas que deben ser pertinencia del estado. Por ejemplo, Friedman abogó por un impuesto negativo al ingreso o por un banco central del estado.  Pero lo crucial, lo común en todos ellos, es que todos le dan prioridad a la libertad de las personas, por lo cual el tema de hasta dónde llega la línea del papel del estado en sociedad, siempre estará presente en el debate que se da dentro del pensamiento liberal clásico. Como tantas cosas en la vida, este es un asunto que no está definitivamente determinado, sino que está vivo, en el pensamiento humano en torno a la forma de organización política que debe de disponer el individuo.

A lo que quiero llegar, es que casi todos los pensadores liberales clásicos consideran que el estado tiene un papel esencial, en cuanto a garantizar a todos los individuos su protección ante la acción de algún otro individuo en sociedad, que le causa o amenaza con causarle daño.  Así, hoy entendemos porqué la seguridad pública, la seguridad de los ciudadanos ante el crimen, ante el daño, está a cargo esencialmente del estado, tanto por medio de su fuerza policial, sino por lo que se conoce como su sistema judicial. Aquellos pensadores consideran que las personas le han dado al estado y a las autoridades judiciales el monopolio de la fuerza, pero buscan que tal fuerza monopolística sea la mínima necesaria, teniendo en mente que el estado no abuse de un poder amplio, ilimitado, sino restringido, pues fácilmente podemos comprobar los costos que derivarían de un estado, que abuse más allá de sus poderes claramente definidos.

Por tal razón, es crucial que los ciudadanos estemos muy atentos al movimiento ciudadano que se ha estado forjando en la zona de San Carlos, según lo indica La Nación del 23 de setiembre, en su comentario titulado “Sancarleños se organizan para frenar la delincuencia: Iniciativa de una empresaria.” Así es, dirigido por una exportadora de piña, doña Ángela López, se ha logrado reunir a un grupo de vecinos profundamente preocupados por la ola de delincuencia en la zona, pero, en especial, por la displicencia con que las autoridades han tratado las diversas denuncias que han hecho los ciudadanos.  Por tal razón, señaló doña Ángela a La Nación, es el momento de que los vecinos hagan valer sus derechos y de actuar unidos contra la delincuencia.  En sus palabras, “los sancarleños son atropellados en su seguridad, por lo cual considera que llegó el momento de actuar en conjunto y de hacer valer sus derechos.” Además, explicó que “los vecinos deben dejar el miedo a un lado e emprender acciones inmediatas para que la Policía y las autoridades judiciales le presten atención al asunto.” 

Entendamos que, cuando se repite el eslogan político “la justicia es un asunto de todos”, debe interpretarse no en cuanto a que cada cual de nosotros decida que impondrá la justicia y que ejercerá institucionalmente, por medio de un cuerpo policial organizado, la labor de proteger a los ciudadanos de los delincuentes que pretendan violar sus derechos y sus propiedades.  Ese “todos” tiene que entenderse en cuanto a que el monopolio de la fuerza, de la coerción, está en manos del estado (por delegación de “todos” nosotros, los ciudadanos) y que, para que aquél no abuse, tales poderes deberán ser explícitamente definidos y delimitados, usualmente en una constitución o un cuerpo legal similar.

Uno espera que esta situación de San Carlos (y, por extensión, de cualquier lado del país) no llegue a que los ciudadanos tomen la justicia en sus manos, al menos en cuanto al castigo para aquellos que violan sus derechos y que siguen impunes en mucho por la inacción de las autoridades policiales del estado, así como del Poder Judicial.  Si el estado no cumple con una de sus funciones esenciales para las cuales existe, no duden que los ciudadanos tomarán la tarea en sus manos, con el riesgo de que ello pueda terminar en una violación de los derechos de otras personas, que es lo que se pretende evitar cuando se le ha otorgado al estado esa función de monopolio de la fuerza.  El problema es que, si cada grupo o persona en sociedad decide ejercer la ley por sí mismo, conducirá posiblemente a una anarquía y a una violencia insoportable e inconveniente.

Lo anterior es relevante, máxime cuando, tal como lo reporta La Nación del 18 de octubre, en su artículo titulado “Hampa ataca zona norte luego de visita de ministro y fiscal: Dos asaltos a negocios este viernes”, como resultado de la acción de los vecinos para organizarse en su lucha contra el hampa violadora de sus derechos y ante un silencio sorprendente de las autoridades estatales encargadas de la seguridad de las personas y de las propiedades, se habían apersonado a la zona norte el ministro de seguridad, señor Gustavo Mata y el subjefe de la Fiscalía, señor Celso Gamboa, a fin de reunirse con los vecinos en torno al asunto expuesto.  Apenas terminada la reunión, se presentaron una vez más los atracos a personas y el robo de bienes. 

Como resultado, “los lugareños están convocando una marcha” para protestar ante los tribunales judiciales.  Si el estado no asume la función que constitucionalmente le obliga, los ciudadanos terminarán tomando la justicia en sus manos y cualquier cosa que se derive de ello será responsabilidad de aquellos que no cumplieron con sus obligaciones. Es increíble que tengamos un estado que se suele meter en cuanta cosa puede de nuestras vidas, pero no lo hace en aquello que, por ley, le corresponde hacer. No se trata de repetir el dicho de “casa de herrero, cuchillo de palo”, sino en enfatizar que se trata del abandono del estado de una de sus funciones esenciales, lo cual le abre espacio para que los individuos, ante tal vacío, decidan ejercer las funciones que el estado deja de hacer y eso nos puede sumir en la anarquía.

Hay que tener presente que la libertad no es ilimitada, sino que la libertad de una persona llega adonde llega la libertad de otra persona. Por ello, “libertad no significa que usted sea libre de robar, amenazar, coaccionar, atacar o asesinar a otro, pues eso violaría la libertad de ellos.” [Eamon Butler, Classical Liberalism: A Premier, Londres, Institute of Economic Affairs, 2015, p. 3 y que puede ser obtenido en http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/Butler-interactive.pdf Por ello es que nuestros ancestros consideraron indispensable que, en un orden civilizado, el estado tenga el monopolio de la coerción, pero fuertemente restringido en el ejercicio del poder. No queremos ni el abuso del estado, ni la vigencia de la anarquía.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el peligro de la impunidad

Un principio básico del sistema republicano es el imperio de la ley, como un elemento cosustancial a la igualdad ante la ley. Esto significa que la norma está por encima de todos, que no hace distinción de clase social, credo, orientación política o algún otro factor y que se aplica, para bien o para mal, sin excepción. A la par de este principio se encuentra el de seguridad jurídica, otra cara de la misma moneda, que implica la necesidad del ciudadano de saber a qué atenerse, es decir, tener la certeza o seguridad de que las acciones tienen consecuencias, positivas o negativas.

En el caso de los delitos, estos principios jurídicos nos indican que las personas deben tener claro que ciertas acciones o conductas tienen sanciones y que, de cometerlas, se enfrentarán implacablemente a la justicia. El funcionamiento adecuado del sistema para procesar dichas conductas contribuye enormemente a la creación de una cultura social de respeto por los derechos individuales y permite la tranquilidad de los ciudadanos para que puedan desarrollar sus vidas sin temor.

No obstante, cuando los delitos no son sancionados debidamente y se genera un ambiente de impunidad, la sensación de las personas aumenta al mismo tiempo que lo hace su molestia hacia el sistema, al que poco a poco van despreciando y dan paso a privilegiar regímenes de mano dura que, tarde o temprano, terminan por imponerse autoritariamente y destruyen las libertades. No en vano decía Benjamin Franklin que "aquellos que renuncian a una libertad esencial para comprar un poco de seguridad momentánea, no merecen ni libertad ni seguridad". No en vano la historia nos ha demostrado con infinitos ejemplos la validez de esta premisa. 

Recientemente, hemos presenciado en nuestro país una serie de actos violentos -robos y homicidios- o de escándalos por corrupción o arbitrariedad, especialmente en las altas esferas del poder,  que de una u otra forma no terminan en condena, a veces por la incapacidad del Ministerio Público para presentar la acusación, las pruebas y los testimonios para demostrar, cuando es posible y amerita, la responabilidad de los acusados y permitir a los Tribunales, luego del debido proceso, determinar las sanciones correspondientes.

Tal situación enciende las luces de alarma. Al respecto, el Informe del Latinobarómetro 2013 indica que

"Entre los países que han disminuido el apoyo a la democracia llama la atención Costa Rica que comienza a mediados de los años ‘80 como una de los países más democráticos de la región. Disminuye de 74% en 2009 a 53% en 2013. Costa Rica presenta en 2013 una diferencia de 16 puntos con respecto al promedio 1995- 2013, siendo el país de la región que ha perdido más apoyo a la democracia. Al mismo tiempo ha aumentado el apoyo a la frase “En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” de 7% en 1996 a 17% en 2013. En total, las actitudes autoritarias aumentan 8 puntos por sobre el promedio 1995-2013".  

Los datos son claros.  Cada vez más gente molesta con un sistema político incapaz de satisfacer sus demandas, entre ellas, las de seguridad y tranquilidad, pierde su aprecio por la forma en la que se hacen las cosas y acepta la posibilidad de un líder autoritario que "resuelva" la problemática. En buena parte, esa sensación  de desgaste e impotencia contribuyó, entre otros factores, a un incremento sustancial de apoyo hacia el partido Frente Amplio, cuyas propuestas son claramente comunistas, dirigidas a crear un Estado omnipresente y omnipudiente que se encargue de todo, sustituyendo a los individuos en el manejo de sus propias vidas y pisoteando su libertad, para convertirlos en simples autómatas que viven por y para el "ogro filantrópico", como lo llamara Octavio Paz, quien a propósito escribió en su momento que "el Estado del siglo XX se ha revelado como una fuerza más poderosa que las de los antiguos imperios y como un amo más terrible que los viejos tiranos y déspotas. Un amo sin rostro, desalmado y que obra no como un demonio sino como una máquina".  

Evidentemente no se trata de culpar por culpar a cualquier acusado y de comenzar una cacería de brujas que someta a la ordalía judicial a quienquiera que sea acusado. Estamos hablando de satisfacer la demanda de justicia por los medios republicanos propios de un Estado de Derecho, con tribunales de justicia que respeten los derechos de todas las partes involucradas en los procesos y garanticen el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales. 

Logrando eso, junto con otras tareas impostergables que hemos mencionado con regularidad en ASOJOD, podremos conseguir que las personas recuperen su tranquilidad, que se sientan representadas y protegidas por un sistema que no permitirá que se vulneren sus derechos individuales y que, ante todo, se encuentra dispuesto a hacer valer esos principios que mencionamos al inicio, cerrando las puertas a ese caldo de cultivo del totalitarismo, del autoritarismo estatal que solo desgracia trae a los pueblos. 

Tema polémico: el origen de la delincuencia

Dada la apremiante situación que tiene nuestro país con la delincuencia azotando cada esquina y amenazando a todos los individuos decentes que tratan de vivir en paz, en ASOJOD nos pareció importante hacer una breve reflexión sobre el origen de este problema.

Hay quienes dicen que la causa de la delincuencia es la falta de oportunidades, la pobreza, la misería, todo lo cual hace que las personas tengan que robar para poder sobrevivir. Son quienes afirman que la delincuencia es un producto social y tienen el descaro de responsabilizarnos a todos los demás por lo que una persona hace. Ven al delincuente como una víctima de la sociedad, como el resultado de privaciones y exclusiones, por lo cual no hay que castigarlo, sino rehabilitarlo. Pretenden afirmar que existe una relación entre pobreza y delincuencia, pero esto no explicaría por qué hay personas de estratos socioeconómicos altos que delinquen (los delitos de “cuello blanco”, los fraudes registrales, la corrupción política, los desfalcos a fondos públicos, entre otros), ni tampoco se sostiene cuando se revisan los datos de pobreza y delincuencia. Como dice Pirie, “no existe una relación lineal mecánica entre pobreza y violencia. Las naciones y los individuos más pobres no siempre son los más propensos al crimen. En América Central, los países más seguros son el más rico, Costa Rica, y el más pobre, Nicaragua. La de Costa Rica fue la tasa más baja (6,2), y la de El Salvador, la más elevada (43,4)” .

Lo mismo sostiene el informe “Crime and Development in Central America” del Observatorio de Tendencias Delictivas y Operaciones de Sistemas de Justicia Penal de las Naciones Unidas, donde se expresa que “las naciones más pobres y la gente más pobre, no son necesariamente los más propensos al crimen. De acuerdo a las estadísticas, uno de los países más seguros en Centroamérica es el más pobre (Nicaragua). Entonces, el desempleo o la “situación económica”, aunque podrían estar arraigados en la mentalidad pública como causas del delito, tienen una relación muy circunstancial” .

No obstante, como esa creencia pareciera estar fuertemente arraigada en la mentalidad de los tomadores de decisiones, nuestro sistema penal ha sido llevado en esa dirección. De acuerdo con el I Informe Estado de la Región, “el Código Procesal Penal, de 1998, aumentó las garantías del debido proceso a favor de las personas indiciadas y, ese mismo año, una reforma al Código Penal generó las condiciones que llevaron a la desjudicialización de ciertos delitos. Esta situación ha motivado una creciente controversia y frecuentes demandas públicas, a las que las autoridades judiciales (Corte Suprema y Ministerio Público) han respondido con nuevos procedimientos” . Así las cosas, viendo al criminal como una víctima y siendo muy flexibles con él, los diferentes Gobiernos han alcahueteado las conductas negativas.

Este tipo de ideas soslayan una cuestión elemental: la acción delictiva es el resultado de una decisión individual, facilitada por un marco jurídico e institucional excesivamente tolerante, que prácticamente garantiza la impunidad. En un contexto como el costarricense, donde la tónica ha sido que unos obtengan ganancias a través de otros, el individuo ―sin importar su condición socioeconómica― ha comenzado a interiorizar la posibilidad de obtener aquello que necesita mediante la fuerza, sea robándolo, sea exigiéndoselo al Estado como si fuera un derecho o sea aliándose con políticos corruptos para obtener favores, acciones que tienen el común denominador de perjudicar a terceros.

Justamente allí es donde, para ASOJOD, se origina la actitud delictiva de las personas: de su propia voluntad. No hay nada de eso de que a alguien lo empujan a cometer delitos ni que roban para alimentar a una pobre familia a punto de morir de inanición. Lo que tenemos es una cultura que ha premiado la actitud parasitaria, donde se ha enseñado a las personas que siempre habrá alguien que pague sus cuentas, que necesidad es equivalente a derecho, que está bien ver a los otros como animales de sacrificio, como medios para cumplir sus fines.

Es esa perversión moral que las personas han individualizado gracias a un sistema que le incentiva conductas de tal naturaleza y cuyos horizontes culturales han sido fijados a ese nivel, la que motiva a los individuos a delinquir. Y, tras de eso, son premiados con la lástima, el "pobrecito", el discurso de la "segunda oportunidad", la tolerancia y alcahuetería extremas que terminan por impedir que se les castigue con rigurosidad y que nos tiene realmente mal.

Si queremos acabar con la inseguridad ciudadana es necesario cambiar los horizontes culturales y las premisas morales que llevan a las personas a creer que está bien vivir a costa de los demás y que solo basta pedirle a alguien y esperar que todo le sea entregado. De lo contrario, nos estaremos autoengañando al creer que más policías y más recursos van a evitar que nos roben.

¡Lamentable!

La Sala IV podría congelar la investigación que se sigue en torno al caso de la Diputada Maureen Ballestero, acusada de utilizar de forma inapropiada fondos públicos (específicamente una avioneta del Ministerio de Seguridad Pública para hacer diligencias personales como recoger su pasaporte o votar en las asambleas del PLN).

Esta situación no puede más que causarnos pesar, pues en ASOJOD somos firmes defensores del imperio de la ley, según el cual, esta se encuentra por encima de todos los ciudadanos y se aplica por igual. Sin embargo, en nuestro país parece haber un código normativo para los unos ciudadanos, con "privilegios" de los cuales no disfrutan los demás. Para unos, sus actos no acarrean consecuencias, sus fechorías no son castigadas y la impunidad y el descaro son los premios que siguen a sus acciones. Mientras tanto, los simples mortales debemos pagar por sus actos, sin poder escaparse del parcializado y torcido brazo de la ley.

Por demás está decir que esta asombrosa noticia sale hasta después de las elecciones, como si hubiese algún tipo de cálculo para no haber afectado a doña Laura ni haberle alborotado el panal a don Oscar. ¿Coincidencia? Quién sabe. Lo que sí sabemos es que mientras persista la impunidad de los "dioses del olimpo", la corrupción y la inseguridad se mantendrán en nuestro país. Si la gente aprende que los actos no tienen consecuencias, no puede esperarse otra cosa que el circo en el que vivimos.

Esperemos que la firmeza y honestidad que la Presidenta Electa nos prometió en campaña sea una realidad, contrario a lo que su mentor, don Oscar, nos regaló por 4 años.

Ticos con miedo...

La encuesta de Unimer confirma que efectivamente el problema que más agobia a los costarricenses esla inseguridad. Desgraciadamente vivimos en un país que demanda estar en constante alerta, nos vemos obligados a no pasar por determinados sitios a determinadas horas, a no utilizar nuestros teléfonos celulalers en las calles, etc. Lo peor del caso es que estas precauciones no son garantía de nada, vivimos en le más perverso azar de la delincuencia, esto es, que en cualquier momento y en cualquier lugar podemos convertirnos en las víctimas de estos criminales.

Los candidatos presidenciales no pueden dejar pasar por alto el tema, el que logre porponer un proyecto coherente de seguridad y no meros slogans -como mano dura- puede que termine dándole competencia a Laura Chinchilla.

En ASOJOD hemos sido enfáticos que que la principal función del estado es asegurar la propiedad y la vida de sus ciudadanos, resulta inaceptable que los costarricenses tengan que vivir atemorizados hasta en sus propias casas.

"El hampa hace lo que le da la gana"

"El hampa hace lo que le da la gana" dijo el pasado martes 8 de enero el Presidente Oscar Arias. Esas palabras expresan una verdad de perogrullo: los costarricenses vivimos en un estado de paranoia respecto al hampa. Ya no estamos seguros ni en nuestras casas, trabajos o automóviles, pues en cualquier momento y lugar podemos ser objeto de los ladrones. Reforzamos nuestras casas como verdaderas fortalezas: rejas, portones, alarmas, perros, etc. Los inocentes vivimos presos en nuestras viviendas mientras que los hampones andan libres con toda tranquilidad.

De hecho, salen cada mañana con la certeza de que, al final del día, tendrán un buen botín que disfrutar. ¿Y la policía? A pesar de que durante lo que llevamos de la gestión de Arias se ha visto un incremento sustancial de efectivos de la Fuerza Pública en las calles, los ladrones no tienen por qué preocuparse: pueden ser arrestados cuantas veces sean y en pocas horas saldrán libres para continuar con sus fechorías. Hace pocos días un hombre, que había sido arrestado 78 veces, aparentemente mató a otro en pleno centro de San José ¿Por qué no estaba preso? Todo porque cualquier robo menor a ¢250.000 es considerado como una contravención. Así pues, un hampón puede robar cosas como celulares, cadenas, relojes, aretes, tennis, bultos, calculadoras, libros, billeteras, etc. y tener certeza de que no será encarcelado por más de 24 horas. Incluso, se ha sabido de casos donde arrestan a algún hampón y el tipo se burla de los policías diciendo que en menos de 2 horas estará de regreso en las calles. ¡Que cinismo!

La ola de criminalidad parece imparable. Hoy, La Nación publica que en el puente peatonal que está frente al Hospital México hay, en promedio, 13 asaltos diarios; hace días la diputada Mayi Antillón fue víctima de un asaltante en un semáforo en Hatillo y el Ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, fue víctima de un bajonazo. Pero no sólo ellos: miles de costarricenses han sido asaltados en la calle, en los buses, en sus trabajos, en los comercios o hasta en sus casas. Y no queda prácticamente otra opción que resignarse a no recuperar lo perdido.

Por eso, y dada la situación crítica, en ASOJOD celebramos que se haya acordado convocar una reunión entre el Ministro de Seguridad, los jerarcas del OIJ y de la Corte Suprema de Justicia, junto con otros expertos en el tema y políticos nacionales para abordar el tema de la (in)seguridad ciudadana. Asimismo, que se comience a conocer en la Asamblea Legislativa una serie de proyectos de ley impulsados por el Ministro Fernando Berrocal para atacar los delitos que hoy son conocidos como contravenciones y que son, los que al fin y al cabo, más problemas generan.

Hay que reconocer que ahora hay más policías en las calles, pero eso no es suficiente. No sólo porque cuando hay un asalto ellos brillan por su ausencia, sino porque a pesar del número de efectivos, nada se gana si atrapan al pillo pero poco después deben dejarlo en libertad. En ASOJOD no somos creyentes de que elevar la dureza de las penas, per se, sea la solución mágica para acabar con la criminalidad. Pero ante tal situación, es necesario eliminar la figura de la contravención para penalizar fuertemente a los hampones. Se trata de proteger la propiedad de las personas, la cual debe ser inviolable. Y no sólo se debe proteger un terreno o un automóvil; sino todo aquello que las personas adquieren, por más pequeño y sencillo que sea para que lo puedan disfrutar ellos y no los ladrones. Porque como bien apuntaba Ayn Rand "el hombre que produce mientras otros disponen del fruto de su labor es un esclavo".

En ASOJOD esperamos que el Ejecutivo logre producir medidas concretas para aumentar la seguridad ciudadana. Y ojalá que el Estado se de cuenta de que, por estar realizando funciones que no le corresponden (telefonía, internet, seguros, puertos, etc.), descuida la que es si obligación: la seguridad. Ojalá el Estado abandone sus aventuras y dedique esos recursos en darnos mayor seguridad para vivir un poco más tranquilos y que las relaciones sociales, políticas, económicas y humanas no se detengan por causa del terror de la gente de ser una víctima más de asalto.