viernes, 31 de octubre de 2014

Viernes de Recomendación

El día de hoy les recomendamos el siguiente video de Gloria Alvarez sobre la naturaleza del populismo y el daño que le puede hacer a las sociedades


martes, 28 de octubre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: conclusión

Sí, con esto ya concluyo mi serie de comentarios acerca del libro de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad. Precisamente aquél es el título de su último capítulo, pero que, en realidad, tan sólo era el final de un inicio de Friedman como un escritor asequible no sólo a los economistas profesionales, sino al gran público. Por ello, posteriormente fue que vimos sus columnas en la revista Newsweek, las que luego fueron recogidas en un par de libros populares, pero, ante todo, aquella obra escrita junto con su esposa, Rose, que ha sido tal vez la más popular de todas; me refiero a “Libre para Escoger”, escrito en 1980 y que incluso dio lugar a 10 videos que recorrieron gran parte de las pantallas de televisión en muchos hogares del mundo.

Me interesa darles una idea del alcance y oportunidad del pensamiento de Friedman. Hace un par de noches, veía en la televisión una reseña histórica de los acontecimientos durante la guerra fría -en este caso de los sesentas- y pude recrear lo que fue común en mi época de estudiante de economía en los Estados Unidos, a mediados de aquella década: enormes protestas, principalmente de estudiantes en edad de ser reclutados por el ejército de ese país, para ir a la guerra en la lejana Viet Nam. La conscripción era cosa común y obligaba a servir al ejército a cualquiera que, en ese momento, fuera mayor de 18 años hasta, creo, unos treinta años. Era lógico que los estudiantes no querían ser soldados obligadamente, además, en ese caso particular, para ir a una lucha que no les parecía deseable, según sus creencias.

Pues bien, en la revista Newsweek del 19 de diciembre de 1966, en la cual Milton Friedman escribía una columna, creo que cada semana, señaló que “la conscripción militar es indeseable e innecesaria. Podemos y debemos disponer de los hombres para nuestras fuerzas armadas con voluntarios –como la han hecho siempre los Estados Unidos excepto en las grandes guerras… nuestro método actual (de reclutamiento forzado) es injusto, da lugar al desperdicio y es inconsistente con nuestra sociedad libre…no es equitativa porque hay consideraciones irrelevantes que tienen un gran peso en definir quién debe servir en el ejército. Provoca ineficiencia debido a que aplaza el servicio militar para quienes están estudiando, padres o jóvenes casados abarrotan las universidades, eleva la tasa de nacimientos y aviva las cortes especializadas en divorcios. Es inconsistente con una sociedad libre, pues exige el servicio obligatorio de algunos y limita la libertad de otros para viajar al extranjero, que emigren o que incluso que hablen o actúen libremente. En tanto que se mantenga la coacción, esos defectos son inevitables… (Milton Friedman, “A Volunteer Army,” An Economist’s Protest, New Jersey: Thomas Horton and Co., 1972, p. 119. El texto entre paréntesis es mío). 

Cuando al fin se aprobó eliminar el reclutamiento obligatorio -como lo había propuesto Friedman, entre otros- casi que se extinguieron las protestas estudiantiles en contra de la guerra en Viet Nam. Es claro que no se puede adjudicar la decisión de abolir el alistamiento obligatorio a lo que Friedman señaló en aquel comentario, tal como en otros, al abogar a favor de la libre y voluntaria participación en los ejércitos, pero no tengo duda de que él estaba en la línea correcta y en el momento oportuno.

Friedman empieza este capítulo final refiriéndose a la práctica usual en la conversación, por la cual se compara un capitalismo real, con todas las injusticias y defectos que se le puedan adscribir, con un socialismo puro y perfecto, que sólo es posible en un mundo ideal. Eso, en su opinión, fue la causa de que muchos intelectuales a partir de los años veinte y treinta del siglo pasado, se acercaran hacia un socialismo que no sólo evitaría injusticias, sino que también predicaba que brindaría un mayor crecimiento económico, aunque para ello fuera necesario recurrir a gobiernos todopoderosos, que controlaran la vida económica y política de las naciones. 

Friedman indica que “Las actitudes de aquella época están aún con nosotros. Persiste una tendencia a vislumbrar cualquier intervención existente del gobierno como si fuera algo deseable, de atribuir todos los males al mercado y de evaluar cualquier propuesta de control gubernamental en su forma ideal, como que pudiera funcionar si tan sólo fuera puesta en práctica por personas capaces y desinteresadas, libres de la presión de intereses de grupos especiales. Los proponentes del gobierno limitado y de la libre empresa aún hoy están a la defensiva. (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 197).

Esa observación expresada a finales de los años sesentas del siglo previo, podría haber sido aplicada a la actualidad, pues aquella visión, trasladada al 2014, sigue vigente, a pesar de que, en mi opinión, se hayan dado acontecimientos cruciales como la caída del imperio socialista soviético. Ella, si bien ya mostraba un deterioro gradual de su economía y la de los países que integraban ese bloque político, e incluso fuertes tendencias independentistas de naciones que con anterioridad eran pilares de dicha alianza, no sucedió sino hasta el 26 de diciembre de 1991, cuando formalmente dejó de existir la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Uno de sus grandes efectos fue el abandono casi generalizado de las previas políticas socialistas causantes del deterioro de aquellas economías.

Asimismo, el mundo capitalista, a veces a saltos y a brincos, ha logrado ampliar enormemente la riqueza de la humanidad, de manera que no pareciera existir un modelo económico actual que consistentemente y con  base en sus fundamentos, pueda competir con los logros de los sistemas de mercado. La globalización del capitalismo se ha visto evidenciada por el impulso y ampliación de las economías basadas en sistemas de mercado y esencialmente por elementos propios del capitalismo, como son la propiedad privada y la libertad de empresa, en mayor o menor grado en distintos países.  Ejemplo notable es el enorme cambio económico de China, al hacer un fuerte abandono del socialismo en el campo económico y evolucionar hacia instituciones mucho más cercanas a las que son propias de un orden de mercado.

En la actualidad son pocos los países que prosiguen un socialismo duro, caracterizado por una tendencia a la toma centralizada de decisiones económicas, como podrían ser Corea del Norte, Cuba, Bielorrusia y, de acuerdo con algunos, con los cambios antes citados, China, Viet Nam y Laos. Hay otras naciones que también podrían considerarse que en la actualidad prosiguen políticas hostiles a los mercados, como, por ejemplo, Venezuela y Siria, entre otros. Pero claramente aún distan mucho de las características de las economías del área de influencia de la Unión Soviética, propias de los años en que Friedman escribió Capitalismo y Libertad, como fueron Afganistán, Albania, Alemania del Este, Angola, Benín, Bulgaria, Cambodia, Congo, Checoeslovaquia, Etiopía, Hungría, Mongolia, Mozambique, Polonia, Rumanía, Somalia, Yemen del Sur y Yugoeslavia, además de, por supuesto, la propia Unión Soviética.

En la actualidad aún permanece una fuerte inclinación hacia medidas socialistas no tanto en cuanto a la prosecución de un sistema económico de planificación central, sino en la preferencia y apoyo a la intervención del gobierno comparado con la operación del mercado, como medio para resolver diversas situaciones concretas de índole económica. Por ello me llama la atención la advertencia que hizo Friedman de que las condiciones han cambiado, pues “ahora tenemos varias décadas de experiencia con la intervención gubernamental” (Ibídem, p. 197). La realidad es que aún dicha inclinación sigue teniendo vigencia plena en la fecha en que escribo estos apuntes, a pesar de lo que Friedman nos indica para 1967, cual es que “ya no es necesario comparar al mercado tal como opera en la realidad con la intervención gubernamental tal como funcionaría idealmente. Ahora podemos comparar lo real con lo real.” (Ibídem, p. 197). Esta última aseveración debería de haber provocado el abandono del socialismo a partir del contraste de la forma en la cual, en realidad, operan ambos sistemas.

No obstante, creo que aún sigue siendo muy útil poder hacer lo que el libro Capitalismo y Libertad nos permite: cotejar la actuación real de los mercados con la intervención socialista de los gobiernos, de manera que, si podemos comparar ambas realidades, como dice Friedman, “es claro que la diferencia entre el funcionamiento real de los mercados y su operación ideal -aunque indudablemente es grande- no es nada, comparada con la diferencia que hay entre los efectos reales de la intervención gubernamental y sus efectos esperados.” (Ibídem, p. 197).

Friedman plantea dos preguntas que vale la pena repetir, pues veremos si tienen sustento en el caso de los Estados Unidos, que es a lo cual él se refiere: “¿Cuál, si es que alguna, de las grandes ‘reformas’ de décadas pasadas ha logrado sus objetivos? ¿Se han hecho una realidad las buenas intenciones de los proponentes de estas reformas? (Ibídem, p. 197). Describiré, con algún orden, las respuestas de Friedman:

1.- “La regulación de los ferrocarriles para proteger al consumidor, se convirtió rápidamente en un instrumento por el cual los ferrocarriles se defendieron de la competencia que pudiera surgir de parte de nuevos rivales –por supuesto que a expensas de los consumidores.” (Ibídem, p. 198).

2.- “Un impuesto sobre la renta, inicialmente promulgado con tasas bajas y que luego fue cogido como medio para redistribuir ingresos en favor de las clases más bajas, se ha convertido en una máscara, encubriendo privilegios tributarios y disposiciones especiales, que han dado lugar a tasas impositivas que, aunque en el papel son altamente escalonadas, resultan ser ineficaces. Un impuesto sobre la renta que pretendió reducir la desigualdad y promover la difusión de la riqueza, en la práctica ha impulsado la reinversión de las ganancias de las empresas, favoreciendo con ello el crecimiento de grandes corporaciones, inhibido la operación de los mercados de capitales y desalentado el establecimiento de nuevas empresas.” (Ibídem, p. 198).

3.- “Las reformas monetarias, puestas en marcha con la intención de promover la estabilidad de la actividad económica y de los precios, exacerbó la inflación durante y después de la Primera Guerra Mundial y, posterior a aquélla, fomentó un grado de inestabilidad mayor que el experimentado con anterioridad.” (Ibídem, p. 198).

4.- “Un programa agrícola que buscaba ayudar a agricultores indigentes y remover dislocaciones básicas en la organización de la agricultura, se ha convertido en un escándalo nacional que ha desperdiciado fondos públicos, distorsionado el uso de los recursos, sujetando a los agricultores con controles crecientemente intensos y detallados, interferido seriamente con la política exterior de los Estados Unidos y, con todo eso, ha hecho muy poco para ayudar al agricultor empobrecido.” (Ibídem, p. 198).

5.- “Un programa de vivienda pública diseñado para mejorar las condiciones de vivienda de los pobres, reducir la delincuencia juvenil y contribuir a la remoción de los tugurios urbanos, ha empeorado las condiciones de vivienda de los pobres, contribuido a la delincuencia juvenil y ha extendido el deterioro urbano.” (Ibídem, p. 198).

6.- “Una extensa legislación fue aprobada en favor de los sindicatos y para promover una ‘justa’ relación con ellos. Los sindicatos se engrandecieron con su fuerza. Ya para la década de los cincuentas, decir ‘sindicato’ se convirtió en una mala palabra; ya no era sinónimo de ‘trabajo’, algo que automáticamente se consideraba como propio de ángeles.” (Ibídem, p. p. 198-199).

7.- “Se promulgaron leyes para que la recepción de ayuda se convirtiera en un derecho, eliminando la necesidad de un alivio directo y de amparo. Hoy millones reciben beneficios de la seguridad social. A su pesar, crecen las listas para recibir ayuda asistencial y se incrementan las sumas gastadas en ella.” (Ibídem, p. 199).

8.- “La lista se puede aumentar fácilmente: el programa de compras de plata durante los treintas, los proyectos públicos de energía, el programa de ayuda externa en los años de posguerra, la F.C.C. (la Comisión Federal de Comercio), los programas de renovación urbana, los programas de acopio –estos y muchos otros dieron lugar a efectos muy diferentes de los esperados y por lo general totalmente antagónicos a los que se pretendieron.” (Ibídem, p. 199. El texto entre paréntesis es mío).

Friedman reconoce que si se han presentado excepciones, e indica las siguientes que son un reconocimiento de la capacidad de los gobiernos para comandar recursos enormes: “Las supercarreteras que entrecruzan al país”; “represas portentosas abarcando enormes ríos” y “satélites orbitando” la tierra. (Ibídem, p. 199).

También señala otros: “El sistema de escuelas que, con todo y sus defectos y problemas, ha posibilitado un adelanto mediante la puesta en marcha de un más efectivo juego de las fuerzas del mercado, ha ampliado las oportunidades disponibles para la juventud estadounidense y ha contribuido a la extensión de la libertad”; “las leyes antimonopólicas Sherman, con todos los problemas de su administración detallada, por su misma existencia han promovido la competencia”; “medidas de salud pública han contribuido reduciendo enfermedades contagiosas”; “medidas de asistencia han aliviado la miseria y el peligro”; “gobiernos locales a menudo han provisto instalaciones esenciales para la vida en comunidades”; “se ha conservado la ley y el orden, aunque en muchas ciudades grandes el desempeño de esa función básica del gobierno ha estado muy lejos de ser satisfactorio.” (Ibídem, p. 199).

“Pero,” dice Friedman, “si se hiciera un balance, hay poca duda de que el récord es deprimente. La mayor parte de las empresas impulsadas por el gobierno en las últimas décadas han fracasado en lograr sus objetivos. Los Estados Unidos han continuado progresando; sus ciudadanos han estado mejor alimentados, mejor abrigados, con mejores viviendas y mejor transporte; se han reducido las distinciones de clases y sociales; los grupos minoritarios están menos desfavorecidos; la cultura popular ha avanzado a pasos agigantados. Todo ha sido resultado de la iniciativa y empuje de individuos cooperando por medio del libre mercado… La mano invisible ha sido un impulso mayor para el progreso que lo que la mano visible lo ha sido para el retroceso.” (Ibídem, p. p. 199-200).

Para Friedman, el principal defecto de las medidas gubernamentales está en que “ellas buscan obligar a la gente, por medio del gobierno, para que actúen en contra de sus propios intereses inmediatos, a fin de promover un  presunto interés general… Sustituyen los valores de quienes están fuera del gobierno por los valores de quienes participan de él; ya sea algunos diciéndoles a los demás lo que es bueno o un gobierno que despoja a algunos para dárselo a otros. Esas medidas son contrarrestadas por una de las fuerzas más poderosos y creativas del ser humano –el intento de millones de individuos de promover sus propios intereses, de vivir sus vidas de acuerdo con sus propios valores… Los intereses de los que hablo no son simplemente estrechos intereses egoístas. Por el contrario, incluyen la totalidad del rango de valores que los hombres aprecian y por los cuales están dispuestos a sacrificar vidas y fortunas… Una virtud de una sociedad libre es que, sin embargo, permite que esos intereses tengan un alcance real y no los subordina a intereses estrechamente materialistas que dominan al grueso de la humanidad. Esa es la razón por la cual las sociedades capitalistas son menos materialistas que las sociedades colectivistas.” (Ibídem, p. p. 200-201).

Termino esta serie de comentarios, haciéndole ver a los amigos lectores que, para mí, ha sido un enorme placer el poder revivir ilusiones e ideas de años mozos, originadas por la lectura del libro de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, hace unos 50 años. Ese renacimiento de mi regocijo es el que he querido compartir con ustedes, mis amigos lectores.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 27 de octubre de 2014

Tema Polémico: Egoísmo disfrazado de solidaridad

Desde que el presupuesto del Gobierno Central de la República para el año 2015 llegó a la Asamblea Legislativa hace varias semanas para su aprobación se ha generado un riquísimo debate sobre el gasto público. Un grupo de diputados, liderados por el presidente de la comisión de asuntos hacendarios y diputado del partido oficialista don Ottón Solis, encontraron que este presupuesto que es un 20% más elevado que el del año pasado esta cargado de miles gastos superfluos y de aumentos desproporcionados muy por encima de la inflación esperada en programas e instituciones. Estos diputados se han encargado de atender el clamor de la mayoría de los ciudadanos que estamos cansados de que sigan incrementando cada día más los gastos públicos sin control alguno. Junto con la mayoría de ticos, aplaudimos que aun haya gente responsable que quiera resolver el problema de las finanzas del Estado por medio de un recorte de los gastos que, más que comprobado, ha sido el causante del enorme déficit. Lastimosamente tan solo se pudieron poner de acuerdo para disminuir un 1% del PIB en gasto de un total de un poco más del 20% del PIB. Se han quedado muy cortos definitivamente, por mucho.

Pero ni tan siquiera ese recorte es seguro, pues los estatistas liderados por el irresponsable de Luis Guillermo Solis se han dado a la tarea de revertir esos recortes por medio de populismo y mentiras. Nos han dicho que gracias a esos recortes los cen-cinai se quedarán sin dinero, los comedores estudiantiles de los más pobres sin comida, los fondos de becas para educación superior sin un cinco para los más necesitados. Hasta el mismo presidente se dejó decir en un tweet que los recortes aumentarán el riesgo de una epidemia de ebola en el país. Esto es definitivamente caer en lo ridículo. De un gasto público cercano a los 6.000.000.000 de colones, se quiere recortar menos del 5% (que en su mayoría son ahorros financieros que no disminuyen el déficit primario) y los estatistas nos anuncian un panorama casi apocalíptico. Nos tratan de idiotas.

Una cosa si podemos rescatar de todas estas palabrerías. Ha quedado en evidencia la verdadera naturaleza del estatista. Estos sin vergüenza prefieren dejar a niños sin comida y a estudiantes sin becas antes de tan siquiera pensar en disminuirse los beneficios salariales abusivos o las pensiones desproporcionadas. Estos falsos precursores de la solidaridad no son más que seres egoístas que tratan de sacar el máximo provecho individual con la riqueza de otros. Y cuando se les cuestiona ellos alegan que estos gastos son en beneficio de los más pobres. Mentira. Tenemos décadas de estarles dando plata para disminuir la pobreza y siguen sin bajar del 20% ¿Adónde va la plata entones? Al bolsillo de este montón de egoístas y desconsiderados. 

¿Y así nos quieren meter más impuestos? No puede ser que tanta gente siga cayendo en esta trampa.

martes, 21 de octubre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: el alivio de la pobreza

Nótese que Friedman no titula este capítulo de su libro Capitalismo y Libertad, con algo así como “la solución a la pobreza” o “cómo eliminar o suprimir el flagelo de la pobreza”, sino que propone claramente que la idea principal de este capítulo -el llamado impuesto negativo al ingreso y que explicaré de inmediato- serviría para aliviar o moderar el impacto negativo que aquella tiene sobre el bienestar de algunos individuos. 

Friedman empieza este capítulo con un recordatorio muy importante, basado en la evidencia empírica, de algo que en muchas ocasiones es simplemente despreciado o marginado por críticos del sistema capitalista de producción. Tengan presente, antes que nada, que su libro lo escribió en 1963, mucho antes del radical cambio experimentado en las condiciones de vida de naciones de oriente, tales como Hong Kong, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, China, Singapur, entre otras, en dónde más recientemente o apenas empezaban en aquel entonces, sistemas fundamentados en mayor o menor grado en los mercados libres. Por tal razón, su remembranza empírica se refiere a los países de Occidente, en donde, dice Friedman, su “extraordinario crecimiento económico experimentado... durante los últimos dos siglos y la extensa distribución de los beneficios de la libre empresa, han reducido enormemente en los países capitalistas de Occidente la extensión de la pobreza en cualquier sentido absoluto. Pero la pobreza es en parte un asunto relativo, y aún en estos países claramente hay mucha gente viviendo bajo condiciones que el resto de nosotros calificaría como de pobreza.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Op. Cit., 190).

Para él, la forma más apropiada de aliviar la pobreza es mediante la caridad privada e incluso trae a colación el hecho de que “los días del apogeo del laissezferianismo, a mediados y finales del siglo XIX en Gran Bretaña y los Estados Unidos, vieron una proliferación extraordinaria de organizaciones e instituciones privadas de caridad. Uno de los mayores costos debido a la extensión de las actividades del estado benefactor ha sido la declinación correspondiente de las actividades privada de caridad.” (Ibídem, p. p. 190-191).  Ciertamente un factor que a veces no es debidamente considerado en la discusión usual acerca de políticas sociales en busca de reducir la pobreza, es la sustitución que se ha provocado del libre ejercicio de la caridad privada por la acción compulsiva del estado.

Friedman acepta el argumento de que existe un factor de externalidad -la eliminación de una deseconomía externa- en el sentido de que uno estaría dispuesto a contribuir a eliminar la pobreza, en tanto que todos los demás también lo hicieran. Por ello, propone, “como si así lo fuera, un piso para el estándar de vida de todas las personas en una comunidad,” (Ibídem, p. 191), lo cual lo conduce de seguido a preguntarse en qué tanto y cómo habría que dedicar recursos para el alivio de la pobreza.
Con el objetivo de responder al “cómo”, considera que es indispensable que cualquier programa se dirija directamente a beneficiar a los pobres, en vez de hacerlo mediante el apoyo a grupos específicos. Tales son los casos frecuentes que se suelen promover o indicar por los políticos, de que dicha ayuda constituye un componente esencial de sus programas agrícolas, aranceles, pensiones para ancianos, leyes de salarios mínimos, permisos para el ejercicio profesional o de oficios, ayuda de vivienda, control de precios, en un casi interminable etcétera. Todo ello en formas de “ayuda” que se suele brindar a los miembros o afiliados de tales de organizaciones o grupos específicos, que están detrás de esas políticas, mas no como un paliativo dirigido a personas o a individuos que, como tales, específicamente lo requieren para aliviar su situación de pobreza. Asimismo, dice Friedman que, en tanto sea posible, ese programa de atenuación de la pobreza debe “operar por medio del mercado, sin que se le distorsione o impida su funcionamiento. Éste es un defecto que tienen las políticas estatales de fijación de precios de garantía o máximos, las leyes de salarios mínimos, los aranceles y similares.” (Ibídem, p. 191).

No sé si es algo original de Friedman, pero la discusión de su propuesta para lograr un alivio a la pobreza, conocida como el impuesto negativo al ingreso, ha sido bastante amplia. No señalaré en esta ocasión las particularidades de dicha oposición, sino que tan sólo me limitaré a hacer un breve y simplificado resumen de ella (para lo cual inventaré una cifra en colones que se me ocurre), a fin de interpretar su fundamento. Si suponemos que la exención básica mensual de impuesto sobre el ingreso es de ₡400.000, quien reciba tal salario pagaría 0% de impuesto sobre la renta. Si, por ejemplo, esa persona obtuviera un ingreso de, digamos, ₡600.000, entonces, pagaría el impuesto sobre el exceso de ₡400.000; esto es, el impuesto correspondiente a ₡200.000. Digamos que la tasa impositiva es de un 10%; esto es, pagaría mensualmente ₡20.000 de impuesto sobre la renta. En la propuesta Friedmaniana del impuesto negativo al ingreso, si el salario que percibe la persona es inferior a aquellos ₡400.000; supongamos, de ₡300.000, entonces, recibiría un subsidio en efectivo. Si se asume que la tasa de dicho subsidio es de un 50%, esa persona recibiría un subsidio o impuesto negativo en dicho caso de ₡50.000 mensuales. Si del todo no tuviera ingreso alguno, el subsidio para la persona sería de ₡200.000. 

Evidentemente, los números sencillos aquí presentados -el qué tanto de recursos se pueden dedicar a aliviar el problema, de lo que antes nos habló Friedman- están en función de si se tienen o no otras deducciones, tales como, por ejemplo, si hay esposa e hijos que no laboran en su familia, así como de cuál sea la tasa de subsidio que la comunidad considera puede destinar para ese objetivo. En todo caso, “de esta manera sería posible fijar un piso debajo del cual no podría caer el ingreso neto de una persona (definido ahora para incluir el subsidio)” –en este ejemplo sencillo sería de ₡200.000. (Ibídem, p, 192).

Friedman señala a las siguientes como ventajas de este sistema: (1) “está dirigido específicamente al problema de la pobreza”; (2) “brinda la ayuda en la forma en que es más útil para el individuo; esto es, en efectivo”; (3) “es algo generalizado y podría sustituir un montón de medidas destinadas a grupos específicos que ahora están en vigencia”; (4) “hace explícito el costo del programa que es cargado a la sociedad”; (5) “opera dentro de lo que es el ámbito del mercado”; (6) “reduce el incentivo para que aquellos que son beneficiados se ayuden a sí mismos, pero no lo elimina del todo, como sí sucedería con un sistema por el cual se complementan los ingresos en algún monto mínimo que se determine”; (7) “el sistema empataría con el actual de impuestos a la renta individual, con lo que se les podría administrar conjuntamente”; (8) “si se pone en marcha como sustituto del sinfín de medidas destinadas al mismo objetivo, el costo administrativo total con seguridad que podría reducirse.” (Ibídem, p. p. 192-193).

A su vez, señala que un grave problema de su propuesta lo constituyen las implicaciones políticas que tiene, pues “existe siempre el peligro de que, en vez de ser un acuerdo bajo el cual una gran mayoría está dispuesta a gravarse con impuestos a sí misma, a fin de ayudar a una minoría desafortunada, se convierta en uno en donde una mayoría impone, para su propio beneficio, tributos sobre una minoría que no los desea.” (Ibídem, p. 194). Esta declaración, que muestra la honestidad intelectual de Friedman, y que fuera parte importante de las críticas que posteriormente se le formularon (además de que su propuesta sería un incentivo para que la gente no buscara salir de la pobreza por sus propios esfuerzos), hace que Friedman nos confiese que, ante el hecho de que la propuesta hace tan explícito el comportamiento señalado con anterioridad y que, por tanto, ese peligro es mayor que con otras propuestas, no vea “otra solución a este problema más que descansar en la auto-restricción y la buena voluntad del electorado.” (Ibídem, p. 194).

Finalmente, en este capítulo Friedman formula una serie de apreciaciones sumamente interesantes acerca de la relación entre el liberalismo y el igualitarismo, que con gusto transcribiré. Considero que es esencial que sean más conocidas, dado que es común escuchar el calificativo que se les hace a los liberales, como “insensibles” ante el dolor y la miseria de los desafortunados. Friedman, en lo particular, demuestra que eso está muy lejos de ser verdad y él da fe de ello cuando justifica su planteamiento en favor del impuesto negativo al ingreso. Creo que el liberalismo en general lo hace cuando enfatiza su respeto por la individualidad y al abrir posibilidades para que los individuos puedan progresar en su búsqueda de la felicidad, según sea su libre valoración propia y no la impuesta por algo o alguien.

Friedman escribe que “el corazón de la filosofía liberal es su creencia en la dignidad del individuo, en su libertad para lograr lo máximo de sus capacidades y oportunidades de acuerdo con sus propias luces, sujeto tan sólo a la provisión de que no intervenga con la libertad para cualquier otro individuo de hacer lo mismo. En cierto sentido esto implica una creencia en la igualdad de los seres humanos; pero, en otra dirección, en su desigualdad. Cada ser humano tiene un derecho igual a ser libre. Este es un derecho importante y fundamental precisamente porque los seres humanos son diferentes, porque uno de ellos deseará con su libertad hacer cosas diferentes de lo que otros desean hacer con la suya, y en este proceso pueden contribuir, más que con algún otro, a la cultura general de la sociedad en que muchos de ellos viven.”(Ibídem, p. 195).

Lo anterior es clave para entender la diferencia tajante que hay, por una parte, entre la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, y, por la otra, de una igualdad material o de resultados. Dice Friedman que el liberal le “dará la bienvenida al hecho de que una sociedad libre tienda en efecto hacia la mayor igualdad, en comparación con cualquier otra forma tratada. Pero mirará a eso como una consecuencia deseable de lo que es una sociedad libre, pero no como la principal justificación de su existencia. Él le dará la bienvenida a medidas que promuevan ambas, la libertad y la igualdad –tales como serían medidas para eliminar el poder del monopolio y para mejorar la operación del mercado. Él apreciará la caridad privada dirigida a ayudar a los menos afortunados, como un ejemplo de un uso afortunado de la libertad. Y podrá aprobar la acción del estado para disminuir la pobreza, como un medio más efectivo cuando la gran mayoría de una comunidad puede lograr un objetivo en común. Sin embargo, esto lo hará con el dolor de tener que sustituir la acción voluntaria con una acción obligatoria.” (Ibídem, p, 195).

Friedman concluye este capítulo de su libro sin dejar de omitir la enorme diferencia que sobre este tema hay entre un liberal y un sujeto creyente en el igualitarismo, cuando nos dice, en relación con la decisión citada en ese último párrafo, que requiere su propuesta, que “También el proponente del igualitarismo llegará a tales límites. Pero querrá ir aún más allá. Defenderá quitarle a alguien para dárselo a otro, no como un medio más efectivo mediante el cual ese ‘alguien’ puede lograr el objetivo que desea, sino con base en ‘la justicia.’ En este punto es cuando la igualdad entra bruscamente en conflicto con la libertad; uno debe escoger. Uno no puede ser ambos, un igualitario en este sentido, y un liberal.” (Ibídem, p. 195).

Jorge Corrales Quesada

lunes, 20 de octubre de 2014

Tema Polémico: Ébola y libertad de tránsito

Quienes crean que el liberalismo es un recetario que se aplica dogmáticamente se equivocan. Si bien es cierto el liberalismo parte de un valor fundamental: la libertad, lo cierto del caso es que con el pasar del tiempo aparecen nuevas interrogantes y dificultades.

Sin duda alguna, una de las preocupaciones del mundo moderno que se ha instaurado gracias a la globalización es el tema de las enfermedades contagiosas y el libre tránsito de personas o fronteras abiertas. Particularmente, esta cuestión se ha debatido en los últimos días entre quienes abogan por restricciones en los vuelos y aquellos que las combaten, como formas para evitar el peligro del ébola.

Este debate a pesar de ser una variación moderna, no deja de tener una raíz profundamente clásica, a saber: los límites de la libertad individual. En este sentido, la pregunta del millón de dólares, es: ¿hasta dónde llega mi libertad frente a los derechos e intereses de otros individuos? ¿Qué límites son legítimos de imponérsele? ¿Cómo se ejercer responsablemente esta libertad y cómo se logra reducir las externalidades de nuestro actuar libre y voluntario?

Todas estas interrogantes son las que se plantean en el debate de fono de esta clase de políticas públicas. No nos interesa dar una respuesta categórica a un debate tan interesante en razón de los muchos matices que presenta, tan solo deseamos destacar como cuando se creen tener todas las respuestas surgen nuevos problemas.

martes, 14 de octubre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: medidas de bienestar social

Con tal nombre, Friedman nos brinda un nuevo capítulo de su libro Capitalismo y Libertad, en donde, al menos para el caso específico de la economía estadounidense, formula críticas a políticas gubernamentales que, bajo aquél título, son impulsadas por el estado para satisfacer un sentimiento humanitario e igualitario al cual ya se hizo mención en capítulos anteriores. Desde el inicio, es necesario reiterar que se refiere a todo un conjunto de políticas agrupadas bajo el título de “bienestar social”, como brindar vivienda pública, aprobar legislación para imponer salarios mínimos, brindar soporte gubernamental de precios, principalmente agrícolas, proveer cuidado médico a grupos específicos, otorgar programas especiales de ayuda, entre muchos otros.

Friedman discute acerca de algunos de los antes citados, que, si bien se trata de casos en los Estados Unidos, sus propuestas podrían ser de utilidad para valorar medidas “sociales” similares en nuestro país.

1.- El caso de la vivienda pública. Aclaro de entrada que, en Estados Unidos a diferencia de aquí, los llamados programas de vivienda en la época en que Friedman escribió el libro de referencia, se refieren a dar asistencia a grupos de bajos ingresos mediante alquileres de vivienda subsidiados, en construcciones usualmente de varios pisos o en bloques de viviendas. En la actualidad, se ha generalizado el uso sistema de “vouchers” (bonos o vales), por el cual la persona que lo recibe puede usarlo en el pago de alquileres de la vivienda en que desee morar y no en una de propiedad gubernamental, con un alquiler subsidiado. Además, las viviendas estatales con alquileres subsidiados ya no se edifican en complejos “monstruosos”, sino usualmente en pequeños grupos de vivienda e intercaladas entre desarrollos privados.

Dicho lo anterior, Friedman señala algo muy interesante, cual es que “un argumento frecuentemente formulado en favor de la vivienda pública se basa en un presunto efecto vecindad: se dice que tugurios, en particular, y otras viviendas de bajo costo, en menor grado, imponen costos mayores a toda la comunidad en forma de protección policíaca y contra incendios.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 178). A esos costos agregaría yo otro que es usualmente esgrimido, cual es que la presencia de tugurios afea todo un vecindario o un barrio. En todo caso, Friedman señala que si ese fuere el caso -llamado de externalidad negativa o de deseconomía externa- entonces se debería de gravar a quien la provoca; esto es, a los tugurios o similares, para disminuir su prevalencia. Pero aquí es donde entra el verdadero argumento detrás de la propuesta en favor de vivienda pública: que no se les puede gravar por ser habitantes de ingresos relativamente bajos, quienes deben ser ayudados por el estado.

Ante esto último Friedman alega que no se debería subsidiar el alquiler de la vivienda, sino que para las familias resultaría mejor un subsidio en efectivo, de forma que lo gasten en lo que consideren es lo mejor para reducir su estado de pobreza -en educación, en activos, etcétera- y no verse obligados a alquilar, porque es la única forma en que pueden recibir ayuda. Dice Friedman: “El subsidio en efectivo resolvería el problema del efecto vecindad (deseconomía externa o externalidad negativa) tan bien como lo haría el subsidio en especie (en vivienda o en servicios de vivienda), pues en caso de que no fuera usado en comprar vivienda, estaría disponible para pagar los impuestos extras justificados por el efecto de vecindad.” (Ibídem, p. 178. Los textos entre paréntesis son míos). La motivación para la intervención del estado en este caso no es más que simple paternalismo: que la gente pobre “necesita” más de servicios de vivienda que de otras cosas y, si actúan de otra manera, lo es porque o no gastan bien su dinero o debido a que no están de acuerdo con la presunción del paternalista.

Friedman señala resultados prácticos de esa política en los Estados Unidos, incluso muy diferentes a los pretendidos: “el número de viviendas destruido para construir las nuevas viviendas gubernamentales es mayor en el primer caso que en el segundo”, pero, al no reducirse el número de personas que deben ser alojadas, el resultado es que “haya aumentado el número de personas por cada unidad de vivienda”. Además, de que “estimuló el surgimiento de grupos de interés… que fueron aquellos grupos locales ansiosos de que se quitaran aquellas secciones en mal estado y que fueran renovadas, ya sea porque allí poseían propiedades o porque el deterioro urbano afectaba sus distritos dedicados a los negocios.” (Ibídem, p. 179).

En el caso de Costa Rica, el programa llamado bono de vivienda le brinda recursos a gente, presuntamente de bajos recursos, la cual no tiene vivienda y desea adquirir un lote o una casa para construir o vivir en ella. Entre los problemas encontrados es que no es tan fácil controlar que un beneficiario del programa no cambie su situación civil -esto es, que se divorcie- a fin de que, además del otro miembro de la pareja que ya tiene dicho beneficio, el otro pueda hacer lo mismo. Existe también la posibilidad de que un hijo genere ingresos y viva en una familia que ya posea el bono, quien por lo tal se vería legalmente imposibilitado de adquirir su vivienda. Para obtener una nueva casa subsidiada podría abandonar su hogar original, calificar entonces para obtener otro bono y luego regresa -dueño del nuevo bono- al hogar de donde originalmente salió. Lo que quiero resaltar es que la práctica el control del abuso es muy difícil sino imposible de lograr.

Además, alrededor de ese programa de “ayuda social” han surgido otros beneficiarios no esperados y a quienes como personas no se les deseaba favorecer. Casos son, por ejemplo, empresas desarrolladoras y constructoras de viviendas que obtienen una fuente de liquidez gratuita para sus operaciones normales y esperadas, así como grupos, más o menos informales, los que se encargan de hacer gestiones de potenciales beneficiarios ante las autoridades gubernamentales, cobrando luego a los adjudicatarios un porcentaje del monto que les fue otorgado como ayuda.  Asimismo, es común ver a políticos y a sus agrupaciones, otorgando bonos a personas a cambio de que después voten por ellos, a fin de ser electos para cargos públicos de elección popular.

2.- El caso de legislación de salarios mínimos. No hay duda de que en muchos países, incluido el nuestro, mucha de la legislación de salarios mínimos es aprobada como una manera de aliviar o solucionar casos de pobreza. Pero, personas bien intencionadas como sus proponentes, podrían darse cuenta de que, en vez de reducirla, la legislación de salarios mínimos usualmente conduce a que aumente la pobreza. Cuando se pasa una ley de ese tipo, equivale a decirle al empleador que ahora contrate mano de obra a un precio mayor que el precio (eso es lo que significa un salario mínimo). El resultado no previsto es que, si al empleador le aumenta el costo de algo que utiliza en su proceso productivo, tenderá a reducir lo que gasta en él.  Es decir, tenderá a despedir gente, lo cual sí va a causar pobreza, en mucho porque las personas que anteriormente ganaban los salarios menores, son las que relativamente carecían de experiencia o que eran apenas marginalmente productivas y, por tanto, van a ser las primeras en perder su empleo. Ello porque el valor de la producción a que dan lugar es menor que el costo en salarios ahora más elevados que hay que pagarles. Es cierto que quienes queden empleados, podrán ahora quedar recibiendo sueldos mayores, pero los que fueron despedidos, quienes antes ganaban un salario, ahora no ganarán sueldo alguno. Entre otros quienes usualmente se verán afectados por una legislación de salarios mínimos por encima de los de mercado -entre los que serán despedidos de “primeros”- están las mujeres jóvenes, pues la posibilidad mayor de un embarazo interrumpe su proceso de adquisición de experiencia en la empresa, al igual que personas de grupos minoritarios (ampliando con esa medida de salarios mínimos todas las odiosas posibilidades de discriminación). Pero también tenderán a perder el empleo los jóvenes recién ingresados a la fuerza de trabajo. En adición, no debe dejarse de lado la posibilidad de que aquellos, atraídos por la posibilidad de obtener un salario mayor en una actividad que paga un salario mínimo más elevado, abandonen otro trabajo que tenían o el ocio previo, a fin de buscar un empleo “mejor pagado” al mayor salario mínimo, pero no encuentran demanda por ellos (estos son los llamados trabajadores entrantes frustrados).

Friedman resume esta parte de su libro, señalando que “una gran parte del apoyo para la aprobación de leyes de salarios mínimos, surge de personas desinteresadas de buena voluntad, pero también de partes interesadas.” (Ibídem, p. 181). Ejemplos de ello son grupos sindicales de un país relativamente rico, los cuales exigen, en el marco de un acuerdo de libre comercio, que el país pobre imponga salarios mínimos altos a los trabajadores de su país (sueldos mínimos posiblemente comparables a los de aquel país más rico). Aquellos grupos sindicales de naciones relativamente más ricas lo hacen porque, sin tal imposición, su nación importaría bienes y servicios del país en donde los sueldos son relativamente más bajos, con lo cual caería el empleo en su país de origen. Es tan sólo una manera de evitar la competencia. Otro ejemplo es el de grupos sindicalizados, quienes con su poder mantendrán a sus asociados obteniendo los mayores salarios mínimos, pero a su vez impiden que ingresen trabajadores más baratos a la empresa sindicalizada, que pondrían en peligro los empleos de los trabajadores ya existentes. Esto es, restringen la entrada de potenciales competidores.

3.- Precios de soporte a bienes agrícolas. En este caso la decisión política, de acuerdo con Friedman, se origina en la creencia de que los ingresos medios de las familias del sector agrícola son menores que la media del resto del país, pero la realidad de la procedencia de aquella decisión más bien parece surgir de la representación en exceso en el Congreso de los Estados Unidos proveniente de ese sector económico. Dice Friedman, que “los precios mínimos de soporte de los productos agrícolas no satisfacen el objetivo propuesto de ayudar a los agricultores…(pues), en primer lugar, los beneficios, si es que los hay, están en relación inversa a la miseria, pues se otorgan en proporción a la cantidad de producto vendido en el mercado… En segundo lugar, los beneficios a los agricultores derivados del programa de precios de soporte, si es que los hay, son mucho más pequeños que la cantidad total gastada en tales programas” (Ibídem, p. 181), Los principales beneficiarios más bien parecen ser quienes ofrecen capacidad de almacenamiento de los productos, así como los vendedores de insumos agrícolas. De hecho, los agricultores más bien son inducidos a gastar más en fertilizantes, semillas o maquinaria, que lo que harían de no existir tal programa. “Finalmente, aun lo que sobra de mayores ingresos sobre esos gastos adicionales, sobreestima el beneficio, pues un resultado del programa es alentar a que más gente permanezca trabajando en las granjas que la que alternativamente se habría quedado,” agrega Friedman (Ibídem, p. 182).  Asimismo, los programas de ayuda agrícola han requerido la imposición de cuotas a la importación de esos productos provenientes de otros lugares del mundo en donde son más baratos, con lo cual también se afecta a otras naciones, además de los consumidores domésticos.

En Costa Rica por mucho tiempo tuvimos programas similares, tanto de precios mínimos de soporte al agricultor, como precios máximos de venta al consumidor. El Consejo Nacional de Producción fue el responsable de esos programas, pero afortunadamente, además de una apertura al comercio internacional que si bien aún no es en el grado deseable, aquellos programas han sido casi abandonados. En especial, al dar lugar a enormes pérdidas al fisco y de bienestar al consumidor nacional. 

4.- El régimen de pensiones para ancianos y sus sobrevivientes. Friedman es un fuerte crítico del programa gubernamental de pensiones para ancianos y sus supervivientes, que en muchas cosas se parece a nuestro régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social (CCSS), al igual que otros regímenes de pensiones similares. Por ello, sus observaciones podrían ser útiles para tomar en cuenta ante los difíciles momentos que atraviesa este programa de la CCSS.

Para Friedman, ese programa se puede analizar bajo tres fundamentos: (1) “el requisito de que una gran cantidad de personas deba comprar anualidades específicas; esto es, la provisión obligatoria para asegurar la ancianidad.” (Ibídem, p. 183). En sencillo, que es obligatorio pagar cuotas a la CCSS (o a otros fondos de pensión parecidos) a lo largo de la vida laboral, para que, cuando sea el momento de pensionarse, se le devuelvan, más los intereses, como pagos mensuales de pensión.

(2) “El requisito de que esa compra de la anualidad sea adquirido de una entidad estatal; es decir, la nacionalización de la provisión de esas pensiones.” (Ibídem, p. 183). En Costa Rica es obligatorio para los trabajadores participar del régimen de pensiones de la CCSS (al igual que en otros regímenes gubernamentales similares). Recientemente se les dio la posibilidad a las personas de optar por un sistema complementario de pensiones; entre cuyos proveedores hay entes estatales así como privados. Sin embargo, debe notarse que una parte de este nuevo sistema es totalmente voluntario en cuanto a la cotización y a quién se le puede adquirir la pensión, ya sea una entidad pública o estatal, en tanto que otra parte de la cotización es obligatoria, si bien el cotizante puede escoger cuál entidad -pública o privada- administra su fondo de pensión. La proporción en que ese sistema complementario se divide entre la proporción del ingreso a cotizar que es totalmente voluntario y aquella que es obligatoria, depende de una serie de consideraciones de cada caso particular, por lo que no se pueden generalizar dichas proporciones

(3) “Es un esquema redistributivo del ingreso, en tanto que el monto cotizado más los intereses devengados sean diferentes de la pensión percibida.” (Ibídem, p. 183). Este es un tema objeto de amplia discusión pública en la actualidad en nuestro país, pues hay varios sistemas de pensiones estatales que evidentemente pagan lo que se podría denominar “pensiones de privilegio”, que no son sino aquellas para las cuales la cotización individual más los intereses devengados son mucho menores que el pago efectivo que se percibe. Además de las llamadas “pensiones juveniles”, que significa que la pensión se percibirá estadísticamente por más años de retiro y para lo cual no se cotizó lo suficiente a lo largo de los años laborados en los términos descritos anteriormente). 

El paso siguiente de Friedman consiste en preguntarse si cada uno de esos elementos puede ser justificado, empezando por el tercero: “la redistribución del ingreso”.

El primer efecto redistributivo se da de parte de quienes entran al sistema relativamente jóvenes en comparación con otros que entran más tarde. Los primeros recibirán menos en comparación con los últimos tan sólo por el hecho de haber cotizado por más tiempo. En el caso de Costa Rica, es posible que haya algún grado de transferencia de los cotizantes tempraneros hacia los tardíos, pero eso se ha evitado en algún grado porque, para obtener la pensión, se exige un mínimo de cotizaciones mensuales efectivamente realizadas. En todo caso, este esquema de redistribución es independiente de la pobreza o riqueza del beneficiario, y más bien, al ser usualmente sufragado con una tasa uniforme sobre la renta (el impuesto al salario es a una tasa igual, cualquiera que sea el nivel de ingreso), su peso es proporcionalmente mayor sobre aquellos de menores ingresos.

“El segundo efecto redistributivo surge debido a que es muy posible que el sistema del todo no esté auto-financiado.” (Ibídem, p. 184). Allá, al igual que aquí, el sistema funciona “bien” cuando son “muchos” los cotizantes y “pocos” los que se van pensionando: es la época del excedente. El problema surge después, cuando las obligaciones propias del sistema no pueden ser cubiertas con las reservas existentes (en esto tiene que ver mucho la llamada pirámide ocupacional o su ausencia), así como también por una laxitud política en cuanto a los beneficios de las pensiones. Actualmente en nuestro país este es un problema real, acerca del cual desde hace buen rato nos viene advirtiendo la Superintendencia de Pensiones, no sólo en relación con el régimen de la CCSS, sino de otros, que aparentemente están aún en una situación financiera más comprometida, como son, por ejemplo, el de pensiones del Poder Judicial y sobre otros del estado. Recuérdese que en nuestro país, además del régimen de pensiones de la CCSS, que es el de mayor cobertura en el país, existen muchos otros más que con compulsivos y no voluntarios, como son el de pensiones del Magisterio, el del Poder Judicial, el de ex presidentes y ex diputados de la República, el de Hacienda, el de telegrafistas y muchos otros más de similar naturaleza. (Varios de estos se suelen agrupar en lo que se denomina como Régimen de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional).

En lo que trata de la estatización de la provisión de pensiones, Friedman nos dice que “no hay razón para que se exija a una persona que adquiera su pensión de un sistema estatal” (Ibídem. P. 185) y que, por tanto, debería de permitirse que el individuo adquiera la suya, si así lo desea, en algún ente privado. Sabemos que, hasta hace poco, tal era la obligación en Costa Rica y sigue siéndolo bajo la CCSS y otros dentro del Régimen de Pensiones a Cargo del Presupuesto Nacional, pero al menos ahora se tiene algún grado de libertad al poder escoger el sistema de pensión en alguna entidad privada en lo que se conoce como el Régimen de Pensiones Complementarias. 

En todo caso, expresa Friedman que “en este caso, como en tantos otros, la libertad individual para escoger y la competencia de las empresas privadas para asegurarse de una clientela, promovería mejoras en los tipos de contratos disponibles y promovería la diversidad y variedad que satisfaga las necesidades de los clientes.” (Ibídem, p. 186). 

Friedman acepta que el sistema de pensiones sea mixto; es decir, del estado y las empresas privadas en competencia, cuando, refiriéndose a los defensores de los estados paternalistas o de bienestar, dice que “si ellos creen que el gobierno puede brindar un mejor servicio que el que hace el mercado, deberían de estar a favor de una entidad gubernamental que brinde esas pensiones en competencia abierta con otras entidades. Si están en lo correcto, prosperará la empresa estatal. Si no, el bienestar de la gente se habrá incrementado al permitir una alternativa privada.” (Ibídem, p. 187).

Dado lo expuesto, se llega a lo que Friedman considera es el tema clave; cual es el de “obligar a las personas a que utilicen parte de sus ingresos actuales para obtener una pensión en su edad futura. Ese puede ser el resultado del paternalismo que exhiben algunos, en donde “’nosotros’ sabemos más que ‘usted’ que es en su propio beneficio el que se prepare para su mayoría de edad en un grado mayor que el que haría voluntariamente; nosotros podremos no persuadirlo individualmente, pero podemos persuadir a un 51 por ciento o más (de los votantes o legisladores) para que obliguen a todos a hacer lo es en su propio bien.” (Ibídem, p. 187. El texto entre paréntesis es mío). 

De inmediato Friedman enfatiza que “aquellos de nosotros quienes creemos en la libertad, también debemos creer en la libertad de los individuos para cometer sus propios errores. Si un hombre con conocimiento prefiere vivir al día, usar sus recursos para el disfrute del momento, deliberadamente escogiendo una madurez en penuria, ¿bajo qué derecho podemos impedirle que no lo haga? Podemos dialogar con él, buscando persuadirlo de que está equivocado, pero, ¿estamos facultados para coaccionarlo de que no haga lo que él escogió hacer? ¿Es que acaso no existe la posibilidad de que él esté en lo correcto y nosotros equivocados? La humildad es la virtud distintiva del creyente en la libertad; la arrogancia es la del paternalista.” (Ibídem, p. 188). Francamente me parece una excelente argumentación en contra del paternalismo tan frecuente que uno observa en nuestra vida civil, de grupos tratando de imponernos lo que ellos consideran es lo correcto, distinto de lo que uno, que no es ni un niño ni un enajenado mental, le parece que no es lo apropiado y que, por tanto, prefiere, escoge, decide por, alguna otra cosa diferente de lo que el grupo de iluminados pretende imponer sobre la voluntad de las personas.

Friedman termina este capítulo con las siguientes palabras: “La compra obligatoria de una pensión por tanto ha significado grandes costos para tan poca ganancia. Nos ha privado a todos nosotros de nuestro control sobre una fracción importante de nuestros ingresos, requiriéndonos que la dediquemos a un objetivo en particular, la compra de una pensión en el futuro, adquiriéndola de una entidad gubernamental. Ha inhibido la competencia en la venta de pensiones y en el desarrollo de nuestros planes de retiro. Ha provocado el nacimiento de una gran burocracia que muestra una tendencia a crecer a partir de lo que se alimenta, extendiendo su alcance de un área a otra de nuestra vida. Y todo esto para evitar el peligro de que un poco de gente pueda terminar a cargo del público.” (Ibídem, p. 189).

Jorge Corrales Quesada

lunes, 13 de octubre de 2014

Tema Polémico: ¿Qué pasa con nuestra política exterior?

Han pasado cinco meses desde que inició la Administración del presidente Solís. Tiempo en el que hemos sido espectadores de un gobierno matizado por constantes contradicciones, sin claridad de objetivos en todas las vertientes que comprenden su quehacer. Desde el tema energético hasta la administración de los recursos públicos a través del presupuesto de la República, pareciera que con el gobierno del cambio (?) debemos prepararnos para vivir en el mundo de las contrariedades por los próximos cuatro años.

Una de esas zonas sombrías de la Administración Solís donde no existen respuestas, ha sido la de la política exterior. En el pasado “Informe de los 100 Días” la política exterior no ocupó un solo párrafo, una sola línea, ni una palabra, ni una sola idea. Simplemente fue ignorada. Así, más allá de los grandes postulados que describen nuestra imagen ante el mundo, nuestros grandes derroteros históricos en el escenario internacional como la proyección de un país verde, democrático, humanista y pacifista retomados en el reciente discurso del presidente Solís ante la Organización de Naciones Unidas, no pareciera descollar aún una línea que vaya a distinguir los trazos de la política exterior del presidente Solís. Más allá de su claro deseo de acercase a las naciones centroamericanas, aun nos preguntamos cuál será el signo de nuestras relaciones con Asia, Europa, Norteamérica y Suramérica, por solo citar algunos bloques; cuál será nuestro papel en instancia como la OEA, la Celac, la ONU, por solo mencionar algunos foros. 

Lo que si nos quedó claro desde el inicio fue la posición ambivalente de un presidente que 1. Nombró como su canciller a Manuel Antonio González Sanz, quien fue ministro de Comercio Exterior de la Administración Pacheco, y quien en su momento se confesó: (ser)partidario ferviente del TLC advirtiendo que (sin el TLC) "la inversión extranjera directa (IED) se irá a otros países; la inversión local de Costa Rica podría buscar donde "le caliente más el sol" y las reinversiones de empresas establecidas aquí se frenarían. Además, en este caso el país echaría a la basura todo el proceso de apertura comercial en el que viene desde hace más de 20 años y las reformas con ese fin "simplemente por una cabezonada". Mientras que 2. Nombra como embajador en Washington a Román Macaya, líder de aquél movimiento contra el TLC que en su momento dijo: La firma del TLC con Estados Unidos es una de las mayores estupideces de la historia de nuestro país

¿Vale decir, como lo indicó el ahora embajador Macaya, que estos son temas superados? ¿Será posible señalar que al canciller González, al embajador Macaya y al presidente Solís no los mueven las mismas visiones, los mismos valores sobre comercio exterior que defendían años atrás? ¿Cómo podemos creer que Román Macaya vaya a potencializar el TLC con Estados Unidos, cuando él no creyó en este instrumento ni en su agenda complementaria? ¿No podría interpretarse la designación de Manuel González, un canciller con un fuerte componente económico y comercial, como una movida deliberara para debilitar el papel de COMEX, PROCOMER y CINDE?

No se trata únicamente de las contradicciones en los nombramientos más importantes -nos preguntamos qué hace Juan Carlos Mendoza como embajador designado ante la Organización de las Naciones Unidas- sino además la ambivalencia de esta Administración en temas tan sensibles como la incorporación o no a la Alianza Pacífico o nuestro deseo de pertenecer a más organismos internacionales como OCDE.

Lo cierto del caso es que aún estamos esperando el anuncio de una estrategia de política exterior. Parece que el experto de política internacional, el analista conocedor de la realidad mundial aún se está guardando las cartas que nos digan cuál será la vocación de Costa Rica en el escenario internacional, durante los próximos años. 

viernes, 10 de octubre de 2014

Viernes de recomendación

Para esta ocasión, queremos compartir un interesante ensayo del célebre Frederic Bastiat, titulado "Fisiología de la expoliación", en el cual explica las formas en las que, en la sociedad moderna, unos pretenden vivir a costa de otros.

martes, 7 de octubre de 2014

La columna de Carlos Federico Smith: la distribución del ingreso

El siguiente capítulo del libro de Milton Friedman trata de “La Distribución del Ingreso”, tema que no sólo era objeto de polémica en aquella época a inicios de los sesentas cuando lo escribió, sino que históricamente siempre lo ha sido y continúa siéndolo en la actualidad. Por ello, creo que es importante conocer algunas de las principales propuestas formuladas al respecto por Friedman, no sólo porque pueden ser útiles en la actualidad, sino también porque considero que el desacuerdo y la polémica -principalmente política- continuará por mucho tiempo, pero en especial porque debería prevenir la introducción de medidas gubernamentales erradas, que de llevarse a cabo causarían un más daño mucho más grave que el que pretendieron subsanar.  

Comparto la opinión de Friedman, cual es que en muchos países abunda la creencia de que es deseable lograr una igualdad en los ingresos y que, para lograr ese objetivo, el estado debería de ser un partícipe activo. Esa creencia da lugar a que surjan dos cuestionamientos que deben ser respondidos: el primero acerca de la base ética para considerar si se justifica tal intervención del estado y, el segundo, si las medidas que para dicha igualación se han llevado a cabo, han tenido éxito en sus objetivos.

En cuanto a la primera interrogante, Friedman nos indica que “el principio ético que directamente justificaría la distribución del ingreso en un mercado libre es ‘para cada cual de acuerdo con lo que él y los instrumentos que posee, producen’… ello implícitamente depende de la acción estatal, (pues) los derechos de propiedad son asuntos de acuerdos sociales y de leyes.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, p. p. 161-162. El texto entre paréntesis es mío).

Friedman, de inmediato, se hace la siguiente pregunta: “¿Cuál es la relación entre aquél principio (señalado en el párrafo anterior) y otro que parece ser éticamente atractivo, como es el de la igualdad de trato?”... (su respuesta es que) “en parte los dos principios no se contradicen. El pago de acuerdo con el producto puede ser necesario para lograr una verdadera igualdad de trato.” (Ibídem, p. 162. Los textos entre paréntesis son míos).  Si una persona prefiere trabajar y otra “pasársela suave”, si a ambos se les diera el mismo ingreso monetario, parecería que hay una clara desigualdad. Otro ejemplo: si una persona prefiere desempeñar un trabajo más desagradable y que otros, por tal razón, no quieren desempeñarlo, debe de pagársele más por ello.  A estos casos los economistas los consideran como ejemplos de “diferencias igualadoras”, que no son sino la remuneración adicional que debe pagarse a una persona para que realice un trabajo indeseable, en comparación con otros trabajos que podría llevar a cabo. Friedman señala que “Mucha de la desigualdad observada es de este tipo. Las diferencias de ingreso monetario compensan diferencias en otras características de la ocupación o de la profesión.” (Ibídem, p. 162)

Asimismo, otra diferencia de ingresos surge en los mercados a fin de satisfacer el principio de “igualdad de trato”. Por igualdad de trato se entiende que situaciones idénticas o comparables no deben ser tratadas diferentemente y que diferentes situaciones no deben ser tratadas idénticamente. Las diferencias de ingresos se deducen de preferencias individuales en cuanto a gustos acerca de la incertidumbre, lo cual se refleja en sus elecciones de profesión, empleos, inversiones, ocupaciones, etcétera. Por ejemplo, la decisión que un joven toma de si estudiar canto y actuación, para terminar siendo tan exitoso como Elvis o Madona o Beyoncé, pero que también, como es bien sabido, puede resultar en totalmente lo contrario. Estas profesiones o actividades son muy riesgosas, pero podía haberse escogido ser un empleado público, en donde el riesgo y la paga son de esperar que sean menores que las de aquellas otras labores. El pago requerido por la asunción de riesgos es también un factor importante para explicar otras diferencias de ingresos: piense nada más el riesgo que corre un empresario o un inversionista al adquirir acciones, en comparación con uno que trabaja como empleado o que, respectivamente, invierte en bonos.

Para Friedman, la discusión acerca del tema de la desigualdad de ingresos se origina en gran parte en “diferencias iniciales de acervos o dotes, tanto de capacidades humanas como de propiedad. Esta es la parte que realmente plantea el tema ético.” (Ibídem, p. p. 163-164).  Ello porque, por lo general, se considera que “la desigualdad resultante de diferencias en las capacidades personales o por diferencias en riqueza acumulada por el individuo en cuestión, son consideradas como apropiadas, o al menos no tan claramente inapropiadas, como lo son las diferencias que resultan de la riqueza heredada.” (Ibídem, p. 164).

El razonamiento de Friedman para resolver el aparente dilema, en mi opinión, es claramente demostrado de dos maneras, en un plano comparativo circunstancial. Una, al cuestionar si un hijo que hereda genéticamente la habilidad de un padre (por ejemplo, como futbolista o cantante de ópera; un gran pie y una gran voz) y lo cual le proporciona elevados ingresos, debe ser tratado diferente de otro que hereda propiedad, que también hipotéticamente le genera rendimientos similares.

Me parece aún más contundente el segundo ejemplo que pone Friedman, cual es el de un padre que le puede heredar a un hijo una de las siguientes tres opciones (obviamente podrían ser muchas más): (1) darle una suma de dinero para que estudie una profesión; (b) heredarle un negocio o (c) crear un fideicomiso que le brinde al hijo un rendimiento. En cualquiera de ellas el hijo tendría mayores ingresos (supuestamente), pero en el primero el incremento sería visto como producto de su capital humano; en el segundo, de utilidades y, en el tercero, de riqueza heredada. Ante esto Friedman formula una pregunta clave: “¿Existe alguna base ética para distinguir entre estas tres categorías de ingresos?” (Ibídem, p. 164).

Luego expone que  “Finalmente, parece ilógico decir que un hombre tiene derecho a lo que produce gracias a sus capacidades personales o al producto de la riqueza que ha acumulado, pero que no tiene el derecho de pasarle su riqueza a sus hijos; decir que un hombre puede usar su ingreso para vivir una vida disoluta, pero no para dejárselo a sus herederos. No hay duda que esto último es una manera de disponer de aquello que él ha producido.” (Ibídem, p. 164).

Aún con estas razones, Friedman es intelectualmente honesto cuando de inmediato nos hace la siguiente advertencia: “El hecho de que estos argumentos en contra de la llamada ética capitalista no sean válidos, por supuesto que no demuestra que la ética capitalista sea aceptable. Encuentro dificultades para justificar ya sea su aceptación o rechazo, o para alegar en favor de cualquier otro principio alternativo. Eso me conduce al punto de vista de que no puede, por sí mismo, ser considerado como un principio ético; que, por tanto, deber ser contemplado como instrumental o como un corolario de algún otro principio, tal como el de la libertad.” (Ibídem, p. p. 164-165).

Es bueno explorar un poco el papel que desempeña la distribución del ingreso de acuerdo con el producto en un sistema de mercado. Para que este sistema, basado en el intercambio voluntario de las partes pueda funcionar eficientemente, es condición necesaria que el pago a los factores se lleve a cabo según sea su producto; esto es, sus resultados.  Simplemente, porque, en caso contrario -esto es, que no se perciba la totalidad del valor que se produce- el individuo no participará del intercambio voluntario, si lo que termina recibiendo es menor del valor de lo que ha producido. Pondré un ejemplo simplificado: estoy dispuesto a entrar a un intercambio con alguien a quien le entrego mi producto -digamos 10 mangos- a cambio de 20 chayotes producidos por esa otra persona. Si no se me permite recibir al fin de cuentas esos 20 chayotes a cambio de mis 10 mangos, digamos, que son tan sólo 15 chayotes por aquellos 10 mangos, entonces, no participaré voluntariamente de esta última transacción, que presuntamente se habría llevado a cabo en el primer caso, pues ambos supuestamente ganábamos con ella. Ahora, en la nueva transacción, no va a ser así, porque de mi parte yo ya no me beneficio con ella, como si sucedía para ambos en la situación inicial.

Claro que alguien -digamos el estado- puede obligar a que la transacción se lleve a cabo en los términos del segundo intercambio; esto es, hacer que la transacción deje de ser voluntaria y se haga compulsiva, obligatoria. Pero creo que es claro que nadie que es obligado, va a poner su máximo esfuerzo en hacer algo –tal vez excepto a punta de pistola, pero entonces estaríamos en una sociedad totalitaria. Como dice Friedman, “puesto de otra forma, la sustitución de la cooperación por la compulsión cambia la cantidad de recursos que estará disponible.” (Ibídem, p. 166). En otras palabras, si se altera la transacción en la cual las partes están dispuestas a participar libremente, provocará que disminuya la producción que se ofrecería en el mercado.

Aunque la función básica de asignación eficiente de recursos en una sociedad de mercado se logra mejor bajo la cooperación que por la obligatoriedad, no hay duda que aquella función “es difícil que sea tolerada sino es porque también se le considera que da lugar a una justicia distributiva. Ninguna sociedad puede ser estable a menos que exista un conjunto básico de valores que es impensadamente aceptado por la gran mayoría de sus integrantes. Algunas instituciones claves deben ser aceptadas como “absolutos” en vez de instrumentales. Creo que el pago de acuerdo con lo que se produce ha sido, y en gran medida lo es aún hoy, uno de estos juicios de valor o instituciones así aceptadas.” (Ibídem, p. 167).

Además del papel instrumental que juega la distribución de acuerdo con lo que se produce, a fin de asegurar una asignación eficiente de recursos sin que se tenga que acudir a la coerción, debe recordarse asimismo algo que se señaló en un comentario anterior, como era el papel que jugaba la desigualdad en la creación de un foco independiente de decisión distinto del poder del estado y que servía para balancear ese poder.  Igualmente, que  desempeñaba un papel fundamental en la preservación de la libertad ciudadana, al facilitar el surgimiento de “patrocinadores” de ideas o movimientos políticos que pretendan un cambio de gobierno. Pero también resulta ser esencial porque estimula el surgimiento de patrocinadores de nuevos productos y financistas de investigación de todo tipo. De igual modo, señala Friedman, porque “permite que la distribución surja impersonalmente sin la necesidad de una ‘autoridad’ –una faceta especial del papel general del mercado, de lograr una efectiva coordinación y cooperación sin coacción alguna.” (Ibídem, p. 168).

Implícito sin duda en lo que escribió Friedman, deseo referirme a la presunción de que es posible considerar como independientes, la una de la otra, las funciones de producir los bienes y servicios en una economía y la forma en que se distribuye ese producto. En el lenguaje simplista de un curso de Elementos de Economía, se habla de que la función esencial de una economía es la de resolver los problemas de qué, cómo y para quién producir. Para simplificar tomemos los dos primeros como uno sólo -el de la producción- y el último como el de la distribución.

John Stuart Mill fue un pensador muy importante en el siglo XIX. Fue un gran defensor de la libertad en sus libros “El Sometimiento de las Mujeres” y “Sobre la Libertad”, pero también desarrolló el tema de la relación que hay entre la producción y la distribución en una economía, lo cual le dio un respaldo intelectual a lo que hoy podríamos considerar como el socialismo democrático. Preocupado por la pobreza que observaba en su tiempo, desarrolló su tesis en su obra “Principios de Economía Política”. De acuerdo con Mill, lo que denominaba las leyes de la producción las consideraba como inmutables. Se refiere, por ejemplo, a la maximización de utilidades, la minimización de los costos, lo que uno podría considerar en lenguaje moderno, como la microeconomía  o teoría del sistema de precios. Pero, para Mill, el pago a los factores productivos -la distribución del producto- podía ser alterado a voluntad de la política. Para él, en tanto que las leyes de la producción no se podían variar, las de la distribución estaban sujetas a la manipulación que el legislador deseara. 

El problema con el análisis de Mill es que, al alterarse la distribución del producto también se perturbaban aquellas reglas de la producción, sólidas en su criterio por su condición de ser eficientes. Es decir, resulta que ambas funciones no eran  totalmente separables, sino que más bien resultan ser interdependientes. La distribución no era, como creía Mill, un problema tecnológico, de forma tal que, una vez que las cosas estaban allí, su disposición era la que la sociedad o alguien determinara. La distribución es esencialmente un problema económico: un asunto de precios y su relación con la producción es directa. El producto era esencialmente el que era porque la producción depende de su distribución y de los precios en el mercado y no de la voluntad humana individual o colectiva. En sencillo, es lo que Friedman indicó antes, de que si la persona no recibe lo que produce, preferirá dejar de producir o disminuir la producción de ese bien, pues no conduce al intercambio voluntario deseado de las partes (Ibídem, p. 166).

Si se afecta la distribución en un mercado competitivo, es de esperar que eso afecte la producción, al ajustar las personas su comportamiento en la creación de bienes y servicios. Y si el mercado conduce a un óptimo de producción (exceptuando por los casos de externalidades, bienes públicos y monopolios, antes mencionados), si se afecta la distribución asociada con ese nivel de producción inmejorable, hará que se logren producciones de inferior valor, que obviamente es menos deseada que la óptima.

Friedman procede a replicar, bajo el subtítulo “Hechos de la Distribución del Ingreso”, argumentos que señala se han mencionado, para dar a entender que el sistema capitalista de pago en función del producto conduce a una muy inequitativa distribución del ingreso. Sólo reproduciré la esencia de sus argumentaciones, si bien debe tenerse presente que tales aseveraciones se han basado en información estadística disponible en la época en que se escribió el libro (1962): (1) “entre más capitalista es un país, más pequeña es la proporción del ingreso que se paga al capital y mayor por los servicios de los seres humanos”; (2) “el capitalismo conduce a una desigualdad menor que sistemas de organización alternativos y ha disminuido notablemente la extensión de la desigualdad”; (3) “con el paso del tiempo el progreso económico logrado en las sociedades capitalistas se ha visto acompañado por una reducción drástica de la desigualdad” y “la principal característica del progreso y desarrollo durante el siglo pasado es que ha liberado a las masas del trabajo duro y agotador y les ha permitido disponer de productos y servicios que anteriormente eran monopolio de las clases altas, logrado sin que de manera correspondiente se haya disminuido la cantidad de bienes y servicios para los ricos. Aun dejando por fuera a la medicina, los avances de la tecnología han permitido, en su mayor parte, que las masas populares tengan a su disponibilidad lujos que con anterioridad estaban disponibles, en una u otra forma, sólo para los verdaderamente ricos.” (Ibídem, p.p., 168-170).

De acuerdo con Friedman, las medidas gubernamentales, al menos para los Estados Unidos, dirigidas a alterar la distribución del ingreso han sido el impuesto progresivo a los ingresos y los impuestos a la herencia, pero, su “impresión es que ambas medidas impositivas han tenido un efecto relativamente pequeño, aunque no desdeñable, en el sentido de disminuir la diferencia entre las posiciones promedio de los grupos de familias…” (Ibídem, p. 172).

Los efectos de las tasas impositivas progresivas se han disipado de dos maneras, una de ellas porque, si bien se han dirigido a alterar la distribución del ingreso post-impuestos, ha logrado que la distribución pre-impuestos sea más desigual, pues, al desalentar la entrada a ocupaciones que son altamente gravadas, que generalmente conllevan altos riesgos o desventajas no pecuniarias, lo que produce es un aumento de sus rendimientos. La segunda forma en que ha disminuido el efecto esperado, se debe a que la elevada gradualidad de las tasas ha motivado que se produzca legislación y regulaciones dirigidas a compensar dicha progresividad. Se refiere a los llamados huecos o resquicios tributarios (en inglés, “loopholes”), que incluso han hecho que la incidencia de los impuestos sea caprichosa y desigual. De aquí surge mucho del impulso en favor de sistemas impositivos sin deducciones, excepto las consideradas como básicas, lo cual ampliaría la base impositiva, pero sujeta a tasas bajas y uniformes.

Otro problema es que aquellos impuestos aprobados para reducir la desigualdad de los ingresos, han ocasionado que el impacto no sea tanto sobre la riqueza, sino en cómo llegar a convertirse en ricos. Al restringir el flujo de ingreso disponible por la vía de los impuestos, hace que dicho flujo no pase en su totalidad a engrosar la existencia de riqueza; esto es, a su acumulación. Es decir, el impuesto sobre la renta no reduce la riqueza de algunos, sino el consumo y el ahorro -o adición a la riqueza- de quienes son objeto de ese gravamen. (Imagínese que la riqueza es el agua contenida en una piscina, la cual es alimentada por un chorro de agua que sale de un tubo. El impuesto de la renta lo que hace es disminuir ese chorro; esto es, disminuye la capacidad de aumentar la riqueza y no reduce la riqueza en sí, que en el ejemplo era el agua contenida en la piscina. Por eso el impuesto sobre la renta es un impuesto a la posibilidad de enriquecerse y no al ser rico).

Finalmente, Friedman enfatiza que “hay una clara justificación para una acción social diferente de los impuestos para alterar la distribución de los ingresos. Mucha de la desigualdad actual se deriva de imperfecciones del mercado. Gran cantidad de éstas han sido creadas por la acción gubernamental o podrían ser removidas por la acción del gobierno. Hay todo tipo de razones para ajustar las reglas del juego para eliminar estas fuentes de desigualdad,” entre las cuales destaca los monopolios producidos por tarifas y regulaciones gubernamentales, así como ampliando el alcance y amplitud de la educación. (Ibídem, p. 176).

Medidas como las señaladas que el gobierno toma para alterar la distribución del ingreso, pueden ocasionar efectos aún más dañinos que como lo fueron decisiones que también ese gobierno ha tomado y que han conducido a esa distribución indeseable: “es otro ejemplo de la justificación de la intervención gubernamental en términos de presuntos defectos del sistema de empresa privada, cuando muchos de los fenómenos acerca de los cuales se quejan muchos defensores del gobierno grande, son más bien creaciones de los gobiernos, grandes y pequeños.” (Ibídem, p. 176).  

Jorge Corrales Quesada