Sigo esperando el día que los políticos acaben de una buena vez con su discurso recurrente y poco creíble de lucha contra la pobreza, sobre todo porque muchas de las ideas que insisten en proponer no solo terminan siendo ineficaces para convertir a los pobres en agentes económicos dinámicos y autosuficientes, sino que la mayoría de las políticas populistas destinadas a erradicar la pobreza terminan afectando negativamente a la clase media, condenándola a una gris mediocridad al eliminar su libertad de elección e imponerle tributos exagerados que desincentivan su desarrollo. Sería más razonable, y menos "populista", hablar del fortalecimiento y expansión de la clase media por la vía de un aumento de sus posibilidades de elección en temas como educación y servicios de salud, y también en aquello que tiene que ver con esquemas tributarios y ofertas financieras que promuevan la formación de un patrimonio familiar sólido.
No es que debamos olvidarnos de los pobres; es que sabemos que la pobreza tiende a comportarse como el agua: se encauza hacia las zonas de baja presión. Es decir que, si se continúa con la práctica de dar bonos y soluciones pedestres, aunque cómodas, la pobreza -tal como el agua-quedará estancada. En el caso de la clase media, el peligro es que si no se le baja la presión en que está inmersa, podría pasar de forma explosiva a las lagunas de pobreza, subordinada a la prestación de los servicios estatales y a las asistencias deficientes. La clase media en Costa Rica, por ejemplo, tributa y paga cargas sociales más allá de los servicios que recibe a cambio, obligándosela a pagar extras por escuelas privadas y servicios de salud acordes con sus expectativas. Este fenómeno genera un círculo vicioso de sostenimiento de los servicios públicos por una clase social que no solo no crece económicamente, sino que tiende a reducirse, disminuyendo a la vez la proyección de ingresos al Estado.
La solución a este problema puede hallarse en una estrategia de mediano y largo plazo que busque mejorar la oferta de servicios, como educación y salud, por medio de esquemas que estimulen la competencia y diversidad de la oferta. Se podría promover aún más la creación de las escuelas y colegios privados, donde el Estado aporte el subsidio directamente al estudiante vía “vouchers”. Los maestros serían remunerados a partir de su salario base y bonificados por la institución de acuerdo con su rendimiento. Las familias, en tal caso, tendrían el derecho a escoger entre instituciones sin limitación geográfica y tomarían en cuenta factores como índices de calidad del servicio educativo y calidad de la infraestructura.
En lo que concierne a los servicios de salud, existen muchas formas de flexibilizar la oferta, además de mejorar la calidad de la atención médica. En lugar de expandir la cobertura de los Ebais, que en muchos aspectos sufren las mismas deficiencias que las clínicas de la Caja, sería posible idear un sistema en que el paciente pueda recurrir a la consulta privada, cubriendo la Caja una parte del costo de las consultas y, en caso de hospitalización, el médico podría ingresar al paciente a los hospitales públicos o mantenerlo bajo atención privada, solicitando asimismo que se le reconozca al paciente una parte del costo. Claro está que la solución final podría ser, un cambio total hacia la cotización voluntaria al sistema de la CCSS, como parte de una serie de opciones públicas y privadas a las que tenga acceso el ciudadano.
En el nivel financiero, la mayor injusticia que se está cometiendo es la de forzar a la clase media a cotizar a un sistema de pensiones totalmente obsoleto y que, a la hora de pensionarse, no refleja el monto real de lo que se cotizó durante tanto tiempo. La inexistencia de una relación entre aportes y beneficios (reciprocidad),han configurado una fuente de poder discrecional que abrió completamente las puertas a la demagogia y la injusticia. Por último, el poco acceso a fuentes de financiamiento a largo plazo y con costos financieros y de intermediación razonables, está limitando las opciones de vivienda y emprendedurismo, incidiendo en otros sectores y en el resto de nuestra sociedad.
El discurso de los políticos a nivel impositivo es igualmente hipócrita, y así ha quedado demostrado con la aprobación reciente de un paquete fiscal que atenta en contra del bienestar de la clase media, al recetarle un triple ataque a sus bolsillo; sumándole a las ya altas cargas sociales e impuestos directos que tienen que pagar, nada más y nada menos, que un IVA depredador.
Es inminente que en Costa Rica tomemos una decisión de si queremos una clase media fuerte y dinámica o una pobreza generalizada como es el caso de otros países latinoamericanos. La respuesta es tan obvia que no debería ser necesario tener que escribir sobre el tema; sin embargo, casi todas las soluciones a problemas relevantes tienen esta característica-la muy apetecida lógica-.
No es que debamos olvidarnos de los pobres; es que sabemos que la pobreza tiende a comportarse como el agua: se encauza hacia las zonas de baja presión. Es decir que, si se continúa con la práctica de dar bonos y soluciones pedestres, aunque cómodas, la pobreza -tal como el agua-quedará estancada. En el caso de la clase media, el peligro es que si no se le baja la presión en que está inmersa, podría pasar de forma explosiva a las lagunas de pobreza, subordinada a la prestación de los servicios estatales y a las asistencias deficientes. La clase media en Costa Rica, por ejemplo, tributa y paga cargas sociales más allá de los servicios que recibe a cambio, obligándosela a pagar extras por escuelas privadas y servicios de salud acordes con sus expectativas. Este fenómeno genera un círculo vicioso de sostenimiento de los servicios públicos por una clase social que no solo no crece económicamente, sino que tiende a reducirse, disminuyendo a la vez la proyección de ingresos al Estado.
La solución a este problema puede hallarse en una estrategia de mediano y largo plazo que busque mejorar la oferta de servicios, como educación y salud, por medio de esquemas que estimulen la competencia y diversidad de la oferta. Se podría promover aún más la creación de las escuelas y colegios privados, donde el Estado aporte el subsidio directamente al estudiante vía “vouchers”. Los maestros serían remunerados a partir de su salario base y bonificados por la institución de acuerdo con su rendimiento. Las familias, en tal caso, tendrían el derecho a escoger entre instituciones sin limitación geográfica y tomarían en cuenta factores como índices de calidad del servicio educativo y calidad de la infraestructura.
En lo que concierne a los servicios de salud, existen muchas formas de flexibilizar la oferta, además de mejorar la calidad de la atención médica. En lugar de expandir la cobertura de los Ebais, que en muchos aspectos sufren las mismas deficiencias que las clínicas de la Caja, sería posible idear un sistema en que el paciente pueda recurrir a la consulta privada, cubriendo la Caja una parte del costo de las consultas y, en caso de hospitalización, el médico podría ingresar al paciente a los hospitales públicos o mantenerlo bajo atención privada, solicitando asimismo que se le reconozca al paciente una parte del costo. Claro está que la solución final podría ser, un cambio total hacia la cotización voluntaria al sistema de la CCSS, como parte de una serie de opciones públicas y privadas a las que tenga acceso el ciudadano.
En el nivel financiero, la mayor injusticia que se está cometiendo es la de forzar a la clase media a cotizar a un sistema de pensiones totalmente obsoleto y que, a la hora de pensionarse, no refleja el monto real de lo que se cotizó durante tanto tiempo. La inexistencia de una relación entre aportes y beneficios (reciprocidad),han configurado una fuente de poder discrecional que abrió completamente las puertas a la demagogia y la injusticia. Por último, el poco acceso a fuentes de financiamiento a largo plazo y con costos financieros y de intermediación razonables, está limitando las opciones de vivienda y emprendedurismo, incidiendo en otros sectores y en el resto de nuestra sociedad.
El discurso de los políticos a nivel impositivo es igualmente hipócrita, y así ha quedado demostrado con la aprobación reciente de un paquete fiscal que atenta en contra del bienestar de la clase media, al recetarle un triple ataque a sus bolsillo; sumándole a las ya altas cargas sociales e impuestos directos que tienen que pagar, nada más y nada menos, que un IVA depredador.
Es inminente que en Costa Rica tomemos una decisión de si queremos una clase media fuerte y dinámica o una pobreza generalizada como es el caso de otros países latinoamericanos. La respuesta es tan obvia que no debería ser necesario tener que escribir sobre el tema; sin embargo, casi todas las soluciones a problemas relevantes tienen esta característica-la muy apetecida lógica-.
Andrés Pozuelo Arce
