Algo podemos aprender de los ingleses y de los españoles en cuanto a poder reducir el desaforado gasto gubernamental que caracteriza tanto a esas economías como a la nuestra. Ellos están haciendo enormes esfuerzos para, en vez de trasladar el impacto del reajuste fiscal necesario sobre los hombros de unos ya hastiados contribuyentes, cortar en lo que se pueda el gasto estatal.
Hoy voy a proponer una reducción del gasto público que algún escéptico podría calificar, tal vez con razón, de iluso, pero que yo me atrevo a llamarlo “más que simbólico“. En Inglaterra a los funcionarios públicos se les quitó el privilegio de utilizar vehículos asignados para su uso exclusivo. En apariencia tan sólo el Primer Ministro y el Canciller inglés disponen de un vehículo gubernamental lujoso para su uso particular. El resto de funcionarios públicos tiene que utilizar, si es del caso en el desempeño de sus obligaciones, los vehículos que forman parte del parque de la dependencia estatal de que se trate. Esto es, ya no tienen carros “asignados” que pueden usar a su discreción -que significa en lo que le dé la gana- y si tienen que usar uno, pues lo piden, como cualquier otro empleado público para hacer su labor, entre los vehículos del ente gubernamental. Por supuesto, la medida gubernamental nueva trae aparejada un mayor control en el uso de vehículos que el previo.
Propongo que en Costa Rica se haga lo siguiente: con excepción del Presidente de cada uno de los tres poderes de la República (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), ningún otro funcionario público, en cualquier dependencia del Estado costarricense, tendrá asignado un vehículo para su uso exclusivo. Si tiene necesidad, por razones de su cargo, de utilizar algún vehículo gubernamental, lo podrá hacer tan sólo usando aquellos que forman parte de la flota de la entidad respectiva.
Asimismo, para efectos de impuestos, aquellos que usen vehículos asignados para su uso exclusivo deberán declarar como un ingreso en especie un alquiler imputado por el uso de ese vehículo, así como el gasto de gasolina correspondiente. El funcionario al cual se aplicaría esta regla puede optar por no disponer de un vehículo asignado a su uso exclusivo, pudiendo utilizar un vehículo estatal para cumplir sus funciones, tal como lo hace el resto de empleados públicos. Los vehículos de uso exclusivo no podrán ser renovados antes de tres años: no serán del año, pero sí lo bastante nuevos como para que los funcionarios se sientan orgullosos de circular en ellos.
Sé que el ahorro será importante, pero relativamente pequeño dentro del hueco fiscal en que se encuentra el Gobierno por su propia voluntad y decisión. Lo importante es el aspecto simbólico de la medida, que esperamos sea extendida a otros privilegios estatales que los ciudadanos podrán ir apuntando. Porque si no se “apuntan” ahorita les apuntan los cañones tributarios para que paguen más impuestos que permitan seguir sufragando este tipo de privilegios para algunos.
La idea propuesta tiene otra vertiente gracias a la anunciada restricción al libre tránsito del Ministro de Energía, Teófilo de la Torre, quien con un matiz arrogante propio del estatista, dijo que si el precio internacional del petróleo subía de $120 el barril, restauraría la restricción vehicular que, gracias a Dios, se había venido moderando en los últimos meses.
Anteriormente se señaló como argumento para tal restricción en San José, que las presas ocasionadas al reparar las vías internas exigía algún grado de restricción al tránsito. Ahora resucitan el argumento de que esa nueva restricción -incluso han dicho que considerarían duplicarla a dos días por semana- provocará un ahorro en el combustible, hecho que nunca han podido confirmar en episodios anteriores. Y más bien es posible que, con la operación de las nuevas plantas del ICE que usan combustible fósil, este año aumente el gasto total en el rubro de combustibles importados.
Lo que el burócrata simplemente no entiende es que la gente que necesita su vehículo para laborar, utilizará para movilizarse rutas más largas que las disponibles sin restricción, con lo cual terminan gastando más tiempo y combustible. Claro, en su arrogancia fatal, los estatistas nunca toman en cuenta que los individuos buscarán alguna forma apropiada de transportarse, pagando más si es el caso, siempre que con ello sea una opción mejor que la que pretende imponer el burócrata.
El hecho es que nunca hemos visto a los altos funcionarios con vehículos discrecionales, quejarse de la limitación al transporte mediante placas un día a la semana. Les apuesto que se debe a que simplemente les dan otra forma de vehículo discrecional, suplido de la flotilla con que ya cuentan en sus dependencias. Siempre habrá unos menos iguales que otros.
Hoy voy a proponer una reducción del gasto público que algún escéptico podría calificar, tal vez con razón, de iluso, pero que yo me atrevo a llamarlo “más que simbólico“. En Inglaterra a los funcionarios públicos se les quitó el privilegio de utilizar vehículos asignados para su uso exclusivo. En apariencia tan sólo el Primer Ministro y el Canciller inglés disponen de un vehículo gubernamental lujoso para su uso particular. El resto de funcionarios públicos tiene que utilizar, si es del caso en el desempeño de sus obligaciones, los vehículos que forman parte del parque de la dependencia estatal de que se trate. Esto es, ya no tienen carros “asignados” que pueden usar a su discreción -que significa en lo que le dé la gana- y si tienen que usar uno, pues lo piden, como cualquier otro empleado público para hacer su labor, entre los vehículos del ente gubernamental. Por supuesto, la medida gubernamental nueva trae aparejada un mayor control en el uso de vehículos que el previo.
Propongo que en Costa Rica se haga lo siguiente: con excepción del Presidente de cada uno de los tres poderes de la República (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), ningún otro funcionario público, en cualquier dependencia del Estado costarricense, tendrá asignado un vehículo para su uso exclusivo. Si tiene necesidad, por razones de su cargo, de utilizar algún vehículo gubernamental, lo podrá hacer tan sólo usando aquellos que forman parte de la flota de la entidad respectiva.
Asimismo, para efectos de impuestos, aquellos que usen vehículos asignados para su uso exclusivo deberán declarar como un ingreso en especie un alquiler imputado por el uso de ese vehículo, así como el gasto de gasolina correspondiente. El funcionario al cual se aplicaría esta regla puede optar por no disponer de un vehículo asignado a su uso exclusivo, pudiendo utilizar un vehículo estatal para cumplir sus funciones, tal como lo hace el resto de empleados públicos. Los vehículos de uso exclusivo no podrán ser renovados antes de tres años: no serán del año, pero sí lo bastante nuevos como para que los funcionarios se sientan orgullosos de circular en ellos.
Sé que el ahorro será importante, pero relativamente pequeño dentro del hueco fiscal en que se encuentra el Gobierno por su propia voluntad y decisión. Lo importante es el aspecto simbólico de la medida, que esperamos sea extendida a otros privilegios estatales que los ciudadanos podrán ir apuntando. Porque si no se “apuntan” ahorita les apuntan los cañones tributarios para que paguen más impuestos que permitan seguir sufragando este tipo de privilegios para algunos.
La idea propuesta tiene otra vertiente gracias a la anunciada restricción al libre tránsito del Ministro de Energía, Teófilo de la Torre, quien con un matiz arrogante propio del estatista, dijo que si el precio internacional del petróleo subía de $120 el barril, restauraría la restricción vehicular que, gracias a Dios, se había venido moderando en los últimos meses.
Anteriormente se señaló como argumento para tal restricción en San José, que las presas ocasionadas al reparar las vías internas exigía algún grado de restricción al tránsito. Ahora resucitan el argumento de que esa nueva restricción -incluso han dicho que considerarían duplicarla a dos días por semana- provocará un ahorro en el combustible, hecho que nunca han podido confirmar en episodios anteriores. Y más bien es posible que, con la operación de las nuevas plantas del ICE que usan combustible fósil, este año aumente el gasto total en el rubro de combustibles importados.
Lo que el burócrata simplemente no entiende es que la gente que necesita su vehículo para laborar, utilizará para movilizarse rutas más largas que las disponibles sin restricción, con lo cual terminan gastando más tiempo y combustible. Claro, en su arrogancia fatal, los estatistas nunca toman en cuenta que los individuos buscarán alguna forma apropiada de transportarse, pagando más si es el caso, siempre que con ello sea una opción mejor que la que pretende imponer el burócrata.
El hecho es que nunca hemos visto a los altos funcionarios con vehículos discrecionales, quejarse de la limitación al transporte mediante placas un día a la semana. Les apuesto que se debe a que simplemente les dan otra forma de vehículo discrecional, suplido de la flotilla con que ya cuentan en sus dependencias. Siempre habrá unos menos iguales que otros.
