La columna de Carlos Federico Smith: los jugosos salarios de los alcaldes

La información acerca de sueldos abusivos y llenos de pluses dentro del estado no se refiere a las alcaldías o gobierno locales. Así que es oportuno el comentario de La Nación del 14 de setiembre, titulado “Ley dispara sin razón salarios de los alcaldes,” para darnos cuenta de cómo ciertos puestos, aparentemente poco sonados en su mayoría como funcionarios estatales de alto rango, en realidad se han convertido en otra mina de oro de privilegios para algunos. Ya entiendo por qué son tan disputadas y buscadas ciertas elecciones para los gobiernos locales y, aparentemente, no por aquella razón que solía escuchar. que ser alcalde era un paso muy seguro para ser luego diputado. Vemos que, además de esa opción que no deja de ser válida, la paga sobredimensionada en algunos casos puede ser un aliciente para la matazinga usual.

¿Cuál es el origen del problema? Una vieja práctica de que “los alcaldes municipales no devengarán menos (o sea, podría ser más) del salario mínimo pagado por la municipalidad, más un 10 por ciento.” Agregue a esto que el alcalde no sólo se gana un 10% más del salario mínimo de la municipalidad, motivo para que el alcalde presione por salarios mínimos más altos entres sus súbditos, sino que también la base del salario del alcalde lo es el mínimo mayor de cualquier otro empleado. De aquí entiendo el interés, en ciertos momentos, para que en las alcaldías hubiera un médico de planta, quienes son altamente pagados en ciertos casos por otros acuerdos laborales, cuyo salario así serviría para que el alcalde se montara sobre una base más alta.
 

Eso no es todo: el alcalde también puede cobrar un 35% adicional por dedicación exclusiva si es bachiller y un 55% si es licenciado.
 

El medio expone un caso, el del actual alcalde de Talamanca. que muestra el problema en toda su extensión. Ahí el empleado municipal que más gana es un funcionario de 30 años, quien recibe un ingreso total mensual (salario base más pluses) de ¢3.8 millones. Para determinar el sueldo del alcalde, a esa suma se le adiciona un 10%, llevándolo en primera instancia a ¢4.3 millones (¡bendito sea ese empleado mejor pagado!). Luego, agregue la dedicación exclusiva, que en el caso de ese alcalde es de un 55%, todo lo cual hace que su salario mensual llegue a alrededor de ¢6.7 millones. ¡Eso se echa al bolsillo como salario cada mes el alcalde de Talamanca!
 

Es interesante ver el cuadro de los 12 alcaldes mejor pagados y cuánto significa del presupuesto total del municipio. Nótese que se trata de montos en efectivo y no toma en cuenta otros beneficios en especie que se podrían tener, como vehículo para su uso exclusivo o seguridad, o lo que sea:
 

1. Alcalde de San José, Johnny Araya: Salario mensual de ¢8.9 millones (anual de ¢143.8 millones). Representa el 0.19% del presupuesto municipal.
 

2. Alcalde de Limón, Néstor Mattis: Salario mensual de ¢7 millones (anual de ¢112.7 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 

3. Alcalde de Talamanca, Marvin Antonio Gómez: Salario mensual de ¢6.7 millones (anual de ¢107.8 millones). Representa el 3.37% del presupuesto municipal.
 

4. Alcalde de Escazú, Arnoldo Barahona: Salario mensual de ¢6.6 millones (anual de ¢106.9 millones). Representa el 0.36% del presupuesto municipal.
 

5. Alcalde de La Unión (Tres Ríos), Luis Carlos Villalobos: Salario mensual de ¢6.5 millones (anual de ¢104.2 millones). Representa el 0.99% del presupuesto municipal.
 

6. Alcalde de Santa Cruz, María Rosa López: Salario mensual de ¢6.2 millones (anual de ¢99.6 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 

7. Alcalde de Tibás, Carlos Luis Cascante: Salario mensual de ¢5.9 millones (anual de ¢94.7 millones). Representa el 1.11% del presupuesto municipal.
 

8. Alcalde de Heredia, José Manuel Ulate: Salario mensual de ¢8.95.8 millones (anual de ¢94.3 millones). Representa el 0.48% del presupuesto municipal.
 

9. Alcalde de Siquirres, Mangell McLean Villalobos: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢92.3 millones). Representa 1.94% del presupuesto municipal.
 

10. Alcalde de Goicoechea, Ana Lucía Madrigal: Salario mensual de ¢5.7 millones (anual de ¢91.5 millones). Representa el 0.89% del presupuesto municipal.
 

11. Alcalde de Pérez Zeledón (San Isidro), Jeffrey Montoya: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.9 millones). Representa el 0.61% del presupuesto municipal.
 

12. Alcalde de Pococí, Elibeth Venegas: Salario mensual de ¢5.5 millones (anual de ¢88.3 millones). Representa el 0.86% del presupuesto municipal.
 

De esos 12, sólo Marvin Antonio Gómez de Talamanca y María Rosa López de Santa Cruz, no están aspirando a ser reelectos.
 

Vale la pena que los lectores mediten acerca de estos datos y piensen si esos salarios enormes no forman parte de la razón de los gobiernos municipales para oponerse a que, como parte del estado que son, se les apliquen las limitaciones -aunque insuficientes- a sus pluses derivadas de la Ley de reforma fiscal aprobada recientemente en diciembre, en donde a los ciudadanos contribuyentes se nos cargaron de nuevos y mayores impuestos. 
 

El orden y la mesura deben ser aplicados a lo largo de todo el estado, pues la situación fiscal del país es muy seria y es indispensable poner freno a abusos como estos sueldos fuera de toda proporción en nuestro medio. De hecho, cada una de esas personas gana más que el propio presidente de la República. ¡Así se invierten los impuestos municipales que todos pagamos!

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: reconózcanlo, estamos por encima de ustedes

Tal vez nunca antes me ha dolido tanto escribir un título como este. Sucede al ver la decisión de los magistrados del Poder Judicial en torno a la incluso poca disminución de privilegios o pluses de los empleados públicos, contenida en la ley aprobada en diciembre del año pasado. En ella, a toda la ciudadanía se nos impuso un aumento en impuestos, además de otros nuevos. Pero, ante esa injusticia de impuestos para unos y privilegios para otros, conservo la esperanza de que, de alguna forma, los pueblos terminarán recibiendo la justicia que se merecen. Después de todo, los jueces o magistrados son tan humanos como todos nosotros, y, por tanto, se equivocan. Pero lo lamentable es que, con la conducta que exhibida en este caso, lo que nos dicen es que gozan de autonomías especiales no disponibles para el resto de los siervos de esta sociedad: sólo para ellos y, posiblemente, para otros grupos pequeños privilegiados.

 
El verdadero poder yace en el pueblo, en los ciudadanos y, de alguna forma, haremos que esos empleados públicos, llamados magistrados, sean tratados al igual que todos los demás empleados públicos. Sin privilegios salariales, más allá de los derivados de sus habilidades que pueden ser apreciadas por los mercados, tanto como otras de diversos funcionarios públicos, pero no mediante fueros especiales. Sus salarios, sus prebendas, sus privilegios, sus edificaciones, todo su alrededor público, provienen de la ciudadanía y, por ello, no es concebible que se sientan superiores a los demás ciudadanos, al excluirse, por sí mismos, de medidas destinadas a ordenar las finanzas públicas aplicadas generalmente por ley. 

Bajo una falsa pretensión de autonomía y una división de poderes, asumen que ellos pueden gastar todo lo que les puede venir en gana, eso sí con dineros aportados por la ciudadanía, pretendiendo que cualquier decisión de financiamiento es de su propiedad decidirlo, sin que se les pueda frenar de forma alguna por los contribuyentes que pagan la fiesta, pues no hay más poder en la tierra, tal vez excepto Dios, que pueda formalmente limitarlos en sus privilegios. Autonomía es autonomía para lo que a ellos les parezca.

Nos hablan siempre de igualdad ante la ley, pero la ley la acomodan para recibir un trato que no es igual para todos los funcionarios públicos o a los ciudadanos. Así, hay unos más iguales que otros.

Fue por mayoría de votos de los magistrados de la Corte Plena (14 votos a favor, 7 abstenciones y no señala la información de La Nación del 19 de agosto, “Poder Judicial se eximió de las medidas de ahorro de la ley fiscal,” si alguno votó negativamente), que decidieron, en sesión del 18 de marzo, su excepción ante medidas fiscales adoptadas en diciembre pasado por el Poder Legislativo, para paliar la grave situación fiscal en que nos encontrábamos, nos encontramos y, en parte, al ver cosas como estas, seguiremos encontrándonos. Siempre para desgracia de los ciudadanos menos poderosos.

A los más de 14.000 empleados judiciales no se les aplicará, así se decidió por la Corte Suprema, una serie de medidas aplicables sobre los pluses en el sector público. Veamos en qué casos su tratamiento sigue siendo preferencial para “los de adentro”:

1. Anualidades. Con la reforma fiscal, como medida para evitar el enorme crecimiento de esta partida, ese plus se sustituye por un monto fijo y no variable o porcentual, como era antes. Con la reforma, la nueva base es un monto fijo, equivalente al 1.94% del salario base en enero del 2018 para profesionales y de un 2.54% para los no profesionales. La Corte decidió que a sus empleados se les seguiría pagando porcentualmente, igual que antes de la reforma.

2. Dedicación exclusiva. El Poder Judicial conservará lo que estaba previamente para los empleados ya existentes: 65% para licenciados y 20% para bachilleres con contratos antiguos de dedicación; 25% para licenciados y 10% para bachilleres con nuevos contratos, y, para los nuevos, la dedicación exclusiva para licenciados no será superior al 25% del salario base y el 10% para bachilleres. La Corte sí aplicará el máximo del 25% del salario base para licenciados y del 10% para bachilleres, pero sólo para los nuevos.

3. Incentivos como porcentaje del salario. Además de las anualidades, la reforma señaló que se pagarían como una suma fija anual, en vez de porcentual. El Poder Judicial decidió que los antiguos empleados lo seguirán recibiendo como porcentaje, y que los nuevos lo harán con un monto nominal. Entre esos pluses pagados como porcentaje, el medio cita a los siguientes: “entre un 11% y un 22.37% del salario para el plus llamado índice de competitividad salarial.” De ellos, los jueces y los miembros del Consejo Superior reciben los porcentajes mayores (hasta un 22.37%) y los magistrados un 22.75%. También, se paga un plus que oscila entre un 10% y un 30% llamado “reconocimiento por el ejercicio de la función judicial”, sólo por ser empleados judiciales. Asimismo, jueces y defensores públicos en puestos de coordinadores reciben uno que oscila entre 5% y 10% del salario base.

4. Cesantía. La reforma fiscal señala que será de 8 años, con un máximo del 12% si media convención colectiva o algo similar. El Poder Judicial seguirá pagando a los empleados viejos el 12% y un 8% a los nuevos, sin mediar convención colectiva.

Uno se desilusiona, tal vez porque antes vio como ejemplar el comportamiento de los jueces superiores (confirmado anteriormente por magistrados ejemplares). Pero esa desobediencia, legislación en beneficio propio, conservación de privilegios, una pretendida falsa idea de autonomía, como una independencia total para hacer lo que les da la gana, logran, ante todo, que los jueces, cuya misión es ser justos, no lo demuestren cuando tratan de mantener privilegios propios injustos. Esa pérdida en el respeto social hacia los magistrados no sé adónde nos llevará, pero los pueblos terminan reaccionando ante la injusticia, y más cuando, por naturaleza, quienes deben ser justos, no lo son.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: fue sin querer queriendo

Cuando leo artículo como el de La Nación del 18 de julio, bajo el titular “Error permitió avalar privilegios salariales derogados por la reforma fiscal,” no puedo impedir que llegue a mi mente aquella famosa frase del Chapulín Colorado. Simplemente es imposible pensar que se trató de un error de burócratas, quienes por años se han dedicado a revisar el contenido y procedimientos de las convenciones colectivas dentro del estado. Si hay quienes deberían conocer las limitaciones impuestas a aspectos propios de las convenciones colectivas, son precisamente los empleados del Departamento de Relaciones Laborales del ministerio de Trabajo, quienes parece que eligieron el camino de “hacerse los majes” ante lo que estaba frente a sus ojos: ajustes recientes a las reformas colectivas de cuatro importantes municipalidades del país.

Esas municipales, cuyos trabajadores se beneficiaron con la omisión ministerial, son la de La Unión (Cartago) -Tres Ríos para el vulgo- la de San Ramón (Alajuela), la de Desamparados y Pérez Zeledón (ambas de San José).
 

Veamos con más detalle las omisiones del ministerio de Trabajo en esas cuatro municipalidades:
 

1. Municipalidad de la Unión: Se avaló el pago de cesantía por 20 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, por la simple renuncia. En contraste, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de cesantía de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

2. Municipalidad de San Ramón: Se aprobó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Por el contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.

Asimismo, se aprobó que en la convención colectiva de esa municipalidad el pago salarial fuera bisemanal, mientras que la reforma en mención determinó que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

3. Municipalidad de Pérez Zeledón: Se autorizó que las anualidades fueran del 3% del salario base. Al contrario, la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual que escila entre un 1.94% a profesionales y de un 2.54% a los no profesionales.
 

Igualmente, ese aceptó en su convención colectiva un pago de cesantía que oscila entre 8 y 20 años, según la antigüedad, y se da por despido o jubilación, así como ante la renuncia. En contraste, la reforma fiscal citada señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

4. Municipalidad de Desamparados: Se avaló el pago de cesantía hasta por 16 años, lo que incluye, además de ser por despido o jubilación, con la simple renuncia. A diferencia, la reforma fiscal aprobada en diciembre señala un máximo de 8 años y de 12 para las convenciones vigentes en la fecha de la aprobación de la reforma citada.
 

También, en la convención colectiva aprobada por el ministerio de Trabajo se permitió que el pago salarial fuera bisemanal, en tanto que la reforma citada señaló que el pago fuera mensual, con un adelanto quincenal.
 

Igualmente, en cuanto a las anualidades, se accedió a que fueran el 2% del salario base, mientras que la reforma fiscal citada indicó que la regla sería de un monto nominal fijo anual, que escila entre un 1.94% a profesionales y un 2.54% a los no profesionales.
 

El ministerio Trabajo, por medio de su viceministro, Ricardo Marín, señaló al medio que necesitaba “llegar a esa verdad real de los hechos… necesitamos entablar esas responsabilidades (de los funcionarios del departamento de Relaciones Laborales al mando de Ronald Salazar)… y si hubo error, entablar las responsabilidades.” Estamos avisados de la intención de ese superior en el ministerio de Trabajo. No pensemos que posiblemente no se va a hacer nada y que todo terminará en una palmadita en el dorso de las manos de los responsables. Pero, si en verdad se da algo al respecto, lo que esperamos es que no sea hasta la próxima administración, pues el caso violatorio de la normativa parece ser evidente.
 

Ahora un camino radica en la derogatoria de esos privilegios citados, para lo cual será necesario acudir a los juzgados de Trabajo o a la Sala Constitucional, lo que augura un largo, pero muy largo, trecho y, de ser aceptado, ya no aparecerán quienes deberán devolver los fondos públicos recibidos de más.
 

Alternativamente, se podría renegociar la convención correspondiente, pero eso, ¡vean qué conveniente!, “requiere del acuerdo de ambas partes” y “las convenciones colectivas aprobadas tienen vigencia de tres años.” Nadie se la traga de que van a ir corriendo a renegociar esas convenciones, sino hasta después de esos tres años, cuando tal vez el tema se ha olvidado o ha prescrito.
 

Mientras que todo esto pasa, los ciudadanos contribuyentes de esos cantones pagarán esos privilegios. Ah, de paso, esas convenciones fueron firmadas, además de los dirigentes de los sindicatos, por los alcaldes correspondientes: 3 de ellos son de Liberación y uno del PUSC. No, si cuando se trata de repartir la plata de los ciudadanos, no importa el color político: son zorros del mismo pelaje.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: Las platas de algunos sindicatos

Un comentario reciente publicado en La Nación del 19 de enero del 2019, titulado “Sindicatos del MEP reciben ¢12.000 millones cada año,” ha dado un lugar a un debate interesante entre ciertos líderes sindicales y periodistas de ese medio, que, sin duda, es del interés del ciudadano.

Según el comentario original, a partir sólo de datos provenientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), los asociados a los sindicatos de ese gremio, la ANDE, el APSE y el SEC, que ascienden a 98.691 registrados (según el MEP allí laboran 86.000 personas y la diferencia es explicable pues un empleado pueda asociarse a más de un sindicato), aportan anualmente ¢12.132 millones a esos gremios. Este aporte es de alrededor de un 1% de los salarios (completos, no sólo del pago básico, sino que incorpora los pluses en dicho porcentaje, lo que da lugar a un incentivo a los sindicatos por conservar y expandir esos pluses, al ser fuente importante de recursos). Además, “el ingreso promedio de los educadores (observen que es el promedio, pues sin duda hay unos que son menores y otros más altos) es de ¢1 millón al mes; o sea, en promedio, cada uno aporta alrededor de ¢10.000. 

Según el medio, con información proveniente del MEP, la ANDE es el sindicato más grande, con 35.904 afiliados, que aportan anualmente ¢4.777 millones; esto es, el 39% del total.  Le sigue la APSE con 35.199 asociados, que hacen un aporte anual de ¢4.258 millones, equivalentes a un 35% del total. Y tercero está el SEC, que tiene 26.605 socios, con un aporte anual de ¢2.963 millones, que significa un 24% del total.

Los beneficios recibidos por los afiliados son muy diversos, destacando, al menos en ANDE, la asesoría legal, centros de recreo, ser nombrados en instituciones en las que ANDE tiene representación, recibir educación sindical, obtener equipos ortopédicos, ayuda por fallecimientos de familiares, así como por robo o desastres naturales, además de gastos obvios del gremio, como administración, mantenimiento de edificios, mobiliario y equipo, honorarios profesionales, y una extensa gama de actividades.” La ANDE señaló que los presupuestos son debidamente aprobados y a sus asociados se les informa anualmente de los resultados de tipo contable, financiero y de logro de objetivos.

La APSE señaló en un comunicado posterior que “la naturaleza de los recursos financieros que recibe APSE es privada” y que “no se trata de fondos públicos ni de recursos girados por el MEP, ni por ningún otro ente estatal” y que son enteramente voluntarios en función de la “libertad de asociación.” Y que no está obligada a “rendir cuentas públicas sobre sus estados financieros, ni de divulgar esta información ante los medios de comunicación.” Y que lo hace “en el seno de su Asamblea General” ante sus asociados.

Me encanta esa defensa de la libertad de asociación y de la privacidad de las acciones, que ojalá se extendiera a todas las personas, cuando ellas tienen que declarar con todo detalle cuando deben pagar impuestos. Es cierto que se trata de organizaciones voluntarias de personas, pero, puede mediar un interés público en conocer los orígenes y uso de los recursos, tal como está obligada una empresa que cotiza en la bolsa a informar detalladamente a los accionistas de todos sus ingresos y gastos. Después de todo, en el caso de los sindicatos, los dineros provienen en última instancia de fondos públicos y el gobierno es el encargado de recaudar los fondos para esas asociaciones. 

Dado lo anterior, me surgen dudas acerca de lo apropiado de la opinión de la dirigencia de la APSE, pues en ciertos momentos de su acción pública suelen actuar afectando derechos de las personas, como no recibir una educación por la cual pagan o no interrumpir el libre tránsito privado por una huelga sindical. Tal vez, para mayor transparencia, deberían mostrar los estados financieros del gremio ante la ciudadanía, para que valore el uso final que se le da a los recursos que paga por impuestos. Creo que estamos ante un caso interesante de derechos de los individuos que el estado debe proteger -incluso cuando hay conflicto entre, por ejemplo, el derecho a la asociación, por un lado, y el derecho al libre tránsito y a la paz, en general.

En resumen, opino que los dineros aportados por las personas privadas (empleados públicos) son decisiones privadas y, por tanto, no es exigible que informen públicamente la procedencia de esos fondos. Al mismo tiempo, me parece que los sindicatos podrían elevar en cierto grado su actual desprestigio, haciendo públicos esos estados, no obligadamente, sino para que la ciudadanía se dé cuenta de que no hay nada indebido o ilegal en la procedencia y uso de esos fondos.

Jorge Corrales Quesada

La columna de Carlos Federico Smith: el desorden salarial en el sector público

La existencia de pluses de manera desproporcionada en una gran cantidad de instituciones estatales, particularmente en comparación con los salarios base, indica un desorden en la política salarial del estado costarricense. Máxime como se comenta en el artículo de La Nación del 21 de diciembre, “24 entidades pagan pluses mayores a un salario base.”
 

Hace poco la Contraloría General de la República hizo un estudio acerca de los pluses en 189 instituciones públicas con sus 260 tipos de sobresueldos y en 24 de ellas, los empleados más que duplican su sueldo, dada la cantidad de pluses o sobresueldos que se pagan. Ese estudio sirve de base al reportaje citado de La Nación.
 

Resulta que, de esos 290 diferentes tipos de pluses, “solo siete están asociados a evaluaciones de desempeño,” si bien casi siempre se pagan a todo el personal de las entidades. Es notable del informe el hecho de que, en 24 entidades, el total de pluses supera al salario básico del empleado.
 

De seguido, se presenta la lista de esos 24 entes y el número de veces en que el pago de pluses supera al salario base (en orden decreciente). Por ejemplo, para la Junta de Protección Social, para entenderla, súmele a cada colón del sueldo base, 1.90 colones en pluses y así en cada caso):
 

1. Junta de Protección Social: 1.90
2. ICT: 1.75
3. RECOPE: 1.70
4. Fuerza y Luz: 1.47
5. Defensoría de los Habitantes: 1.46
6. UCR: 1.40
7. Instituto Costarricense sobre Drogas: 1.36
8. TEC: 1.34
9. Asamblea Legislativa: 1.32
10. Aviación Civil: 1.26
11 y 12. Sistema Áreas de Conservación y Servicio Nacional de Salud Animal: 1.21
13. UNED: 1.20
14. Poder Judicial: 1.17
15, 16 y 17. Procuraduría de la República, Dirección de Servicio Civil e INS: 1.11
18.  Ministerio de Agricultura: 1.08
19. Registro Nacional: 1.07
20. Ministerio de Hacienda: 1.6
21. Comisión de Energía Atómica: 1.05
22 y 23. Oficina de Semillas y Ministerio de la Presidencia: 1.03
24. Ministerio de Planificación: 1.02
 

Se estima que, para este año, el total del pago total de pluses en el presupuesto del gobierno ascenderá a ¢1.1 millones de millones, equivalente al 10% del presupuesto total del gobierno y a un 23% de los impuestos que se espera recaudar en este año.
 

Hay otros datos interesantes provenientes de dicho informe:
 

1. Cuatro entes públicos no otorgan pluses a sus empleados: el Instituto del Café, el Ente Costarricense de Acreditación, la Junta de Pensione del Magisterio y BICSA.
 

2. Algunos beneficios analizados en ciertas entidades equivalen, individualmente, a un 95% del salario base.
 

3. Hay seis instituciones que tienen más de 20 pluses o sobresueldos, destacando, en orden decreciente: (a) Ministerio de Educación (88 pluses), (b) Poder Judicial (25 pluses, (c) INS (24 pluses), (d, e y f) JAPDEVA, Caja de Seguro Social y Ministerio de Seguridad (cada uno con 21 pluses).

4. Las 5 primeras entidades en cuando a gasto en pluses y sus montos en el 2017 son las siguientes: (a) Ministerio de Educación (¢409.444 millones), (b) Caja del Seguro Social (¢352.133 millones), (c) Poder Judicial (¢123.201 millones), (d) UCR (¢77.856 millones y (e) Ministerio de Seguridad (¢41.628 millones).

No hay duda de la falta de uniformidad en los pluses otorgados en diferentes instituciones gubernamentales, además de la ya conocida ausencia de relación de muchos de esos pluses con el desempeño del funcionario.

Jorge Corrales Quesada

Tema Polémico: Sindicatos y su desconocimiento absoluto de economía

El tema del salario público se ha vuelto muy de moda en estos días. Colocar estos temas en el debate público nos parece muy bien y un ejercicio muy sano en un país democrático como el nuestro. La evidencia de los abusos en salarios en el sector público (gobierno central, empresas e instituciones autónomas del Estado) hay que agradecérselo al diputado Otto Guevara y luego al diario la Nación. Nos parece muy bien que un diputado finalmente haya tenido la valentía de poner esto en evidencia.

Uno de los aspectos que más nos ha impresionado en ASOJOD de la defensa de los sindicatos a estas acusaciones es el casi total desconocimiento de estas personas sobre conceptos básicos de economía y también sobre el ejercicio del emprendedurismo y el trabajo privado en competencia. Algunos de ellos realmente no saben lo que están hablando pero otros estamos seguros están muy conscientes de su equivocación pero deciden ignorar los hechos.

Un ejemplo muy claro es el tema del salario mínimo. Los sindicatos consideran que la mejor forma de disminuir el desempleo en el país es aumentando el salario mínimo. Sucede que esto no solo no sucedería sino que está más que demostrado que hay una relación inversa entre salario mínimo y empleo. Es muy fácil desear que los empleados ganaran más y en ASOJOD también opinamos lo mismo pero definitivamente subiendo el salario mínimo no es la forma. Que fácil imaginarse que de un día para otro todos las personas ganen por lo menos tres millones de colones al mes. Imagínense, todos seríamos millonarios, que alegría. Suena bien pero los efectos negativos son casi evidentes (aunque algunos no quieren verlos). 

Al empresario le dicen tal atrocidad y su reacción inmediata sería una de las siguientes (o una combinación de estas): despedir a cuanta gente sea necesaria hasta que su gasto total en salarios vuelva a su nivel original de modo que su rentabilidad no se vea afectada y esto provocaría un aumento precipitado en el desempleo; irse de inmediato a otro país con condiciones laborales más atractivas y esto nuevamente incrementaría el desempleo; o incrementar los precios de venta para recuperar la rentabilidad por medio del ingreso y esto provocaría una diminución en competitividad y eventual cierre de la empresa que finalmente daría como resultado un incremento en el desempleo. Con cualquiera de las tres consecuencias el resultado es el mismo, un aumento del desempleo. Esto aplica para cualquier aumento en el salario mínimo y su efecto sería más nefasto dependiendo del nivel del aumento. 

La única forma de aumentar salarios sin aumentar desempleo es por los medios naturales del mercado e implica mejorar la calidad del empleo e incrementado la inversión privada en el país generando de esta manera un aumento de la demanda de empleo y, por lo tanto, un aumento de los salaros. Esto solo se puede lograr por medio de más libertades. Es la única forma.

Otro ejemplo clarísimo del total desconocimiento de economía de los sindicatos sobre economía es su oposición  a sistemas de jornadas laborales más flexibles como la famosa jornada cuatro tres que permitiría a los empresarios laborar doce horas cuatro días a la semana en lugar de ocho horas cinco días a la semana. Esto permitiría disminuir costos fijos mejorando la rentabilidad de la empresa, les daría un día libre más a la semana a los trabajadores, se incrementaría la eficiencia energética en las empresas intensivas en maquinaria y otros. 

Es poco creíble que alguien o algún grupo se pongan en contra de esto pues no disminuye de ninguna forma las garantías laborales del trabajador pero los sindicatos están en contra pues alegan que implicaría una disminución en las horas extra. Qué cosa más extraña, los mismos grupos que alegan que los empresarios son explotadores ahora están en contra de leyes que implicarían que el trabajador pueda limitarse a las horas establecidas originalmente en su contrato. Sistemas de jornada de trabajo más flexibles como este permitiría incrementar la rentabilidad de las empresas e incrementaría el ambiente de inversión en el país generando más empleo pero estos grupos retrógrados simple y sencillamente no lo comprenden.

Finalmente, otro ejemplo claro de desconocimiento en economía es el tema de los sobre sueldos y pluses salariales del sector público. El efecto de estos abusos en el déficit fiscal, tasas de interés, competitividad en servicios públicos es más que evidente y lo hemos analizado en muchas ocasiones en nuestro blog así que no entraremos en detalle pero es lamentable que estos grupos sociales no comprendan el daño que le hacen al país con estos abusos. Un nueva ley de empleo público que ponga en el tema de los salarios públicos en niveles más apegados a la realidad es más que necesario.

Viernes de Recomendación

Sin duda alguna el tema de los salarios en el sector público y su impacto en el deficit fiscal del país ha sido la noticia de esta semana. Precisamente por ello les compartimos los siguiente archivos. El primero de ellos es la entrevista al Diputado Ottón Solís respecto a las ramificaciones que puede tener el pacto FAC-PAC-Sindicatos de cara a este tema. El segundo el debate entre el Diputado Otto Guevara y el incansable Favio Chaves.

Desde la tribuna: quien parte y reparte...

Quien parte y reparte …se deja la mejor parte. Así es el asunto. El Estado se ha desviado de sus funciones básicas y elementales y, de manera culposa e indolente, acomete diversas labores que no corresponden a su naturaleza y termina volviendo el rótulo para adentro.

La prensa ha hecho eco del  estudio de la Academia de Centro América denominado “Costa Rica: empleo y política salarial del sector público”. El digital CRhoy destaca que “Unos 120 mil funcionarios públicos reciben beneficios de 54 regímenes de convenciones colectivas”, que el “El monto que reciben los empleados públicos por remuneraciones, representa un 25% del gasto público total” y que “El pago de los incentivos con poca fiscalización se ha convertido en uno de los principales gastos del sector público y mucho de eso está relacionado con que 120 mil funcionarios se cobijan bajo 54 regímenes de convenciones colectivas.”.  

Por su parte, el resumen que trae el propio estudio, expresa que “ Se examina la dinámica de los salarios y el empleo público en Costa Rica, ante una crítica situación fiscal en donde la masa salarial aparece como uno de los disparadores automáticos del gasto público. La situación es muy com- pleja debido a un sector público fragmentado, una autonomía institucional fuerte y la ausencia de un ente rector. El estudio inicia con la presentación de un marco conceptual de referencia sobre la importancia, costos y beneficios del empleo público y los regímenes de servicio civil. Se presentan seguida- mente algunos casos sobre las mejores prácticas internacionales que rigen la materia, y los principales desafíos que involucra la puesta en marcha de reformas en empleo público y salarios. El estudio continúa con un análisis de la situación en Costa Rica, destacando las principales características del sistema, el marco legal e institucional y algunas experiencias llevadas a cabo en el país para romper con los esquemas tradicionales. Se examina también algunas de las reformas que han sido planteadas en el transcurso de poco más de una década para atacar los problemas identificados, y se concluye con algunas reflexiones finales.”

Los autores del estudio son Miguel Loría y Carlos Umaña. Destaco algunas expresiones de las conclusiones:

1.    “ … Un sector público costoso, ineficiente y sin un adecuado sistema de rendición de cuentas impide un servicio de calidad para el ciudadano y perjudica la productividad del aparato pro- ductivo. Esta temática no fue abordada a profundidad en el presente estudio, toda vez que el énfasis se concentró los temas de salarios y remuneraciones. …” 

2.    “La masa salarial exhibe un crecimiento automático. Dicho crecimiento en un contexto de ingresos fiscales con lento crecimiento contribuye a ensanchar el desequilibrio en las finanzas públicas.  …” 
 

3.    “La ausencia de un organismo rector en materia de empleo y salarios públicos ha derivado en el surgimiento de una serie de incentivos en el Gobierno Central y en las entidades descentralizadas, que se han consolidado como derechos adquiridos, sin una vinculación directa con el trabajo realizado. Si bien el costo de la planilla descentralizada no incide en el déficit del Gobierno Central, tiene importantes implicaciones sobre el precio de los servicios públicos. además, salarios altos en el sector descentralizado son puntos de referencia para negociaciones en Gobierno Central.  …”
 

4.    “ … a lo largo de los años el sistema actual de empleo y salarios públicos ha generado una serie de distorsiones e ineficiencias en el manejo del recurso humano. Si bien existen diferencias en los salarios base según el puesto y la institución, la raíz del problema se focaliza en los pluses salariales, los cuales se generan en gran medida al amparo de convenciones de trabajo y que son consideradas como derechos adquiridos e irrevocables por los sindicatos.”
 

5.    “ … La problemática tratada no es nueva, ya que el país ha realizado varios intentos de reforma sobre el empleo público. Durante poco más de una década el diagnóstico es básicamente el mismo, sin que se hayan ejecutado las recomen- daciones indicadas.”
Entre las recomendaciones, podemos leer lo siguiente:  “El costo-beneficio de las reformas en el empleo público y la política salarial luce positivo en términos del bienestar social, por sus impactos en el déficit fiscal, la gobernabilidad y el desarrollo económico. Pero al mismo tiempo ello implica un gran desafío para las autoridades, en términos de los arreglos institucionales, políticos, económicos y sociales que serán necesarios para poner en marcha las reformas. El tema es altamente sensible, toca una gran cantidad de intereses y genera resistencias al cambio, como bien lo ha evidenciado la experiencia internacional, sobre todo cuando existen posiciones encontradas con respecto al efecto del empleo público y el costo de la planilla estatal en la sostenibilidad de las finanzas públicas."

Aparte de los valiosos elementos de juicio, conclusiones y recomendaciones del estudio reseñado, creo que es hora de reflexionar acerca de otras cuestiones relativas directamente al tipo de Estado y de burocracia que se han desarrollado por inercia y abulia en nuestra sociedad.  Gran cantidad de convenciones colectivas reparten gollerías y prerrogativas de tal modo que quedan de lado los subterfugios y justificaciones que han servido para crear instituciones y programas.

Sencillamente el sector público gana mejor que el privado, no tiene riesgo, no necesita eficiencia, no luce ninguna productividad y ahoga a la sociedad entera.

Entre los daños no solo aparece la irritante y desastrosa situación fiscal sino la libertad conculcada a todos y entregada a una burocracia que goza de limitar las posibilidades de los demás, juega de empresaria y entorpece el desarrollo social.

Esta burocracia se queda con todo, irrespeta los principios constitucionales y se reparte convenciones colectivas que no le corresponden.   ¿Necesitamos más pruebas?

Federico Malavassi Calvo

La columna de Carlos Federico Smith: hace bien la Contraloría

No debe existir duda de que las acciones proseguidas por la Contraloría General de la República, en contra de los excesivos montos que algunas entidades estatales pagan por cesantía a sus empleados, son totalmente correctas, apropiadas y pertinentes.

Los detentadores de los privilegios, organizados en sindicatos que sólo buscan el interés de sus asociados y no el de la ciudadanía como un todo, ya han tratado de descalificar a la Contraloría por estas acciones. Cuando observo los acontecimientos, al contrario de esos privilegiados apoyo en su totalidad el esfuerzo del ente contralor, a fin de introducir algún grado de sanidad en la gestión de esos fondos públicos.

No es concebible que, mientras un trabajador común y corriente sólo percibe ocho años de cesantía; esto es, el equivalente de un mes por cada año trabajado, con un límite de ocho años, hay empleados del sector público que reciben beneficios excesivamente mayores al resto de los mortales. Por ejemplo, un trabajador del Banco Popular quien se pensiona después de trabajar allí por 30 años, en vez de recibir una cesantía equivalente a ocho meses de salario, recibe una de treinta meses. Es más, no existe límite alguno para la cesantía de un trabajador de ese Banco. Una situación de idéntico privilegio sucede en la Municipalidad de Turrialba.

La Sala Constitucional definió que el máximo posible de cesantía no podía exceder de 20 años, lo que, en sí, ya constituye un montón de años más de lo que recibe la mayoría de los trabajadores del país.  Ante esta realidad, pronto, quienes ven a la economía de un país como si fuera una vaca a la que sólo hay que ordeñarla lo más posible, nos dirán que ¿por qué no se aumenta a 20 años la cesantía para todos los trabajadores del país? Ante la posible sugerencia, sólo cabe responderla con otra pregunta: ¿De dónde saldrá la plata para mantener ese monto tan desenfrenado? Nos responderán, pues ya el cántico es estereotipado, que “cobrándole más impuestos a los ricos”. Asumen que estos no pueden trasladárselos a los trabajadores y a los consumidores.  Por ello, terminarán por ser estos últimos quienes paguen el privilegio de la cesantía de algunos. 

Cualquier estudiante de Economía básica sabe que, si la mano de obra se encarece, como sucedería con la imposición de un aumento en la cesantía, como el que ciertos líderes sindicales sueñan opiáceamente con tenerlo, va a descender la cantidad demandada de mano de obra. Su propuesta generará mayor desempleo. Los trabajadores que queden desocupados por el encarecimiento de su trabajo, serán quienes paguen el privilegio de que para algunos haya una mayor cesantía. Todo será para beneficiar a aquellos trabajadores que, al final de cuentas, logren permanecer empleados. Los sindicatos se asegurarán de que no sean despedidos los trabajadores que están afiliados a éste y, si fuere el caso de que haya que despedir trabajadores sindicalizados, serían aquellos que tengan un menor número de años de membresía, por ser posiblemente los menos influyentes y los más débiles.

Vale la pena observar lo que ha venido sucediendo en naciones de Europa, como Grecia y España, en donde las dádivas laborales al amparo sindical reinaban incólumes, hasta que en esos países se acabó la plata de sus gobiernos.  Podrán así darse cuenta de las tasas de desempleo que hoy se tienen en esas naciones, como resultado de tener que poner orden en el despelote financiero en que se encontraban sus gobiernos. Estos no tuvieron ya más plata para seguir pagando privilegios de todo tipo, significativamente asociado con los salarios de los empleados públicos.

Cómo puede ser posible, sino por su naturaleza monopólica, que en RECOPE un trabajador puede tener una cesantía de 24 años.  Si hubiera competencia, eso no se daría, aunque con aquella tal vez los trabajadores podrían lograr mayores salarios, como resultado de una mayor productividad.  Hoy, para pagar ese privilegio, el monopolio simplemente acude a cargárselo a los precios de los productos que nos venden.  Así, todos los consumidores somos quienes terminamos pagando el favorecimiento arbitrario de algunos.  Por supuesto que los sindicatos nos dirán que, si se les elimina esa cesantía privilegiada, tal medida se reflejará tan sólo en una porción muy pequeña del precio que se cobra por los combustibles.  Ese es el viejo argumento de “somos tan pequeños, que no importamos”. Esto es, que si alguien propone eliminar o reducir un gasto gubernamental, se alega que no hay razón para hacerlo, si porcentualmente es muy poco importante en el costo total. Algo igual sucede con el proteccionismo arancelario en el caso del arroz, en que un protegido productor logra que el costo al consumidor doméstico sea mayor en, tan sólo, un colón por kilo, el cual posiblemente “no lo siente tanto” el consumidor final. Lo relevante es el gran volumen que se vende de kilos de arroz protegido en el país.  Por ello, es difícil imaginar el monto total adicional de ingresos que recibe cada uno de los pocos productores nacionales, por ese sobreprecio hipotético de un colón. Entre peso y peso de más por kilo, el total genera una soberbia y sabrosa cantidad de dinero, producto del privilegio proteccionista otorgado a unos pocos.

El trabajador del Consejo Nacional de Producción disfruta de una cesantía de 25 años.  Esa es una institución que casi ni opera. Es muy poco, si algo, lo que hoy hace.  Es tan sólo por un miedo interesado de los políticos, que no se ha podido poner un candado a esa entidad. En tanto, lo que habrá que pagar por cesantía a los trabajadores de esa entidad, sigue subiendo casi sin límite. Allí se siguen utilizando recursos, humanos y financieros, que posiblemente serían mucho más productivos si estuvieran siendo empleados en otras actividades o, al menos, su utilización no generaría pérdidas.  La existencia del CNP se da tan sólo porque, de alguna manera, el dinero de los costarricenses sigue siendo usado por los intermediarios gubernamentales, para mantener abierto lo que nada o poco hace.

En la Municipalidad de San José, en enero la cesantía se redujo de una indefinida eternidad a sólo 20 años, que es el límite máximo que faculta la Sala Constitucional. Dicha cesantía sigue siendo, aunque ya legalizada, muy superior a lo que obtienen la mayoría de los trabajadores públicos y privados. De alguna manera son estos mismos trabajadores públicos y privados, con los impuestos que pagan y con el mayor costo de servicios públicos que deben pagar, los que mantienen el privilegio para unos pocos. Los empleados de esa Municipalidad no parecen estar muy cómodos con el nuevo arreglo (de ser uno de ellos, mejor me quedaría callado: ese privilegio sigue siendo muy alto en comparación con el resto de los trabajadores). De darse una movilización sindical para oponerse al reordenamiento que busca la Contraloría, probablemente lucharán por volver al aún mayor privilegio de su pasado.

Debemos apoyar el loable esfuerzo que hoy lleva a cabo la Contraloría, en defensa de los recursos escasos de todos los costarricenses. Son fondos públicos, recogidos con impuestos o con sobreprecios en los servicios, los que hoy son malgastados para satisfacer esos privilegios para algunos, tal como hemos venido comentando.

Jorge Corrales Quesada

Desde la tribuna: clientelismo electoral, empleomanía y cleptomanía, repasando la Teoría del Estado

Se siente una terrible angustia cuando se observa lo que pasa con algunas gestiones públicas. Costa Rica no es excepción sino más bien exacerbación.

Las noticias causan más susto que un tsunami y tanto disgusto como un asalto callejero. La Administración pública hizo unas acrobacias según las cuales condonó más de diez mil millones de colones de la deuda del Gobierno central con la CCSS. El régimen de pensiones común (IVM) está a punto de colapsar. La planilla estatal aumenta desmesuradamente.

Si hacemos un examen de otras situaciones, concluiremos que el asunto es grave: el estado del régimen de pensiones del magisterio nacional y cómo resulta con cargo al presupuesto, la relación entre el régimen de pensiones del magisterio nacional y la contribución presupuestaria a las universidades públicas, el tema delas incapacidades en la CCSS, el aumento generalizado de las planillas de la Administración pública central y descentralizada, la desmejora en los servicios públicos, porqué el Poder Judicial tiene un sistema de pensiones diferente del común (IVM de la CCSS) y de dónde vienen los fondos.

Cuando un cantinero se olvida del negocio y empieza a tomarse los tragos detrás de la barra del mostrador, entonces se dice que volvió el rótulo para adentro. Solo se atiende él, no atiende a los clientes y la cantina perdió la razón de ser.

En algunos servicios públicos es más que evidente que la administración volvió el rótulo para adentro.

Para colmo de males, algunos políticos han entendido que el camino al poder pasa por ofrecer repartición, prestaciones y subvenciones a cambio de los votos y el apoyo electoral. Es una racionalización exagerada de parte del electorado (hay que recordar a Buchanan, “the public choice”).

En algunos casos, hay arreglos para obtener ganancias a costa del pueblo. El caso de la “alianza estratégica” de una sociedad anónima de una institución autónoma con un “empresario” (quien gana comisión por los ingresos por partes) para poner cámaras en las carreteras es de antología. ¡Tan rápidos para estas cosas y tan despaciosos para otras!

En lugar de ofrecer probidad, eficiencia, orden, disciplina, trabajo y un gran respeto a la Constitución, el programa electoral se centra en “redistribución”, expoliación y favoritismos. En un abuso de la expresión “justicia social”, se realiza un peligroso juego entre electorado, candidatos y programas políticos que asemeja una subasta: “¿quién da más?”.

Por supuesto, en este juego de subasta del voto se ofrecen dádivas que se obtendrán de “terceros de buena fe”. ¿Bono de vivienda? ¿Programa “avancemos”? ¿Subsidios? ¿Salarios extra? Todo saldrá de los bolsillos ajenos.

Obviamente, es una forma de demagogia (dominación tiránica de la plebe). Sin embargo es puro clientelismo electoral.

La Constitución Política habría de ser el límite de tanto desmán y abuso. Sin embargo, hemos estado descuidando el órgano político fundamental para poner los puntos sobre las íes.

¿Cómo ponerle el cascabel al gato? ¿A quién le corresponde? Para ello hay que terminar de comprender la magnitud del problema. El Estado ha sido secuestrado, asaltado e instrumentalizado en favor de algunos intereses que no corresponden a tal organización.

Se entiende que el Estado es para garantizar el Derecho y los derechos fundamentales. Se organiza bajo una serie de supuestos (establecidos en la Constitución Política) y para actuar de conformidad con un sistema de principios y procedimientos.

La soberanía reside en la Nación (o sea, el pueblo es el soberano y la organización actúa en función de él). Pero el soberano se constituye en un pacto que respeta derechos y garantías individuales, unas formas y unos procedimientos esenciales.

El mismo poder del pueblo no puede pasar por encima de los principios fundamentales establecidos en la Constitución Política. Muchos menos el poder derivado y con menos razón la Administración Pública.

No obstante, por desidia y abulia se ha ido dejando hacer a algunos órganos y creaciones derivadas. Por ejemplo, ahora Recope decide hacer una refinería nueva y capitaliza una cantidad irrazonable a partir de un sobreprecio inaceptable. ¿Quién lo autorizó y cuál es el plan?

El órgano legislativo tiene la potestad de designar magistrados (cabeza del Poder Judicial, cúspide de la competencia jurisdiccional en diferentes materias e integrantes de la Sala Constitucional). También elige al Contralor General de la República (órgano auxiliar en el control de la Hacienda y recursos públicos) y tiene injerencia en otros nombramientos importantes. No obstante, tenemos a los diputados confundidos exigiéndoles leyes a granel y distrayéndoles de sus cometidos fundamentales.

Por supuesto que entonces campean la cleptomanía, el clientelismo y la empleomanía, al capricho de los administradores transitorios. Devuelven comestibles por votos, favores por elección, nombramientos por simpatía electoral, negocios por comisión, condonación y encubrimiento.

Han secuestrado al Estado con la obsecuencia de los órganos contralores del poder público, porque nos hemos dejado arrebatar nuestros derechos. Una parte de la población está a la espera del puesto público (aunque no haya que trabajar), de la dádiva, del bono, del subsidio, otra parte de la población (políticos) puja por ofrecer tales favores, la administración vuelve el rótulo para adentro y los demás nos dejamos sin protestar. Aceptamos que se diga que combaten la pobreza, nos quedamos callados cuando tramitan irregularmente pacquetazos tributarios, nos da miedo defender nuestros derechos, nos asusta que nos arruguen con pauta publicitaria de la Administración Pública, nos solazamos cuando se habla mal de los diputados y poco a poco nos convertimos en cómplices del desastre.

¿Qué hace falta para despertar? ¿Quién se apunta a defender una organización estatal bien orientada? ¿Quién está dispuesto a luchar por los derechos fundamentales? ¿Quién se suma a una pelea para que las cosas se hagan bien en la Administración pública?

Federico Malavassi Calvo

Tema polémico: Plan Escudo y empleo público

Una importante causa de la crisis financiera actual de la Caja Costarricense del Seguro Social es el desproporcionado aumento de 10.956 puestos de trabajo entre los períodos del 2005 al 2010. Este aumento en plazas responde al famoso Plan Escudo de don Oscar Arias para, supuestamente, combatir las consecuencias de la crisis financiera mundial.

Como ya lo hemos denunciado en ASOJOD en varias ocasiones, la mayoría de las medidas implementadas del Plan Escudo para lo único que sirvieron fue para dejar a al Estado con uno de los déficit fiscales más altos de la región y, como ha quedado en evidencia en las últimas semanas, también las demás instituciones del Estado, como la CCCSS, que ha quedado al borde la quiebra. No entendemos como alguien tan preparado como don Oscar Arias y el resto de su equipo keynesiano nunca logró comprender el simple hecho de que el dinero no crece en los árboles y cualquier aumento en el gasto estatal tiene que salir, tarde o temprano, del bolsillo de todos los costarricenses. Quizá precisamente por ser keynesianos.

Aún muchos analistas defienden el Plan Escudo, aduciendo que si el Estado no hubiera contratado a las personas desempleadas del sector privado a causa de la crisis financiera, los efectos de la misma sobre el país hubiesen sido nefastos. Ciertamente la crisis financiera mundial obligó al sector privado en Costa Rica a disminuir sus planillas. Se perdieron alrededor de 41.000 puestos de trabajo entre setiembre del 2007 y abril del 2009. Pero, como ocurre en todas las crisis, la recuperación viene acompañada de un efecto acelerador (entre setiembre del 2009 y abril del 2010 se recuperaron casi 35.000).

Obviamente, los países con mejor clima empresarial son aquellos que salen ganadores luego de una crisis. En Costa Rica, en lugar de asegurar mejores condiciones para el sector privado, de modo que pudiera salir de la crisis con mayor facilidad, se tomó la decisión de aumentar las planillas en el sector público injustificadamente e incrementar el gasto, al tiempo que se envió un nuevo paquete de impuestos al Congreso que, de ser aprobado, enterrará todo esfuerzo por generar empleo y riqueza.

Ver el trabajo como un fin en sí mismo es el peor error que se puede cometer. Un incremento en el empleo siempre tiene que responder a una necesidad. Por ejemplo, la CCSS aumento su planilla en casi 11.000 empleados, pero esto no se vio reflejado en una mejora en el servicio brindado. Entonces ¿qué beneficio recibieron los costarricenses con esos empleados de más? Ninguno. Por el contrario, se perjudicaron, pues tendrán que pagar, con sus cuotas, los salarios y gollerías que adquieran esos trabajadores.

Claro, en aquel entonces pareció como una buena idea pero es ahora, que el Estado tiene un déficit insostenible y las instituciones públicas están en crisis, que estamos viendo las consecuencias. Lo único que logró don Oscar Arias con su Plan Escudo fue posponer los efectos de la crisis unos cuantos años y tirarle las consecuencias a la próxima Administración. A menos que se reviertan estas medidas por medio de una significativa disminución del gasto público (y sí, lo decimos abiertamente, eso implica disminuir planilla pública vía despidos), el Gobierno tendrá que cubrir esto por medio de impuestos poniendo aún más en riesgo la actividad económica del país. Ahora las consecuencias podrían ser más graves que las que hubieran sucedido si no se hubiera puesto en marcha el Plan Escudo de don Oscar.