Mostrando las entradas con la etiqueta democracia. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta democracia. Mostrar todas las entradas

lunes, 15 de febrero de 2016

Tema polémico: conclusiones del proceso electoral municipal 2016

Hace una semana, los costarricenses fuimos convocados para elegir a Alcaldes, Regidores, Síndicos y Consejales de Distrito para cada uno de los 81 cantones y 8 intendencias. Una vez que hemos tenido los resultados preliminares por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), podemos comenzar a sacar algunas conclusiones relevantes.

En primer lugar, el abstencionismo sigue siendo muy alto. Aunque el TSE  realizó una intensa campaña para motivar a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto, lo cierto es que el porcentaje de personas que no votó fue superior, por mucho, a cualquier opción política. Sin duda, esta es una gran herida que sufre la ya de por sí debilitada democracia costarricense, pues aunque el abstencionismo ha disminuido según datos del TSE de 77% en las elecciones municipales de 2002 a 76% en las del 2006, el mismo porcentaje en las de 2010 hasta alcansar cerca del 65% en las de esta ocasión, lo cierto es que todavía estamos en niveles preocupantes. 

Gran porción del electorado sigue prefiriendo quedarse en casa o salir a pasear en lugar de apersonarse a las urnas, sea porque está disconforme con la oferta política o porque simplemente no ha interiorizado la importancia del sufragio, lo cual se evidencia en la continua caída del apoyo a la democracia en nuestro país que, de acuerdo con el estudio Latinobarómetro, ha caído en 27 puntos en el periodo 1996-2013. Esta situación enciende las luces de alarma, pues cuando la gente deja de valorar el sistema democrático, se fortalecen opciones que, por lo general, terminan en grandes atropellos a las libertades y derechos individuales. 

En segundo lugar, es claro que el Partido Liberación Nacional (PLN) recobró fuerzas. En esta ocasión, aproximadamente el 32% de los votantes prefirió a esta agrupación sobre cual otra, pese a que en 2014 sufrió una aparatosa derrota en las elecciones nacionales, lo que podría indicarnos que consiguió reponerse del fracaso gracias a la pésima gestión del Partido Acción Ciudadana (PAC) en el Poder Ejecutivo, que sin duda llevó a los electores a considerar que la oferta de "cambio" que presentó Luis Guillermo Solís ha resultado peor que aquello a lo que prometía combatir. 

No obstante, aunque es claro que 68% de los sufragantes no apoya a este partido, ese repudio no ha alcanzado fuerza tal como para motivar a las personas a darle un considerable y sostenible castigo político por las pésimas administraciones y los constantes escándalos de presuntos actos de corrupción cometidos por representantes de esa agrupación política. En este esenario, también resulta posible afirmar que los números no le auguran a los verdiblancos una empresa fácil. Las elecciones nacionales del 2018 requerirán, como mínimo, un 40% de los votos válidos para obtener la Presidencia y atomización de partidos políticos y consecuentes apoyos electorales no son precisamente elementos que le faciliten la tarea. 

En tercer lugar tenemos la pérdida de apoyos para partidos que parecían, en su momento, ser opciones para un cambio del statu quo. Hablamos del Partido Acción Ciudadana, el Frente Amplio y del Movimiento Libertario, cuyos resultados sugieren que su oportunidad para hacer las cosas diferentes comienza a esfumarse. En el caso del primero, ganar la Presidencia ha sido lo peor que le pudo pasar, pues demostró que no tenía el equipo ni la capacidad para cumplir las promesas de campaña y difícilmente logre contar con el apoyo y la confianza de los costarricenses en el futuro. Por su parte, los frenteamplistas, que pintaban como una fuerza en franco crecimiento -que le llevó a obtener 9 escaños en la Asamblea Legislativa en 2014- y tenían altas expectativas de alcanzar alcaldías en muchos cantones, terminaron siendo, por suerte, una gran decepción. A excepción de los barveños, los demás municipios sin duda celebrarán no ser víctima de la parálisis y la perversión comunista. Finalmente, el Movimiento Libertario confirmó lo que se sabía desde el pasado proceso electoral: su muerte. Los escándalos de corrupción en los que han estado ligados, en apariencia, miembros de ese partido así como el pésimo desempeño de la mayoría de los Diputados del periodo 2010-2014 y la todavía peor escogencia de candidatos para el 2014 en la mayoría de provincias, junto con la desgastada presencia de Otto Guevara, cuya credibilidad ha caído en picada, demuestran que la libertad se ha quedado sin casa definitivamente y deberá buscar otra bandera que la represente.

Como cuarta conclusión vale destacar el caso del Partido Nueva Generación. Pasó de ser una agrupación completamente desconocida, con una organización artesanal y sin recursos considerables, a convertirse en la sorpresa de este proceso. Obtuvo 4 alcaldías, decenas de regidores y parece que si sus líderes manejan bien las cosas, podría erigirse como una opción interesante a futuro. Su reto sin duda es motivar a la gente que no ha participado antes en política u ocupado puestos de poder en anteriores periodos a dejar la desidia a un lado y meterse de lleno en la política y en lo político. Asimismo, debe cuidar que en su intento de crecimiento, los valores originales no se prostituyan y evitar que figuras cuestionadas de otros partidos lo utilicen como refugio electoral, pasándole por encima a las personas que han estado desde el principio y no tienen "rabo que le majen", al tiempo que desencante a los electores al ver que son los mismos de siempre pero con otros colores. 

Finalmente queremos cerrar con el atípico caso de Johnny Araya. El político josefino, que parecía acabado después del fracaso electoral de 2014 con el PLN y con renuncia incluida, dio una gran sorpresa en el cantón central de nuestra capital. Nadie daba un centavo por él y terminó aplastando a sus competidores, lo que refleja la fuerza que mantiene su nombre entre los votantes de ese lugar, a pesar del desorden y de la basura que han infestado a la ciudad. Lamentablemente, cuando la gente no quiere cambiar, ni los desastres que caracterizan a San José los pueden hacer entrar en razón.

En fin, queda mucha tela por cortar y mucha discusión que dar, pero no pretendemos zanjar el debate acá. El tiempo nos dirá qué más se puede sacar de lo que vivimos hace una  semana.

miércoles, 11 de febrero de 2015

Desde la tribuna: ¡desastre en la Asamblea Legislativa!

No me refiero a las renuncias engañosas y a otros zafarranchos acaecidos sino a falta de consistencia, violación evidente de los principios básicos y atentado contra el sistema republicano y el sistema democrático.

Dicen que por la boca muere el pez. Todavía recuerdo el abuso de presupuestos públicos (actividad originada en universidades públicas, financiadas con recursos de todos, dirigida contra el TLC) y dentro de ello la publicación de un folletín, por parte de la editorial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, presentado por el “rector de la patria y el pueblo” y realizado por el actual presidente de la Asamblea Legislativa. Su académico título es “25 Preguntas y Respuestas sobre el TLC (Para que no lo agarren de chancho)”. Es una obra de antología, que sirve para ver cómo piensan y actúan algunos.

Dentro de lo curioso del asunto, haciendo de lado la parcializada interpretación de hechos y textos (solo justificada en la innegable ignorancia acerca de principios de interpretación y lectura adecuada de textos), está el constante recurso a frases y posturas relativas al “ético desempeño de la Asamblea Legislativa”, al peligro de la “inseguridad jurídica”, al “valor de la Constitución” (a la cual hay que evitar violentar) y al “asalto al Estado de Derecho”.

Digo yo que, para verdades… el tiempo. Quienes osamos estar a favor de la libertad, promover el libre comercio, buscar la apertura comercial, denunciar el abuso de los monopolios y denunciar gollerías y estatismo, fuimos acusados de mil mentiras y víctimas de prejuicios y de la maquinaria abusiva desde algunas instituciones públicas.

Pero ahora la cuestión es contestable e indubitable. En la tramitación del presupuesto gubernamental para el 2015 hubo un desempeño torticero, usurpación de funciones, irrespeto a la Constitución y violación de sus principios. En tal medida se ha dado esta grotesca y antijurídica actuación, que el presidente de la Asamblea (el autor del folletín reseñado) ha sido “trapeado” directamente por la Sala Constitucional. En lugar de garantizar el debate y quehacer legislativo ha incurrido en una falta democráticamente inaceptable. ¡Dime de qué presumes…!

Para colmo de males, ahora el Directorio que él encabeza es objeto de pesquisas jurídicas por nombramientos cuestionados y faltas tan complicadas que la gente de planta de la Asamblea teme por su seguridad jurídica. Al parecer, hasta se infló una plaza de chofer, para colocar a una autoridad del partido, que se ha pasado un mes haciendo nada.

Cuando leo acerca de estos sucesos, recuerdo el mentado folletín (“para que no lo agarren de chancho”) y me pregunto: ¿Y… el desempeño ético de la Asamblea? ¿Y… el valor de la Constitución? ¿Y… el asalto al Estado de Derecho? ¿Y… la seguridad jurídica?

¡Claro! Si no fuera porque los hechos constituyen una actuación torticera, antijurídica, inconstitucional con ribetes delincuenciales, estaría tentado a explorar literariamente las trampas de la mente, el origen de las expresiones acusatorias en algunas mentes y cómo es que construyen sus prejuicios algunas personas. ¡Ah! Eso sin hablar de las “agarradas de chancho”.

Federico Malavassi Calvo

lunes, 31 de marzo de 2014

Tema polémico: ¿La promesa democrática?

El próximo domingo los costarricenses participaremos en una elección más de nuestra medianamente estable vida democrática. En estas épocas, en donde cada vez se percibe una mayor apatía respecto al sistema democrático nos interesa hacer una breve, pero importante reflexión.

Partimos de la hipótesis de que la mayoría de los costarricenses no comprende el propósito y finalidad que tiene la democracia dentro de un sistema político. Así, muchos piensan y creen que la democracia es la panacea a nuestros males, y le resienten cuando a pesar de tener elecciones cada cuatro años, los problemas siguen siendo los mismos: desempleo, competitividad, infraestructura, pobreza, seguridad, etc. Precisamente, esta premisa equivocada es la génesis del descontento por el sistema democrático. En este sentido, debemos entender que la democracia es simple y llanamente un sistema de elección de nuestros representantes, que asegura la transición pacífica entre cada gobierno. La democracia es sólo eso, pero eso, ya es mucho para una sociedad.

El resto de demandas ciudadanas, poco o nada tienen que ver con la democracia. A este respecto, se puede tener la democracia más consolidada del universo, pero si las políticas públicas que desarrollan las autoridades electas, no son las idóneas, los problemas continuarán.


Por ello, el reto del desarrollo es mayúsculo, ya que pasa por un verdadero análisis reflexivo e integral de los problemas que enfrenta el país, análisis que debe de empezar por los propios ciudadanos, ya que si ellos no saben cuál es el camino correcto, jamás podrán elegir a un gobernante que lo sepa. Bajo este panorama, no debemos hacernos falsas ilusiones y expectativas, como decimos popularmente no se le pueden pedir peras al olmo, lo que no significa que debamos deshacernos del olmo, sino mas bien lo que debemos es abonar al olmo, pero empezar a sembrar igualmente el árbol de peras.

martes, 12 de noviembre de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: exposición en mesa redonda "Libertades económicas en el Estado Social de Derecho actual"

A continuación transcribo para los lectores de ASOJOD la charla que brindara el pasado jueves 7 de noviembre en ocasión de la celebración del 64 aniversario de la promulgación de la Constitución de la República.

“Agradezco la invitación de la Sala Constitucional para participar en esta mesa. Me sorprendió por no ser profesional del derecho, pero sí de la Economía, aunque en ocasiones de mi vida he tenido que ver con temas de derecho. También me alegró, pues por muchos años me ha interesado la relación entre el derecho y la economía.  

Empiezo diciendo que creo que hay un pleonasmo al decirse “estado social”, pues no hay estado, políticamente hablando, que no sea social. Es el “conjunto de órganos de gobierno de un país soberano”, como señala una acepción del Diccionario de la Real Academia. Pero este asunto no es el objetivo de mi exposición. Tampoco el de centrarme totalmente en aspectos particulares de nuestra constitución, sino que, en el espíritu de la invitación que se me hizo, me referiré a ciertas características generales de nuestro estado de derecho, que creo constituyen frenos para que nuestra ciudadanía pueda progresar en el campo de la economía y con ello poder aumentar su riqueza y su bienestar. 

Mucho de lo que expondré se basa en trabajos desarrollados por un distinguido académico del derecho y de la economía, el abogado Enrique Ghersi, coautor del libro El Otro Sendero.  Discúlpenme si peco de osado, pero le sugiero a la Corte Suprema de Justicia -la cual con sus actividades promueve el estudio serio de estos temas- que algún día traiga del Perú a ese pensador, para que exponga acerca de la trascendencia que tiene una relación apropiada entre el derecho y la economía. 

Me referiré a aportes que el pensamiento económico puede hacer al derecho, al destacar la enorme utilidad que tiene éste para reducir los costos de transacción, que son omnipresentes en toda economía.   Los costos de transacción son los costos del tiempo y de obtener la información necesaria para que los individuos puedan llevar a cabo eficientemente sus transacciones.  El mercado es, así, costoso. Las leyes tienen su faceta económica: deben buscar reducir esos costos de transacción que se presentan en la actividad económica. Para lograrlo definen los derechos de propiedad, la seguridad de los contratos y la responsabilidad civil que surge fuera de los contratos. Es decir, un propósito del derecho es reducir los costos en tiempo y en información que cualquier tipo de transacción requiere.

Ese, en mi opinión, es el aporte deseable del derecho en los asuntos económicos de una sociedad; es decir, en toda transacción económica que llevan a cabo las personas. El derecho permite que en un mercado los individuos puedan obtener más información, que la que cada uno de ellos individualmente puede lograr. Tal como escribió Friedrich Hayek, eminente tratadista de esa relación que hay entre el derecho y la economía,

“[El problema de una sociedad] está en cómo asegurar el mejor uso conocido de los recursos por cualquiera de los miembros de una sociedad, para fines cuya importancia relativa es tan sólo conocida por esos individuos. O, en breve, es un problema del uso del conocimiento, el cual no le es dado a individuo alguno en su totalidad.” (Friedrich Hayek, Use of Knowledge in Society, American Economic Review, XXXV, No. 4, setiembre de 1945, p. 519.)

Como no existe el pleno conocimiento de los individuos, ni es posible que pueda evaluar todas las consecuencias de sus acciones, el derecho le informa al individuo acerca de reglas que delimitan el campo en el cual las acciones son suyas. El derecho brinda la información necesaria en un mundo de incertidumbre, facilitando así la actuación de los individuos en una economía. Reducir la incertidumbre es harto deseable en una economía.

Tradicionalmente se ha creído que el derecho no tiene costo alguno. Llaman ley a cualquier cosa que sea objeto de una aprobación legislativa. La ley suele señalar los requisitos para cumplirla, así como los actos que cubre, en ocasiones los costos impositivos que tiene y posiblemente qué consecuencias tiene el no obedecerla.  En síntesis, el costo de la legalidad es todo lo que a uno le cuesta el poder disfrutar de los beneficios de esa ley. Esto es, que la reducción de costos de transacción (de información y de tiempo) que la ley permite, sean mayores que todos esos costos que he mencionado están asociados con el uso de la ley.

Hay tres tipos de costos importantes en nuestra legislación, que aparecen en aspectos que contiene nuestra Constitución, o en cosas que llaman “leyes” y que suelen ser invenciones constructivistas de nuestra Asamblea Legislativa y no leyes en el sentido de reglas generalmente aceptadas, que hacen posible la coexistencia pacífica de las personas. También están presentes en la prolífica regulación que se da por la vía de decretos, directrices y similares. 

Un primer tipo de costos de la legislación es aquel que surge directamente por sus efectos sobre el gasto público, de manera que, bajo la concepción de un presupuesto de gastos debidamente financiado con impuestos, requiere de la generación de tributos, que, más tarde o más temprano, habrán de ser sufragados con impuestos que se cobran a los ciudadanos. O con deuda pública que, como transferencia intergeneracional que suele ser, deberá ser luego pagada por la ciudadanía del futuro. O con emisión monetaria, que impondrá el costo ya conocido en la historia económica de un proceso inflacionario. O con un aumento de los precios de los servicios públicos monopolizados o regulados por el estado, que, como bien conocemos, los convierte en un medio para financiar el excesivo gasto público.

Un segundo tipo de costos de esa legislación es que introduce incentivos que conducen a que las personas ajusten su conducta en algún sentido. Puede ser lo deseado por quien hace esa legislación, pero no necesariamente el que libremente escogería ese individuo. Cuando la persona decide obedecer la ley, luego de sopesar sus beneficios y sus costos, es porque esa ley satisface los objetivos particulares que esa persona persigue. Aquí pienso que esa ley le da al individuo que decide aceptarla mayores beneficios que costos, pero si existe la posibilidad de que ese individuo evite dicha ley, su existencia no altera las preferencias o fines individuales, aunque sí los medios a su disposición. La ley afecta sus medios, pero no sus preferencias. Si esta ley es muy onerosa, la persona posiblemente decidirá ignorarla, evitarla, acudiendo a sistemas alternativos de legalidad. 

Ello se observa en las economías  subterráneas o informales, en las cuales, dado el elevado costo de obedecer la ley formal, se ignora ésta, siendo sustituida por otras formas de derecho, usualmente basadas en costumbres o relaciones familiares o mafias, por ejemplo. Pero esta forma de legalidad introduce un mayor grado de incertidumbre que el que se pretendió disminuir mediante la ley formal. Ese es el precio que se paga con la informalidad en muchas de nuestras sociedades, verbigracia, Perú, Guatemala, entre muchas otras, lo que no excluye a la nuestra.

También hay cierta perversidad en cuanto a la incidencia de este segundo tipo de costos, porque, por lo general, es mayor el peso del costo de la legalidad entre los individuos de ingresos relativamente menores, en comparación con quienes tienen mayores ingresos. Si, como ejemplo, pensamos que la ley nos exige llevar libros contables de la empresa, contratar servicios de contadores profesionales, cumplir con muchos requisitos legales que estoy seguro ustedes conocen, lo cual no es precisamente algo barato, así como satisfacer requisitos de seguridad o de construcción o medioambientales, y muchos otros similares. Pensemos que todo eso nos podría costar, anualmente, digamos 10 millones de colones. Eso es una fortuna para quien apenas genera ingresos anuales de 12 millones, pero será relativamente poco para el que logra cientos de millones.  El costo de la ley claramente es inversamente proporcional a la distribución de los ingresos.

Muchos de los individuos relativamente más desvalidos desde el punto de vista económico, buscarán evitar la vigencia de la ley formal, dados sus costos, acudiendo a sistemas de producción relativamente menos eficientes y con menores posibilidades de progresar. Habrá alguna forma de legalidad para llevar a cabo sus relaciones de intercambio, pero siempre se carecerá del beneficio de la reducción de incertidumbre que se pretendía lograr con el sistema de legalidad formal. Más bien, evitar éste les sumerge en mayor incertidumbre, al no poder gozar de la protección que le podría brindar el estado para poder desarrollar su actividad. 

Para quienes piensan que tal cosa no sucede en nuestro medio, les relato brevemente una experiencia que tuve muy de cerca, al hacer fila para vacunarme contra la fiebre amarilla, dada la obligatoriedad de hacerlo para viajar a Sur América. Una persona que estaba adelante me contó que se encontraba en esa oficina del Ministerio de Salud, porque necesitaba la autorización burocrática para instalar un salón de belleza. En esa entidad le pedían que trajera el contrato con el centro comercial en donde se instalaría, para poder, legalmente, que se le otorgara aquel permiso.  La persona les dijo que el centro comercial no firmaba el contrato con él para poner el salón, porque no contaba con el permiso del Ministerio. ¿Cómo resolvió el problema? Muy sencillo: decidió instalarlo en la sala de su casa, en su barrio. Acudió a la informalidad para llevar a cabo su actividad económica pretendida. Ustedes deben conocer muchos otros casos parecidos.  Lo expuse sólo para recordar cómo es que existen estos costos para poder actuar en esta economía. ¿Acaso debe extrañarnos que a la fecha Costa Rica esté en el lugar 110 en cuanto a la facilidad de hacer negocios que anualmente publica el Banco Mundial?

Un  tercer tipo de costos surge cuando el sistema jurídico se convierte en un obstáculo para la adaptabilidad que un sistema económico debe poseer, cuando en él surgen innovaciones o nuevos descubrimientos, como es lo propio que surja de un empresariado en competencia.  La rigidez, la inflexibilidad, jurídica puede ser un obstáculo importante para que una economía pueda llevar a cabo ajustes indispensables, en un sistema que, por su naturaleza, requiere de la posibilidad, a los menores costos posibles, de poder adaptarse a los procesos evolutivos y de cambios en que las economías están inmersas.

Voy a dar un ejemplo sencillo de este tercer tipo de costos. Hace varios años, mientras hacía un estudio de ciertas leyes que poseían obstáculos al libre comercio, hacía antesala en cierto departamento del Ministerio de Salud. En eso entró una persona a quien conocía y empezamos a conversar.  Me contó algo increíble: él estaba haciendo gestiones para que le aprobaran un permiso del Ministerio, para poder importar sobrecitos de un sustituto del azúcar. Lo asombroso es que le pedían una enorme cantidad de estudios, que significaban costos muy elevados, para que se le pudiera otorgar el permiso, a pesar de que él ya tenía licencia para importar ese mismo sustituto del azúcar, sólo que en cajas más grandes. Le dijeron que la ley y el reglamento vigentes no consideraban esa posibilidad de importar el sustituto en sobrecitos. Se trataba de algo nuevo –sobrecitos de sacarina- que no estaba legislado.

Nuestro aparato legal formal es sumamente complejo, enredado, contradictorio muchas veces y, en muchas otras, contraproducente, si es que se desea que la gente progrese libremente, mediante sus esfuerzos personales. Hemos escuchado esa expresión de que “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice” (Art. 29 de la Constitución). Me dirán que mi opinión se debe a mi no formación de abogado, pero, al despertarme una mañana de estas, me puse a pensar acerca de esta charla. Me pregunté si todo lo que pensaba hacer ese día –muchísimas cosas- estaban o no sujetas a alguna ley. ¡Cómo demonios no iba a preocuparme si soy ignorante de muchas leyes! Con el mayor respeto para ustedes, estoy seguro que, entre los más ilustres aquí presentes, no hay quien conozca –que no ignora- todo el marco legal en que vivimos. Si lo conociéramos a plenitud, no necesitaríamos de abogados. Lo cierto es que rápidamente me levanté de la cama, pues no conocía si existía alguna ley que me sancionara por quedarme en ella. Entiendo por qué, al aprobarse en la Asamblea alguna ley, agregan siempre la coletilla de que “sustituye a todas las que se le opongan” o algo así por el estilo.  Como no hay capacidad de conocer todas las leyes que hay en la nación, lo mejor que pueden hacer es decir… borrón y cuenta nueva.

Lo expuesto nos dice claramente que la legalidad tiene costos. Que la persona los aprende, los detecta, los vive, al tratar de hacer algo que, de pronto, resulta que va en contra de alguna ley o decreto o reglamento o similares, o simplemente no se puede hacer algo porque una ley anacrónica estática y detallista no lo  contempla. Los costos de la obediencia o aceptación de la legalidad tienen un impacto, muchas veces muy alto, en la conducta económica de las personas.

El tema es complejo y mucho se podría hablar de él. Pero deseo terminar refiriéndome a tres aspectos que considero son muy importantes.  Primero, en estos momentos de fuerte desbalance fiscal, producto de un gasto excesivo del estado por encima de sus ingresos, no tiene vigencia aquella norma de control o disciplina o de freno básico para el desorden, cual es que “En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”. (Art. 176 de la Constitución). Lo que el cuerpo político ejecutivo hace es, por ejemplo, llamar a los gastos en educación como una inversión y con ello se logra aprobar los presupuestos.  La Contraloría ya casi nos tiene aburridos en cuanto a señalar su incumplimiento en todos los años recientes. Esa prédica es ignorada plenamente por ese ente autista, cual es nuestra Asamblea.  Pregunto –y perdonen mi ignorancia- ¿cuál es el mecanismo por el que la Sala IV obligaría al cumplimiento de lo que, creo, dice la Constitución? De continuarse ignorando esa regla elemental de control financiero, no nos debe sorprender que permanentemente estemos sujetos a tributos, que terminan afectando negativamente el esfuerzo productivo y el empleo de nuestra nación.

El segundo asunto se refiere a lo me permito llamar “ilusión de personas bien intencionadas que tratan de hacer el bien, pero terminan haciendo lo contrario”.  Voy a dar un ejemplo de algo que está en la Constitución y que se le llama principio de solidaridad, por el cual, por ejemplo, se obliga a la Caja de Seguro Social a dar servicios médicos plenos a cualquier persona, ya sea que cotice o no, si es extranjero o nacional o sin importar los costos que puedan demandar.  En mi opinión, la garantía universal de salud que se obliga a brindarla a la Caja es un importante factor causal de sus problemas financieros. Hay un incentivo para no cotizar y disfrutar de los servicios de la Caja.  Hay extranjeros que vienen al país a recibir un excelente y caro tratamiento médico, sin que hayan cotizado algo.  Esos servicios tienen un costo. Que los usen terceros, significa que habrá menos recursos para que los utilicen quienes debidamente pagan (cotizan) para la Caja. La economía surge por el principio natural de la escasez de recursos para satisfacer infinidad de deseos y necesidades.  Si un individuo puede pasársela sin cotizar a la Caja y sí recibir sus beneficios, se inclinará innegablemente a actuar de esa manera.

Finalmente, pues escasea el tiempo, un avance importante para el ordenamiento fiscal del país es que toda ley, norma o reglamento que se legisle o decrete, indique la fuente de donde provendrán los recursos que se usarán para satisfacer los propósitos de la ley.  Es necesario que la ciudadanía, por lo menos, tenga una idea de cuánto cuestan las cosas, tanto nobles como innobles que uno puedo esperar de una ley. Así podría tener una mejor asociación entre lo que espera recibir y su costo. Podría esperarse que, de esta manera, los ciudadanos tendrán una mayor claridad acerca de cuáles funciones desea llevarlas a cabo privadamente y cuáles por medio del estado".

Jorge Corrales Quesada

jueves, 8 de agosto de 2013

Jumanji empresarial: democracia y conocimiento

En una democracia representativa, para que los ciudadanos contribuyentes realmente se beneficien de los méritos del sistema, dos conceptos básicos deben ser atendidos: 1) que las necesidades de los individuos superan a las necesidades de las argollas organizadas; y 2) que solo respetando los derechos de los individuos, las mayorías y minorías encuentran legitimidad.

Los gobernantes son los responsables de crear las condiciones necesarias, si se quiere que dichos preceptos se respeten en toda la esfera socioeconómica de la nación; pero esto únicamente se logrará si los ciudadanos envían el mandato adecuado a los gobernantes electos. De lo contrario, siempre existirá el peligro de que los gobernantes de turno sucumban a las presiones de las argollas (grupos de presión), menospreciando las necesidades de los individuos dispersos y burlando, así, la libertad de elección del conjunto de la ciudadanía.

Desgraciadamente, este escenario de continua entrega del poder a políticos carentes de un mandato acorde con las necesidades individuales se ha dado por culpa de un desinterés generalizado de la clase política que no provee a la población del conocimiento apropiado, indispensable a la hora de crear un sentimiento de auto dependencia, capaz de generar el libre pensamiento. Y el ejercicio del libre pensamiento con conocimiento, base de la toma de decisiones ciudadanas, como en el caso de emitir un voto por ejemplo, es lo que garantiza la elección de agentes políticos que realmente se hallen dispuestos a respetar los preceptos básicos ya mencionados; es decir, un enfoque en pro de los derechos individuales, pero siempre conscientes del principio de una legítima representación y demás derechos por parte de las elites políticas.

El problema, claro está, es que la responsabilidad de diseminar este conocimiento liberador ha recaído, en los hechos, sobre una minoría burocrática que domina el sistema educativo, influyendo - consciente o inconscientemente - la conciencia individual y colectiva de los futuros electores y elegidos que comparten el sistema democrático. Tanto el magisterio, como los administradores del sistema, pretenden bajo un inadecuado esquema de grados y educación estandarizada que los jóvenes adquieran el conocimiento teórico y empírico, además de las habilidades y destrezas para analizar problemas complejos.

La rigidez del sistema y la falta de conocimiento de los educadores hace imposible el uso adecuado de los datos (ya se trate del método científico, ya se trate del método heurístico), inhibiendo la propia iniciativa de los educandos. Por otro lado, la falta de una enseñanza que incluya conocimientos básicos sobre el sistema de especialización e intercambio que regulan, a través de los mecanismos libres de mercado, las actividades e interconexiones entre los diferentes agentes económicos de una sociedad, hace que la educación deje de ser una herramienta de vida y se convierta en una simple recopilación de datos inútiles para la generación de riqueza tangible e intangible. Este hecho obliga a los ciudadanos a tomar decisiones de voto, siempre bajo un estado de inseguridad, desconocimiento y hasta de coacción.

Una veloz mirada a semejante cuadro nos indica la evidente urgencia de promover una reforma educativa global e integral en Costa Rica, una reforma que explore esquemas educativos innovadores y liberadores, además de sistemas de autogestión y descentralización administrativa, y que se convierta en verdadero punto de apoyo de un alto grado de libertad de elección por parte de quienes requieren del aprendizaje y del conocimiento tácito para crecer. Además, urge reformar nuestro sistema de gobierno, para que tanto las decisiones de interés colectivo, así como la internalización de las externalidades implícitas en las actividades económicas, se logren conciliar a nivel local y no diluir a nivel nacional.

Andrés Pozuelo Arce

lunes, 12 de noviembre de 2012

Tema polémico: Democracia, doxa y República


Acaban de pasar las elecciones de Estados Unidos y ya se han presentado una serie de explicaciones para dar crédito a los resultados, las cuales se han centrado, sobre todo, en el cambio demográfico que ha atravesado el país en los últimos años. Independientemente de lo anterior, el día de hoy queremos centrarnos en una serie de incentivos perversos que presenta el sistema democrático, los cuales permiten la descomposición de lo que debiera ser un verdadero sistema republicano (frenos y contrapesos, con una clara delimitación del poder estatal sobre las vidas privadas de los ciudadanos).

Para dar crédito a lo anterior queremos enfocarnos en uno de los máximos problemas: el votante medio. Nos referimos a un votante totalmente desinformado, sin conocimiento alguno en áreas fundamentales para el entendimiento de las políticas públicas (Derecho, Ciencias Políticas, Economía, Filosofía Política, Ética, etc), y divorciado de toda capacidad analítica y crítica (más que la crítica vacía y superficial de que "todos los políticos son corruptos"). En este orden de ideas nos llamó poderosamente la atención el siguiente video que ilustra este post.




Como pudieron observar, en él se aprecia un conjunto de votantes a favor de Obama quienes creen que las políticas impopulares que rechazan son del candidato contrario, cuando mas bien estas han sido políticas implementadas por el mismo Obama. No estamos sugiriendo de forma alguna que en el campo de Romney no existieran votantes de igual o mayor ignorancia, sino que lo que sugerimos es precisamente esta relación derecho sin responsabilidad, la cual se ha convertido en un verdadero problema del sistema democrático, máxime cuando tomamos en cuenta que los costos por este tipo de comportamiento irracional y desinformado no se asumen de forma directa por lo que hace aun más difícil que estas personas puedan salir de sus errores por mera praxis.

Así las cosas, no queda más que preguntarse qué hacer a este respecto. Algunos pensarían que el problema se resuelve con menos democracia (que sólo intelectuales puedan acceder al voto), pero esta en realidad no es la solución. La verdadera respuesta es el establecimiento de un verdadero sistema republicano que en razón de las competencias delimitadas del Estado vuelva irrelevante qué tan malos e ignorantes resulten ser los votantes y gobernantes. Por supuesto, queda una pregunta sin resolver: ¿cómo pasamos de este sistema democrático desbocado a un sistema republicano por medio de los mismos mecanismos democráticos? Definitivamente ese es el reto que se posa sobre muchos países en la actualidad, incluido el nuestro.

lunes, 5 de noviembre de 2012

Tema polémico: el ocaso de la democracia costarricense

El día de ayer, La Nación publicó una encuesta donde revela algo que se ha convertido en una tendencia preocupante: el aumento de la cantidad de ciudadanos que están decepcionados de la democracia y prefieren, en su lugar, un autoritarismo. Según dichos datos, 43% de los encuestados aseguraron que es mejor tener otro sistema diferente al democrático, cuando dicha variable había registrado 22% en la encuesta de 2006.

En ASOJOD observamos con temor esta situación que va in crescendo, no por la defensa axiologica de la democracia, sino por la vulnerabilidad que amenazaría los derechos individuales. Nos explicamos. En reiteradas ocasiones hemos indicado que validamos la idea churchilliana de la democracia,  por cuanto, parafraseando al célebre ex Primer Ministro británico, ella es el peor sistema de gobierno, exceptuando a todos los demás. Lamentablemente, la evolución institucional ha llegado a un punto donde el abanico de opciones en regímenes políticos no es prolífico: dictadura, monarquía, democracia y anarquía, con variaciones de grado que las acercan o alejan del "tipo ideal" utilizando el concepto weberiano. Podríamos hablar del minarquismo, que dicho sea de paso, es un modelo más acorde con las ideas que sostenemos en ASOJOD, como un sistema donde el Estado debe proteger los derechos individuales de la coerción que pueda existir en las relaciones humanas, dejando todas las demás actividades humanas sujetas a la relación voluntaria y contractual de los individuos. No obstante lo anterior, y muy a nuestro pesar, el minarquismo no ha sido aplicado, al menos con claridad y decisión, en diferentes momentos históricos. Lo mismo podríamos decir de la anarquía, que pareciera ser solo posible en colectivos muy pequeños, aunque siempre con la duda de que la propia inexistencia de reglas es una regla que anula el significado literal del término. 

Independientemente de esta reflexión teórica, lo cierto es que la historia política de la humanidad se ha caracterizado, en diferentes momentos y con gradaciones diversas, en organizaciones monárquicas, dictatoriales (muchas veces siendo el mismo monarca el mandamás totalitario) y democracia (con más o menos peso de los derechos individuales y con formas de organización del gobierno parlamentario, presidencialista o mixto). En este sentido, consideramos que los datos de la encuesta antes mencionada, aunado a la vivencia por la que han pasado la mayoría de los pueblos latinoamericanos, son motivos suficientes para preocuparnos. Si la conclusión a la que se pudiera llegar al ver los números es que la gente apostaría por un modelo minarquista, celebraríamos con algarabía; pero el panorama no es tan alentador. Tristemente, cuando se observa que el porcentaje de personas que expresamente preferirían el establecimiento de un gobierno autoritario pasó de 11% en 2006 a 22% en este año, los temores comienzan a tomar fuerza. 

Si de ese 43% apuntado en el primer párrafo que prefiere un sistema diferente al democrático, un 22% expresamente escoge el autoritarismo, es dable pensar que el 21% no debe tardar mucho en convencerse de lo mismo. Si a eso se le suma el descontento manifiesto de la ciudadanía con el proceso electoral, reflejado en el abstencionismo (que ha subido como la espuma en los últimos tres comicios nacionales), entonces cada vez se vuelve más probable que unos pocos elijan a quien gobierne el país y con la flacidez institucional, el mal diseño de las reglas de juego constitucionales y la concentración de poder en pocas manos, no parece tan descabellado pensar que pronto el cerco contra la libertad se irá estrechando. 

Como lo dijimos antes, el motivo de nuestra preocupación no es la democracia per se, sino la protección de los derechos y libertades individuales. La democracia tiene muchísimos defectos, especialmente porque es un modelo que permite o posibilita la tiranía de las mayorías y aunque la teoría y práctica de los derechos humanos ha avanzado hasta un punto donde en casi todas las latitudes se impide que las mayorías decidan sobre algunos derechos de las minorías, lo cierto es que todavía persisten enormes violaciones a ese principio, especialmente en materia económica, donde se legaliza e institucionaliza el robo del producto del trabajo individual mediante impuestos, se empeña el futuro de las personas con endeudamiento estatal, las regulaciones que políticos y burócratas imponen a empresarios y trabajadores, etc. 

Y todos estos problemas se agravarían en caso de un gobierno autoritario. Si ya de por sí, el nuestro es un sistema político de partido hegemónico, en el cual el PLN tiene prácticamente copados todos los puestos de poder y la oposición es sumamente débil, desarticulada y golpeada por diferentes cuestionamientos (muchos de ellos impulsados por un sistema judicial parcializado), la existencia de un gobierno autoritario formalmente instaurado complicaría más la situación. No queremos ni imaginarnos cuán grave sería la amenaza contra las libertades económicas, así como las civiles y políticas. Sin duda, el escenario es, cuando menos, aterrador.

A pesar de nuestro tono negativo, no todo está perdido. El sistema político y el régimen democrático costarricense deben reinventarse para poder satisfacer los deseos, expectativas, intereses y valores de los ciudadanos. Se requiere mucha más participación de estos, más espacios políticos, mayor desconcentración de poder, fortalecimiento del sistema republicano de frenos y contrapesos, más libertad, menos Estado y un compromiso de los actores políticos para hacer las modificaciones correspondientes. Aunque suene difícil, todo pasa porque el ciudadano comience a exigir más poder y hacer valer sus libertades y derechos, en lugar de cruzarse de brazos y sentarse a esperar que los cambios surjan por sí solos.

La democracia costarricense, al menos en la forma en la que la hemos conocido desde hace años, está agotada y su ocaso se acerca. Depende de nosotros los individuos lo que surja en su lugar: un totalitarismo al estilo de los demás países latinoamericanos o una minarquía respetuosa de los derechos y libertades.

viernes, 2 de noviembre de 2012

Viernes de Recomendación

El día de hoy les queremos presentar dos videos. Ambos videos analizan el sistema democrático y otros sistemas de gobierno colocando énfasis en el daño que puede causar la tiranía de las mayorías sobre la libertad de grupos minoritarios en sistemas democráticos si los mismos no están supeditados a un Estado de Derecho en el que haya certeza de que las libertades individuales de las personas no peligren por designios de las mayorías.


The American Form of Government

Should Majorities Decide Everything?

martes, 28 de agosto de 2012

La columa de Carlos Federico Smith: sobre la libertad y democracia

Muy buenas noches, amigas y amigos. Hoy nos reunimos para celebrar la presentación del libro del doctor Óscar Álvarez Araya, “Sobre Democracia y Libertad”. Agradezco que me solicitara unas palabras al respecto.
 
Si pudiera resumir en pocas palabras mi impresión global, digo que constituye una excelente obra para la educación y la enseñanza. Su carácter didáctico es obvio.
 
Pero ciertamente me impactó la reseña de los primeros capítulos del libro acerca del concepto de libertad de algunos pensadores en sociedades orientales, episodio que desconocía, a pesar de andar ya muchos años transitando sobre el tema intelectual de la libertad.
 
Asimismo, me siento muy contento con su lectura, pues motivó en mi persona volver a pensar acerca de la importante relación que hay entre libertad y democracia.
 
Por ello, lanza en ristre, me lanzo contras gigantes y cabezudos o molinos de viento, para exponer, a riesgo de errar, lo esencial que es la libertad para el progreso humano y cómo la democracia es un instrumento que puede ser apropiado para dicho logro.
 
Durante cierto tiempo he impartido cursos en ANFE acerca del liberalismo. Sin duda alguna que éste se verá enriquecido con el aporte del libro de don Oscar.

MI IDEA DE LIBERALISMO 
No se puede afirmar que el pensamiento de tal o cual persona constituye “el” pensamiento liberal.  Más bien, ha habido muchos e importantes aportes, en un marco evolutivo, de cómo las ideas de libertad y de liberalismo, que es la aplicación en el campo político del principio de la prominencia de la libertad, se han convertido en la principal fuente de progreso de las personas y de los pueblos.
 
Sin embargo, el que una sociedad escoja proseguir la vía del liberalismo, no es ninguna garantía de que resulte en el progreso buscado. Es más, los liberales solemos ser casi siempre muy cautos en advertirlo. El liberalismo está lejos de ser dogmático, por lo que quienes propugnamos por su conveniencia, lo hacemos fundamentalmente basados en los resultados históricos.  Nunca la humanidad ha progresado tanto como en los últimos siglos bajo regímenes esencialmente liberales, en donde la libertad de alguna manera es primordial. Quienes creemos en esas facultades o incentivos del liberalismo, no nos podemos contentar con lo que se tiene en un momento dado, pues no sólo las sociedades cambian, evolucionan, sino que también en la humanidad hay muchas áreas en donde la libertad no es la regla, tal como muy frecuentemente sucede en el campo económico, sino a veces hasta la excepción. 
 
Ante la pregunta de ¿qué es el liberalismo?, siempre termino acudiendo a lo que escribió el Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Johns Hopkins, Richard Flathman, en su libro Toward  a Liberalism (Hacia un Liberalismo). Dijo, parodiando aquella canción de que el amor es una cosa muy esplendorosa, que, “como el amor, el liberalismo es una cosa de muchos esplendores; también, como el amor, los “muchos” del liberalismo son algo que se integra a “su” esplendor. En términos menos floridos, nos dice Flathman, que no existe ni un inventario que sea exhaustivo ni privilegiado de ideas y temas del liberalismo, y que no hay razón para pensar que haya un ordenamiento indisputablemente superior a cualquiera de los numerosos conjuntos y subconjuntos de ideas, que son reconociblemente y hasta discutiblemente de un carácter liberal.” (p. 12).
 
En esto de los “esplendores”, por ejemplo, acerca de un tema vital en el pensamiento liberal cual es el del papel del estado en una sociedad, un pensador liberal notable, Adam Smith, sostiene que sus funciones básicas son tres: proteger a los ciudadanos de la amenaza externa; proteger a los individuos de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad y, tercera, erigir y mantener aquellas obras públicas que los individuos no desean llevar a cabo. Pero otro gran liberal, Milton Friedman, por ejemplo, considera que una función del estado es la de que se disponga de un Banco Central (lo cual no es compartido por otros grandes liberales como Hayek). Pero este último, por ejemplo, es criticado (casi ridículamente) por otros liberales, porque arguye que el estado tiene un papel en la zonificación de las ciudades o en numerar las calles, entre otras cosas. También debemos recordar al pensador liberal Wilhelm Röpke arguyendo en favor de una participación activa del estado promoviendo la competencia. Todos ellos son liberales, con distintos matices.
 
Este libro de don Oscar precisamente lo que nos muestra son algunos de los diversos esplendores del pensamiento liberal.  Cualquier intención de presentar algunos conceptos teóricos como si fuera “el pensamiento liberal”, fracasa en su propósito, pues la pretensión sería antitética al pensamiento liberal, que no es doctrina o dogma único, sino todo lo contrario. Recordando a Popper, debo decir que el liberalismo siempre está abierto a la discusión acerca de las ideas a su alrededor, pues considera que entre mayor sea el espacio para que las personas puedan actuar por sí mismas, sin coacción; esto es, en libertad, mayor es la posibilidad de satisfacer lo que, mejor que nadie, esas personas consideran son sus deseos y necesidades.

MI CONCEPTO DE DEMOCRACIA 
Siempre he considerado que la democracia tiene que ver con quién es el que gobierna. Concretamente la defino como una forma de desplazar un gobierno sin que medie la violencia.  Cuando Churchill expresó su famosa frase: “se ha afirmado que la democracia es la peor forma de gobierno excepto todas las otras que se han tratado”, dio en el clavo, pues puso en evidencia que la democracia poseía importantes limitaciones, a la vez que no parecía existir mejor opción.  Como diría un candidato de por allí, se trata de “lo menos malo”.
Es momento de resaltar la diferencia que hay entre liberalismo y democracia. El liberalismo básicamente tiene que ver con la extensión del gobierno. El liberalismo no es sinónimo de anarquía, sino que uno de sus preceptos básicos y que es común hallarlo entre pensadores de dicho ideario, es la existencia de un gobierno, pero limitado y ajustado a un estado de derecho. La coerción que puede ejercer el estado es para garantizar la aplicación de las reglas generales de justa conducta; esto es, las reglas uniformes de la ley. Esta función del estado no excluye la posibilidad de que, si por alguna razón las fuerzas espontáneas del mercado no producen adecuadamente lo que se desea, la sociedad puede poner a disposición del estado los recursos necesarios para que se brinden esos servicios a la generalidad de los ciudadanos.  Esto, a su vez, requiere de la provisión de recursos apropiada para el desempeño de esta tarea.
 
Lo expuesto no significa la santificación de un monopolio para el Estado, quien siempre debe estar dispuesto no sólo a abrir todas las posibilidades para la libre participación de los individuos en los mercados, sino que también deberá tener presente la salvaguarda del dominio individual protegido de la propiedad individual. Por ello, los liberales solemos creer en un gobierno, pero restringido, limitado a la aplicación de las reglas de justa conducta.
 
Es decir, necesitamos al gobierno a fin de prevenir que los individuos ejerzan la coerción sobre otros. Por ello es que se dice que se le otorga el monopolio de la coerción.  Eso no significa que el gobierno no tenga límites ni restricciones. Al gobierno debe impedírsele el uso impropio de la coerción, lo cual se logra mediante la existencia de reglas generales, uniformes, que se aplican a la generalidad de los individuos, incluyendo aquellos que hacen y aplican las leyes. Este es el llamado principio de legalidad.
 
Aceptada la existencia necesaria de un gobierno en el orden liberal, la pregunta que surge es acerca de la forma mejor posible que deberá tener ese gobierno. El libro de don Oscar, en su página 60, presenta un gráfico muy simple y apropiado, creo que es de Giovanni Sartori, el cual muestra un continuo de formas de gobierno, que va desde el caso ideal de la democracia al caso ideal de la dictadura, aunque prefiero llamarla autoritarismo (ojo: he dicho ideal, pero aquí no significa bueno, sino puro). Sostengo una visión similar de un continuo en el caso del  pensamiento liberal, que va de un extremo o polo libertad individual plena a otro extremo o polo de una propiedad y decisión total en manos del estado o totalitarismo. Los liberales, debería ser obvio ya, estamos alrededor, cerca de una libertad individual plena. Nuestros pensamientos son cercanos al caso puro de libertad individual; no se requiere que todos los liberales nos situamos específicamente en el caso extremo, sino tan sólo cercano a éste. El ejemplo que di hace poco acerca de la divergencia del papel del estado que uno encuentra entre destacado pensadores liberales, precisamente describe la idea de un continuum como el descrito.
 
Los liberales creemos en la democracia como forma práctica de gobierno siempre y cuando haya una mayoría de la comunidad comprometida con la libertad de los individuos, la regla de la ley y un gobierno limitado.  La democracia no es sino un conjunto de procedimientos para organizar y operar un gobierno. Como tal no posee un conjunto de valores que constituyan la esencia de una democracia: de hecho una mayoría de una comunidad puede escoger cualquier conjunto de valores que le parezca. Como es posible que exista un gobierno democrático que a la vez es totalitario, debemos ser claros en que una democracia totalitaria es antitética al ideario liberal. No debe olvidarse que la totalitaria Unión Soviética decía ser una república democrática o bien recordar la existencia de la República Democrática Alemana.
 
Lo anterior es relevante y por ello me permito poner dos ejemplos, más allá del usual de recordar cómo fue que Hitler llegó a ser cabeza de un gobierno totalitario mediante el empleo de procedimientos democráticos (parlamentarios) o bien, como me han comentado algunos amigos, lo que hoy sucede en algunas naciones sudamericanas, como Venezuela, Bolivia o Ecuador. Por eso prefiero dar un par de ejemplos diferentes de estos casos. El primero de ellos es algo que, en mi opinión, ya parece estarse presentando en ciertas naciones como los Estados Unidos y en algunos países de Europa y, el segundo, un caso puramente hipotético, pero revelador del intríngulis.
 
Primero: Una mayoría democrática impulsa una distribución igualitaria de los ingresos, dejando de lado el principio de que el mejor incentivo que puede haber para producir de la forma más eficiente, es cuando las personas que logran sus ingresos sirviendo adecuadamente a los consumidores, los conservan para sí, como sucede en un orden de mercado competitivo. Hay un error conceptual en John Stuart Mill, considerado como un pensador liberal, quien creía que en una economía era posible separar las funciones de la producción, de aquellas de la distribución. Mill consideraba que era posible seguir los criterios de optimización de la producción y, a la vez, lograr una distribución de la riqueza bajo cualesquiera reglas que mejor se le ocurran a la sociedad. Pero el fenómeno de la distribución no es algo tecnológico, como creía Mill, sino económico: el producto es del tamaño que es, porque la producción depende de su distribución y de los precios del mercado, no de la voluntad de la humanidad, individual o colectiva.  Producción y distribución están íntimamente interconectadas.
 
Volviendo al ejemplo que he querido exponer, teóricamente un 50% más uno de los votantes, puede votar sistemáticamente por lograr una distribución igualitaria, independiente del aporte de cada uno al proceso productivo. Esto es, a través de impuestos impulsados por un partido político dado, quitarle, mediante legislación tributaria democráticamente aprobada, cualquier exceso sobre esta media igualitaria al restante 50% menos uno de los votantes, a fin de posesionarse de él.  Si se alega que para eso usualmente (por fortuna) se requiere de una votación calificada, supongamos que de un 75%, pues en mi ejemplo tan sólo se requiere que acomodemos el 75% más uno de los votantes beneficiados con mayores ingresos, a costas del restante 25% menos uno, quienes son quienes pagarían los impuestos, democráticamente legislados. Lo importante es, recalco, que ello se puede lograr “democráticamente”.
 
Segundo: Sugiero un caso más impactante. Supongan ustedes que por mayoría se decide ejecutar a los gordos y bigotones, como este servidor. De estar usted en ese último saco, ¿estaría de acuerdo con un sistema democrático que tomara tal decisión? ¿Lo considera una forma ideal de gobierno? Lo que parece ser una broma, sólo refleja un hecho muy frecuentemente encontrado en naciones, en donde democráticamente las mayorías pueden violar (hasta cruelmente) los derechos de las minorías. Por eso los liberales siempre hablamos de los derechos de los individuos, no de si son de una mayoría o de una minoría. Ejemplos de abusos de minorías por parte de la voluntad de una mayoría, fundamentados en procedimientos democráticos, son el de los judíos, liberales, gitanos, entre otros, en la Alemania Nazi o los Sudras en India, que son los esclavos y peones de todo tipo, y palabra con la que se da a entender  “los que necesitan de limpieza”. También está el caso de los negros durante la Reconstrucción del Sur de los Estados Unidos.

Finalmente, deseo indicar que una característica de los sistemas democráticos es el papel que juegan los grupos de interés. Tal como una vez señaló Hayek, la democracia se convierte en “un juego que todos los intereses separados deben satisfacer para asegurarse un apoyo de una mayoría”. Por supuesto que este juego afecta cualquier buena intención de gobernabilidad. Por ello se requiere limitaciones que impidan esta cesión de competencias en un gobierno de grupos de interés arbitrarios, sin límites y sin restricciones.

CONCLUSIÓN 
Debo agradecer a don Oscar por haber producido este libro, que creo que sin duda logrará la libre discusión de ideas que son de suma importancia para todos nosotros.  Nos aleja, por un momento, de ese mundo de vanidades, de espectáculo, como dice Vargas Llosa, pues nos permite reflexionar sobre lo verdaderamente importante. Las ideas acerca de la libertad de los individuos y acerca de la forma en que organiza un estado son vitales que las tengamos muy claramente definidas, pues el riesgo de no entender su naturaleza hace que podamos caer en una inaceptable dictadura de las mayorías. Me siento un liberal demócrata. Lo primero, porque creo que la libertad es un valor superior que debe ser resguardado y, lo segundo, porque la democracia es lo que me permite cambiar incruentamente a un gobierno. Es la respuesta a la pregunta crucial que formuló Popper: “¿cómo podemos organizar nuestras instituciones políticas de forma que los gobernantes malos o incompetentes… nos causen sólo el mínimo daño?”. (En Busca de un Mundo Mejor, p. 69).
 
Para asegurar la libertad de los individuos, ante la posibilidad de que un gobierno sea malo o incompetente, la democracia es el método menos costoso, pues mediante elecciones destituye o cambia a los gobernantes. Esto es, la función esencial de un estado es la de salvaguardar la libertad de los ciudadanos y ante la posibilidad de que se desborde el poder de coacción que se le dota, la democracia es la forma menos convulsiva de cambiar al gobernante. “En la práctica la democracia, según Popper, siempre ha intentado tratar la cuestión más importante de la política: la evitación del despotismo”. Y buscamos evitar el despotismo, porque éste nos despoja de nuestra libertad, que es lo que nos permite tener una vida mejor y más digna.
 
Muchas gracias por su gentil atención.

* Conferenciaofrecida por el Dr. Jorge Corrales Quesada con la ocasión de la presentación del libro "Sobre libertad y democracia", de Óscar Álvarez Araya. Actividad realizada por ANFE y la Fundación Naumann el jueves 23 de agosto de 2012 en el Hotel Aurola Holliday Inn. 

martes, 24 de julio de 2012

La columna de Carlos Federico Smith: remoción presidencial

El tema de la remoción legislativa de miembros electos del Poder Ejecutivo, como Presidente, Vicepresidentes, Ministros, Viceministros, y otros como los Contralores, empieza, una vez más, a circular.  Creo que, independientemente a que ese llamado se origine en la mala administración que, bien o mal, se le adscribe a la actual, no me aparece afortunado que aquellos puedan ser removidos, aún por mayoría calificada, por parte de una Asamblea Legislativa, tal como está actualmente institucionalizada.
 
Esto último no porque el método sugerido conduzca a una ingobernabilidad, palabra que bien podría utilizarse para justificar al peor de los gobiernos, administrativamente hablando. Creo que mucha de la llamada ingobernabilidad deviene precisamente de la incapacidad política de las cabezas del Poder Ejecutivo y no necesariamente de otros sectores, a los cuales casi siempre el vulgo se la endilga.  Lo que sí es importante, partiendo del principio de que la soberanía reside en el pueblo, es que cuando éste considere, ya sea a inicios, mediados o finales de una gestión, que hay razones suficientes y poderosas para cambiar a quienes encabezan el Poder Ejecutivo, pueda hacerlo, sin que la sociedad tenga que incurrir en enormes y dolorosas penurias.  Una elección popular no debe convertirse en una aceptación inconmovible, invariable, aunque sea por un período dado, cuando la gestión que realiza el elegido va en contra de la soberanía popular.
 
Una forma de sustituir a unos gobernantes que el pueblo ya no desea, es mediante la utilización del método del referendo, en donde la consulta popular directa definiría, bajo ciertas reglas, como, por ejemplo, haber sido solicitado por un número significativo de votantes, lo que se supone es reflejo de la voluntad popular.  El uso del referendo debe ser una opción que el ciudadano tenga para lograr sus mejores propósitos, sin verse obligado a aceptar lo que en su momento se puede considerar como inaceptable.
 
Me parece que mejor opción es que nuestro actual orden político evolucione hacia lo que se conoce como un sistema parlamentario, del cual, de manera sencilla, podemos decir que los gobiernos –el Poder Ejecutivo- surgen, se constituyen, se conforman, a partir del conjunto de diputados que libremente eligió la ciudadanía. Ya sé que tenemos, especialmente en tiempos recientes, muy malas experiencias con la calidad de los diputados, como para dejar en manos de ellos decisión tan importante. Pero evitar ese problema de calidad es parte de lo que se trata de lograr mediante un sistema parlamentario.  Aunado a que se puedan elegir directamente los diputados y no mediante listas amañadas y tal vez en un marco que posibilite la reelección de los diputados (carrera legislativa, como se le ha llamado), los incentivos estarían puestos para que los ciudadanos soberanos escojamos a quienes consideramos son los mejores ciudadanos para esos cargos.  Por supuesto que quienes salgan electos podrían llegarnos a defraudar, razón por la cual, como bien dijo el pensador David Hume, es necesario tener presente al forjar instituciones –frenos y contrapesos- el supuesto de que todos ellos deben ser considerados como si fueran  unos “vivazos” (“knaves” es la palabra que usó en inglés), aunque en la realidad no lo sean.

Los sistemas parlamentarios no han comprobado históricamente que conduzcan a la ingobernabilidad –ya señalé que muy posiblemente ésta se presente por la incapacidad del Poder Ejecutivo- pero es cierto que uno podría pensar que las facciones estarían interesadas constantemente en cambiar a los gobernantes del momento por otros, a fin de lograr la captura del poder. Lo cierto es que la forma en que operan los parlamentos modernos conduce a la estabilidad de las coaliciones, que definen el gobierno bajo el denominado parlamentarismo.  Hasta Italia, que allá por los años sesenta del siglo pasado exhibió conductas parlamentarias altamente volátiles y volubles, ha madurado notablemente. Incluso en momentos que se podrían considerar como políticamente muy difíciles (o inestables), ha logrado conservar un alto grado de estabilidad de sus gobiernos.
 
Al final de cuentas lo importante es que la ciudadanía pueda tener formas civilizadas, lo menos traumáticas posibles, de poder cambiar sus gobernantes cuando así lo desea, si bien es obvio que ese posibilidad de cambio debe surgir de razones bien fundadas que lo ameriten. Por ello en un sistema parlamentario no se observa un cambio constante de gobiernos porque dicho cambio se suele lograr sino después de amplias discusiones en el seno de la Asamblea y de acuerdos mayoritarios, en el sentido de ir a nuevas elecciones para reconstituir las mayorías en un parlamento, tales que permitan reflejar ese deseo popular de cambio de los gobernantes. El punto esencial es que, si los gobernantes del momento no les satisfacen a los ciudadanos, como la soberanía no reside en esos gobernantes, sino en quienes los eligieron, pues que también esos ciudadanos soberanos los pueden sustituir, cuando a bien lo tengan en consideración, dentro del procedimiento parlamentario definido al respecto.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 23 de julio de 2012

Tema polémico: la revocatoria de mandato

Desde hace unas semanas, en ASOJOD planteamos cambios importantes para mejorar el sistema político costarricense: primero fue la idea de someter a referéndum muchas políticas públicas, especialmente impuestos y endenudamiento; luego la democratización en la elección de los magistrados y ahora queremos abordar la necesaria revocatoria de mandato.

Los recientes hechos acontecidos en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo y la polémica local surgida por la inacción de la "firme y honesta" Presidente de la República, Laura Chinchilla, frente a los serios cuestionamientos hacia el Vicepresidente Liberman y el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, nos hacen reflexionar sobre la necesidad de esa institución en el ordenamiento jurídico de Costa Rica. 

Hoy en día, en casi todo el mundo occidental se da por supuesto que la democracia es la mejor forma de organización política de una sociedad, como resultado del proceso histórico que ha llevado a consolidar el derecho de los ciudadanos a elegir a sus gobernantes. Pero la democracia es evolutiva y necesita reinventarse para mantener su legitimidad -es decir, su adecuación a los valores, preferencias, expectativas e intereses de los ciudadanos-, por lo que no puede suponerse que acaba con la extensión de ese derecho a prácticamente todos los miembros de una comunidad política. 

Precisamente, para mantener esa legitimidad se requiere pasar de un modelo donde el ciudadano tiene el derecho a elegir a sus gobernantes a otro donde se contemple la contrapartida lógica: removerlo cuando ya no se adecúe a esos valores, preferencias, expectativas e intereses. Ahí es donde entra el instituto de la revocatoria de mandato. La ecuación es muy sencilla: si yo tengo derecho a darle poder, debo tener derecho a quitárselo.

Algunos podrían argumentar que tal mecanismo genera inestabilidad política y se presta para el populismo, aunado a que con la cultura política propia de nuestro país haría que, por revanchismo político, se intente destituir a cada gobernante que no se comporte como ciertas élites lo desean. Incluso, no faltará quien compare esta situación con un retorno a la inestabilidad propia de la época de la oligarquía cafetalera costarrincense del siglo XIX. Otros, más ignorantes, alegarán que hablar de esto es como apoyar un golpe de Estado que atenta contra la propia democracia. 

Pues bien, nada más falso que eso. La democracia, como ya dijimos, necesita reiventarse, evolucionar para mantener su legitimidad. En la política, las lealtades y apoyos no son para siempre: los regímenes democráticos per se tienen una legitimidad de origen finita y débil: el valor democrático no se cultiva sin la legitimidad en ejercicio, es decir, la forma en que el sistema va adecuándose a los valores y expectativas de los individuos. Conforme ellos sientan que la democracia es el medio apropiado, el medio que más valoran, para convivir pacíficamente, la defenderán. Cuando sientan que ella no responde a lo que esperan o lo que desean, el caldo de cultivo para una reforma se gesta. 

Por ello, el punto de discusión es ¿qué tipo de reforma? La experiencia histórica nos muestra que cuando la democracia no es capaz de evolucionar, muere. La Alemania previa al ascenso de los nazi o la Venezuela anterior a Chávez, así lo demuestran. Las dictaduras no surgen porque sí; surgen porque se van acumulando los factores y los problemas que hacen a la gente dejar de valorar el régimen democrático y comenzar a valorar otras opciones: muchas veces, por macabro y retorcido que suene, la gente elige a un "hombre fuerte" que tome decisiones en su nombre. Y cuando eso sucede, casi siempre tiene que pasar mucho tiempo o correr mucha sangre, para sacarlo del poder.

De ahí que, para evitar esas situaciones, una válvula de escape que proponemos es la revocatoria de mandato. El ciudadano no tiene por qué  aguantar a un gobernante ni siquiera por todo su mandato. Este no tiene por qué ser una condena para aquellos. Si, como nuestra Constitución Polítia explica, los ciudadanos son los que tienen el poder y eligen a representantes por un periodo, la mala gestión de estos no tiene por qué tolerarse hasta qe termine el mandato; por el contrario, debe existir la posibilidad de que, mediante el plebiscito -y así se disipa el miedo de que sea un revanchismo partidario- los individuos puedan sacar a los gobernantes del poder. 

Solo con mecanismos así la democracia puede sobrevivir. Solo con mecanismos así puede evitarse que surja el totalitarismo.






viernes, 6 de julio de 2012

Viernes de recomendación

En esta ocasión queremos rememorar la independencia de los Estados Unidos celebrada el pasado 4 de julio, en honor a una de las revoluciones más importantes que han permitido el avance de las ideas de la libertad. Por supuesto, la nación estadounidense de hoy dista mucho de la que pensaron los Padres Fundadores: ya no es una tierra de libertad, de oportunidades, de crecimiento, sino que cada día se ha venido convirtiendo en una sociedad más estatizada, más socializada, más colectivizada. 

Por eso, para recordar los principios liberales que hicieron de Estados Unidos un país próspero, pujante, libre y decente, queremos compartir con ustedes el célebre discurso frente a la Puerta de Brandemburgo, donde el expresidente estadounidense gritó "General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall!".