La columna de Carlos Federico Smith: el gran engaño en ciernes

No parece haber duda de que la inconsistencia que suelen exhibir en asuntos cruciales los diputados de nuestra Asamblea Legislativa, indignan a quienes nos dicen representar: a los ciudadanos.
 

¡Con qué satisfacción vimos cómo recientemente esos mismos diputados impusieron algunas restricciones -ciertamente no las deseables en su totalidad- para que prosiguiera en el país el jolgorio de ciertas pensiones, que en la actualidad siguen estando a cargo, en gran parte, de los fondos del presupuesto del gobierno de la República, que son dineros aportados por la generalidad de los ciudadanos para beneficio de algunos privilegiados! Al ver aquella decisión, muchos pensamos que en la Asamblea Legislativa realmente se estaba poniendo algún grado de orden en las finanzas gubernamentales, cuyo déficit es hoy en día usado como pretexto por los políticos  para cargarnos de nuevos y mayores impuestos.
 

Aquella golondrina, creímos, sería augurio de un buen verano. Esos diputados parecían estar seriamente dispuestos a impedir que el abuso entronizado en algunos de nuestros sistemas de pensiones, que en muy alto grado dependen de lo que todos los ciudadanos aportamos, se conservara en momentos en que, no la envidia, sino una justificada furia de los ciudadanos ante el despilfarro y el abuso, exige un freno al desborde.
 

Aun así, permanecieron, en ese momento, intocados los regímenes ya conocidos, como el de pensiones del Poder Judicial y el del Magisterio, entre otros, que no exige que las jugosas pensiones que se reciban sean producto del ahorro de los beneficiarios -y de la sabia inversión de tales recursos para que generen rendimientos positivos- suficientes para pagar las pensiones de gollería que han podido amasar, legalmente. Reitero lo de “legalmente”, porque es producto de su influencia política, en el marco de un inoperante sistema democrático, que no ha podido frenar las demandas de gasto de grupos especiales. Demandas que pueden sintetizarse en una creación de privilegios, mal llamados derechos, mediante el cual han logrado, a cambio de apoyo político, sin duda, que los partidos políticos de los diputados se los aprobaran.
 

Pues bien, en un momento dado, allá por el 2005, un grupo de potenciales pensionados del privilegiado régimen de pensiones del Magisterio, aceptó, de forma  voluntaria, trasladarse al sistema de pensiones de la Caja del Seguro Social, el más importante y generalizado del país y el cual, en esencia, no depende del estado para su solvencia en cuanto a los pagos eventuales de pensiones que se habrán de hacer. Lo hicieron porque veían inevitable su cierre –y lo sigue siendo, en el momento en que el estado, plegado servilmente al interés de ciertos gremios, deje de financiar con el presupuesto nacional la insuficiencia de recursos para enfrentar las pensiones de ese (y otros ya bien conocidos) régimen. Claro, en la Caja tenían que pagar menos que lo que tendrían que aportar para su régimen de pensiones del Magisterio, para que este medio sobreviviera y se pudiera, por sí mismo, pagar al menos en parte las futuras pensiones.
 

Pero, ha pasado que el estado, servidor de grupos de privilegios e incapaz de decir no al abuso, aunque sí pretenda gravar con mayores impuestos a la ciudadanía a fin de seguir sufragando esas prebendas, sin duda que a cambio de apoyo político y de la garantía de conservación del poder de los políticos eternamente transitorios en una democracia, no definieron todas las medidas necesarias para terminar con el régimen de privilegio de esas pensiones. Ante esto, los tránsfugas de aquel momento, ahora buscan regresar al régimen que más les favorece. Conducta totalmente esperable y lógica: si pueden obtener una pensión mejor, pagando menos, pues el camino es presionar a los diputados para que los regresen al régimen aun privilegiado de antaño.
 

Nada más veamos sucintamente algunas de las diferencias entre los regímenes de pensiones de la Caja y el del Magisterio, para entender porque, ahora, ¡volver, volver, volver! es el mantra que cubre la petición de quienes pretenden regresar al manjar del privilegio.  Mientras en la Caja, al que se pensione bajo su régimen, se le paga el 65% del salario promedio de los últimos 20 años, en el Magisterio, en la actualidad, el porcentaje del salario para su pensión es el 80% de un promedio de un número menor de años y, claro, entre menor sea tal período, en un ámbito de un crecimiento anual por inflación y real de los salarios, por ese sólo hecho, la pensión esperada es mucho mayor en el régimen de pensiones del Magisterio vis a vis el de la CCSS.
 

También, mientras que en la Caja el hombre se pensiona a los 62 años de edad y la mujer a los 60 (igualdad real), en el Magisterio se puede pensionar con, al menos, 55 años de edad y 33 años y 4 meses de trabajar en el sector público. 
 

Asimismo, mientras que en el Magisterio, con todo y los subsidios que tiene el sistema, el trabajador que cotiza lo hace para su propia pensión (claro que subsidiada por todos nosotros), en la Caja es un sistema solidario, en donde quienes ya reciben las pensiones dependen de lo que coticen hoy los trabajadores y, quienes habían cotizado en el pasado, aportaron en aquella época para pagar las pensiones de los trabajadores en aquel entonces pensionados. Por esta razón, las autoridades de la Caja señalan que, de aprobarse la legislación para devolver hacia el régimen del Magisterio a quienes ahora son cotizantes para la CCSS, tendrían que conseguir aproximadamente unos ₡50.000 millones que se irían del fondo de la Caja hacia el del Magisterio, y esos fondos se han usado para el pago solidario de los pensionados actuales de la Caja.
 

Esta información aparece en el comentario de La Nación del 29 de setiembre –tan sólo hace pocos días- titulado “Proyecto echaría por la borda ahorro logrado en pensiones: diputados evalúan plan para devolver hasta 6.000 cotizantes del régimen de la CCSS al del Magisterio.”  Lo interesante es que el cambio propuesto se traduciría en un aumento del gasto de ₡11.000 millones anuales, que es aproximadamente la mitad de lo que el ministerio de Hacienda consideró que se ahorraría el país, con la reforma que la Asamblea hizo en junio de algunos de los sistemas de pensiones de privilegio. De hecho, se estima que el desembolso, en caso de aprobarse el traslado, le significaría al país un monto estimado de ₡535.000 millones por los hasta 6.000 cotizantes que se trasladarían durante un período de 40 años.
 

Por eso, brindo mi respaldo pleno al ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, quien “alertó de ese eventual golpe a las finanzas públicas si avanza el plan (que lleva exactamente cuatro años en esa comisión [la Plena Primera de la Asamblea Legislativa]), esta vez con apoyo de la oposición.” Esos diputados perderán el respeto de una ciudadanía preocupada por unas finanzas gubernamentales desbocadas, que sólo nos auguran aún mayores impuestos de los que hoy se nos piensan cargar.  Afortunadamente, ya se acercan las próximas elecciones y sólo guardo la esperanza de que los ciudadanos electores no le den su voto a quienes no tienen el debido cuidado de los recursos que le son quitados por el estado para seguir financiando este tipo de privilegios. Debe haber cierta dignidad de parte de los ciudadanos y así negar el voto a quienes dilapidan lo que tanto les cuesta ganar a las personas.

 

Jorge Corrales Quesada 

La columna de Carlos Federico Smith: Diputados impolutos

Cada vez el ciudadano se va desilusionando más y más en cuanto a la verdad que dicen proclamar casi todos los diputados, de que harán el mayor esfuerzo por reducir el gasto gubernamental. No voy a calificar, sin embargo, de acto de cinismo lo que narra el periódico La Nación del 30 de setiembre en su artículo “Asamblea paga dos veces la gasolina de diputados: Procuraduría afirma que rubro ya se incluye en gastos de congresistas.” No lo hago así, porque debe de existir otra palabra más groseramente acertada para llamarlo, pero posiblemente me dirían que esa palabra es injuriosa, para gloria de la libertad de expresión en este país. Pero transo en los siguientes sinónimos: descaro, desfachatez, desvergüenza, falsedad, hipocresía o doblez, que no son injuriosos, pero sí apropiadamente descriptivos.

Vean ustedes la movida de los pagos por combustible a los diputados. Por una parte, de acuerdo con la Ley de Remuneración de los Diputados, como parte de una “ayuda técnica” a los diputados, la Asamblea les da, como parte de aquel aporte mensual (que no conozco qué es lo que contiene en su totalidad), una suma de dinero equivalente al costo de adquirir 500 litros de combustible al mes. De acuerdo con el precio del litro de gasolina del momento de ₡635, cada diputado recibiría en promedio ₡317.500 a finales del mes, con lo que el monto anual entregado a todos los diputados por dicho rubro, tan sólo, ascendería a ₡216 millones por este rubro.

Pero, ¿qué pasa?  De acuerdo con los diputados (no sólo en esta administración) ese monto de “ayuda técnica” es parte de su salario (tras que ganan “muy poquito”) y, como lo señala el periódico, “la usa para otros fines,” para lo que quieran, tal como hacen con su salario y no en pagar la gasolina que gastan en giras oficiales. Por lo tanto, para el pago de las giras de los diputados, la Asamblea pone recursos adicionales (bueno, la Asamblea no pode nada: son nuestros recursos los que ella pone). De acuerdo con el periódico, “esa erogación hace que el Poder Legislativo, mediante el Presupuesto Nacional, aparte una cifra millonaria para costear las giras.” Se señala que en el 2015 la suma destinada para ese fin ascenderá a ₡357 millones.

Ante este desorden, un diputado consultó a la Procuraduría en torno a esta especie de doble pago, ente que ya resolvió lo que debe hacerse, cual es “que los diputados llenen el tanque de gasolina con el dinero que para este fin les otorga la ley.” Ahora “los padres de la patria” intentarán darle largas, con los más diversos pretextos, a la decisión correcta que indica la Procuraduría, a fin de conservar a cómo haya lugar el privilegio de “dos veces la plata para la gasolina.” 

Pobrecitos señores diputados.  ¿Qué irá a hacer Abelino (el diputado Esquivel, el de los cristianos. Que Dios lo oiga si lo que pretende está bien), quien ahora no podrá usar el carro oficial tal como lo hizo para para asistir a una mejenga de fútbol entre diputados, periodistas y los veteranos del Municipal Puntarenas?   Antes de seguir comentando, les digo que creo que la ciudadanía está en un serio impasse institucional, no duerme bien, pues aún no sabe cómo quedó el marcador de tan trascendental encuentro, entre grupos de tanto colmillo… deportivo.

Pero, es que ese señor Abelino, quien, siendo diputado de la oposición, tiene un hijo, creo, trabajando en la Casa Presidencial, es miembro de la comisión de la Asamblea Legislativa, que se supone propondría fuertes recortes al abotagado presupuesto de este año que el Poder Ejecutivo mandó a la aprobación legislativa y que, sin duda, habrá de contener la partida para pagar el costo total de las giras de los diputados. [Ya sabemos que ese señor diputado fue uno de los que aprobó la gastadera que para este año propone el gobierno: era esperable]

Y no dudo que a algunos de esos diputados que así se sirven con la cuchara grande, no dudarán en poner nuevos y mayores impuestos a los ciudadanos, lo que sin duda proveerá de mayores recursos a esos mismos diputados para que puedan seguir en su gastadera.

No, en esta ocasión no debería de hablar de la ineficiencia del estado, sino de un estado expoliador, que sin duda toma recursos que tanto nos cuesta producir, para satisfacer hasta apetitos de giras futbolísticas, cuya gasolina será pagada por partida doble.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: algunas proyecciones de la próxima Asamblea Legislativa

Pasada la página de las elecciones del 2 de febrero -en la cual no se definió un ganador de la contienda presidencial, siendo necesaria una segunda ronda el 6 de abril próximo- la composición de la Asamblea Legislativa está casi definida: el Partido Liberación Nacional (PLN) tendrá la fracción más grande con 18 legisladores, seguida por el Partido Acción Ciudadana (PAC) con 14, el Frente Amplio (FA) con 9, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con 8, el Movimiento Libertario (ML) con 3, el Partido Renovación Costarricense (PRC) con 2 y tres unipersonales. Decimos casi porque aún falta acabar el conteo en casos donde la diferencia entre candidatos diputadiles sea poca o existan apelaciones por resolver, pero creemos que la variación será mínima para arriba o para abajo en alguna fracción, lo que no cambia el peso relativo de cada una.

Esta conformación va a implicar un panorama poco halagüeño para las ideas de la libertad, pues solo contarán con tres legisladores del ML para su defensa. Por el tamaño tan pequeño de esa fracción, en ASOJOD consideramos que será muy difícil que se consiga abrir rendijas para que estas avancen, por lo que es de esperar que más bien se de una tarea de contención, de evitar en la medida de lo posible que se afecten. Aunque el PUSC podría ser un aliado en la protección de algunas de ellas, no es un partido confiable, pues la experiencia ha mostrado que se acomoda según la conveniencia de sus Diputados.

Por el contrario, el estatismo sí tendrá un panorama bastante amigable. Prácticamente 41 legisladores se visualizan como impulsores de más gasto, más regulación, más instituciones, más burocracia, más trámites y más impuestos. Precisamente en este último tema, es posible que el Ejecutivo nunca haya tenido un bloque tan cercano para el impulso de un Plan Fiscal que, desde hace tiempo, viene intentando aplicar para financiar al monstruo estatal y, de paso, apretar a la ciudadanía para hacerla pagar por la irresponsabilidad de los gobernantes. La alianza PAC-FA parece que al fin podrá cumplir su sueño revanchista: aumentarle los impuestos a todo el que genera riqueza, a todo el que produce. Ottón Solís, por fin, podrá alcanzar su fantasía: quitarle el dinero que tanto le ha costado ganar a los costarricenses.

Los partidos pequeños probablemente jueguen un papel similar al que han venido desempeñando: el de "turecas". Aportarán su voto a la coalición que más beneficios particulares les genere. Su agenda será totalmente personalista, para la defensa de intereses del grupo que los llevó al poder. Sin embargo, preocupa un Mario Redondo -del que se espera sea un aliado incondicional del PLN- que desde su anterior paso por la Asamblea Legislativa ha venido defendiendo una desarticulación del Reglamento Legislativo para facilitar la aplicación de mayorías automáticas, restringiendo al máximo el ejercicio de contrapeso que puedan tener las minorías, las cuales, para él, no deben ser más que testigos de primera fila de la materialización de aquella frase del ex Diputado Luis "caca" Bonilla: "pa'eso tenemos mayoría". 

En general, será una Asamblea bastante fragmentada que, en sociedades con una cultura política avanzada -cosa que no ocurre en Costa Rica- implicaría un desarrollo de la capacidad negociadora de los actores y un reconocimiento del multipartidismo.  Sin embargo, en nuestro contexto, solo motivará a que unos culpen a otros de impedir la aprobación a golpe de tambor e irreflexiva de cualquier ocurrencia que surja de sus obtusas mentes y, por tanto, se insista en "reformar" el Reglamento para que las minorías no opinen y las mayorías aprueben lo que deseen. No obstante, si en la segunda ronda, el ganador es Luis Guillermo Solís, es presumible pensar que el PLN no insistirá en esta modificación y se dedicará a bloquear la gestión del Ejecutivo. Si se da esto, podríamos esperar que las libertades no se vean fuertemente afectadas, aunque dependerá de las alianzas temáticas y los intereses de cada bloque. 

En todo caso, se vienen 4 años bastante duros, bastante peligrosos. Si los ciudadanos, en las calles, no se preocupe por su bolsillo o por sus libertades, en Cuesta de Moras seguirán avasallándolos. Y nada parece indicar que la actitud de la ciudadanía cambie en este proceso. Ojalá, frente a un avance del estatismo, la ciudadanía se oponga, se manifieste en las calles y se defienda. Ahí veremos la verdadera acción ciudadana. 

Desde la tribuna: defensa de la libertad

Mientras algunos se discuten acerca del resultado de los debates, el voto útil, el porqué de las discrepancias de las encuestas, el “jaqueo” del sitio de un semanario, la suspensión de la publicación de una encuesta, el accionar de los “trolles” y demás particularidades de esta elección 2014, envío un mensaje directo a quienes aman la libertad,  quieren buena economía, racionalizar el Estado y un clima apropiado para el desarrollo.

¡Pongan atención a las papeletas para diputado!  Comparen las cifras y calculen donde asignar con mayor eficacia el voto, a fin de llevar buenos diputados a la Asamblea, comprometidos con el desarrollo, la libertad, la lucha contra la corrupción y las gollerías, el enfrentamiento de las prebendas y privilegios, el fomento de la buena economía y el respeto a la dignidad humana, incluyendo el compromiso con la libertad de expresión.

Hay que aprender a distinguir entre las libertades públicas (poder de autodeterminación acompañadas de responsabilidad) y las mal llamadas “libertades sociales”  (derechos programáticos derivados en pro de aspiraciones particulares), hay que aprender a leer los lenguajes cifrados (más legislación equivale a menos libertad, más impuestos significa cohonestar la corrupción y el despilfarro, más regulaciones son tramitopatía).

¿Quiénes estarán dispuestos a alzar las banderas de libertad sin miedo y con consistencia?  ¿Quiénes han caído víctimas del miedo, el populismo, el clientelismo y la demagogia?

Costa Rica necesita libertad, responsabilidad, racionalidad, orden y seguridad jurídica.  Vista la posibilidad de muchas fracciones, es estratégico lograr una buena cantidad de diputados responsables y comprometidos, conocedores y con experiencia en trabajos profesionales y empresariales, que sepan cómo se produce, cómo se trabaja, cómo se sufre en el sector privado.    No necesitamos repartidores de lo ajeno, interventores de la libertad, estatólatras y vividores, sino todo lo contrario.

Así pues, propongo en lo que queda de campaña indagar acerca de la composición de la futura Asamblea, seleccionar lo mejor para el desarrollo, estudiar y decidir pensando en el futuro de Costa Rica.

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: privilegios odiosos

Para nadie es un secreto que la calidad de la Asamblea Legislativa ha decaído muchísimo en los últimos años con la incursión de personas sin conocimiento, preparación ni escrúpulos para desempeñar tan altos cargos. La gran mayoría pareciera que ha llegado a ese puesto para conseguir y/o consolidar negocios políticos o personales en lugar de dedicarse a representar y defender los derechos de los ciudadanos. 

Por ello, se valen de su cargo, de sus privilegios y de su poder para conseguir beneficios. Uno de los más odiosos privilegios que tienen los legisladores es el del combustible. Mensualmente, cada Diputado recibe unos 500 litros de combustible pagado por todos los costarricenses para, supuestamente, utilizarlo en el ejercicio de su cargo, es decir, asistir a reuniones y actividades, visitar comunidades, etc. No obstante, un reciente reportaje de La Nación comprobó un secreto a voces: que lo regalan a sus allegados o lo utilizan en campañas políticas, fines que evidentemente no son los que busca satisfacer la medida.

No obstante, nuestros "Padres de la Patria" en lugar de reconocer el abuso y comprometerse a tomar medidas para evitar el despilfarro de fondos públicos -cosa por la que deberían velar- han tenido el descaro de salir a defender su odioso privilegio en el Plenario Legislativo e, incluso, a través del Directorio Legislativo, ordenaron una investigación para castigar la "fuga de información", pues el Presidente Legislativo, Luis Fernando Mendoza (PLN), dijo que "nadie debería tener acceso a esa información" y su antecesor, Víctor Emilio Granados (PASE) aduce que se trata de información protegida por el secreto bancario.

Indignan, pero no sorprenden, tan burdas declaraciones de legisladores más interesados en conservar su gollería que en cumplir con el deber constitucional de la representación política. Se equivoca el Diputado Mendoza cuando afirma que nadie debe conocer esa información porque, sea o no parte del salario, los 500 litros de gasolina se pagan con fondos públicos y eso hace que los tax payers tengamos todo el derecho de exigir la información correspondiente. Queremos saber en qué se gastan, cómo se gastan y quienes lo gastan. 

Nos parece inadmisible que, además de pagar quizá el combustible más caro de todo el continente, tengamos que subsidiar el gasto de las familias de los Diputados o de sus campañas políticas -que bien nos están costando miles de millones con la "contribución estatal" a los partidos-. Mucho peor encontramos que se intente dar tratamiento secreto a esta información, ocultando este manejo irregular que termina favoreciendo a unos a costa de todos los demás ciudadanos. Nos decepciona que algunos legisladores que considerábamos honestos y decentes, ante esta situación, guarden silencio por protección de su "gremio" y su privilegio y se abstengan de presentar alguna reforma a su Ley de remuneraciones para acabar con esta vulgaridad. 

Como ciudadanos, exigimos que esta y cualquier otra información que implique fondos públicos, obtenidos a través del saqueo institucionalizado del Estado, sea revelada con total transparencia. Depende de nosotros hacer valer ese derecho, reclamando y castigando a quienes la oculten.

La columna de Carlos Federico Smith: Costa Rica está llena de traidores

Ya han salido quienes dicen entender al “porecito” del Ministro de Haciendo por haberle dicho a los Diputados, quienes deberán aprobar el nuevo presupuesto de gastos del gobierno central, que no se podían “seguir aprobando leyes que aumenten el gasto sin generar ingresos. Eso es una traición a Costa Rica”.

Yo no lo “entiendo”, pues difícilmente se golpea de tal manera a quienes deben aprobar lo que él les manda, aunque muchos de esos señores Diputados y Diputadas son seres sensibles, quienes podrían estar dispuestos a dejar de lado cualquier respuesta arrogante y una decisión de castigar al Ministro y, por el contrario, dedicarse a meditar acerca de las opiniones de aquél, que podrían haber sido expresadas de otra manera.

En todo caso, lo que parece estarse dando es una repartición de culpas y, por qué no, empezar por los Diputados, como lo ha hecho el señor Herrero (y que documenta ampliamente don Armando González en su columna de La Nación del 4 de setiembre). Pero sí de culpas se trata, tal vez uno bien pochotón es el propio Gobierno del cual forma parte el prominente Ministro Herrero, pues ha mandado una serie de programas y proyectos de gastos sin que tengan los fondos requeridos. Para muestra un botón, de los cuales hay muchos más: ¿de dónde sale la plata para financiar a los llamados centros de cuido, última creación plena y total de doña Laura?

Jamás me atrevería acusarla de “traición a Costa Rica” por haber propuesto proyectos de gasto estatal que no tienen contenido presupuestario, tal como acusa el Ministro Herrero a los legisladores. Lo cierto es que ha existido una enorme irresponsabilidad de parte de este Gobierno al mandar presupuesto a la aprobación legislativa, en el cual ni siquiera se financian los gastos corrientes con ingresos corrientes. Este presupuesto va tan desfinanciado que no tiene ni los ingresos necesarios para cubrir todos los salarios que este año tiene que pagar (¿quién será el “traidor”?). Está escrito que de los ¢1.7 billones que hay que pagar en salarios, ¢818.000 mil millones se financiarían con préstamos. Pero hay más: de los casi ¢5.900 miles de millones de presupuesto que envía el propio Ministro Herrero para la aprobación legislativa, un 45%; esto es, ¢2.655 miles de millones, deberá ser financiados por medio del endeudamiento. Yo no hablo de traición de nadie, pero lo cierto es que es un gasto que no está financiado, al igual que como le hizo el reclamo el Ministro a los diputados: es gasto del Estado sin impuestos aprobados para financiarlo.

Desde ese punto de vista, ¿serán los únicos “traidores” los Diputados del momento y el actual Ministro de Hacienda y su Gobierno? Si alguien lo desea podría extender tal calificación a la Administración anterior, cuando le heredó a don Fernando Herrero esa monstruosa planilla estatal que ahora ni siquiera puede cubrir “traicioneramente” en su presupuesto. ¿Será don Oscar otro más del club? Si nos ponemos a hilar delgado, nos llevaría a tantos “traidores de Costa Rica” que mejor nos olvidamos de ese apelativo, porque casi que no caben en nuestro territorio todos los que de una manera u otra han impulsado el gasto público desfinanciado.

De paso una sugerencia para el Ministro de Hacienda, quien, ante la misma Asamblea Legislativa en que lo hizo acerca de la “traición a Costa Rica”, se quejó públicamente de que no podía reducir los rubros inflexibles de salarios que representan el 42% del gasto corriente, ¿qué tal si esa carga heredada la resuelve mediante el despido de los ahora innecesarios contratados por don Oscar Arias, en su momento y sin financiamiento, como critica que ahora lo hacen los actuales diputados?

Los que me preocupan son los “traidores” futuros, porque si se aprueban los nuevos impuestos, para lo único que van a servir es para que ese Estado (gracias a sus “traidores” del momento) gaste más y más plata. Esa ha sido la historia fiscal de nuestro país en los últimos tiempos.

Hace poco revisaba comentarios que escribí hace años y en uno de ellos, titulado “La Economía del Presidente Reagan”, que apareció en La Nación del 1 de diciembre de 1982, me refería a lo que hoy se podría llamar “el inagotable escenario de la traición”. Allí escribí lo siguiente:

“Lo anteriormente expresado tiene una gran trascendencia para la apropiada comprensión de la actual política económica nacional, pues los proponentes de última hora a favor del presupuesto balanceado ̶ aquellos quienes en el pasado siempre gustaron de ser los grandes amigos del exagerado gasto público ̶ hoy día tratan, y así lo hacen, de cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos aunque, de nuevo con espíritu estatista, sólo por el aumento de los tributos impositivos. De aquí que, aunque ahora prediquen el equilibrio del presupuesto estatal, el que sea por medio de un aumento de las recaudaciones de los impuestos, lo que va a provocar es que puedan disponer de más dinero para gastar, y esto no les va a forzar a reducir el gasto público, si desean hacer una realidad sus propuestas para equilibrar al fisco.”

¡Qué poco parecen haber cambiado las cosas! Estos, quienes ahora se quejan por el desbalance del exceso de gasto sobre los ingresos, son los mismos que siempre han promovido esa conducta de una enorme expansión del gasto público sin contenido tributario. Como a todo chancho le llega su hora, miro ahora con interés que al menos alguien les haya llamado “traidores” a Costa Rica.

Pero no sólo me quejo. Aprovecho para destacar a todas luces cómo el propio Presidente del Partido Liberación Nacional, el gran promotor histórico de la gastadera pública. Don Bernal Jiménez le brindó la afortunada solución al Ministro Herrero para evitar el “injusto” proyecto tributario que impulsa esta Administración en la Asamblea Legislativa: que los ricos paguen más, e incluso destaca la evidente injusticia de que el rico Bernal Jiménez tenga que pagar el mismo porcentaje en impuestos como su pobre chofer (¿su chofer?, vean el símbolo de riqueza). Tome don Fernando de la mano las palabras de don Bernal y exprésele lo siguiente: dada su enorme y virtuosa inclinación por la justicia social, reflejada en su llamado para que los ricos paguen más impuestos, ¿qué le impide para que, personalmente y desde este mismo momento, le destine al Estado un 50% de los ingresos que obtendrá en este año (y podemos luego hablar de sus riquezas) mediante una donación que haría al Ministerio de Hacienda? Con tanta bondad y desprendimiento y justicia social en acción, don Fernando podría, esperamos, conseguir recursos suficientes para que no sea injustamente calificado de “traidor”, por impulsar proyectos de gasto público sin el debido financiamiento. Al mismo tiempo, don Bernal lograría tener muy tranquila su, desde muchos años ha, colosalmente voluminosa conciencia social, a la vez que, con las políticas restrictivas de don Fernando en cuanto a las erogaciones públicas, se evitaría que algunos hagan tantos negocios gracias al gasto que lleva a cabo el Estado.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: la corrupción como descrédito de la política

En las recientes semanas han salido a la luz pública varias noticias que ilustran la descomposición ética que existe entre las diversas personalidades que se han dedicado a la función pública.

Tenemos el caso de 29 Diputados que han solicitado que el GPS -que sirve para localizar en donde se encuentran los carros que utilizan- les sea removido de sus vehículos. Según dichos Diputados, el referido instrumento tecnológico atenta contra la dignidad de sus cargos. De igual forma, 5 Diputados solicitaron un aumento de su pensión de Educadores, con base al último sueldo que han recibido (este es el de la Asamblea Legislativa). Como se ve, el pudor no es algo que conocen estos padres de la patria. Por último, pero no por ello menos importante, se encuentra el paseíto de amor que se dio el Presidente de AyA por México con una subordinada y con fondos públicos.

Todo esto sirve para insistir en la importancia de las apariencias para la legitimación del sistema. No basta muchas veces con obrar apegados a la norma (igual este no es el caso), sino que es necesario hacerlo con decoro y dignidad. Además, es fundamental que los “peers” de estos funcionarios sean un mecanismo efectivo de presión de grupo. Es increíble como ante estos casos tan descarados y desvergonzados, no han existido condenas vehementes por parte de sus compañeros, ya sea de fracción o de gobierno.

Igualmente, se requiere activar los comités de ética de los partidos políticos, dándoles un peso real dentro de la estructura partidaria. La ciudadanía demanda, con razón y justicia, el manejo transparente de los dineros que le son confiscados coactivamente a través de los impuestos. Por ello es tan importante que, dentro del sistema, existan soluciones institucionales reales y efectivas para castigar y separar aquellos que, con sus actuaciones, no solamente causan un daño pecuniario, sino un daño aún mayor: el descrédito de la política.

No se trata de un moralismo mal entendido como lo hace el PAC. Se trata de la más básica responsabilidad y el más sencillo respeto a reglas de convivencia y actuación que le permitan a los ciudadanos seguir confiando en sus representantes. No olvidemos que es desde el desprestigio de la política que han surgido personajes mesiánicos estilo Chávez como ungidos salvadores de la transparencia en la función pública.

Como, desgraciadamente, esos remedios suelen ser peor que la enfermedad, es mejor tomar las previsiones del caso para evitar su aparición.