viernes, 30 de agosto de 2013

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir con ustedes el libro "La fatal arrogancia" de Friedrich Hayek, en donde este magistral autor analiza la actitud de los planificadores que los lleva a creer que tienen la información, la capacidad, el conocimiento y la posiblidad de tomar mejores decisiones que los propios individuos que están inmersos en sus dinámicas particulares y expone cómo esta arrogancia es la causante de enormes distorsiones y problemas sociales que afectan la libertad de las personas.

jueves, 29 de agosto de 2013

Jumanji empresarial: el cínico paradigma del gasto estatal

Muchas de las creencias fuertemente arraigadas en la sociedad provienen del socialismo más ortodoxo. Una de ellas es que el GASTO ESTATAL es bueno, saludable y hasta un dinamizador de la economía. La lista de bondades descriptas es interminable y resulta realmente sorprendente que la inmensa mayoría del arco político, sostenga ese paradigma con ciertos matices que no cambian el fondo de la cuestión.

Cuando se acepta la idea de que el gasto estatal es positivo, se validan automáticamente, aun sin pretenderlo, todas sus fuentes naturales de financiamiento, que paradójicamente son rechazadas sistemáticamente por los individuos. La ";caja"; de cualquier Estado se alimenta invariablemente de impuestos, endeudamiento o emisión monetaria.

Los impuestos son los recursos que los gobiernos detraen en forma coercitiva y obligatoria, es decir por la fuerza y sin mediar la voluntad de ningún ciudadano, quitándoles una parte, muchas veces importante, del fruto de su esfuerzo genuino y de su sacrificio personal.

El endeudamiento estatal implica que las generaciones actuales usarán dineros que le prestaron, para que otros en el futuro deban abonar ese consumo presente. Una perversión estatal de las más crueles, porque en ese esquema un grupo de individuos hoy decide que utilizará un dinero que otros, que no fueron consultados, terminarán pagando con su trabajo.

La emisión monetaria es esa herramienta que los gobiernos aplican abusando del monopolio estatal del que disponen para la fabricación de moneda local, que deriva en la creación artificial de dinero sin respaldo. Cuando esa emisión no es genuina y no tiene soporte real, produce inflación, el más perverso de los impuestos, ese que hace que quienes tienen ingresos fijos vean como se deteriora su poder de compra.

Todos estos instrumentos son detestados por la sociedad, porque de forma directa o indirecta, percibe que inciden sobre sus ingresos presentes y futuros, por lo tanto sobre su calidad de vida actual y su porvenir.

Sin embargo, con casi la misma vehemencia que se rechaza a esas herramientas, se aplaude al gasto estatal. Es que la política ha instalado esta idea y la alimenta a diario. No lo hace de casualidad o sin intención. Cuanto más dinero administra el Estado, más poderoso es el político de turno que dispone de su destino en forma inconsulta, o a lo sumo con otros de su clase, con la corporación de dirigentes, que deciden discrecionalmente hacia adonde lo orientarán. Algunos intentan hacerlo con más criterio, pero es inevitable caer en la arbitrariedad.

Los políticos saben que precisan promover un gasto estatal elevado. Eso los hace importantes y poderosos. Así consiguen que los que pretenden acceder a esos fondos los contacten, con todo lo que eso significa a la hora de manejar recursos, cuando no de generar oportunidades de corrupción.

Por eso es que cuando algún sector de la ciudadanía, le dice a la política que los impuestos son altos, que deberían bajarlos, ellos argumentan que para poder disminuir unos, se deben previamente subir otros. Ellos creen, y además les resulta muy conveniente, que el gasto estatal no debe bajar, jamás reducirse. Por eso han trabajado en la importante batalla cultural convirtiendo al término ";ajuste"; en una mala palabra y en sinónimo de caos.

En realidad cuando en la vida particular los números no cierran, existen solo dos caminos posibles, o el incremento de los ingresos o la reducción del gasto. Pero se sabe que incrementar ingresos en el Estado, implica aumentar impuestos, endeudarse o emitir dinero artificial provocando inflación. Ellos insisten en esta dialéctica pérfida, esa que dice que el gasto es inflexible a la baja y que solo se puede ser sostenido o aumentado. Cuando alguien audazmente sugiere lo contrario, lo demonizan, siendo que son ellos quienes condenan a la comunidad a este círculo vicioso.

Lo que no dicen los políticos es que el gasto puede y debe reducirse, y no necesariamente dejando de prestar servicios. No es novedad que el Estado es fuente de corrupción, esa que consume recursos que no van a parar a las prestaciones esenciales sino a los bolsillos de los funcionarios hipócritas, los mismos que dicen que el gasto no se puede disminuir.

Tampoco dicen esos dirigentes que el Estado es intrínsecamente ineficiente porque aplica más recursos de los necesarios para obtener lo que otros logran con menos. En este contexto, es inadmisible seguir aceptando ciertos patéticos y paupérrimos argumentos lineales que solo invitan a creer, sin razón alguna, en la falacia de las virtudes del gasto estatal.

A estas alturas es imprescindible discutir, sin temor, seriamente y sobre todo sin que medien intereses personales directos, cuales son las funciones vitales de un Estado y cuales definitivamente no le corresponden. Mientras tanto tendremos que seguir asistiendo al triste espectáculo que nos proponen cuando hablan del cínico paradigma del gasto estatal.

Alberto Medina Méndez

miércoles, 28 de agosto de 2013

Desde la tribuna: libertad y regulación

El artículo 28 de la Constitución Política, señalado por algunos estudiosos como “la definición ontológica de la libertad”, preceptúa, en lo atinente: 

“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.  …”

Generalmente, los profesores de Derecho Público aprovechan este texto para expresar la diferencia entre los principios del Derecho público y el Derecho privado, subrayando la diferencia entre el principio de legalidad y el enunciado inicial de esta disposición constitucional  (“Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.”)

El principio de legalidad amarra la actuación del funcionario público a la existencia de una ley previa que autorice su conducta  (solo lo autorizado por ley puede hacerse).  El particular, en cambio, puede hacer y decir cualquier cosa que no esté infringiendo la ley.

El comentario de hoy, no obstante, se dirige al tema de la regulación. Es claro que el reglamento y las normas subordinadas a la ley no pueden regular la conducta del particular (la Administración está sujeta al principio de legalidad, de manera que solo la ley puede imponer conductas, sanciones, penas, obligaciones, multas e impuestos o, importantísimo, regular el régimen de los derechos fundamentales  o libertades públicas).

Además, como ya se ha reiterado varias veces, si no hay infracción a la ley, puede hacerse cualquier cosa.  Ese es el régimen general.

¿Cuándo es lícito para la ley imponerse o normar conductas o regular en general a la sociedad? Lo dice el siguiente enunciado del mismo artículo 28:  “Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos, o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la ley.” 

Dicho de otra manera, solo hay tres puertas de entrada para la ley en el ámbito privado: 
 
1.    Moral pública.
2.    Orden público.
3.    Perjuicio a tercero.

Al menos, así lo deja claro la norma constitucional. Durante muchos años, fue costumbre de los legisladores agregar la muletilla que decía “Esta ley es de orden pública y deroga a todas las que se le opongan” (términos más o términos menos).  Ello prácticamente ha sido desterrado del uso legislativo.  Era como un pretexto para invadir campos que debían ser respetados.  El “orden público” no puede definirse de esta manera.  

Es cierto que en la Constitución el “orden público” es un concepto jurídico indeterminado, pero es más cierto que no puede andar jugándose con tal concepto invocándolo cada vez que se quiere invadir la esfera que debe respetarse.

En los tiempos actuales, además, el tema de “moral pública” ha venido encogiéndose con riesgo de quedarse totalmente estrecho.  La vieja expresión de “moral universal y buenas costumbres” quizás ya no cobija nada.  

El criterio cada vez más amplio, en cambio, es el tema del “perjuicio a terceros”.  En las leyes relativas al comercio, responsabilidades, régimen general de contratos y relaciones entre particulares y cuasicontratos, es común ver que cada vez el legislador intenta regular más conductas.  En algunos casos, incluso, con mucha insistencia en la responsabilidad objetiva.

La cuestión fundamental es que las relaciones entre particulares se entienden, constitucionalmente, entre sujetos iguales y con libertad.  De manera que la regulación habría de ser mínima o la necesaria.

Algunos campos de la actividad humana han sido arrebatados al Derecho privado y constituyen nuevas ramas del Derecho  (Derecho laboral, Derecho de familia, por ejemplo), disminuyéndose la importancia del acuerdo de voluntades, convirtiendo en actos lo que antes era contrato y tutelándose muchas áreas del quehacer humano.

¿Cuánto admitirá la Constitución esta tendencia?  Es difícil saberlo.  A veces la historia es pendular, otras veces no.  

¿En qué radica la esencia de la actividad privada?  En ello radica el quid del asunto y la interpretación constitucional.

Lo que es claro es que no debe alterarse la naturaleza básica de la actividad particular y no debe llegar a regularse todo.  Ello eliminaría la libertad y, por ende, el propio Ordenamiento constitucional.

Dotados de inteligencia y conocimiento, los seres humanos no debemos atenernos a la solución pública, al arbitraje normativo y a escritorio del empleado público o el juez.  Debemos admitir nuestra responsabilidad y nuestro potencial.  

Asimismo, el exceso de regulación termina por lavar o disminuir los conceptos generales de justicia, equidad, buena fe y otros más derivados de principios generales.  Algunas veces la regulación no deja campo para estas soluciones.

En fin, se trata de apuntes generales para un tema que es muy principal.  ¿Queremos ser libres o súbditos de conductas diseñadas por otros?

Federico Malavassi Calvo

martes, 27 de agosto de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: comentarios sobre algunas políticas recientes del Banco Central

Deseo referirme a algunos aspectos de la política monetaria proseguida por el Banco Central en lo que va de este año. Ciertamente, voy a defender algunas de las acciones tomadas por el ente emisor, así como señalar mi desacuerdo con algunas otras.

A inicios de este año, el Banco Central enfrentaba una difícil coyuntura debido a dos hechos.  El primero es la fuerte entrada de fondos provenientes del exterior, muchos de ellos a corto plazo, lo cual se originó no sólo por la muy expansiva política monetaria seguida por el Banco de Reserva Federal de los Estados Unidos (FED), sino también por la existencia de tasas de interés domésticas muy elevadas. Acerca de las decisiones de la FED, el Banco Central de Costa Rica no puede hacer nada, pero las altas tasas de interés vigentes eran una creación del propio Banco Central. 

El segundo factor fue una clara subvaluación del colón, pues el Banco Central continuaba manteniendo el tipo de cambio en el límite inferior de la banda cambiaria, mientras los mercados claramente determinaban que, si el tipo de cambio se dejara fluctuar, el colón se apreciaría ante el dólar.  Esto se debía en mucho por las entradas de capital antes mencionadas, pero no exclusivamente por ellas. Además, debo agregar que había una fuerte presión política, principalmente del sector exportador, que se oponía a la posible revalorización del colón. Esa petición se extendió a otros grupos empresariales. También -muy importante- tuvo eco entre autoridades económicas del Poder Ejecutivo.

En resumen, a principios de año el Banco Central se encontraba en un zapato. Ello por la oposición política a una devaluación, en el marco de una fuerte entrada de capitales externos, tanto del llamado capital golondrina o de corto plazo, así como por un fuerte influjo de inversión extranjera directa hacia el país. El Banco Central se dio cuenta de que, para evitar la revaluación del colón, debía adquirir los dólares excedentes en el mercado doméstico. Pero eso se traducía en una fuerte emisión monetaria, lo cual amenazaba el cumplimiento de su función esencial, cual es el control de la inflación.

En estas circunstancias, el Banco Central tomó varias medidas a principios de año. Las más importantes fueron, primero, la de proponer un proyecto de ley que le permitiera restringir la entrada al país de los capitales de corto plazo. En segundo lugar, decidió restringir fuertemente la tasa de crecimiento del crédito interno y, en tercer lugar, provocar una reducción de las sobredimensionadas tasas internas de interés.

En mi opinión, la tercera de estas medidas es la que mejor resultado le ha dado a la política proseguida por el Banco Central, para enfrentar los problemas arriba expuestos.  Era correcta porque ante ella el inversionista externo de corto plazo no podía contar con rendimientos elevados y, a la vez, dada la política cambiaria del Banco, obtener las divisas para su repatriación a un tipo de cambio de hecho garantizado. Alguien podría agregar que a esa reducción en las tasas de interés puede haberse adicionado el efecto de la decisión de la FED, al haber anunciado que terminará, en cierto momento, con su expansiva política monetaria, lo cual significaría alzas futuras en las tasas de interés. De hecho esto ya ha empezado a observarse en la economía estadounidense, Pero el caso es que los influjos de capitales hacia Costa Rica han disminuido en fechas recientes.

Otra de las medidas que tomó el Banco Central fue promocionar un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, que le diera facultades para restringir, bajo ciertas circunstancias, la entrada al país de capitales de corto plazo. Este proyecto de ley, afortunadamente, no ha avanzado a la fecha en su aprobación legislativa. Digo “afortunadamente” porque el Banco Central ya dispone de suficientes instrumentos de política monetaria, sin que sea necesario darle la posibilidad de restringir el libre flujo de capitales.

El Banco Central ha aseverado que necesita ese proyecto de ley, pero sólo para utilizar sus medidas de control de capitales cuando el Banco así lo considere.  Pero una carte blanche como esa no puede ser tomada a la ligera.  Al estar vigente la posibilidad de que las autoridades bancarias lo pongan en práctica, más bien debe pensarse en si a un cuerpo administrativo se le debe dar atribuciones como esa.  Puede que, de pronto, el Banco Central decida ponerla en práctica por cualquier razón que se le ocurra. Eso es peligroso e inconveniente. 

Lo que parece estar sucediendo, es que se ha moderado el influjo de dólares proveniente de movimientos de capital de corto plazo. Es más, en medios internacionales ya hay amplias manifestaciones acerca de la posibilidad de que pronto, ante las próximas decisiones de la FED en cuanto a restringir su expansión monetaria, podría presentarse una salida de esos capitales de corto plazo hacia su principal nación de origen, como son los Estados Unidos. A la fecha, en los países conocidos como BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica) el problema actual es más bien la repatriación de muchos de esos fondos de corto plazo, en vez de una indeseable excesiva entrada de capitales golondrina. Es de notar la decisión reciente del Banco Central de Brasil de lanzar a su economía una cantidad importante de sus elevadas reservas en dólares, como forma de aliviar la presión para una devaluación del real brasileño. Medida similar se está dando en el caso del Banco Central de la India.

La tercera medida que tomó el Banco Central a inicios de este año y vigente hasta mediados de éste, fue la de restringir el crédito bancario, tanto en colones como en dólares, para la economía nacional. El malestar que generó la medida, principalmente en sectores empresariales y, en particular, el financiero y que se reflejó en una velada crítica del Poder Ejecutivo a las decisiones tomadas a principios de año por el Banco Central, hizo que el ente emisor, en buena hora, decidiera echar para atrás en su decisión de restringir el crecimiento del crédito bancario. 

No se está abogando porque no haya un necesario control de la oferta monetaria, pero para eso hoy existen diversos instrumentos monetarios para lograrlo. Estas herramientas de que hoy dispone el Banco Central, son más eficientes que la medida de simplemente restringir el crédito, para reducir la cantidad de dinero circulando en la economía. Poner en práctica aquella restricción del crédito no sólo afecta el costo del financiamiento al sector productivo, el cual al momento pasa por un crecimiento tibio, sino que también la política monetaria deseable para un Banco Central se centra en el control de la base monetaria y no del crédito comercial que los bancos comerciales dan a sus clientes.

A mediados de año el Banco Central de Costa Rica decidió –afortunadamente, en mi opinión- eliminar sus restricciones al crédito antes referidas, pero, a la vez, hizo una advertencia muy importante y oportuna, que los bancos comerciales deben tener muy presente en su política crediticia.  Dada la evolución de la política de la FED, que en algún momento –tal vez muy pronto, antes de fin de año- va a pasar de una expansión elevadísima a una restricción monetaria, posiblemente tendrá un impacto significativo en la economía costarricense, al restringir los flujos de capital externo hacia el país (de corto y largo plazo). De darse se elevaría la posibilidad de que el colón se devalúe significativamente, en vez de su fortalecimiento actual e incluso del mantenimiento del tipo de cambio actual en el límite inferior de la banda cambiaria.

Tal devolución de los flujos de capitales podría poner en problemas a las carteras de los bancos comerciales denominadas en dólares, pues la revaluación de esta moneda tendría un impacto fuerte sobre aquellos deudores de préstamos en dólares y que, a la vez, no son generadores netos de divisas. La advertencia que ha hecho  el Banco Central de Costa Rica me parece que es sumamente apropiada, dado lo que ya está sucediendo en muchas naciones, que en los últimos tiempos han sido grandes receptoras de capitales de corto plazo, provenientes principalmente de las naciones industrializadas.

Ahora sólo cabe que el Banco Central reasuma su camino para cumplir con su objetivo esencial, cual es el control de la inflación. Pero sobre todo que tenga un comportamiento de la oferta monetaria moderado y estable, pues los vaivenes monetarios dan lugar a efectos negativos sobre la inversión privada y, por ende, sobre el empleo y el crecimiento económico en general. La incertidumbre siempre tiene consecuencias indeseables.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 26 de agosto de 2013

Tema polémico: Diputados ¿secretos?

En días recientes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que, para las próximas elecciones de 2014, tomó la decisión de suprimir los nombres de los candidatos a Diputados en las papeletas, con la excusa de simplificar el proceso, reducir las complicaciones de acarreo de material y ahorrar papel. Definitivamente, una torpe forma de entender el "voto secreto".

Nuestro sistema electoral es perverso, en el sentido que los partidos ofrecen al electorado listas cerradas y bloqueadas (cerradas porque no puede incorporarse a nadie más y bloqueadas porque no puede cambiarse el orden de los postulantes), que impiden que los ciudadanos tengan una relación cercana con las personas que los van a representar en el Congreso y no les permite expresar más que una preferencia por la bandera de la agrupación política escogida, sin poder alterar el orden establecido en la papeleta. 

Ahora, con la decisión del TSE, esto empeorará, pues ya ni siquiera tendrán a disposición el nombre de cada uno de los candidatos diputadiles por partido (en la práctica, ¿quién recordará las decenas de nombres y el partido en el que está cada uno a la hora de entrar al recinto electoral?).

En ASOJOD hemos sostenido, desde nuestros inicios, que la elección de representantes ciudadanos debe hacerse de la forma más directa posible, facilitando la identificación, cercanía y validación del votante y el candidato, a fin de fortalecer el lazo de legitimidad, por lo que esta ocurrencia del TSE no puede ser más que repudiada por ser la manifestación de la despersonalización del voto. 

¿Cómo queremos avanzar en términos de legitimidad de nuestro sistema político si los ciudadanos en verdad no tienen acceso a sus representantes, si estos representantes, en muchos casos, se dedican más a defender los intereses de grupos de presión organizados (Cámaras, Sindicatos, ONG's, Universidades, etc.) en lugar de los de los ciudadanos comunes y corrientes, si no existe forma de revocar el mandato de los Diputados cuando su actuación sea negativa para los electores y, ahora, si ni siquiera van a conocer los nombres por los que votan?

En lugar de avanzar en temas como la apertura y desbloqueo de listas para que los electores puedan incorporar los nombres y el orden de aquellos a los que desean dar un mandato para que los representen, la habilitación de candidaturas independientes de los partidos políticos, la regulación del instituto de revocatoria de mandato para hacerlo efectivo y la ampliación de la democracia directa, el TSE, supuesto pilar de la democracia, da un gigante paso atrás a favor de las cúpulas de poder dentro de los partidos para que sigan poniendo y quitando a su antojo a candidatos según les convenga. 

¡Qué mal ejemplo dará al mundo una democracia que ya casi cumple doscientos años! Parece que la edad no le ha servido para madurar.

viernes, 23 de agosto de 2013

Viernes de recomendación



La Asociación Nacional de Fomento Económico
Invita

Pizza y Política:
Monopolio de RECOPE y Refinería China ¿Qué esperar?


Fecha:              Jueves 29 de agosto del 2013
Lugar:              ANFE – 200 metros oeste de la Casa Italia – Barrio Francisco Peralta, contiguo al Templo Votivo
Hora:               6:00 p.m-8:30 pm.

Programa

6:00 pm – 6:30 pm             Registro de participantes 
6:30 pm – 6:40 pm             Palabras de bienvenida, Sr. Óscar Álvarez Araya,           Presidente de ANFE 
6:40 pm – 7:10 pm             Dr. Leiner Vargas, Economista UNA
7:10 pm – 7:40 pm             Dr. Manrique Jiménez, Abogado
7:40 pm – 8:10 pm             Lic. Federico Malavassi, Ex diputado y abogado 
8:10 pm – 8:20 pm             Preguntas y comentarios del público
8:20pm – 8:30 pm              Palabras finales
8:30 pm                            Pizza y refrigerio


Costo:                              La actividad es gratuita pero el cupo es limitado




Reservaciones: 2253-4460 * 89966569 *

Apartado 3577-1000 San José, Costa Rica

E-mail: info@anfe.cr  

jueves, 22 de agosto de 2013

Jumanji empresarial: es absurdo desincentivar el ingreso de capitales

No encuentro en la literatura económica un solo argumento que hable de la necesidad de evitar el ingreso de capitales. ¡Todo lo contrario! El ingreso de capital, sea de corto o largo plazo, viene a sumar al ahorro nacional. Sin ahorro, no puede haber inversión, ni crecimiento, ni generación de empleo. Por tanto, ningún ahorro podrá ser jamás fuente de inestabilidad económica.

Cuando un capital extranjero compra un título valor en colones, se está prestando recursos al emprendedor costarricense y la única manera de que este último honre dicha deuda es que su actividad sea productiva. Por tanto, es absurdo por definición, un proyecto de ley que pretenda desincentivar el ingreso de capitales no productivos de los productivos. Si el capital extranjero fuera utilizado en actividades no productivas, éste no podría jamás recuperar su inversión.

En teoría económica, el especulador cumple una función estabilizadora -sí, estabilizadora- porque es quien logra anticipar cambios en variables fundamentales en la producción y con ello hace que los cambios en cantidades y precios sean más estables y menos volátiles que en ausencia de especuladores. El incremento en las reservas monetarias internacionales (RMI) del 2012 fue tan solo una pequeña fracción del incremento en las RMI que Costa Rica ha experimentado desde el 2004. El ingreso de capitales no es un fenómeno de corto plazo sino de largo plazo que se viene manifestando de manera constante desde hace 10 años. La apreciación del colón es inevitable. Dicha apreciación significaría que caería el precio de todos los bienes importados, incluyendo la gasolina, lo cual implica un incremento en el salario real de todas las personas que ganan en colones. ¡Excelente noticia!

Los problemas no surgen de los especuladores sino de los gobiernos que tratan, con políticas de corto plazo, evitar los cambios fundamentales que se van manifestando en la economía. El problema actual es que el Banco Central de Costa Rica se empeña en mantener un tipo de cambio de manera artificialmente alto. La historia económica nos enseña que toda burbuja financiera, o crisis económica, surge con políticas del gobierno de corto plazo negando los ajustes de largo plazo. ¡Así sucedió en la Administración Carazo Odio! Por tanto, por el bien de Costa Rica, archivemos ya el proyecto de “Ley para Desincentivar el Ingreso de Capitales Externos”.

José Joaquín Fernández

miércoles, 21 de agosto de 2013

Desde la tribuna: vamos por mal camino

Esta semana han aparecido dos informaciones importantes que para el pelo y complican el futuro de todos los costarricenses.

El periódico La Nación señala que la “Carga de la deuda del sector público crece a pasos agigantados”. Por su parte el diario La Prensa Libre consigna que “el gasto del gobierno se disparó en ¢326 mil millones”.

La información combinada demuestra que el gobierno gasta más y que se endeuda más. Esto es grave  para la sociedad costarricense. Es una hipoteca del futuro.

La Administración pública ha deshonrado su ofrecimiento de racionalizar el gasto y, además, está fomentando mayor endeudamiento público.

El hecho, además muy evidente, es que no hay inversión significativa sino aumento del gasto corriente, mayor planilla, mucho gasto en publicidad gubernamental y poco cumplimiento de metas.

Esto implica un círculo vicioso:  mayor gasto corriente, mayor endeudamiento llevará a un mayor servicio de la deuda y menos posibilidad de inversión en el futuro. Menos flexibilidad para tomar decisiones y un gasto comprometido en deuda y planilla.

Casi de modo automático se fomenta un gran daño social.  Una sociedad que mantiene a un Estado, a un inmenso aparato público, que la endeuda, que le impide avanzar, que compromete el progreso, que aumenta el número de empleados sin resultados  significativos, que impone rigidez en el futuro gasto público y que complica el adecuado desempeño de las futuras administraciones.

Tal desmesurado crecimiento del gasto público y del endeudamiento conlleva, además, la amenaza de mayores impuestos y de un difícil desempeño del sector productivo.

Dice la escritura que “por sus hechos los conoceréis”.  Dice la práctica del periodismo, de modo análogo, que “no hay que atender a lo que dicen sino a lo que hacen”.  Expresa el refranero popular que “obras son amores y no buenas razones”.  Esta Administración dice que se había comprometido a bajar el crecimiento del gasto público y a racionalizarlo y ha resultado mentira.  La realidad es que el gasto y el endeudamiento nos atosigan y complican el futuro de todos.

¡Que no digan que nadie lo avisó! 

Federico Malavassi Calvo 

martes, 20 de agosto de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: Igual pasa en Costa Rica

El libro Masters of the Universe: Hayek, Friedman, and the Birth of Neoliberal Policies, de Daniel Stedman Jones (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2012), contiene un análisis bastante interesante de temas económicos y políticos sucedidos a partir de los años cuarenta, principalmente en Inglaterra y Estados Unidos. Mi objetivo no es comentar tal obra, sino aprovecharla para reproducir una cita que en ella se hace de Milton Friedman (p. 172), que fue tomada de su artículo “The Limitations of Tax Limitation”, publicado en la revista Heritage Foundation Policy Review del verano de 1978, p.11. Mi traducción de dicho párrafo es la siguiente:
“Hay un punto importante que debe ser recalcado para aquellos quienes se miran a sí mismos como fiscalmente conservadores. Al concentrarse en la cosa equivocada, el déficit, en vez de la cosa correcta, el gasto total del gobierno, los fiscalmente conservadores se han convertido en sirvientes involuntarios de los grandes gastadores.  El típico proceso histórico es que los derrochadores pasan leyes que incrementan el gasto gubernamental. Surge un déficit. Los fiscalmente conservadores se rascan sus cabezas y dicen: “Dios mío, eso es terrible; tenemos que hacer algo acerca de ese déficit.” Así, cooperan con los grandes derrochadores para lograr que se establezcan impuestos. Tan pronto como los nuevos impuestos son establecidos y aprobados, los grandes gastadores empiezan de nuevo, dando lugar a otra explosión del gasto gubernamental y a otro déficit”.

Debo indicar que el término que he traducido como “fiscalmente conservador” viene del inglés “fiscal conservative”, pero que realmente equivale en Costa Rica a lo que se podría llamar “fiscalmente liberal”. Para evitar estos términos tan confusos de traducir esa terminología del inglés al español, debo decir que Friedman a lo que se refiere es a personas que creen en la responsabilidad fiscal y, por ende, son enemigos de los déficit públicos. En Costa Rica hay economistas y ciudadanos quienes consideramos inconveniente la presencia de los déficit gubernamentales, por el daño que causan a la economía y a la vida de las personas, en general.

Lo que me interesa de la referencia de Friedman, es que lo que él llama “típico proceso histórico” no me parece que sea exclusivo de los Estados Unidos, nación acerca de la cual él hace su comentario.  Lo cierto es que en Costa Rica es posible observar, con idéntica claridad, ese “típico proceso histórico”, tal como lo expone Friedman. 

Es más, en estos momentos en Costa Rica ya se empieza a ver el transcurso del nuevo ciclo del fenómeno. Primero, el señalamiento de que hay un serio problema de déficit en el sector público. Más que señalamiento debería decir reiteración, pues en este caso el proceso anterior se cebó, cuando el país se opuso de muy diversas formas a un nuevo paquete tributario “para eliminar el déficit”. El problema ahora se dice que es mayor, porque en los últimos días se indicó que según las últimas estimaciones fiscales, el déficit del gobierno central aumentará en este año de un 5 a un 5.5% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) y porque el déficit total del gobierno se ha afirmado que también ascenderá a un 7% del PIB.

Luego, por supuesto que ya los “grandes gastadores”, los “dilapidadores”, de quienes nos habló Friedman, nos han anunciado con bombos y platillos que a fines de este año enviarán al Congreso de la República un proyecto para la aprobación de nuevos impuestos. Evidentemente que para “resolver el problema del déficit.” Tampoco han faltado (y pronto veremos aparecer a otros más) aquellos que se rascan la cabeza, tratando de ver cómo hacen para aliviar la situación. Algunos editorialistas de periódicos han señalado que es necesario aumentar los tributos e incluso lo mismo han opinado algunos economistas de supuesto talante liberal (fiscalmente conservadores, les llamaría Friedman). También lo han expresado algunos líderes empresariales, para destacarlos, por contraste, ante quienes naturalmente son grupos ávidos de apoyar una nueva gastadera de fondos públicos, como son, por ejemplo, las burocracias laborales del sector estatal y los seguidores políticos de un estatismo en el cual creen a pie juntillas.

De ese proceso legislativo habrá de surgir algún arroz con mango tributario, en donde diversos grupos insistirán en que a “ellos” se les excluya de pagar los nuevos gravámenes, pero que sí se los deberán cargar a “otros”, por lo general políticamente más débiles. Aunque a lo que de allí salga posiblemente se le llamará “reforma tributaria”, resultará ser no más que el producto político de ver a quién será posible gravar en los momentos actuales, pero nada que a la vez acarree grandes pérdidas de tipo electoral a los diputados que aprobarán el nuevo proyecto tributario. Por ello, será posible observar como surgirá una alianza tributaria entre grupos de poder, que han manifestado su preocupación por el déficit, y los políticos propensos al derroche.

Tampoco les habrá de extrañar de este proceso legislativo que, como escribió Lampedusa, en El Gatopardo, tendrá vigencia aquello de “cambiemos todo para que no cambie nada”. No se aprovechará la oportunidad para, por ejemplo, evolucionar hacia sistemas tributarios basados en tasas bajas y uniformes y con amplia cobertura. Lo que emanará será simplemente aumentos en las tasas tributarias (supuestamente) progresivas y ampliaciones de bases imponibles (como por ejemplo, aprobando el impuesto al valor agregado en vez del impuesto sobre las ventas). Poco cambiará: será más de lo mismo, pero amplificado.

Ante esto, vendrá el nuevo ciclo, pues los derrochadores aprobarán los mayores ingresos tributarios para proponer nuevos proyectos de gasto público, generando así un nuevo déficit. Y, de nuevo, vuelta a la noria. Se reanuda el ciclo expuesto.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 19 de agosto de 2013

Tema Polémico: El problema de la prostitución

No lo negamos, el tema de la prostitución es un inconveniente en nuestra y cualquier otra sociedad y claramente deseamos que las condiciones del país puedan mejorar lo necesario para que muchas mujeres necesitadas no tengan que recurrir a esta práctica como fuente de ingreso. Las causas de la prostitución son muchas, en ASOJOD no somos expertos sobre el tema de las causas pero sabemos que entre las principales están la extrema pobreza, falta de educación, maltrato y agresión en el hogar y en algunos casos a debido a desórdenes psicológicos. A nosotros también nos impacta negativamente el artículo publicado por el periódico la nación ayer domingo sobre los prostíbulos de la “zona roja” de San José. Nos causa tristeza, sin embargo, las soluciones que algunos han puesto en debate lejos de ser una solución podría agravar el problema. El día de hoy analizaremos el tema de la penalización de la prostitución.

No ponemos en duda que vender sexo es una medida indeseable para obtener ingresos. Claramente responde a una necesidad muy urgente o un problema psicológico lamentable, sin embargo, ¿Este es el perfil de un delincuente? ¿Será tratar la prostitución como un crimen la mejor forma de disminuir el problema?

El cuerpo de cada persona es propiedad de esa persona y puede hacer con el mismo lo que le plazca. Además, la prostitución no atenta contra la libertad o la integridad de ninguna otra persona y el procedimiento es uno similar al de cualquier otra transacción comercial con un contrato de por medio. Sinceramente, y observándolo desde un punto de vista totalmente imparcial, la prostitución califica más como una transacción comercial que como un crimen. ¿Merece ir a la cárcel alguien que por suplir una necesidad vende unos minutos de placer de manera voluntaria y sin hacerle daño a nadie? Por supuesto que no.

Hay quienes dicen que como esa persona se está haciendo potencial daño, le corresponde al Estado velar por su adecuada integridad como una figura paternal. El mismo principio es usado una y otra vez para penalizar el consumo de drogas, el consumo de licor, el consumo excesivo de alimentos, el fumado, etc. Siguiendo este principio en su máxima expresión nadie debería tener derecho a hacer absolutamente nada sin el consentimiento del Estado pues el peligro de que nos hagamos daño está en todas partes. Estamos seguros que nadie quiere vivir su vida de esa manera. El Estado debe estar en función de los ciudadanos y no de la otra manera.

Además, asumiendo que se penalice la prostitución. ¿Eso disminuirá la prostitución en el país? ¿Sus resultados han sido exitosos en otras actividades penalizadas como las drogas? No. Atacar un problema limitando la oferta lo único que logra es que los precios se incrementen, la actividad se genere en la informalidad y los gastos estatales en la labor de control aumenten sin resultado positivo alguno ¿Cómo penalizar algo que ya de por si hoy en día se maneja de la forma más informal posible? Habrá que colocar un policía en cada esquina y eso es verdaderamente utópico.

Claramente, la prostitución no es la fuente de ingreso más noble ni la más deseada por nadie pero tratarla como un crimen está lejos de ser lo correcto. 

viernes, 16 de agosto de 2013

Viernes de Recomendación

Talvez alguno de ustedes ha escuchado de una forma de dinero sumamente novedosa llamada Bitcoin, para los que no les ofrecemos este video respecto a la libertad de dinero y los Bitcoins.

miércoles, 14 de agosto de 2013

Desde la tribuna: el cuento del modelo "neoliberal"

Hace años que ronda el mito de que vivimos en el neoliberalismo.  Es una palabra con que se quiere calificar lo mal que van las cosas.  Y, de la manera más irresponsable, una cierta cantidad de personas usa el término sin la menor idea de lo que significa.

Cuando en 1989 cayó el Muro de Berlín, se significó en tal hecho el derrumbe de los Estados socialistas.  Entonces surgieron, de la oscuridad de los experimentos marxistas que oprimieron la Europa oriental, nuevos Estados y aires de libertad.

Alemania inició el camino a la reunificación (tan contundente que retrasó la integración europea), aparecieron las repúblicas bálticas, se dividieron algunos Estados unificados a la fuerza (Checoslovaquia y Yugoslavia) y los miembros del COMECON empezaron a pedir su ingreso en la Comunidad Europea.

¡El socialismo había fracasado contundentemente!  En varias dimensiones se medía el fracaso:  en la economía, en la democracia, en la generación de oportunidades, en la creación de una mejor sociedad.

En Occidente y en las democracias, sin embargo, la ansiedad de algunas propuestas políticas por perseguir la quimera del socialismo había sembrado su semilla y se manifestaba en diversas formas de daño:  estatolatría, encadenamiento de la libertad, economía enferma, tramitomanía, exceso de burocracia, perpetuación inútil del gasto contra la pobreza, perversión de las políticas de justicia social, clientelismo político, déficit fiscal, gasto público desenfrenado, moneda enferma y poco aire para la sociedad.

Algunos organismos internacionales y el propio electorado clamaron por un cambio de rumbo.  Paradójicamente, las mismas versiones políticas que habían adoptado las iniciativas que ahogaban a la sociedad decidieron encabezar las reformas y el mensaje de cambio.

En su mayoría, con honrosas excepciones, iniciaron y ejecutaron estos cambios  líderes políticos que no estaban convencidos de lo que hacían.  Promovían los cambios para tomar dineros de los organismos internacionales, para que sus gobiernos fueran objeto de crédito y para obtener alguna ayuda internacional.  En algunos casos el consejo experto lo convencía, pero la práctica política desviaba la acción.

El hecho es que se habían dado algunas crisis y pocos países se salvaban del desorden, la desorganización, el agotamiento de sus sistemas y la mala administración.   Como una pandemia, los políticos se contagian de las tonterías que hacen sus vecinos, ofrecen más, prometen lo que no se puede, pretenden lo que no sirve y usan todo para fomentar el clientelismo y una absurda persecución de fines electorales. 

El socialismo había caído y había demostrado sus falacias y mentiras, pero los derrotados se negaban a admitir cómo debían funcionar los Estados y las economías.  Muchos años de mentiras y engaños les impedían aceptar la verdad.

Por tal motivo, resultó más fácil entender el fracaso del socialismo y el marxismo en los regímenes que lo practicaban  abiertamente, que en los daños realizados a los regímenes que aparentemente tenían otro signo.

Es evidente aquello de que nadie escarmienta en cabeza ajena.  Por ello ha sido tan difícil  en las democracias reorientar estos regímenes y enderezar los gobiernos.

Había que desintoxicar a las sociedades de tanto Estado, facilitar la formación de empleos, dotar a la maquinaria estatal de eficacia y agilidad, disminuir el inútil peso del Estado sobre la sociedad, equilibrar las finanzas públicas, eliminarla duplicación de instituciones y programas (llamada por algunos “duplicidad”), devolver a la gente y a la sociedad la posibilidad de realizar actividades, negocios y empresas (llamado por algunos “privatizar”), eliminar los odiosos monopolios públicos, adoptar medidas para que la economía se reactivara, fomentar mercados laborales, quitarle la grasa al Estado (sobrepeso, sobreplanilla y demás excesos), impulsar mejor comercio internacional, facilitar el intercambio comercial, racionalizar las prácticas aduaneras y evitar sistemas impositivos perversos, fomentar el empresariado y permitir que el mercado funcione, eliminar las instituciones que impiden el desarrollo, promover la formación de riqueza y la búsqueda personal del bienestar.  Era evidente que muchas sociedades ya no soportaban el peso de sus Estados y se hacían cada vez más pobres y postradas por culpa de los programas públicos.

Algunos de estos temas coinciden plenamente con el liberalismo, otros son de sentido común. 

La cuestión es que las transformaciones no se han hecho consistentemente y en la mayor parte de los Estados se ha regateado la adopción de medidas correctivas.  Asimismo, los presupuestos se han ido agotando y no se llega a niveles adecuados de desarrollo.  En muchas partes, además, la inercia burocrática, las mismas prácticas de corrupción y los mismos dirigentes políticos no han hecho otra cosa que “ordeñar”, cobrar peaje o aprovecharse de la posibilidad de nuevos negocios.  Así, entonces, en lugar de eliminar un monopolio o de privatizar una actividad, lo que han hecho es “privatizar” un monopolio que era público (en algunos casos, empresas estatales monopolísticas han sido “privatizadas” en manos de empresas de otros Estados); el outsourcing ha sido para contratar a amigotes (sin bajar la planilla estatal), la concesión de obra pública no ha sido administrada con buen criterio sino como premio a amigos o con coima y otras prácticas similares. 

El resultado es un desastre.   Pues los fondos para corregir han sido dilapidados en decisiones o maniobras inconsistentes, inacabadas, improcedentes y corruptas.  Los gobiernos han inventado nuevos órganos (supuestamente más ejecutivos) sin cerrar los viejos, los han puesto en manos de los mismos administradores, no han cerrado programas, no han bajado la planilla pública, no han garantizado espacios de libertad y al final de cuentas no han mejorado las cosas.

Algunos acuerdos internacionales, con el nombre de “tratados de libre comercio”, no superan su mero contenido de “comercio administrado”.  No ha habido disciplina fiscal, no ha mejorado la asignación de recursos, no se ha abandonado la tramitopatía y, mucho menos, no se ha permitido a la sociedad desplegar sus potencialidades.

¿Economía de mercado?  En general, se está muy lejos de lograrlo.  ¿Estados eficientes?   Tampoco.  ¿Mejoras en la economía pública?  No se ven.  ¿Mejor moneda?  En ninguna parte, salvo cuando el gobierno ha sacado sus sucias manos.  Por ejemplo,  ¿a cuánto ascienden las pérdidas el Banco Central de Costa Rica y cuánto pesa ello sobre el desempeño económico?

Sin embargo, algunos señalan con el dedo acusador y dicen que las cosas están mal por culpa del “neoliberalismo”. 

La expresión “nuevo liberalismo” fue acuñada por  el economista francés Louis Baudin (nacido en Bruselas en 1887 y fallecido en París en 1964)  en su obra “L'aube d'un nouveau libéralisme” (publicada en  Paris, Librairie de Médicis, 1953).  

En “El alba de un nuevo liberalismo” se trata en lo esencial acerca del tema de la libertad.  Me gusta recordar la cita de esta obra que dice “… numerosos individuos enajenan su libertad de expresión y de acción, entregándose a un grupo tiránico del cual esperan ventajas materiales.  La obediencia es una solución de facilidad para los mediocres …”.

Como se puede apreciar, el nuevo liberalismo, el neoliberalismo, es una respuesta al intento de tiranización y colectivización que se ha tratado de imponer en el siglo XX en muchas sociedades.  No tiene nada que ver con la mala ejecución de las prácticas correctivas que se han intentado, tras las crisis de las democracias y economías occidentales a finales del siglo XX.

Muchas de estas prácticas han sido mal ejecutadas porque le ha correspondido hacerlo a gobiernos mentirosos, que por un puñado de dólares han firmado tratados, convenios y acuerdos para corregir el rumbo de un aparato estatal pero en realidad no han hecho nada consistente, profundo o verdadero.

En el caso de Costa Rica, por ejemplo:  ¿Quién en su sano juicio o buena fe puede decir que los veinte mil millones de colones perdidos en la “trocha mocha” tienen que ver con “neoliberalismo”?  Eso lo puede afirmar un panfletista marxista, un socialista demencial, pero nadie en su sano juicio.  Tal desperdicio es resultado de una típica acción estatista inconsulta, mal administrada, mal contratada y que se permita una asignación irregular de recursos públicos, desviándolos de su finalidad pública y jurídicamente acordada.  Eso no es liberal, neoliberal ni racional.

Igualmente, el caso de los más de veinticinco millones de dólares  (pueden ser hasta cincuenta) desperdiciados en estudios contratados a través de “Soresco”  (una sociedad caribeña) constituida por Recope SA (una empresa estatal en el irregular modo de sociedad anónima), titular del discutible y nada liberal monopolio de refinación y comercialización a granel de derivados de petróleo, con una compañía estatal china con la cual quiere establecer una nueva refinería en Costa Rica.    ¿Qué tiene que ver eso con neoliberalismo, liberalismo o algo parecido?    El hecho de que la Aresep haya autorizado tarifas o precios de los combustibles y que dichos precios le hayan permitido a Recope SA dilapidar o derrochar recursos sin control:  ¿Qué tiene que ver con neoliberalismo?

El monopolio de Recope SA no es liberal sino todo lo contrario.  La fijación de tarifas o control de un monopolio público sí podría entenderse como una propuesta de racionalización liberal, pero la ejecución tan burda ¡jamás!  El negociado con una empresa estatal china y la “libre disposición” del monopolio y el exceso tarifario para constituir una “caribeña” y botar de tal modo recursos de todos no es, ni lejanamente, un asunto liberal o neoliberal o de racionalización.

La concesión de obra pública es un mecanismo para aportar a la sociedad infraestructura y otras edificaciones a través del aporte privado.  Se utiliza como recurso porque el Estado está deficitario y se pone a empresarios a arriesgar y aportar las construcciones públicas y comunales.  El mecanismo es válido pero su ejecución en Costa Rica para por un CNC que ha sido un desastre.  ¿Acaso es neoliberal que el CNC haya removido a la empresa supervisora por miedo a que sus “no conformidades” evidenciaran lo mal que se ejecutaba la obra en la carretera a Caldera?  ¿Acaso es neoliberal que se haya dado impunidad a una empresa que no ejecutó adecuadamente el contrato?  ¿Acaso es neoliberal que ahora, que los tribunales condenaron al Estado a indemnizar a la supervisora ilegalmente removida resultemos pagando el doble o más por la supervisión?  Igual pasa con la carretera Bernardo Soto (San Ramón):  la ejecución tan mal hecha y los resultados son efectos de una administración política muy mala, no producto de la idea de buscar un camino para aportar más y mejor infraestructura.

Vivimos sociedades en las cuales los derechos fundamentales y las libertades están conculcadas, no hay facilidad de gestión, no hay oportunidades, la educación va para atrás (más años para aprender a leer y escribir, convención colectiva con un sindicato, un candidato oficialista que promueve mediocridad con la idea de convertir el Bachillerato en algo opcional):  ¿acaso esas metidas de pata son “neoliberalismo”?  Nada que ver.

En el caso costarricense, es innegable que políticos oportunistas y clientelistas aumentaron en demasía la planilla pública.  Ello conlleva problemas para las demás personas.  Una Caja Costarricense de Seguro Social con once mil empleados más, un Instituto Costarricense de Electricidad con la planilla cargada y en quiebra técnica, una Recope con exceso de gollerías para sus empleados.  ¡Eso no tiene que ver con el neoliberalismo!  Pero ¡eso sí!, tiene mucho que ver con la imposibilidad de generar riqueza, con la dificultad para aprovechar adecuadamente las posibilidades de tratados de libre comercio, con el aumento de la pobreza:  cada empleado público de más genera más costos para la sociedad, cada empleado público de más es un peso que tienen que mover los demás, cada gollería implica desposicionamiento competitivo, desigualdad para generar riqueza y aumenta la dependencia.    ¡Por supuesto que eso no es neoliberalismo!

El exceso de trámites y la maraña de leyes son combatidas constantemente por el liberalismo.  Entrañan corrupción, exceso de obligaciones, límites a la libertad, aumento de costos de producción y no benefician al pueblo.  Establecen una barrera de entrada sobre todo para quienes menos tienen.  ¡Es obvio que eso no es liberalismo ni neoliberalismo! 

El exceso de trámites y el exceso de normas jurídicas entraba el funcionamiento de la sociedad y es caldo de cultivo para la corrupción.   Surgen las desigualdades de trato según la voluntad del funcionario público.  ¡Por supuesto que los liberales denuncian tal situación!  De modo que las fortunas formadas a partir de esta desigualdad, de esta corruptela y de esta situación no son neoliberalismo.  ¡Claro que son espíritu de lucro! Pero se trata del lucro del corrupto, del lucro del abusivo, del lucro del autoritario, del lucro del malhechor. 

El mundo entró en una nueva etapa con el “industrialismo”.  Es un hecho similar al que sucedió cuando dejamos de ser “recolectores” y apareció la agricultura.  El capitalismo es una etapa de la Humanidad similar a la agricultura.  Han permitido más beneficios y han mejorado la producción de bienes y servicios para todos.

En libertad, la economía de mercado funciona y permite una mejor asignación de los factores de la producción, permite generar riqueza, genera más empleos y potencia la división del trabajo.  Eso es bueno y permite a la gente progresar, tener acceso a más bienes y servicios y participar de la riqueza.  No soluciona todos los problemas y puede causar algunos.  Eso no lo niega nadie.  Por eso el liberalismo, el neoliberalismo y los liberales siempre han hablado de avanzar con ensayo y error.

Lo que sí es claro es que el liberalismo ha resultado mejor que el socialismo, que el fascismo, que la feudalidad, que el gremialismo, que el corporativismo, que la tiranía, que el mercantilismo y que todas las charadas marxistas.

Lo que además es todavía mucho más evidente, es que no estamos viviendo una era de neoliberalismo y que no es correcto éticamente llamar “neoliberal” los desmanes y desequilibrios que se han dado.

Cuando se dio la crisis bancaria y financiera, muchos hablaron de que se trata de una crisis del capitalismo y del espíritu de lucro y le endilgaron la culpa al “neoliberalismo”.  Tampoco nada que ver.

En primer lugar, deberían atender las magistrales exposiciones del liberal  Jesús Huerta de Soto acerca de la crisis financiera.   Se trata de un problema de legislación, promoción estatal del crédito, bancos centrales y regulación de la moneda (en muchas partes monopolizada por el Estado). 

Asimismo, el espíritu de lucro no es un tema que sea exclusivo de los liberales.  La economía liberal observa tal fenómeno en la naturaleza humana y propone cómo aprovecharlo, a través de libre concurrencia, de competencia y economía abierta.  No a través de maniobras colusivas, no a través del fraude, no a través del  robo, no a través de la tiranía y la opresión, no a través de la corrupción.

Los ladrones, los corruptos, los dictadores, los asesinos, los sindicalistas, los corporativistas, los mercantilistas, los fascistas y muchos más tienen espíritu de lucro.  Algunos líderes socialistas han amasado fortunas y bienes, por supuesto que a costa de los demás.  ¡Eso es espíritu de lucro!  Algunos se han aprovechado de “carreras burocráticas” para obtener grandes ganancias y pensiones.  ¡Eso es espíritu de lucro!

Lo que propone el liberalismo no es así, sino que a través de trabajo, de libertad, de competencia, de concurrencia y apertura cada cual tenga derecho a generar riqueza. Así que no se vale confundir.

En síntesis, la pobreza que generan políticos corruptos, Estados inútiles, el déficit presupuestario, la crisis financiera y demás especies similares no tiene nada que ver con el liberalismo.  No es tampoco “neoliberalismo” sino para quienes mienten y engañan.  No es correcto llamarlo así.  Podría ser pseudoliberalismo.  Pero está más cercano al socialismo, al mercantilismo, al corporativismo y al fascismo o estatismo, que es lo mismo.

No estamos viviendo, pues un “modelo neoliberal”.   No se debe aceptar que sin fundamento ni razón, los partidarios del socialismo, del marxismo y de otras doctrinas fracasadas repitan como loras que la culpa de todo la tiene el neoliberalismo.  Es una táctica de viejo cuño utilizada por los estatistas y los enemigos de la libertad. 

Buena parte de los despropósitos que sufrimos se origina directamente de los excesos del estatismo, de las prácticas corruptas de líderes estatistas y clientelistas y de los daños que la legislación excesiva causa en el sistema.  ¡No se vale culpar al liberalismo de la postración del estatismo, de lo mal que funcionan los sistemas socialistas, de lo difícil que es que arranque una economía con tales lastres!

Algunos gobernantes, en un arranque de fiscalismo, pretenden aumentar la carga tributaria sin racionalizar el gasto público, paralizar programas convenientes para dejar vivos los inconvenientes, despedir a personas que trabajan bien en el sector público para dejar a sus partidarios.  Luego dicen que es culpa de los programas de ajuste.  Y, por supuesto, las loras de siempre corren a repetir que es culpa el neoliberalismo. 

Algunas veces, alardeando de su error mental, argumentan haciendo confusión de los Estados Unidos con el liberalismo.  EUA no es una sociedad liberal.  Ha tenido grandes liberales, ha tenido grandes momentos de liberalismo en diversas dimensiones, pero ya no es una sociedad liberal:  tiene serias intervenciones estatales en la vida de los ciudadanos, tiene un sistema presidencial que fomenta concentración de poder, ha limitado el desarrollo económico de muchas maneras y sus normas y prácticas atropellan la libertad de muchas maneras.  Sigue siendo una gran nación y una de las sociedades que más ha defendido la libertad, pero no es un ejemplo de liberalismo.  Muchos de sus yerros y problemas devienen, precisamente, de su tendencia estatista y de la falta de respeto por la libertad.  Así que tampoco es un “modelo neoliberal”.

Habrá que enfrentar a quienes así repiten y señalarles, con paciencia y un poco de irritación –pues en su mayoría lo hacen de mala leche-, las causas y los efectos en cada caso.    Hay que sacudirse del error mental en que caen llamando neoliberalismo lo que no es tal, recriminarles su mala formación o su mala intención y fomentar la verdad.

Fracasó la URSS, sigue fracasando el abuso contra el pueblo cubano, cayó el Muro de Berlín y está demostrado (si se quiere hasta científicamente) que el marxismo no sirve.    Ahora sus partidarios, reciclados de ecologistas, antineoliberales, teólogos de la liberación pretenden con argumentos falaces demostrar que el liberalismo no sirve (para empatar con la caída del marxismo) y, para ello, han inventado el mito del “neoliberalismo”. 

Federico Malavassi Calvo

martes, 13 de agosto de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: buscando el apoyo de la burocracia

Los burócratas también votan, al igual que como lo hace cualquier otro elector. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, los primeros enfrentan un conflicto de intereses: El de ser patronos, como son los ciudadanos de cara a los administradores de la cosa pública, y, a la vez, el de ser empleados, pues dependen de la voluntad de su patrono, la ciudadanía.  Este es un conflicto fundamental que encara la burocracia, el cual tendrá más relevancia entre mayor sea la burocratización de una nación.

Una sociedad que opte por las virtudes de la libertad individual encara la decisión de escoger políticamente límites al crecimiento de la burocracia como bases para organizar su orden económico, en contraste con una administración burocrática, sujeta en su accionar a la obediencia de la ley, reglamentos y regulaciones que debe observar a ciegas. Esto porque si las burocracias crecen relativamente, hace que decline la capacidad de desarrollo de una economía, que efectivamente pueda satisfacer los deseos y necesidades de los consumidores.

Si el orden económico es regido por una burocracia, ésta no hace más que obedecer lo que cualquier ley le permita hacer, sin importar si la solución a un problema es efectiva o no. Interesa tan sólo que la actuación esté dentro del marco de la ley y nada más.  En contraste, tal limitación no existe cuando en sociedad el individuo es libre de organizarse productivamente. Las habilidades del empresario para innovar, así como su iniciativa para resolver problemas, que esencialmente toman en cuenta los intereses de los consumidores, se logran traducir en el progreso, bienestar y crecimiento de las sociedades, en un orden basado en el mercado y la búsqueda de utilidades. Por su parte, un orden burocrático no tiene posibilidades de tales logros, pues la actuación del administrador está restringida al cumplimiento de las leyes, reglas y regulaciones, que limitan la discrecionalidad de esos actores. 

Como escribió Ludwig von Mises, 

“Decir al director de una empresa sometida a un régimen de beneficio posible pero limitado: ʹCompórtese como un concienzudo burócrataʹ, equivale a ordenarle que evite toda reforma. Nadie puede ser a la vez un buen burócrata y un innovador. El progreso es precisamente lo que los estatutos y los reglamentos no han previsto; queda necesariamente fuera del dominio de la actividad burocrática”. (Burocracia, Madrid, España: Unión Editorial S. A., 1974, p. 95). 

Un argumento en favor de un estado relativamente pequeño, limitado, es que minimiza la necesidad de una burocracia, cuyos incentivos no se dirigen al logro de la mayor satisfacción del consumidor ni a obtener el mayor crecimiento posible, sino tan sólo a la satisfacción de las regulaciones y reglamentaciones predeterminadas. Ello lo que hace es impulsar el mantenimiento de un indeseable status quo. 

Para restringir un estado con un proceso de crecimiento de su burocracia, se hace necesario convertir dicha voluntad en una realidad política, por la vía de elecciones libres. Es aquí en donde las cosas suelen ponerse difíciles, porque los partidos políticos naturalmente lucharán por ver cuál es el que ofrece más, en términos de apoyo, aliento y estímulo a la burocracia, a fin de obtener como compensación su voto en las elecciones. 

Si trasladamos estas apreciaciones al caso actual de la política costarricense, es fácil observar cómo todos los candidatos presidenciales para las próximas elecciones ofrecen, en mayor o menor grado, mejorar los campos de acción de la burocracia (aunque paradójicamente en ocasiones digan estar en contra de “la burocracia innecesaria y dañina”). Esto lo cumplirían simplemente ampliando sus funciones u ofreciéndoles mantener actividades que hoy se presume debían desempeñar bien, pero que el pueblo ha visto que son innecesarias que las lleve a cabo  (como es el caso del Consejo Nacional de Producción). También los políticos les prometen a la burocracia que le devolverán funciones que en el pasado se habían eliminado por haber mostrado una obvia ineficiencia, como es el caso de la construcción directa de carreteras por el Ministerio de Obras Públicas. Los candidatos también proponen darle más recursos a la burocracia, ante una presunta escasez de fondos que supuestamente impide un desempeño eficiente de esas burocracias. Hacen eso aún cuando se derive en serios problemas presupuestarios, que sumergirán más al país en un déficit voraginoso. En resumen, los partidos políticos, de cara a un proceso electoral, ofrecen a una burocracia establecida, darle un ámbito mayor de acción que el que actualmente tiene, aunque ello termine afectando la capacidad de progreso de la sociedad.

¿Por qué entonces los electores, bajo el supuesto de que mayoritariamente no forman parte de las huestes burocráticas, no votan en contra de esa ampliación del marco en que estas actúan? Posiblemente porque lo usual es que esos individuos dispersos no están tan cohesionados como los burócratas (burocracia casi suele ser sinónimo de sindicalismo al interior del estado) y consideran que su voto individual no es relevante como para poder superponerse a una burocracia organizada (posiblemente se abstendrán de votar). Pero también porque individuos privados podrían pretender que, en una elección en donde salgan victoriosos, habrá una apertura dentro de las estructuras burocráticas, tal que les permita obtener buenos beneficios personales o de familiares. Este caso podría ser sólo un fenómeno de corto plazo, pues luego sobrevendrán los daños al crecimiento de la economía, cuyo correctivo bien podría requerir deshacerse de una onerosa burocracia ampliada y entronizada. Lo sucedido recientemente en naciones como Grecia, Chipre, España, entre otros países europeos, es muestra de tal posibilidad.

Asimismo, no se debe descontar que los electores no burócratas desconozcan la naturaleza del problema de sociedades que se van burocratizando.  Tal vez los movimientos liberalizadores de Europa del Este a finales del siglo pasado, hayan servido para entender este problema, al ser aquellos una reacción emancipadora frente a regímenes políticos altamente burocratizados, como lo fueron la antigua Unión Soviética y sus satélites.  El ciudadano de Europa del Este vivió en carne propia y con dureza, el peso ineficiente de las burocracias. En esencia, su lucha de emancipación fue en contra de un socialismo burocrático que frenaba todas sus libertades y posibilidades de progreso.

Creo que la ignorancia acerca de estos temas juega un papel importante en la decisión que toman muchos electores, de no votar en contra de propuestas que aumentan el poder de la burocracia.  No sólo se ven atraídos a votar por grupos políticos que prohíjan la administración burocrática porque generaría ingresos para ellos o sus familiares, sino porque creen que el estado, en vez del sector privado, es quien les puede brindar mejor los bienes y servicios que ansían tener. 

Pero esa es una ilusión que debe ser expuesta, al menos como un proceso didáctico de parte de intelectuales amantes de la libertad. En una burocracia no hay incentivos que permitan satisfacer cualesquier ansias que pueda tener el consumidor, sino que el incentivo es tan sólo el de cumplir con las reglamentación impuesta a esa burocracia. No hay estímulos para lograr mejores formas de producir bienes – de innovar- porque los réditos debidos a esa innovación no llegan a los burócratas, como si lo hacen a los empresarios en un sistema de mercado competitivo. El burócrata tan sólo puede cumplir con lo establecido por las leyes y reglamentaciones. El incentivo que perciben es tan sólo obedecer lo que le permite la ley. Es más, en la jerarquía burocrática, en las cumbres del mando (commanding heights), los superiores no consideran deseable que el ejercicio del poder se lleve a cabo por los burócratas inferiores o por unidades políticas relativamente menores con independencia de las decisiones determinadas por los administradores superiores (“que no hagan olas”). Esa fue la conducta típica en las burocracias nazis, fascistas y socialistas-marxistas: una dependencia total de las burocracias a las decisiones tomadas por el planificador central, usualmente un grupo pequeño de individuos con poderos omnímodos.

Por estas razones, es crucial que se informe al elector de los graves daños que provoca a sus expectativas el desarrollo de órdenes burocráticos. Esto en contraste con lo que se podría obtener en el caso de órdenes económicos basados en el mercado, con sus características de lucha, competencia, la obligación de satisfacer el consumidor y la evitación de pérdidas y el logro de ganancias.

La opción política entre más burocracia y más empresa privada claramente la delineó Ludwig von Mises, quien escribió que 

“Es indudable que, como dicen quienes se oponen a las tendencias que llevan al totalitarismo, los burócratas tienen libertad para decidir, según su propia discreción, cuestiones de importancia capital para la vida de los individuos. Es cierto que lo funcionarios no son ya servidores de los ciudadanos, sino amos y tiranos irresponsables y arbitrarios. Pero esto no constituye un defecto de la burocracia, sino que es el resultado del nuevo sistema de gobierno que restringe la libertad del individuo en la gestión de sus propios asuntos al asignar cada vez más tareas al gobierno.  El culpable no es el burócrata, sino el sistema político. Pero el pueblo soberano tiene todavía libertad para deshacerse de ese sistema”. (Burocracia, Madrid, España: Unión Editorial S. A., 1974, p. p. 22-23).

Ojalá los ciudadanos todavía voten por el camino de la libertad y no el de la servidumbre ante las burocracias.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 12 de agosto de 2013

Tema polémico: ¿Bachillerato optativo? para pensarlo


En estos días ha surgido una propuesta interesante para estudiar, por parte del candidato Liberacionista, la cual se refiere a convertir en optativas las pruebas de Bachillerato. En este sentido, las personas que deseen ir a la Universidad deberán seguir cursando las mimas, pero quienes deseen optar por una educación técnica no tendrán que realizarlas.

Probablemente, muchas serán las críticas que recibirá dicha propuesta. Las mismas seguramente se enfocaran en que se fomenta la mediocridad por parte de los estudiantes, con su consecuente impacto en el mercado laboral. Pero, no podemos perder de vista que por lo general son las personas de menores recursos y con condiciones educativas más adversas las que suelen caer presa del examen de Bachillerato.

En este sentido, el Estado ha creado una barrera artificial para ingresar al “mercado” educativo, barrera que va en detrimento de los que mas bien requieren de mayores oportunidades. Así, en ASOJOD lo que pensamos es que son las propias Universidades las que deben establecer sus estándares de admisibilidad de estudiantes, siendo el mercado laboral el que defina a partir de dichos estándares a quien vale la pena contratar o no, es decir, no vemos razón alguna por la cual deba ser el Estado el que defina arbitrariamente dichos requerimientos. Un ejemplo sencillo: “X” podría ser un gran abogado, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de matemática. “Y” podría ser un gran matemático, pero fracasa sistemáticamente en la prueba de estudios sociales. Así las cosas, no pareciera que el avance educativo de una persona debiera cortarse a raja tabla por una de estas pruebas, que muy poco dicen sobre el éxito o no que tendrá la persona para integrarse en el mercado laboral (que es al final de cuentas el verdadero objetivo de la educación).

Por último, creemos que la propuesta puede ser mejorada. Podríamos seguir manteniendo la obligatoriedad del examen de Bachillerato, pero que su aprobación o fracaso ya no signifique ninguna limitante, sino mantenerlo únicamente para efectos de calidad y estadística, situación que permitirá identificar cuáles son las áreas de enseñanza más problemáticas dentro de las escuelas, y que escuelas están teniendo más problemas con dichas pruebas. Después dejemos que sea el mercado, las instituciones universitarias y los colegios técnicos quienes les den el valor y relevancia que consideren oportuno darles.