La columna de Carlos Federico Smith: ¿y quién va a pagar por esto?

Ya lo sé. Habrá quien piense que esta es una pregunta estúpida. Pero, me parece conveniente enfatizar que será usted, que seré yo y que seremos todos los contribuyentes al sistema de la Caja del Seguro Social, quienes tendremos que pagar por las pérdidas provocadas por la huelga reciente en esa entidad. Y no es poca cosa: estimaciones preliminares hechas por ese ente indican que, al momento en que se dio a conocer a los ciudadanos, la pérdida será, como mínimo, de ¢12.000 millones.

La información proviene de un artículo de La Nación del 21 de octubre, titulado “Huelga costó a la Caja al menos ¢12.000 millones,” pero creo que es un título verdadero a medias, pues, en realidad, es un costo que nos fue ocasionado a todos los costarricenses por un grupo de huelguistas en días anteriores (estimación de la huelga que duró del 10 de setiembre al 10 de octubre).
 

Pero, quedemos claros: esas son estimaciones preliminares pues, según lo señaló al medio la Gerencia Médica de la entidad, dicha información tiene que ajustarse por “el dato de los funcionarios participantes en la huelga y con los requerimientos de las diferentes unidades de la Caja para mitigar las secuelas de la protesta de los servidores.” Aquella estimación de ¢12.000 millones “incluye los pagos de horas extra y la contratación de personal adicional”, así como “la compra de servicios de lavandería y nutrición” y lo que la Caja denomina “oportunidades perdidas,” que es “el valor de las consultas y cirugías programadas y que no se pudieron realizar.” 

Según la Caja, el total de citas perdidas fue de 129.935, de las cuales 80.949 eran con médicos generales, 40.567 con médicos especialistas y 8.000 con otro personal como trabajadores sociales, psicólogos y nutricionistas. Hasta el 10 de octubre se habían perdido 3.706 operaciones y se estimó que podrían ascender a 4.000. Gracias al Expediente Digital Único de Salud se atendió a enfermos en los hospitales. Así, las citas perdidas no fueron lo elevadas que podrían haber sido sin ese instrumento de control.

Aquellos datos de costos en que incurrimos los costarricenses por esa huelga en la Caja, obviamente no miden los costos que personalmente experimentaron, incluso en el control de su salud, todos aquellos que no tuvieron los servicios normales de la Caja, costos que van desde adquirir servicios médicos fuera de la Caja, pedir permisos en los trabajos para ir a la nueva oportunidad de cita que se les dio, costos de transportarse a los hospitales y llegar darse cuenta de que no los atenderían, teniendo que volver luego a recibir el servicio, e incluso por dolores que muchos sufrieron durante esa espera del cuido necesario y no me atrevo a pensar que, por la huelga, hasta muertes pueden haberse dado, al no tenerse el servicio de pleno funcionamiento de la Caja.
 

Por eso, aquella pregunta “estúpida” me permitió hacer ver la ausencia de misericordia ante el dolor ajeno que exhiben ciertos huelguistas insensatos, además del costo pecuniario para la Caja; esto es, para los contribuyentes, quienes siempre son los que terminamos pagando esas injusticias.

Jorge Corrales Quesada

Tema polémico: el arte y la cultura no deben ser financiadas por el Estado

En las últimas semanas se ha desatado un debate respecto a los recortes al Presupuesto Nacional -bastante laxos e insignificantes a nuestro modo de ver-  y las posibles consecuencias que algunos sectores estiman, recurriendo a las tácticas del miedo que tanto criticaron antaño. El capítulo más reciente lo escribieron los "artistas" que marcharon hacia la Asamblea Legislativa reclamando contra los recortes en el área de cultura, manifestación que finalizó con actos vandálicos que dañaron los muros del Congreso y cuya reparación costará unos 3 millones de colones que saldrá de los bolsillos de todos los costarricenses.

Este reprobable comportamiento, propio de pachucos que no tienen ningún empacho en torcer la realidad y el lenguaje haciéndose llamar "artistas" cuando no son otra cosa que salvajes, debe hacernos reflexionar. En momentos como estos, con un déficit fiscal superior al 6% del Producto Interno Bruto y con un panorama financiero muy perturbador en el corto y mediano plazo, hay que entender que los recursos son escasos y deben destinarse a lo estrictamente prioritario: seguridad, infraestructura y administración de justicia. 

Es vital que los costarricenses comprendamos de una buena vez que no podemos seguir sosteniendo el nivel de gasto público que hemos tenido en los últimos años y que es urgente hacer reformas tendientes a racionalizarlo si no queremos enfrentar consecuencias muy graves en el futuro. Los elevados niveles de evasión fiscal evidencian que no estamos dispuestos a pagar por el monstruo estatal y este momento histórico por el que transitamos es el propicio para generar ese cambio hacia un aparato mucho más pequeño, respetuoso de los derechos de propiedad y que verdaderamente permita que el mercado genere riqueza.

Hay que ser claros y contundentes: el arte y la cultura no deben ser financiados por el Estado; deben ser financiados de forma privada, a través del talento y la capacidad de quienes lo ejecutan para atraer la atención y el dinero de los consumidores. Si no son lo suficientemente buenos, no deben obligar a los costarricenses a pagar por sus fallos. Exigir recursos públicos para su actividad es imponernos a todos los demás lo que ellos consideran arte y cultura, cuando muchos estimamos la mayoría de la oferta como vulgaridad, pachuquismo y chabacanería de mal gusto.

Pero más que eso, se torna vital que los propios artistas, aquellos que están ligados al arte y la cultura, se den cuenta que deberían ser los primeros en exigir que el Estado saque sus garras del sector. Aceptar financiamiento público para las expresiones artísticas es tolerar una mordaza que limitará su libertad para denunciar, para cuestionar y criticar, pues si quieren seguir recibiendo el dinero, tendrán que guardar silencio ante los abusos y desaguisados.  

Los artistas costarricenses han olvidado el papel histórico de su trabajo como catalizador de la transformación política a través de la denuncia, de la sátira y de la exposición y han empeñado su creatividad al capricho estatal que los financia, siendo cómplices del desastre de sociedad que tenemos. La cultura es libertad; pero en Costa Rica, se ha puesto al servicio del Leviatán, de ese monstruo que cercena libertades y derechos día a día. 

Todos los tax payers debemos resistirnos a que sigan vaciando nuestros bolsillos para financiar cuanta ocurrencia surja, cuanta manifestación de "cultura oficial" nos impone el Estado. Pero especialmente los artistas deben recuperar la independencia de criterio para poder expresarse libremente. Solo así podrán florecer verdaderamente.

Tema polémico: candidaturas con salario

Hace poco tiempo, el frustrado candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Rodolfo Hernández, puso sobre el tapete la idea de que a los postulantes debería pagárseles un salario para permitir una verdadera democratización electoral, pues con el sistema actual, solo las personas de mucho dinero pueden darse el lujo de dejar sus ocupaciones y dedicarse a una campaña sin recibir una remuneración. Por supuesto que con ese planteamiento, ardió Troya. Los comentarios críticos hacia esa idea y los calificativos de oportunismo y enriquecimiento a costa de los tax payers no se hicieron esperar y la propuesta no quedó más que en el baúl de los recuerdos. ¡Por dicha!

No obstante, nos preocupa que si bien compartimos el repudio a esa idea, la oposición se centre únicamente en cuanto a candidatos presidenciales, cuando la realidad es que los postulantes a otros puestos de elección popular están desangrando al erario público sin que nadie diga nada, ni se inmute, como pasa con algunos Diputados que se convierten en candidatos presidenciales o con funcionarios del Gobierno Central, instituciones autónomas o Municipalidades que participan como candidatos a la Presidencia, Diputados, Regidores o Alcaldes, sin tener que renunciar a sus cargos y sus salarios mientras están en campaña.

Si bien los artículos 109 y 132 de la Constitución Política establencen claramente quiénes NO podrán ser Diputados ni Presidentes respectivamente y el numeral 146 del Código Electoral dispone que los funcionarios públicos tienen prohibición para dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político-electoral durante las horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. Solamente el Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y Viceministros, el Contralor y Subcontralor, el Defensor y Defensor Adjunto, el Procurador General y el Procurador General Adjunto, los Presidentes Ejecutivos y miembros de Juntas Directivas de instituciones autónomas, gerentes y subgerentes de instituciones autónomas y entes públicos estatales, los policías, agentes del OIJ, empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, Magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia, no podrán participar en ninguna actividad de carácter político-electoral ni hacer ostentación pública de preferencia partidaria.

Es claro entonces que salvo para la lista cerrada de funcionarios mencionados, la prohibición aplica para los funcionarios públicos solamente durante horas laborales. Es decir, durante el resto del día no hay ningún impedimento para dedicarse a actividades político-electorales. Ahora bien, resuelto ese problema caemos en otro: ¿qué pasa con el sueldo de esos funcionarios, aún cuando participen en horarios distintos al laboral? Vamos a omitir la discusión cuando se trata de funcionarios que colaboran en las campañas, simpatizantes, participantes indirectos en el proceso electoral para concentrarnos exclusivamente en los que postulan su nombre como candidatos.

El artículo 33, inciso 5) del Decreto Ejecutivo Nº 21 del 14 de diciembre de 1954, "Reglamento del Estatuto del Servicio Civil y sus reformas" establece que se puede otorgar una licencia sin goce de salario de

"(...) Cuatro años, a instancia de cualquier institución del Estado, o de otra Dependencia del Poder Ejecutivo, o cuando se trate del cónyuge de un funcionario nombrado en el Servicio Exterior; o en los casos de los funcionarios nombrados en otros cargos públicos. El plazo anterior podrá ampliarse hasta por un período igual, cuando subsistan las causas que motivaron la licencia original".

Si bien pareciera ser muy claro que el funcionario con puesto en propiedad que decide postularse a un cargo de elección popular tendrá una licencia sin goce de salario durante el tiempo que dure el nombramiento en caso de obtenerlo, no es igualmente claro cuando se trate solo de candidaturas. Es decir, con el vacío normativo, perfectamente ese funcionario, independiemente del resultado final de la elección, podría estar recibiendo remuneración con fondos públicos durante la campaña y la licencia sin goce de salario sólo le aplica en caso de asumir el nuevo cargo. 

Lo anterior se desprende de la lectura del Dictamen Nº 078 del 14 de marzo de 2008 de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Resolución Nº Nº 2689-E8-2009 del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). A este respecto, dice el TSE en la citada resolución sobre el cuestionamiento de si debe o no renunciar Johnny Araya al cargo de Alcalde Municipal de San José para postularse a la Presidencia de la República: 

"Acerca del caso concreto importa precisar, primeramente, que la legalidad de la licencia sin goce de salario extendida por el Concejo Municipal de San José al señor Johnny Araya Monge es un asunto de índole administrativa que escapa a las competencias de la jurisdicción electoral y que compete dilucidar en otras instancias como lo son la propia Corporación Municipal, conforme a la autonomía política y administrativa que le concede la Constitución Política, la Procuraduría de la Ética Pública, en el campo de sus atribuciones, o la propia jurisdicción contencioso-administrativa. 

(...)

En la inteligencia señalada, teniéndose en cuenta que el otorgamiento de la licencia en cuestión es un acto administrativo ajeno a las potestades de este Tribunal, cuya invalidez no ha sido declarada, resulta improcedente la cancelación de la credencial contra el señor Johnny Araya Monge, Alcalde Municipal de San José. Cabe resaltar que la licencia otorgada al señor Araya Monge se origina en un acuerdo del Concejo Municipal de San José, razón por la cual es la actuación del Concejo la que los recurrentes invocan. Por esta razón, también resulta innecesario ordenar la apertura de un procedimiento administrativo de cancelación de credenciales ante la Inspección Electoral de este Tribunal, dado que la licencia concedida cobija la inasistencia a labores del Alcalde Municipal.

En otras palabras, si bien el presupuesto de inasistencia a las labores por más de ocho días constituye uno de los motivos de cancelación de la credencial de un alcalde, es lo cierto que en la especie se ampara en una licencia otorgada por el Concejo Municipal y ese acto administrativo no ha sido declarado inválido; declaratoria eventual que, en todo caso, podría acarrear responsabilidad para quienes otorgaron el permiso pero no para quien lo solicitó, máxime si tomamos en cuenta que lo fue sin goce salarial.” (el resaltado no es del original).

(...)

Así las cosas, quienes se desempeñen como alcaldes, al tener tan solo prohibición relativa de intervenir en actividades políticas de los partidos políticos y no estar en la lista de funcionarios con incompatibilidad para aspirar a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, no tienen la obligación de renunciar a la alcaldía para postularse a dichos cargos.

Ante ello, resulta jurídicamente posible que un alcalde municipal se postule para Presidente de la República y continúe desempeñando el cargo municipal. Sin embargo, tendrá que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentre en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándole vedado utilizar su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales. Por tanto,

Se interpreta que los alcaldes municipales no están en la obligación de renunciar a su cargo para postularse como candidatos a la Presidencia de la República. Sin embargo, tendrán que abstenerse de participar en actividades o discusiones de carácter político-electoral cuando se encuentren en horas laborales o en el desempeño de su puesto, estándoles vedado valerse de su cargo para beneficiar a la agrupación política de su simpatía o sus propias aspiraciones personales".

En este orden de ideas, es dable pensar que, en virtud del principio de igualdad ante la ley, si el Alcalde no está obligado a renunciar a su puesto para postularse a Presidente de la República, entonces cualquier otro funcionario que decida ser candidato a Diputado, Regidor o Alcalde, tampoco debería estar obligado, excepto que específicamente así lo establezca una ley, como en los casos señalados en los que están debidamente establecidas las prohibiciones e incompatibilidades para la postulación. 

Ahora bien, ¿cuál es el problema?  El problema se da en dos dimensiones: la primera, si un funcionario público con su puesto en propiedad decide postularse a un cargo de elección popular, podría percibir su remuneración sin impedimentos -exponiéndose eso sí a la denuncia moral cuando sus contrincantes lo descubran-. Si gana, utilizó ese dinero para su campaña, teniendo una ventaja indebida frente a estos, si es que ellos no son también funcionarios públicos. Si pierde, regresa a su puesto, a seguir devengando un slaario. En cualquier caso, independientemente del resultado de la elección, ese candidato asumirá de forma privada todos los beneficios -exposición mediática, poder, un puesto y nuevos ingresos en caso de ganar- y socializará las pérdidas -si le alcanzan los votos a su partido para redimirlos en bonos de contribución estatal a las campañas-, pues todos los ciudadanos terminaremos pagando su aventura, sea con su salario o sea con la deuda política. 

La segunda es el posible conflicto de intereses que podría presentarse cuando un funcionario público pasa a ocupar un puesto, por ejemplo, de Diputado. Reiterados ejemplos existen en nuestra realidad política con empleados del ICE, CCSS o de las Universidades Estatales, apenas por citar algunas, que llegan a Cuesta de Mora y participan en el proceso decisional de proyectos de ley relacionados con las instituciones a las que pertenecen, generando beneficios para estas o, incluso, para ellos. Muchos tratan de calmar las suspicacias retirándose de la votación de las iniciativas, pero olvidan que, en virtud de su cargo, ejercen el papel de lobbystas, impulsando iniciativas, negociando e incluso amenazando a otros legisladores con bloquear proyectos de su interés si no apoyan la otra, haciendo de ese retiro un mero formalismo. 

Así, han logrado privilegios con fondos de pensiones, reconocimientos de derechos laborales, exoneraciones, tratamientos diferenciados para los funcionarios de su institución o bloqueando reformas necesarias que la burocracia interna rechaza, como en el caso de la apertura en el mercado de energía que cuenta con la oposición de Diputados que hace casi cuatro años, vestían la camiseta del ICE. Sin duda, ese puesto les da privilegios para legislar en beneficio propio, sin tener que enfrentar eventuales procesos judiciales pues no aparecieron el día de la votación y con eso salvan cualquier responsabilidad. 

En ASOJOD hemos manifestado nuestra fuerte oposición al financiamiento público de los partidos políticos y por supuesto al pago de salarios para los candidatos a ocupar cualquier puesto de elección popular. Y en esta ocasión, también hacemos público nuestro repudio a la posibilidad de que funcionarios públicos, sean de elección popular o con puestos en propiedad, puedan recibir su salario mientras se dedican a una campaña. Si alguien quiere ocupar un cargo, perfecto, que lo haga al amparo de los derechos constitucionales que le asisten. Pero que asuma el costo y el riesgo de hacerlo, que renuncie al puesto público que desempeña. No se vale que se valgan de los recursos de todos los tax payers para participar como candidtatos en una campaña electoral mientras reciben una remuneración pagada con nuestros recursos para, en caso de ganar, llegar a ocupar un nuevo puesto mientras deja "congelado" el propio y desde el cual puede operar en su propio favor para, terminado el mandato, regresar a disfrutar los privilegios que se granjeó.

La columan de Carlos Federico Smith: sindicato irresponsable

Como liberal creo en el derecho de las personas a asociarse; por ejemplo, en empresas, asociaciones, colegios profesionales, sindicatos, como resultado de un principio esencial de autonomía individual; de libertad.  En lo que no estoy de acuerdo es que, por ejemplo, los sindicatos prosigan políticas que esencialmente restringen la libertad de otras personas. Por ello, me opongo a la existencias de convenciones colectivas en el sector público, que han llegado ha convertirse en un lecho para el amancebamiento de los intereses de los trabajadores gubernamentales y de los políticos de turno.

Los primeros ofrecen apoyar políticamente al gobierno si éste les concede los privilegios que solicitan y los segundos están dispuestos a dárselos, pues ellos no tienen que pagarlos de su bolsillo, sino que, de alguna manera, trasladan el pago al resto de la ciudadanía. La clave política del gobierno está en que los impuestos que debe poner para financiar esas gollerías, no sean claramente asociados, en el corto plazo, con dicho pago, sino que simplemente pasan a engrosar un déficit, como parte de un indefinido mayor gasto público.  Después de todo, el efecto de satisfacer esos nuevos privilegios se sentirá tan sólo a un plazo más largo, cuando al elector le costará más asociar el mayor déficit con la prebenda otorgada al sindicato público. (Después de nosotros, que venga el diluvio). Así es factible lograr una simbiosis política que privilegia a sindicalistas y a políticos, en contra de la ciudadanía como un todo.

El gran obstáculo que hay en la actualidad para que se logre el amasiato expuesto, es que la situación fiscal es tan delicada, que la ciudadanía está más atenta que nunca de evitar que el déficit se desborde y que obligue a aumentos gravosos de impuestos que no desea. Hay una especie de voluntad ciudadana en favor de que el orden prime en la gastadera estatal.

Deseo comentar acerca de la reciente petición de un importante sindicato nacional, el de Trabajadores de la Educación Costarricense, mejor conocido como SEC, que de fructificar creo que causará un grave daño al país.

No es una broma de mal gusto el pliego de negociaciones que el SEC le ha presentado al gobierno de la República, pues en esencia pretende obtener una letanía de privilegios que muy posiblemente ni en un reino de abundancia fiscal lo lograrían.  En alguna ocasión de mi vida, un líder sindicalista me dijo que una práctica usual de esos gremios en este tipo de negociaciones, era entrar con una carretada de peticiones para ver que agarraban y así quedaban contentos y podían justificar ante sus asociados, que algo habían logrado algo. Pero a todas luces, lo que ahora nos presenta el SEC posee características tan peculiares, que vale la pena que las exponga.  Me comentaba una microbióloga que hay ciertas bacterias (“bichos” les llamo yo) que se aparecen en el momento en que el organismo del enfermo es el más débil posible. Como es ante la baja en las defensas del ser humano cuando hacen su aparición, a esos cuerpos extraños se les llama “oportunistas”.

Me da la impresión de que el SEC sale ahora con tal magnitud de peticiones, porque considera que, como hay un gobierno ciertamente débil como pocos, es ésta la mejor oportunidad para presentar sus ambiciones crematófagas (devoradoras de riqueza). Pero éstas no mueven a risa, aunque parezca ser un producto histriónico de algunos dirigentes sindicales, sino que más bien provocan la cólera de quienes tendrán que pagar la sarta de privilegios solicitados; esto es, de los ciudadanos comunes y corrientes, principalmente los de menores ingresos, quienes difícilmente pueden evitar los tributos que sobrevendrán por ese mayor gasto gubernamental.

Tengamos claro, de una vez por todas, que el interés esencial de un sindicato es el logro de mayores ingresos para sus asociados, mediante aumentos de salarios o por la obtención de privilegios laborales, objetivo que se pretende ocultar alegando que lo que interesa es la educación, la Patria, el bienestar del costarricense y otras cosas que suenan muy bien, pero que en realidad, con los actos verdaderos de los sindicatos, se están muy lejos de lograr. Los sindicatos lo único que buscan es cómo maximizar el beneficio de sus asociados y punto. Lo demás es pura sensiblería y paja politiquera.

De acuerdo con una información periodística, la siguiente es la lista de peticiones incluidas en una convención colectiva que el SEC pretende lograr. Entre paréntesis incluyo breves comentarios míos a tales peticiones:

•    Auxilio de cesantía por 20 años. (Exceptuando a otros privilegiados del sector público, el resto de trabajadores del país sólo lo tiene por 8 años. Dada la situación fiscal del país, de otorgarse, mejor será que apaguemos y nos vayamos).

•    Si un profesor de música hace talleres, recibirá un sobresueldo del 30%. (Debemos decidir si es necesario pagar talleres o si estudiantes y profesores se ponen de acuerdo para mejorar su vida, escogiendo hacerlo voluntariamente, como ha sido hasta hoy).

•    Los miembros del SEC recibirán alimentación y pago de transporte en zonas en donde no haya bus o que sean de menor desarrollo. (Probablemente en esas zonas de menor desarrollo hay cosas que son más baratas, como vivienda y comida, además de que lo de menor desarrollo requiere que haya una zonificación que no existe.  En todo caso, si es que esos trabajadores son “mal pagados”, no harían ofertas de trabajo para laborar allí).

•    Si trabaja en una zona rural o en un área turística se le deberá dar una casa con todo y computadora e Internet. (Casi que todo el país es zona rural o zona turística, además de que podría ser un área tan agradable para vivir, que más debería aceptar menor paga por ese disfrute. A mi que me manden a Punta Islita o a Puerto Viejo en Limón).

•    Si trabaja en una zona turística, tendrá un sobresueldo del 25%. (Dado lo indicado en el párrafo anterior, más bien, tras vivir pasándosela rico en un lugar turístico, ¡hay que pagarles mucho más sueldo que el actual!).

•    Los costarricenses les pagaremos taxi a los empleados y maestros que trabajen en áreas de alta peligrosidad o con problemas de alcoholismo y drogadicción (Si se estira la colcha, casi que podemos cubrir a todo el  país con esos vicios.  En tanto los del SEC andarán cuidaditos en taxi, los restantes ciudadanos, quienes quedarán más pobres después de pagar los impuestos para financiar ese privilegio, tendremos que sufrir con los alcohólicos y drogadictos que los hay por todo lado).

•    Se otorgará un sobresueldo de un 20% si alguien tiene una segunda carrera en deportes, bellas artes, idiomas y tecnología. (Siempre y cuando sea aplicable al currículo escolar, pues por allí podrían entrar cursos de trutrú, cocina de Tía Florita, juego de chapas y patineta, entre otros).

•    La jornada laboral no podrá exceder de 44, aunque se deben pagar 48 horas. (Me encanta la honestidad: menos trabajo y mayor paga. Que aprendan los alumnos cómo el esfuerzo y el trabajo les permitirá progresar en la vida ¿o es al revés?).

•    Dicha jornada incluye el tiempo para las clases, preparar, elaborar y calificar exámenes y una serie de actividades extraordinarias, como reuniones, desfiles y otras, por las cuales se pagaré el doble. (Ante esta muestra de voluntad de trabajo, para ser consistentes es mejor que los costarricenses se lo paguen de una vez, pero que los beneficiarios del privilegio mejor no hagan nada).

•    Dos meses y 22 días de vacaciones al año. (Pobrecitos, me imagino que por lo cansados que estarán ante tanto trabajar, es necesario que ellos, a diferencia de la mayoría de trabajadores del país, tengan más vacaciones. ¿Qué sentirá un trabajador que se la pasa duro breteando de sol a sol, al leer esta abusiva petición del SEC?)

•    Pero también si se casan o se juntan, tendrán dos semanas libres, así como 5 días si cambian de casa y 15 días para atender a un pariente grave. (Acaso el resto de trabajadores costarricenses disfruta de estas gollerías, pues si bien alguna parece ser deseable, simplemente se prestaría para el abuso y no hay plata de todos los costarricenses que sea capaz de cubrir tanto privilegio para un gremio).

•    6 meses antes del parto empezarán a disfrutar de dos años de incapacidad por maternidad. (Por supuesto que esos dos años serán pagados por todos los trabajadores de este país. ¿Es que el SEC no se ha dado cuenta del mundo en que vivimos, en donde la escasez y no la abundancia de recursos es lo que prima y en donde de algún lado tendrá que salir la plata para pagar ese privilegio particular?)

•    El papá maestro o empleado del SEC tendrá un mes libre por el nacimiento del bebé y si son gemelos o más, logrará 6 meses de incapacidad (O de descanso o de lo que sea: ¿Quién cree Usted que termina pagando todo esto?)

•    Si el empleado ve su capacidad disminuida por edad u otra razón, se le deberá de asignar a un trabajo adecuado sin menoscabo de su salario o profesional. (Parece razonable, pero es necesario tener claro a qué se refieren, porque es posible que el trabajo que se tenía era el adecuado y que se le está pagando lo mismo que antes de que su capacidad disminuyera).

•    Las clases no tendrán más de 20 alumnos. (Como la población costarricense ha venido creciendo menos, eso implica un descenso en la cantidad demandada de maestros, pero como al sindicato no le conviene que disminuya su membresía, la forma de asegurarse su pertenencia al sindicato, es asegurándoles trabajo, creando grupos escolares de menor tamaño. Por supuesto, que el mayor costo que todo eso tiene, lo pagamos todos los ciudadanos).

•    Si en esos grupos hay una adecuación; esto es, algún trabajo adicional con alumnos que tengan algún tipo de problema, el máximo del grupo se reduce en 6 alumnos y si la readecuación no es muy grande, tan solo en 3. (La razón de esta petición fue expuesta en el párrafo inmediato anterior),

•    Hay que dar a toda escuela diversos instrumentos musicales, para actividades escolares que incluyen desde cimarronas y marimbas hasta coros y bandas. (Por supuesto, que eso es pagado por todos los ciudadanos, quienes no sé si están dispuestos a ceder parte de sus ingresos para este tipo de cosas o, por el contrario, si tienen algunas otras necesidades más apremiantes que deben satisfacer).

•    Cada escuela y colegio tendrá servicios de atención médica, de dentistería, de oftalmología, de sicología, auditiva y farmacéutica. (Se supone que para estos asuntos de salud, existe la Caja de Seguridad Social, y a la cual se supone  que cotizan los trabajadores del SEC (así como su patrono, que es el estado, y el estado propiamente, siendo, en ambos casos –patrón y estado- pagado por todos nosotros. Ese sindicato desea que para ellos se tenga ese servicio en exclusiva, que, por supuesto, sería pagado por la ciudadanía. La pregunta lógica es ¿acaso tienen una idea del costo de una propuesta como la que hacen? Me atrevo a decir que podría ser astronómico, pero como ellos no lo van a pagar directamente, nada cuesta exigirlo mediante una convención colectiva que todos deberemos pagar).

•    En cada local escolar habrá una guardería para niños menores de 4 años. (Espero que ese privilegio, que tiene que pagarlo toda la ciudadanía por medio de un estado hoy casi en quiebra, no se otorgue bajo el prurito de que se trata una no adecuadamente financiada red de cuido).

•    Todos, por medio del Ministerio de Educación, cubriremos los gastos para defender a un maestro cuando se accidente  un alumno, al igual que los costos de traslado, alimentación y hospedaje de los testigos. Si el docente es declarado culpable, todos, por medio del Ministerio, pagarán el dinero de la condena. (Me río, por no llorar. Lo cierto es que el problema puede ser cubierto por una póliza colectiva de tipo de responsabilidad profesional que los maestros deberían de adquirir. La verdad es que todos los ciudadanos estamos expuestos a este tipo de problemas legales, entonces, ¿por qué van a estar los miembros del SEC exentos de cubrirse de este riesgo profesional propio de ellos?).

•    Después de 9 años de trabajo (no sé si es cada 9 años), el trabajador tendrá un año sabático (esto puede ser un permiso pagado de todo un año) para realizar investigaciones o estudios de maestría. (Una vez más, ¿por qué tan sólo para ese gremio y por qué debe ser cubierto su costo por todos los ciudadanos?

•    También se le dará una licencia con goce salarial (que caché: a esto no le llaman “sabático”) a quien realice estudios de mejora profesional, de especialización o posgrado en materias afines a la educación (Lo cierto es que si alguien invierte en mejorar su profesión es porque va a obtener un rendimiento que compense el costo de lo invertido -como mejores salarios. Alternativamente, sería simplemente un consumo que alguien desea llevar a cabo.  En ningún caso hay razón, ya sea inversión o consumo, para que toda la ciudadanía tenga que pagar por el costo de ese “goce salarial” de los agremiados del SEC).

•    Cuando el trabajador tenga que incorporarse a su colegio profesional, el costo de las pruebas serán pagadas por medio del MEP. (¿Por qué todos nosotros debemos de pagar, por medio del MEP, lo que es un asunto profesional y personal de los agremiados del SEC? Acaso el resto de profesionales en el país, que tenga que incorporarse en su colegio profesional, no debería ser tratado de igual forma).

•    Cuando el trabajador incurra en faltas muy graves, al mes prescriben. (Tan solo pregunto ¿por qué?)

•    Los costarricenses a través del MEP destinarán anualmente $200 por cada trabajador para prevenir el riesgo laboral. (Me llama la atención que su petición sea en dólares. ¿Será que no creen en la estabilidad del colón? ¿Será que están a favor de la dolarización? ¿O será que con este regalito, pagado por todos los ticos y extranjeros residentes en el país, lo que pretenden es gastarlo en Miami, por lo que es mejor desde ya pedirlo en dólares estadounidenses?  

•    Para terminar, los funcionarios de escuelas y colegios, activos y pensionados, sus parejas y sus hijos, tendrá matrícula gratuita en las universidades públicas. (La ignorancia económica del SEC es asombrosa. ¿Es que acaso la educación en esas universidades públicas es gratuita? La verdad es que toda la ciudadanía, por medio de impuestos, la está pagando.  En este caso lo que el SEC pretende es simplemente obtener un privilegio más, no asequible a todos los ciudadanos, pero sí es pagado por todos ellos).

Cuando lea en su hogar estas cosas, piense en lo que le ha costado a usted mantener unas rémoras en el sector público, que viven del dinero suyo, que el Estado le ha tomado por medio de impuestos, deuda o inflación, Pregúntese si desea que esos vivillos continúen logrando granjerías, aprovechándose  en esta oportunidad de que estamos en presencia de un gobierno debilucho, que no parece ser muy firme en sus decisiones y que, además, se vive un estado de precario en cuanto a las finanzas gubernamentales.  Si los ciudadanos que hoy pagamos esos abusos mostramos indiferencia ante estos sueños de opio del SEC, tendremos luego que gastar más y más en quienes sólo buscan privilegios, sin estar sujetos a algún tipo de fuerzas  competitivas, tal como sí sucede en el sector privado, en donde laboramos el resto de los costarricenses.

Jorge Corrales Quesada

¡Que relajo!

Una vez más, el Estado costarricense nos demuestra que vivimos en un relajo, en una charanga, en una fiesta donde los fondos públicos son extraídos a la fuerza del bolsillo de los tax payers para enriquecer a los amigos del poder. Ahora resulta que se destapó que el anterior gobierno nombró a Jorge Urbina en un puesto diplomático ficticio para mantenerlo en la planilla de la Cancillería, devengando un salario mensual de más de $9.000. El gobierno actual -sucesor absoluto de la Administración Arias- no parece tener interés en sacar de ahí al susodicho, toda vez que la misma Cancillería y la Presidente Chinchilla guardan silencio ante tan soez situación. Lo más que se han dignado a decir es que despedirlo implicaría pagarle prestaciones por más de $90.000 (quien sabe por qué), pero el Ministerio de Relaciones Exteriores no quiere entregar el detalle del monto.

Esta situación revela, al igual que muchas otras, que en nuestro país se crean cargos y oficinas sólo para darle empleo a la gente que colaboró en campaña electoral o que no es fiel a los caprichos de los políticos clientelistas. A los tax payers nos sacan dinero simplemente para premiar a este tipo de personas, que no le aportan nada al país pero sí a sus cuentas.

No es justo que nosotros sigamos siendo víctimas de este tipo de atropellos, viendo cómo el gobierno distribuye la riqueza que nosotros creamos trabajando, invirtiendo, creando y desarrollando, para entregársela a burócratas que no hacen más que vivir a costa nuestra. Parafraseando a Rand, aquellos que trabajan para que otros obtengan los frutos, son esclavos. En ASOJOD hacemos un llamado para que dejemos de ser esclavos y empecemos a ejercer nuestra libertad, exigiéndole a los gobernantes dejar nuestros bolsillos en paz y obligándolos a trabajar para ganarse su salario, sólo en aquellas funciones que sean legítimas para el Estado.

¡Que siga la fiesta!

Ya en ASOJOD habíamos advertido como el deseo humano de vivir a costa de los ingresos de los demás parece no tener límite, prueba de ello fueron nuestros temas polémicos: El estado como máquina de sueños y El Problema de la igualdad de oportunidades.

Hoy una vez más los hechos nos dan la razón. Ahora resulta que gracias a un voto de la Sala IV, los taxpayers tenemos que solventar las disfunciones eréctiles de quienes tienen el infortunio de sufrirlas, regalándoles la Viagra para que puedan satisfacer sus necesidades sexuales. Este voto, sigue la misma tendencia bajo la cual la Sala ha obligado a la CCSS adquirir todo tipo de medicamentos para todo tipo de padecimientos. Así las cosas, no importa que tan costosa o rara sea su enfermedad, ya que siempre podrá acudir a la Sala IV para que esta le pase la factura al resto de los taxpayers. Alguien les debería enseñar a estos Magistrados que sus decisiones no sólo tienen efectos jurídicos, sino que también tienen repercusiones económicas, institucionales y culturales desastrosas.

Crónica de una quiebra y una nacionalización anunciadas

Al igual que su hermana gemela Freddie Mac, Fannie Mae ha sido siempre un negocio fraudulento. El nefasto Franklin Delano Roosevelt la creó como empresa pública en 1938 para "facilitar" el acceso de los estadounidenses a la propiedad inmobiliaria. El negocio era simple: Fannie Mae compraba las hipotecas a los bancos, las empaquetaba y las vendía a otros inversores privados.

Dado que las hipotecas empaquetadas que vendía Fannie Mae contaban con la garantía del Estado (si el hipotecado no pagaba, lo hacía el Gobierno), la compañía podía venderlas ofreciendo una remuneración más baja que el resto de sus competidores. Dicho de otra manera: si Chiringuito SA quería que le prestasen dinero, tenía que pagar un tipo de interés más elevado que Fannie Mae por la mera razón de que, a diferencia de ésta, podía quebrar.

En principio, todas las partes salían ganando: los bancos comerciales recuperaban de inmediato el dinero recién prestado (de modo que podían conceder otra hipoteca), los inversores privados contaban con la garantía del Estado de que las hipotecas que compraban no resultarían impagas y los estadounidenses veían reducir los tipos de la deuda hipotecaria. Sólo había un pequeño perjudicado: el sufrido contribuyente, que era en última instancia quien subvencionaba la compra de las viviendas. Al fin y al cabo, Fannie Mae podía pagar tipos más bajos por su deuda porque el Gobierno le había concedido el privilegio de poder desplumar al contribuyente en caso de necesidad.

A finales de los 60 el Gobierno quiso dejar de consolidar las actividades de Fannie Mae en los Presupuestos y privatizarla. Dos años después, y ante la posición de dominio que había logrado la firma –a golpe de privilegios–, decidió introducir competencia en el mercado y creó Freddie Mac.

Por supuesto, ya la terminología empleada resulta venenosa. Fannie Mae nunca fue privatizada, dado que, implícitamente, el Gobierno seguía respaldando su deuda. Era un secreto a voces que si quebraba, el Tesoro se haría cargo de sus obligaciones, que es lo que de hecho ha sucedido. Por otro lado, Freddie Mac no suponía una genuina competencia, pues se trataba de una empresa diseñada por los políticos y, al igual que su hermana, por ellos privilegiada.

Así las cosas, en las últimas décadas Freddie Mac y Fannie Mae acapararon más de 5 billones de dólares en hipotecas (el mercado estadounidense apenas llega a los 12). Se trata de 5 billones que nunca se habrían concertado de no ser por los tipos de interés subvencionados que ofrecían esas dos firmas.

A nadie debe extrañar que la reciente crisis financiera haya abocado a la quiebra de ambas. Al fin y al cabo, Fannie y Freddie siempre se han encontrado, gracias a sus privilegios políticos, en la vanguardia del negocio hipotecario. Estaban en el epicentro del terremoto. Su quiebra estaba cantada desde que la Reserva Federal comenzó a gestar la actual burbuja inmobiliaria con sus rebajas de los tipos de interés. Nadie le hizo caso, y ahora hay que lamentar las consecuencias. Ante la amenaza de quiebra, la mayoría de los economistas ha aplaudido sin disensión alguna la nacionalización, es decir, que finalmente el contribuyente estadounidense se haga cargo de las deudas de esas entidades teóricamente privadas.

Para defender semejante intervención se ha aducido, no sin razón, que su quiebra podría derribar el sistema financiero. Al fin y al cabo, los principales acreedores de Fannie y Freddie son los bancos comerciales y de inversión, que acaparan la mayor parte de los ahorros de los ciudadanos de EEUU.

La justificación de la intervención, sin embargo, dista de estar clara. Un primer problema que surge es que, con los antecedentes de Bear Stearns, Freddie y Fannie, se genera un enorme riesgo moral en el sistema financiero. En la práctica, los acreedores de los bancos (incluidos los depositantes) saben que tienen carta blanca porque el Gobierno (léase los contribuyentes) terminará respondiendo.

Al margen de estos malos incentivos a largo plazo, existe otro problema –a medio– no menos preocupante. La deuda de Freddie y Fannie supera los 5 billones de dólares, y el Gobierno apenas ha inyectado 200.000 millones (es decir, el 4% de la misma), lo que significa que apenas repunten los impagos deberá proceder a nuevas inyecciones de capital. Es más, después de Freddie y Fannie vendrán otras muchas instituciones financieras que ya se encuentran al borde del colapso: las agencias monoline (Ambac y MBIA) o los bancos Lehman Brothers, Merrill Lynch y Morgan Stanley.

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno de EEUU con tal de que no quiebre banco alguno? ¿Tendrá capacidad de garantizar que los deudores de todas esas entidades van a cobrar? Mucho me temo que la respuesta es negativa: estamos ante una crisis de solvencia, y se han de producir fuertes ajustes en las valoraciones de los activos reales y financieros de los ciudadanos y las empresas. El Gobierno está intentando evitarlo a toda costa, pero su función no es refinanciar la deuda de las entidades privadas.

Esto último también incumbe a la Reserva Federal. Con los últimos acontecimientos se ha demostrado una vez más que su política monetaria inflacionista es un rotundo fracaso. Pese a envilecer con saña el dólar y empobrecer a los estadounidenses, no ha logrado evitar la quiebra de Bear Stearns, Freddie y Fannie. Quienes proponen recortar los tipos de manera salvaje y alocada se olvidan de que los orígenes de esta crisis no están en una falta de liquidez, sino en un aumento de la insolvencia que provoca una restricción de liquidez.

Eso sí, por favor, que nadie insista en que esta merienda de negros es un mercado libre. La crisis la provocó la Fed manipulando el crédito; la elevada exposición de Freddie Mac y Fannie Mae se debió a sus privilegios políticos; y la nacionalización de estas dos compañías ha sido orquestada por el Gobierno y van a pagarla todos los estadounidenses.

En un mercado libre no debería haber un banco central inflacionista (sino una moneda estable y de calidad respaldada por oro), prebendas intervencionistas ni rescates de empresas fracasadas. El sistema financiero actual es un atentado sistemático a los derechos de propiedad, perpetrado por los políticos y los gestores de ciertas empresas y bendecido por unos economistas –la mayoría– que perdieron hace mucho tiempo el norte (si es que alguna vez lo encontraron).

Juan Ramón Rallo