miércoles, 31 de julio de 2013

Desde la tribuna: entre la platina y la trocha mocha

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes acaba de aprobar una nueva contratación para arreglar el puente de la platina o la platina del puente, ¡da igual!  (se trata de un daño sufrido por el puente sobre el río Virilla, en la Autopista General Cañas –San José –Alajuela).

Este daño y la inutilidad del MOPT al respecto evidencia la falta de competencia del Estado costarricense para enfrentar cierta clase de tareas y, sobre todo, para hacerlas bien.  La “platina” sintetiza el estado de cosas y la postración estatal.
 
Una nueva contratación ahora de más de cuatro mil millones de colones.  Ya se habían dado dos gastos igualmente contabilizados en miles de millones de colones y el resultado había sido desastroso. 
El MOPT fue medio descompuesto en Consejos especializados en los cuales los funcionarios ganan más pero la eficiencia no parece avanzar.  El resultado claro es que el Estado ha perdido competencia, eficiencia y capacidad.  Digo medio descompuesto por varias razones, una de ellas es que siguen vivas las viejas dependencias.  En algunos casos los funcionarios pasan a los nuevos consejos pero, con la filosofía del mono (“no soltar una rama en tanto no se agarre la otra”) salen con permiso a ganar mejor a otro órgano, pero manteniendo su viejo puesto.  Además, en algunos casos no son más que los mismos haciendo lo mismo, pero ahora en un órgano de nombre diferente.
 
Por otro lado, las noticias de la investigación judicial acerca de los gastos (perdidos, botados, desperdiciados) en la llamada “trocha mocha” (carretera o trocha fronteriza) evidencian que hubo baile, ron, fiesta y vacilón con los dineros públicos.  ¡Qué relajo!
 
Miles de millones desperdiciados … ese es el resultado de la gestión estatal.  Súmele los gastos de Recope en la “recochina”  (refinería de Recope y la China) y se verá que se trata de más de veinticinco millones de dólares (quizás hasta cincuenta) en estudios que la Contraloría ha rechazado.    El jerarca del sector, en lugar de renunciar y botar a todos los responsables, concomitantemente con una gestión de cobro y devolución de estos gastos hechos a través de una sociedad caribeña, más bien pide un “plan B”. 
 
Todo esto sucede porque ponemos demasiadas cosas en manos públicas (monopolios, gestión de infraestructura, gastos de emergencias) confiando en el Estado y sus funcionarios. 
 
Al Estado hay que reducirlo, racionalizarlo, controlarlo, quitarle funciones, declararlo incompetente e inútil ineficiente, entender que campea la corrupción y desmitificar las creencias que le erigen como único para determinadas tareas.
 
Las pruebas son evidentes e incontrastables.

Federico Malavassi Calvo

lunes, 29 de julio de 2013

Tema Polémico: ¿Redistribución de la Riqueza?

Es común escuchar a muchos analistas, economistas y estudiosos sobre la importancia de que el Estado intervenga y regule el mercado. El capitalismo, dicen ellos,  genera riqueza pero falla categóricamente en su adecuada distribución equitativa en toda la población. Es en esto que el Estado “Social” de Derecho es importante como ente supervisor de modo que todos por igual disfruten de las bondades del “libre” mercado.

Suena bien ese discurso. Los liberales también consideramos que el mercado como cualquier otro sistema no es perfecto, sin embargo, lo que exponemos es que la solución de muchos de intervenir por medio del Estado genera resultados aún peores y es sumamente ineficiente. 

Creemos en la nobleza de la solidaridad pero no comprendemos por qué las personas siguen creyendo que la mejor forma de repartir riqueza es por medio del Estado. Basta con tan solo ver el presupuesto del Gobierno Central de Costa Rica para darse cuenta que labor redistributiva del Estado es una gran farsa. La gran mayoría del dinero que recibe el Estado se va en pago de salarios, pensiones y pago de intereses. Queda muy poco para repartir a las clases necesitadas por medio de transferencias. Una ineficiencia total. Es por esto que le decimos lo siguiente a nuestros  lectores: si desea ser solidario y ayudar a los más necesitados, nos alegra mucho que lo haga, pero no sea ingrato y no le dé su plata al Gobierno. Désela usted mismo a alguna persona o institución mucho menos ineficiente y le garantizamos que la persona necesitada se lo agradecerá mucho más.

Otro cuento que nos quieren meter siempre con la excusa del Estado “Social” de Derecho es que es necesario que el Estado intervenga en las operaciones típicas del mercado y que regule precios para asegurarse de que sean accesibles para todos. Otra gran y auténtica falacia. Ejemplos sobran. Recope, por ejemplo, supuestamente fue creado para asegurarse de que los precios de los combustibles sean siempre accesibles. La verdad es que el precio del galón de gasolina en Costa Rica es el más alto de toda Centroamérica. Por supuesto, es de esperarse. La planilla de RECOPE es una de las más caras del Gobierno. 

¿Regulación de precios para asegurarse siempre de tener precios accesibles para todos? Otra gran farsa. El año pasado los precios que más crecieron y uno de los principales causantes de inflación en Costa Rica fueron los precios regulados a tasas muy por encima de los precios no regulados.

¿Cómo es posible, que luego de constantemente ver este tipo de situaciones, despilfarros, ineficiencias y robos en las noticias muchos costarricenses siguen creyendo que más Estado y más regulación es la solución?

viernes, 26 de julio de 2013

Viernes de Recomendación

¿Realmente los ricos son los responsables de la pobreza de los demás? Les compartimos este video para que saquen sus propias conclusiones.

jueves, 25 de julio de 2013

Jumanji empresarial: acción social del empresario

Hoy en día, no podemos ignorar que las fronteras económicas y comunicacionales, más abiertas que nunca, están acentuando el espacio social del mercado y poniendo en duda la necesidad de un estado interventor, como consecuencia de dos factores:1) la modificación drástica de los patrones de intercambio, por medio de las redes formales e informales que operan en la sociedad; y 2) el agotamiento del clásico Estado de Bienestar y sobre todo del Estado Empresario.

Sin embargo, pareciera que, en países como Costa Rica, los gobernantes y actores políticos siguen tratando de estirar el modelo de planeamiento y ejecución centralizada de la gestión pública más allá de los límites que permite el nuevo contexto socioeconómico mundial. Esta nueva realidad, caracterizada por una alta movilidad de los agentes económicos y sociales y por una alta flotación del poder, no les permite a los gobernantes mucho margen de acción con respecto a impuestos, regulaciones o centralización del poder. Y sin embargo, el modelo sobrevive por causa de una inadecuada participación empresarial.

Aún más, en los últimos años se ha insistido, dentro del contexto de la administración pública, en la creciente necesidad de un involucramiento empresarial, bajo el espejismo de la responsabilidad social corporativa, a pesar de que esto no contribuye a modificar los roles intervencionistas del Estado hacia una mayor descentralización administrativa, la promoción de la gestión y la democracia local, la reducción de la carga burocrática y tramitológica, el abandono de las funciones benefactoras del Estado central y, sobre todo, la renuncia a sus funciones empresariales. La presión sobre el empresario, en la actualidad, no solo se concentra en que este debe suplir bienes y servicios a la sociedad de una manera eficiente, sino también en el hecho de buscar su complicidad en el marco de las intervenciones planificadas, lo cual supone una forma viscosa de manipulación política y social.

Las empresas por definicion no son altruistas; rol que ostentan solo los individuos, segun sus escalas de valores personales. El tratar de estandarizar una ilusoria responsabilidad altruista de una empresa, menosprecia el verdadero rol de la empresa, que es innovar y suplir las necesidades de consumo; respetando siempre, los derechos de propiedad establecidos.

Es imperativo que el empresario despierte ya de esta pesadilla freudiana y, desde su propia conciencia, le ponga un alto a su enfermiza dependencia de la intervención del Estado, y acepte que la libertad de emprender, es el medio principal de defensa de los pequeños contra los grandes y de los débiles contra los fuertes. E inversamente, el estado, que se presenta como un corrector de las injusticias, acaba la mayor parte de las veces haciendo servir toda su fuerza para proteger a los grandes, o sea, la clase política, la clase burocrática, las grandes empresas, y los poderosos sindicatos.

El empresario es el eslabón que sostiene la cadena que une al capital con el individuo como consumidor y como agente social. Sería nefasto que este rol se perdiera o desviara solo porque el poder estatal y los políticos de turno quieren convertirlo en un apéndice Orwelliano más de sus anacrónicas intenciones.

Andrés Pozuelo Arce

miércoles, 24 de julio de 2013

Desde la tribuna: la fiesta de RECOPE, a propósito de un anuncio del PAC

El PAC publicó un anuncio en el cual critica el festín de recursos público que sucede en Recope.  El film de 18 segundos se llama “Paremos la fiesta, elijamos cambiar (RECOPE)” y puede ser visto acá.

Recope, calladito calladito ante todo lo que pasa, no obstante sí se enoja con el dichoso anuncio y reacciona señalando que es "inaudito que se utilice un montaje para hacer creer al ciudadano que hay una fiesta en las instalaciones de la empresa".

¡Ay mi Dios!  Solo falta que invoquen el derecho de imagen de la supuesta refinadora o que acusen al realizador del anuncio de “difamación de persona jurídica”.  Es el caso típico de las pavas tirándole a las escopetas.

Es indefendible la posición de Recope, con solo recordar los titulares de la información de los últimos meses su prestigio queda por los suelos:  la Aresep tiene que intervenir porque Recope distribuyó y vendió gasolina contaminada que dañó los vehículos, se asoció con una empresa china en una sociedad caribeña y a través de ella ha gastado más de 25 millones de dólares en estudios de factibilidad para hacer una refinería (la refinería china), la Contraloría rechazó el estudio de factibilidad porque dijo que no era aceptable por haber conflicto de intereses y otras linduras, el empleado de Recope es el más caro del sector energía (más caro que el del ICE), los empleados de la refinería están ganando aunque la refinería está varada, incluso se paga “hora extra” a los empleados de la refinería varada. 

El citado “spot”, pone una imagen de la refinería en Limón y le agrega música y barullo de fiesta más una especie de focos de feria.  Es un mensaje metafórico … es claro.    Lo curioso es la molestia que provoca y, creo yo, es por el origen del ataque.

Algunos comentarios al respecto (internet) me dan la pista.  Hay un lanzado que acusa al PAC de ser como los demás partidos.  Y ya la pesqué … ¡por supuesto!  Hablando del asunto en el programa que Por la Libertad, la compañera cometarista Ester Méndez me interrumpe y sentencia, “Pero … ¿qué hace el PAC criticando lo que pasa en Recope si está a favor del monopolio?”.

¡Claro!  Recope no esperaba un ataque desde un partido que ha mostrado ser partidario de monopolio, estatista de vocación y apuntado con los empleados con el sector público.   Se aguantaron las críticas del “nollamadoporDios” porque interpretaron que no era contra la entidad ni el monopolio sino contra el “negocio de la refinería china”  (llamada la “Recochina”, por aquello de combinar a Recope y a la china).

Y mi amiga dio en el clavo:  el PAC, sin darse cuenta, ha evidenciado su inconsistencia, incluyendo su asesora/tesorera del ICE.  No se pueden criticar los efectos si se está de acuerdo con las causas.  No se puede llamar excesos a las naturales consecuencias de las cosas.  

¡Lástima que la trifulca entre Recope y el PAC no siguió!  Habría sido un interesante espectáculo porque la línea de consistencia en ambas posiciones no aguanta mucho.

Moraleja doble:  no se puede defender lo indefendible (Recope), no se puede criticar el efecto si se endosan las causas (PAC).

Federico Malavassi Calvo 

lunes, 22 de julio de 2013

Tema Polémico: Movimiento Libertario reír o llorar


Hace ya un par de días, el Movimiento Libertario o mejor dicho Otto Guevara lanzó su nueva publicidad electoral.

El pobre de Otto Guevara desde que dejó la lucha ideológica ya no sabe que inventar: primero lo vimos recogiendo basura, posteriormente se convirtió en músico y nos deleitó con un disco de reggaeton, y entre sus últimos pataleos de ahogado hemos tenido al hombre chingo, a la campaña contra el difunto y al astrólogo como Jefe de Campaña (no entendemos cómo el señor Retana con sus poderes no logró predecir la debacle).

Ahora, después de todo esto nos presenta otra obra audiovisual de la misma calidad y pobreza intelectual. En el referido corte comercial nos afirma que estamos “agüevados” de la política, suponiendo que estamos “agüevados” de la política y todos los políticos a excepción de él, pues se equivoca. Difícilmente, hoy en día se podría imaginar un candidato más desteñido que Otto Guevara. Don Otto, se ha convertido en un terco y perpetuo aspirante a la silla presidencial y ha construido un partido personalista que gira y vive en razón de su figura caudillista. Igualmente, ha sido capaz de renegar muchos de los principios que un día defendió, dándole la espalda a los mismos por un simple cálculo electorero. Por último, pareciera que con este anuncio ha perdido cualquier fibra de pudor y vergüenza que le quedara en el cuerpo ¿quién sabe a quiénes cree que está engañando con estas cortinas de humo?

Efectivamente la mayoría de los costarricenses nos encontramos desencantados de la política y los políticos, pero esa herida que sigue sangrando no se curará con cortos vacíos. Sin duda, el único remedio para tanta desazón es que los políticos y los partidos demuestren: coherencia, honestidad, respeto por los principios, ideología, firmeza, todas las virtudes que en el pasado posicionaron dentro de la arena política al Movimiento Libertario, virtudes que hoy en día han desaparecido por lo que también el destino del partido se encuentra pronto a desaparecer…  

miércoles, 17 de julio de 2013

Desde la tribuna: ¿el acuerdo social costarricense?

En una noticia de La Nación digital del 14 de julio (precisamente en el aniversario de la Revolución francesa) aparece el ministro de Hacienda costarricense, don Edgar Ayales, bajo el título de “Sostenibilidad del acuerdo social costarricense” introduciendo sus tesis en pro de un nuevo paquete tributario.  La motivación general es que el acuerdo social (costarricense)  “que sustenta el financiamiento y provisión de los servicios públicos ha comenzado a mostrar fisuras.  Hemos caído en un círculo vicioso de insuficiencia de recursos, deterioro de los servicios públicos e infraestructura , y la resistencia de la población a financiar servicios públicos de los que obtiene beneficios cada vez más limitados”.

De una vez, el ministro esgrime la defensa del Estado ineficiente e inútil, señalando que “ha hecho (el ministerio de Hacienda) esfuerzos importantes para controlar el nivel y calidad del gasto, a pesar de la rigidez que lo caracteriza  …”.

Quizás es mejor empezar por indicar que, ciertamente, hay una inmensa rigidez en el gasto público costarricense y eso es de lo primero que hay que revisar.  Porcentajes fijos para la educación superior oficial (FESC), porcentaje fijo para la educación costarricense relativo al PIB, fondos para financiar pensiones, problemas e deuda pública y demás “situados” y “zarpazos” constitucionales y legales que impiden un adecuado presupuesto.

La demagogia y el abuso “legalista” han sido mucho y agotan al contribuyente costarricense, impiden una buena organización del gasto y evidencian el clientelismo político y la inequidad del gasto público.   Hay una perversiones muy singulares.

Asimismo, la técnica presupuestaria, hay que pregonarlo, es parte del problema.  Los programas, oficinas y demás cuestiones quedan enquistados en el presupuesto, de tal modo que basta a muchos reiterar el código presupuestario con un incremento un tanto superior a la inflación esperada y ahí nos eternizamos.  Sería mejor un presupuesto base cero, que cada año requiriera justificación y explicación de todos los programas, oficinas y gastos.

La  corrupción, la empleomanía, la ineficiencia y la perpetuación de la burocracia son otra causa del evidente desequilibrio.  La “trocha mocha”  (veinte mil millones de colones perdidos), el descarado e ilegal gasto de Recope (desperdicio de más de veinticinco millones de dólares en los estudios para una refinería, estudios que fueron rechazados por la Contraloría), la misma Recope mantiene incólume la planilla de una refinería que no refina, se estima que más de once mil empleados fueron contratados en vicio en la CCSS, el Estado exige a todos unas gestiones tramitopáticas en sus construcciones pero es el primero que evade los controles (Recope, Acueductos y Alcantarillados), el Estado no cumple con los gastos comprometidos  (el impuesto a los combustibles no ha sido usado como corresponde), los pagos a los trabajadores de energía del sector público son exagerados, desproporcionados y abusivos y ello castiga al sector productivo, el Estado gasta sin ton ni son (las pelotas del Barrio chino en San José), los servidores públicos se sirven con cuchara grande (en la actual tesitura relativa al aumento de salarios, el aumento propuesto para el sector público es mayor que el aumento del sector privado, además de que por régimen ese porcentaje significará más, en razón de “pluses” y otras ventajas).

El punto real es que el Estado no cumple.  Más de 40 años de un IMAS, dedicado a la lucha contra la pobreza y las metas no se cumplen, más de 50 años de políticas para la vivienda y los objetivos no avanzan (cada vez es peor), inmenso gasto público en lucha contra la pobreza y éste aumenta (pero los salarios se pagan y el gasto público aumenta), la electricidad (monopolios públicos de diversa naturaleza) es muy cara y ello afecta la competitividad, nuevos impuestos y la seguridad no mejora, el Ministerio de Educación no solo no participa de la descentralización sino  que se arriesga a suscribir una convención colectiva, de paso se extiende a segundo grado el período para enseñara a leer y escribir.  El Estado no solo no cumple sino que estorba significativamente el desarrollo del sector privado.

Esto no es nuevo.  En la década de los ochentas se justificó un gran paquete tributario (ley para el equilibrio financiero …) en la idea de unos grandes estudios para determinar el desempeño  (hubo necesidad de una acción de inconstitucionalidad por omisión para que se emitieran los estudios, los cuales resultaron una chanfaina), planes de ajuste estructural que no se perfeccionan, cierre de instituciones públicas que no se concluye (CNP, Ifam), formas de administración alternativa que no se realizan integralmente (out sourcing que queda a medio palo), incorporación de nuevas formas para obtener resultados en infraestructura que se ejecuta de manera torticera (CNC, concesión de obra pública cuestionada)

El acuerdo social costarricense no es para mantener un Estado idiota, inútil, abusivo, ineficiente, elefantiásico, atropellador, mentiroso y obstaculizador.  ¡Jamás!  El acuerdo era hacer un esfuerzo fiscal para que la sociedad avanzara un paso y no para eternizar las instituciones de ayuda social y los monopolios públicos.  ¡No hay cuerpo que aguante tales concepciones ni tales abusos

El Estado ha incumplido su parte.  El Imas (ayuda social contra la pobreza extrema) incumplió su parte y hubo que alargarle el período y perpetuarlo, a pesar de su evidente mora.    Los bonos de vivienda se siguen regalando, la empresa privada y las organizaciones de bien social también aportan y el problema está peor que antes.  Las escuelas no avanzan sino que retroceden, la seguridad social hace aguas, los regímenes de pensiones estrangulan los fondos públicos (sobre todo los privilegiados).  

No basta con la expresión de que ha habido “esfuerzos” por parte del Ministerio de Hacienda.  Se requieren logros, hechos, soluciones, arreglos reales.  

No es justo ni bueno arrebatar a los ciudadanos el fruto de su trabajo, con el cuento de que es para hacer sostenible un acuerdo social  (¡qué cuento!).  Así planteado es una extorsión, el eufemismo para seguir expoliando al pueblo.  

A mí no me convence el cuento del ministro Ayales. Veo clara la amenaza y lo veo como un mediador entre secuestrador y secuestrados.   Al menos debería decir la verdad de las cosas y no inventar tal cuento para intentar quitarnos lo nuestro.

Darle más plata al Estado, en este momento, es como darle plata al borracho:  irá a la cantina por más guaro.  ¿Es ése el acuerdo social costarricense?  Me niego a tal interpretación.   Los costarricenses hemos dado plata a la seguridad social para que se resolvieran problemas concretos que no se han resuelto, no para una administración tan ineficiente y anómala.  Hemos entregado fondos y competencias al Estado para que resuelva problemas, no para que juegue de bienhechor y al final estemos peor que antes.  

¡A otros con ese cuento …!

Federico Malavassi Calvo

lunes, 15 de julio de 2013

Tema polémico: el salario de los candidatos

La semana pasada, el "doctorcito" Rodolfo Hernández nos sorprendió con una nueva tontería politiquera: propone que a los candidatos presidenciales se les pague un salario (él quiere percibir al menos unos 7.5 millones de colones para mantener el estilo de vida que estaba acostumbrado como Director del Hospital de Niños) con la excusa de garantizar una posibilidad para que todos los ciudadanos, y no solo los de alto ingreso, puedan participar en una campaña electoral y dedicarse de lleno a ella. 

Pareciera ser una idea sin sentido, influenciada por el formaldehído y otras sustancias, pero sin resonancia; algo así como una broma de mal gusto que no pasaría a más. El problema es que todas las sandeces en este país  no pasan desapercibidas sino que, tan pronto salen a la luz pública, algún entrometido sale a darles viabilidad o, peor aún, explica que ya se puede hacer según el texto de alguna de nuestras tantísimas y desordenadas leyes. 

De ahí que, de forma casi inmediata -ya quisiéramos esa capacidad de respuesta cuando los ciudadanos lo necesitamos- el Tribunal Supremo de Elecciones salió al paso del desaguisado anunciando que, según la normativa, los partidos políticos ya pueden darle un salario a sus candidatos y cobrarlo, lea usted bien, al Estado mediante el odioso financiamiento público a las campañas electorales, siempre y cuando incorporen el estipendio como parte de los gastos de organización y capacitación.

Si bien podría decirse que la decisión de cómo utilizar el dinero es asunto de cada partido y si estos están de acuerdo con ofrecerle un salario a su candidato, deberían poder hacerlo, la cosa no es tan simple. La denominada "autodeterminación" de los partidos no es una justificación válida en el tanto se financian con recursos públicos -a priori o a posteriori, es indiferente-, ya que simplemente se traduce en que todos los costarricenses, sin distingo de la afiliación partidaria, la satisfacción con la oferta programática o la afinidad ideológica de las agrupaciones políticas, tenemos que pagarle una remuneración a una persona que ha decidido, libre y voluntariamente, renunciar a su trabajo, pedir un permiso sin goce de salario o suspender sus actividades económicas para aspirar a la Presidencia de la República. O sea, alguien que toma el riesgo de postularse e iniciar una campaña, con este tipo de incentivos ya no tiene nada que perder, pues siempre tendrá dinero asegurado, gane o pierda (y quién sabe si un ingreso hasta mayor al que ganaba y sin ninguna obligación verdadera). Bajo ese esquema, tendríamos candidatos con todos los beneficios y sin ningún sacrificio. Como diría el pachuco: ¡cuidao pierde!...

En ASOJOD estamos hartos de las ocurrentes estupideces que cada cuatro años surgen de las mentes de políticos que desean vivir a costa de los tax payers al hacer de las campañas sus propios negocios. Si no es recibiendo un sueldo con recursos públicos, es obteniendo un puesto cuasi vitalicio, también pagado con nuestro dinero; si no es financiando a su partido para luego cobrarle lo prestado más los intereses, es consolidando cuotas de poder que luego cobran a sus testaferros.

Estamos cansados de mantener verdaderas maquinarias que se alimentan del dinero que tanto trabajo y esfuerzo nos cuesta ganar. Consideramos que los partidos políticos deberían financiarse por sus propios medios, con contribuciones de sus miembros, préstamos que los candidatos cubran, donaciones privadas,etc. y no con recursos públicos, para que ahí sí, puedan alegar "autodeterminación".

Con anterioridad nos habíamos pronunciado acerca del financiamiento de los partidos políticos. En esa ocasión, argumentamos lo ya explicado: que los partidos se financien por sus propios medios y no con fondos públicos. Paralelo a esta propuesta, solamente sería necesario establecer una obligación: informar abiertamente cuáles son las fuentes de sus recursos y las autoridades, en caso de encontrar financiamientos ilegales, procederán como corresponde.

Concluimos rescatando el corolario de nuestro artículo anteriormente publicado: exigimos respeto por el dinero de aquellos que no quieren que sus recursos sean utilizados en campañas y planteamos reglas simples que, en nuestro criterio, servirán para eliminar buena parte de la corrupción que inunda a la gran mayoría de partidos políticos. 

viernes, 12 de julio de 2013

Viernes de Recomendación

El día de hoy compartimos con ustedes este video que de manera muy cómica y tristemente cierta explica que es el gobierno


miércoles, 10 de julio de 2013

Desde la tribuna: el Estado crece...

El Estado crece …
… y crece y sigue creciendo.  Ahora toma formas desordenadas.

El INS (Instituto Nacional de Seguros) ha constituido una sociedad anónima (diferente de su naturaleza de ente descentralizado, persona jurídica de derecho público, sujeta al principio de legalidad) y la planilla de esta sociedad se engorda.  El Estado crece por vía anormal.
 
La UCR (Universidad de Costa Rica) saca un anuncio para enrolar profesores.  Informa que la contratación será a través de Fundevi  (Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación).  ¡Qué lindo!  Tomo presupuestos públicos, impuestos del pueblo, y los gastó a través de una fundación.   Es asombrosa la actividad de esta entidad, tengo noticia de cómo hay contrataciones que terminan en esta vía y sin más anuncian que no tienen porqué aplicar
las normas de la contratación pública.  El Estado crece por vía “diferente”.
 
Se nos comunica que Recope SA (una sociedad a la que anormalmente se le cedió la administración del monopolio de hidrocarburos en Costa Rica, una sociedad anónima que ha habido que sujetar a Aresep y a la Contraloría, para fijar precios y revisar sus actuaciones) no solo constituyó o formó o se asoció a la sociedad Soresco (una caribeña) con los chinos con quienes pretende hacer una Refinería china sino que, aunque no refina, mantiene incólume su planilla de ¿trabajadores? De la refinería.  Supuestamente, desde 2011 no se refina, pero la planilla se paga y todos los obligados a consumir y comprar al monopolio pagamos tales  salarios.  El Estado crece por vía anormal, extraordinaria, se mantiene grande y todos pagamos.

La información dice que durante la administración anterior la CCSS aumentó como 11 mil personas en planilla no médica.  ¡Curioso!  Tenemos más mecanización de los trabajos pero contratamos más personal.  El pueblo paga el crecimiento del Estado.  Que crece y crece y nadie lo para …

Si vemos algunos proyectos de ley  (por  ejemplo el expediente 18050, de prohibición y mayor control de armas legales e inscritas) se pretende un crecimiento de la administración, de sus potestades, sus competencias, sus facultades, sus empleados, su coacción y sus discrecionalidades, sin que haya una mejora para el pueblo.  El Estado crece y pretende seguir creciendo, a costa de la libertad y derechos del pueblo.

Y así va todo.  Un Estado más grande, que ahora crece por vías anormales e irregulares, que ya no rinde cuentas ni a la Contraloría y menos a la Asamblea. ¿De quién son estos feudos?

Algunos indignados por la discutible administración de algunos cometidos públicos (CNC, en concesión de obra pública) se rasgan las vestiduras y pretenden que no haya concesión de obra pública.  ¿Acaso no recuerdan que el Estado ha fracasado y que se requiere aportes de capital y acción privada porque en lo público no hay de dónde? ¡Paradójico!  

Quieren más Estado y redundar y replicar la maquinaria ineficiente a la que califican incluso de corrupta.
 
¿Cómo paramos esta elefantiasis  que nos ahoga?

Federico Malavassi Calvo

lunes, 8 de julio de 2013

Tema Polémico: Instituciones públicas

El día de hoy deseamos comentar sobre las instituciones del Estado o instituciones públicas. Como hemos discutido en muchas ocasiones, los liberales si creemos en la existencia de un Estado, sin embargo, también creemos que éste debe ser pequeño y se debe limitar a funciones muy específicas como la administración de un sistema de justicia en que se garantice el cumplimiento de los contratos y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estas funciones se realizan por medio de la administración pública en las instituciones del Estado. 

Las instituciones públicas tienen grandes inconvenientes y esto hace que difícilmente una entidad estatal pueda llegar a ser tan eficiente como una empresa privada en un contexto de mercado. Al igual que una empresa o institución privada, las instituciones públicas se crean para cumplir con ciertos objetivos específicos. Aunque en muchos casos se diferencias de las empresas privadas en el hecho de que no tienen fines de lucro, la gran similitud es que responden a objetivos específicos. Dado esto, mucho se ha dicho sobre la necesidad de manejar las instituciones públicas con la misma rigurosidad con que se manejaría una empresa privada. A pesar de que apoyamos esta forma de pensar, hacemos conciencia de que no es fácil de alcanzar pues las instituciones públicas tienen ciertas características que las diferencian significativamente:

  • Las instituciones públicas son de todos, por lo tanto, no son de nadie: al no ser propiedad específica de alguien o algunos, en estas instituciones se tiende a caer en el error de administrar los recursos de manera desinteresada o cortoplacista pues se trabaja con dinero ajeno.
  • El riesgo de quiebra o cierre es mínimo o nulo: a diferencia de una empresa privada, el Estado no puede cerrar sus puertas y declararse en quiebra por más mal que pueda ser administrado. Ahora bien, una mala administración puede generar crisis financieras, pobreza generalizada, hiperinflación, crisis sociales, endeudamiento extremo; mas sin embargo, algunas instituciones difícilmente llegarán a quebrar pues son esenciales en la administración del Estado. Esta eliminación del riesgo existente en algunas instituciones tiende a facilitar que se tomen decisiones muy riesgosas y en algunas ocasiones desinteresadas. Los sindicatos de trabajadores se aprovechan de esta condición para pedir condiciones absurdas bajo amenaza de cese de labores sin temor de que sus peticiones puedan colocar en riesgo a la institución a un punto de tener que cerrar sus puestas y dejarlos en la calle.
  • Monopolio natural: algunas instituciones como, por ejemplo, la administración de la justicia normalmente es un monopolio que solo le compete al Estado. Como es el caso de cualquier monopolio, es fácil caer en el error de disminuir la calidad del servicio y aumentar los costos de transacción pues el ciudadano no tiene otras opciones para resolver esas necesidades específicas.
  • Visión cortoplacista: en regímenes democráticos es normal que existan cambios de gobierno cada cierta cantidad de años. En muchas ocasiones el cambio provoca que el rumbo de la institución cambie y es fácil caer en el error de perder la visión en el mediano y largo plazo. Esto también tiende a generar que las decisiones respondan únicamente a objetivos con resultados evidentes únicamente en el corto plazo.


En ASOJOD no descartamos que tengan que existir instituciones públicas, sin embargo, por las razones antes mencionadas preferimos que sean la menor cantidad posible de modo que su influencia sobre el funcionamiento natural del mercado en la creación de riqueza sea mínima.

miércoles, 3 de julio de 2013

Desde la tribuna: la majadería de hacer leyes

No me cansaré de explicarlo.  La Ley debe respetarse integralmente, no solo cuando está vigente sino, sobre todo, en el proceso de creación.

Antes de la actual Constitución (1949) existía el “Congreso Constitucional”. Las funciones muy parecidas, pero el nombre daba una proyección más comprensiva de las competencias del órgano. Cuando se inventó tomar la denominación afrancesada de “Asamblea Legislativa”, paradójicamente concomitantemente con la aprobación de una serie de limitaciones al Poder Ejecutivo que inspiraron a algunos a concluir que ahora sería un régimen “semipresidencialista” o “semiparlamentario”, se fomentó el activismo legislativo.

La Asamblea Legislativa tiene entre sus atribuciones (exclusiva e indelegable, pero retenida por el Pueblo, según las reformas constitucionales del siglo XXI) la de hacer leyes. No significa que solo eso pueda hacer ni que tenga que aprobar cuanto proyecto le pongan en el orden del día.

La primera función de la Asamblea Legislativa es ser un parlamento nacional, un congreso constitucional, un órgano que representa al pueblo en el control político, en la reflexión pública acerca del Estado de la República y que delibere, discuta y piense públicamente acerca de lo que debe hacerse.

Su principal instrumento es la palabra, el intercambio de razones, la deliberación, la polémica, la facilidad para llamar la atención, el nombramiento de magistrados judiciales, el nombramiento de contralor y subcontralor, el nombramiento de quienes dirigen la Defensoría, el nombramiento de comisión ad hoc, la posibilidad de interpelar a los ministros, la facilidad para hacer interpelaciones públicas, la publicidad de sus actuaciones, los dictámenes y los informes y, eventualmente, la emisión de una ley.

La palabra es uno de las más poderosas herramientas del ser humano.  Aristóteles (La Política) concentra en el “logos” (vocablo comprensivo de “palabra” y “razón”) la distinción entre el ser humano  (“zoon politikon”) y otros seres vivientes, apuntando precisamente a la vida política.

La ley, por su parte, es una de la invenciones más poderosas del mundo jurídico. La ley puede imponer conductas, crear penas, privar de la libertad, invadir muchos campos de la vida humana, sancionar, limitar las libertades, crear obligaciones, perfilar el actuar público, permitir actuaciones de la Administración Pública, condicionar y dirigir la actividad judicial, trazar caminos de progresos, limitar el desarrollo de las sociedades, imponer dogmas, violar la vida y la libertad, coadyuvar con o estorbar la justicia, permitir la vida humana o alterarla.

No hay similitud entre ley y justicia. Puede haber coincidencia, pero no son valores equivalentes.  Deberían ir en la misma dirección. El mundo jurídico no es de los abogados, ni de los juristas y ni siquiera de los jueces. Es de los seres humanos con poder y es una realidad humana. El mundo jurídico es cada vez más invasivo … cada vez abarca más áreas de la vida humana. No faltan quienes legislan situaciones que van más allá de la muerte …

El constitucionalismo es un gran movimiento que ha pretendido limitar el poder de los Estados y, asimismo, la emisión de las leyes.  El constitucionalismo impone límites formales y materiales a la ley.

Muchos autores señalan que, por ello, lo elemental en una Constitución es la declaración de las libertades públicas  (un elenco  de derechos que se erigen en límites a la acción coactiva, a la imposición de conductas, a las invasiones públicas).

Federico Malavassi Calvo

martes, 2 de julio de 2013

La columna de Carlos Federico Smith: continúa el desperdicio de recursos públicos

He dedicado varias columnas previas al desperdicio de recursos de parte del estado costarricense.  En esta ocasión presentaré más casos de expensas públicas, que habrán de ser cubiertas por la ciudadanía, ya sea mediante impuestos, alzas en las tarifas de servicios públicos, el endeudamientos estatal o por inflación.

Primero. Una reciente resolución de la Sala Constitucional. Dicho tribunal fijó un tope de ¢1.4 millones a las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, sistema que cubre la mayor parte de las pensiones del país. Es interesante ver que la resolución dejó abierto el tope para las pensiones, en el caso de los empleados del Poder Judicial. Esto es, no afectó “a los de la casa”, a pesar de que algunas de ellas, especialmente de magistrados, que incluye a los de la propia Sala Constitucional, poseen los más elevados montos  de pensión en el país.  Agregue a esto que el fondo de pensiones del Poder Judicial se encuentra en un estado casi de quiebra, a no ser que, como posiblemente sucederá, el faltante será cubierto cargándoselo a los presupuestos del gobierno.  Esto es, seríamos todos los ciudadanos los que terminaremos pagándoles su retiro a los pensionados del Poder Judicial.

Segundo. Habrán notado la publicidad de RECOPE en la televisión.  Se trata de enterarnos a los ciudadanos de lo admirable que ha sido la gestión de esa entidad en los últimos 50 años. En una primera parte de la cargada publicitaria, antes de la limitación impuesta por la Contraloría al proyecto de refinería china, se hacía alusión a ese proyecto, entonces en boga. Después del frenazo legal, en una segunda etapa la publicidad omite referirse a la muestra más reciente de incapacidad mostrada por RECOPE, en sus 50 años de existencia. Me imagino que ese cambio en la publicidad podría deberse a que a sus jerarcas les debe dar algo de vergüenza por la incapacidad con que actuaron.  Lástima que, en su propósito de enmienda disfrazado, no aprovecharon para hablarnos de los privilegios de una convención colectiva que hoy pagamos todos los ciudadanos, ni tampoco de cómo los impuestos sobre los combustibles han hecho de RECOPE una simple caja chica para el estado costarricense, ni tampoco, por supuesto, de cómo es que al consumidor costarricense le afecta la existencia de ese monopolio gubernamental.

Tercero. Es increíble, pero de nuevo tengo que referirme al gasto de reparación de la platina. Ello porque antes, en un comentario escrito hace varias semanas en esta columna, me había referido a que el costo actualizado de la nueva reparación de la platina ascendería, según estimaciones oficiales, a la bicoca de unos $7 millones, a pesar de que las ofertas de reparación recibidas señalaban unos $8.4 millones. Lo asombroso del caso es que ahora se ha descubierto que los ingenieros y economistas del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), habían dejado de presupuestar un monto de $400.000 (aproximadamente unos dos mil millones de colones), correspondientes a la partida de imprevistos.  Cualquier funcionario medianamente preparado sabe que, al formular el presupuesto de gastos de un proyecto, siempre se debe considerar una partida para imprevistos, en donde lo usual suele ser un 10% del costo del proyecto. El grosso error ha sido admitido por CONAVI, pero casi que les apuesto que nada les va a pasar a quienes lo cometieron (tal vez una palmadita en la mano, pues seremos todos los ciudadanos los que pagaremos por esa metida de patas).

Cuarto. El obispo policial. La vice Ministra de Seguridad, Marcela Chacón, le pidió al Nuncio Apostólico y a la Conferencia Episcopal, que el Papa nombrara un obispo policial, así como cuatro capellanes más para la policía nacional.  Esto en adición a un vicario general y 17 capellanes ya existentes.  Los gastos de esos nuevos funcionarios serían también cubiertos por toda la ciudadanía, a través del presupuesto de la República. ¿Será que ahora abunda la plata en el Ministerio de Seguridad proveniente del inequitativo impuesto a las sociedades anónimas, cuya recaudación estaba destinada a mejorar la seguridad ciudadana? Me parece que hay necesidades mayores en dicho ministerio o bien en nuestras cárceles, como para dedicar los recursos escasos a un asunto personal religioso.

Quinto. En la ARESEP se hacen mal los cálculos.  Resulta que a los ciudadanos se les había anunciado que en estos días habría una rebaja de ¢4 colones por litro de los diferentes tipos de combustibles, supuestamente como resultado de un estudio realizado por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). La rebaja se debía a que, según nos habían dicho, la entidad se había excedido en los márgenes de utilidad regulados de las empresas distribuidoras de combustibles. Ante la justa protesta de los gasolineros por la reducción del margen de ganancias que definió la ARESEP, se descubrió que ésta había calculado mal los márgenes y que, en vez de una rebaja, lo procedente más bien era un aumento en el precio de los combustibles de ¢5 colones por litro. Esto es, el costo para los consumidores dio una voltereta de ¢9 colones adicionales por litro durante 22 meses.  Lo sucedido no es más que una muestra adicional a la chapucería con que se hacen los estudios “técnicos” en la ARESEP.

Ya los jerarcas de esa entidad han dicho que aceptan la responsabilidad por lo sucedido. ¡Qué bueno! Pero allí no deben quedar las cosas, pues los responsables de que ahora todos los ciudadanos tengamos que cargar con la incapacidad de hacer bien los cálculos, deben ser asumidos por quienes los hicieron mal. Se trata, una vez más, de una charlatanería en acción. Simplemente creen resolverla pasándoles la factura a los usuarios.

Jorge Corrales Quesada

lunes, 1 de julio de 2013

Tema polémico: Recope: apertura, ahora o nunca


Entre más noticias se publican respecto al negocio de la refinería China, más se evidencia que nuestros dirigentes han perdido cualquier signo de pudor o auto-contención. Parece que ya nada les da pena y no tienen contemplación alguna a la hora de saquear a los costarricenses.


Ahora bien, como dice el refrán popular no hay mal que por bien no venga. Los pocos actores políticos sensatos, así como la sociedad civil deben aprovechar esta oportunidad única para romper de una vez por todas con el nefasto monopolio de Recope.

Dicha reforma debe estar sustentada bajo los sólidos principios del libre mercado. Es decir, cualquiera que lo desee debe poder participar dentro del mercado, ya sea importando, refinando, etc y además debe existir una libre fijación de precios sobre la venta de combustible, eliminando de una vez por todas la fijación de precios que realiza la ARESEP. En resumen, debe regir la ley de la oferta y la demanda, con un mercado verdaderamente disputable con el menor número de barreras de entrada y salida para los competidores.

En este sentido, no nos cabe la menor duda de que las condiciones para emprender la tan necesaria reforma son más ideales que nunca, debiendo el Movimiento Libertario aprovechar dicha coyuntura ya que dicho partido ha presentado durante varios años distintos proyectos de ley para abrir el mercado de los combustibles. Así, resulta vital un esfuerzo de comunicación política por parte de dicha agrupación que permita poner en la palestra pública la presente discusión, y más importante aun que logre sumar importantes activos de la sociedad civil que respalden dicha iniciativa.

La oportunidad para romper el monopolio de Recope no puede ser desperdiciada, ya que en este país con tan corta memoria histórica pronto ya todo será olvidado y quién sabe cuándo se nos vuelva a presentar un escenario tan favorable como el presente: es ahora o nuca, manos a la obra!!!