Tema polémico: aumento del descontento social

Desde hace un tiempo atrás, venimos observando una creciente decepción ciudadana hacia la res publica, hacia la política y lo político. Una de las primeras señales es el aumento en el abstencionismo, que ha superado el 30% en las últimas elecciones y que se espera sea todavía mayor en las venideras. A esto se le debe agregar que se presentan más manifestaciones de descontento -protestas, bloqueos, marchas, huelgas- con más intensidad, más conflicto y más violencia. Desde hace varios años no vemos una sola de estas manifestaciones que no haya terminadocon algún conato de bronca, un encontronazo o un alboroto. 

Y la verdad, ya no culpamos exclusivamente a los asistentes a esos eventos. No se puede decir que solamente son unos pocos bochincheros transnochados que llegan a hacer destrozos por gusto, como años atrás. Ahora es un grupo enorme de ciudadanos molestos -y con mucha razón- por el accionar de los diferentes gobiernos que muestra en estas situaciones su descontento. 

Lo peor de todo es que esta creciente violentización de la protesta social, si nos permiten el término, viene siendo incitada por las últimas administraciones. Cada día surgen más noticias y temas que despiertan ese enojo ciudadano y los responsables, en lugar de hacer algo para calmar los ánimos, los incitan. El gobierno de Laura Chinchilla ha sido, sin duda, el principal responsable de este aumento en la molestia de los costarricenses pues, al igual que sus antencesores, ha estado marcado por escándalos y chorizos pero, a diferencia de ellos, no se ha preocupado nipor ocultarlos. A toda luz, salen los Procesos, las trochas, las platinas, los desórdenes en la Caja, los conflictos de interés con la carretera San José-San Ramón (donde Pedro Castro es cuestionado por, presuntamente, haber sido asesor de la empresa concesionaria OAS) o con las cámaras para medir la velocidad (donde Francisco Jiménez había sido vinculado como socio de la empresa a la que se las compraron), la verdadera red de cuido montada por doña Laura, donde sus allegados son protegidos a toda costa y la remosión, el castigo o el regaño brillan por su ausencia. Podríamos seguir anotando informaciones cuestionables que salpican a este gobierno pero nunca terminaríamos, por lo que invitamos al lector a continuar el recuento en su mente. 

Nos preocupa saber que frente a todos estos escándalos que día a día surgen, los responsables no hagan nada por detener el malestar. Ni juicios, ni investigaciones y, ni siquiera, declaraciones, como doña Laura que guarda silencio ante los cuestionamientos y esconde la cabeza, cual avestruz, para sortear el peligro. Ese mutismo, ese autismo político lo único que va a lograr es echarle más fuego a la caldera del descontento social y gracias a esa apatía, podríamos enfrentar serios problemas en el futuro.

La columna de Carlos Federico Smith: España, un camino sin rumbo

Escribo teniendo en mente a mi amigo Mario Quirós Lara, quien en un artículo en La Nación titulado “Política en bancarrota”, expresa algunas consideraciones en torno a lo sucedido recientemente en España, en donde miles de personas ocuparon plazas públicas para protestar contra los políticos y también en contra del desempleo. En mi opinión, dada la desarticulación de las protestas, muchos factores podrían estar jugando para explicar tal comportamiento, pero no comparto la apreciación de don Mario de que esos movimientos tienen gran similitud con lo que ha venido sucediendo en naciones del Medio Oriente.

Sabias fueron las palabras escritas por Hume en su ensayo de mediados del siglo XVIII “Sobre la Independencia del Parlamento”, contenido en su libro Ensayos Políticos (San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. p. 103-104). A lo expuesto por don Mario son hoy muy relevantes. Escribió Hume que

“Los escritores políticos han establecido como máxima que, al concebir cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones de la constitución, debería considerarse a cada hombre como un pícaro (bellaco o bribón se usa indistintamente) que, en todas sus acciones no persiguiese otro fin que el interés particular. Mediante este interés debemos gobernarlo, y haciendo uso del mismo, obligarlo a cooperar para el bien público…. Por lo tanto es una máxima política justa la de que debemos suponer que todo hombre es un pícaro, aunque, al mismo tiempo, resulte un tanto extraño que una máxima falsa de hecho, haya de ser verdadera en la política. Pero, para convencernos a este respecto, podemos pensar en que los hombres, generalmente, son más honestos en su calidad de particulares que en su condición de personas públicas, y que se esforzarán más por servir a un partido que cuando no se trate más que de su propio interés privado.” (El paréntesis es mío).

La impresión de don Mario acerca del engaño que suelen llevar a cabo los políticos, que ofrecen Nirvanas y terminan dándoles Hades, bien puede ser cierta, como claramente lo expuso Hume y si fuera que en la realidad no son unos bellacos, pues tratémoslos como tales a la hora de crear instituciones destinadas a proteger nuestras libertades. Nos ofrecen Nirvanas; nos ofrecen estados sociales de derecho, pero a la hora de las cosas lo que nos dan es Hades; destruyen “el Estado, la sociedad y el derecho”, como dice don Mario.

Esa reacción esperada y deseable contra la bellaquería, como la llevada a cabo por españoles de todas las edades, no es el único motivo que impulsa esa conducta. Ambicionan que se corrijan muchas cosas que juzgan como malas y no hay dada impropio en eso. El problema es que no sólo algunos de esos señalamientos ad hominem son difusos y poco claros, sino que las soluciones que suelen proponer, si bien veladamente, más bien exacerbarían muchos de los males que señalan. Por ejemplo, ante un paro en la sociedad española que llega casi al 20%, es esperable que protesten contra la falta de oportunidades, pero, en vez de formular propuestas que restauren el empleo en su nación, culpan de él al capitalismo, al neoliberalismo, al egoísmo, a la falta de garantía de conquistas que llaman “sociales”; en síntesis, a la plena vigencia, como el amor, aún en tiempos de crisis, del estado de bienestar que les debería continuar proveyendo, con relativamente poco esfuerzo, con poco trabajo, vacaciones abundantes y garantizadas, salarios muy encima de la productividad media del español, días feriados por casi cualquier razón imaginable, una vivienda “digna”, barata, financiada, educación y salud gratis, etcétera, y muchos otros goces “desde la cuna hasta la tumba”. Cómo si las cosas no tuvieran un costo; cómo que si alguien más no tendrá que pagar por esos goces de Europa.

No sé por qué, pero en algo me recuerda los años sesentas, cuando en medio de una vida sexualmente muy placentera, en medio de humos precisamente no de madera, fueron muchos quienes llegaron a creer que con tan sólo algunas pocas mantras, como “all you need is love” o “power to the people”, el mundo sería totalmente diferente al que despreciaban, pero que ciertamente les brindaba recursos para poder vivir el infortunio de la vida hippie. Querían más derechos, pero menor esfuerzo, dedicación y trabajo. Abogaban por eliminar el capitalismo, pero les encantaban las cosas que en última instancia les proveía satisfacciones y placeres bien sabrosones.

Este es parte del problema que hoy encara España. Es cierto que en mucho se debe a “los políticos”, pero también porque se han acostumbrado a la vida regalona de sólo exigir y tener derechos y no referirse a que para ello se requiere cumplir con ciertas obligaciones tal vez indispensables. ¡Si lo que España requiere para salir de su crisis es más capitalismo! ¿Acaso no pueden echar una miradita al lado y ver como la Alemania capitalista progresa y sale de la crisis, en tanto que España cada vez se hunde más? Si el villano de la película es el capitalismo, ¿por qué Alemania prospera y España se asoma al abismo? Me parece que hay una falta de aprecio ancestral por instituciones capitalistas, como la empresa, la creatividad, la frugalidad, el ahorro, el esfuerzo, la productividad. Se busca una ilusa igualdad de hecho, mal entendida pero emotivamente apreciada y anhelada, en vez de una igualdad ante la ley. Esto último lo proclaman muchos de los manifestantes. Como solución ante tanta “injusticia”, quienes protestan en Madrid piden que haya mayores gastos y presupuestos gubernamentales, conserven regalías que se otorgan por cualquier motivo, que se mantengan jornadas laborales de privilegio, que haya salarios cada vez más altos, certeza en que al final de los años percibirán pensiones que nunca pagaron en su totalidad, mayores déficits estatales, que se aumenten los impuestos a quienes generan riqueza, para que tal vez así logran que estos se aburran de trabajar por otros y se vayan del país, creando a su vez mayor desempleo…en fin, después de nosotros, el diluvio.

No es apropiada la asimilación que don Mario hace de lo sucedido en España con lo que ha pasado recientemente en Egipto. España, con todos su defectos, con el peso de una tradición conservadora enemiga del progreso, de la creatividad, de la empresariedad, nunca podrá comprarse con el régimen hasta hace poco vigente en Egipto, corrupto hasta la médula, en donde los gobernantes precisamente no respetaban las voluntades democráticas de sus ciudadanos, lo cual impedía un cambio político pacífico de los gobiernos. España, por el contario, nos ha dado en los últimos tiempos, con posterioridad al fascismo franquista, lecciones de cómo sustituir los malos gobernantes por otros en quienes -correcta o incorrectamente, eso no viene al caso- confiaban lo harían mejor, pero sin derramar gota alguna de sangre para lograrlo, sino por medio del voto, bondad que es propia del sistema democrático. Ojalá Egipto llegue a ser algún día tan democrático como España. Y que los ciudadanos de ambas naciones puedan progresar en el marco de instituciones democrático- liberales que lo promuevan, evitando que surja todo tipo de castas de rémoras que, a través de la mano visible del estado, quieran vivir y vivir muy bien, a costas del esfuerzo de los demás y no necesariamente del propio.

No sé cuanto avanzarán esos movimientos de España; tal vez se extiendan por tantos otros lugares en donde algunos quieren seguir pasándola bien rico sin tener que trabajar duro para salir de la mala situación en que se hayan sus economías. Es muy sabroso realizar hoy ágapes y reuniones públicas masivas para pedir más de todo lo bueno, que nos recuerdan los años floridos de los sesentas en el siglo pasado. Pero propongo que reconozcan que el esfuerzo y el trabajo son indispensables para progresar, para disponer de más bienes y servicios de toda índole, para que haya empleos dignos, libres, productivos, creadores, algo que tanto falta en España. Que lo logren sin desechar las virtudes de los sistemas democrático-liberales que han probado ser los que mayor progreso han permitido lograr a los ciudadanos, a través de muchos años de Historia.

Para concluir este comentario, deseo transcribir una cita de un texto que leía recientemente. Se trata de parte de la nota introductoria que Ronald Hamowy escribió para el libro de Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty: The Definitve Edition (Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 2011), que permite entender por qué esos manifestantes madrileños abogan por un punto esencial en sus protestas, tal como también lo han hecho muchos otros en el pasado, cual es una igualdad efectiva de los ciudadanos, por eliminar cualquier desigualdad que haya entre las personas:

“Los socialistas, hace notar Hayek, siempre han objetado el principio de igualdad en el trato de las leyes, tanto como tratar igualmente a la gente que es inherentemente desigual, lo que terminará inevitablemente en desigualdad. Lo que los socialistas han buscado siempre desde la Revolución Francesa no es la igualdad ante la ley, sino la igualdad en los resultados. Su queja, señala Hayek, queda resumidamente encapsulada en la referencia de Anatole France a ‘la majestuosa igualdad de la ley, que prohíbe tanto a pobres como a ricos dormir debajo de los puentes, pedir limosna en las calles y robar pan’. Esta actitud penetra toda la teoría moderna de lo social y lo político y es una extensión lógica del punto de vista de que prueba suficiente de la injusticia de cualquier sociedad, es que los resultados que le suceden a los individuos que la conforman son desiguales.” (Página 9, Op. Cit.).

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: la autonomía universitaria

La semana anterior se presentó un acto bochornoso en la Universidad de Costa Rica: (UCR) mientras un grupo de estudiantes se graduaba y pensaba más en su futuro laboral, otro grupo llegaba a gritar consignas y exigir la salida de la Rectora de dicho acto para que atendiera un "problema". Con malacrianza, intentaban interrumpir el acto y pateaban puertas para llamar la atención.

¿Qué estaba pasando? Resulta que, en un operativo para arrestar a un oficial de tránsito -que aparentemente estaba cobrando mordidas a cambio de no hacer infracciones-, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ingresaron al campus universitario, desatando la furia de algunos estudiantes, quienes apelaban a una presunta violación a la autonomía universitaria. Los ánimos se calentaron y, sin tener muy claro quién inició, se armó un zafarrancho indescriptible, con personas heridas, arrestadas y daños materiales, pero principalmente, con una imagen reprochable en un espacio que, se supone, es cuna del diálogo y el conocimiento.

Muy pronto comenzaron a movilizarse ciertos individuos en la UCR, en las redes sociales y hasta en marchas, exigiendo respeto a la autonomía universitaria, condenando violaciones a esa garantía constitucional y, curiosamente, algunos hasta argumentaron que la "dictadura de los Arias" había ordenado la invasión para advertir que no toleraría la actitud contestataria del estudiantado. Por su parte, el OIJ (particularmente su director) aclaró en rueda de prensa que la acción se llevó a cabo conforme a Derecho y que, por la propia naturaleza de la situación, no podía coordinarse con las autoridades universitarias para un acto menos problemático. La Corte Suprema de Justicia también se pronunció, supuestamente a favor del OIJ para luego indicar que ordenaría una investigación.

Dejando de lado el disparate paranoico y conspiratorio, el suceso generó una importante discusión respecto al alcance de la autonomía universitaria, por lo que en ASOJOD nos dimos a la tarea de investigar en el ordenamiento jurídico, a fin de verificar cuál de las posiciones era la acertada. En primera instancia, recurrimos a la Constitución Política, que en su artículo 84 contiene la garantía de autonomía e indica, literalmente que la Universidad de Costa Rica "goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios". Nótese que la autonomía está referida propiamente al desempeño de las funciones típicamente universitarias: a su organización, administración, financiamiento y, fundamentalmente, a la libertad de cátedra.

Precisamente, la intención del constituyente remite, más que nada, a proteger a la universidad de los vaivenes políticos y de los caprichos del gobierno de turno, evitándole a este interferir en el funcionamiento académico de esa casa de enseñanza y asegurándole a esta la posibilidad de ser un espacio donde convergen ideas y propuestas que pueden coincidir o diferir radicalmente del discurso "oficialista". Para muestra un botón, pues como señaló el Diputado Baudrit Solera, miembro de la Asamblea Constituyende de 1949:

"(...) la autonomía universitaria, la cual se entiende desde tres puntos de vista: administrativo, económico y docente (...) En el primer caso, se entiende por autonomía administrativa el derecho que asiste a la Universidad para organizarse libremente, darse el gobierno propio que estime adecuado (...) En cuanto a la autonomía económica, la Carta del 71 habla de dotar a nuestra Universidad de las rentas necesarias para su sostenimiento. Sin embargo, ha sido necesario acudir al sistema de subsidios por parte del Estado (...) De ahí el empeño que han sostenido para fijar en la Constitución la derogación del Estado de otorgar a la Universidad un subsidio anual no menor del 10% del total de gastos del Ministerio de Educación. (...) En cuanto a la autonomía docente, en este sentido -digo- no hay necesidad de insistir mucho. La libertad de cátedra no es otra que la libertad de expresión, de pensamiento, que tantos sacrificios ha costado adquirir. Nadie puede negar la libertad de cátedra (...)”.

Asimismo, la Sala Constitucional en su voto N° 1313-93, indica que

"son estas las modalidades administrativa, política, organizativa y financiera de la autonomía que corresponde a las universidades públicas. La autonomía universitaria tiene como principal finalidad, procurar al ente todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su misión de cultura y educación superiores".

En este mismo tema, el Dr. Román Solís Zelaya señala que

"En todo lo demás, que no sea quehacer típico universitario, el legislador si puede legislar, por el principio de unidad estatal. ¿Cuál sería la materia no típica universitaria?, el quehacer administrativo diario de función pública que tiene todo aparato administrativo. Frente a ello surge algo controversial que es el control de legalidad. ¿Puede el Estado ejercer control de legalidad frente al ente autónomo?; si, por principios. El Estado si puede actuar como contralor de legalidad frente al acto universitario. ¿Qué tipo de contralor de legalidad? Existe primero un contralor frente a la ley y un segundo momento un contralor dentro de la Constitución Política. Frente a la ley ordinaria está la jurisdicción contencioso-administrativa, la actividad jurídica de la Universidad de Costa Rica está supeditada al ordenamiento constitucional y al ordenamiento legal.”

También el Dr. Eduardo Ortíz Ortíz apunta que

“La Universidad, como cualquier otro sujeto del orden jurídico nacional, queda sometida a todas las regulaciones legales, que, aun afectando su situación jurídica e interfiriendo indirectamente con la prestación de un servicio y la organización de sus medios, afectan por igual a todos los otros sujetos del mismo orden, porque están motivadas en razones a todas comunes, extrañas a su especialización funcional. De este modo quedan sujetos a las normas de la Asamblea, el régimen de sus propiedades, la regulación del tránsito por sus calles, los delitos cometidos dentro de sus aulas y,, en general, toda conducta del estudiante o del profesor dentro de la Universidad que coincida con una hipótesis legal, distinta de la enseñanza académica”.

Finalmente, el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez también argumenta que

"La forma de conocer el límite de la autonomía constitucional de las universidades públicas, es conocer que dentro de esa autonomía están las áreas de Docencia, Investigación Acción social y cultura (extensión socio-cultural). Lo que no esté dentro de esa sombrilla institucional, carece de la calidad de autonomía constitucional. En este campo externo de dicha autonomía, las universidades públicas están sujetas al ordenamiento jurídico del país".

En vista de todo lo anterior, en ASOJOD consideramos que no se vale, como muchos estudiantes, administrativos y docentes lo han querido, pretender que la UCR tiene el mismo status jurídico que una embajada, pues ni la Constitución lo establece ni existe, o al menos luego de una búsqueda no se ha encontrado, normativa alguna que obligue a las autoridades policiales costarricenses a solicitar autorización para ingresar ni coordinar con los servicios de seguridad universitarios. Como bien lo han afirmado algunos especialistas, la autonomía no es sinónimo de extraterritorialidad.

Siendo así, en ASOJOD creemos que el ingreso de los agentes del OIJ se realizó sin violentar la autonomía universitaria y que esta debe aplicarse únicamente para el quehacer institucional; nunca debe verse como una autorización independentista, pues la misma Constitución Política asegura la unidad estatal y fuera de la materia administrativa, presupuestaria, organizativa y académica, la UCR está sometida a todo el bloque de legalidad existente y, en este caso particular, al poder de Policía que detenta el Estado.

Con base en lo anterior, así como en el voto N° 4395-1995 de la Sala Constitucional, en ASOJOD coincidimos con lo apuntado por Vladimir Villalobos en su tesis para optar por el grado de Licenciado en Derecho:

"la autoridades de la universidad no pueden impedir el acceso a la autoridades nacionales, en caso de que se tenga que impedir un delito, detener a un sospechoso, o ante cualquier otra situación que así lo requiera, porque el Campus Universitario se encuentra sometido al mismo régimen legal que cualquier otro recinto privado de acceso público".

Siendo así ¿qué autonomía se violó? Claramente no fue la autonomía que define la norma, sino el espejismo autonómico que algunos, irresponsablemente, han querido hacerle creer a los demás, sobre la base de mentiras y prejuicios. Algunos universitarios que se han dado a la tarea de mentir y presentarse como víctimas, cual patología digna de un refinado análisis psiquiátrico. Son los mismos que hace unos años nos advertían que con la aprobación del TLC, perderíamos el país, nuestras riquezas naturales y nuestra soberanía. No obstante, con el paso del tiempo no han podido demostrar cómo la Isla del Coco sigue donde siempre ha estado o cómo el agua no se la han llevado los estadounidenses ni como nuestros tres Poderes de la República siguen tomando sus decisiones que, aunque erradas, no son por culpa de la ingerencia extranjera.

Son los mismos que buscan cualquier excusa para no ir a las clases que todos los costarricenses les pagamos, pero sí para ir a bloquear calles e impedirle a los demás transitar libremente y llegar a sus casas, clases o trabajo. Son esos mismos que con sus reprobables acciones han generado una gran animadversión hacia los estudiantes y que, por su revoltosa actitud, comprometen a los estudiantes, docentes y administrativos serios y responsables. Son los mismos de siempre que dañan la propiedad privada con piedras y palos, que queman cuanto pueden recoger, que se esconden en el anonimato y claman por derramamientos de sangre y luchas armadas contra fantasmas que sólo ellos pueden ver.

Son ellos los que, al igual que el Ministro de Propaganda del Régimen Nazi, Jossep Goebbels, creen en la máxima de que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad y tergiversan los hechos, manipulando la información con el fin de ganar legitimidad para sus causas, al tiempo que convierten a una universidad de espacio de lucidez, conocimiento y debate, en una barraca de intolerancia, violencia e irracionalidad. Son los mismos que dicen defender a la Universidad pero no comprenden el significado del lema institucional: lucem aspicio (en busca de la luz). Un lema que, sin duda alguna, representa la misión fundamental de una universidad: la búsqueda del conocimiento, a partir de la investigación ética, seria y responsable, del debate respetuoso y pluralista, de la criticidad y del análisis académico.

Por eso, es importante que los buenos estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad, retomen lo que han permitido que se pierda y le permitan a esa casa de enseñanza volver a la senda por la que debe transitar. Se requiere honestidad intelectual, seriedad, compromiso con la razón y la lucidez, investigación minuciosa antes de pronunciarse, análisis crítico y sensato, pero sobre todo, rechazo al oscurantismo y a la violencia como solución a los problemas.

¿Este es el futuro de Costa Rica?

Una vez más, los llamados a ser los futuros tomadores de decisiones a nivel nacional, los futuros representantes y profesionales de Costa Rica hacen de las suyas, pisoteando las esperanzas de aquellos que deseamos un lugar más próspero donde vivir. Resulta que este viernes, estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de Costa Rica y de algunos colegios de secundaria, bloquearon el paso en la salida a Heredia y en la Fuente de la Hispanidad, protestando contra la supuesta reducción del presupuesto educativo, aunque al final terminaron bramando contra el TLC, el calentamiento global y hasta el papel de la prensa mexicana de cara al esperado partido entre aztecas y costarricenses.

Estos jóvenes, que en lugar de estar estudiando, asistiendo a clases, leyendo o trabajando, despilfarran los recursos de los tax payers en manifestaciones callejeras, generando gran caos vial y afectando el derecho al libre tránsito de las demás personas, que perdieron compromisos o tuvieron afectaciones directas en sus vidas. Estas personas no han comprendido que su libertad de expresión es tal en tanto y en cuanto no vaya aparejada de la violación de las libertades de otras personas. Perfectamente pueden bailar, cantar, brincar, gritar, en donde sea, pero no pueden limitar el paso de las personas.

¿Dónde quedó la Policía? Evidentemente faltó su presencia y el cumplimiento de la garantía del respeto a los derechos de los ciudadanos. A nuestros gobernantes le tiembla el pulso cuando de hacer valer los derechos consagrados en la Constitución se trata. Por eso, en ASOJOD no podemos dejar escapar esta oportunidad para criticar con dureza tanto a esos holgazanes que, sin el más mínimo reparo, pretenden conseguir las cosas por la fuerza, por las tácticas de amedrentamiento y por el atropello de nuestros derechos individuales, como a las ineficientes y torpes autoridades que no pueden hacer valer las normas.