Tema polémico: la doble moral religiosa

Recientemente, el Presidente electo de la República, Luis Guillermo Solís, hizo pública una serie de nombres que conformarán su Gabinete en el nuevo Gobierno que iniciará próximamente y uno de los que más revuelo ha causado es el de Melvin Jiménez como Ministro de la Presidencia. 

Además de ser sociólogo y estratega de la campaña de Solís, desde las primarias del PAC, Jiménez es pastor luterano, lo que ha encendido las alarmas tanto de los católicos como de los progresistas. 

Los católicos han señalado, con razón, que si fuese un nombramiento de un sacerdote de esa denominación religiosa, las protestas y críticas no se habrían hecho esperar: por todos lados, ciudadanos contrarios a la confesionalidad del Estado reclamarían el desaguisado y exigirían que se echara atrás esa decisión. Sin embargo, al tratarse de un miembro de otra iglesia, pareciera ser que todo el mundo guarda silencio, en especial los progres, quienes prefieren no referirse al tema. Entonces, para ellos, está mal que un sacerdote católico tenga un cargo de Ministro pero no hay problema si se trata de un luterano. La coherencia y consistencia en cuanto a la securalización del Estado es tan frágil para los progresistas como la cáscara de un huevo. 

Pero también resulta curioso que, en esta competencia de doble moral, la Iglesia Católica reclame por la participación de otra denominación religiosa en cargos de Gobierno cuando sus propios representantes han tenido muchísimo poder político desde hace siglos y atacan con todas sus fuerzas y bajo amenaza de perder el alma, acusando de servir al diablo a todos aquellos que claman por la separación definitiva de los asuntos del Estado y de la Iglesia. Entonces, para ellos, está mal que los luteranos tengan algún rol preponderante en política pero no hay problema que la Iglesia Católica haga y deshaga a su antojo en la política nacional.

Sin duda, por todo lado tenemos una doble moral, cosa que parece cada vez más enquistarse en la vida de los costarricenses. Por todo lado se mira la paja en el ojo del "otro" pero se soslaya la "viga" en el propio. Hipocresía, simple y llanamenta, que por desgracia está muy presente en casi cualquier discusión en este país. 

El Estado y los asuntos públicos deben estar separados de cualquier religión. Cada quien debe tener el derecho de creer o no creer y participar en la vida pública sin que esto signifique ventajas indebidas ni discriminación para determinada denominación. Esta necesidad trasciende el debate puntual acerca de la constitucionalidad o no del nombramiento de Jiménez pues ni siquiera deberíamos estar discutiendo eso, sino la secularización total del Estado. 

Gabriel García Márquez ha muerto, pero su Macondo sigue cada día más vivo en Costa Rica. Solo aquí pueden presentarse estas situaciones propias del realismo mágico.

Tema polémico: la confesionalidad del Estado

Desde días atrás, se presentó un proyecto de ley que en ASOJOD queremos comentar. Se trata de la iniciativa del Movimiento por un Estado Laico, que procura modificar los artículos 75 -confesionalidad del Estado- y 194 -juramento constitucional- de nuestra Constitución Política.

En primer lugar, consideramos que se trata de un excelente esfuerzo por impregnar de racionalidad a la vida política costarricense y por separar, definitivamente, a la Iglesia y al Estado. San Agustín, en su escrito "La ciudad de Dios" hablaba de las dos espadas: la temporal, que estaba en poder del Emperador, y la divina, en manos del Papa, para referir, aunque fuera de una manera arcaica, la separación entre ambas entidades. A pesar que, en el fondo, esa disquisición agustina no fue más que una forma solapada de justificar las luchas de poder entre Papado e Imperio, resultó en un interesante aporte dentro de la Teoría Política que, para algunos pensadores, fue el punto de partida para iniciar la reflexión acerca de la conveniencia o no de que ambas "espadas" estuvieran en manos de la misma persona. Desde mediados del siglo XVI, comenzó en Europa un pequeño pero constante movimiento filosófico orientado a consolidar esa separación, primero con las luchas de los diferentes grupos religiosos para lograr reducir la injerencia de la Iglesia Católica en los destinos políticos de los estados-naciones que comenzaban a formarse y cristalizándose posteriormente con el influjo liberal de los siglos XVIII y XIX que garantizó la libertad de culto y la salida de la Iglesia de muchas áreas (administración de cementerios, educación, legalización del divorcio, etc) en muchos de los países.

A partir de eso, en las últimas décadas, los individuos de diferentes naciones han venido tomando la decisión de eliminar la confesionalidad del Estado, dando un paso importante hacia la libertad de culto y la sensatez política. Hoy día, Costa Rica es de los poquísimos países donde existe una religión oficial, siendo esta una muestra del anacromismo y el conservadurismo que caracteriza a nuestra cultura.

Por eso, en ASOJOD consideramos muy positivo que se abran las puertas a esta posibilidad, pues ya es hora que, de una u otra manera, se saque a la Iglesia Católica del manejo político del país. Esto porque la libertad de creencia ―y de no creencia inclusive―sólo puede darse cuando existe un Estado laico, ya que es la única forma de asegurar la igualdad jurídica. Cuando, en el seno de la organización político-jurídica, no existen preferencias irrazonables a favor de un grupo específico, sino que el mismo se erige como neutral y equitativo en su trato hacia los individuos, posiciones, creencias, valores, visiones de mundo y otros, es cuando se puede hacer efectiva una real libertad de creencia.

Pero también porque sin la confesionalidad del Estado, se acaba la estupidez de trasladar los recursos de los tax payers -independientemente de si comparten o no el credo católico- para financiar a esa Iglesia. En este año, el Estado aportó ¢244 millones para la Iglesia y para el año próximo, tal cifra aumentará hasta los ¢322 millones. Esto, indudablemente, es una aberración, pues implica hacer de unos los medios para que otros alcancen sus fines, principio que en ASOJOD hemos rechazado vehementemente.

Hay aún más razones para apoyar esta iniciativa, como lo es, por ejemplo, la ridiculez que resulta, en términos conceptuales y lógicos, la confesionalidad. El Estado no es una persona: no piensa, no habla, no come, no baila, no siente, no hace nada, porque es tan sólo una creación jurídica. En otras palabras, es una forma de organización política en que habitan una serie de individuos, todos ellos con diferentes criterios, opiniones, prácticas, pensamientos, intereses y valores. Como sólo esos individuos pueden tener una fe, lo que en realidad implica la confesionalidad es que la creencia de un grupo se imponga sobre las de otros grupos.

¿Qué significa esto? Que un conjunto de individuos se vale de su poder -político, económico, cultural, etc- para arrogarse la representación de todos en el pleno sentido de la palabra. O sea, hace uso de la falacia del todo, pretendiendo agrupar, bajo sus ideas, a un colectivo variado y plural, soslayando, sino aplastando, cualquier manifestación de disenso.

Esa situación está presente con la falacia ad numerum que alegan muchos católicos para justificar la confesionalidad. Aducen que, siendo que la mayoría de los costarricenses tiene esa denominación religiosa, resulta lógico que el Estado (el todo cohesionado y uniforme) tenga esa misma creencia. He aquí un elemento interesante: hacen pasar a la mayoría como un todo, cuando evidentemente, esto no es así. Y si eso no es suficiente, alegan que la mayoría, por su propia fuerza, tiene derecho a imponer lo que considere justo y deseable.

Un concepto como ese no puede más que generar el repudio departe de ASOJOD. La frase de Rand que adorna la parte final de nuestro blog, resume acertadamente uno de nuestros pilares fundamentales: "la menor minoría en la Tierra es el individuo". Como individualistas, rechazamos cualquier concepto holista, pero principalmente, negamos la validez de cualquier práctica tendiente a pisotear los derechos individuales, razón por la cual, jamás aceptaremos que la mayoría tenga el derecho de imponer medidas que violenten injustificadamente los tres elementos fundamentales de todo ser humano: su vida, su libertad y su propiedad privada.

Por eso no sólo estamos en contra de que se pretenda hacer pasar el criterio de unos (por más mayoría que sean) por encima de la posición individual, sino que también, condenamos el robo sistemático que ejecutan el Estado y la Iglesia cuando sustraen el dinero de las personas y lo utilizan en el mantenimiento de una fe que no comparten. Siendo así, apoyamos cualquier intento por sacar a dios, a la Iglesia -católica, evangélica, budista, taoísta, judía o cualquier otra- de la política. Quien quiera creer en esas cosas, que lo haga, pero que no pretenda hacer de su fe y su deidad, un parámetro para regular las relaciones entre individuos que no lo comparten.

No obstante, ya vemos que el camino que tendrá que recorrer este proyecto de ley será difícil: la Iglesia Católica ya ha salido amenazando a todo aquel político que respalde la iniciativa, levantando un polvorín y jugando con la ignorancia popular -al mejor estilo de la Edad Media-para preservar sus intereses a toda costa. Eso demuestra la influencia de la religión en la política costarricense, cuestión que ya hemos denunciado en ASOJOD como un verdadero peligro para la libertad y la sensatez del conjunto humano que habita en este país.

Nunca falta un idiota

Este martes, el periódico La Nación informa que el obispo de Cartago, Francisco Ulloa, pidió a los fieles no votar por los políticos que apoyan la eliminación de la confesionalidad del Estado. Pero la forma en que lo solicitó resulta increíble. En ASOJOD nunca habíamos visto que alguien demostrata ser tan idiota con tan sólo pronunciar una frase. Veamosla: "cuando un estado se vuelve ateo es capaz de cometer las peores injusticias y las más bajas aberraciones. De esto es testigo la historia”."

Si dios existiera, una cosa es cierta: que no no ha cumplido con las peticiones de iluminación que debe hacerle Ulloa, pues estupideces como esas no pueden resultar más que hilarantes. En primer lugar, el obispo no ha caido en cuenta que el Estado no se puede volver ateo porque no es una persona: el Estado no siente, no piensa, no cree, no baila, no come, no habla. El Estado no es otra cosa que un conjunto de individuos agrupados de determinada forma jurídico-política.

En segundo lugar, Ulloa olvida que varias de las más grandes aberraciones de la historia se han cometido en nombre de dios. Los europeos que "evangelizaron" América, no sólo exterminaron a los dioses indígenas, sino también a los creyentes; las guerras religiosas en el Viejo Continente fueron ejemplo de las más burdas carnicerías divinas. Hitler invocaba a dios cuando sacrificaba judíos. Y ni qué decir de la Inquisición, creación de la Iglesia Católica que terminó en el exterminio sistemático de todo aquel que, arbitrariamente, fuera tildado de hereje. Definitivamente llevaba razón Anhouill cuando decía que lo maravilloso de las guerras es que cada bando se cree el ungido por dios para matar en su nombre.

Lamentablemente, con la presentación del sensato proyecto para eliminar la confesionalidad del Estado -que ha resultado una bocanada de aire fresco en cuanto a la racionalidad en nuestra vida política se refiere- se ha convertido en un mecanismo para tomarle el pulso a las posiciones que genera. La de los fanáticos, irracionales, idiotas y necios como este prelado, son las que más nos hacen lamentar que todavía, en pleno siglo XXI, nunca falte un idiota.

En definitiva, a veces hay que reir para no llorar.

Libertad religiosa para todos

Un artículo mío del 18 de setiembre desató una cadena de comentarios de quienes afirman o niegan la existencia de Dios, cuyo previsible resultado es que ninguno de los bandos convence al otro. Confío, aun así, en que lo que voy a decir sea de completa satisfacción para todos.

Lo bonito de la libertad (religiosa y de expresión) es, justamente, que haya espacios para debatir sobre el tema, aunque el resultado sea quedar de acuerdo en seguir en desacuerdo. Lo que muchos no perciben es que disfrutar esa posibilidad no ha sido constante a través de la historia. Ha habido –y hay– lugares y épocas en que discutir sobre si Dios existe puede poner en peligro la vida o la libertad. En pleno siglo XXI, hay países donde quienes escriben para defender a su Dios (¡y ni hablar de los que escriben para lo contrario!) se ven perseguidos y agredidos por autoridades políticas o por fanáticos. En consecuencia, los dos bandos (creyentes y escépticos), al menos deberían coincidir sobre la importancia de preservar y profundizar el derecho de discutir libremente a favor de su punto de vista.

¿De quién debemos defender la libertad de creer o no creer? Por un lado, del Estado; y, por otro, de los demás.

Importante separación. En cuanto al Estado, no debe haber duda del peligro de que el poder político utilice sus recursos (materiales o jurídicos) para influir sobre el derecho de las personas a decidir libremente sus convicciones religiosas. Basta con mirar a los regímenes teocráticos de ayer y de hoy, o a los que han hecho más bien de la antirreligiosidad su programa de gobierno, para apreciar la importancia de mantener separados Estado y religión. En un régimen de libertad, decidir sobre las propias creencias debe ser un derecho soberano de cada persona, sin injerencia de la autoridad.

En cuanto a los demás, es similar: nadie debe sufrir presión (de familia, amigos, vecinos, compañeros, etc.) para adoptar o cambiar sus convicciones. El derecho de practicar o no un credo religioso termina donde empieza el de los demás a hacer lo mismo. Aquí la intervención del Estado sí se justifica, sin terciar a favor o en contra de alguna posición, para proteger la posibilidad de que cada uno tome su decisión y luego la practique sin estorbo.

¿Qué impide que esto, a pesar de lo razonable que suene, sea plena realidad en Costa Rica? Para comenzar, el artículo 75 de la Constitución, que asigna al Estado una confesión y lo autoriza a aplicar recursos públicos para favorecerla. Si usted es católico, seguro no querría que sus impuestos favorezcan –digamos– el culto de Buda. Pues eso mismo sienten quienes no son católicos –que, según algunos, podrían constituir casi la mayoría de la población– por el hecho de que el texto actual dispone ese favorecimiento expreso.

Respeto a cada uno. Por eso, creo que todos podemos coincidir en que la mejor manera de que se respete nuestra elección, sea la que sea, es que se respete la de todos por igual, sin favorecer o desfavorecer a nadie, sujeto –eso sí– a que la posición elegida respete los derechos humanos básicos (o sea, nadie podría tener derecho a practicar un culto que defienda la trata de personas, el genocidio, etcétera).

En vez del absurdo y anacrónico texto actual, me parece que la Constitución podría decir así:

“Artículo 75.- Toda persona es libre de profesar un credo religioso compatible con los derechos humanos, o bien de no profesar ninguno. El Estado velará por el respeto de esa elección, así como de la libertad de practicar actos de culto individualmente o en grupo, conforme a la ley, siempre que se respete el orden público y los derechos de terceros.

El Estado, sus instituciones y los funcionarios públicos –cuando actúen en calidad de tales– no podrán emitir actos o normas, destinar ninguna clase de recursos, manifestarse públicamente o realizar otras conductas que impliquen tomar partido a favor de un credo religioso en particular”.

¿No suena eso perfectamente razonable?

Por Christian Hess