La columna de Carlos Federico Smith: el capitalismo y la discriminación

Debemos tener presente que el libro de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, vio la luz en 1962, época en la cual en los Estados Unidos había un fuerte movimiento en contra de la discriminación, principalmente índole racial. Me imagino que, por tal razón, Friedman, siempre atento a brindarnos luces en temas complejos, acudió a escribir un capítulo titulado “El Capitalismo y la Discriminación”, posiblemente teniendo en mente algunas acusaciones que pretendían asociar la discriminación racial con el orden económico conocido como capitalismo. 

Friedman escribe: 

“Creo firmemente que el color de la piel de un hombre o la religión de sus padres no son, en sí mismos, razones para ser tratados diferentemente; que un hombre debería ser juzgado por lo que es y lo que hace y no por sus características externas. Deploro lo que me parece ser el prejuicio y la estrechez de miras de aquellos cuyos gustos en tal sentido difieren de los míos y por ello tengo poca consideración por ellos. Pero en una sociedad basada en la libre discusión, el remedio apropiado para mí es buscar cómo persuadirlos de que sus gustos son execrables y que deberían de cambiar sus puntos de vista y su comportamiento, y no utilizar el poder coercitivo para imponer a otros mis gustos y mis inclinaciones.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, p. 111).

Friedman empieza reiterando que el capitalismo ha estado acompañado por una baja importante de la discriminación debido a razones religiosas, raciales o por pertenecer a ciertos grupos sociales. Para él, esa disminución no es algo que se pueda separar de la esencia competitiva del capitalismo verdadero. Por tal razón, indica que uno de los factores que inicialmente contribuyó de manera significativa a esa reducción de la discriminación, se encuentra en la sustitución de acuerdos económicos que previamente se celebraban en función del estatus de los participantes, por nuevas formas de arreglos más bien basados en la conveniencia del contrato. Esto es, que las partes voluntariamente convenían en realizar transacciones, mediando principalmente el beneficio económico que con ellos logran las partes partícipes del acuerdo. No hay duda de que hay una mayor y virtuosa anonimidad en ese tipo de contratos, si se les compara con acuerdos logrados con base en otros elementos, tales como familia, religión, procedencia, posición social, color de la piel, coincidencia política, entre muchos otros etcéteras. La mutua posibilidad de obtener mayores beneficios mediante una libre transacción privada es el leitmotiv que induce a la cooperación voluntaria, en contraste con un acuerdo que es llevado a cabo por otras razones, las cuales en principio podrían ser indeseables, además de menos rentable, para alguna de las partes involucradas. 

Para Friedman, “los costos de discriminación en cualquier sociedad son las áreas que, en su idiosincrasia, están más sujetas al monopolio, en tanto que la discriminación en contra de grupos específicos raciales o religiosos, es menor en aquellos sectores en donde es mayor la libre competencia.” (Ibídem, p. 109). A pesar de ello, es frecuente encontrar, principalmente entre personas que forman parte de ciertos grupos objeto de discriminación, un desprecio hacia el capitalismo, al atribuirle, en algún grado, la causa de su circunstancia, sin ponerse a pensar que, más bien, en gran parte es el capitalismo el que les ha permitido grandes avances para eliminar tan indeseable situación.
La razón de eso es que el capitalismo separa lo que es la eficiencia económica de otros factores no significativos. Usualmente, en un orden de mercado competitivo, el consumidor no sabe si el producto que adquirió libremente es producido en todo o en una parte por un negro, o por un judío o por un cristiano o por quien sea. Aún menos lo logra saber en un mundo globalizado, como el actual, en donde resulta muy difícil conocer la proveniencia de las partes que integran el bien que se ha adquirido, así como tener conocimiento de características particulares, como las antes citadas, de quienes los han producido. Una vez más, el mercado despliega un anonimato virtuoso.

Decíamos que una característica del capitalismo competitivo es el incentivo para separar la eficiencia económica de otras características de las personas. Por ejemplo, si un empresario, en vez de actuar con base en un criterio imparcial como es la productividad del trabajo, decide considerar otros elementos para llevar a cabo una contratación que se alejara de aquél criterio de óptimo productivo, tendría como una consecuencia de ello que sus costos de producción resulten ser mayores y, en un mundo en competencia, habría fuerzas que tenderían a que ese empresario quede fuera de dicha actividad económica. Discriminar implica tener un costo mayor. Incluso si un consumidor desea no adquirir un bien, porque es producido por alguien que juzga debe ser discriminado, tendrá entonces que pagar un precio mayor comparado con un bien que es producido por otra persona que no es objeto de su discriminación y que presuntamente es menos productivo que el primero; o sea, quien no discrimina cuando consume un producto, lo puede conseguir más barato. Quien discrimina, reduce su ámbito de posibilidades y ello se traduce en costos relativamente mayores.

En lo que concierne a legislación para tratar de impedir la discriminación y lograr lo que se conoce como “un empleo justo”, Friedman hace la siguiente observación que merece ser tomada en consideración. Dice: 

“Hay un caso fuerte a favor de usar al gobierno para impedir que la persona imponga un daño positivo; es decir, para prevenir la coacción.” Daño positivo lo define Friedman como el que un individuo le ocasiona a otro mediante la fuerza física o forzándolo a aceptar un contrato que no es de su consentimiento. Agrega: “Del todo no hay un caso en favor de usar al gobierno para evitar el segundo tipo de ‘daño’”. El segundo tipo de perjuicio o lesión es para Friedman el daño negativo, que se presenta cuando dos individuos no son capaces de llegar a un acuerdo mutuo aceptable. Así, en este segundo caso, “por el contrario, la intervención gubernamental reduce la libertad y limita la cooperación voluntaria.” (Ibídem, p. 113).

Por tal razón, Friedman señala como inconveniente que se imponga legislación que obligue  a emplear a personas con base en el color de su piel, de su religión, de su nacionalidad u origen o de algo similar. Dice que 

“el recurso apropiado para nosotros creyentes en que un criterio particular, tal como que el color, es irrelevante, consiste en persuadir a nuestros conciudadanos para que piensen de manera similar, sin acudir al poder coercitivo del estado para forzarlos a que actúen de acuerdo con nuestros principios.” (Ibídem, p. 115).

Jorge Corrales Quesada

Somos iguales

La iniciativa de enmendar el Código de Familia para prohibir que los homosexuales podamos adoptar hijos es lamentable y representa una colosal involución en el reconocimiento de derechos humanos en Costa Rica. Mientras el mundo “desarrollado” da pasos agigantados por reconocer los derechos de los homosexuales y trabaja por establecer una cultura de tolerancia, en Costa Rica sucede lo contrario. Supongo que pronto los señores diputados decidirán volver a penalizar los actos sexuales entre personas del mismo sexo, acercándonos más a Nicaragua que a la Suiza Centroamericana de nuestra imaginación.

¿Cómo se atreven los diputados a sugerir que las personas homosexuales somos inferiores o ciudadanos de segunda categoría? ¿Cómo se atreven a decir que somos moralmente corruptos o un mal para la sociedad? El limitar o retirar derechos a un segmento de la sociedad es el equivalente a decirle que no son iguales. Es decir desde las entrañas mismas de nuestra sociedad –nuestras leyes– que ese grupo no es igual al resto de la ciudadanía y que por ello no es merecedor de los derechos que goza el resto de los costarricenses.

Eliminación arbitraria. Si nos eliminan o prohíben ciertos derechos, lo lógico sería que reduzcan nuestras obligaciones y deberes. Al arbitrariamente eliminarse el derecho a la adopción, entonces deberían excluirnos de pagar la proporción de nuestros impuestos que mantienen la educación pública. A diferencia de otros cuya decisión es no tener o adoptar hijos –cualidad endógena–, a nosotros se nos prohíbe –cualidad exógena–. Deberíamos cotizar menos en seguridad social porque, al no reconocerse nuestras relaciones amorosas, entonces debemos cotizar individualmente. Claramente, deberíamos pagar mucho menos porque, a diferencia de los demás, no podemos cubrir a nuestras parejas ni declarar impuestos conjuntamente.

Esta enmienda revela la mojigatería y la ignorancia de nuestros “representantes” –definitivamente no nos representan a los costarricenses homosexuales–. Es una incultura justificar esta enmienda debido al mal ejemplo o perjuicio que los gais y lesbianas creamos en los infantes. En Costa Rica parecieran no haberse percatado de que la homosexualidad no es una enfermedad ni una inmoralidad (reconocido por psicólogos, psiquiatras y médicos universalmente). No se escoge ni es una opción. La orientación sexual de los padres no incide en la de sus hijos, sean biológicos o adoptivos. Los homosexuales tenemos y fuimos criados por padres heterosexuales. Supongo que pasarán otra ley que obligue al padre o madre homosexual a entregar a sus hijos biológicos en adopción. Supongo que los costarricenses homosexuales que adoptemos en otro país no podremos reclamar a nuestros hijos como costarricenses.

Defensa de derechos. Si bien dicen defender los derechos de los niños, ¿por qué no defienden su derecho a ser amados? Defiendan su derecho a vivir en un hogar donde, sean dos hombres o mujeres los jefes de hogar, tengan el apoyo pleno de dos adultos que estén dispuestos a dar todo por ellos. Defiendan el derecho de que a las personas que ellos quieren sean respetados como costarricenses, que gocen de los mismos derechos que los demás. ¿No es eso al final lo que necesitamos los seres humanos: amor, apoyo, educación, comprensión?

Los obstáculos que enfrentan los niños criados por una pareja del mismo sexo no yacen en el seno familiar, sino en una sociedad mojigata y anacrónica. El conflicto está en una sociedad que fortalece nuestra cultura de intolerancia. Esto es el equivalente a prohibir adopciones interraciales por miedo a que se sientan diferentes. ¿No creen que deberíamos combatir la raíz y no la causa? ¿El racismo y no la integración? ¿La homofobia e intolerancia y no el amor?

Por javier Rojo